Son días clave en la previa del juicio oral y público por el caso de los cuadernos, el mayor expediente de presunta corrupción en la obra pública de la era kirchnerista. La causa se encuentra en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7, presidido por Enrique Méndez Signori e integrado por Fernando Canero y Germán Castelli. La acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo.

A menos de ocho semanas del comienzo del debate, elDiarioAR consultó documentos judiciales, abogados y fuentes oficiales para explicar en qué estado se encuentra el caso, qué pasó la última semana y cómo sigue. Aquí, algunas claves sobre el juicio que deberán afrontar desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro Julio De Vido hasta empresarios como Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

¿Cuál es el estado actual del caso cuadernos?

El expediente se encuentra en la etapa previa al comienzo del juicio oral y público. Además, se encuentra en etapa de producción de prueba complementaria, es decir, aquellas medidas de prueba (pericias, incorporación de documentos, entre otras) que las partes (fiscalía, querella, defensas) proponen incorporar al debate del juicio. Estas son analizadas por el tribunal, que acepta o no su incorporación en el debate. Se trata de prueba complementaria a la que ya formaba parte del expediente cuando llegó del juzgado de instrucción.

¿Cuándo comienza el juicio oral y público?

La primera audiencia está programada para el 6 de noviembre. La causa se inició en agosto de 2018, por lo que llega a etapa de audiencias orales y públicas siete años más tarde. 

¿Quiénes son los acusados?

En un primer tramo de la investigación, el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, pidió la elevación a juicio de Fernández de Kirchner;el exministro de Planificación, De Vido; los funcionarios Roberto Baratta, Nestor Lazzarte, Claudio Uberti, José Francisco López, José María Olazagasti, Rafael Enrique Llorens y Germán Ariel Nivello. También van a juicio el financista Ernesto Clarens y los empresarios Guillermo Enrique Wagner, Gerardo Luis Ferreyra y Oscar Alberto Thomas, junto al chofer Oscar Centeno. Todos por el delito de asociación ilícita. Además, pidió que fueran a juicio otros empresarios que habrían pagado sobornos para ser beneficiados con contratos estatales.

En una segunda etapa, Stornelli amplió su acusación contra otros empresarios por los delitos de cohecho activo y pasivo, dación y recepción de dádivas, relacionadas con contratos energéticos, de obra pública y transporte. Además, imputó al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte.

De acuerdo al último informe de la fiscalía de juicio, el caso tiene en total 159 imputados acusados por 540 hechos. La fiscal León había solicitado en 2023 casi 900 testigos.

¿Qué pasó esta semana?

El viernes, el tribunal realizó una audiencia previa al juicio para que las partes declaren sus posiciones ante el pedido de más 47 empresarios y cuatro exfuncionarios que ofrecen pagar una recomposición económica para evitar el juicio y la sentencia en su contra bajo la figura de reparación integral. 

La reparación integral está prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, y establece que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio. En este caso, el perjuicio sería el pago de coimas admitidas en sus confesiones por los empresarios. 

Esta disposición legal, luego regulada por la Ley 27.147, permite la resolución de conflictos penales mediante la reparación a la víctima, en este caso, el Estado, de alguna manera. Los empresarios y exfuncionarios suponen que el pago de una suma de dinero puede reparar el daño causado al Estado.

Durante la audiencia, la fiscal León y los querellantes se manifestaron en contra de las propuestas de las defensas y el tribunal fijó una nueva audiencia para el martes próximo, con el objetivo de terminar de escuchar a los empresarios y sus argumentos. 

León opinó que debían rechazarse las propuestas de reparación integral ofrecidas por las defensas de los 47 empresarios y los cuatro exfuncionarios acusados de entregar y recibir sobornos para adjudicar contratos estatales, entre otros actos de corrupción. 

¿Quiénes pidieron la reparación económica?

Durante la audiencia del viernes último, los abogados de 47 empresarios solicitaron acogerse a este beneficio para evitar el juicio. Se trata de Roberto Juan Orazi, Jorge Balán, Miguel Marcelino Aznar, Carlos y Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Pablo José Gutiérrez, Adrián y Mauricio Pascucci, Mario Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Sergio Tasselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángel Jorge Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Guillermo Escolar, Oscar Abel Sansiñena, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Gerardo Cartellone, Aldo Benito Roggio, Daniel Pitón, Ricardo Antonio Repetti, Jorge Neira, Osvaldo Atenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Pescarnona, Francisco Valenti, Juan Carlos y César De Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Alberto Padoan, Armando Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Gómez y Marcelo Marcuzzi.

También lo hicieron las defensas de cuatro exfuncionarios: Abal Medina; su secretario Hugo Martín Larraburu; el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Walter Rodolfo Fagyas; y el ex director de Energías Renovables de esa cartera, Fabián García Ramón.

¿Cómo sigue el trámite del juicio?

Tras la audiencia del próximo martes -si es que no se extienden las exposiciones de las defensas en audiencias subsiguientes-, los jueces deberán decidir si aceptan o no las propuestas de recomposición económica. Si no las aceptan, los empresarios seguirán camino al juicio oral y público. Los empresarios ofrecieron distintos montos para “saldar” sus situaciones procesales. 

ED/MG

El empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, es el centro de un conflicto judicial que involucra a un tribunal y a una cámara y que podría llegar a la instancia máxima, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Tribunal Federal Oral Nº 7 (TOF 7), que debe realizar el juicio oral por el caso de “los cuadernos de las coimas” —uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestro país—, dictó una resolución en la que fija una posición crítica sobre la decisión de la Cámara de Casación de beneficiar a Calcaterra al enviar el expediente en el que está involucrado a la Justicia Electoral: es decir, desligándolo de la posibilidad de que haya incurrido en sobornos para enfocar la investigación en posibles aportes de campaña no declarados.

El caso Cuadernos se destapó en agosto de 2018, cuando se hicieron públicos una serie de cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien era un alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En los cuadernos, Centeno detallaba meticulosamente el recorrido que hacía para recoger y entregar bolsos con dinero en efectivo, supuestamente provenientes de coimas pagadas por empresarios —entre los cuales figura Calcaterra, primo del expresidente y ahora presidente del PRO— a funcionarios del gobierno kirchnerista. Los cuadernos documentaban fechas, montos, lugares de entrega y nombres de los involucrados, proporcionando una visión detallada de una presunta red de corrupción y sobornos.

Ahora, el TOF 7, encargado del juicio por este caso, acusó a los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, de la Cámara Federal de Casación, de excederse en sus atribuciones al enviar el expediente específico sobre Calcaterra a la Justicia Electoral. Según el tribunal, sólo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la autoridad para resolver el conflicto de competencia planteado por la defensa de Calcaterra.

Es que Casación aceptó un planteo de Calcaterra que había sido previamente rechazado por TOF 7: decidió que los pagos ilegales que el empresario de la construcción admitió haber hecho no debían ser juzgados como sobornos sino como “aportes de campaña” no declarados, lo que reduce el riesgo de prisión a una multa.

Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori y Fernando Canero coincidieron en que la Casación se excedió, pero decidieron no pedirle a la Corte Suprema que interviniera de inmediato. En cambio, el juez Germán Castelli, más crítico, votó a favor de solicitar la intervención de la Corte Suprema inmediatamente: a su criterio, hubo “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.

Castelli envió una nota directamente a la Corte Suprema —lo que según dijeron a elDiarioAR abogados del caso es algo bastante inusual— para informarles sobre la decisión y pedirles que tomaran conocimiento del caso. El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé pidió la nulidad del fallo de ese mismo tribunal.

Por lo tanto, el caso llegó a la Corte de manera poco habitual y el máximo tribunal tendrá que tomar una decisión, obviamente con los tiempos de la Corte. De todas maneras, tampoco hay fecha para el juicio.

JJD

El empresario Mario Ludovico Rovella, uno de los dueños de la constructora Rovella – Carranza, pidió la anulación de su declaración como arrepentido en la Causa Cuadernos porque, según dijo, “fue obtenida sobre la base de tormentos”.

Rovella presentó una escritura pública confeccionada ante escribano el día antes de declarar ante el difunto juez Claudio Bonadio como prueba de que fue forzado a autoincriminarse en la Causa Cuadernos por delitos que niega haber cometido.

“Para dejar constancia de que su voluntad se encontraba viciada, asentó en un instrumento público la situación ilegítima a la que se hallaba sometido”, explicaron los defensores de Rovella, mediante un escrito ante el Tribunal Oral Federal siete, que tiene asignado el debate en fecha aún no fijada.

La escritura -que fue presentada ante el tribunal- lleva el número 28 y fue confeccionada por el escribano Diego Ignacio Achával.

El texto describe que Bonadio “procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el sólo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciarias”.

“En cambio, quienes sí reconocen los delitos y validan los dichos de una persona que se adhirió al régimen de la delación premiada, me refiero al Sr. Ernesto Clarens, mantienen su libertad ambulatoria”, añade el texto.

Rovella afirma que fue obligado a reconocer situaciones que le achacó Clarens, un financista que fue presentado como cercano al matrimonio entre Néstor y Cristina Kirchner, quien también declaró como arrepentido ante el fallecido juez.

“Ante esa situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al sólo efecto de evitar ir a prisión injustamente”, explicaba Rovella en aquel documento firmado en la escribanía.

“Esos hechos que me veo obligado a admitir no resultan ser verdaderos”, subrayó.

La defensa de Rovella enumeró todos los casos de empresarios detenidos o a punto de serlo por el juez Bonadio para explicar por qué actuó como lo hizo.

“Tenía claro por el precedente ‘Poblete’ que no podía negarse a declarar y por los precedentes ‘Zavaleta’, ‘Roggio’, ‘Dragonetti’ sabía que tampoco podía negar los hechos que se le atribuían, pues en uno u otro supuesto, sería arbitrariamente privado de su libertad ambulatoria”, describió la defensa.

“Bajo esa amenaza, fue obligado (o, si se quiere, coaccionado o inducido) a reconocer, en contra de su real voluntad hechos que lo incriminaban (que, además, no eran ciertos)”, remata el escrito.

Con información de NA.

IG

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó avanzar con el análisis de información extraída de una computadora y dos teléfonos celulares secuestrados en la casa del expolicía Jorge Bacigalupo, acusado de manipular los anotadores atribuidos al exchofer del ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, los cuales dieron origen a la “Causa Cuadernos”.

El magistrado también ordenó analizar las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares del imputado en un extenso período de tiempo. Reclamó que se le informe si del análisis surge que hubo información que fue borrada o adulterada, según indicaron fuentes judiciales.

Las medidas fueron ordenadas a raíz de la denuncia del empresario Armando Loson del Grupo Albanesi, uno de los primeros imputados detenidos en la causa, quien en su momento suscribió un acuerdo de colaboración con la fiscalía de Carlos Stornelli.

La denuncia que dio origen al expediente estaba inspirada en un estudio pericial privado presentado por Loson, donde se señalaron más de mil enmiendas, correcciones y tachaduras en los textos atribuidos a Centeno. Fue entonces que el juez dispuso que se abrieran los teléfonos secuestrados, para buscar elementos que puedan permitir detectar las razones que llevaron al imputado a manipular los textos.

Además de lanzar este martes una serie de medidas de prueba, en otro escrito el magistrado ratificó su competencia a cargo de esta causa. Contestó cuestionamientos al respecto hechos desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, a cargo del futuro juicio de la parte principal del caso, el cual le reclamó que no invadiera esa investigación.

En cuanto a la investigación por el hallazgo de tachaduras, sobreescrituras y enmiendas en los cuadernos atribuidos a Centeno, el juez dispuso un estudio pericial “cuyo análisis versará con los archivos generados, modificados y/o borrados desde el 01/01/2017 al 10/3/2023 inclusive, ya sea de texto, audio y/o video”.

Martínez de Giorgi también ordenó “determinar todas las llamadas entrantes y salientes que surjan desde los aparatos celulares secuestrados en el domicilio de Jorge José Bacigalupo desde el 01/01/2017 hasta el día 10/03/2023 inclusive, con expresa indicación de los datos de las personas cuyos llamados fueron recibidos y los llamados que realizó”.

Además, el juez resolvió que se indiquen las celdas donde impactó cada uno de los llamados y luego “realizar un entrecruzamiento de los registros obtenidos” desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018.

El magistrado dispuso establecer si hubo mención a diferentes palabras vinculadas a los escritos de Centeno y puestas en duda como de su autoría en los dispositivos electrónicos y sistemas de mensajería como SMS, WhatsApp, Telegram o Instagram u cualquier otro medio de comunicación electrónica.

El juez federal pidió buscar las siguientes palabras y datos que, en caso de ser encontrados, se precisen en qué fecha y a qué hora se mencionaron: “Cuadernos, Loson, Armando, Centeno, Albanesi, correcciones, enmiendas, obra pública, gas, gasoil, transporte, gasoducto, Cammesa, energía, dinero, campaña, 2013, 2015, Marcelo, 29 de agosto, 29/08/2013, 29/8/13, Central, Río Cuarto, Enargas, fideicomiso, cesión, Arceo, Planta Sorrento, Taselli, Nación Fideicomiso, Alem 855 e ing. Ferreyra”.

En tanto, al responder sobre el llamado de atención que le hizo el TOF 7 que tiene la “Causa Cuadernos”, Martínez de Giorgi sostuvo: “Dos veces se sometió a discusión la posibilidad para que ambos expedientes tramiten en forma conjunta, y dos veces fue negada”.

“El fundamento de tales pronunciamientos -continuó el juez-, radica en que, en ellas, se investigan cuestiones distintas. Lo que denunció Loson, ya fue dicho (las sobreescrituras de los cuadernos). A su vez, lo que es materia de evaluación por parte del Tribunal Oral, es su eventual responsabilidad (la de Loson) en los hechos que se le atribuyen”.

Finalmente, Martínez de Giorgi sostuvo: “Lo que hace a su culpabilidad o inocencia, y las pruebas que resultan útiles a ese fin, así como el sentido que corresponde atribuirles (se hayan realizado en ese proceso o de forma complementaria), es materia exclusiva de los jueces que intervienen en el trámite de la mencionada causa n° 9608/18”, la denominada causa de los Cuadernos.

“Así, no se observa que la preocupación puesta de manifiesto por sus integrantes, o por la representante del Ministerio Público en ese expediente, pudiera tener asidero. Sin perjuicio de lo cual, se toma nota de sus inquietudes”, concluyó.

LC con información de agencia Télam

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró ante la Corte Suprema de Justicia su reclamo para declarar la nulidad de la causa “Cuadernos”, y pidió sumar al análisis de ese planteo copias de las pericias que determinaron supuestas alteraciones en los escritos del remisero Oscar Centeno.

El escrito fue presentado ante el máximo tribunal, donde ya se tramita un recurso de queja de la defensa de la expresidenta vinculado a la validez de los actos que dieron inicio a la investigación.

Los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron que “para mejor proveer” y antes de resolver “se oficie al juzgado” que lleva esa causa “a efectos de que remita copia de los estudios periciales”, según surge del texto.

La defensa de Fernández de Kirchner aludió a la presencia de un “nuevo hecho”, en relación a estas pericias que detectaron presuntas alteraciones, tachaduras y sobreescrituras en base a copias de los cuadernos manuscritos atribuidos al exchofer del exfuncionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

“Más allá de las medidas que corresponda adoptar respecto a los responsables de estos gravísimos episodios”, los letrados de la vicepresidenta procesada en la causa solicitaron “respetuosamente” a la Corte que le solicite al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi una copia de esas pericias.

Se trata de pericias que el magistrado ordenó en el marco de la causa que investiga la denuncia de un empresario imputado en el caso, Armando Losón, sobre supuestas alteraciones, tachaduras y sobreescrituras a los cuadernos atribuidos a Centeno.

Además, la defensa de la exmandataria pidió medidas al respecto al Tribunal Oral Federal (TOF) nº7, que tiene a cargo la preparación del juicio todavía sin fecha de inicio.

Beraldi y Llernovoy recordaron el resultado de esas pericias publicado en “distintos medios periodísticos”, y en concreto se trata de “dos estudios periciales” (uno realizado por expertos de la Policía Federal Argentina y el otro por especialistas de la Universidad de Buenos Aires) referidos a los presuntos “cuadernos” (fotocopias) que fueron utilizados para dar inicio a estas actuaciones.

“Concretamente, la experticia practicada por la División Scopometría de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina determinó que Jorge Bacigalupo (amigo de Centeno) efectuó correcciones y sobre-inscripciones”, detalló el texto. Bacigalupo, imputado en la causa que lleva Martínez De Giorgi, habría modificado “nombres y fechas allí consignados”.

“Por su parte, el estudio elaborado por expertos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires estableció que en la confección de los 'cuadernos' peritados intervinieron distintas personas y que el lenguaje utilizado en muchos de sus pasajes no se corresponde con el propio de Centeno”, agregaron los abogados. Esto “evidencia que tales tramos fueron dictados por terceros”, analizaron.

“A todo ello se le suma una experticia privada realizada a requerimiento del empresario Armando Losón, también incorporada al mismo proceso judicial, la cual con carácter previo había determinado la existencia de aproximadamente 1600 alteraciones de texto en las inscripciones de los 'cuadernos'”, sumaron.

La defensa de la vicepresidenta recordó que en el recurso de queja que tramita ante la Corte “justamente se debate la validez de los actos que dieron origen a este proceso”.

“A todo evento, cabe recordar que según inveterada jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, los recursos deben ser resueltos a partir de las circunstancias corroboradas al momento de fallar”, mencionaron y remaron que esto “ratifica la procedencia y la pertinencia de la presente solicitud”.

LC con información de agencia Télam

Una pericia oficial que demostraría adulteraciones en la escritura de los cuadernos de Oscar Centeno, chofer del entonces funcionario Roberto Baratta, volvió a poner la causa de los Cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública en la agenda judicial. 

Mientras en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, se esperan novedades en la causa Hotesur-Los Sauces, en julio último, un informe elaborado por expertos caligráficos de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que al menos tres de los ochos cuadernos de Centeno tienen anotaciones y correcciones hechas por su amigo ex policía Jorge Bacigalupo, el hombre que entregó el material que luego terminaría en la Justicia, motorizando uno de los expedientes centrales sobre presunta corrupción durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. 

El peritaje caligráfico no fue realizado en la causa de los cuadernos sino en un expediente paralelo, iniciado por uno de los empresarios acusados de pagar sobornos a los Kirchner: Armando Losón, del Grupo Albanesi. 

La presunta adulteración de los cuadernos, ya tiene al menos repercusiones mediáticas y judiciales, como publicaron Clarín y Página/12 en los últimos días. Si bien las alteraciones registradas por los expertos caligráficos complican penalmente al testigo Bacigalupo, se trataría, hasta el momento, de alteraciones en tres de los ocho cuadernos y que no harían a lo importante de la prueba, según surge del informe oficial al que accedió elDiarioAR. 

Sin embargo, es una carta para las defensas. Uno de los abogados de Losón, Mariano Cuneo Libarona, solicitó al Tribunal Oral Federal número 7, que debe realizar el juicio oral y público por los cuadernos, que ordene una pericia caligráfica oficial sobre los ocho cuadernos de Centeno. El tribunal tiene en su poder seis cuadernos originales y dos en fotocopia. La pericia caligráfica se realizó hasta el momento sólo sobre fotocopias de los cuadernos 4, 7 y 8, correspondientes a los años 2008-2009, 2013 y 2015.

Aún así, los testimonios de los empresarios que declararon como imputados colaboradores o arrepentidos es prueba central en la causa y sigue en pie. Además, fueron validados por el voto de la mayoría en la Sala I de la Cámara Federal de Casación. 

El juicio y causa paralela

El caso de los Cuadernos se da en dos frentes simultáneos: el de los medios y el de los tribunales. La causa central y un segundo capítulo atraviesan el proceso previo al juicio oral y público pero este aún no tiene fecha de inicio. El TOF 7 ya culminó la etapa en la que las partes -fiscalía y defensas- deben presentar pruebas complementarias para ser analizadas en el juicio. Ahora resta que los jueces decidan cuáles de las pruebas propuestas por las partes se realizarán. 

Por los cuadernos, fueron detenidos decenas de empresarios y exfuncionarios a partir de agosto de 2018, cuando el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli estaban a cargo del expediente. Por primera vez, desfilaron en indagatoria, y en algunos casos prisión, los empresarios y CEOs más importantes de la obra pública y el transporte del país.

Mientras tanto, en el expediente iniciado por Losón, la Justicia intenta dilucidar que llevó al expolicía Bacigalupo a corregir y alterar palabras en los cuadernos que su amigo Centeno le había confiado para guardarlos y en el que registró los supuestos pagos ilegales de empresarios al entonces funcionario Baratta entre 2008 y 2015. 

El juez a cargo de investigar la supuesta adulteración de los cuadernos es Marcelo Martínez de Giorgi y sólo se centra en tres cuadernos, aquellos en los que aparece mencionado el empresario Losón, que inició esta causa paralela para defenderse de las acusaciones en su contra en el expediente Cuadernos. 

Martínez de Giorgi dispuso la extracción forense de información de los dispositivos móviles y electrónicos secuestrados en la casa de Bacigalupo en marzo pasado, cuando fue allanado en busca de manuscritos que permitieran comparar su letra con la de las correcciones detectadas en los cuadernos en una pericia anterior, informó la agencia estatal Télam. Las consecuencias para el expolicía podría implicar un procesamiento por adulteración de documento público, aunque en rigor los cuadernos eran privados.

La pericia oficial

Los cuadernos de Centeno son ocho, pero en el tribunal de juicio sólo hay seis originales, que aparecieron cuando el ex chofer los entregó en octubre de 2019, 14 meses después de su arresto y declaración como arrepentido. Al principio de la causa había dicho que los había quemado.

Entre las modificaciones se detectó la letra de Bacigalupo en correcciones realizadas en 2008, en una referencia al “Ingeniero Ferreyra”, por el empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, uno de los privados que irá a juicio y de los pocos que se negó a declarar como arrepentido o imputado colaborador. También en las anotaciones “Armando” -por Losón-, “Alem 855” -por una de las direcciones que habría visitado Baratta para el cobro de dinero ilegal-, “X55”, las últimas tres de 2013.

La defensa de Losón busca que en el análisis de los ocho cuadernos en poder del TOF se pueda determinar más información sobre las reescrituras y aclaraciones presuntamente realizadas por Bacigalupo, especialmente cuándo se hicieron las correcciones y por qué. Los abogados de Losón creen que las modificaciones son previas al ingreso del material a la causa penal y a la entrega al periodista Diego Cabot, de La Nación, quien recibió el material de parte de Bacigalupo.

¿Por qué sólo la defensa de Losón presentó este pedido? Una fuente bien entendida cree que muchos empresarios preferirán firmar un juicio abreviado, evitar la cárcel, antes que discutir su inocencia ante el tribunal.

¿Quién o quiénes eran los destinatarios de los cuadernos? En el entorno de Baratta sostienen que se escribieron en 2016, años después de los hechos redactados y que el objetivo era extorsionar por dinero al exfuncionario, lo que no se concretó. Centeno nunca reconoció la sospecha. La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, también solicitó al TOF 7 que antes de iniciar el juicio de los Cuadernos ordene pericias caligráficas a los seis cuadernos originales en papel que el tribunal guarda bajo siete llaves. 

Una jueza de Hotesur-Los Sauces y Cuadernos

Mientras la Cámara Federal de Casación todavía debe decidir si la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia afrontar un juicio oral y público por otro caso de presunto lavado de dinero, Hotesur-Los Sauces, Fernández de Kirchner debe juntar los votos en el Senado para que antes de este 9 de agosto se renueve el pliego de la magistrada Ana María Figueroa, presidenta de la Casación y una de los tres jueces que deberán revisar también el caso Cuadernos cuando llegue la hora de definir el destino de este juicio pendiente. 

La jueza Figueroa cumplirá 75 años este miércoles y solicitó a través del trámite habitual la renovación de su pliego ante el Senado. Sin embargo, de no contar con el aval de la mayoría de los senadores, Figueroa se jubilará, informaron cerca de la magistrada a elDiarioAR. 

La magistrada tiene un rol clave en la causa sobre los negocios hoteleros e inmobiliarios de los Kirchner pero también tuvo y tendrá un rol clave en la revisión de la eventual sentencia en el futuro juicio oral y público del caso Cuadernos, expediente en el que ya se pronunció a favor de la defensa de CFK, que cuestionan la validez de las declaraciones de los empresarios arrepentidos.

Fernández de Kirchner no tuvo hasta el momento los votos necesarios en la cámara alta para extender a Figueroa en el cargo. Esta semana, sería la fecha límite.

ED

Tenaris, principal compañía del grupo Techint, y su CEO, el empresario Paolo Rocca, acordaron pagar US$9,5 millones a un grupo de inversores para cerrar una demanda iniciada en una corte de Nueva York por el pago de sobornos revelado en el caso de los cuadernos de la corrupción, de acuerdo a los documentos obtenidos por elDiarioAR y fuentes con acceso directo al caso.

En diciembre de 2018, el estudio jurídico Glancy Prongay & Murray LLP presentó una acción de clase contra la fabricante de tubos de acero, otras compañías del grupo Techint y algunos de sus principales ejecutivos. Tras un fallo judicial, la demanda colectiva debió circunscribirse a Tenaris y Rocca, ya que la Justicia de Nueva York entendió que eran los únicos que podían ser demandados.

Tras más de cuatro años de litigio, Rocca, el segundo hombre más rico de Argentina, acordó cerrar el caso con un acuerdo económico, presentado ante el juez Kiyo A. Matsumoto, en el distrito este de Nueva York. El magistrado aprobó el viernes último el acuerdo de manera preliminar y fijó una audiencia entre las partes para dar el visto final, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con voceros de Rocca y Tenaris en Argentina para solicitarles su reacción ante la negociación alcanzada, pero aún no hubo respuesta.

El juez Matsumoto fijó fecha para una nueva audiencia entre las partes mientras se comunica la decisión a los inversores que compraron o adquirieron acciones de Tenaris en la bolsa entre el 1° de mayo de 2014 y el 5 de diciembre de 2018.

La demanda sostiene que las acciones y “mala conducta” de Tenaris y Rocca perjudicaron a los inversionistas de la compañía cuando el valor de las acciones del gigante del acero se desplomó en Wall Street, en agosto de 2018. Entonces, el juez federal Claudio Bonadio había ordenado la detención del ex gerente de Administración de Techint, Héctor Zabaleta, y citó a indagatoria a Rocca y a Luis Betnaza, uno de los principales colaboradores del millonario en Argentina.  

Los pagos ilegales admitidos por Techint en Argentina implicaron que Tenaris incumplió con el acta de compromiso de las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York de no pagar sobornos en el extranjero, además de en Estados Unidos.

Además, los demandantes alegaron que Tenaris les ocultó información que debió haberles proveído para evitar un perjuicio económico. Según los demandantes, Rocca sabía que su compañía había pagado sobornos durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se los ocultó.

Ante la Justicia argentina, Rocca -el hombre central en la vida y obra del grupo Techint- negó haber sabido de los pagos ilegales. Betnaza y Zabaleta, sus dos hombres de confianza, admitieron los pagos ilegales por un millón de dólares realizados en 2008 al exfuncionario Roberto Baratta. Baratta siempre negó haber recibido sobornos.

Los pagos se realizaron con un bolso de dinero y paquetes de billetes entregados al entonces funcionario en el subsuelo de la sede central de la compañía, en Retiro, Buenos Aires.

El objetivo de los pagos, según las declaraciones de los dos arrepentidos (Betnaza y Zabaleta), fue para que el entonces gobierno argentino mediara entre la multinacional ítalo-argentina y el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ante la estatización de la empresa Sidor, del grupo Techint.

Antecedentes

El caso de los cuadernos es sólo una de las acusaciones por pagos de sobornos contra Rocca y el grupo: ex ejecutivos de Tenaris en Brasil son juzgados por el pago de coimas por U$$10 millones a un ex ejecutivo de Petrobras, quien admitió haber recibido por los pagos ilegales. 

Como Rocca es italiano y Tenaris cotiza en la bolsa de Milán, el empresario y otros accionistas fueron juzgados por el caso de Petrobras en una corte de esa ciudad italiana, pero el día de la sentencia el tribunal milanés decidió que no tenía competencia territorial para juzgarlos y cerró el caso. La fiscal había solicitado cuatro años y medio de prisión para Rocca y el decomiso de 6.592.891 de euros.

Por este mismo caso, Tenaris acordó pagar al gobierno de los Estados Unidos una multa de más de US$78 millones para cerrar la investigación por presuntos sobornos en Brasil y la violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplican a las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York.

En Argentina, tienen dos causas abiertas desde 2017, sin movimientos: una por la pata local en el hecho juzgado en Brasil e Italia, y por otra relacionada con presuntas coimas por la construcción de una usina nuclear en Angra Do Reis.

En 2011, la empresa firmó otro “acuerdo de no enjuiciamiento” con el Departamento de Justicia y un “acuerdo de enjuiciamiento diferido” con la SEC como resultado de presuntos sobornos que la empresa pagó para obtener negocios de una entidad estatal en Uzbekistán.

El abogado de los inversionistas sostuvo en un documento ante el juez Matsumoto que el acuerdo económico por US$9,5 millones representa entre el 4,02% y el 5,01% del “mejor escenario” posible para los demandantes, que buscaban un resarcimiento de alrededor de US$236,4 millones por daños, con honorarios por US$3,16 millones para los abogados, informó el sitio especializado Law360.

Las posibilidad de que la demanda avance a favor de los inversionistas en la corte de Nueva York eran inciertas, dijeron fuentes del caso a elDiarioAR. En primer lugar, debido a que Rocca, Betnaza y Zabaleta están firmemente sobreseídos por el caso de los cuadernos en Argentina. En segundo lugar, los demandantes debían probar que Rocca sabía de los pagos ilegales admitidos por sus ejecutivos en 2018.  

El acuerdo era la mejor opción para los demandantes. Aún así, Rocca y Tenaris aceptaron cerrar con un desembolso multimillonario -aunque muy lejano a otras demandas y multas por sobornos pagadas por la compañía- y evitar la posibilidad de que avance la demanda, que había entrado en la etapa conocida como “discovery”, la etapa previa al proceso civil.

En 2021, el juez del caso rechazó desestimar la demanda, un planteo de los abogados de los demandados, Sullivan & Cromwell LLP, por Tenaris, y Mauricio España, por Rocca.

Un largo camino a nada

Tras la detención de uno de los ex ejecutivos de Techint y la admisión de los pagos ilegales por parte de Betnaza, a finales de 2018, Bonadio procesó a Rocca como co-autor de un supuesto cohecho activo (sobornos) y lo embargó por $4.000 millones. Entonces, el magistrado también procesó a Betnaza por los pagos ilegales. El fiscal Carlos Stornelli, junto a su par Carlos Rívolo pidieron la detención de Rocca por este expediente. Bonadio rechazó la medida.

Tras sus procesamientos, Rocca y sus ejecutivos fueron beneficiados con varios fallos entre 2019 y 2021. Siete jueces revisaron ya el caso, además de Bonadio (sus dos sucesores en el juzgado que dejó vacante tras su muerte y los miembros de la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Casación).

Rocca, sus ejecutivos y Fernández de Kirchner fueron favorecidos con el revocamiento de los procesamientos y el dictado de faltas de mérito. Los empresarios lograron el sobreseimiento firme dos años más tarde, en agosto de 2021.

El último juez que intervino en el caso, Julián Ercolini, entendió que Techint pagó a Baratta un millón de dólares en dádivas y no en sobornos, un delito más grave, y que lo hizo en “estado de necesidad”, una figura del Código Penal que permitió argumentar que las coimas admitidas por Betnaza y Zabaleta se pagaron para “evitar un mal mayor”, en el marco de la expropiación de Sidor en Venezuela y hechos de tensión y violencia contra ejecutivos de la compañía en ese país. 

Luego de que el fiscal Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuaba como querellante en el expediente, no apelaron el fallo del juez Ercolini, los sobreseimientos quedaron firmes y el caso contra Roca se cerró sin posibilidad de reabrirse.

ED

El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público otro tramo de la denominada “Causa Cuadernos”, que en este caso involucra a ex funcionarios y empresarios que habían sido excluidos en la parte inicial del proceso.

La lista de los nuevos enviados a juicio está integrada por el empresario Armando Loson; el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, Roberto Baratta; su ex colaborador Nelson Lazarte, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su ex secretario privado Martín Larraburu.

La decisión del juez fue consecuencia de un fallo de la Cámara Federal que rechazó un planteo de Loson, titular del Grupo Albanesi –que se dedica al negocio de la energía – sobre la validez de los cuadernos supuestamente confeccionados por el chofer Oscar Centeno.

Esos cuadernos, en lo que a Loson se refiere, tienen al menos mil irregularidades, entre tachaduras, sobre escrituras, correcciones y grafías diferentes a las de Centeno, lo que fue reconocido incluso por un peritaje oficial.

Sin embargo, la Cámara Federal rechazó que esas irregularidades sean suficientes para dictar la nulidad y así, con el camino despejado, Ercolini elevó a juicio otro tramo de la investigación.

Las situaciones de Loson, Baratta, Lazarte, Abal Medina y Larraburu se sumarán a las de los otros empresarios y ex funcionarios que ya están a la espera de que el Tribunal Oral Federal número siete fije la fecha del juicio.

Ercolini reivindicó “los elementos de prueba que permiten tener por acreditada la materialidad de los sucesos ilícitos investigados, como así también la responsabilidad de los imputados en los mismos”.

Sobre las irregularidades en los cuadernos de Centeno, proclamó: “Las defensas tampoco alegaron razones que me convenzan de que la continuidad del trámite conforme el proceso legal establecido pueda redundar en algún perjuicio concreto”.

“El juicio oral se presenta como la instancia ideal de resolución de las opiniones divergentes en torno a las acusaciones que se erigen en su contra”, subrayó el juez.

La decisión de Ercolini es, en rigor, el cumplimiento de un pedido de elevación a juicio que había formulado el fiscal Carlos Stornelli en 2019.

“Cada situación concreta fue valorada en función de los múltiples elementos probatorios incorporados que justificaron las distintas resoluciones adoptadas, por lo que también corresponde descartar la crítica realizada” por las defensas, sentenció Ercolini al disponer la elevación de este nuevo tramo de la causa a la etapa de debate.

Con información de NA.

IG

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

El día después del juicio por el caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los imputados por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública, encontrará al Tribunal Oral Federal número 2 en una audiencia virtual por un caso de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Sin embargo, el veredicto contra la expresidenta -que se espera para este martes por las tarde- incidirá en otras dos acusaciones cuyos casos atraviesan etapas clave: Hotesur-Los Sauces y el caso de los cuadernos, según la información corroborada por elDiarioAR de fuentes directas de estos expedientes.

Los fiscales que trabajan en los juicios pendientes contra la vicepresidenta ya debaten a puertas cerradas las consecuencias de una posible condena por asociación ilícita, una imputación criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política. Vialidad no es la única causa en la que Fernández de Kirchner es acusada de integrar una supuesta organización montada con fines delictivos.

En Vialidad, el único juicio oral y público en su contra que vio la luz hasta el momento, la vicepresidenta tiene un pedido de pena de la fiscalía de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fiscal Diego Luciani la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita organizada con funcionarios durante sus dos gobiernos y el empresario Lázaro Báez para defraudar al Estado Nacional y desviar fondos del Tesoro hacia las constructoras del entonces socio de la familia presidencial a través de licitaciones direccionadas. 

La asociación ilícita debe cumplir con ciertos requisitos penales: debe estar integrada por una estructura organizada que permanezca en el tiempo y que a lo largo de su existencia cometa reiteradamente delitos. Pero, ¿puede una misma personas integrar o liderar distintas asociaciones ilícitas? Es lo que discuten los fiscales de juicio Luciani, Diego Velázco (Hotesur-Los Sauces) y Fabiana León (cuadernos) de cara a los próximos juicios orales y públicos que podría enfrentar Fernández de Kirchner, de acuerdo con la información obtenida por elDiarioAR.

Los tres fiscales mantuvieron reuniones de cara al veredicto de este martes para analizar los escenarios que deberán habitar cuando comience el juicio de los cuadernos, sin fecha de inicio; y en el caso de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación ordene la realización del juicio de Hotesur-Los Sauces, un fallo que se espera para el próximo 22 de diciembre, pero que podría dilatarse para comienzos de 2023. 

En el caso Cuadernos, Fernández de Kirchner está acusada de liderar una supuesta asociación ilícita para recaudar sobornos o pagos ilegales de empresarios contratistas del Estado. En Hotesur-Los Sauces, la imputación también la colocaba en el rol de la jefa de una asociación ilícita para lavar dinero proveniente de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

En noviembre de 2021, la ex presidenta y el resto de los imputados de Hotesur-Los Sauces fueron sobreseídos antes del juicio por dos de los jueces del Tribunal Oral Federal número 5. Daniel Obligado y Adrián Grunberg sostuvieron en su fallo que tanto Fernández de Kirchner como Lázaro Báez eran objetos de “una múltiple persecución penal referida a un mismo hecho concreto; esto es, la presunta asociación ilícita de la que ambos habrían formado parte, la primera como ‘jefa’ y el segundo como ‘organizador’” en referencia a la imputación en el juicio de Vialidad. 

Ese mismo razonamiento podría ser aplicado por jueces de otros tribunales o de la Casación si la condena en el caso Vialidad incluye el delito de asociación ilícita. Esta posibilidad abre otros escenarios que aún no están claros: ¿cómo incidirá en las imputaciones del resto de los acusados en Cuadernos y Hotesur-Los Sauces? Por ejemplo, el exfuncionario Roberto Baratta (acusado en Cuadernos) y el diputado Máximo Kirchner (sobreseído por el momento en Hotesur-Los Sauces) no están acusados en el juicio de Vialidad. Si la imputación contra Fernández de Kirchner como jefa de una presunta asociación ilícita se cae, ¿sucederá lo mismo con los otros imputados que son juzgados por ese delito por primera vez?

Además, la exclusión de la figura de supuesta jefa de una asociación ilícita en futuros juicios incidirá en el peso de las penas. Este delito tiene un máximo de diez años de prisión, mientras que el cohecho pasivo alcanza los seis años de pena. En el caso de una eventual condena por lavado de activos agravado, el castigo de la ley contempla penas mayores.

ED

Sobreseída o nuevamente en el banquillo de los acusados de un juicio oral y público, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner continuará en el centro de la escena durante el año electoral. Además del inminente veredicto por el caso Vialidad, aún están en  juego los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo a finales de 2021 en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las definiciones deberían llegar el 20 y 22 de diciembre próximos, aunque los fallos podrían demorarse hacia febrero o marzo, explicaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervienen en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre del año pasado. Le permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos pero ambos expedientes llegaron a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que revisa las decisiones que toman los jueces de los tribunales de juicio. Todos los acusados en estas causas siempre han negado la comisión de delitos por los hechos investigados. En el caso de los hoteles, el diputado Máximo Kirchner y su hermana menor, Florencia, hijos de la exmandataria, también fueron sobreseídos y se decidirá si se les revoca ese fallo y deben ir a juicio. En Memorándum, también estuvieron acusados el senador Oscar Parrilli; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

Ambos casos recayeron en la Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Tras un año en la Casación, los tres jueces están en condiciones de decidir si confirman los sobreseimientos y el cierre de ambas causas o si los revocan y ordenan realizar los juicios orales y públicos.

Figueroa, la única mujer integrante de la Sala, tiene una posición tomada en los casos relacionados con Fernández de Kirchner, en los que suele fallar en consonancia con los planteos de la defensa de la vicepresidenta, por lo que su voto podría ser el más predecible, aunque cada expediente es un mundo.

Los jueces Petrone y Barroetaveña, en cambio, han votado en el caso de los cuadernos en posición contraria a las defensas, aunque a favor en Dólar Futuro. Hay que salvar las diferencias entre determinadas causas y otras, advierten en Comodoro Py ante las consultas de elDiarioAR: Dólar Futuro fue un expediente criticado por muchos juristas, incluso lejanos a las posiciones de los kirchneristas. 

El caso Memorándum tiene un perfil similar, ya que se cuestiona que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral- no encuadraría la comisión de delitos sino de decisiones de política internacional con intentos de incidencia en el desarrollo de la causa AMIA. 

Otro cantar es Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El primero está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y tiene un pedido idéntico de pena en Vialidad como presunto integrante de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Los otros dos están sobreseídos por la causa Oil Combustibles y su caso fue apelado por el fiscal de juicio.

Los plazos de Casación vencen el 20 y 22 de diciembre para definir el futuro de los juicios de Hotesur-Los Sauces y Memorándum, respectivamente, ya que las últimas audiencias ante los jueces para que las partes expongan sus argumentos fueron el 23 y 24 de noviembre últimos, y los jueces tienen 20 días hábiles para fallar, aunque estos plazos muchas veces no son cumplidos. Estos son dos los escenarios que enfrenta la vicepresidenta.

Escenario sobreseída

En abril de 2021, esta misma sala de Casación sobreseyó a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados por el caso Dólar Futuro y anuló así el comienzo del juicio oral y público. Esa decisión de los jueces Figueroa, Barroetaveña y Petrone fue recurrida (como se define a la apelación en este tribunal) por el fiscal general Raúl Plee, en representación del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó a la Corte Suprema que revoque el fallo y ordene la realización del juicio.

El fiscal Pleé pudo acudir ante la Corte porque el fallo de Casación es equiparable a una sentencia definitiva, ya que implicó el cierre de la causa Dólar Futuro. Es en este escenario en el que las partes de un proceso tienen herramientas procesales para solicitar la intervención del máximo tribunal.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal del juicio, Diego Velazquez se opuso al cierre de la causa y llevó el caso a Casación a finales de 2021. En dicha instancia, el fiscal general Mario Villar reclamó la realización del juicio oral y público y tendrá la misma opción que su colega Pleé si los jueces de Casación confirman los sobreseimientos de la vicepresidenta y el resto de los imputados por el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner y los empresarios Báez y López. 

El fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte para que los jueces del máximo tribunal decidan si confirman los sobreseimientos o los revocan y ordenan la realización del juicio.

En Memorándum la situación es diferente. El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y la querella, integrada por dos familiares de víctimas de la AMIA y representada por el abogado Tomás Farini Duggan, se opusieron a los sobreseimientos anticipados y al cierre de la causa dictados en octubre de 2021 por el tribunal oral federal. Llevaron el caso ante la Casación. Sin embargo, el fiscal general Javier De Luca, que representa al Ministerio Público en dicha instancia, planteó que la firma del acuerdo con Irán no implicó la comisión de ningún delito, es decir, coincidió con la lectura de los jueces del tribunal de juicio. Eso resta posibilidades a la reapertura del juicio, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Aún así, la participación de la querella garantiza que si Casación confirma los sobreseimientos el caso llegará a la Corte, ya que los familiares de las dos víctimas de la AMIA tienen potestad para oponerse al fallo y recurrir al máximo tribunal. 

En este escenario, en el que la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum  seguirán cerradas y los juicios no se realizarían hasta que la Corte decidiera ordenar lo contrario.

Los cortesanos no tienen plazos para intervenir. Tampoco apuro. El caso Dólar Futuro ingresó a la Corte en junio de 2021 y un año y medio después aún no hay fallo.

Escenario a juicio

En el escenario posible de que la Sala I (por voto de la mayoría de los jueces o por unanimidad) revoque los sobreseimientos anticipados dictados por los tribunales orales federales en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán y ordene la realización de los juicios, ambos casos no quedarán en la misma situación que Dólar Futuro. 

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, explicaron fuentes judiciales de Casación y del Ministerio Público Fiscal ante la consulta de elDiarioAR. ¿Qué implica este escenario para la vicepresidenta y el resto de los imputados en Hotesur-Los Sauces y Memorándum? Si Casación opta por este camino, los acusados deberán atravesar los juicios orales y públicos y no hay posibilidad de frenarlos. Al menos no dentro de las normas.

Este escenario no habilita a las defensas a recurrir el fallo ante la Corte, aseguraron las fuentes consultadas. 

Como caso excepcional, los abogados podrían alegar “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, aclaró uno de los juristas en diálogo con este medio, pero las chances de demostrar realmente que la decisión de los magistrados fue arbitraria es muy baja en estos casos y la Corte suele rechazar de plano los planteos. Además, el máximo tribunal no tiene plazos para fallar.

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo de los juicios, afirmó la fuente, porque el fallo de Casación no se suspende.

Nuevos jueces

Si la Casación optara por este camino en uno o ambos casos pendientes, se reconfigurará el mapa de los jueces en ambos casos: deberán enviar los expedientes nuevamente a sorteo entre los tribunales orales federales de Comodoro Py. 

Los jueces que intervinieron originalmente en estas causas no podrían seguir haciéndolo. El Tribunal Oral Federal número 8 planteó por unanimidad que en el caso del Memorándum no existió la comisión de ningún delito, por lo que los tres jueces ya opinaron y no podrán juzgar el caso. 

Lo mismo sucede con dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5, del caso Hotesur-Los Sauces. De hecho, el fiscal Villar ya solicitó que se aparte a ambos magistrados del sorteo en caso de que se ordene la realización del juicio argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre el fondo de la cuestión. 

Memorándum sin fiscal

En el caso de que Casación ordene la realización del juicio por el acuerdo con Irán, las posiciones encontradas entre el fiscal de juicio y el fiscal de Casación abren la posibilidad de que el juicio deba realizarse sin la intervención de una fiscalía, aseguraron fuentes directas del Ministerio Público Fiscal. Esto se debe a que el fiscal de Casación, en este caso De Luca, planteó la inexistencia de delito por lo que el fiscal Colombo perdió margen para sostener su acusación.

En ese caso, la acusación quedaría en manos de la querella. 

Tiempos

De ordenarse el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y/o por Memorándum, Casación podría apurar o no los plazos en su fallo, indicando celeridad a los tribunales orales federales o, de lo contrario, obviando ese punto, abriendo la posibilidad de que se dilate el comienzo de las audiencias. 

¿Cuánto tiempo más podrá Comodoro Py evitar el inicio de los juicios en este escenario? En ambas causas, las partes ya han presentado sus pruebas y los casos están en condiciones de iniciar las audiencias. 

Sin embargo, hay cuestiones no jurídicas que incidirán, explicaron las fuentes consultadas en los tribunales: 2023 es año electoral y aún resta saber qué rol ocupará Fernández de Kirchner, si será candidata presidencial, armadora política de la sucesión de Alberto Fernández o si se mantendrá al margen.

El veredicto por el caso Vialidad también incidirá, aseguran en los tribunales de Retiro. Los jueces estarán atentos al humor social que cultivará una absolución, condena o condena parcial a la vicepresidenta. Y si los fallos de la Sala I de Casación llegan a término, en decir, a finales de diciembre, ese humor social vendrá de la mano con el rebote que generará en las mismas fechas el desempeño de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol y el factor distracción.

ED

En el camino hacia el juicio oral y público, los jueces del Tribunal Oral Federal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre los cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, en los que registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. Así lo solicitaron algunas de las defensas de los imputados durante la etapa de ofrecimiento de prueba que finalizó en las últimas semanas.

Las expectativas, explicaron tres abogados defensores consultados por elDiarioAR, están puestas en que el tribunal ordene una pericia sobre los seis originales en papel para determinar dos puntos centrales: en qué fechas se escribieron los cuadernos; y quién sería el segundo escribiente que realizó modificaciones, una novedad que reveló una pericia realizada en otro expediente por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA). Hay otra pista que queda pendiente: qué leyendas, nombres o direcciones se corrigieron con liquid paper y por qué.

Algunas de las defensas, como la de los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, vienen solicitando la realización de pericias sobre los seis cuadernos en papel que se incorporaron a la causa en 2019, pero hasta el momento el único estudio oficial sobre la prueba documental es el realizado por la Federal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi instruye un expediente originado por una denuncia del empresario Armando Losón, del Grupo Albanesi, uno de los arrepentidos de los cuadernos, quien sostiene que la mitad de las menciones a su persona en los cuadernos serían falsas. Se basa en alteraciones al texto que detectó un equipo de peritos caligráficos privados contratados por el imputado. Losón presentó una denuncia y Martínez de Giorgi ordenó una pericia oficial a la Federal.

Pero se trata de un estudio parcial: no fue realizada sobre los originales papel sino sobre las fotografías digitales de los mismos; no se hizo sobre todos los cuadernos sino sólo sobre tres; y tampoco forma parte del expediente de los cuadernos que debe ir a juicio, sino de una causa paralela que se encuentra en primera instancia. 

Aún así, los resultados de la pericia caligráfica oficial aportaron elementos a las defensas para poder insistir al tribunal oral con la realización de un estudio más profundo sobre los cuadernos. 

Un diario o de corrido

Los peritos de la Federal analizaron 189 archivos de imágenes JPG enviados en un pendrive a través de instrumental óptico e informático. Determinaron que al menos los cuadernos 4, 7 y 8 fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas correcciones atribuidas por los expertos a “otro escribiente”, no identificado hasta el momento.

Alejandro Rúa, abogado de Baratta, es uno de los abogados que solicitó al tribunal que ordene una pericia caligráfica de los cuadernos originales en papel. “Lo más interesante de los resultados de la pericia caligráfica oficial es que determinó que no fueron escritos como un diario”, dijo a elDiarioAR ante la consulta.

Los peritos que analizaron los cuadernos 4, 7 y 8 determinaron que el primero sí fue escrito como un diario, con registros realizados durante distintos días y momentos. Sin embargo, los cuadernos 7 y 8, según los expertos de la federal, habrían sido escritos de corrido, en un mismo momento. 

“La hipótesis de la defensa es que antes de 2017 podrían haber existido algunos de los primeros cuadernos -como el 4- pero el resto, los más recientes, fueron escritos en 2017”, afirmó Rúa. “Esto lo basamos en el hecho de que entre 2016 y 2017, Baratta recibía constantes mensajes de la ex esposa de Centeno reclamando que interviniera a favor de la mujer durante la separación, por ejemplo, sobre la tenencia de los perros de la pareja. En abril de 2017, Horovitz hace referencia a los cuadernos por primera vez en esos mensajes. Creemos que los cuadernos tenían como fin extorsionar a Baratta”, aseguró el abogado del exfuncionario.

¿Pueden los peritos determinar cuándo se escribieron los cuadernos?

Data de escritura

Los peritos caligráficos pueden determinar una fecha aproximada del año en que se escribió cada uno de los cuadernos siempre y cuando cuenten con los originales en papel. 

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia caligráfica a la Federal, los peritos intentaron realizarla sobre los originales de papel, pero el Tribunal Oral Federal número 7 negó el acceso a la prueba documentos, que permanece bajo su custodia. Los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales que se les entregaron en un pendrive. 

En el informe, los expertos aclararon que “en todos los casos”, la norma general es que “el peritaje documentológico caligráfico se efectúa exclusivamente sobre el original” en papel. La exigencia -agregaron los peritos- se basa en tres circunstancias especiales: una de ellas es que la fotografía convencional es la fiel expresión de la verdad; siempre que el fotógrafo actúe de buena fe (es decir, que las capturas de imágenes se hayan realizado con un eficiente equipo y no hayan sido modificadas o alteradas digitalmente). El juez Martínez de Giorgi les comunicó que consideraba “indubitables” las fotos digitales.

Además, los peritos explicaron que “en las fotocopias, duplicados, reproducciones fotográficas, reproducciones fotomecánicas, etc., no se puede efectuar el estudio del papel”, “tipo de elemento escritor y tintas usadas en la confección del documento”; y que “solo es posible efectuar el análisis extrínseco o general de la escritura y los parciales intrínsecos.

Aún así, fue posible desarrollar el estudio, pero el dictamen es “parcial”, aseguraron. Pero no pueden determinar la fecha de escritura sin acceso a los originales en papel. Y resta establecer otra cuestión, más allá de lo técnico: cuál sería el impacto de la data de escritura en un caso en el que decenas de empresarios declararon como arrepentidos y admitieron en sede judicial hechos que fueron mucho más allá de los registros de Centeno. 

Sólo por mencionar algunos casos centrales, Aldo Roggio admitió que su empresa pagó sobornos por valores equivalentes al 5% de los subsidios al transporte que recibió durante parte del kirchnerismo; Carlos Wagner describió los pormenores de la cartelización de las obras públicas viales; Angelo Calcaterra sostuvo -al igual que Losón- que pagó aportes de campaña ilegales para poder seguir contratando con el Estado.

Liquid paper

Los peritos privados que contrató el empresario Losón realizaron una pericia caligráfica y otra lingüística de los ochos cuadernos, en base a las fotografías digitales de los originales. Los resultados no son públicos ni fueron presentados hasta el momento ante la Justicia, y los expertos habrían detectado 116 enmiendas sobre la escritura original de los ocho cuadernos (algunas de las cuales fueron realizadas por el propio Centeno y otras, por “otro escribiente”), según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas del caso. 

El abogado de Losón, Carlos Vela, sólo presentó los resultados de la pericia privada sobre los cuadernos 4 , 7 y 8, que contienen las menciones a su cliente. 

Tras analizar esos resultados del estudio privado, el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia oficial en mayo último. Entre los puntos de pericia, el magistrado solicitó que se estudien las anotaciones borradas con líquido corrector blanco (o liquid paper) a través una prueba química cromatográfica para determinar con extracciones y análisis químicos si fueron agregados en la misma época o a lo largo de distintos momentos, es decir, si Centeno u otra persona realizó los tachados con el corrector blanco a medida que escribía el cuaderno o si fueron realizadas posteriormente con el fin de enmendar datos registrados durante la escritura original.

Este tipo de estudio se utilizó en el caso Hotesur. El fiscal de la causa iniciada por Losón, Gerardo Pollicita realizó esa misma prueba para remover el corrector líquido en actas de asamblea de la empresa hotelera de los Kirchner, lo que le permitió descubrir que se intentó borrar con líquido corrector la participación societaria de la expresidente en la empresa: debajo de donde se leía “Máximo Kirchner”, estaba el nombre de Fernández de Kirchner, de acuerdo con el dictamen de elevación a juicio del caso.

Cuando se tienen los originales, las tachaduras y ocultamiento de partes del texto con corrector líquido blanco se pueden tratar con un infrarrojo, luz transmitida y filtros IR para descubrir el texto original censurado por el escribiente, explicaron los peritos de la Federal.

En el cuaderno 7, por ejemplo, los peritos oficiales identificaron 115 “acciones aditivas” y tres “acciones supresivas” con tachados o ocultamiento con corrector líquido blanco. Los expertos analizaron una de ellas realizada una de las direcciones en las que Centeno anotó que Baratta mantenía reuniones con Losón (“Alem 855”).

La anotación es del 25 de julio de 2013, a las 12:20 horas. La dirección de la avenida Alem está escrita sobre el corrector líquido. Los peritos lograron establecer que se tachó con el liquid paper la leyenda “Grierson”, que se referiría a la calle Cecilia Grierson del barrio Puerto Madero, que no estaría vinculada a Losón. La defensa del empresario sostiene que se tachó para agregar la dirección de Alem para perjudicar a su cliente y que el registro no sería fiel.

La eventual pericia caligráfica de los ocho cuadernos puede ser una caja de Pandora, explicó un segundo abogado defensor del caso. Los empresarios no saben a quién perjudicará o beneficiará descubrir qué hay debajo de las correcciones con liquid paper. De hecho, ningún otro empresario acusado en la causa de los cuadernos se sumó a la causa iniciada por Losón. 

ED/MG

Mientras el juicio oral y público por la causa de los cuadernos avanza a paso lento, sin fecha de inicio, en un expediente paralelo que comenzó a crecer en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi intenta determinar si los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno fueron adulterados y por quién. 

Hasta ahora, los cuadernos nunca habían sido peritados, a pesar de los insistentes pedidos de algunas de las defensas. Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi, quien declaró como arrepentido en la causa original pero sostuvo que sus pagos ilegales al entonces funcionario Roberto Baratta fueron aportes ilegales de campaña y no fueron sobornos. Baratta niega haber recibido dinero de los empresarios.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

Estas modificaciones sobre los originales consisten en tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco (liquid paper). Por ejemplo, a pedido del abogado de Losón, se determinó que el nombre de pila del empresario había sido agregado por posterioridad sobre otro nombre (“Marcelo”), sobre el que se reescribió “Armando”. Sólo se estudiaron las menciones a Losón y a la dirección de su compañía en estos tres cuadernos.

Tras analizar los resultados de la pericia caligráfica, el siguiente paso en el expediente es intentar determinar quién sería este “otro escribiente”, que habría corregido o alterado menciones a Losón en los cuadernos 7 y 8. 

Allegados

El juez busca información sobre dos personas de las personas que admitieron haber estado en contacto con los cuadernos antes de que éstos llegaran a la Justicia: la ex esposa de Centeno, Hilda Horovitz; y su amigo Jorge Bacigalupo, el hombre que entregó una caja con los ocho cuadernos originales a La Nación en 2018. Ninguno de los dos ha reconocido haber alterado los escritos del ex chofer de Baratta y fueron testigos en la causa de Bonadio.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Para comparar las escrituras de Horovitz y Bacigalupo, Martínez de Giorgi rastrea en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) las fichas que el Estado solicitaba décadas atrás a las personas para completar sus datos personales para la confección del Documento Nacional de Identidad (DNI). Estas fichas se completaban a mano por parte del solicitante del documento y se firmaban de puño y letra, lo que puede aportar “rasgos de escritura” de las personas. Con esas muestras, el juez buscará que los peritos de la Federal logren determinar si alguno de ellos es el “segundo escribiente” que dejó su escritura en los cuadernos 7 y 8.

Ni Centeno ni sus dos allegados han sido citados en la causa ni están formalmente imputados en el expediente.

Además, la querella, es decir, el abogado de Losón, presentó ante el juzgado una nueva pericia privada -ya había presentado su propia pericia caligráfica que motorizó la realización de la oficial-, esta vez, realizada por expertos en lingüística. Martínez de Giorgi busca que peritos oficial, posiblemente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realicen el mismo tipo de estudio: una pericia lingüística sobre los cuadernos 4, 7 y 8 para analizar las expresiones escritas en los textos e intentar determinar si los tres cuadernos fueron escritos con la misma lingüística. 

La querella sostiene que los primeros cuadernos -el 4, por ejemplo- fue escrito de una forma más rudimentaria con respecto a los cuadernos posteriores, como el 7 y el 8.

¿Qué pasará si los peritos oficiales determinan que ni Horovitz ni Bacigalupo son el “segundo escribiente”? 

Vuelo corto, viaje largo

En sí misma, la causa iniciada por Losón tiene vuelo corto para los fines penales. Una fuente directa de la investigación dijo a elDiarioAR que si los peritos oficiales no logran identificar al “segundo escribiente”, el expediente terminará archivado, ante la imposibilidad de identificar a los supuestos adulteradores de los cuadernos.

Losón busca que la acusación en su contra por el caso cuadernos sea neutralizada por las pericias oficiales. El expediente contra el empresario por los pagos ilegales a Baratta durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner -otra de las imputadas- aún no ha sido elevado a juicio debido a los planteos de la defensa.

Pero, además, los resultados de estas pericias oficiales podrían impactar de lleno en el caso de los cuadernos y otorgar a las defensas de otros empresarios una nueva carta para disputar el veredicto. La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, ya solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que antes de iniciar el juicio de los cuadernos, ordene pericias caligráficas a los seis cuadernos originales en papel que el tribunal guarda bajo siete llaves. 

Aún así, el escenario es incierto para todos. La fiscal Fabiana León, quien encabeza la acusación contra la vicepresidenta y decenas de empresarios y exfuncionarios, tiene las múltiples cartas de las declaraciones de los arrepentidos, quienes admitieron los pagos ilegales a Baratta. 

Mientras tanto, Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal. El fallo podría salir antes de finales de año, afirmó una fuente directa del tribunal de apelaciones.

ED

Condenada o absuelta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcará a fondo la agenda judicial de diciembre y de los meses subsiguientes, mientras se abre el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. El Tribunal Oral Federal número 2 comunicará el veredicto del caso Vialidad los primeros días de diciembre, de acuerdo con estimaciones de las partes que intervienen en el juicio oral y público por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública consultadas por elDiarioAR.

Antes y después del veredicto en el único juicio en su contra, otras causas centrales para Fernández de Kirchner tendrán movimientos y definiciones: Comodoro Py debe decidir si se realizarán o no los juicios por dos casos en los que la vicepresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de forma anticipada y los debates oral y públicos se anularon. Se trata de los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Un cuarto caso que va camino al juicio oral y público, la causa de los cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública, avanza pero lentamente, y la posibilidad del inicio de las audiencias parece lejano. Aún así, cuadernos se reinstalará en la agenda judicial cuando los ecos de una pericia oficial rebote en el futuro del debate.

Ya no como imputada o sobreseída, sino como querellante, Fernández de Kirchner espera decisiones clave en el expediente en el que se investiga el homicidio agravado en tentativa por el atentado contra la vida. 

Por lo pronto, sus abogados tendrán audiencias este martes, miércoles, jueves y viernes por los cuatro casos mencionados. Este es un resumen de los acontecimientos judiciales que tendrán a la vicepresidenta como protagonista en las próximas semanas, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes judiciales, de los abogados intervinientes, el Ministerio Público y documentos de los expedientes.

Querellante

En la previa al veredicto de Vialidad, la expresidenta espera un fallo de la Cámara Federal porteña en la causa por el intento de matarla, ocurrido el 1° de septiembre último. El camarista Leopoldo Bruglia se encuentra analizando la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti, presentada por los abogados de Fernández de Kirchner en el expediente del atentado fallido, y deberá también definir sobre medidas de prueba solicitadas por la querella. Ambas decisiones marcarán el pulso de la investigación.

Bruglia, integrante de la Sala I de la Cámara de apelaciones, tiene como una de sus prioridades de agenda definir si la jueza Capuchetti seguirá o no a cargo de la causa del atentado. La jueza ya presentó un informe de 43 páginas rechazando su apartamiento del expediente y a partir de este miércoles, cuando se realice una audiencia con la querella, Bruglia estará en condiciones de definir el incidente (al ser una recusación, interviene sólo un juez del tribunal de apelaciones), explicaron dos fuentes con acceso directo al caso.

La querella pidió que la magistrada sea apartada por presunta negligencia y temor de parcialidad, en el primer punto por el reseteo del teléfono del principal acusado, Fernando Sabag Montiel; y en segundo, por considerar que la jueza no profundizó algunas pistas importantes para que la querella, que podrían profundizar sobre más responsables en la planificación del atentado. 

Una de esas pistas en conflicto es la que apunta a Milman y por negarse a secuestrar los teléfonos celulares de las dos asesoras que acompañaba al diputado el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, de acuerdo con un reciente testigo, Milman habría dicho: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. El diputado negó haber pronunciado la frase en un escrito que presentó ante el juzgado.

La Sala I de la Cámara Federal también deberá definir sobre el secuestro de los teléfonos de ambas mujeres, ya que la querella apeló la negativa de la magistrada, aunque con conocimiento de que tiene pocas chances de ganar (las cuestiones relacionadas a medidas de prueba no son apelables por reglamento).

La jueza afirmó en el informe ante la Cámara revisora que investigó todas las hipótesis, “incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración”, de acuerdo con el escrito. También sostuvo que los planteos de la querella sobre supuestas irregularidades al inicio de la investigación se plantearon recién dos meses después, lo que ni siquiera es admisible en el Código Procesal Penal.

Bruglia no tiene plazo para tomar una decisión: si confirmar o apartar a la jueza de la causa, pero en la Cámara estima que será pronto. 

Audiencias en Casación

Esta semana, además, se celebrarán las últimas audiencias de dos casos centrales para la vicepresidenta en otra instancia: la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, que tiene pendiente resolver si Fernández de Kirchner debe o no afrontar los juicios oral y públicos por Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. 

En ambos expedientes, la expresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de manera anticipada por “inexistencia de delito” y ambos expedientes están siendo revisados por los mismos jueces de Casación, integrantes de la Sala I: Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El expediente en el que se acusa a la expresidenta y otros exfuncionarios y aliados del kirchnerismo por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994 a través de un pacto con el gobierno iraní tendrá su segunda audiencia este jueves 24 para terminar de escuchar a las partes a favor y en contra del cierre de la causa previo al juicio oral y público que debía desarrollarse este año en el Tribunal Oral Federal número 8. Tras la audiencia, los jueces estarán en condiciones de decidir el futuro de la causa, que ha despertado críticas incluso de juristas ajenos al kirchnerismo.

Este caso se sostiene por el impulso de la querella, integrada por los padres de dos víctimas del atentado de la mutual judía, ya que el fiscal Javier De Luca entendió, al igual que los jueces del tribunal oral, que la firma del memorándum no implicó un delito.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal número 5 debía juzgar a Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y otros acusados, pero dictó los sobreseimientos anticipados de todos en noviembre de 2021. 

Tras el planteo del fiscal Diego Velazco, el caso llegó a Casación. La segunda audiencia para revisar si el juicio debe realizarse será el martes. El fiscal Mario Villar ya expuso a principios de noviembre y se opuso al cierre de la causa: solicitó a los jueces que ordenen realizar el juicio oral y público por el caso de presunto lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner.

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa ya intervinieron en un caso de este tipo: en abril de 2021, sobreseyeron a la vicepresidenta y al resto de los imputados del caso Dólar Futuro, antes del inicio del juicio, por inexistencia de delito. 

Este caso -también criticado por juristas no alineados al kirchnerismo y aún pendiente de revisión en la Corte Suprema- es un precedente clave para las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces, pero tanto en Comodoro Py como entre las defensas, saben que el talón de Aquiles de Fernández de Kirchner es su relación comercial con Lázaro Báez, el empresario proveedor de obra pública que comparte banquillo de acusados en el juicio por Vialidad y ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos agravado provenientes de la corrupción.

Vialidad

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 por la supuesta adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario Báez, y en el que la vicepresidente enfrenta un pedido de pena de 12 años por parte de la fiscalía, ingresó en su etapa final, previa al veredicto: las palabras finales de los imputados. Los jueces fijaron audiencias para escuchar a los acusados que quieran dirigirse por última vez a los magistrados antes de escuchar el fallo final.

Las primeras dos audiencias de esta etapa serán el próximo viernes 25 para escuchar a Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala; y el martes 29, para Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López. 

Ese día, el tribunal debería fijar fecha para una tercera audiencia, con el objetivo de escuchar a los últimos cuatro acusados y comunicar el veredicto, que se espera para los primeros días o primera quincena de diciembre. Todos los imputados se han declarado inocentes.

Ya sea absuelta o condenada por ambos delitos o sólo por uno de ellos -asociación ilícita y defraudación a la Administración pública-, Fernández de Kirchner podrá recurrir el fallo a la Casación. También podrán hacerlo los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en caso de una absolución total o parcial. Esto significa que Vialidad no terminará en diciembre, aunque el veredicto será la principal noticia que logre opacar el Mundial de Fútbol.

Cuadernos

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública también ingresó en una etapa clave para el futuro del caso pero muy lejos del juicio de Vialidad. 

En la causa, serán juzgados decenas de los empresarios otrora más poderosos del país, exfuncionarios y la vicepresidenta por presunto cohecho o pago de sobornos registrados en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el funcionarios Roberto Baratta, del ministerio de Planificación. 

Fernández de Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado (obra pública, transporte, energía).

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes satélites que vienen más atrasados-. 

Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se suspenda la vista hasta que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. Como consecuencia, todo podría demorarse más, pero dependerá de los jueces del tribunal.

El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos de Centeno, y varias defensas han vuelto a solicitar que se realicen pericias caligráficas de los escritos para determinar cuándo se escribieron, ya que algunos abogados sostienen que no habrían sido escritos como un diario, a lo largo de los años, sino que formarían parte de una operación contra el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los nunca fueron peritados en la causa. Los jueces deberán decidir si ordenan la pericia caligráfica. Ahora tienen un antecedente que algunas de las defensas no dejarían pasar: en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

ED

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública ingresó en una etapa clave para el futuro del caso que involucra a decenas de los empresarios otrora más poderosos del país y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras una pericia oficial abrió la puerta a un escenario todavía incierto.

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes que vienen más atrasados-. Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. 

Mientras tanto, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi un expediente paralelo a la causa de los cuadernos tiene a varios de los involucrados a la expectativa. En el caso, el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Esta no es la “contracausa” de los cuadernos, afirmaron dos fuentes directas del expediente a cargo de Martínez de Giorgi ante la consulta de elDiarioAR. La pericia oficial fue realizada por expertos caligráficos de la Policía Federal Argentina (PFA) tras una denuncia del empresario Armando Losón, quien fuera el presidente del Grupo Albanesi, uno de los principales proveedores energéticos y constructores de gasoductos, hasta que fue detenido y procesado por el caso cuadernos, en agosto de 2018. Desde entonces, su defensa, a cargo del abogado Carlos Vela, sostiene que la mitad de los diez hechos que se le imputan en la causa que instruyó el juez Claudio Bonadio son “falsos”. Por eso, la pericia oficial sólo se centra en las menciones a Losón. 

Losón aún no ha sido enviado a juicio por los cuadernos, la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó revisar su caso y actualmente su expediente continúa en primera instancia, a diferencia del resto de la megacausa de los cuadernos. En paralelo, además, Losón inició esta segunda causa penal en los tribunales de Comodoro Py, que recayó en el juzgado de Martínez De Giorgi y en la fiscalía de Gerardo Pollicita. 

El empresario sostiene que parte de los cuadernos tendrían datos adulterados sobre su persona a través de alteraciones a los escritos originales de Centeno. En este segundo expediente, Losón es querellante, también representado por el abogado Vela. 

La defensa del empresario contrató un equipo de peritos caligráficos privados para que analicen los ocho cuadernos de Centeno. Luego, presentó al juez Martínez de Giorgi los resultados de los tres cuadernos que implican a su cliente: el número 4, un espiralado de marca “America Nos”; el número 7, un Rivadavia tapa dura y cosido de color azul; y el número 8, un Gloria espiralado de colores naranja y azul. Son aquellos en los que hay menciones a encuentros y pagos del empresario al entonces funcionario Roberto Baratta.

La causa iniciada por Losón moviliza desde hace meses el tablero de Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal.

Los resultados de la pericia privada, que demandó un año, sobre los otros cinco cuadernos no han sido presentados ante la Justicia, confirmó una fuente del caso a elDiarioAR. Los resultados generaron expectativas en otros empresarios y exfuncionarios que deben afrontar el juicio por los cuadernos, y cuyas defensas, en algunos casos, ya solicitaron que se incorpore la pericia caligráfica de la Policía Federal al juicio oral y público.

Los jueces del Tribunal Oral Federal número 7, a cargo del caso cuadernos, ya están en condiciones de comenzar a evaluar los pedidos, informó una fuente judicial. El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos, pero ni siquiera la fiscal Fabiana León habría podido acceder a ellos, explicó una fuente de la causa. Esos nunca fueron peritados. Los jueces deberán decidir si ordenan una pericia caligráfica.

La pericia

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó a la Policía Federal que realizara una pericia caligráfica oficial, envió una serie de puntos de pericia, que marcan las pautas para el análisis que deben realizar los expertos y que sólo se circunscriben a las menciones a Losón y su empresa. 

Al no poder contar con los originales en papel, tras la negativa del tribunal número 7, los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales.

El magistrado solicitó a los peritos que analicen si los textos de los cuadernos corresponden al mismo puño escritural -es decir si fueron escritos o no por Centeno-; si se distinguen adulteraciones o modificaciones sobre el original (y cómo serían); que expliquen los estilos de tinta e instrumentos escritores (lapiceras); si se detectan borrados, agregados y cómo se plasmaron esas correcciones, borrados, agregados; y con qué frecuencia se repiten a lo largo de los textos.

La querella está especialmente interesada en el estudio de las anotaciones de su representado, Losón. En los puntos de pericia solicitó que se determinara el contenido de las anotaciones originales en las que se enmendó la palabra “Armando” -en referencia al empresario- en dos fechas de 2013. También, que se analizaran las anotaciones de “Alem 855”, dirección de los encuentros entre el empresario y Baratta. Y si los agregados sobre el original pertenecen al mismo puño que el de quien escribió los originales y si corresponden a Oscar Centeno.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Los peritos recibieron una copia digital de los cuadernos 4, 7 y 8, que para el juzgado debía tomarse como “prueba indubitable”, es decir, que son imágenes digitalizadas del cuaderno original sin alteraciones. 

Aún así, en la causa resta establecer si hay forma de probar quién habría adulterado los cuadernos. 

Qué dicen los trazos

Los peritos explicaron en el informe final que alterar los originales de un escrito implica “agregarle o quitarle palabras, cifras, etcétera, de modo que el documento exprese o atestigüe cosas distintas de las que expresaba o atestiguaba en su estado primitivo”. “Técnicamente -explicaron en el informe- consiste en modificar intencionalmente la apariencia o sentido de un documento auténtico mediante la adición, supresión o sustitución de signos o elementos”.

Los expertos de la Federal realizaron estudios cromatográficos, ópticos y lumínicos. Alejandro Matías Centofanti, comisario jefe a cargo de la División Scopometría de la Policía, declaró ante el juez Martínez de Giorgi que a través de la escritura puede determinarse la posición del escribiente, es decir el lugar de apoyo; y también el elemento escritor (la lapicera).

“Cuando uno escribe día a día, la escritura sufre ciertas modificaciones inherentes a distintas causales”, ya sea por la posición del espacio gráfico, del elemento que se utiliza para escribir, de la temperatura, el temperamento, el estado de ánimo, declaró Centofanti. En el cuaderno 4, sí se registra esa “diferencia de constancias diarias”, pero no así en los cuadernos 7 y 8, aseguró el experto. Por ejemplo, dijo, “el cuaderno 7, en su análisis, no revela estos cambios”; “surge como un relato estable y continuo”. 

Para establecer cuándo se habrían escrito los cuadernos 7 y 8, el perito declaró que necesita los originales en papel. En el cuaderno 7 -sostuvo el perito- “se evidencia en el trazado y correlato de la escritura que la misma se mantiene estable con las alternancias naturales”. Esto, agregó, “permite inferir una secuencia continua de escritura sin alternancia temporal, discrepante de la modalidad de registro que usualmente se lleva para un llenado de constancias diarias”. Es decir, que podría haberse escrito de corrido a pesar de que registra hechos ocurridos en diferentes fechas.

Aún así, ratificaron que fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas modificaciones sobre los originales: tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco.

El origen

La defensa de Losón, a cargo del abogado Carlos Vela, había solicitado la pericia caligráfica desde el primer momento en que su cliente quedó preso, en agosto de 2018, por orden del juez Claudio Bonadio. Un gerente de la empresa de Losón le dijo al abogado que en uno de los encuentros registrados por Centeno en sus cuadernos, el chofer de Baratta había apuntado un encuentro entre el funcionario y el empresario en una fecha en la que Losón se habría encontrado en Santiago del Estero. Entonces, Vela solicitó al juez de los cuadernos una pericia caligráfica y presentó el plan de vuelo de esa fecha para defender al empresario.

Losón terminó declarando como arrepentido pero admitió sólo pagos ilegales de aportes de campaña para el kirchnerismo por entre 2 y 3 millones de pesos, registrados en los cuadernos en fechas cercanas a distintas elecciones. La defensa del empresario sostiene que las cifras de los pagos no podrían ser sobornos para obtener contratos con el Estado porque serían sustancialmente menores con respecto al monto de los contratos que obtuvo la empresa de Losón durante esos años (alrededor de $5.000 millones).

Reconocer los pagos ilegales registrados en los cuadernos como aportes de campaña tiene consecuencias directamente beneficiosas para los imputados: buscan encuadrar los hechos en una irregular electoral (con escasas consecuencias judiciales) y lejos del delito penal de cohecho activo con penas de prisión (pago de sobornos a funcionarios públicos) con fines de defraudación a la administración pública (si los sobornos son para obtener contratos con el Estado). Este planteo también está pendiente en la Cámara Federal de Apelaciones y los camaristas de la Sala I deberán definirlo. 

Nota: este artículo se corrigió el sábado 19 de noviembre de 2022 por un error. Se corrigió “vicepresidente” por “vicepresidenta”.

ED 

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una parte de la causa vinculada al caso Cuadernos que aún se investiga, con relación a dos episodios de supuestos pagos de sobornos, los cuales no se consideraron probados.

Se trata del presunto pago ilegal “realizado en el Hotel Feir's Park el día 29 de mayo de 2008” y de la supuesta “entrega de dinero que se habría efectuado el día 28 de abril de 2010, procedente de Pescarmona”, uno de los empresarios imputados en el expediente, surgidos de las anotaciones en los cuadernos de Oscar Centeno.

“A lo largo de la presente investigación no pudieron incorporarse elementos que permitan establecer la existencia de dichos pagos y/o la persona/s que lo habrían/n realizado”, sostuvo el magistrado en la resolución a la que hoy tuvo acceso la agencia Télam.

“Llegado el momento de resolver respecto de estos sucesos, adelanto que habré de adoptar un temperamento desincriminatorio de las personas imputadas, siendo que el fiscal interviniente no ha requerido su elevación a juicio ni propuesto medidas”, explicó el juez sobre la situación de Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, cuyos hechos que los incriminan no los consideró probados. Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli no pidió la elevación a juicio oral.

En cuanto al supuesto pago que se habría realizado el 29 de mayo de 2008, “no logró establecerse fehacientemente la persona que lo habría efectuado”, sostuvo Ercolini. La misma situación “se observa en el pago que se habría realizado el día 28 de mayo de 2015, respecto de la cual tampoco pudo establecerse la persona que lo habría realizado”, pese a que en las anotaciones de Centeno figuraba el empresario Valenti.

Sobre el pago a Pescarmona del 22 de abril de 2010, “la prueba incorporada no permitiría avanzar respecto de este acontecimiento con el grado de certeza requerido para esta etapa”, consignó el juez federal.

Por otra parte, en la misma resolución, Ercolini envió a juicio oral por otros hechos a los exfuncionarios Roberto Baratta y Nelson Javier Lazarte, así como a los empresarios Alberto Dragonetti, Alberto Taselli y Jorge Balán. El fiscal Stornelli consideró “parcialmente completa la instrucción del presente sumario respecto de los eventos detallados”, y fue él quien propuso la elevación a juicio oral.

A Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, le imputó ocho casos de supuesta “admisión de dádivas” y nueve de “cohecho pasivo”; a Lazarte, nueve de “cohecho pasivo”; en tanto a Dragonetti, Taselli y Balán entre uno y dos casos de “cohecho activo”.

Sin embargo, el magistrado sobreseyó en esta parte del caso también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, por uno de los supuestos hechos de dádiva que consideró no probados. La enrevesada redacción del fallo impide establecer la falta de concordancia de número entre quien supuestamente recibió los sobornos y quienes presuntamente los pagaron.

En este último fin de semana, se conoció una pericia en otra causa penal que investiga supuestas alteraciones a las escrituras del exchofer Centeno, que confirmó que dos de los cuadernos tienen tachaduras, enmiendas y agregados que no se corresponderían con su letra. Se trata de una denuncia hecha por el empresario Armando Losón, otro imputado en el caso.

El expediente central del caso cuadernos ya fue enviado a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 7.

LC con información de agencias

Fue la megaobra emblema del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; es uno de los proyectos energéticos impulsados tanto por Alberto Fernández como por La Cámpora; y es central en la relación bilateral con China. Sin embargo, la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (también conocidas como Cóndor Cliff y La Barrancosa), en la provincia de Santa Cruz, está empantanada desde hace seis años por una disputa legal y medioambiental que pone en tela de juicio la legalidad de las obras y el futuro de los glaciares y la biodiversidad en la provincia. 

En medio de esa pelea judicial, que tiene sede en los tribunales porteños y en la Corte Suprema, la principal constructora argentina a cargo del proyecto, Electroingeniería, manejada por el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra al menos hasta 2020, demandó al Poder Ejecutivo y al Estado Nacional por el “estado de incertidumbre jurídica” que le provoca el conflicto medioambiental, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

La compañía objetó en su demanda un informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El organismo oficial planteó que al evaluar el impacto ambiental de las represas se omitió información sobre el riesgo sísmico que podría provocar su construcción (debido a la presión que suman los embalses sobre el terreno) y sugirió a la Justicia que ordene un estudio para evaluar la peligrosidad de las obras, de acuerdo con los documentos consultados por este medio.

La obra se adjudicó en 2013. La compañía, que cambió recientemente su nombre a Eling Energía SA, ganó junto con la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) e Hidrocuyo SA. Pero ni las empresas ni las autoridades cumplieron entonces con las exigencias de la ley en materia socioambiental: la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental adecuado y la realización de audiencias públicas para analizar la viabilidad de las obras, según determinó la Corte Suprema en diciembre de 2016. 

Por ese motivo, las ONGs Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre se presentaron ante la Justicia para solicitar que se frenen las obras hasta tanto se cumpla con la ley.

Desde entonces han pasado años de órdenes y contraordenes para que las compañías cumplieran con los requisitos de la ley.

El gobierno de Fernández retomó la negociación con China para reactivar la financiación de la obra con bancos de ese país por más de US$4.714 millones -según la demanda- y espera la llegada de una parte de la primera turbina para noviembre, confirmó una fuente oficial a elDiarioAR. Por esa razón, la demanda contra el Ejecutivo y el Estado Nacional actualmente no tiene color de enemistad política. Más bien, de sintonía. Un supuesto gol en contra para perder un partido implicaría una victoria: frenar los estudios medioambientales, despejar las incertidumbres de los chinos y avanzar con la obra cuanto antes. 

La clave para esa lectura es que, a pesar de que la disputa legal y medioambiental tramita en Buenos Aires, la empresa presentó su demanda ante la Justicia federal de Río Gallegos e inmediatamente logró un fallo favorable en el territorio donde el kirchnerismo pisa fuerte en los tribunales y no suele tener medidas adversas a sus intereses.

Un fallo a favor

Claudio Marcelo Vázquez fue designado juez federal de Río Gallegos el 25 de noviembre, propuesto por el oficialismo y con acuerdo del Senado. Había sido conjuez de la Cámara Federal de Casación nombrado por el entonces gobierno de Fernández de Kirchner. 

El 3 de diciembre último, ocho días después de asumir en el juzgado de Río Gallegos, Vázquez recibió la demanda de Electroingeniería, que consideró que “es el magistrado con base en el lugar -donde se van a construir las represas- quien, indudablemente, está en mejores condiciones de hacer mérito de las exigencias y necesidades de la región” y que la Justicia de Buenos Aires es de “aplicación sólo respecto de controversias que versen sobre la ‘interpretación o aplicación del contrato’”.

El juez Vázquez falló a favor de Electroingeniería el 20 de diciembre último, 17 días después de la presentación de la empresa, según el fallo consultado por elDiarioAR.

La demanda se opone a las medidas sugeridas por el Inpres: la realización del estudio de sismicidad inducida -que busca determinar si las represas provocarían sismos en Santa Cruz-, y la instalación de sismómetros para registrar la sismicidad local por un período de al menos tres a cinco años previos al llenado de los embalses, más una red de estaciones sismológicas rodeando ambas represas y las fallas geológicas cercanas. 

Si las obras provocarán sismos, estos incidirían directamente en el deshielo de los más de mil glaciares de la zona, incluido el Perito Moreno, afirman los estudios de las ONGs.

Electroingeniería planteó que la postergación de la construcción puede “determinar la frustración del financiamiento de las obras y con ello la misma posibilidad de que se las concluya”, según la demanda, que se presentó en Río Gallegos en diciembre de 2021 pero que no había trascendido hasta el momento. Entonces, el ministro de Economía, principal objeto de la demanda, era Martín Guzmán, quien miraba con recelo los acercamientos del Gobierno con China.

El juez Vázquez admitió su competencia para intervenir en la causa, notificó al Estado Nacional, habilitó la feria judicial de enero de 2022 para tramitar los pedidos de la constructora y ordenó realizar la medida de prueba solicitada por la demandante: Electroingeniería había propuesto que una tercera parte calificada examine con la mayor celeridad posible los informes técnicos contradictorios (el de la empresa y los oficiales) y además le sugirió al juez de Santa Cruz a qué institución elegir para esa tarea: al Área Geología de Terremotos y Peligro Sísmico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.

Otros ritmos

Mientras la Justicia de Santa Cruz puso el acelerador, en los tribunales porteños, todo marcha en cámara lenta. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo número 12, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de ese fuero y la Corte Suprema (tribunal al que llegó por recurso extraordinario). 

Las ONGs reiteraron recientemente su pedido para que los jueces porteños frenen las obras “hasta que se publique el nuevo Estudio de Impacto Ambiental, la nueva Evaluación de Impacto Ambiental y se convoque a una nueva audiencia pública para debatir los riesgos socio-ambientales del rediseño y la reubicación las estructuras de hormigón para el desvío del río”, de acuerdo al escrito en el expediente.

“El intento de ‘fórum shopping’ de Electroingeniería da cuenta de dos situaciones. El temor ante una sentencia adversa que declare la nulidad de un estudio de impacto ambiental viciado de ilegalidades; y la grieta que existe no sólo en la represa Néstor Kirchner como consecuencia de la actividad sísmica sino entre la empresa de Ferreyra y el Gobierno Nacional por pagos demorados”, afirmó ante la consulta de elDiarioAR el abogado Cristian Fernández, quien representa a la ONG Banco de Bosques junto a Daniel Sabsay. 

“En este contexto, es crucial que la Corte Suprema y la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resuelvan con celeridad los planteos judiciales de Banco de Bosques tendientes a proteger el ecosistema del río Santa Cruz”, agregó el abogado.

Este medio intentó obtener la versión de Electroingeniería pero en la sede porteña de la empresa declinaron responder.

En la Administración de Fernández, una fuente oficial aseguró a elDiarioAR que el Gobierno considera que la discusión sobre la peligrosidad ambiental de las represas está zanjada, como sostiene Electroingeniería e incluso mencionaron que representantes del consorcio empresario; que se creó un observatorio online de las represas; que se están cumpliendo los requerimientos ambientales; y que autoridades nacionales estuvieron reunidos con dirigentes de comunidades originarias que habitan la zona de las obras. También informaron que se está por firmar una adenda para el financiamiento proveniente de China.

En octubre último, el fiscal porteño Miguel Angel Gilligan planteó que la competencia del caso es de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y que la demanda de Electroingeniería debe tramitar junto a la causa madre para “evitar el escándalo jurídico que representaría el dictado de sentencias contradictorias”, afirmó en su dictamen.

La Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo (donde se litiga contra el Estado Nacional) debe ahora decidir sobre la competencia de la demanda de Electroingeniería.

La demanda

Las obras, licitadas en 2013, tienen un avance de alrededor del 37% en el caso de la represa Jorge Cepernic (La Barrancosa) y del 20% en la presa Néstor Kirchner (Cóndor Cliff). 

En los últimos años, además de la judicialización del impacto medioambiental, el gobierno de Mauricio Macri también había suspendido las obras a principios de 2016 para modificar el proyecto, que se retomó con el apoyo de Cambiemos en 2018.

Ese mismo año, Ferreyra quedó detenido por el caso de los cuadernos, por el supuesto pago de sobornos a los Kirchner y debe afrontar un juicio oral y público por esa causa. En febrero de 2019, también quedó detenido por el mismo caso su principal socio en Electroingeniería, Osvaldo Acosta. Ambos negaron siempre haber pagado sobornos.

Tras sus excarcelaciones, “Ferreyra y Acosta cedieron sus acciones a un familiar y a sus hijos, respectativamente, y a Juan Manuel Pereyra (presidente) y Carlos F. Bergoglio (vicepresidente), quienes lideran actualmente la compañía”, informó una vocera de la empresa. Ferreyra ya no está vinculado a Electroingeniería (Eling Energía SA), aclararon en la firma. De acuerdo con los registros que la plataforma Nosis toma de Anses, el empresario está en relación de dependencia laboral con la compañía al menos hasta agosto de 2022. También publicó que es “asesor académico” de la empresa en su Linkedin.

En 2020, las negociaciones con China se retomaron, ya que el financiamiento original había caído por el vencimiento de los plazos para avanzar con las obras. “El financiamiento del proyecto se realiza a través de un crédito soberano firmado entre un consorcio de bancos formado por el Banco de Desarrollo de China (BDC), Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y Banco de China (BOC), por una parte, y el gobierno argentino”, explicó Electroingeniería en su demanda. 

“El monto total del crédito es de US$4.714 millones”, agregó, y está “en riesgo” debido a que la posibilidad de obtener un fallo contrario en la demanda medioambiental en su contra “ha creado un estado de incertidumbre jurídica que afecta derechos y garantías constitucionales” de la compañía.

La empresa pretendía que la Justicia federal de Santa Cruz resuelva sobre “la falta de certeza sobre las condiciones de la zona del emprendimiento en materia de riesgo sísmico, abone la idoneidad del Estudio de Impacto Ambiental y conjure las amenazas de demorar y/o impedir la ejecución (de la obra) que la incertidumbre está generando”.

Un segundo organismo oficial, la Administración de Parques Nacionales, presentó un informe en el que aseguró que las represas generarán barreras físicas e iluminación nocturna permanente que incidirá directamente en la migración de aves y peces, y que amenaza a especies autóctonas, incluso en peligro de extinción. Electroingeniería no hizo ninguna mención a este estudio en su demanda.

“En 2018 aparecieron indicios imprevistos de inestabilidad de taludes en la margen derecha (de la represa) Néstor Kirchner” -admite la empresa en la demanda- y “a partir de diciembre de 2018 se iniciaron estudios y propuestas de soluciones técnicas para los problemas de los desplazamientos producidos en la ladera”. La misma situación se repitió a principios de 2019, cuando aparecieron indicios de inestabilidades similares en la margen izquierda, por lo que se desarrollaron investigaciones. 

Sin embargo, la empresa sostuvo que “la construcción de (la represa) Néstor Kirchner -observada en el informe de Inpres- no modificará la situación actual de El Calafate porque su embalse está desacoplado del Lago Argentino. Y en la zona próxima a las obras no están dadas las dos condiciones para que el llenado del embalse produzca sismos inducidos”. 

Junto con su demanda, Electroingeniería aportó otro estudio sísmico a la Justicia de Río Gallegos en el que sostiene que “el criterio sobre la base del cual se diseñó el proyecto de las represas y embalses para responder al riesgo sísmico resulta adecuado” y que “las  observaciones del Inpres no proveen un fundamento científico para prohibir, detener o  condicionar la marcha de las obras de construcción”.

A su vez, la compañía afirmó que el informe que presentó “debe ser ratificado o rectificado por un dictamen emitido por un organismo de reconocido prestigio académico. Para ello, propicio que se escoja al Área Geología de Terremotos y Peligro Sísmico” de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, “especializada en mecánica estructural y riesgo sísmico; geología de terremotos y peligro sísmico”, medida a la que el juez de Río Gallegos hizo lugar.

Las obras del río Santa Cruz “se emplazan en una zona tectónicamente estable”, sostiene Electroingeniería. 

Nota: elDiarioAR se había comunicado el miércoles 5 de octubre con Electroingeniería para actualizar la posición de la compañía sobre el caso pero en la sede de Buenos Aires declinaron hacer comentarios y derivaron la consulta con el Gobierno. Tras la publicación el domingo 9 de octubre, voceros de la compañía se comunicaron para aclarar que Ferreyra había cedido sus acciones.

ED

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes una ampliación de procesamientos por nuevos hechos de presunto cohecho contra contra el exfuncionario del ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido, y tres empresarios en un tramo de la causa conocida como “Cuadernos” aún no enviado a juicio oral. La Cámara además pidió “evaluar la posible responsabilidad (en pagos ilegales) de otros coimputados”, en una aparente alusión, entre otros, a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Se trata de una parte del caso que sigue bajo investigación en el juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, quien dictó esos procesamientos en febrero pasado.

La sala I del Tribunal de Apelaciones, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó las ampliaciones de procesamiento a los empresarios Hugo Dragonetti, Alberto Tasselli y Jorge Balán como supuestos autores del delito de “cohecho activo”. Además confirmó la ampliación de procesamiento por nuevos hechos vinculados a supuestos pagos, contra el exfuncionario del ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, ya enviado a juicio en la parte de la causa cuya investigación se dio por concluida.

También se confirmó la ampliación del procesamiento de el exsecretario de Baratta, Nelson Lazarte, como presunto partícipe necesario de cohecho pasivo por 9 hechos que se suman a la acusación en su contra ya enviada a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7.

Lo mismo se resolvió con otro imputado, otro exfuncionario de la exsubsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación de la gestión kirchnerista, Hernán Gómez.

Los camaristas evaluaron que “restaría evaluar la posible responsabilidad en este hecho de los otros coimputados”, en alusión a uno de los supuestos pagos ilegales por parte del empresario Dragonetti, consignado en “copias del cuaderno” del remisero Oscar Centeno en 2010.

Según las anotaciones, el 22 de septiembre de 2010, “el dinero recibido por Baratta y Lazarte fue luego llevado al domicilio de la calle Uruguay 1306 y entregado a Daniel Muñoz”, en alusión a la dirección del departamento propiedad de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El fallecido Muñoz era secretario privado del expresidente Néstor Kirchner. La expresidenta es una de las imputadas enviadas a juicio oral en el principal de la investigación: está sospechada de haber cobrado coimas y montado la estructura para recibir dinero ilegal de los empresarios.

En relación a la prueba, Bruglia y Bertuzzi insistieron en esta nueva resolución en que las evidencias “exceden el marco de los 'cuadernos´ y de su ratificación por Oscar B Centeno (chofer de Roberto Baratta) al prestar declaración como arrepentido” en el caso.

“En este sentido, las medidas probatorias ordenadas en el sumario han permitido constar los domicilios indicados, la titularidad de los vehículos mencionados, verificar las comunicaciones entre los protagonistas y precisar las fechas y otros detalles de los acontecimientos de entrega”, enumeraron.

Además “se cuenta con los aportes de varios imputados -particulares y ex funcionarios- en el marco de los acuerdos de colaboración celebrados bajo la Ley 27.304, que en lo sustancial resultan concordantes con el relato del ex chofer y agregan información sobre la operatoria investigada”, sostuvieron

Con información de Télam

La Corte Suprema rechazó esta semana nueve recursos legales presentados en causas por presunto lavado de activos y supuesta corrupción que habían sido presentados en su mayoría por las defensas de acusados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Carlos Wagner y Aldo Roggio, el exministro Julio De Vido y el sacerdote Julio César Grassi, informaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz ​ tenían pendiente analizar una serie de recursos de queja presentados por abogados defensores en expedientes que datan de 2002 a 2020.

Además, la Corte aún tiene pendiente resolver siete recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Los planteos de la defensa de CFK buscan lograr la nulidad del juicio oral en trámite contra la expresidenta.

Desde mayo de 2019, la vicepresidenta es juzgada por el Tribunal Oral Federal número 2 junto a Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros nueve imputados acusados de integrar una supuesta asociación ilícita para favorecer a la constructora Austral Construcciones, entre otras empresas de Báez, con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Las acusaciones incluyen supuestos sobreprecios e incumplimientos de obra. 

Este es el detalle de los recursos que rechazó la Corte

 LÁZARO BÁEZ 1

En el marco de la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se investiga el lavado de dinero en la financiera SGI (“La Rosadita”), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez. Ello, por haberlo encontrado coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

Llegado en queja ante la CSJN, fue desestimada por unanimidad por incumplir los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la acordada 4/07 del Máximo Tribunal.

 LÁZARO BÁEZ 2

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 no había hecho lugar a las solitudes de excarcelación y de arresto domiciliario de Lázaro Báez, en el marco de una causa en la que se lo acusa de poner en circulación dinero proveniente de hechos ilícitos mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre diciembre de 2015 y julio de 2016, con el objeto de integrar esos fondos al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de casación contra esas resoluciones, y luego su Sala IV declaró inadmisibles los extraordinarios.

La defensa de Báez presentó sendos recursos de queja ante la CSJN que, por unanimidad, los desestimó por inoficiosos (inconducentes o no pertinentes).

 JULIO DE VIDO 1

La Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa conocida como “Sueños compartidos”, había rechazado in limine la recusación del juez Borinsky efectuada por la defensa de Julio de Vido.

La defensa llegó en queja ante la Corte Suprema y el recurso fue rechazado con la firma de todos los ministros por falta de sentencia definitiva (no se ataca una sentencia definitiva o equiparable, que habilite su revisión por la última instancia).

En esta causa se investiga el presunto desvío de más de $206.000.000 de su fin específico (viviendas sociales). Dicho dinero habría sido transferido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, dependiente del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación –a cargo de De Vido-, a las jurisdicciones locales, y luego canalizado a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

 JULIO DE VIDO 2

En el marco de la causa en la que se investiga a Julio De Vido -entre otros- por una maniobra fraudulenta en la importación de gas natural licuado realizada entre 2008 y 2015 por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que generó un perjuicio al Estado de u$s 6.995.926.798, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el planteo de excepción de cosa juzgada.

La defensa de José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi llegó en queja ante la Corte que, por unanimidad, lo desestimó en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 JULIO DE VIDO 3

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había apartado a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante que le fue otorgado en el marco de la causa en la que se investiga a Julio De Vido (entre otros) por haber entregado presuntamente en forma sistemática a empresas de transporte público automotor subsidios superiores a los que correspondían, ocasionado un perjuicio al Estado Nacional estimado en $609.326.186,25 entre julio de 2003 y marzo de 2014.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso contra esa decisión. La UIF presentó un recurso de queja contra lo resuelto, el cual la CSJN, por mayoría, consideró inadmisible en virtud de lo dispuesto en el art. 280 del CPCC.

 MARCELO BALCEDO

Un caso en el que se investiga al Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo (entre otros) por el delito de lavado de activos, llegó en queja ante la Corte por no haberse hecho lugar al pedido de recusación del juez Kreplak.

La Corte, por unanimidad, desestimó el recurso por “falta de sentencia definitiva” (no se ataca una sentencia definitiva o equiparable, que habilite su revisión por la última instancia).

En la misma causa se desestimó, por igual motivo, un recurso de queja similar presentado por la defensa de Myriam Reene Chávez, madre de Balcedo.

 JULIO CÉSAR GRASSI

En el caso en el que se investiga al cura Julio César Grassi por el delito de peculado de caudales públicos por haber, presuntamente, utilizado los fondos de la Fundación Felices los Niños para el alquiler de dos quintas, su defensa había pedido la nulidad de las filmaciones incorporadas como prueba en la investigación y el sobreseimiento de Grassi.

Una resolución judicial rechazó esos pedidos y dispuso la elevación a juicio, contra lo cual se presentó un recurso de queja por extraordinario denegado. La Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó el recurso, y la defensa interpuso un extraordinario, que el máximo tribunal provincial declaró inadmisible.

Contra esta decisión, la defensa de Grassi acudió en queja a la CSJN, desestimada en forma unánime por incumplimiento de los términos establecidos en la acordada 4/07.

 CARLOS BEN – ALDO ROGGIO – CARLOS WAGNER

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento sin prisión preventiva de Carlos Ben, en la causa en la que se investiga el direccionamiento en los procesos licitatorios de dos proyectos de infraestructura que se inscribieron en el marco del denominado “Plan Director de Aguas y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima” (AySA). Estos proyectos habrían comenzado incluso antes de su publicación.

En el caso se investiga también el pago de dádivas por parte de las empresas ganadoras a las autoridades del organismo para asegurarse las adjudicaciones de las obras u otras ventajas, habiéndose abonado en sendos casos una suma considerablemente mayor a la originariamente prevista por las obras que, a su vez, sufrieron demoras en su desarrollo que excedieron holgadamente los plazos previstos.

La defensa de Ben llegó en queja ante la CSJN, que en fallo unánime desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva.

En la misma causa, Aldo Benito Roggio interpuso una queja similar, desestimada en los mismos términos que la anterior (CFP 1614/2016/141/1/RH36 ROGGIO). Y lo mismo con relación a Carlos Enrique Wagner (CFP 1614/2016/140/1/RH37 WAGNER).

 ALEJANDRO COLOMBO

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 había rechazado un planteo de excepción de falta de acción en el marco de la causa en la que se investiga al ex Director de Publicaciones del Senado Alejandro Colombo –entre otros–, por un posible fraude en la Imprenta del Congreso entre 1993 y 1999, que habría generado un perjuicio a la Tesorería del Senado por $2.111.720.

Contra esa resolución, la defensa de Colombo llegó en queja ante la CSJN, que lo desestimó en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 IG

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED