La Justicia federal de San Isidro analiza si debe concentrar las causas por el cumpleaños de Yañez en Olivos

La jueza Arroyo Salgado también tiene una denuncia sobre el cumpleaños de Yañez.

El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación por el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la residencia presidencial de Olivos durante las restricciones por la pandemia, envió este viernes la información solicitada por el fiscal federal Federico Iuspa, de San Isidro, sobre los hechos e imputados investigados en la causa, confirmó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. De esta manera, se completó el primer trámite para eventualmente decidir quién quedará a cargo de un caso central para el presidente Alberto Fernández.

La principal causa está actualmente a cargo del fiscal González y tramita en el juzgado de Sebastián Casanello. Pero Iuspa y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado tienen otra denuncia por el mismo hecho, razón por la que el fiscal de San Isidro pidió esta semana certificar el expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py para determinar si las denuncias deben tramitar por separado o acumularse, y en el último caso, quién quedará a cargo del caso: San Isidro o Retiro. 

Los fiscales dictaminarán llegado el momento sus posiciones y cada uno de los jueces responderá si se considera o no competente y reclamará acumular o desprenderse de la investigación. Si no llegan a un acuerdo, el conflicto de competencia se tratará en los tribunales de apelaciones.

La jurisdicción de Arroyo Salgado y Iuspa tiene un punto a favor para acumular las denuncias sobre la celebración de la Primera Dama y de la que participó el Presidente: la celebración ilegal fue en Olivos, un territorio que corresponde a los tribunales de San Isidro.

La magistrada tiene un peso específico para el Gobierno: es la exesposa del fiscal Alberto Nisman y madre de sus dos hijas. Arroyo Salgado sostiene que el extitular de la unidad fiscal AMIA fue asesinado tras presentar su denuncia contra la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía a través del memorándum de entendimiento con Irán. El caso llegó a juicio oral y público pero la compañera de fórmula del Presidente busca que sea anulado antes de comenzar. La decisión está pendiente en el tribunal oral federal número 8.

En Comodoro Py, ni Casanello ni González han declinado su competencia hasta el momento. “Es prematuro”, explicó una fuente directa del expediente. En lo inmediato, el fiscal tiene otras prioridades, como decidir sobre la situación procesal del Presidente. Fernández es uno de los once adultos de la fotografía que se filtró sobre el cumpleaños que aún no ha presentado abogado defensor en el expediente, confirmó una fuente de la investigación. González deberá delimitar en breve si el mandatario está formalmente imputado.

Olivos y La Rosada

Uno de los argumentos que podrá plantear el fiscal González en caso de pretender conservar la competencia del caso es que si bien el hecho puntual del cumpleaños ocurrió en Olivos, la denuncia que generó este expediente incluye hechos que ocurrieron tanto en la residencial presidencial como en la Casa Rosada, en jurisdicción de Comodoro Py, ya que los denunciantes solicitaron que se investiguen los ingresos y egresos irregulares de ambas direcciones, explicó una fuente del expediente.

Además, el fiscal ha tenido en cuenta hasta el momento que Fernández firmó el DNU en jurisdicción porteña y que parte central del hecho que se investiga por la celebración de su pareja es que el Presidente incumplió su propia normativa, que se emitió en la Capital Federal, afirmó la misma fuente ante la consulta de este medio. “Es un argumento relativo”, admiten en los tribunales de Retiro.

Ahora, la decisión está del lado de San Isidro. A partir de este lunes, el fiscal Iuspa podrá analizar las circunstancias y decidir si traba un conflicto de competencia. Mientras tanto, González avanza con medidas de prueba, incorporó fotos y videos de la celebración denunciada y envió a sorteo una denuncia presentada en el expediente sobre una supuesta adulteración de las listas de ingresos y egresos a Olivos y la Rosada durante 2020. Se formó por esa razón un nuevo expediente que también se radicó en Comodoro Py y quedó a cargo del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti.

Criterios de los jueces  

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria. 

Aunque se trate de penas menores y excarcelables en la mayoría de los casos, el impacto del caso en plena campaña electoral avecina que cualquier movimiento judicial en torno al caso captará la atención del electorado. 

De acuerdo con las consultas a fuentes judiciales de ambas jurisdicciones, tanto en la Justicia federal de Retiro como en la de San Isidro los casos de incumplimiento de estas normas abundan y han implicado distintos tipos de penas leves. Las excepciones son casos en los que se combinaron hechos penales más graves: violencia, amenazas, tenencia de droga y hasta una causa contra una clínica que destapó una presunta estafa al PAMI, la obra social de los jubilados. 

Las penas dependen también de la intensidad; de si el incumplimiento provocó la multiplicación de contagios o incluso muertes; y de las razones y circunstancias individuales de los imputados para incumplir con las restricciones de circulación y reunión. 

Una fuente judicial de San Isidro con conocimiento directo de los casos explicó que en el último año y medio de pandemia, Arroyo Salgado optó en numerosas causas de este tipo por una resolución intermedia aunque no lesiva: probation. Se trata de una salida alternativa a la pena, cuando la persona es encontrada culpable. Se suspende el juicio y se fijan reglas de conducta como una reparación económica. Si el imputado cumple con la orden judicial, se extingue la acción penal. ni siquiera queda un antecedente de condena.

Probation

Arroyo Salgado ha optado por probations contra imputados por incumplimiento del artículo 205 y el DNU de Fernández que implicaron que los imputados tengan que realizar una reparación económica, como donación de barbijos a un hospital público de San Isidro o de alimentos a un comedor de un barrio popular del distrito.

Esta misma semana, su colega Lino Mirabelli, también juez federal de San Isidro, desestimó una denuncia contra el presidente Fernández, Yañez y Hugo Moyano y su esposa, Liliana Zulet, por un encuentro que también compartieron durante la cuarentena en la Quinta de Olivos. Esta causa tramitaba en el juzgado de Arroyo Salgado, pero esta semana la magistrada se encontraba de licencia y era subrogada por Mirabelli. 

Las resoluciones a estos conflictos han sido muy diversas y ni la jueza Arroyo Salgado ni el fiscal Iuspa tienen un único criterio sobre la dureza de las penas. “El tratamiento fue muy dispar, dependiendo mucho de cada circunstancia. La jueza ordenó desde conciliaciones y reparaciones integrales hasta probations y sobreseimientos”, explicó una fuente judicial del distrito.

ED

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