La larga agonía de Garbarino llegó a su final. La Justicia comercial decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía y evitar su liquidación definitiva. La decisión marca el cierre de uno de los casos empresariales más emblemáticos del sector de las ventas minoristas de la Argentinsa en los últimos años y se produce en medio de un deterioro generalizado y acentuado del consumo, la industria y el empleo desde que Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación.

La resolución fue firmada por el juez comercial Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021. La empresa no logró alcanzar las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo y tampoco prosperó la instancia de salvataje que permitía a terceros presentar propuestas para quedarse con la compañía.

El único interesado que se había inscripto en el registro de rescate, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal de reestructuración. Sin inversores y sin acuerdo con los acreedores, el tribunal dispuso la apertura del proceso de quiebra.

A partir de ahora, los bienes de la compañía quedarán bajo control de la sindicatura designada por el tribunal, que deberá identificar y liquidar activos para intentar satisfacer las deudas acumuladas. La Justicia también ordenó mantener la inhibición general de bienes y avanzar en la localización de activos que puedan formar parte del patrimonio de la empresa.

El fallo incluye además la inhabilitación de los directivos para ejercer el comercio durante el plazo que establece la legislación concursal y una prohibición de salida del país para los principales responsables de la compañía hasta que se complete el informe general de la sindicatura.

De gigante del retail a empresa residual

La quiebra pone fin a la historia de una empresa que durante décadas fue uno de los nombres más fuertes del comercio minorista argentino. Fundada en 1951, Garbarino llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos y artículos para el hogar, con más de 300 sucursales en todo el país y una red de negocios asociados que incluía marcas como Compumundo.

En su momento de mayor expansión llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores, lo que la convirtió en una de las compañías más influyentes del sector.

Sin embargo, una combinación de problemas financieros, caída del consumo y transformaciones en el comercio minorista fue deteriorando su estructura.

El proceso se aceleró en los últimos años. La empresa había sido vendida en 2020 al empresario Carlos Rosales, que prometió un plan de rescate para recomponer la situación financiera. Pero ese intento nunca logró revertir el deterioro.

Cuando el expediente llegó a su tramo final en la Justicia, la compañía ya había reducido su operación a una escala casi simbólica: apenas tres locales abiertos en la Ciudad de Buenos Aires y menos de veinte empleados en actividad.

La quiebra llega después de más de cuatro años de proceso judicial y deja una pregunta abierta sobre el destino final de los activos que aún puedan existir —marcas, participaciones societarias o bienes remanentes— en una empresa que durante décadas fue sinónimo de consumo masivo en la Argentina.

Un sector golpeado por la caída del consumo y las importaciones

El cierre definitivo de Garbarino no es un hecho fortuito ni único dentro del sector de electrodomésticos y artículos para el hogar, sino la consecuencia de un contexto y de una política económica.

En los últimos meses, distintas empresas vinculadas al comercio y la producción de estos bienes comenzaron a mostrar señales de crisis. Fabricantes y cadenas comerciales vienen atravesando recortes de personal, cierres de plantas o cambios en su modelo productivo en medio de una fuerte caída del consumo interno y una apertura de importaciones que afecta a la producción local.

En diciembre, la multinacional Whirlpool cerró su planta de lavarropas en Pilar y despidió a sus 220 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída de ventas y a la competencia creciente de productos importados.

La ola de ajustes también alcanzó a la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto, donde se produjeron despidos en los últimos meses, y a la metalúrgica Cramaco, que dejó de fabricar generadores y alternadores después de despedir a la mayor parte de su personal.

Incluso en el comercio minorista aparecieron señales de alerta. La cadena Frávega cerró sucursales en distintas localidades y atraviesa un proceso de reorganización marcado por la caída de las ventas y el aumento del endeudamiento.

El panorama se repite en otros segmentos industriales. La autopartista Corven recortó alrededor de 150 puestos de trabajo, mientras que sindicatos del sector advierten que varias empresas comenzaron a reemplazar procesos de fabricación local por la importación de productos terminados o de piezas semielaboradas.

Empresas en reestructuración y concursos de acreedores

Las dificultades también alcanzaron a otras compañías del mismo universo productivo. La empresa Goldmund, responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos y ordenar su situación financiera.

La firma comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una etapa de reorganización destinada a sostener la continuidad de la operación. El proceso judicial busca renegociar deudas y evitar un escenario de insolvencia que podría comprometer su funcionamiento.

El concurso se produce en un contexto en el que distintas empresas enfrentan dificultades similares, con balances deteriorados por la caída de la demanda y por cambios en la estructura del mercado.

La crisis del sector también se refleja en conflictos laborales abiertos. En distintos puntos del país trabajadores se movilizan para defender puestos de trabajo ante cierres o suspensiones de actividades.

El telón de fondo: caída industrial y destrucción de empleo

La quiebra de Garbarino se inscribe en un escenario económico más amplio marcado por el deterioro de la actividad industrial y el empleo.

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al que tuvo acceso trabajAR, estimó que desde noviembre de 2023 la industria argentina perdió alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a 160 empleos industriales menos por día.

El mismo estudio señaló que la actividad manufacturera cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que la participación de la industria dentro de la economía se redujo del 16,5% del producto en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel se ubica en valores comparables a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, un retroceso histórico que refleja la magnitud del proceso de desindustrialización.

Los investigadores también registraron una caída en el uso de la capacidad instalada de las fábricas y un aumento de las importaciones de bienes industriales que desplazaron producción local.

JJD

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 7 decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, y ordenó la liquidación completa de la empresa. La decisión fue firmada por el juez Fernando D’Alessandro en el fallo fechado el pasado 4 de marzo pero conocido este jueves.

D’Alessandro argumentó su decisión por el hecho de que ya no había alternativa para salvar a la empresa, dado que no logró reunir las mayorías para aprobar un acuerdo de pago; la cadena de electrodomésticos había declarado el concurso preventivo en 2021.

De esta manera, Garbarino pierde el control sobre sus bienes y patrimonio, y el control pasará a estar en manos de la sindicatura designada por la Justicia. El fallo también inhabilitó a Carlos Rosales (presidente), María Marta Facio (vicepresidenta) y Gabriel Rosales (director) para ejercer el comercio y no podrán salir del país hasta octubre de 2026, cuando la sindicatura presente su informe.

Los locales ubicados sobre Avenida Cabildo, la calle Uruguay y en el barrio de Almagro fueron clausurados y se ordenó, además, su inspección.

No solo Garbarino, sino que la decisión de quiebra alcanzará a las firmas Tecnosur y Digital Fueguina, ambas de Tierra del Fuego, ya que son empresas que poseen participaciones societarias.

La situación de las empresas no da respiro y escala el número de firmas que cierran o presentan distintos problemas laborales, luego del cierre dispuesto por la emblemática empresa de neumáticos FATE y la reciente quiebra del gigante de los electrodomésticos.

La Anónima

La cadena de supermercados La Anónima declaró que les está costando “ser rentables o tener buena relatividad”. Así lo expuso el gerente general, Nicolás Braun, quien sostuvo que debido a esos problemas, empresas como Walmart y Carrefour “se fueron o se están yendo”.

“Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad es muy difícil. Cuando lo comprarás, en términos relativos, con cómo le va a los supermercados en Uruguay, Chile, Brasil y el mundo a nosotros nos va muy mal”, indicó Braun.

Cervecería Quilmes

La mítica compañía de bebidas tuvo que despedir parte de sus 260 empleados totales que poseía en la planta ubicada en Zárate. Ahora operarán con 80 trabajadores, un recorte del 43% del personal total. Había sido inaugurada hace seis años, en 2020, con una inversión por más de $5.000 millones. 

Entre las principales causas, desde la firma sostiene que la caída en el consumo y la apertura de importaciones golpearon en su situación financiera, que venía siendo arrastrada desde el 2025.

Alimentos Refrigerados

La Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), compañía que producía yogures y postres de SanCor, y tuvo que despedir alrededor de 400 trabajadores entre las dos plantas de Buenos Aires (Lincoln) y Córdoba (Monte Cristo), con 180 y 200 empleados respectivamente.

El cierre se dio luego del fallido concurso preventivo iniciado a principios del 2024. ARSA acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, sumado al atraso en el pago de salarios. 

En la firma atribuyen la quiebra al contexto económico nacional, donde detallan las tasas de inflación, caída en el consumo y el encarecimiento de la leche cruda.

Lácteos Verónica

Trabajadores de la empresa láctea junto a sus familiares y vecinos realizaron la semana última una movilización hacia la sede de la compañía ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe. 

La situación de crisis en la empresa de lácteos alcanza a sus tres plantas de producción ubicadas en Suardi y Clason, junto a la de Lehmann misma.

En ese sentido, Clason lleva meses parada, mientras que Lehmann y Suardi dejaron de operar “hace unas dos semanas, cuando se terminó el fasón”.

La empresa acumula meses de deuda salarial, sumado a un parate en la línea de producción debido a la falta de insumos y materia prima. Estos componentes ponen en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo. 

“Estamos sin cobrar los sueldos de diciembre, al igual que el aguinaldo”, señalaron desde la planta de Clason. 

También entra en juego la posible venta de la compañía, lo que se considera como “la única salvación para sostener la fuente de trabajo”. Si bien la empresa no formalizó su cierre definitivo, puertas adentro las plantas quedaron vacías, sin actividad y hasta el transporte que llevaba al personal de la láctea dejó de funcionar.

Granja Tres Arroyos

La empresa avícola atraviesa un conflicto laboral, dado que adeuda pago de salarios, aguinaldos, horas extras y vacaciones.

Eso derivó en que los trabajadores accionen con medidas de fuerza y tensiones operativas significativas, según consignó el CEPA a través de un informe.

Casa Montes

La bodega ubicada en la provincia de San Juan se encuentra hundida en una crisis financiera por más de $450 millones.

Casa Montes es la responsable de marcas como Ampakama, Fuego Negro, Alzamora, Baltazar.

Grupo Dass

La empresa textil desvinculó, a principios del 2026, a más de 40 trabajadores. Con sede en la ciudad misionera de Eldorado, la firma se vio obligada a hacer un recorte en su plantilla dado un menor nivel de actividad productiva y caída de la demanda. 

Actualmente, la planta tiene personal limitado y su producción solo estaría garantizada hasta junio del 2026.

Emilio Alal

La compañía textil cerró de forma definitiva sus plantas ubicadas en Corrientes (Goya) y Chaco (Villa Ángela). 

La medida afectó a más de 260 trabajadores, dejándolos sin empleo y a su vez, afectando a numerosos empleos indirectos vinculados a proveedores y servicios locales.

Acindar

La productora de acero lleva registrados varios períodos de paradas temporales en su producción. En 2024, aplicaron 3 suspensiones: 1.700 en febrero, 3.000 en marzo y 460 en junio. 

En 2025, ese número tuvo mayor frecuencia: 980 suspensiones en febrero, 130 en junio, 600 en julio, 600 en septiembre, 200 en octubre y casi la totalidad de sus trabajadores en diciembre. 

Además, se efectuaron despidos en marzo de 2024 (al menos 115), febrero (65 despidos luego de una asamblea) y junio de 2025 (130 trabajadores tercerizados). 

ADS

Aires del Sur (ADS), la fabricante de aires acondicionados de Tierra del Fuego para la marca Fedders, se declaró en quiebra y los trabajadores, que no cobran desde diciembre, tomaron la fábrica.

Los 140 operarios actúan amparados por la UOM. En tanto, los 16 supervisores -en idéntica situación salarial- desempeñan sus funciones desde la regional local de ASIMRA ante el silencio de la conducción nacional encabezada por Luis García Ortíz.

San Roque

El frigorífico, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, cerró en forma definitivo su planta de producción lo que provocó el despido de 140 trabajadores. 

La medida se concretó el último viernes 27 de febrero. La empresa fundamentó la decisión en el impacto de los cambios en las condiciones económicas del país, la baja del consumo interno y la apertura de las importaciones de carne.

Beer Market

La distribuidora de bebidas y alimentos cerró definitivamente sus negocios y despidió a más de 90 empleados, a los que busca abonarles compensaciones en lugar de indemnizaciones.

La firma promocionaba su actividad detallando que “cuenta con 20 sucursales distribuidas en todo AMBA y un equipo de más de 90 colaboradores que trabajamos con pasión y estamos comprometidos en dar nuestro valor agregado, siendo los agentes de cambio y protagonistas esenciales de nuestro éxito”.

Fate

Uno de los casos más recientes fue el de la histórica fabricante de neumáticos, que anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Tras haber dictado la conciliación obligatoria, todavía no se logró llegar a un acuerdo entre el gremio (SUTNA) y la empresa. El plazo final es hasta el 11 de marzo, por lo que “aún quedan audiencias pendientes”, informó el Ministerio de Capital Humano.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Un grupo de extrabajadores de la empresa Garbarino y otras firmas realizaban este lunes una protesta con un corte total de tránsito en el Puente Pueyrredón, en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, lo que provocaba complicaciones en la hora pico del tránsito de vehículos.

La protesta, que empezó con un corte en la subida de la avenida Mitre, contaba con la presencia de varias filas de efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que impedían a los manifestantes pasar al territorio porteño.

Según explicó a la prensa uno de los voceros de la medida, la interrupción del tránsito en el Puente Pueyrredón, que era total pasadas las 10, se realizaba en reclamo de “trabajo genuino” y por el pago de la deuda que la empresa Garbarino mantiene con sus exempleados.

La manifestación era acompañada por distintas organizaciones gremiales trotskistas como la Corriente Sindical 18 de Diciembre, el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa) y el Polo Obrero (PO), entre otras.

3.800 despidos y se acelera la quiebra

El conflicto de Garbarino comenzó en abril del 2021, con los primeros atrasos en el pago de los sueldos. Después, la empresa en manos del empresario Carlos Rosales cerró sucursales hasta finalizar con casi todas las operaciones, por lo que hay más de 3.800 empleados que fueron o se consideraron despedidos y en los últimos meses, el juez Fernando D'Alessandro, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial 7, espera que el dueño de la firma presente un plan de pagos a proveedores y empleados viable. Mientras, desde la sindicatura general están terminando de elaborar un nuevo informe financiero sobre la compañía, con resultados negativos que acelerarían el cierre total de la operatoria. Cuando llegue a manos del juzgado ese escrito, e magistrado tendrá 60 días para decretar la quiebra y empezar a liquidar los activos de Garbarino con el fin de pagarle a los acreedores, con prioridad a los trabajadores y despedidos a quienes a los que se les adeudan sueldos e indemnizaciones.

De acuerdo a lo que informa iProfesional, la convocatoria de acreedores vigente sobre los activos del empresario comprende tanto a la cadena de electrodomésticos Garbarino como a Compumundo y Garbarino Viajes.

Con información de agencias.

IG

Fabián de la Fuente, vecino de Burzaco de 60 años, estuvo en la Armada y, como tal, combatió en la Guerra de Malvinas. Ahora da otra pelea. La de llevar el pan todos los días a la mesa de su familia. Es uno de los 1.800 trabajadores que el 11 de noviembre del año pasado recibieron el telegrama de despido de Garbarino, la empresa de Carlos Rosales, socio del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en un proyecto inmobiliario en Bariloche. De la Fuente es uno de los tantos que esperan el resultado de la reunión a la que los convocó el Ministerio de Trabajo el próximo viernes para buscar su reinserción laboral en otras compañías. Es uno de los tantos que esperan que Rosales, dueño también de Radio Continental -que le alquila la FM a Urbana Play, de Martín Kwelller- y la aseguradora Prof, comparezca el 13 de diciembre ante el juez del concurso preventivo de Garbarino, Fernando D'Alessandro, para explicar cómo pagará las indemnizaciones. El magistrado lo había citado para el 11 de noviembre, pero después postergó la audiencia, para decepción de los despedidos, que marcharon al Obelisco aquel día.

¿Cómo fue su trayectoria profesional?

Soy vendedor de electrodomésticos desde los 28 años. Soy técnico oceanógrafo y buzo profesional, pero cuando volvió a la democracia yo me fui de la Armada y me puse a trabajar de vendedor y me fue bárbaro. Trabajé en varias empresas, como Sony, y en los últimos 12 años trabajé en Garbarino. Era una persona de clase media acomodada, con casa propia, camioneta, porque como vendedor era una crack, disculpen la modestia. Pero esta gente hizo un vaciamiento de la empresa.

¿Rosales o los hermanos Daniel y Omar Garbarino, que se la vendieron en 2020?

En los últimos dos años de los hermanos Garbarino, en 2018 y 2019, la empresa empezó a decaer. Y con Rosales se hizo pomada. Era una empresa que si la querés romper, no podés. Se vendía una cosa impresionante. Este hombre Rosales aparentemente es testaferro de alguien. Tiene excelente relación con (Armando) Cavalieri (jefe del Sindicato de Comercio), que es el que nos iba a defender. Tiene mucha relación con el poder. No es un tipo del rubro. Parece imposible que hayan destruido Garbarino, pero pensá que ni Covelia, esa empresa ligada a (Hugo) Moyano, la quiso comprar. Sólo la agarró Rosales. Imaginate la papa caliente que era. Cuando empezó la pandemia, cerraron locales, pero Rosales con el marketplace levantó la facturación y puso plata de su bolsillo. Pero después nunca más pagó a nadie, ni a los empleados ni a los proveedores.

¿Cuándo dejó de cobrar el sueldo?

Yo dejé de cobrar el sueldo en marzo de 2021, pero me seguían emitiendo el recibo de sueldo, lo que es súperilegal. El 11 de noviembre de 2021 hubo despidos masivos. Sólo se quedaron con 200 o 300 empleados que no trabajan, les emiten recibo pero no les pagan, son los que se habían adherido a retiros voluntarios.

El Gobierno les había prometido reinserción laboral...

Eso fue toda una mentira. Todos nos movilizamos a Plaza de Mayo, nos atendió Alberto Fernández, nos dijo que nos quedáramos tranquilos, pero literal que al otro dia nos echaron a todos. Garbarino tenía hasta dos fábricas de electrónica en Tierra del Fuego. Cuando llegó, Rosales había prometido abrir sucursales en países vecinos y Miami, Pensamos: “La tiene clara”. Pero es terrible estafador.

¿Y usted qué está haciendo?

Hoy con 60 años no me toma nadie, por más que tengo dos idiomas. La estoy pasando pésimo. No tengo obra social, no me puedo jubilar. Al menos tengo mi casa. Como sé hago algo de herrera, algo de pintura, hice instalaciones de cine digital, pero no tengo trabajo cada día.  Hubo días que tuve que vender cartones y metales. Vivo con mi esposa y mis cinco hijas, de 24 a 30 años, que trabajan y me ayudan con la luz, el gas, los impuestos. Tengo una familia grande y hoy pagar los alimentos es lo peor que hay. Podés dejar de tomar vino, pero tenés que dar comida todos los días.

Pasó de combatir en Malvinas y ser un vendedor exitoso a cartonear...

Es una situación tristísima, como la de tantos miles. No se ve la luz al final del túnel, estamos todos haciendo demandas judiciales.Es un transitar de expectativas falsas. En otro lugar, este tipo estaría preso. Es una telaraña de relaciones con Berni, (Marcelo) Tinelli (ex presidente de San Lorenzo, donde Rosales fue tesorero), Cavalieri, que si empezás a tirar el hilito no sé a dónde llegás. Cavalieri nunca nos defendió.

Ahora Jorge Lanata reveló que Berni construyó varias viviendas en terrenos de Rosales en Bariloche...

Se siente una impotencia muy grande por la impunidad. Nadie hace justicia, pero a la larga todas las fichas caen. ¿Te das cuenta del país en el que estamos? Trato de mantener mi equilibrio emocional porque la vida continúa. Ya no me da para irme del país, tengo 60, no me da para arrancar de nuevo. Pero la Argentina dejó de ser un país de oportunidades, es un país muy ingrato. ¿Qué me voy a sorprender? Siento impotencia, pero no puedo salir a romper vidrios, pero arriba hay un dios que lo ve todo, esta gente no termina bien, es lo que nos toca. Estoy como los que van a los comedores, a los saltos, un compañero me consiguió bolsones de comida del municipio. Tengo la camioneta tirada porque no tengo para la nafta. Hace 10 años, le preguntaba a mi mujer: “¿Querés ir de vacaciones al Caribe, Brasil o Mar de las Pampas?”. A mí me arruinó este Rosales. Yo estaba en Cabildo y Juramento, la sucursal que más facturaba. Yo ganaba como 400.000 pesos de ahora...

AR

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED

Con más de cuatro horas de protesta y corte de tránsito al pie del Puente Pueyrredón en Avellaneda, el conflicto en la empresa Garbarino se encuentra estancado entre el dueño de la firma comercial, Carlos Rosales, los trabajadores y el Gobierno nacional.

Pasadas las 13.30, trabajadores de Garbarino -en representación de unos 4.000 empleados- mantenían la protesta con una ruidosa batucada en la subida de Avenida Mitre y la bajada de la avenida Belgrano del Puente Pueyrredón, que conecta el sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.

“De acá no nos vamos hasta lograr una reunión conciliadora en serio”, fue la respuesta tajando a Télam, por parte del vocero de los trabajadores, Luis Rodríguez.

En ese sentido, el dirigente de los trabajadores de comercio, explicó: “queremos que se abra una mesa de diálogo, pero hasta esta hora no tenemos repuestas de nadie. Reiteramos que nosotros no queremos perjudicar a los trabajadores que tienen trabajo, queremos que la empresa siga su curso con su negocio, pero que nos paguen y se termina el conflicto”.

“Nos siguen debiendo nueve meses de salarios, aguinaldos e indemnizaciones”, enumeró.

Finalmente, Rodríguez remarcó: “Seguiremos acá en el corte, nosotros no nos vamos hasta que no tengamos algún tipo de respuestas del Gobierno y que podamos comenzar una negociación y nos paguen lo que nos deben”.

Acompañados por partidos políticos de izquierda, esta mañana desde las 9, los trabajadores despedidos de la empresa Garbarino iniciaron la protesta con un corte de tránsito parcial en uno de los accesos al Puente Pueyrredón, en reclamo del pago de salarios e indemnizaciones adeudadas, entre otras demandas.

Los manifestantes se convocaron en la subida de la avenida Mitre y la bajada para la avenida Belgrano del puente que une el sur del conurbano con CABA, por lo que el tránsito en la zona registraba algunas demoras para los conductores.

“Estamos una vez más en la protesta en reclamo por los sueldos e indemnizaciones adeudadas por parte del dueño de la firma Garbarino, Carlos Rosales”, dijo a Télam Rodríguez.

En ese sentido, explicó que manifestaciones similares “se están replicando en diversas provincias. En Garbarino somos más de 4.000 empleados y empleadas en todo el país. Desde abril del 2021 no percibimos sueldos, no tenemos cobertura de obra social ni ART”.

“El sindicato de Comercio dirigido por Armando Cavalieri y el Gobierno nos han abandonado”, reiteró Rodríguez.

Desde temprano, efectivos de la Prefectura Naval y de la Policía bonaerense instalaron un vallado para impedir que los manifestantes crucen a la ciudad de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón.

Con información de agencias.

IG

Un grupo de trabajadores de la empresa Garbarino, protestan este lunes en el acceso al Puente Pueyrredón, en reclamo por sueldos adeudados e indemnizaciones, informaron voceros gremiales.

Frente a la protesta, -ubicada en la avenida Mitre en la localidad de Avellaneda- efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina (PNA) montaron un grueso cordón para evitar que los manifestantes suban al Puente Pueyrredón.

La manifestación -que contaba con el apoyo de agrupaciones políticas de izquierda- generaba un gran caos vehicular en la zona, lo que provocaba que los conductores busquen otros accesos a la Capital Federal desde el sur del conurbano bonaerense.

“Esta protesta la hacemos porque hace nueve meses que no cobramos nuestro sueldos, acá somos cuatro mil trabajadores y no ternemos qué llevar a nuestra familias para subsistir”, dijo a Télam Domingo Fernández, vocero de los trabajadores desocupados de Garbarino.

Fernández dijo, además, que “hace nueve meses que no cobramos un peso” y que, por ese motivo, resolvieron movilizarse “para pedir una mesa de diálogo con el Ministerio de Trabajo o quien nos pueda atender del Gobierno”.

“Esta jornada de protesta es para encontrar una solución a nuestro drama, solo buscar una solución al problema que vivimos los trabajadores” de Garbarino, indicó.

Además, a través de un comunicado de prensa, los despedidos de esa empresa de electrodomésticos, explicaron: “Luego de que en el año 2020 la empresa Garbarino fuera comprada por Carlos Rosales, comenzó a sufrir un fuerte vaciamiento. Esto afectó a más de cuatro mil personas que trabajaban en todo el país”.

“Durante meses -añadieron- el empresario ligado al poder no pagó los sueldos. Desde el Gobierno lejos de dar soluciones, dio un Rrepro de 22.000 pesos que ahora sacó, dejando a miles de familias sin ingreso alguno. Sumado a esto, mientras rige todavía la prohibición de despidos la empresa comunicó la desvinculación de casi la totalidad de las y los trabajadores”.

Finalmente, los trabajadores de Garbarino explicaron que “ante el abandono del Sindicato de Comercio y del Gobierno, estamos hoy en esta acción de protesta para visibilizar nuestro conflicto y que logremos una solución a nuestra desesperada situación”.

Con información de agencias.

IG

La directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, dictó la conciliación obligatoria a partir de este viernes y por un período hábil de 15 días en el conflicto que por despidos mantienen la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que lidera Armando Cavalieri, y la firma Garbarino.

La funcionaria laboral impuso la Ley 14.786 a la Faecys y sus gremios adheridos y a esa sociedad anónima durante 15 días hábiles a partir de este 12 de noviembre, e intimó a la entidad sindical a dejar sin efecto las medidas de acción directa aplicadas o a implementar. La cadena de electrodomésticos envió en las últimas horas 1.800 telegramas de despido a sus empleados en el marco de un plan de cierre definitivo de sus 105 locales de todo el país, según publica Infobae.

Marcello también intimó a los directivos de Garbarino a retrotraer la situación de conflicto existente a partir de “los despidos denunciados” por el sindicato, y le ordenó otorgar tareas “normales y habituales” a la totalidad del personal de la compañía.

También la funcionaria intimó a la patronal a abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo con el personal mercantil “en relación con el diferendo planteado”.

Marcello ordenó a los empresarios que extremen todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los trabajadores y que garanticen el desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas de salubridad, por lo que la firma deberá cumplir “las normativas, protocolos y/o cualquier otro instrumento” oficial.

La funcionaria exhortó a sindicalistas y empresarios a mantener “la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias a fin de contribuir de esa manera a la paz social y al mejoramiento del contexto de las relaciones laborales”, según señaló el acta de esa cartera de Estado.

Marcello convocó a la Faecys y a Garbarino a una nueva audiencia de conciliación en procura de superar el conflicto para las 17 del próximo miércoles 17.

Con información de Télam.

IG

Los hermanos Omar y Daniel Garbarino, investigados en la Justicia por presunto lavado de dinero, recurrieron a sociedades y fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar millones de dólares en bienes y dinero, según surge de Pandora Papers. El histórico CEO de la compañía, Carlos Eduardo García, quien dejó el cargo en septiembre, también recurrió a la misma estrategia para ocultar durante años parte de su patrimonio. Incluso, los tres fueron identificados con nombres en clave por los ejecutivos de los estudios que realizaron los trámites, de acuerdo a los documentos y correos electrónicos que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que integra elDiarioAR junto con La Nación e Infobae*. 

Garbarino SA pasó de ser la principal cadena de venta de electrodomésticos del país a venderse por el simbólico valor de un peso, en junio de 2020, cuando la familia que dio nombre a la empresa vendió sus acciones a Carlos Rosales, un exfuncionario del gobierno de Daniel Scioli y protesorero del club San Lorenzo. La compañía afronta dificultades económicas y financieras, está al borde de un concurso de acreedores y con una conciliación obligatoria para detener los numerosos despidos de sus trabajadores.

Los hermanos Omar Carlos (69) y Daniel Carlos Garbarino (65) han sabido custodiar al máximo su bajo perfil. A pesar del éxito de su compañía previo a la debacle, una empresa que creció especialmente durante el kirchnerismo, gracias a las facilidades de crédito y el incentivo al consumo, sus rostros son desconocidos para el público. 

Al menos entre 2011 y 2014, ambos empresarios montaron sociedades y fideicomisos en Islas Vírgenes Británicas y Bahamas para resguardar parte de su patrimonio. A través de su abogado, los Garbarino rechazaron responder las preguntas del equipo argentino de ICIJ y dijeron que “todo se ajusta a sus declaraciones a los organismos fiscales”. Ante el pedido para acceder a sus declaraciones juradas, respondieron con una negativa.

Su otrora CEO, Carlos García, también afirmó que todo está en regla con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tras regularizar su situación, blanqueando los activos que permanecían ocultos, en uno de los últimos procedimientos de exteriorización de depósitos que se habilitó en Argentina. No dio mayores precisiones y tampoco dio acceso a sus declaraciones juradas.

Diez días antes de ordenar la formación de estas estructuras en paraísos fiscales, en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer un listado de 1.200 empresas investigadas por la supuesta utilización de facturas apócrifas para evadir impuestos. Garbarino SA integraba la nómina. No hay registros de que haya avanzado una causa por este caso en contra de la compañía.

En 2016, Panama Papers sacó a la luz otra estructura offshore de los hermanos Garbarino: habían utilizado a dos compañías suizas de papel, Helvetic Services Group y Swisser AG, y una offshore panameña para traspasar todas las acciones de la compañía, como informó La Nación. La revelación terminó en una inspección de la AFIP y una denuncia penal del organismo por presunto lavado de activos contra los responsables de la compañía, que aún permanece abierta en el juzgado federal de Julián Ercolini, como informó elDiarioAR en julio último. 

El primer entramado offshore de Garbarino permitió sacar de la empresa unos US$30 millones con destino desconocido, según la denuncia de la AFIP. En el expediente, ni los Garbarino ni ningún representante de la empresa han sido imputados ni citados. El fiscal Carlos Rívolo rechazó la denuncia del organismo, pero la AFIP continúo como querellante. 

Pandora Papers revela ahora otra estructura offshore de los empresarios que lideraron el mercado de electrodomésticos durante años. 

Clientes apurados

El 30 de octubre de 2014, una ejecutiva del proveedor Integritas, una compañía de Trident Trust Group que presta servicios a clientes para operar offshore, envió un correo electrónico a una colega desde la sede de Miami: “¿Podrías enviarme una lista de nuestras compañías de papel (shelf companies) en Islas Vírgenes Británicas?”. 

Al día siguiente, tras recibir la lista de su colega de Trident, otro gran proveedor de servicios offshore, la ejecutiva respondió: “¿Podemos reservar el uso de Tokitada Worldwide Limited y Seawater International Limited? La semana que viene enviaremos los documentos relacionados con los accionistas y directores”.

Seawater International Limited y Tokitada Worldwide Limited estaban radicadas en Islas Vírgenes Británicas. Los ejecutivos las vincularon a otras dos compañías offshore –esta vez de Bahamas-, como directores: Stagrintie Limited y Rintiegast Limited.

Según surge de los correos electrónicos que integran Pandora Papers, él o los clientes estaban apurados. Los empleados de Integritas pidieron acelerar el intercambio de documentación para terminarlo rápido. “Es extremadamente urgente”, le comunicó uno de ellos a sus colegas unos días más tarde, el 10 de noviembre de 2014.

Ese mismo 10 de noviembre de 2014, dos fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas se hicieron cada uno con el 100% de las acciones de esas compañías offshore. El fideicomiso “802153 Trust” absorbió la sociedad Seawater International Limited. Su mellizo, el fideicomiso “802154 Trust”, se hizo con Tokitada Worldwide Limited. 

Al día siguiente, el 11 de noviembre de 2014, Omar y Daniel Garbarino firmaron sus respectivos contratos con los fideicomisos y se convirtieron en sus controlantes, beneficiarios principales y protectores. A través de esos fideicomisos, controlan a Tokidata y Seawater, las dueñas de sus activos.

Daniel Garbarino se quedó con Seawater International Limited: es su beneficiario final, según consta en un formulario del proveedor offshore Trident Trust. En junio de 2017, la offshore tenía una cuenta en el Banco Santander Miami con US$8 millones, según declaró en un formulario del proveedor.

Herederos

Si bien los fideicomisos son controlados por ambos empresarios, tanto Omar como Daniel establecieron cómo se distribuirán sus bienes después de su muerte. En distintos documentos, dejaron instrucciones a los proveedores offshore. Los activos de Omar, controlados a través de esta estructura, se distribuirían entre sus cuatro hijas (23% cada una) y el 8% restante, entre otras dos mujeres.

Daniel Garbarino estableció que luego de su muerte, los beneficiarios del fideicomiso serían su esposa y los tres hijos del empresario.

Las sociedades offshore Tokitada Worldwide Limited y Seawater International Limited cumplieron su ciclo y fueron disueltas el 22 de diciembre de 2017. Pero los documentos no explican por qué se tomó esa decisión.

Sin embargo, los hermanos Garbarino continuaron siendo clientes de Trident e Integritas, al menos hasta principios de 2019, según un formulario que completaron con sus datos personales y copia de sus pasaportes argentinos. El documento de enero de ese año conecta a los hermanos con otras dos sociedades con reminiscencias futboleras: Platte River Management y Platte River Management II. Ambas son sociedades radicadas en Bahamas, igual que sus predecesoras.

“Escorpio, Airies y Fonfria”

De los documentos también surge que tanto Daniel como Omar Garbarino ya habrían tenido este tipo de estructuras offshore antes de 2014, no sólo en Islas Vírgenes sino también en Bahamas. La misma operatoria fue realizada por su CEO y hombre de mayor confianza en la estructura de Garbarino, Carlos García. Los tres acudieron a los mismos proveedores, mismas estructuras y mismas jurisdicciones. 

Daniel Garbarino es el principal beneficiario de un segundo fideicomiso, The Edenberg Trust, radicado en 2011 en Islas Vírgenes Británicas, y sobre el cual el empresario tenía control total, según los documentos que firmó puño y letra y surgen de Pandora Papers. 

El fideicomiso offshore de 2011 se creó para administrar especialmente propiedades inmuebles, según uno de los documentos, pero no detallan de qué bienes se trata y los montos de los activos en cuestión. En caso de muerte del empresario, los beneficiarios serían su esposa y tres hijos, los mismos beneficiarios del fideicomiso de 2014.

Una cadena de e-mails que intercambiaron los ejecutivos de Trident e Integritas sugiere que habría más estructuras offshore. Entre finales de 2012 y mediados de 2013, los tres hombres clave de Garbarino decidieron mudar unos fideicomisos de Bahamas a Islas Vírgenes Británicas, según un intercambio de correos electrónicos. En Integritas, los tres argentinos eran identificados con apodos: “Escorpio, Airies y Fonfria”, según surge de los e-mails, aunque no especifican en los mensajes quién recibía cada sobrenombre. 

“Esto deberá enviarse por correo electrónico a Gabriel Patrich, quien verá a los clientes (Escorpio, Airies y Fonfria) la próxima semana en Buenos Aires”, escribió uno ellos. Patrich es el ejecutivo del banco Santander en Miami que hizo de intermediario con Integritas y que certificó las identidades de los Garbarino y a Carlos García.

“Continúe con el proceso para convertir las escrituras de los fideicomisos de Bahamas a fideicomisos de BVI (British Virgin Islands) para Scorpio, Airies y Fronfria”, ordenó otro ejecutivo.

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió el proveedor a ICIJ.

El exCEO

Carlos Eduardo García, histórico CEO de Garbarino durante las últimas dos décadas, dejó la compañía en septiembre último. En 2012, formó un fideicomiso en Bahamas para atesorar activos por más de US$6 millones con el objetivo expreso, escrito de puño y letra por quien completó el formulario, de “evitar la sucesión de bienes en su país natal y para proteger sus activos de potenciales acreedores”, según consta en un documento del proveedor Trident Trust Company. 

Los fondos provenían de la entidad PHC Fonfria Guarantee Limited, por lo que se infiere que su apodo dentro de Integritas era Fonfria, aunque su fideicomiso se denominó “301-638 Trust (Escorpio Management SA)”. “No tuve ni tengo relación alguna con Escorpio Management SA”, respondió García ante la consulta. 

El intermediario entre García y Trident es la misma compañía que utilizan los hermanos Garbarino: Integritas Trust Company Limited, oficina de Bahamas, y el mismo ejecutivo del banco Santander de Miami, quien acreditó la identidad del ex CEO. Los activos resguardados en el fideicomiso offshore incluyen dinero en efectivo, acciones o bonos y “otros activos” no identificados en el formulario.

En diciembre de 2012, el ejecutivo del banco Santander de Miami firmó una carta dirigida al proveedor Trident Trust en la que dejaba constancia certificada de la identidad de García y su rol en Garbarino, además de su dirección en Buenos Aires, la que, según el ejecutivo bancario, visitó personalmente.

El 27 de enero de 2014, una ejecutiva de Trident informó en un correo electrónico que el cliente no deseaba continuar con el fideicomiso. En 2013, habían informado la intención de trasladarlo a Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con los intercambios de correos electrónicos entre los integrantes de Trident.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

La fabricante norteamericana de alimentos Mondelez no renovó el contrato de 300 trabajadores temporarios que había incorporado para hacer suplencias durante la pandemia ante las licencias que se tomaron empleados mayores de 60 años o con enfermedades de riesgo. La decisión provocó este lunes una protesta con corte en la autopista Panamericana. Al mismo tiempo, la cadena de venta de electrodomésticos Garbarino enviaba el telegrama de despido a 150 integrantes de su personal.

“Durante la pandemia, con el objetivo de cumplir con su rol de industria esencial y lograr que la producción de alimentos no se vea afectada para abastecer a los consumidores, Mondelez contrató de forma temporal a personas para cubrir los puestos de aquellos trabajadores que se encontraban licenciados por tener distintas condiciones consideradas de riesgo ante la coyuntura de Covid-19”, indicó la compañía en un comunicado. Mondelez explicó que “la compañía realizó acuerdos con empresas que debido a la pandemia estaban teniendo menor demanda como Gate Gourmet, Alsea y McDonald’s, para contratar temporalmente a 300 empleados de sus compañías”. “Gracias a esas alianzas pudimos sostener la producción, asegurar nuestros productos en el mercado y ofrecerles a esas personas una experiencia profesional en Mondelez”, indicó la empresa, que puntualizó que “los contratos correspondientes se realizaron bajo la normativa legal vigente, con acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y su comisión interna, y finalizan en la fecha prevista, el 2 y el 28 de octubre”. Así subrayó que “en todo momento la empresa ha obrado conforme a lo que establece ley, con absoluta transparencia, y ante la finalización de su contrato, cada uno de los referidos fue notificado y firmó el preaviso correspondiente”. “Con el avance de la vacunación, los más de 300 trabajadores que se encontraban de licencia pudieron retornar a sus tareas habituales en la planta. La planta Pacheco continúa operando con total normalidad en sus tres turnos de trabajo”, concluyó Mondelez, que fabrica las marcas Oreo, Club Social, Cerealitas, Terrabusi, Pepitos, Express, Milka, Cadbury, Shot, Mantecol, Tita, Rhodesia, Beldent, Bubbaloo, Bazooka, Halls, Tang, Clight y Royal.

Distinto es el caso de Garbarino, que atraviesa una seria crisis en los últimos dos años. La familia Garbarino se la vendió en 2020 a Carlos Rosales, dueño de la aseguradora Prof y de Radio Continental, pero su situación empeoró. La empresa confirmó que despidió a 150 trabajadores de los locales Compumundo. Viene cerrando negocios y apostando al comercio electrónico, mientras sus empleados -que eran 3.800 hasta agosto pasado- llevan medio año sin cobrar el sueldo y sostenidos sólo con el plan oficial Repro, que alcanza los $ 22.000 mensuales.

AR

Ofrecen servicios de moto mensajería, remisería o revenden ropa; con ayuda económica de familiares o préstamos bancarios, pero sin cobertura médica, los trabajadores de la cadena de electrodomésticos Garbarino de zona oeste atraviesan el quinto mes sin cobrar su salario. Con las ocho sucursales de esa región con las persianas bajas -dos de forma definitiva-, su único ingreso, denuncian, son los 22 mil pesos correspondientes al Programa de Recuperación Productiva (REPRO II) que le otorga el Estado a las empresas.

Hace exactamente dos meses, este diario publicó el reclamo de los empleados que, concentrados en el barrio porteño de Recoleta, entre pancartas, bombos y cornetas, reclamaban supuestos despidos encubiertos, suspensiones y atrasos en los sueldos. Luego se trasladaron a Casa Rosada con un contundente mensaje para Alberto Fernández. “Estamos pasando por un momento de total abandono y desesperación, ya que se nos adeudan sueldos de abril, mayo, bono de fin de año, aguinaldo y aportes previsionales. Nos quedamos sin atención medica en plena pandemia. Todo lo que se retiene de nuestros sueldos no es derivado correctamente a donde debería, como, por ejemplo, las cuotas de alimentos, que no le son depositadas a los hijos de los trabajadores”, decí el petitorio.

Hoy, aseguran, la situación laboral y salarial es “insostenible” y se vieron obligados a “salir a hacer changas” para solventar sus necesidades básicas. “Ya es el quinto mes adeudado, más aguinaldo, más bono que nunca se pagó. Cada situación es particular. Tanto mi pareja como yo dependemos de Garbarino, porque los dos trabajamos para la empresa y solamente estamos cobrando los 22 mil de REPRO del Estado y no más que eso. Estamos subsistiendo con la ayuda de familiares, préstamos que pudimos sacar en algún banco y endeudándonos con las tarjetas”, cuenta Erika a elDiarioAR Salazar,  trabajadora de Garbarino y delegada del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste (SEOCA).

Entre sus compañeros, escucha diferentes historias de reconversión laboral para cubrir gastos y deudas acumuladas en el último tiempo: “Quienes tienen auto hacen alguna que otra changa como remís y mensajería. Con ayuda de familiares, otros se pusieron un kiosco. La reventa de productos es lo que más se ve, como ropa y calzado. Otros fueron desalojados de sus hogares por falta de pago de alquiler”, cuenta Salazar.

La empresa ya se encontraba en crisis el año pasado, cuando Carlos Rosales la compró a sus dueños originales, Omar y Gabriel Garbarino. Rosales la obtuvo por el simbólico valor de un peso, en junio de 2020, pero con el compromiso de asumir su deuda de $ 12.000 millones.

Tal y como reveló este medio en exclusiva, los Garbarino son investigados por presunto lavado mientras la compañía atraviesa esta grave crisis financiera. La AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa, según los documentos a los que accedió elDiarioAR y desde 2017, la compañía es eje de una causa en Comodoro Py.

La semana pasada, el Gobierno porteño transfirió a la empresa de Rosales una parte de los saldos a favor que la compañía tenía en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el ente recaudador de la ciudad, por un monto estimado en alrededor de $225 millones.

El dinero representa un pago promedio de menos de $60.000 para cada empleado. Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego.

“Solamente le pagaron a las sucursales abiertas: trabajadores que van un par de horas pero ni siquiera a vender. La cantidad de stock es casi nula y las operaciones que se pueden hacer son limitadas ya que, al ser mercadería en consignación, solo se pueden hacer ventas en efectivo”, apunta la delegada Salazar.

Desde la representación legal de SEOCA se comunicaron con el área de Recursos Humanos de la empresa “preguntándole por qué no pagaron a ningún trabajador de zona oeste el 20% de lo adeudado, como sí lo hicieron en otros casos”, dice Salazar “a lo que respondieron que fue porque 'las sucursales estaban tomadas'. Nunca las tomamos, sí hicimos cese de tareas”.

“En zona oeste hay ocho locales. El primero que cerró de manera definitiva fue el de Morón y el segundo fue el de San Justo. Esto ocasionó que se tuvieran que reubicar trabajadores, lo que derivó en problemas e irregularidades salariales: el cobro de sueldo en cuotas, falta de pago de aportes y suspensiones. Comenzamos con las medidas de fuerza y retención de tareas y, como consecuencia, la empresa decidió bajar las persianas. Todas las sucursales de zona oeste están cerradas en las cuales, en promedio, trabajamos 35 personas en cada una”, apunta Salazar.

En un contexto de pandemia, aseguran, se encuentran sin cobertura médica. “Con pacientes oncológicos, compañeras embarazadas, embarazos de riesgo y tratamientos que tuvimos que dejar”, dice Salazar quien, agrega, los trabajadores están tramitando el traspaso a la cobertura de la Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC).

Desde el sindicato y con la ayuda de los mismos empleados, gestionaron bolsones de mercadería, lo que “ayudó a todos a pelear esta situación que es desesperante, no solamente por la necesidad económica, sino también por la incertidumbre que manejan sobre nuestro futuro laboral porque nadie nos aclara qué va pasar. Y la solución no llega”.

AB

El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos como coautor del lavado de casi US$33 millones del empresario Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner, según el fallo al que accedió elDiarioAR. Ramos fue el presidente y accionista de las sociedades suizas Helvetic Service Group y Swisser AG, también denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en otro expediente por sus nexos con los exaccionistas de Garbarino SA y otras nueve empresas argentinas. 

El procesamiento de Ramos en el caso Báez vuelve a poner bajo la lupa el rol de Helvetic y Swisser AG, ambas manejadas entre 2003 y 2013 por Ramos, y la verdadera finalidad de los servicios prestados por estas sociedades a empresas y empresarios argentinos, además de a Báez.

El dueño de Austral Construcciones fue condenado en febrero a 12 años de prisión por lavado agravado de activos, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Oral Federal número 4, pero Casanello aún conserva un capítulo más del caso, enfocado en la pista suiza y el circuito de sociedades offshore y cuentas bancarias en el extranjero que sirvieron al patagónico para concretar la maniobra que le valió la condena.

El magistrado también embargó a Ramos por la suma $36.587 millones y ordenó trabar embargos sobre los bienes de Helvetic (por más de $33.567 millones) y de la sociedad uruguaya Wodson International SA (por más de $9.609 millones), también manejada entonces por Ramos y utilizada en el esquema de lavado de dinero orquestado por Báez y sus colaboradores, según el juez.

Ramos es abogado, recibido en la Universidad de Córdoba y especializado en derecho societario. Tiene 58 años y pasaporte italiano. Está radicado hace años en Lugano, Suiza, desde donde prestó servicios a sus clientes argentinos durante una década. Fue citado a indagatoria en abril de 2016 por el caso Báez pero el juez y el fiscal Guillermo Marijuan recién pudieron indagarlo este año, semanas antes de la feria judicial de invierno, ya que las autoridades suizas se negaron a extraditarlo durante los últimos cinco años. 

Ramos llegó a tener pedido de captura internacional por esta causa. En las últimas semanas, Suiza accedió a que sea indagado por la Justicia argentina por videoconferencia y desde el país helvético, donde se encuentra el acusado y atravesando un delicado estado de salud.

Casanello estableció que “el aporte efectuado por Ramos consistió en figurar -a través de las sociedades vehículos que detentaba- como dueño aparente de los negocios e inversiones desplegadas por el Grupo Báez” y que fue “una mera pantalla destinada a ocultar al verdadero dueño del dinero”. 

Conexiones en Comodoro Py

Ramos y sus sociedades suizas conectan los movimientos millonarios de Báez, Garbarino SA y otras nueve compañías argentinas, según la denuncia de la AFIP que reveló elDiarioAR en julio y que data de finales de 2017. 

En el caso de Garbarino, las sociedades Helvetic y Swisser AG fueron denunciadas por la AFIP por haberse llevado unos US$30 millones de la empresa argentina en 2013; y por haber movido acciones por otros US$13 millones de la cadena de electrodomésticos y otras nueve compañías (sólo por parte de Swisser AG, entre 2004 y 2015) de diversos rubros: construcción en la obra pública, bienes raíces, frigoríficos, agropecuaria, venta de electrodomésticos, fabricación de cuero y calzado. Se trata de Instrumentos Musicales SA (Promúsica), Decavial SA, Copelle SA, Adanti Solazzi y CIA, Frigorífico Gorrina SA, Río Rojo SA, DesDelSur SA, Estancias San Francisco SA, Maquinarias Zurich SA y Garbarino SA.

Ni accionistas ni ejecutivos de Garbarino o las otras nueve empresas han sido imputados ni citados por la denuncia. El fiscal del caso desestimó la denuncia del fisco, único acusador en la causa, que instruye el juez Julián Ercolini.

Una mera pantalla destinada a ocultar al verdadero dueño del dinero.

Sobre Ramos y Helvetic — Fallo judicial.

El fiduciario suizo

Durante su indagatoria, Ramos presentó un escrito y dijo que actuó como fiduciario, es decir, como administrador de dinero ajeno, lo que no implicaría la comisión de ilícitos. Sin embargo, Casanello sostuvo que no hay ningún tipo de documento que avale esa prestación de servicios, la creación de un fideicomiso o la admisión de que manejaban el patrimonio de Báez. Además, destacó que el propio empresario negó su vínculo con Helvetic durante la instrucción de la causa.

El abogado ítalo-argentino también había planteado en un descargo que el dinero que manejó provenía de actividades lícitas e identificables con los Baéz, por lo que no había existido un plan para ocultar la procedencia de los fondos que manejó en Suiza. En su fallo de este jueves, el juez afirmó que el dinero que circuló en las cuentas en el exterior no se encontraba bajo la titularidad de las empresas de la familia Báez, sino a nombre de “sociedades de cartón” panameñas administradas por asesores del empresario y la financiera SGI, información que fue corroborada por Suiza.

¿Qué servicios prestó Ramos a sus clientes argentinos? En el caso Báez, Casanello determinó que la participación de Ramos en el entramado financiero “consistió en ocultar al verdadero dueño del dinero” y “brindarle apariencia de licitud, simulando la inversión de una empresa extranjera”. Para la maniobra, se utilizó a Helvetic, que llegó a adquirir la financiera SGI, conocida como “la Rosadita”, con sede en Puerto Madero, desde la cual operaban los Báez. 

La AFIP sospechaba que esos servicios fueron para más de un empresario local y así lo sostuvo cuando denunció a los exaccionistas de Garbarino en 2017, según la denuncia que consta en la causa de Ercolini.

“Ramos era lo que se conoce como un facilitador profesional: un profesional que presta el servicio de diseñar estrategias, de forma intencionada y activa, para facilitar la comisión de delitos”, concluyó el juez Casanello en el escrito de procesamiento.

La suiza

Helvetic actuaba como una fiduciaria que intervenía en negocios diversos en nombre propio, pero por cuenta y orden de terceros, según el procesamiento de Ramos. “Su servicio principal consistía en operar como cara visible de titularidades societarias y operaciones bancarias realizadas por orden y en beneficio de sus clientes, quienes permanecían ocultos”, sostuvo el fallo.  

“También existen pruebas de que dicha firma habría sido utilizada por otras personas o grupos empresarios ajenos a los aquí investigados”, dijo Casanello, y citó al Grupo Garbarino, entre otros. También remarcó que su juzgado denunció el vínculo de la suiza con la cadena de electrodomésticos ante la Justicia en 2016. La causa fue cerrada. Un año y medio después, la AFIP volvió con nueva información sobre las suizas y sus nexos con Garbarino y otras nueves empresas, lo que originó una segunda causa.

Ramos era lo que se conoce como un facilitador profesional: un profesional que presta el servicio de diseñar estrategias, de forma intencionada y activa, para facilitar la comisión de delitos.

Al procesar a Ramos, Casanello sostuvo que está probado que millones en negro salieron del país “clandestinamente” y terminaron depositados en distintas instituciones bancarias suizas, “en cuentas de titularidad de compañías de acciones al portador radicadas en paraísos fiscales, propiedad de Báez y de sus familiares directos”.

Para la maniobra, se abrieron cuentas bancarias en Panamá y Suiza, en instituciones financieras como Unibank and Trust Inc., Balboa Bank & Trust Corp., FPB Bank Inc., Banco Trasatlántico (todos en Panamá) y PKB y Safra Sarasin (Suiza). 

Una vez repartido el dinero en las cuentas suizas, “se puso en operatividad el plan para reingresar esos fondos a la Argentina de una manera que tuviera apariencia de legalidad. Aquí es donde vuelve a ser funcional Néstor Marcelo Ramos y sus ‘empresas de cartón’”, explicó el magistrado.

También existen pruebas de que dicha firma habría sido utilizada por otras personas o grupos empresarios ajenos a los aquí investigados.

Desde Helvetic, manejó parte de las cuentas bancarias que movieron millones de dólares. Ramos actuó como “administrador”, registró la apertura de cuentas en Suiza, que tenían a los hijos de Báez como beneficiarios finales; y luego se encargó de blanquear esos fondos y reingresarlos en apariencia de legalidad a la Argentina.

Para ellos, desde las cuentas en Suiza, se llevó adelante una operación de compra de bonos soberanos que luego fueron liquidados en el Mercado de Valores de Rosario y su producido terminó depositado en la cuenta corriente de Austral Construcciones SA, en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, dice el fallo. El valor de los títulos una vez operado el vencimiento fue de US$32.800.000 que se depositaron en pesos.

Helvetic necesitó de la intermediación de un agente de bolsa, Financial Net Sociedad de Bolsa SA, que liquidó los bonos adquiridos en el exterior.

En todo este proceso, Ramos participó de esos trámites junto a colaboradores directos de Báez, ordenó transferencias, firmó documentos, autorizó movimientos de dinero y de bonos, y hasta viajó a Argentina para encargarse de las tratativas personalmente, según el fallo. También hizo lo necesario en Suiza: presentó ante las autoridades del banco Safra documentos que intentaban respaldar los movimientos millonarios en dinero que regresaron a Argentina entre diciembre de 2012 y abril de 2013, sostuvo el juez.

ED

La pista suiza de la causa Garbarino no está tan lejos de casa y es en Uruguay donde desde hace 16 años también se guardan secretos de las sociedades suizas denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el presunto lavado de millones de dólares de empresas argentinas, según las consultas realizadas por elDiarioAR y correos electrónicos que surgieron de la filtración de los Panama Papers, que reprodujo en 2016 el semanario Búsqueda en Montevideo y actualmente cobran relevancia para el caso.

La AFIP denunció que en 2013 dos compañías suizas sin actividad económica (Swisser AG y Helvetic Service Group) se llevaron alrededor de US$30 millones de la cadena de venta de electrodomésticos que años más tarde se sumió en una profunda crisis financiera. La empresa argentina pasó de ser la líder del mercado a valer apenas 1 peso en junio de 2020. Los hermanos Daniel y Omar Garbarino la vendieron a Carlos Rosales, exfuncionario de Daniel Scioli, quien en julio último adeudaba tres meses de salarios a los 3.800 trabajadores de Garbarino, según reconoció la empresa ante la consulta.

Además, según los hallazgos del organismo fiscal y presentados ante la Justicia en 2017, Swisser AG movió acciones de diez compañías argentinas (incluida Garbarino) por alrededor de US$13 millones sin que pudiera rastrearse la verdadera identidad de esos accionistas y los beneficiarios finales del dinero que las suizas se llevaron de empresas locales de diversos rubros: desde constructoras de la obra pública hasta frigoríficos de exportación, entre otros, como informó este medio en las últimas semanas. 

Se trata de Instrumentos Musicales SA (Promúsica), Decavial SA, Copelle SA, Adanti Solazzi y CIA, Frigorífico Gorina SA, Río Rojo SA, DesDelSur SA, Estancias San Francisco SA, Maquinarias Zurich SA y Garbarino SA. Ningún accionista o ejecutivo de estas compañías está imputado de ningún ilícito en la causa. Las respuestas de estas compañías a las consultas de elDiarioAR pueden leerse en el artículo del domingo último.

Quienes custodian la información clave sobre cómo y para qué se abrieron en Argentina estas dos firmas suizas, Helvetic Service Group y Swisser AG, son los responsables del estudio Damiani, que encabeza su socio y CEO, Juan Pedro Damiani, expresidente del Club Atlético Peñarol y el preferido de los argentinos que buscan resguardar sus fortunas en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza, como demostraron las filtraciones de documentos de los Panama Papers entre 2016 y 2018.

El estudio Damiani utilizó a Swisser AG para “triangular”, según admite un ejecutivo del bufete en un correo electrónico que se filtró gracias a la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. elDiarioAR contactó durante días a través de llamada, mensajes y correos electrónicos a Damiani y Juan Fernández Methol (actual CFO y socio del estudio) para conocer su versión, pero en la sede del estudio de Montevideo respondieron que los miembros del bufete “no hacen declaraciones a los medios”.

Ya sabemos que podemos triangular a través de Swisser AG, lo cual es muy bueno. Pero necesitaré estar prevenido.

Ramses Owens — Ejecutivo de Mossack Fonseca en un correo de 2005.

Los correos electrónicos que revelaron los Panama Papers estaban conectados a “clientes argentinos” pero poco identificados en las misivas virtuales. Actualmente, con la información de la denuncia de AFIP, los e-mails podrían sumar una nueva pieza al rompecabezas de la pista suiza: ¿quiénes estaban detrás de las acciones y millones que movió Swisser AG durante una década? ¿se cometieron delitos de evasión, fuga de divisas, lavado de dinero? ¿dónde terminaron esos millones de dólares y quiénes más participaron del entramado?

Background

La causa por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos contra Garbarino tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini desde 2017 pero no había trascendido hasta la publicación de elDiarioAR en julio. El expediente no tiene fiscal y estuvo al borde del cierre más de una vez en los últimos años pero permaneció abierto por impulso del fisco y Elisa Carrió, y en mayo último, por un fallo de la Cámara Federal porteña. Ningún accionista o ejecutivo de Garbarino está imputado o fue citado. Tampoco del resto de las nueves empresas señaladas en la denuncia. 

En el expediente por lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, exsocio de los Kirchner, la pista suiza conduce a la misma organización, ya que el patagónico utilizó Helvetic para la maniobra de lavado, según determinó la sentencia del juicio. A pesar de que Báez fue condenado en febrero a 12 años de prisión junto a sus hijos y colaboradores por lavado agravado, la causa sigue abierta en el juzgado de instrucción de Sebastián Casanello para intentar avanzar sobre “los suizos”. 

Antes de la feria judicial de invierno, el magistrado logró indagar por primera vez al abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos como presunto partícipe de la maniobra de blanqueo de casi US$33 millones de Báez entre 2010 y 2013. Ramos fue accionista y presidente de Helvetic y Swisser AG entre 2003 y 2013, según la denuncia de la AFIP. Ante Casanello, negó los cargos en una videoconferencia desde una fiscalía en Suiza, donde las autoridades se han negado a extraditarlo por su frágil estado de salud, según confirmó una fuente directa del expediente.

Triangulando

Swisser AG comenzó a operar en Argentina en 2004, de acuerdo con la denuncia de AFIP, adquiriendo las acciones de diez empresas argentinas, entre ellas, Garbarino SA. Los correos que reprodujo el semanario Búsqueda permiten establecer que la relación entre Damiani y la firma suiza existe desde al menos 2005. Ese mismo año, Swisser AG adquirió en febrero el 5% de las acciones de Garbarino SA y al año siguiente Helvetic pasó a controlar la compañía argentina. 

El estudio de Damiani tenía una relación directa con Ramos y lo ayudó a entrar en el circuito panameño: lo introdujo ante sus colegas de Mossack Fonseca en Panamá en agosto de 2005 para que el bufete centroamericano pudiera utilizar a Swisser AG como su “fiduciaria suiza” y “triangular” dinero y movimientos de sus clientes argentinos, según los correos electrónicos a los que accedió Búsqueda en abril de 2016.

Con respecto a los datos del doctor Marcelo Ramos le informamos que es nuestro socio en Europa.

E-mail del estudio Damiani a Mossack Fonseca.

El estudio Damiani le pasó la información de esa sociedad anónima a Ramses Owens, ejecutivo de Mossack Fonseca, según los correos. “Continuando con la conversación telefónica, informamos de los datos de nuestra fiduciaria suiza”, escribió Juan Fernández, socio del estudio Damiani en un e-mail dirigido a Owens, en agosto de 2005.

Owens respondió, con copia a Juan Pedro Damiani: “Ya sabemos que podemos triangular a través de Swisser AG, lo cual es muy bueno. Pero necesitaré estar prevenido, y contar con algún documento que sirva de base para argumentar que la transacción era necesaria. ¿Será factible?”.

Owens reenvió esos correos dirigidos al estudio Damiani en otro e-mail dirigido a un cliente de Mossack Fonseca para quien el abogado panameño estaba buscando los servicios de una “fiduciaria”, según consta en el artículo de Búsqueda. “Como ves, tenemos una compañía fiduciaria en Suiza que podría colaborarnos con esto. Básicamente sería que ellos nos darían un tipo de factura, nos compensarían el cheque y nos devolverían el dinero. Se trata de suizos, gente clase A número 1”, contó el abogado panameño a su cliente.

A partir del 2005, el estudio Damiani armó varias empresas en las que el presidente y accionista de Swisser AG y Helvetic, el abogado Ramos, figuró como director o beneficiario final, según reveló Búsqueda. 

En 2007, por ejemplo, gestionó ante Mossack Fonseca para que Ramos fuera el director y beneficiario de Mayer Trading Group, una sociedad con domicilio en Londres que realizaría “comercio de productos cárnicos” provenientes de Argentina. En uno de correos analizados por el semanario uruguayo el estudio Damiani informa que la compañía tenía “un estimado anual de ventas de U$S20 millones”.

Barnes & Miles es otra sociedad armada por Damiani para Ramos en 2007. Durante el proceso de apertura de la firma, Mossack Fonseca le solicitó al estudio uruguayo que brindara información sobre el verdadero beneficiario final de la compañía, ya que Ramos era sólo la cara visible de la fiduciaria suiza y los panameños sabían que se trataba de un administrador de dinero ajeno. 

“Debido a las políticas modernas de ‘conozca a su cliente’, las compañías fiduciarias deben solicitar ciertos requisitos de debida diligencia de los beneficiarios finales de aquellas sociedades que sean atendidas por nuestro estudio”, escribieron desde Mossack Fonseca a Damiani. El socio del estudio uruguayo, Fernández, respondió: “Con respecto a los datos del doctor Marcelo Ramos le informamos que es nuestro socio en Europa, quien nos asiste en consultoría y temas legales, residiendo en la ciudad de Lugano, Suiza. Solicitamos de esta forma obviar los demás trámites”. 

Ante la insistencia del estudio de Panamá, los uruguayos debieron ceder y aportaron los datos que le requerían sobre Ramos, como información bancaria y copia de documentación personal, publicó Búsqueda en 2016.

Un favorito

Juan Pedro Damiani es la cabeza de un poderoso estudio jurídico y contable de Uruguay al que recurren argentinos con el objetivo de resguardar sus secretos financieros en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza para ocultar sus patrimonios e inversiones, según los documentos y correos electrónicos que revelaron los medios argentinos y Búsqueda que participaron de Panama Papers, tanto en 2016 como en la segunda entrega de la filtración en 2018.

Yo puedo dar totalmente fe y claridad e información de los clientes del estudio que contrataron con Helvetic, que los tengo claramente determinados y que no tienen absolutamente nada que ver con esta falacia.

Juan Pedro Damiani — Sobre la causa Báez.

Durante años, Damiani fue el principal nexo entre argentinos y el estudio Mossack Fonseca, también dedicado a crear sociedades offshore desde Panamá. Los hermanos Daniel y Omar Garbarino fueron clientes de ese mismo bufete panameño, que participó de los trámites para que Swisser AG y Helvetic se llevaran unos US$30 millones de la compañía en 2013, según la AFIP.

El contador uruguayo, quien fue miembro del Comité de Ética de la FIFA, presidente del Club Atlético Peñarol y cónsul de Marruecos en su país, también ayudó a decenas de sus clientes argentinos a ingresar al blanqueo de capitales del gobierno de Mauricio Macri, según revelaron La Nación, Perfil e Infobae en 2018. Colaboró en la elaboración de documentación y antedató declaraciones ante la AFIP para que sus clientes argentinos pudieran entrar al sinceramiento fiscal con los “papeles en orden”.

El contador Damiani también fue indagado en 2018 por el juez Casanello por el presunto vínculo del estudio uruguayo con la suiza Helvetic pero tiene una falta de mérito y su situación procesal deberá ser definida, al igual que la de Ramos. Damiani siempre negó cualquier conexión con Báez. En 2016, dijo en el programa “En la mira” de VTV: “Yo puedo dar totalmente fe y claridad e información de los clientes del estudio que contrataron con Helvetic, que los tengo claramente determinados y que no tienen absolutamente nada que ver con esta falacia”, como llamó a la presunta conexión con el empresario patagónico.

Se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones.

Denuncia de la AFIP de 2017

En la causa Báez, el juzgado recibió información desde Europa que confirmó que la filial uruguaya de Helvetic tenía una cuenta bancaria en el LGT Bank en el Principado de Liechtenstein y que el beneficiario de la cuenta, al menos entre 2010 y 2013, fue Damiani. Sin embargo, esa cuenta no fue la utilizada en el circuito de lavado de Báez, según la información que recabó el juzgado hasta el momento, dijo a este medio una fuente directa de la investigación.  

Las suizas

Swisser AG y Helvetic son sociedades hermanas. Ambas se registraron en Ginebra, entre 2003 y 2004, pero también tienen otros domicilios en Suiza. Comparten varias cosas: su presidente y accionistas hasta 2013, el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, entre otros apoderados y representantes. Además de haber sido controladas por las mismas personas, las firmas suizas comparten IP, auditora y dirección postal en Suiza.

La AFIP determinó en una investigación de 2017 que se trataba de dos sociedades “vehículo” y que “se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones”. 

El fisco solicitó a la Justicia federal dilucidar “los alcances operativos de esta estructura offshore” conformada por las firmas Swisser AG y Helvetic, y “determinar los verdaderos beneficiarios de estas operaciones de enorme trascendencia económica”, tanto por el caso de Garbarino como de otras nueves compañías argentinas de distintos rubros que también cedieron en las mismas fechas acciones a Swisser AG.

La segunda

Esta trama fue denunciada en dos oportunidades, según pudo reconstruir elDiarioAR en base a las consultas de expedientes. La primera vez fue tras los Panama Papers, en 2016, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó que se investigara el vínculo entre Garbarino y Helvetic, que había surgido de los documentos de Panama Papers. Esa denuncia fue desestimada por el fiscal Eduardo Taiano, según confirmaron los abogados de los exaccionistas de Garbarino por “inexistencia de delito”.

La segunda denuncia contra la principal cadena de venta de electrodomésticos del país fue presentada por la AFIP a finales de 2017, tras una “inspección preventiva” a la empresa y otras compañías del rubro. Fue desestimada por el fiscal Carlos Rívolo, quien entendió que no se trataría de hechos que puedan investigarse en su fuero. El fisco solicitó entonces ser querellante y mantuvo abierto el expediente. Elisa Carrió se presentó en 2018 como amicus curiae (amiga del tribunal) con el mismo fin: evitar el cierre de la causa.

La Cámara Federal porteño ordenó en mayo último que el expediente continúe abierto, según el fallo al que accedió este medio.

ED

El largo camino para desentrañar la pista suiza, que conecta los movimientos millonarios de Lázaro Báez, Garbarino SA y otras nueve compañías argentinas, suma un nuevo capítulo, que se definirá en los próximos días: el juez federal Sebastián Casanello debe decidir si procesa por lavado de dinero al abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, principal responsable de las sociedades Helvetic Service Group y Swisser AG, que operaron durante una década en Argentina moviendo millones de dólares de empresas y empresarios locales.

Ramos y la pista suiza conectan dos causas judiciales que tramitan en Comodoro Py 2002: una vieja conocida, el expediente que nació en 2013 contra el empresario patagónico y exsocio de la familia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de Casanello; y otra causa iniciada en 2017 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra los exaccionistas de Garbarino, en el juzgado federal de Julián Ercolini.

Entre 2003 y 2013, Ramos, cordobés de 58 años, pero radicado en Lugano, Suiza, fue presidente y accionista de Helvetic Service Group y Swisser AG, dos firmas hermanas, que compartían dirección postal, IP y auditor, y fueron creadas en Suiza para brindar servicios a empresarios y empresas argentinas. Ambas empresas están sospechadas de haber actuado como “vehículos” para el presunto lavado de dinero, según la sentencia contra Báez y una denuncia de la AFIP que reveló elDiarioAR en julio.

Ramos y sus sociedades suizas conectan los movimientos millonarios de Báez, Garbarino SA y otras nueve compañías argentinas, según la denuncia del fisco. Por el caso del empresario patagónico, Ramos está acusado de haber colaborado en el blanqueo de casi US$33 millones provenientes de la supuesta corrupción en la obra pública a través de Helvetic. En el caso de Garbarino, las sociedades Helvetic y Swisser AG fueron denunciadas por la AFIP por haberse llevado unos US$30 millones de la empresa argentina en 2013; y por haber movido acciones por otros US$13 millones de la cadena de electrodomésticos y otras nueve compañías (sólo por parte de Swisser AG, entre 2004 y 2015), como informó este medio el domingo último. Ni accionistas ni ejecutivos de Garbarino o las otras nueve empresas han sido imputados ni citados por la denuncia. El fiscal del caso desestimó la denuncia del fisco, único acusador en la causa.

Desde Suiza

Sentar a Ramos ante un juez federal demandó cinco años de tratativas con las autoridades de Suiza, pero fue posible hace semanas, antes de la feria judicial de invierno, y de manera virtual. Casanello buscaba indagar a Ramos de manera presencial desde 2016 en la causa contra Báez, condenado en febrero último a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, una maniobra realizada a través de Helvetic, según la sentencia.

En los últimos años, el magistrado llegó a ordenar la captura internacional de Ramos y solicitó su extradición a la Argentina, pero la posibilidad de indagarlo en persona seguía sin prosperar, en especial, por el delicado estado de salud de Ramos, quien atraviesa una enfermedad terminal, según consta en la causa. 

Ante la imposibilidad de traerlo al país, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan gestionaron una indagatoria por videoconferencia, confirmó una fuente directa del expediente. La citación tuvo lugar en una sala de audiencias de una fiscalía suiza, con presencia de autoridades judiciales de ese país, traductores, el juez, el fiscal y dos abogados de Ramos (su defensor particular en Suiza y la defensor oficial en Buenos Aires), según pudo reconstruir este medio.

Ramos respondió preguntas sobre su estado de salud para argumentar porque no se presenta personalmente a declarar en Argentina, presentó un descargo por escrito, como había adelantado este medio, y negó la participación en cualquier hecho ilícito. Declinó, por recomendación de su defensora oficial, contestar las preguntas del juez y el fiscal argentinos sobre el caso Báez, confirmaron fuentes de la declaración.

Su descargo

El abogado ítalo-argentino aportó escasa información sobre la operatoria que protagonizó en el caso Báez. En su descargo escrito dijo que se desempeñaba como “agente fiduciario”, es decir, que administraba bienes y dinero ajeno y prestaba esos servicios a través de Helvetic. 

Sobre Helvetic afirmó: “En efecto, los fondos utilizados para la realización de la operación de inversión fiduciaria en Argentina provenían de cuentas en donde los beneficiarios económicos coincidían con los beneficiarios finales de las transferencias no ocultándose de este modo ni el origen ni el destino de los mismos”. Parte de esas cuentas estaban a nombre de sociedades en paraísos fiscales, según la investigación.  

La maniobra endilgada a Báez y sus cómplices, según la Justicia, consistió de al menos dos etapas centrales: la primera se centró en la fuga del dinero del país -cuyo origen sería la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, según el Tribunal Oral Federal número 4-. Esa fuga se realizó a través de cuentas y sociedades offshore, radicadas en paraísos fiscales, desde finales de 2010, tras la muerte de Néstor Kirchner, según corroboró la sentencia.

Luego, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, se llevó a cabo la segunda etapa de la maniobra. Esas sumas millonarias reingresaron a Argentina blanqueadas, con apariencia de legalidad. El dinero salió de cuentas en Suiza y se utilizó para una serie de transacciones con títulos de deuda pública adquiridos en el extranjero. El dinero terminó depositado en una cuenta de Austral Construcción en el Banco Nación, lista para ser utilizada en el país sin pistas de su origen supuestamente ilegal. Báez ha negado siempre las acusaciones en su contra.

Niego haber formado parte de una estructura ilícita con el fin de poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita.

Néstor Marcelo Ramos — descargo escrito ante la Justicia.

Ese circuito final fue realizado por Helvetic Services Group, según determinó Casanello. Ramos admitió ante el juez y fiscal que Helvetic cobró por estos servicios al menos US$1.380.000 que reconoció haber enviado a una cuenta en el Noor Islamic Bank de Dubai, Emiratos Árabes, en julio de 2015.

“Sobreseído” en Suiza

Ramos también dijo que fue “sobreseído” de supuesto lavado de dinero por el caso Báez en los tribunales suizos y le solicitó al juez Casanello que obtenga copia de ese proceso. Además, afirmó que su relación con el empresario patagónico fue exclusivamente profesional.

Sobre el movimiento de US$1.380.000, el abogado agregó: “AI respecto, debemos poner de resalto que dicho pago fue realizado como consecuencia del sobreseimiento de la compañía y sus clientes en la causa que por  lavado de dinero había sido abierta en Suiza”, dijo Ramos en su escrito.   

Los fondos utilizados para la realización de la operación de inversión fiduciaria en Argentina provenían de cuentas en donde los beneficiarios económicos coincidían con los beneficiarios finales.

Néstor Marcelo Ramos — descargo escrito ante la Justicia.

“Niego haber formado parte de una estructura ilícita con el fin de poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”, afirmó Ramos. Su intervención en el blanqueo “fue realizada en el marco de los servicios fiduciarios” a Báez, “los que se encuentran registrados y reglamentados con sistemas de control, precisamente, para evitar el lavado de dinero”, aseguró. “Por ello, es que puedo afirmar que en ningún momento participé en  actos de transferencia al exterior de dinero de origen dudoso”, concluyó.

Debido a que reside en Suiza, a su delicado estado de salud -acreditado en el expediente por informes médicos- y a que finalmente se puso a disposición ante el juzgado, el abogado Ramos no corre riesgo de terminar en prisión. Sin embargo, el juez debe decidir si lo procesa por su participación en la ya probada maniobra de lavado de Báez. La condena que pesa sobre el empresario patagónico, sus hijos y colaboradores del esquema para fugar dinero negro y reingresarlo al país blanqueado en forma de bonos de la deuda argentina -sentencia que aún no está firme- deja a Ramos casi sin chances de evitar su procesamiento. 

Su caso deberá eventualmente llegar a juicio oral y público en una segunda etapa del expediente por el que ya fueron condenados Báez, sus hijos y otros acusados. La Justicia tiene pendiente, además, realizar el juicio a los miembros de la financiera Provalor, que habría participado de parte de la maniobra, pero cuyos responsables -quienes niegan las acusaciones- lograron frenar el proceso en la Cámara Federal de Casación.  

ED

La causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra los exaccionistas de Garbarino por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos conduce a dos sociedades suizas -Swisser AG y Helvetic Service Group- que operaron en Argentina entre 2004 y 2015, y sobre las que nadie parece saber o querer hablar, según las consultas realizadas en las últimas semanas a empresas y empresarios que conocieron de cerca a estas compañías. 

En febrero, Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner, fue condenado a 12 años de prisión por utilizar una de estas dos sociedades (Helvetic) para el lavado de US$33 millones entre 2010 y 2013. A más de ocho años de que la pista suiza salió a la luz con el caso del empresario patagónico y a cuatro años de la denuncia de AFIP contra Garbarino, la principal cara visible de estas compañías radicadas en Ginebra no ha podido ser indagado por la Justicia.

Mientras que Helvetic se utilizó en parte para mover dinero en el extranjero, su hermana Swisser AG llegó a tener acciones por casi US$13 millones en diez empresas argentinas (incluyendo la cadena líder en electrodomésticos pero también uno de los principales frigoríficos del país; la principal productora de legumbres; y constructoras de la obra pública, entre otras), según la denuncia del fisco a la que accedió elDiarioAR. Ante las consultas de este medio, los representantes de algunas de las empresas observadas por la AFIP en su presentación judicial dijeron que no pueden aportar información sobre las firmas suizas o que no saben quiénes están detrás de las mismas. Otros ni siquiera pudieron ser ubicados o respondieron.

La causa contra Garbarino y las firmas suizas, que radica en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini, nació en octubre de 2017 tras una “inspección preventiva” a la empresa de electrodomésticos y a otras compañías de su rubro. Al cotejar los estados contables de la compañía, el fisco descubrió que entre 2005 y 2013 dos empresas suizas habían sido accionista (Swisser AG) y controladora de Garbarino (Helvetic Service Group), como explicó este medio el domingo último. La conexión con el caso Báez hizo saltar las alarmas y llevó a los investigadores del fisco a profundizar sobre la pista suiza.

Las dos compañías de Ginebra son hermanas. Helvetic Service Group y Swisser AG eran controladas por las mismas personas; comparten IP, auditora y dirección postal en Suiza; y supuestamente fueron utilizadas, entre 2005 y 2013, para ocultar el origen de fondos millonarios y la identidad de los mayores accionistas de Garbarino, antes de que la empresa entrara en su profunda crisis actual.

Las compañías suizas fueron autorizadas a llevarse de Garbarino más de $156 millones en 2013 (unos US$30 millones de ese momento), planteó la denuncia. La cadena pasó de ser la principal en venta de electrodomésticos del país a venderse por el simbólico valor de un peso, en junio de 2020, cuando la familia que dio nombre a la empresa vendió sus acciones a Carlos Rosales, un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli y protesorero del club San Lorenzo. 

La acusación

Swisser AG nació en Suiza en agosto de 2003 y se inscribió para operar en Argentina en octubre de 2004, según la denuncia de la AFIP. El organismo afirmó que la única función de la firma suiza fue adquirir paquetes accionarios de diez empresas argentinas de diversos rubros: construcción en la obra pública, bienes raíces, frigoríficos, agropecuaria, venta de electrodomésticos, fabricación de cuero y calzado. Se trata de Instrumentos Musicales SA (Promúsica), Decavial SA, Copelle SA, Adanti Solazzi y CIA, Frigorífico Gorrina SA, Río Rojo SA, DesDelSur SA, Estancias San Francisco SA, Maquinarias Zurich SA y Garbarino SA.

La denuncia de la AFIP se centra especialmente en Garbarino pero entregó información sobre las otras nueve empresas. elDiarioAR contactó en la última semana a las diez compañías en las que Swisser AG tuvo acciones entre 2004 y 2015.  

El expediente no tiene fiscal. Carlos Rívolo desestimó la denuncia de la AFIP al entender que no correspondía que intervenga el fuero penal federal sino el fuero penal económico. La causa estuvo a punto de cerrarse en 2018, pero dos intervenciones la mantuvieron abierta: la AFIP solicitó ser querellante y pidió medidas de prueba; y Elisa Carrió se presentó en el expediente como amicus curiae (amiga del tribunal) con el mismo objetivo: evitar el archivo.

Dos de los abogados de estas compañías dijeron a elDiarioAR esta semana que creen que la causa terminará cerrándose a favor de sus clientes, ya que entienden que no hay elementos para que prospere. En el estudio jurídico Munrabá-Da Rocha, a cargo de la defensa de los exaccionistas de Garbarino, se limitaron a remarcar que la fiscalía de Carlos Rívolo desestimó la denuncia de AFIP y que en 2016 otro fiscal, Eduardo Taiano, había desestimado otra denuncia contra Garbarino por su conexión con Helvetic, un nexo que salió a la luz ese año gracias a los Panama Papers.

Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de Báez. 

Desde 2016, el juez Sebastián Casanello intenta indagar a Ramos, el expresidente y exaccionista de Helvetic y Swisser AG, quien reside en Suiza. Las autoridades helvéticas han rechazado extraditarlo debido a su delicado estado de salud, confirmó una fuente judicial del caso. La defensora oficial de Ramos declinó hacer comentarios sobre su defendido ante la consulta de elDiarioAR. En la causa contra Báez, el abogado presentó un descargo escrito en el que negó haber participado de hechos ilícitos.

En su sitio web, Swisser AG asegura que su negocio principal “es ser un inversor privado en diferentes sectores y países, considerando las estrategias definidas por su Directorio”, y que asesora a sus inversores en lo impositivo, corporativo y legal. “Nuestra firma está totalmente comprometida con la integridad profesional y las prácticas que promueven la ética empresarial”, dice la compañía suiza.

Carnes

Según la denuncia, Swisser AG sería “una sociedad vehículo” manejada por una “organización delictiva que presta estos servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones” y que de esta manera, las firmas suizas permiten “ocultar su identidad (de los accionistas reales), extremo que se evidenciaría en la inexistente conexión o punto en común entre estas (diez) firmas comerciales” que han cedido sus acciones a Swisser AG.

El activo más valioso de Swisser AG en Argentina fue en una de las empresas líderes del mercado de la carne: Frigorífico Gorina SA. En 2006, Swisser AG adquirió el 45% de las acciones de la compañía, que valían más de $20,8 millones pero se desprendió de las acciones en 2012-2013, según la denuncia de la AFIP, cuando el valor de su tenencia rondaba los US$4,2 millones. Gorina es de los hermanos Roberto y Carlos Riusech, quien además es vicepresidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, entidad empresaria del sector.

Ningún accionista ni ejecutivo de Frigorífico Gorina SA como del resto de las empresas mencionadas en la denuncia han sido imputados o citados en la causa.

El presidente de Frigorífico Gorina respondió ante la consulta de elDiarioAR que tuvieron conocimiento de la denuncia de AFIP cuando el juzgado les requirió hace unos dos años documentación contable que fue incorporada al expediente. “Swisser AG era un accionista independiente sin peso específico o injerencia ni participación en el directorio”, afirmó el ejecutivo. 

“Esa fue la única relación nuestra con esa compañía. En 2013, aproximadamente, dejaron de estar como accionistas, se retiraron. Es gente que decidió participar en la empresa, sin inyección de capitales ni inversión. Eso está acreditado en el expediente”, agregó el presidente de la firma. ¿Quiénes estaban detrás de la empresa suiza? “No teníamos conocimiento de las personas físicas, es una empresa inversionista”, respondió.

Otra compañía del rubro cárnico en la que Swisser AG figuró como accionista es Estancia San Francisco SA, con sede en Paraguay 1535, según la AFIP. La suiza tuvo el 5% entre 2011 y 2012. Nadie respondió las llamadas de este medio en la sede oficial de la empresa.

Obra pública y cuadernos

El segundo mayor activo de Swisser AG en Argentina, hasta donde el fisco logró avanzar, era Decavial SA. En 2004, la suiza se hizo con el 37,60% de las acciones de la constructora de la obra pública. Sus acciones en la empresa valían más de $13 millones. 

Otro 25% de las acciones de Decavial eran de Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012; también dueño de Esuco, otra constructora que licitó obra pública en la provincia de Santa Cruz; y arrepentido en el caso de los cuadernos: admitió haber sido uno de los organizadores del “club de la obra pública” durante los gobiernos kirchneristas. En 2014, Wagner afirmó en una entrevista a Perfil que “Helvetic (la sociedad hermana de Swisser AG) es un fideicomiso que utilizan personas para poner activos y reducir su patrimonio”.

Otro accionista minoritario era entonces Decavial es Miguel Ángel Aznar, quien dirigía la constructora y también declaró como imputado colaborador en el caso de los cuadernos.

En septiembre de 2013, Swisser AG se llevó un cheque de pago diferido por $44 millones (más de US$4,6 millones) a cambio de su porcentaje en la compañía, según consta en los documentos del expediente.

“No conocemos la causa (que originó la AFIP), nunca intervenimos”, se limitaron a responder en Decavial ante la consulta de este medio. No respondieron sobre cómo nació el vínculo con Swisser AG ni por qué la suiza tuvo parte del paquete accionario durante ocho años. Ningún accionista o ejecutivo está imputado o fue citado en la causa.

Swisser AG también figuró como accionista de otra constructora de la obra pública con nexos con Decavial. Entre 2004 y 2013, Adanti Solazzi y CIA cedió el 50% de sus acciones a Swisser AG. El otro 50% era de Aznar, también accionista de Decavial.

Adanti Solazzi se encuentra en concurso de acreedores desde 2019 ante el juzgado comercial número 25, según consta en la base pública del Poder Judicial de la Nación. Su último contrato conocido era por obras de remodelación en la Casa Rosada. elDiarioAR llamó a los estudio de sus dos abogados comerciales para conocer su versión sobre Swisser AG y la causa penal pero no obtuvo respuesta hasta el momento. 

Swisser AG también tuvo el 6,7% de las acciones de Copelle SA (real estate, entre 2004 y 2010), según la denuncia. Tampoco respondieron las llamadas en la sede de Copelle, en el barrio de Barracas, ni la consulta vía correo electrónico. Ningún accionista o ejecutivo de Decavial, Copelle o Adanti Solazzi está imputado o fue citado en la causa.

Swisser AG era un accionista independiente sin peso específico o injerencia ni participación en el directorio.

Presidente de Frigorífico Gorina SA.

Agro y legumbres

DesDelSur SA fue el tercer mayor activo de Swisser AG en Argentina, según la presentación judicial de la AFIP. Es “la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina, con el 6,6% de cuota de mercado a nivel nacional, y uno de los mayores productores de novillos para exportación del noroeste argentino”, informa el Grupo de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su sitio web.

Swisser AG figura con el 20% de las acciones por más de $10,8 millones, entre 2010 y 2013, según la denuncia y los documentos en la causa. El paquete accionario valía alrededor de US$1,6 millón al momento de dejar la compañía. La suiza transfirió sus acciones a una compañía en la isla de Malta, un paraíso fiscal, según las actas presentadas por la empresa a la Justicia.

Jorge Fano, director de DesDelSur SA, respondió a elDiarioAR “que la firma Swisser AG ha sido accionista minoritario de nuestra empresa durante ese período” pero que el “departamento de legales no registra la existencia de alguna causa judicial en la que estemos involucrados respecto del tema”.

Swisser AG también tuvo el 67% de Maquinarias Zurich SA, su cuarto activo más importante en el país, más de $12,6 millones o casi US$1,4 millón, al momento de su salida, en septiembre de 2015. La suiza ingresó como accionista en abril de 2013, dos semanas antes de que el programa Periodismo Para Todos (PPT) emitiera el primer capítulo del caso que destapó la conexión entre Báez, el lavado y Suiza. Dejó de ser accionista de la empresa argentina en 2015.

En su denuncia, la AFIP destacó que Maquinarias Zurich SA era de los hermanos Rubén y Leonardo Llaneza. Ambos eran también socios de Carolina Pochetti (cónyuge de Daniel Muñoz, fallecido secretario privado de Néstor Kirchner) en Llaneza y Asociados, una compañía de venta al por menor de productos farmacéuticos en Río Gallegos, Río Turbio y Río Grande, que además compartía contador (Víctor Alejandro Manzanares) y escribano con empresas de la familia Kirchner, como Hotesur SA, según la AFIP.

Mariano Fragueiro Frías, abogado de los Llaneza en el expediente, confirmó a elDiarioAR que solicitó ante la Cámara Federal porteña que cierre la causa. El defensor sostiene que la única razón por la que la causa está abierta es por pedido de la AFIP pero que el organismo no tendría potestad para actuar como querellante porque no denunció delitos tributarios, sino de lavado. Este medio solicitó consultar a los Llaneza sobre Swisser AG pero su abogado declinó esa posibilidad. En la causa, no han sido citados ni imputados accionistas, representantes o ejecutivos de DesDelSur SA ni Maquinarias Zurich SA.

DesDelSur SA es la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina.

Grupo de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Zapatos y música

Río Rojo SA es una sociedad de Uruguay que es dueña de Grimoldi, la cadena de venta de zapatos y artículos de cuero. Swisser AG aparece como accionista del 100% de la empresa uruguaya a partir de 2009, lo que significó un movimiento de US$600.000, según la AFIP. El fisco no tiene registro de si esa tenencia finalizó o no, dice la denuncia. elDiarioAR se comunicó en varias oportunidades con un miembro de la familia Grimoldi pero hasta el momento no respondió las llamadas y mensajes. Tampoco están imputados por ningún delito en esta causa.

Otro activo de Swisser AG fue la empresa Instrumentos Musicales SA, también conocida como Promúsica. La suiza se hizo con el 31,6% de Promúsica (porcentaje valuado en más de $6 millones) hasta 2012-2013, según la denuncia de la AFIP. Cuando la suiza se desprendió de las acciones en septiembre de 2013 valían poco más de un millón de dólares y fueron transferidas a una sociedad offshore en la isla de Malta, un paraíso fiscal.

elDiarioAR se comunicó en reiteradas oportunidades con Instrumentos Musicales SA pero en el área de contabilidad de la compañía declinaron responder la consulta por el momento o derivar las preguntas a la gerencia o a abogados de la empresa. Al igual que en el caso de Río Rojo, ningún miembro de Promúsica está imputado en el expediente.

La causa

La AFIP había solicitado dilucidar “los alcances operativos de esta estructura offshore” y “determinar los verdaderos beneficiarios de estas operaciones de enorme trascendencia económica”. Swisser AG mantuvo acciones de estas diez empresas por un total de casi $69 millones, que equivalen a casi US$13 millones al precio oficial de la moneda extranjera en el momento de desprenderse de las acciones (2012-2013 y 2015).

A excepción de Maquinarias Zurich SA, de la que dejó de ser accionista en 2015. Swisser se desprendió de todos sus activos luego de que saliera a la luz el caso Báez, según surge de los libros contables que constan en la causa. Sin embargo, ante el fisco, las empresas habrían antedatado la salida de Swisser a 2012, de acuerdo con la denuncia. La AFIP resaltó cinco características del caso de Garbarino pero que supuestamente también se repetirían parcialmente en las otras nueve empresas mencionadas en la denuncia:

ED

La Justicia federal investiga a los ex Garbarino SA por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos sobre la base de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que data de 2017 pero que hasta ahora no había salido a la luz, según los fallos y documentos judiciales a los que accedió elDiarioAR en exclusiva. 

El expediente expone las sospechas sobre dos firmas suizas supuestamente utilizadas, entre 2005 y 2013, para ocultar el origen de fondos millonarios y la identidad de los mayores accionistas de la principal cadena de venta de electrodomésticos del país, antes de que Garbarino entrara en su profunda crisis actual.

La causa radica en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez, exsocio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Garbarino SA pasó de ser la principal cadena de venta de electrodomésticos del país a venderse por el simbólico valor de un peso, en junio de 2020, cuando la familia que dio nombre a la empresa vendió sus acciones a Carlos Rosales, un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli y protesorero del club San Lorenzo. El actual embajador argentino en Brasil es casualmente hijo de quien manejó Casa Scioli, una de las empresas de electrodomésticos líder de las décadas de 1970 y 1980, desplazada del podio años más tarde por Garbarino.

La denuncia nació en 2017, cuando Garbarino SA fue objeto de una “inspección preventiva” en la AFIP, durante la gestión de Cambiemos. En 2013, las operaciones denunciadas más tarde por el fisco habían generado al menos 19 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por unos ocho bancos de capitales extranjeros por “inconsistencias en la composición accionaria” de la empresa, movimientos de dinero y la participación de las firmas suizas, según consta en el expediente.

Sin embargo, esos ROS no llegaron a manos de la Justicia hasta años más tarde. Las compañías suizas fueron autorizadas a llevarse de Garbarino más de $156 millones en 2013 (unos US$30 millones de ese momento), plantea la denuncia. Nadie sabe quién o quiénes están detrás de esas firmas con base en Ginebra.

Durante la semana última, elDiarioAR se comunicó en tres oportunidades con el estudio jurídico que representa a Garbarino en el expediente para conocer su postura sobre la denuncia y la versión de los hermanos. Los empresarios nombraron al estudio Munrabá-Da Rocha, donde tomaron nota de las consultas pero al cierre de esta edición no habían respondido. Este medio también se comunicó con Carlos Eduardo García, presidente de la compañía que respondía a los exaccionistas, para intentar contactarlos de manera directa, pero el ejecutivo derivó la consulta con el estudio jurídico ya que explicó que no mantiene contacto con sus exempleadores. Ninguno de ellos ha sido citado o imputado formalmente en el expediente.

Se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones.

Denuncia de AFIP de 2017.

La situación económica

Antes de que Rosales desembarcara en Garbarino, la cadena era propiedad de los hermanos Daniel y Omar Garbarino, descendientes de los fundadores de la empresa que nació hace 70 años. Ambos empresarios mantuvieron siempre un bajísimo perfil, al punto de que casi no se conocen fotografías suyas en eventos públicos. Cuando Rosales acordó la compra de la compañía, ni siquiera se vieron las caras. “Fue todo a través de apoderados, los Garbarino ya no estaban viviendo en el país”, contó un allegado a la negociación. 

En 2016, la empresa Garbarino declaró ingresos por más de $16.252 millones y activos que superaban los $7.941 millones, según el balance de ese año que consta en la documentación del expediente. Tenía, además, 4.123 empleados y seis unidades de negocios (las tiendas de electrodomésticos; Compumundo; Garbarino Viajes; Fiden, encargada del negocio financiero y de crédito; y dos plantas de ensamblaje en el Sur, Digital Fueguina y Tecnosur SA). En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

Ante la consulta de elDiarioAR, un vocero del nuevo dueño, Rosales, afirmó que en junio de 2020 la situación era muy diferente: Garbarino acumulaba una deuda de $15.000 millones a bancos y proveedores, y un patrimonio neto negativo de unos $8.000 millones. Actualmente, adeuda tres meses de salarios a unos 3.800 trabajadores y sus tiendas no tienen productos para vender.

La denuncia 

En 2016, la investigación Panama Papers reveló que los Garbarino habían utilizado a Helvetic y Swisser como sociedades offshore, pero entonces el caso publicado por La Nación no llegó a la Justicia. La AFIP detectó las supuestas irregularidades casi un año después, en 2017, a partir de una “inspección preventiva” a Garbarino y otras compañías del rubro “venta de electrodomésticos”, según la denuncia, en el marco de la crisis del sector, que comenzó ese año con la caída del consumo. Al cotejar los estados contables de la compañía, el fisco descubrió que entre 2005 y 2013 dos empresas suizas habían sido accionista (Swisser AG) y controladora de Garbarino (Helvetic Service Group). La conexión con el caso Báez hizo saltar las alarmas. 

Helvetic ya era conocida por la AFIP. El juez federal Sebastián Casanello determinó en la causa de “la ruta del dinero K” que la firma fue la pantalla utilizada por Báez y sus hijos para lavar al menos US$33 millones, fugándolos al exterior a través de sociedades offshore y cuentas suizas, y reingresándolos al país blanqueados en forma de bonos de deuda argentina. Las maniobras se llevaron adelante entre fines de 2010 y 2013.

A través de un barrido por las bases internas de la AFIP de la palabra “Swisser”, los invetsigadores descubrieron más información en 2017: la sociedad no sólo había comprado parte de las acciones de Garbarino sino también paquetes accionarios de otras nueve compañías argentinas, a partir de 2004. En su sitio web, Swisser AG asegura que su negocio principal “es ser un inversor privado en diferentes sectores y países, considerando las estrategias definidas por su Directorio”, y que asesora a sus inversores en lo impositivo, corporativo y legal. “Nuestra firma está totalmente comprometida con la integridad profesional y las prácticas que promueven la ética empresarial”, dice la compañía suiza.

Swisser AG desembarcó en Garbarino en febrero de 2005 y fue titular del 5% delas acciones hasta junio de 2013 (el caso Báez se destapó en abril de ese año). Además, desde 2006, Helvetic Service Group controlaba indirectamente a Garbarino a través de una sociedad panameña denominada Financiera del Exterior de Comercio SA, según la denuncia y los libros contables secuestrados en el expediente. La compañía radicada en Panamá fue creada por el estudio Mossack Fonseca -foco de la filtración de documentos de Panama Papers- en 1962 y disuelta el 16 de diciembre de 2015, según las actas del registro mercantil panameño consultadas por elDiarioAR.

Swisser AG y Helvetic Service Group nacieron en Ginebra, Suiza; eran controladas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, quien ofició de presidente y accionista de ambas hasta 2013; y compartían dirección postal, IP y estudio de auditoría. Se inscribieron con unos dos años de diferencia: Swisser AG, en agosto de 2003; y Helvetic, en noviembre de 2005. 

Helvetic nunca se inscribió formalmente en el país: movía dinero a través de cuentas en el extranjero. En cambio, Swisser AG se inscribió en Argentina en octubre de 2004, según detalló la denuncia de AFIP. Su única función fue adquirir paquetes accionarios de diez empresas argentinas de diversos rubros: construcción en la obra pública, bienes raíces, frigoríficos, agropecuaria, venta de electrodomésticos, fabricación de cuero y calzado. 

El negocio principal (de Swisser AG) es ser un inversor privado en diferentes sectores y países, considerando las estrategias definidas por su Directorio.

Swisser AG — sitio oficial web.

Cuando las suizas compraron las acciones, estas empresas argentinas tienen dos puntos en común, según la investigación de AFIP: gozaban de buena salud financiera y tenían nexos con la Aduana, ya que todas tienen una terminar en importaciones o exportaciones y, por ende, mueven dólares en el exterior, explicó una fuente directa de la investigación. En algunos casos, “las tenencias accionarias siempre han sido por un tiempo determinado y en un porcentaje significativo, no superan los dos periodos comerciales”, sostiene la denuncia.

La investigación del organismo planteó la hipótesis de que Swisser AG y Helvetic son cáscaras vacías, sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino u otras empresas; que actuaban de forma coordinada y manejadas por las mismas personas. La denuncia las definió como parte de una “estructura offshore”. “Se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones”, aseguró la AFIP.

¿Quiénes están detrás de Helvetic y Swisser AG? Nadie lo ha podido comprobar aún. La cara visible de ambas es el abogado Néstor Marcelo Ramos, a quien la Justicia argentina no ha podido extraditar de Suiza (el juez Casanello intenta indagarlo desde 2016 por el caso Báez, pero las autoridades helvéticas no aprueban su extradición debido al frágil estado de salud de Ramos). elDiarioAR se comunicó vía mail con la defensora oficial de Ramos en Argentina pero hasta el momento no obtuvo respuesta. En la causa contra Báez, presentó un descargo escrito en el que negó haber participado de hechos ilícitos.

Nuestra firma está totalmente comprometida con la integridad profesional y las prácticas que promueven la ética empresarial.

Swisser AG — Sitio oficial web.

Los accionistas de Garbarino

Hasta octubre de 2001, el paquete accionario de Garbarino estaba en manos de los hermanos Omar y Daniel Garbarino (cada uno tenía el 28%) y de la sociedad panameña Financiera del Exterior de Comercio (44%). El capital social de la empresa era de $11.080.850, según consta en los libros contables obtenidos por el juzgado a través de órdenes de presentación en las empresas.

A partir de octubre de 2001, justo antes del corralito, los hermanos se desprendieron de sus acciones y la sociedad panameña comenzó a controlar a Garbarino, concentrando el 99,99 % del paquete accionario. Según los documentos que reveló Panama Papers en 2016, Omar y Daniel designaron a esa sociedad de Panamá como administradora de sus activos. El cambio fue adjudicado a “circunstancias de la época relacionadas con asuntos de seguridad personal de los accionistas como así también de sus familiares, atento a los momentos convulsionados en la economía y sociedad argentina”, según explicó la compañía en un acta que consta en el expediente. Los hermanos Omar y Daniel quedaron como titulares de sólo el 0,005% de las acciones cada uno.

En agosto de 2005, la sociedad panameña cedió un 5% de su paquete a una nueva socia, Swisser AG, y se quedó con el 94,99% de Garbarino. Los hermanos Omar y Daniel conservaron también sus ínfimos porcentajes. Néstor Marcelo Ramos aparece en los libros contables y asistencia de asamblea como representante de la firma suiza.

Al año siguiente, Helvetic asumió el control de la firma panameña y por ende, se convirtió en la controlante indirecta de Garbarino, según la denuncia.                                                                           

Cuando se destapó el caso conocido como “la ruta del dinero K” y Báez fue vinculado con Helvetic, Garbarino se deshizo de Swisser AG y de Helvetic. El 12 de junio de 2013, la primera devolvió su 5% a la sociedad panameña Financiera del Exterior de Comercio. Seis días más tarde, Omar y Daniel Garbarino dejaron sin efecto el poder que habían otorgado a la panameña y recuperaron la titularidad de las acciones, con el 50% del paquete accionario cada uno, según consta en los documentos que posee el juzgado.

Mientras las suizas formaron parte de Garbarino, el capital social de la empresa se triplicó: llegó a $33.549.354. Antes de que Swisser AG se desprendiera de su 5%, se destinaron $156.229.014 (más de US$30 millones en ese momento) al pago de dividendos a los accionistas. La firma panameña controlada por Helvetic se llevó $148.417.533 y Swisser AG, otros $7.811.461. Los accionistas Omar y Daniel Garbarino obtuvieron apenas $9,3 cada uno, según consta en un acta de la asamblea general extraordinaria. 

No existen datos sobre los verdaderos beneficiarios de estas operaciones ni una justificación que explique por qué Garbarino necesitaba vender un porcentaje de sus acciones y luego recuperarlas años más tarde, afirmó la AFIP ante la Justicia.

De Ginebra a Villa Urquiza

Swisser AG nació en Ginebra, Suiza, el 27 de agosto de 2003, según la denuncia. La sociedad se inscribió en Argentina el 22 de octubre de 2004 y su apoderado en el país es un jubilado de 82 años. 

La firma tiene domicilio legal en una casa de la calle Oberá, en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde también tiene domicilio el jubilado de 82 años. Esa dirección todavía figura como sede de Swisser AG. elDiarioAR se comunicó con el teléfono de ese domicilio: “Hace más de 25 años que la familia (del jubilado apoderado) no vive acá”, respondió uno de los habitantes de la casa, quien confirmó que se trata de una vivienda y no de una compañía.

La casa de Villa Urquiza es uno de los datos que resaltó la denuncia, que intentó demostrar que los Garbarino tendrían vínculos personales con Swisser AG, ya que ese domicilio es contiguo al de un miembro de la familia Garbarino identificado en la denuncia. 

Últimas medidas

La causa tiene una particularidad. El fiscal Carlos Rívolo desestimó dos veces su apertura, ya que entendió que la supuesta maniobra denunciada no implicaba la comisión de delitos de su fuero. Ante la falta de impulso de la fiscalía, la causa estuvo a punto de cerrarse pero en 2018 la AFIP fue aceptada por el juez como querellante y por lo tanto, la supervivencia del expediente depende desde entonces de la AFIP, el único acusador. Otra particularidad: durante el último tramo del gobierno de Macri, Elisa Carrió se presentó como amicus curiae o “amiga del tribunal”, una figura que permite a terceros ajenos a la causa acceder al expediente y monitorear su avance.

Antes de que cambiara el gobierno, en octubre de 2019, la AFIP requirió que se diera intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); a la Unidad de Información Financiera (UIF); y al Banco Central de la República Argentina (BCRA); y sugirió la producción de nuevas pruebas. La UIF aportó un informe de inteligencia, que según entendieron los jueces Irurzun y Farah, sugiere que el caso no debe cerrarse y debe seguir investigándose, según el fallo del 20 de mayo último. 

Tras la salida de Cambiemos, la causa se mantuvo abierta sin muchos avances. En marzo último, uno de los abogados que interviene en el expediente planteó al juez Ercolini que la causa debía cerrarse por falta de acción y porque la AFIP no podría participar como querellante en este caso, ya que no hay denuncia por presunta evasión impositiva, por lo que pidió que se la separe del rol. 

El juez Ercolini intimó entonces a la AFIP, ya a cargo de Mercedes Marcó del Pont, para que ratifique su voluntad de continuar impulsando el proceso “ante su larga inactividad procesal”. El organismo pidió autorización para que sus funcionarios accedan al expediente y solicitó al juez que se la mantuviera en su condición de acusador particular. 

Ercolini falló a favor de la AFIP y su decisión fue confirmada el 20 de mayo último por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal porteña, con disidencia de su colega Roberto Boico. 

ED

Empleados de la cadena de electrodomésticos Garbarino protestaron el pasado viernes frente al edificio que, en Recoleta, alquila la compañía de seguros Prof. Ambas empresas pertenecen a Carlos Rosales, un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli que en 2017 adquirió la aseguradora y en junio de 2020, Garbarino, pero que ahora busca un inversor para esta atribulada firma de comercio minorista.

Garbarino ya se encontraba en crisis el año pasado, cuando Rosales la compró a sus dueños originales, Omar y Gabriel Garbarino, que se marcharon del país. El nuevo propietario la adquirió por un peso pero con el compromiso de asumir su deuda de $ 12.000 millones. También le prometió al jefe del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, que no despediría a ninguno de los 4.500 empleados de entonces.

Entre pancartas, bombos y cornetas, empleados de Garbarino reclamaron el viernes contra supuestos despidos encubiertos, suspensiones y atrasos en los sueldos. Primero lo hicieron en Prof y después se dirigieron a la Casa Rosada para dejarle un mensaje al presidente Alberto Fernández. “Estamos pasando por un momento de total abandono y desesperación, ya que se nos adeudan sueldos de abril, mayo, bono de fin de año, aguinaldo y aportes previsionales. Nos quedamos sin atención medica en plena pandemia. Todo lo que se retiene de nuestros sueldos no es derivado correctamente a donde debería, como, por ejemplo, las cuotas de alimentos, que no le son depositadas a los hijos de los trabajadores”, decía el petitorio.

Un vocero de Garbarino confirmó que “lamentablemente” hay demoras en el pago de sueldos. “La administración de Garbarino es la primera en querer que se resuelva cuanto antes la situación, por eso el foco es el proceso de inversión”, respondió el portavoz, que negó retrasos en los aportes previsionales o a las obras sociales. Rosales negocia el ingreso de un nuevo accionista a la cadena, Fernando Prado, propietario de la operadora de TV por cable del interior Supercanal Arlink. “Se trabaja en encontrar una solución de fondo que permita continuar la idea con la que se llegó el año pasado para levantar la compañía y, lamentablemente, se venía en ese camino pero los cierres de abril complicaron el panorama”, agregó el vocero.

“Las sucursales están siendo cerradas indiscriminadamente y se aplican suspensiones arbitrarias al personal, que son interminables; existe incumplimiento en los protocolos indispensables en los tiempos que corren, hay persecución sindical, y además obligan a los empleados a ir a trabajar a pesar de no tener ni para viajar, y si realizan retención de tareas, bajan las persianas en señal de amenaza”, escribieron los delegados del Sindicato de Comercio Nadia Ponce, Érica Salazar y Claudio Ledesma.

“De los 4.500 empleados que éramos hace un año, más de 1.300 se terminaron yendo con despidos encubiertos, cansados de todo el manoseo recibido por la empresa, y no se les han completado las liquidaciones a esos empleados”, agregaron. Es decir, según sus cifras, ahora quedarían 3.200 trabajadores.

En Garbarino niegan que hubiese habido despidos, pero reconocen que hubo personal que se retiró. “No es cierto que sean 1.300”, añaden. Informan que ahora hay “menos de 4.000” empleados. Atribuyen la reducción de personal al “cierre de locales, lamentablemente, producto de la pandemia, crisis que generó el cierre de más de 90.000 locales en el país, según CAME (Cámara de la Mediana Empresa), y más de 500.000 empleos perdidos en el último año, según Ecolatina (consultora)”. “Sí hubo suspensiones, producto de la pandemia. Hay sucursales que se vieron afectadas por las restricciones. Han cerrado y abierto intermitentemente. Hay complicaciones de flujo de caja, producto de una fuerte caída de ventas desde abril, consecuencia de la segunda ola de cierres. Eso generó atraso en pagos”, explicaron en la empresa de Rosales.

AR