En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. 

Según se indicó, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.

En este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución. 

De acuerdo al Gobierno, “los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”. 

A partir de la disolución de la Secretaría, también “se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional”.

En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). 

En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.

En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. 

En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo “de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET)”.

“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, indicó la Casa Rosada.

La explicación de Sturzenegger

Como es habitual cuando se publica un decreto que lleva su sello, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, publicó este martes en X su mirada sobre la determinación del Goobierno de eliminar la Secretaría de Vivienda y reveló que la medida es parte de lo que, junto al presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, llaman la “Motosierra 2.0”. “La Motosierra 2.0 consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, escribió Sturzenegger.

De acuerdo al funcionario, a través del decreto 70/2025, la cartera que coonduce Caputo “hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat. Para resolver el problema habitacional de nuestro país, que lleva décadas y que los gobiernos anteriores no pudieron resolver, la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales que, además de ser programas que abren la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral. Por eso el gobierno ya había cerrado el Procrear con el Decreto 1018/24, y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social con el Decreto 6/25, y había llevado a su mínima expresión el Fondo de Integración Socio Urbana, todos mecanismos para transferir dinero a organizaciones políticas afines al gobierno anterior”.

Para Sturzenegger, la resolución del “problema de vivienda”, necesita “tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda. Un proceso que ya comenzó a darse en 2024”. Y agrega: “La construcción de viviendas, en todo caso, podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios, aunque, digamos todo, las provincias hace rato también lo abandonaron cuando desviaron los recursos del Fonavi para gastos generales de administración”.

“El cierre de la Secretaría permite importantes ahorros en personal (eran cientos de personas sin tarea real), edificios, equipamiento y servicios. Además, había un ejército oculto de contratados a través de universidades para supuestas auditorías, en algunos casos de obras muy pequeñas”, explicó el Ministro.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional disolvió tres fondos fiduciarios tras denunciar que las en las auditorías se hhalaron irregularidades en el manejo de los fondos y el incumplimiento de objetivos.

Se trata del “Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” (PRODAF), el “Fondo Fiduciario Del Servicio Universal” (FFSU) y el “Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social”.

Lo hizo a través del decreto 6/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión se fundamenta en la necesidad de reestructurar la administración pública y optimizar la gestión de los recursos del Estado.

Entre los considerandos se indica que la Sindicatura General de La Nación (SIGEN) realizó las auditorías correspondientes y detectó irregularidades en su funcionamiento.

“Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión de sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente”, señaló el Gobierno en un parte de prensa.

El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”.

“Este instrumento fue utilizado con finalidades políticas y clientelisticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”, indicó el parte oficial.

En esta línea, “las auditorias efectuadas por la SIGEN pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros”.

En tanto, el FFSU había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC (servicios de tecnologías de la información y la comunicación), con servicios pagados por los usuarios.

“Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN”, añadieron

El Ministerio de Economía subrayó que “entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera”.

“Estos motivos evidenciaron que el FFSU no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia”, agregó.

En tanto, el PRODAF había sido creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito.

“En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución”, precisó Economía.

Qué era el PRODAF

Era el programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar que tenía como objetivo “aumentar los ingresos de los pequeños y medianos productores, a través del incremento de su productividad y competitividad. Para este fin, el Programa apoyó la incorporación de nuevas tecnologías y ofreció asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, en acceso al financiamiento y en gestión asociativa y comercial”.

Para ello, se planteaba como estrategias:

Qué dijo Sturzenegger

Sobre el Decreto que elimina “Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el ”Fondo Fiduciario del Servicio Universal“, y el ”Fondo Fiduciario para la Vivienda Social“, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de sus redes sociales que se trata de un ”avance hacia un gasto público más eficiente y más transparente“.

“Del primero (Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar - PRODAF), no se reportan beneficios evidentes. El segundo (Fondo Fiduciario del Servicio Universal) por los extraordinarios cambios en cobertura que requieren un rediseño integral de los programas para dar servicio universal (por ejemplo el despliegue de la tecnología satélite a teléfono haría obsoleto el objeto porque la cobertura territorial sería absoluta), y el tercero (Fondo Fiduciario para la Vivienda Social) porque el gobierno se retira de la actividad de construcción de viviendas, una actividad más apropiada al sector privado (máxima en una economía con una macro ordenada), además de por problemas de rendición (un eufemismo para la palabra corrupción)”, detalló el funcionario.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno implementó una nueva normativa sobre hipotecas mediante el Decreto 1017/2024, publicada en el Boletín Oficial. De acuerdo a sus fundamentos y al mismo tiempo que en otro DNU disuelve el plan Pro.Cre.AR, esta medida “busca revitalizar el mercado inmobiliario, facilitando el acceso al crédito hipotecario y ofreciendo opciones innovadoras para quienes aspiran a adquirir una vivienda propia”. 

¿Qué cambia con el nuevo DNU de hipotecas?

La medida establece nuevos tipos de hipotecas y facilita el acceso a créditos para quienes desean invertir en viviendas. Entre los principales cambios, se destacan:

1. Hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios: Una de las innovaciones más destacadas del DNU 1017/2024 es la introducción de hipotecas divisibles, que permite a cada comprador asumir su propia deuda individualmente cuando adquiere una unidad de un desarrollo inmobiliario. Esta modalidad aplica a proyectos sujetos a propiedad horizontal o subdivisiones, permitiendo que la deuda se divida de acuerdo con cada unidad o lote adquirido.

2. Hipotecas sobre el derecho real de superficie: Esta nueva normativa también habilita el uso del derecho real de superficie como garantía hipotecaria. Esto significa que quienes posean un derecho a construir sobre un terreno ajeno podrán utilizar ese derecho como garantía, facilitando el financiamiento para proyectos habitacionales y de construcción.

3. Registro de boletos de compraventa: Otro punto clave del decreto es la posibilidad de registrar boletos de compraventa de unidades futuras, como aquellos que aún no están construidos. Esta medida aporta seguridad jurídica a las preventas de unidades inmobiliarias, ya que el registro brindará publicidad y respaldo legal a estos contratos, protegiendo los derechos de los compradores.

4. Seguro facultativo para proyectos en construcción: A diferencia de la normativa anterior, el DNU 1017/2024 hace optativo el seguro para contratos de prehorizontalidad. Con esta disposición, quienes adquieran unidades en construcción pueden optar por contratar el seguro o no, lo que permite mayor flexibilidad y autonomía a las partes en cada contrato.

Objetivos y beneficios de la nueva normativa de hipotecas

La normativa tiene el objetivo de “hacer más accesible el crédito hipotecario y facilitar el financiamiento de desarrollos inmobiliarios. A través de medidas como las hipotecas divisibles y la flexibilización de garantías, el Gobierno busca incentivar la construcción de viviendas y reducir el déficit habitacional, que afecta a un amplio sector de la población”.

Además, se espera que esta medida “impulse el empleo en el sector de la construcción, ya que un mercado hipotecario más accesible genera demanda de nuevos proyectos y viviendas. Esto tiene un efecto directo en la creación de empleos y en el fortalecimiento de la cadena de valor inmobiliaria”.

¿Cómo impactará en la economía y en el mercado inmobiliario?

Según el decreto, “la situación económica actual de Argentina permite implementar estas reformas de forma adecuada. Durante el último año, el país ha experimentado una reducción en la inflación y una estabilización del tipo de cambio, factores que, junto con el crecimiento del empleo registrado y la mejora en los salarios, crean un entorno favorable para el crédito hipotecario”.

El Gobierno espera que “la mayor accesibilidad al crédito impulse no solo el mercado inmobiliario, sino que también genere un efecto multiplicador en otros sectores, estimulando el consumo, la inversión y la generación de empleo”.

Medidas de apoyo y colaboración con las provincias

Para asegurar que la normativa se aplique de forma uniforme en todo el país, el Ministerio de Economía implementará “un plan de armonización federal en coordinación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se espera que cada jurisdicción implemente las medidas necesarias para el registro de boletos de compraventa, así como para fomentar el uso del derecho de superficie en los desarrollos inmobiliarios”.

“La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros de la Nación también tendrán un rol activo en el desarrollo de esta normativa. La CNV promoverá la securitización de hipotecas, lo que facilitará su colocación en el mercado de capitales, mientras que la Superintendencia trabajará en el diseño de coberturas de seguros específicas para los proyectos inmobiliarios, ofreciendo respaldo a los préstamos hipotecarios”.

Acceso al crédito hipotecario: una respuesta a la demanda de vivienda

El DNU 1017/2024 responde a la creciente necesidad de vivienda en Argentina, donde una gran parte de la población no tiene acceso a una vivienda propia. Esta normativa introduce mecanismos para que las familias puedan acceder a la vivienda con mayor seguridad y garantías. Se espera que, con estas herramientas legales, el sector inmobiliario crezca y que se incremente la oferta de propiedades tanto para la compra como para el alquiler, contribuyendo así a una baja en los precios de las unidades disponibles en el mercado.

Una oportunidad para acceder a la vivienda

De acuerdo al Gobierno, el decreto “representa un avance en el acceso a la vivienda en Argentina. Al crear un marco legal que facilita el crédito hipotecario y dinamiza el mercado inmobiliario, el Gobierno busca ofrecer oportunidades concretas para quienes desean tener su hogar propio”. La medida, que ya está en vigor, presenta “una alternativa real para miles de familias y refuerza el compromiso de mejorar el acceso a la vivienda en todo el país”.

Para obtener más información y detalles sobre cómo aplicar a un crédito hipotecario en el marco de esta normativa, “los interesados pueden consultar los requisitos en sus bancos de confianza o en entidades financieras habilitadas”.

Con información de agencias.

IG

El mercado inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó en octubre un precio promedio de venta de US$2.321 por metro cuadrado, lo que representa un incremento mensual del 0,3% y un avance acumulado del 6,6% en lo que va del año, según datos de Zonaprop.

En comparación con octubre de 2023, la suba interanual es del 7,2%, el mayor aumento registrado desde diciembre de 2018, cuando el sector disfrutaba de un contexto favorable gracias a los créditos hipotecarios UVA.

La tendencia de crecimiento también se observa en el volumen de escrituras, que aumentó un 30,4% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 5.157 operaciones. Este número refleja el nivel más alto de actividad en el sector desde 2017, lo que refuerza la reactivación de la compraventa en la ciudad. 

El dato es significativo ya que, durante el último trimestre, el porcentaje de escrituras realizadas con hipoteca representó el 14% del total, una cifra 4,2 veces superior a la registrada un año atrás.

La variabilidad en el precio del metro cuadrado sigue siendo considerable entre los distintos barrios de CABA. Puerto Madero lidera con el valor más alto, ubicándose en US$5.985 por metro cuadrado, seguido por Palermo y Belgrano, con US$3.212 y 3.030, respectivamente. En contraste, Lugano ofrece la opción más económica, con un precio promedio de US$983 por metro cuadrado, seguido por Nueva Pompeya, con US$1.388 y Villa Riachuelo (US$1.505).

Estos valores también reflejan una tendencia de suba generalizada: el 75% de los barrios mostró aumentos de precio en octubre y el 94% registró incrementos interanuales, mientras que solo el 6% mantuvo una baja en comparación con el año anterior.

Incremento en el costo de construcción y subas moderadas en los alquileres

Otro factor que impulsa los precios en el mercado inmobiliario es el alza en el costo de construcción medido en dólares, que subió un 34,6% en 2024. Esto repercute especialmente en las unidades en pozo y a estrenar, cuyo precio promedio se sitúa en US$2.741 y 2.745 por metro cuadrado, respectivamente. 

En términos históricos, construir hoy cuesta 2,9 veces más que en octubre de 2020, cuando se alcanzó el punto mínimo de la serie, y un 30,2% por encima del promedio entre 2012 y 2023.

Aunque los precios de los alquileres en CABA han aumentado, el alza es notablemente menor que la inflación. En octubre, el alquiler medio subió un 3,4%, acumulando un incremento del 57% en lo que va de 2024, mientras que la inflación durante el mismo período alcanzó un 108%.

Actualmente, un monoambiente en la ciudad se alquila por un promedio de $440.643 mensuales, mientras que los departamentos de dos y tres ambientes tienen valores medios de $524.907 y $707.201, respectivamente. Puerto Madero es también el barrio más costoso en el ámbito de alquileres, con un promedio de $982.766 por mes, seguido por Núñez y Palermo. 

Por el contrario, barrios como Lugano ($391.050), Liniers ($435.474) y Parque Avellaneda ($447.759) figuran entre las zonas más accesibles para alquilar.

Con información de NA.

IG

En Argentina, 2,3 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos, lo que representa el 38% de este grupo, de acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano, sobre datos oficiales. Según la organización que investiga problemas habitacionales, “este es, quizás, uno de los principales desafíos del acceso a la vivienda, aunque lamentablemente es un problema que persiste hace, al menos, dos décadas”.

El informe plantea que, en 2004, “el 35% de los jóvenes no había podido emanciparse, según la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo), que realiza el INDEC. Esto significaba cerca de 2 millones de personas. Si bien no hay datos anteriores, por la evolución posterior podría pensarse que este nivel tenía incorporado el impacto de la crisis de la convertibilidad. Luego, entre 2004 y 2012 (vuelve a realizarse la ENGHo), el número de jóvenes no emancipados bajó hasta 1,7 millones, lo que significó también una reducción en el porcentaje hasta el 31%, el nivel más bajo registrado desde 2004 hasta la fecha”.

“Luego, en 2016, ya a partir de la EPH que también realiza el INDEC, se registró que el 39,1% de los jóvenes vivía sin haberse podido emancipar. A partir de ahí, y tanto según EPH como según ENGHo, los jóvenes no emancipados se mantuvieron en un promedio de 39%. En 2023, último dato disponible, hubo 2,3 millones de jóvenes no emancipados, equivalente al 37% del total”, reseñan desde Tejido Urbano.

“Entre 2 y 2,5 millones de jóvenes de 25 a 34 años viven con sus padres o abuelos. Este alto porcentaje plantea un problema a futuro: existe una demanda latente de vivienda que no se está satisfaciendo. Esto puede deberse a que estos jóvenes no tienen ingresos suficientes para mudarse o carecen de ahorros para cubrir los gastos asociados con la independencia. En el mediano plazo, esto genera un efecto negativo sobre la construcción, que no percibe a este segmento como un potencial demandante y, entonces, no construye para ellos. Este es un ciclo vicioso que impide la independencia de estos jóvenes”, concluyen desde la Fundación.

En cuanto a la Argentina, “la relación entre los ingresos de los hogares y la capacidad de emanciparse es crucial para entender un componente estructural del aspiracional de vivienda en el país. Por ejemplo, en las provincias del norte de Argentina, las dificultades para la emancipación son más acentuadas debido a los bajos niveles de ingresos, lo que está relacionado con la probabilidad de emanciparse”.

Asimismo, el informe establece que, en contraposición, en la Ciudad de Buenos Aires “el porcentaje de jóvenes no emancipados es muy bajo, siendo siempre de los más bajos del país. Esto puede explicarse por los mayores ingresos en la capital, que, a pesar de los altos alquileres y precios de inmuebles, permiten a los jóvenes enfrentar estos gastos con mayor facilidad que en otras partes del país. Además, el mercado de alquileres en Buenos Aires está más desarrollado, ofreciendo más oportunidades para quienes buscan independizarse”.

También detalla que las principales ciudades educativas del país “atraen a jóvenes que ya se han emancipado y establecen su hogar en esos lugares. Así, las ciudades universitarias o productivas experimentan una migración joven que reduce el porcentaje de no emancipados. En contraste, las provincias con un mercado laboral menos dinámico y sin importantes centros educativos enfrentan mayores dificultades para ofrecer alternativas de mudanza, debido a los menores ingresos”.

Las oportunidades laborales, educativas y culturales “son factores clave para la migración en esta etapa de la vida. En el sur de Argentina, las tasas de emancipación son más altas, probablemente debido a la migración laboral en lugares como Vaca Muerta, en Neuquén, o Tierra del Fuego, donde los ingresos promedio son significativamente altos”, sostienen los investigadores.

En tanto, “para tener una referencia internacional”, Tejido Urbano analizó que, en Estados Unidos, “el porcentaje de jóvenes viviendo en la casa familiar pasó de menos de 20% a más de 30% entre 1999 y 2014”. Además, en Europa, “la situación es heterogénea. Mientras que en Países Bajos (11%) y Alemania (13%) el porcentaje se mantuvo relativamente estable (o hasta se redujo levemente) entre 2006 y 2022. Para el mismo periodo, en cambio, en Francia casi que se duplicó (de 8% a 15%), en Reino Unido subió levemente de 13% a 16% y en Italia, el más cercano a Argentina, pasó de 46% a 52%”.

“Para alcanzar los niveles de Países Bajos, Alemania o Francia, el número de no emancipados debería reducirse en, como mínimo, un millón de jóvenes, lo que significa una transformación estructural de la matriz sociohabitacional en Argentina. Con este panorama, toma especial relevancia la mejora en el acceso al alquiler de los últimos meses y la aparición de los créditos hipotecarios. Son los dos principales mecanismos por los cuales este grupo de jóvenes podrá acceder a la vivienda, aunque el desafío sigue siendo mayúsculo”, concluyen los especialistas. 

La Fundación Tejido Urbano es “un lugar de encuentro, de enlace y de investigación integrado por profesionales, especialistas e investigadores de distintas disciplinas y con experiencias complementarias en temas en torno al hábitat y a la ciudad, que se desempeñan tanto dentro como fuera de la función pública. Tiene por objeto combatir los problemas habitacionales y alertar a la sociedad sobre su existencia. En ese sentido, busca apoyar investigaciones y acciones renovadoras que puedan orientar a especialistas y decisores acerca de soluciones y herramientas innovadoras que apunten a reducir los déficits habitacionales de nuestra sociedad”.

Con información de Tejido Urbano.

IG

Las dificultades habitacionales que encuentran para alquilar las personas que no poseen una vivienda propia atraviesan al país y se agravaron en los últimos meses como consecuencia de un marco económico, caracterizado por una inflación que acumuló un 65% en lo que va del año, y normativo que complica las posibilidades de acceder a un inmueble.

El aumento registrado en los precios de los alquileres, en algunos casos por sobre el nivel inflacionario, significa una pesada carga financiera sobre las familias que destinan hasta un 30% de sus ingresos para pagar la renta. Esta situación se ve agravada por la falta de regulación en el mercado de alquileres, donde los convenios suelen ser precarios y las garantías exigidas resultan inaccesibles para muchos, indicó un informe elaborado por la Fundación COLSECOR, una ONG creada en 2018 para la integración y el fortalecimiento del sector cooperativo. 

Según el relevamiento, la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego son los territorios que presentan la mayor cantidad de personas que alquilan viviendas para habitarlas: 34,8% de la población porteña y 32,3% de la fueguina, de acuerdo al último Censo. A esos distritos le siguen la provincia de Córdoba, con casi un cuarto de sus pobladores (24,2%) que son inquilinos y Chubut, con 21,2%. 

Para Daniela Gargantini, Doctora en Arquitectura e investigadora del Conicet en el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) en Córdoba, el alquiler no solo dejó de ser un instrumento de transición en el camino hacia la propiedad privada, sino que pasó a ser en las últimas décadas un modo de vida permanente que, además, padece el agravamiento que causa la falta de regulación legal y la gestión del suelo urbano, que en la mayoría de los casos aparece inaccesible por la ausencia del Estado.

El CEVE lleva adelante desde 2013 un relevamiento acerca de la situación del mercado inmobiliario de vivienda para alquiler. Sus investigadores, entre ellos Gargantini, observaron que en los seis meses de gobierno que lleva el presidente Javier Milei aumentó la oferta de inmueble para la renta “debido a una liberación por parte de los propietarios”, que por considerar que las condiciones legales anteriores no le eran beneficiosas, se habían retirado del mercado. “Sin embargo, esto no se traduce en mayores oportunidades” para quienes necesitan alquilar, comentó Gargantini a elDiarioAR.

Por el contrario, el incremento de la oferta de viviendas para rentar no se refleja en una mayor accesibilidad, porque los valores de los alquileres en todo el país “han aumentado principalmente debido a la inflación y la búsqueda de rentabilidad” de los propietarios.El informe elaborado por COLSECOR destacó que se observa un acortamiento de los contratos que se firmaron tras la asunción de Milei y la eliminación de la llamada Ley de Alquileres que regía desde mediados de 2020, aunque con algunos cambios implementados en esa norma poco antes del cambio de gobierno. El texto legislativo, por ejemplo, establecía que el vínculo contractual debía extenderse durante tres años, pero en la actualidad pasó a ser de hasta tres y seis meses, lo que genera incertidumbre entre los inquilinos. También se ha visto un aumento en los contratos en dólares, algunos de ellos incluso “inflacionados”.

“Nosotros monitoreamos los anuncios clasificados en términos, directamente, de contratos en dólares. Algunos de ellos, inclusive, aparecen ajustados por la inflación. Ajustan el precio en dólares”, expresó la investigadora del Conicet. Históricamente la oferta de alquileres escapaba a la lógica que rige en el mercado inmobiliario de compra y venta en dólares, pero desde la aparición de plataformas que promueven la renta temporaria de viviendas en moneda extranjera se transformó en una práctica más generalizada porque, además de ser económicamente más rentable, permitió en los últimos años eludir los alcances de la Ley de Alquileres.

Gargantini comentó, además, que ante la ausencia de una normativa nacional se observaron en el último tiempo “muchos sesgos discriminatorios” por parte de los propietarios o las inmobiliarias a la hora de alquilar una vivienda. “Por ejemplo, se prohíben niños, mujeres solas, jubilados, migrantes, personas discapacitadas o con mascotas. Incluso, llegan a reservarse el derecho de admisión a pesar de tener capacidad adquisitiva”, sostuvo.

Mas personas en situación de calle

Esta situación, sumada a las exigencias económicas planteadas por los bancos nacionales y públicos para otorgar créditos inmobiliarios destinados a la compra de viviendas, afecta a los sectores bajos y medios acomodados de la sociedad

 “El panorama actual muestra un mercado de alquiler desregulado que plantea incertidumbre sobre el futuro habitacional de gran parte de la población. Esto proyecta un empeoramiento de la problemática habitacional, con casos cada vez más frecuentes de personas viviendo en condiciones precarias, como en terminales de transporte”, indicó Gargantini. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, fueron modificados los asientos en los que los pasajeros esperan para abordar los micros ante el aumento de la cantidad de personas en situación de calle que pernoctaban allí. El portal de noticias cordobés Cadena 3 indicó que los bancos “fueron reacondicionados con apoya brazos divisorios para evitar que la gente se acueste en ellos. Esta medida busca evitar que las personas utilicen estos espacios como lugar para dormir”.

La cantidad de personas en situación de calle en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba se incrementó 5% en 2023, cuando ese universo poblacional pasó de 582 a 613 personas, según un relevamiento llevado a cabo por el Defensor del Pueblo de la provincia, el segundo distrito con mayor cantidad de habitantes del país.

Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con datos del Gobierno porteño obtenidos en abril pasado, 3.560 personas se encuentran en situación de calle, de las cuales cuatro de cada diez no acude a los llamados Centros de Inclusión Social (CIS) dispuestos en la Ciudad para su atención.

En mayo de 2021, más de un año después de la pandemia de Covid-19, las personas en situación de calle en Buenos Aires eran 2.573, según un relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censos porteña. “Debemos estar atentos a las dificultades que enfrenta la población, entre ellas, la necesidad de endeudarse para costear alquileres y servicios de salud. Es posible que la situación habitacional empeore si no se toman acciones concretas para abordar estas problemáticas”, evaluó Gargantini. Un informe elaborado y difundido en 2023 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Red Contested Territories indicó que el 63% de los hogares inquilinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está endeudado para poder pagar el alquiler a raíz de la “precariedad económica y habitacional”. Para Gargantini, la creación de una red federal de acceso a la vivienda “sería un primer paso significativo” para afrontar la problemática, “con un enfoque integral y coordinado para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos”.

La investigadora del CONICET mencionó que por el momento son los municipios, especialmente los turísticos, los que toman medidas para garantizar el acceso asequible de su población al alquiler de viviendas. En ese sentido, mencionó como ejemplo a las comunas de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, y Villa Gesell, en la de Buenos Aires, donde mediante distintas ordenanzas se busca que los inmuebles puestos en alquiler no solo estén destinados al turismo, sino también a profesionales de la salud, educación y hasta de los propios servicios turísticos. “Confiamos en que las políticas locales escalen luego al ámbito provincial y nacional mediante iniciativas habitacionales efectivas. Es fundamental afrontar estos desafíos con valentía y buscar soluciones sostenibles”, sostuvo.

Vida de estudiante

Las dificultades que distintos sectores de la población encuentran al momento de alquilar una vivienda también afecta la vida estudiantil en ciudades que tienen como característica la oferta universitaria, entre ellas Córdoba, Rosario y La Plata. En la capital cordobesa, citó como ejemplo Gargantini, los estudiantes que llegan desde distintos lugares de la provincia u otros distritos del país recurren al llamado “coliving”: compartir entre varios una vivienda de uno o dos ambientes para que el nivel de gastos impacte lo menos posible en la vida cotidiana. “Es una forma de afrontar los altos precios de los alquileres, aunque esto puede llevar al hacinamiento. La educación universitaria en Córdoba se está viendo afectada por esta situación, convirtiendo a la vivienda en un obstáculo para otros derechos como la educación”, opinó. La falta de inmuebles asequibles para alquilar también complica la situación de quienes llegan a la capital de una provincia, por ejemplo, para afrontar tratamientos médicos extensos o participar en congresos y actividades comerciales e industriales.

En Rosario, por su parte, el promedio de los precios de alquiler de monoambientes ronda los $150.000 y el de los departamentos de dos ambientes es de $185.000. Los aumentos interanuales de los valores, tomando en cuenta los meses de abril, fueron de 172,7% y 164,3%, respectivamente, montos que no incluye el pago de las expensas, las cuales alcanzan en promedio el 10 y 20% del costo de alquiler. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), autor del relevamiento en la ciudad santafesina, expuso que los jubilados que cobran un haber mínimo de $241.283 deben destinar el 62,2% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir las expensas ni los servicios públicos. En una situación todavía peor se encuentran los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil, cuya última actualización lo elevó a $234.315.

Para Gargantini, es importante reconocer que el acceso a la vivienda no es solo un problema de los sectores populares, sino también de la clase media y jóvenes que buscan independizarse. “La falta de capital familiar dificulta aún más la posibilidad de ser propietario y el futuro para la población joven luce cada vez más imposible en términos de adquirir una vivienda propia. En unas décadas, este problema también afectará a los adultos mayores”, advirtió.

El informe elaborado por COLSECOR también destacó que el déficit habitacional es un problema persistente en el país, porque un gran número de personas en la Argentina no cuenta con una casa propia, vive en condiciones precarias o carece de un acceso adecuado a una vivienda digna. El Censo poblacional de 2022 concluyó que el 31% de la población todavía no logra acceder a una vivienda propia, mientras que el techo para un 17,4% de los argentinos (casi 8 millones de personas) es alquilado. A eso se suma que menos de la mitad (40%), de quienes sí cuentan con vivienda particular tiene la documentación correspondiente (escritura; crédito hipotecario). El déficit habitacional, sin embargo, no representa únicamente la falta de vivienda, sino que también abarca a una variedad de situaciones que van desde el no acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento hasta la sobrepoblación, el hacinamiento y la presencia de materiales de construcción precarios o inadecuados. En esa situación se encuentra uno de cada cuatro hogares argentinos, una condición que contribuye al ciclo de pobreza y exclusión social, indicó COLSECOR. 

De acuerdo a números del INDEC, sólo el 57,4% de la población en viviendas particulares cuenta con cloacas, mientras que el gas de garrafa es utilizado por el 43,9% de las viviendas del país. Según las distintas zonas de la Argentina, el gas licuado puede ser hasta 1.000% más caro que el de red. Al respecto, según el último Censo, en la región Noreste, el gas natural “brilla por su ausencia”: en Formosa, sólo el 0,9% de la población cuenta con gas natural; en Corrientes: el 1,1%; Chaco: 1,2%, Misiones: 2,5%. Entre Ríos es la provincia con mejor porcentaje (26,5%) de la Mesopotamia, pero muy alejado de la media nacional (48,6%), indicó el informe.

Algo similar ocurre con el acceso al sistema cloacal: en Chaco, sólo el 32,4% de la población de viviendas particulares cuenta con desagüe a cloaca; en Córdoba es del 40,5%; en La Pampa es de 67,5%; en Chubut ese porcentaje es de 81,1% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 98,5%. 

Además, la falta de mantenimiento y adecuación de las viviendas, una gran porción de las cuales son alquiladas en barrios populares, puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los residentes. A nivel general, casi cuatro de cada diez hogares (35,5%) no cuenta con techos con revestimiento o cielorraso y un 17% cuenta con pisos no consolidados, ya sea de tierra o de ladrillos sueltos o tierra. En tanto, el 2% de las viviendas particulares ocupadas son ranchos o casillas.

Quienes más padecen situaciones habitacionales acuciantes y estructurales son los grupos vulnerables como pueblos originarios, migrantes y sectores de bajos ingresos. Por ejemplo, más de la mitad (51%) de los migrantes no cuenta con acceso al agua potable (13,8%), red cloacal (40%) y gas (38,5%).

“La problemática de la vivienda no está en agenda en la Argentina y, sin embargo, abarca a varios sectores sociales. Los inquilinos, por ejemplo, salvo varias agrupaciones que han surgido en el país, no se perciben como parte de un colectivo de casi ocho millones de personas. Si no hay una identificación colectiva, entonces es difícil incluso en términos políticos porque complica instalar un tema de tal gravedad e importancia como exigir que haya políticas habitacionales en la Argentina”, aseguró Garantini.

GT/MG

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países ricos y algunos otros más al que aspira a ingresar Javier Milei, la tiene clara cuando analiza la inversión estatal. En sus informes habla de “la importancia de invertir estratégicamente en infraestructura pública de calidad para potenciar el desarrollo de América Latina y Caribe, sobre todo en sectores tan vitales como el transporte sostenible, las telecomunicaciones y la gestión del agua”. También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se desempeñaba Guillermo Francos antes de asumir como ministro del Interior, coincide en que “la inversión pública será clave para reactivar las economías latinoamericanas y empezar a corregir las enormes brechas que separan a los latinoamericanos ricos de los pobres”, aunque “no podemos seguir aceptando que entre un 10% y un 30% se siga perdiendo debido a la mala gestión y corrupción”. Es decir, el BID llama a depurar la obra pública de sus vicios, pero no por ello eliminarla, como plantea Milei. Pero el Presidente ha puesto la motosierra sobre la inversión estatal, recortó, por ejemplo, 98,1% la destinada a trenes y así es que no sorprende que los ferrocarriles choquen un día dejando 90 heridos en la línea San Martín o se descompongan después en el medio camino dejando a los pasajeros caminando por las vías del Roca.

En el último informe de ejecución del gasto que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sobre datos oficiales hasta abril, se advierte que la inversión pública cayó el mes pasado 74,3% en términos reales (ajustada por inflación). En el primer cuatrimestre acumula una baja del 80,8%, “que denota una virtual paralización”, en especial los giros a las provincias para obras, que se redujeron 96,3%. En el documento se menciona la menor inversión en Enarsa (-55,9%), la empresa energética estatal que tenía a su cargo terminar de completar las tres plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró en 2023, y el Fondo Fiduciario de la Vivienda Social. No es de extrañar entonces que ahora falte gas en estaciones de servicio que cargan gas natural compromido (GNC) o que haya riesgo de cortes en fábricas y grandes comercios si el invierno resulta más crudo de lo habitual. Tampoco sorprende ver complejos de casas a medio hacer en el conurbano o el interior.

“Los gastos de capital (inversión) dentro de la estructura de gastos de la administración pública nacional pasaron de representar el 6,8% del gasto primario (antes del pago de deuda) del período enero-abril de 2023 al 2% en el mismo período de 2024, una caída de 4,8 puntos porcentuales”, señala el informe de ASAP. La inversión ejecutada por el propio Estado nacional, que incluye la Dirección Nacional de Vialidad, es decir rutas, bajó 85% y las de las empresas estatales, como las de ferrocarriles o Corredores Viales, que administra carreteras con peajes, un 67,8%.

En Corredores Viales directamente no se invirtió un peso: cayó 100% el giro de gasto de capital allí. Tampoco hubo plata para invertir en las empresas Belgrano Cargas y Logística, Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Ferrocarriles Argentinos. Sólo se giro algo para la firma Operadora Ferroviaria, pero igual invirtió 88,6% menos que hace un año. Y no es que con el gobierno Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa se desembolsaba demasiado en la materia...

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), clave para asistir a los aviones de todo el país, es otra firma estatal más que no recibió ni un peso para inversión en lo que va del año. En cambio, al menos Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que abastece sólo a la capital y el conurbano, recortó lo invertido pero a la mitad, 48,6%. Es decir, algunas obras de agua potable y cloacas continúan.

En cuanto a la distribución geográfica de la desinversión, “esta pronunciada tendencia negativa impactó a la mayoría de las provincias, donde las reducciones anuales superaron el 75%”, según ASAP. “Sin embargo, Jujuy y Río Negro presentaron descensos menos severos, con caídas del 68,5% y 57,5%, respectivamente”, se refiere la asociación a las provincias gobernadas por el radical Carlos Sadir y el provicialista Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, que pasó de apoyar a Massa a negociar respaldos a las leyes que pretende Milei. “Por el contrario, La Rioja se destacó como la provincia más perjudicada, con una reducción de casi el 100%, seguida por Chubut, que experimentó una disminución del 98,5%”, advierte ASAP. Es decir, castigo a dos gobernadores rebeldes: el riojano Ricardo Quintela, que puso en marcha el bono Chacho para pagar a empleados estatales y es uno de los más férreos opositores; y el chubutense Ignacio Torres, que es del PRO pero protagonizó varias peleas con el Presidente por los recursos.

AR/MG

Diez bancos públicos y privados presentaron en el último mes distintas líneas de créditos hipotecarios para la compra de viviendas, entre otras operaciones inmobiliarias, con una tasa que rondará entre 3,5% y 7% y que se ajustarán por medio de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un registro que evolucionará en función del índice de inflación.

Esta situación, considerada “espectacular” por el ministro de Economía, Luis Caputo, revive de algún modo lo ocurrido en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, que sin embargo resultó en una experiencia traumática para miles de familias que tomaron aquellos créditos y hoy padecen serios problemas para pagar la deuda, ajustada a una inflación de 554% en los últimos siete años. 

En un escenario de suba desmesurada del valor de los alquileres y de dificultades habitacionales, los nuevos créditos hipotecarios aparecen como una oportunidad para revitalizar el sector inmobiliario porque permitirán no sólo la compra de una primera vivienda sino la construcción, refacción y ampliación y hasta la adquisición de una segunda casa o departamento.

“El crédito hipotecario es uno de los pilares de este gobierno. Que a apenas 5 meses de haber asumido, y considerando (que) estábamos más cerca de un híper que otra cosa, los bancos ya estén impulsando fuertemente estos créditos es una noticia ESPECTACULAR!!”, escribió días atrás el ministro Caputo en su cuenta de la red social X para referirse al lanzamiento de las propuestas hipotecarias.

Hasta el momento las entidades que anunciaron las líneas crediticias son los bancos Nación, Hipotecario, Ciudad, Supervielle, Santander, ICBC, Macro y los provinciales de Córdoba, Corrientes y Neuquén. Esta decena de entidades presentó diversos tipos de tasas, beneficios, montos, requisitos y condiciones para atraer a los interesados. Por ejemplo, el Macro se enfocó en un ofrecimiento específico para personas de hasta 30 años, a quienes propuso una línea de crédito sin monto máximo y con un plazo de pago que puede llegar hasta los 20 años. Otros bancos, sin embargo, no fijaron un tope de monto para el crédito, aunque por el momento solo el Banco de Córdoba propuso una financiación de hasta 100% de la operación. Las tasas de interés ofrecidas, en tanto, varían entre 5,5% y 7,5% del valor escriturable del inmueble.

“La señal del lanzamiento de los créditos UVA es muy buena y es el primer paso importante para que exista posibilidad de comprar con algún tipo de herramienta crediticia. Después deben darse otras condiciones para que esto se convierta en operaciones concretas, entre ellas la estabilidad cambiaria, mejoras en el salario real y una inflación moderada”, dijo a elDiarioAR María Soledad Balayan, licenciada en Economía Empresaria y titular de Maure Inmobiliaria. 

Balayan indicó que para las personas que tienen ahorros pero no llegan a adquirir un inmueble “por poca diferencia, esta herramienta se lo puede permitir en lugar de seguir destinando el dinero a un alquiler”. Sin embargo, consideró que “por el momento, el segmento de la sociedad que pueda acceder a los créditos no va a ser muy amplio” porque “como mínimo se necesita sumar $2 millones como ingreso neto y una situación financiera y crediticia impecable”.

“Para mí ese es un condicionante importantísimo para poder aplicar a un crédito de ese tipo, además de la inestabilidad laboral de mi profesión”, contó a elDarioAR Damián, que alquila un departamento de tres ambientes en el barrio porteño de Villa Crespo y es diseñador gráfico. En una situación similar se encuentra Brenda, que alquila una vivienda de dos ambientes en el barrio de Flores y que “ni siquiera juntando” su salario y el de su pareja alcanzan a sumar el ingreso salarial que es condición para acceder a los créditos. Las propuestas, entonces, “no resultan muy accesibles” hasta el momento, “pero a medida que se vaya acomodando la economía, los precios relativos, mejoren los salarios, será cada vez más accesible. Es un buen primer paso”, consideró Balayan.

El jueves 23 de marzo de 2017 el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, encabezó en el Palacio de Hacienda un encuentro para anunciar, junto a los presidentes de los tres bancos públicos (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad) las características de las líneas crediticias para el acceso a la vivienda de las personas con ingresos medios. “Este proceso de recuperación del crédito va a tener un impulso enorme con estos créditos hipotecarios y vamos a desarrollar un mercado aún más grande en la medida que se sume la banca privada”, dijo Caputo en aquella ocasión.

–¿Encuentra alguna diferencia con relación a la primera versión de los créditos UVA? –le preguntó elDiarioAR a Balayán. 

–En aquel momento el monto máximo de financiación era menor, pero con precios de inmuebles muchos más caros. En el último tiempo los valores cayeron un 40% en dólares y en términos reales, por lo tanto hoy se puede acceder con una financiación a una mayor proporción de inmuebles. Actualmente hay más oferta que en aquel momento, pero estuvimos viviendo meses de altísima inflación y eso debe ser una alarma para quien tome el crédito, porque más allá de lo que pase en la economía en los próximos dos o tres años, el plazo del crédito elegido, si es mayor a diez años, implica mucha incertidumbre.

–La primera versión de los créditos dejó a varios miles de personas con hipotecas cuyo pago, según afirman, son imposible de cumplir. ¿Esta nueva herramienta podría tener una consecuencia similar? ¿Cómo podría evitarse en todo caso?

–Todo sistema de crédito tiene siempre un porcentaje mínimo de personas que quedan descalzadas de los pagos, en algunos casos por circunstancias personales que cambian la economía del grupo familiar o por malas decisiones. Se sabe que los créditos UVA no escaparon del porcentaje estadísticamente lógico de deudores; incluso, dicen que fue menor al que se da en créditos personales.Quien conoce de historia económica argentina y entiende de probabilidades debía haber incluido en las posibilidades una disparada inflacionaria en algún momento que podía complicar la situación de pago durante la vigencia del crédito y contar con un plan de acción para esos casos. Para evitar esto, o al menos minimizar los problemas en el futuro, es muy importante tener clara la estabilidad laboral e ingresos que pueden recibirse de acá en adelante y un resguardo de capital o reserva de al menos seis meses para caso de emergencia.

“Nadie les puso una pistola en la cabeza”

“Usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora, como el resultado es adverso, quieren que lo pague otro. Si tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo. Nadie les puso una pistola en la cabeza para que saquen el crédito UVA”. En noviembre pasado, solo 20 días antes de asumir la presidencia, Javier Milei expuso en una entrevista televisiva con el canal Todo Noticias (TN) su posición frente al pedido de quienes clamaban por una ayuda del Estado para pagar sus deudas hipotecarias. La situación de esas personas, estimadas en 100.000, fue empeorando desde ese momento porque la inflación trepó en el último semestre a 91%. En esa misma entrevista, Milei opinó que los tenedores de créditos UVA tomaron esa herramienta en función de un diferencial de tasa de interés. “Si yo decido tener una vida temeraria y, como consecuencia de ello, tengo una lesión, ¿es correcto que les pase las cuentas a ustedes?”, se preguntó el entonces mandatario electo. 

“Milei está mal informado. No se está pidiendo que el Estado ponga plata. Los créditos UVA constituyeron una política de acceso a la vivienda y el Estado nos tiene que garantizar poder pagar”, respondió en aquel momento Paola Gutierrez, referente del Colectivo Nacional de Hipotecados UVA. La agrupación nació hace algo más de un lustro y representa a miles de familias que se encuentran ahogadas financieramente por los créditos. “Tenemos gente que hace un año que no paga o que ya no puede pagar más porque perdieron su empleo. Esta situación puede empeorar porque la tasa de desempleo, según distintas estadísticas, se está incrementando”, dijo Gutiérrez a elDiarioAR.

La consultora Opina Argentina difundió días atrás un estudio, elaborado entre el 30 de abril y el 4 de mayo, en el que destacó que cada vez más las personas tienen miedo de perder su trabajo. El relevamiento indicó que el 55% de los encuestados le teme al desempleo y que quienes habitaban en el Área Metropolitana de Buenos Aires son quienes más están preocupados en ese sentido (59%). A nivel nacional, Opina Argentina mencionó que por primera vez desde que lleva adelante estas encuestas, la desocupación se encuentra en el mismo nivel que la inflación (29%) como uno de los principales problemas de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación llegó al 5,7% en los últimos tres meses de 2023 y en esa situación se encuentran 820.000 trabajadores situados en la población económicamente activa. La cifra no alcanzó a tomar en cuenta los varios miles de despidos llevados a cabo por el Gobierno en la Administración Pública Nacional (APN) y otros organismos estatales, como también en empresas.

“Nosotros estamos pidiendo que una persona que sacó un crédito a 30 años tenga seis meses de gracia para pagar la cuota si perdió su trabajo. No solicitamos que le perdonen la deuda, sino que se contemple esa situación de inestabilidad laboral. Y en este contexto, las familias tienen que tener muy en claro cuánto van a pedir y, en lo posible, que la cuota no supere el 18% o el 20% de tu salario mínimo”, comentó Gutiérrez. 

Para la referente Hipotecados UVA es “una irresponsabilidad bastante grande” por parte del gobierno nacional lanzar por segunda vez una herramienta como los actuales créditos hipotecarios cuando todavía “no se pudo solucionar nuestra situación”, evaluó. Además, hizo una comparación con la primera versión de la medida: “En 2007 la tasa de interés era de 3,5% y ahora puede superar el 7% más una inflación interanual en abril de 289%”. Gutiérrez también alertó que si una persona interesada en tomar un crédito no cuenta con un monto salarial suficiente para alcanzarlo puede incorporar hasta dos codeudores. “Un codeudor no es un garante. Esa persona va a estar atada a tu hipoteca con sus ingresos durante 30 años”, indicó.

Los créditos UVA se denominan de ese modo por las siglas de “Unidad de Valor Adquisitivo”, una medida establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuyo valor se actualiza según la inflación por medio del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los Hipotecados UVA proponen, en cambio, que en lugar de tomar como referencia el nivel de inflación se haga por medio del índice Casa Propia, un coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el de la inflación del mismo período.

En julio de 2023, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado, donde todavía fue tratado en el recinto, un proyecto de ley que atiende la situación de los tomadores créditos hipotecarios UVA. La iniciativa, llamada Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios UVA, establece límites a las cuotas de los deudores hipotecarios -no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores-, fija que la actualización mensual del saldo del capital se calculará sobre la base de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y suspende por un año los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares sobre aquellas viviendas adquiridas por medio de este tipo de créditos. Un grupo de los Hipotecados UVA marchó semanas atrás hacia el Senado para reclamar el tratamiento de la iniciativa. Algunos legisladores del PRO y la UCR les aseguraron que en poco tiempo plantearán el tema en la Comisión de Presupuesto para luego llevarlo al recinto. El debate del proyecto parece complicado porque la prioridad en el Senado es la discusión de la Ley Bases. Si no es tratado antes de noviembre próximo, perderá estado parlamentario.

“Nosotros pretendíamos que la ley no tomara como indicador el RIPTE, sino el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que se estima a partir de la comparación de meses sucesivos las variaciones de los salarios tanto del sector público como del privado. Pero, ante la nada, preferimos que avance la ley y luego pedir los cambios que consideremos”, dijo Gutiérrez.

Los dueños de la viviendas en la Ciudad

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) relevó en un informe que el 96,5% de los propietarios de viviendas en la ciudad de Buenos Aires son personas físicas y apenas el 3,5% son personas jurídicas. Sin embargo, estas últimas entidades poseen el 11,9% de las propiedades porteñas, indicó el estudio titulado “Los dueños de la Ciudad”, que aporta datos sobre las características de las personas propietarias en la capital del país.

Según el documento, en la ciudad de Buenos Aires el 40,3% de los hogares está compuesto por personas que viven en una vivienda de su propiedad, un porcentaje que viene en descenso sostenido desde 2003, cuando representaba un 65,5% de los hogares. Por el contrario, la cifra de quienes alquilan es 38,9%, “la más alta en décadas”, afirma ACIJ. 

“Esta dinámica se da en un período en el cual la población de la Ciudad permaneció relativamente estable y la construcción de viviendas creció de forma continuada”, agrega. A partir de datos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el 10% de las personas propietarias físicas y jurídicas de la CABA con más inmuebles concentra el 33% del total de las propiedades de la ciudad, mientras que el 1% concentra el 12% del total. En tanto, el 10% de las personas físicas y jurídicas que más valuación fiscal acumula concentra el 60% del valor fiscal total del territorio porteño y el 1% de los que mayor valor posee concentra el 35%.

GT/DTC

El último enemigo del gobierno de Javier Milei son los fideicomisos públicos, a los que acusa de ser “una caja negra de la política”. Con el mismo trazo grueso con el que encaró los primeros meses de su mandato, el líder libertario encara una batalla política en la que todos los fondos fiduciarios caen en la misma bolsa.

Sin embargo, y al menos para el caso del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), los especialistas desmienten a Milei.

“Si hay un fondo que no fue una caja negra de la política fue el FISU. Se lo puede criticar por la falta de financiación, por los escasos recursos que le fueron dedicados, pero no por su falta de transparencia”, explicó a elDiarioAR Marcelo Corti, urbanista y editor de Café de las ciudades.

¿Qué es exactamente el FISU?

Nacida en 2019, tras el impulso de movimientos sociales y líderes barriales, se trata de una herramienta que busca financiar proyectos de urbanización de aquellos asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

La creación de este registro, que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri y contó con el apoyo de fuerzas políticas de izquierda y derecha, sirvió para detectar las áreas más críticas en términos de acceso a servicios básicos. Según el último informe del Renabap, entre 4 y 5 millones de personas viven en 6.467 asentamientos en los que al menos la mitad de los vecinos no tienen acceso formal a dos de los tres servicios básicos de agua potable, cloacas y electricidad, ni título de propiedad.

En respuesta a esta desesperante realidad, las autoridades establecieron un mecanismo para financiar progresivamente la urbanización de estos barrios informales: un fideicomiso público que recibe parte de lo recaudado por el impuesto PAIS y por el gravamen a las grandes fortunas del gobierno de Alberto Fernández, sumado a aportes del Tesoro. Esto es básicamente el FISU.

“El FISU es, ante todo, una necesidad legal, ya que su creación fue el fruto de un acuerdo unánime de casi todos los sectores políticos, pero también una obligación moral para los compatriotas que atraviesan una peor situación habitacional”, dijo Corti. “Incluso desde el punto de vista práctico, que la gente viva en barrios mejor organizados con todos los atributos urbanos tiene efectos económicos, fiscales y de seguridad que lo convierten en algo que le conviene a toda la sociedad”.

En 2021, uno de los primeros años donde el programa funcionó a pleno (por mayores fondos provenientes del impuesto a las grandes fortunas), el 45% de los fondos ejecutados fueron para el programa Mi Pieza, una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de vivienda para mujeres de barrios populares.

Según informó oportunamente este medio, el resto se destinó a obras de urbanización y a la creación de lotes con servicios. Por aquel entonces, la mitad de los proyectos se ubicaron en provincia de Buenos Aires, seguidos en número por Santa Fe, Chaco, Río Negro y Misiones. En diciembre pasado, Fernández cerró su gestión con 1.277 obras de integración y 23.909 lotes con servicios.

Números claros

A pesar de la proliferación de artículos en medios afines al nuevo gobierno que buscan echar un manto de sospecha sobre el destino de los fondos, lo cierto es que las políticas derivadas del Renabap han sido objeto de variadas auditorías externas: desde un informe de resultados hecho por CIPPEC y el Conicet hasta una evaluación de impacto a cargo del área de protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, el impacto real de los montos invertidos se pudo seguir mediante el Monitor de obras de Integración Socio Urbana y la transparencia en el área se extendió a los datos compartidos con la prensa. “Pocas veces me pasaron desde una oficina pública información tan detallada sobre obras, gastos e ingresos como cuando pedía datos sobre obras de integración de barrios populares que llevaba adelante el FISU”, dijo esta semana el periodista Fernando Bercovich.

Acaso por eso, y contra lo que declara su propio gobierno, cerca del flamante subsecretario de Integración Socio Urbana Sebastián Pareja reconocen que los fondos “tuvieron mucho vuelo en obras en los barrios y está todo en orden”, como reveló esta semana en elDiarioAR Mauricio Caminos.

Más plata, no menos

Si uno revisa los primeros años de funcionamiento del FISU va a advertir que lo que hace falta es más plata, no menos.

Un solo dato alcanza para dimensionar la magnitud del desafío. En 2019, antes de la pandemia, el ex secretario de Integración Socio Urbana de la Nación Sebastián Welisiejko estimó el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del Renapab en US$26.000 millones.

Al ritmo actual de erogaciones (en un buen año se invierten US$50 o 70 millones), se tardarían 200 años en cumplir con los objetivos de la ley de urbanización de barrios populares.

“Hay dos motivos por los cuales es importante el FISU”, explicó Welisiejko en diálogo con elDiarioAR. “El primero es para ganar escala, algo que si esto fuera un programa ministerial clásico no se podría lograr. El segundo es para alinear incentivos entre Nación y las provincias y lograr esquemas en los que todos pongan y todos repaguen”.

Welisiejko explicó que la ley que dio origen al fideicomiso le permite recibir diversas fuentes de fondeo, desde donaciones hasta aportes del Tesoro, pasando por asignaciones por tributos específicos (como el impuesto PAIS) y operaciones de crédito público en los mercados. “Todo ese espectro de capital lo concebimos para que fuera un fondo de financiamiento híbrido, bajo la idea de que solo con los aportes del Tesoro no iba a alcanzar”. En ese sentido, el economista cree que el FISU podría –incluso debería– emitir títulos de deuda o valores representativos de deuda (VRD) en el mercado doméstico, “algo que un ministerio jamás podría hacer”.

Para Welisiejko, los fondos fiduciarios forman parte de un debate más amplio sobre la informalidad urbana en Argentina. “Desde hace mucho años, este problema gira en torno a si el Estado nacional le gira o no dinero en forma de subsidios o fondos no reembolsables para urbanizar uno o dos barrios. Eso crea una cultura en la que la provincia o el municipio se desentiende por completo si los fondos de Nación no bajan. Pero ese dinero siempre va a alcanzar para muy poquito”, ilustra.

Si se sigue haciendo lo que se venía haciendo, tal vez se urbanizan 30, 50 barrios populares (sobre un total de 6.400). De allí la importancia de apalancar fondos mediante el FISU. “Más que regalarle soluciones a poquitos hay que financiarle soluciones a muchos”, concluye.

El desafío consiste en lograr un fondo revolvente, no solamente una caja donde el dinero va de un lado a otro, que no dependa mayormente de impuestos nacionales específicos (como el impuesto PAIS, que por definición es limitado en el tiempo) o de las urgencias del Tesoro. Y dado que estas intervenciones terminan generando mejoras educativas, de salud, productivas y de seguridad ciudadana en el terreno, las provincias posiblemente también deban jugar un rol.

FP/DTC

El oficialismo decidió posponer el debate de la nueva Ley de Alquileres en el Senado que estaba previsto para este miércoles, luego de que la semana pasada se firmaran dos dictámenes de comisión. La decisión atiende a que el bloque del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria) tiene a dos de sus legisladores enfermos y necesita de todos sus integrantes presentes para aprobar su iniciativa.

La semana pasada, el oficialismo tuvo mayoría en comisiones y logró firmar el dictamen de un proyecto que mantiene los contratos por tres años y establece índices de actualización con incrementos diferentes a los contemplados en el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados. La Cámara Baja había bajado a dos años el plazo mínimo de alquiler y acordado ajustes cuatrimestrales.

Cuando se debata la Ley de Alquileres, Juntos por el Cambio no acompañará la propuesta del oficialismo y continuará fiel al su dictamen que busca mantener el proyecto aprobado por Diputados.

Ambos dictámenes se firmaron en el marco de las reuniones de las comisiones de Legislación General presidida por el senador de La Pampa, Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo del senador riojano, Ricardo Guerra.

Bensusán explicó que, según el dictamen de mayoría, el “precio del alquiler debe fijarse como valor único en moneda nacional” y los ajustes se darán en un plazo no menor a seis meses y a partir del coeficiente Casa Propia. Se trata de un índice elaborado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en base a dos promedios de salarios y el índice de inflación de los últimos 12 meses.

El dictamen también incorporó un nuevo artículo vinculado al Impuesto a las Ganancias, en el que estipula que “las partes podrán deducir el 10% del monto anual del contrato de locación”.

ACM con información de agencias.

Miles de anuncios de alquileres por pocos días en Nueva York desaparecieron en las últimas semanas de Airbnb y otras plataformas similares en una ciudad cada vez más cara para vecinos y para turistas. Después de años de luchas, también en los tribunales, este martes entra en vigor una ley que en la práctica supone eliminar la mayoría de los pisos turísticos para alojamientos de corta duración. 

Las nuevas reglas obligan a que quienes alquilan casas por menos de 30 días tienen que registrarse en el Ayuntamiento de Nueva York para obtener una licencia y atenerse a unas reglas que hasta ahora no cumplía la mayoría: los anfitriones tienen que estar presentes en sus casas durante todo el tiempo que esté el huésped (no vale irse de vacaciones y alquilar o subalquilar), asegurarse de que el inquilino tiene acceso a toda la casa (tampoco vale cerrar puertas para aislar un espacio) y acoger como máximo a dos personas pagadoras, sea cual sea el tamaño de la casa. Estas reglas no se aplican a apartamentos de edificios destinados para alquileres a corto plazo, habitualmente hoteles, apart-hoteles, colegios mayores y apartamentos de algunas empresas más pequeñas que Airbnb.

Según AirDNA, una consultora especializada en alquileres a corto plazo, sólo 9.500 alojamientos de Airbnb cumplían las reglas antes de la entrada en vigor de la licencia obligatoria. Airbnb ofrecía más de 38.000 alquileres de apartamentos y casas en Nueva York, su principal mercado en Estados Unidos, según los documentos para la querella que intentó sin éxito parar la aplicación de la ley.

Cerca de la mitad de anfitriones tienen más de una propiedad, según los datos de Inside Airbnb, un grupo que examina los datos de la plataforma y destaca su impacto negativo en las ciudades. La lista de anfitriones incluye a empresas que alquilan así cientos de apartamentos.

Las licencias obligatorias son habituales en otras ciudades, como Barcelona o París, igual que otras limitaciones por barrios y usos, aunque no la exigencia de la presencia continuada del anfitrión, el elemento más polémico de la ley que movilizó a pequeños propietarios, que buscan ahora una enmienda para su caso.

Las restricciones para los alquileres de menos de 30 días ya estaba en vigor en Nueva York y la ciudad multa con el equivalente a miles de euros a particulares y empresas que alquilan (no a los huéspedes), pero el registro es un paso más para intentar que se cumplan. El Ayuntamiento defiende que las reglas quieren proteger a los huéspedes para que estén en entornos seguros, preservar la vida de los barrios y reducir uno de los factores que sube los precios de la vivienda. 

Los alquileres temporarios para turistas “quitan opciones de vivienda a los neoyorquinos, ponen en peligro a los turistas que se quedan ahí y perturban la calidad de vida de nuestros vecinos”, según defendió el encargado de aplicar la ley en el Ayuntamiento, Christian Klossner. 

Hasta el 28 de agosto, el Ayuntamiento había aprobado menos de 300 solicitudes de licencia de las más de 3.000 recibidas, entre quejas por la lentitud y falta de personal para este registro que cuesta 145 dólares (unos 135 euros). Quien no esté registrado no podrá cobrar a través de plataformas como Airbnb, Expedia y Booking, que bloquearán a anfitriones que no tengan licencia o no ofrezcan sus casas por al menos 30 días. Los anuncios en Nueva York ya pasaron de miles a cientos. 

En agosto, una jueza rechazó la querella contra la ley de Airbnb porque no considera que el registro sea “una carga excesivamente onerosa” mientras que las restricciones son “completamente lógicas”.

Mercado paralelo

El objetivo de la licencia para que se cumplan las reglas es acabar con el mercado inmobiliario paralelo, en manos sobre todo de empresas y grandes propietarios, que prefieren alquilar a corto plazo y limitan el mercado de alquiler convencional. El efecto de Airbnb y otras plataformas similares en la subida de los precios de compra y alquiler en los barrios de grandes ciudades está documentado. 

Uno de los estudios más completos, publicado en 2020, analizó todos los anuncios de Airbnb en Estados Unidos y consideró otros factores económicos locales que afectan a los precios. Su conclusión fue que cada aumento del 1% de anuncios de Airbnb supone un 0,018% de subida del precio de alquileres y un 0,026% en el de ventas. “Aunque estos aumentos puedan parecer muy pequeños, hay que considerar que el crecimiento anual medio de Airbnb ronda el 44%”, subraya el estudio. 

“Si estas casas de Airbnb se ponen en el mercado de alquiler a largo plazo, los alquileres probablemente bajarán”, explica a elDiario.es Davide Proserpio, uno de los autores del estudio, profesor de la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California y especialista en estas plataformas. La ley de Nueva York, comenta el profesor, “puede acabar con los Airbnb que habitualmente no están ocupados, probablemente la mayoría, así que eso puede llevar a menos inversión en el mercado inmobiliario residencial y a bajar los precios de las casas”. 

Ahora bien, su estudio también subraya efectos positivos de estas plataformas, en particular en el caso del alquiler de casas ocupadas por el anfitrión de forma habitual y que cede parte de su espacio o bien lo alquila durante una ausencia temporal por vacaciones u otras circunstancias. En estos casos, la mayoría de estos departamentos no terminarán en el mercado de alquiler convencional.

De hecho, Proserpio asegura a elDiario.es que la nueva ley de Nueva York le parece “demasiado dura” y “desde luego afectará a la economía del turismo”. “Los viajeros que quieran visitar Nueva York verán precios de hoteles mucho más altos mientras Airbnb sea mucho menos competitivo, lo que llevará a menos viajeros en total”, explica.

Los pequeños propietarios

El objetivo de la ley es atajar el negocio de grandes propietarios y empresas, pero los vecinos que viven en sus casas parte o todo el tiempo se quejan de que la ley no haya dejado ningún resquicio para ellos.

“Somos pequeños propietarios, claramente no somos grandes empresas. Y estamos en contra de los malos actores, como hoteles ilegales”, explica a elDiario.es Lisa Grossman, una de las cuatro mujeres que fundaron una asociación de propietarios de viviendas familiares que alquilan a corto plazo las casas donde viven, RHOAR, en sus siglas en inglés. Grossman, agente de viajes, dice que lleva toda la vida viviendo en Hell’s Kitchen, en el oeste de Manhattan, y que su espacio no irá en ningún caso al mercado de alquiler permanente porque ella vive allí. Su grupo tiene unos 300 miembros y la mayoría están en otros distritos de Nueva York, donde es más frecuente encontrar casas para una o dos familias y donde hay menos hoteles. 

Grossman explica que las reglas del Ayuntamiento no encajan con los pequeños propietarios que ahora alquilan unos días al año sus casas. En su caso tiene una puerta cerrada que divide el espacio y que ahora no podría tener cerrada si quisiera alquilar durante menos de un mes ese espacio. “Compartir tu baño, tu salón… No necesito un compañero de piso”, comenta. 

Ella también cree que las nuevas reglas tendrán un impacto negativo para el turismo de la ciudad, donde los hoteles rondan de media los 300 dólares la noche, el precio más alto del país, e insiste en que apenas hay opciones para familias con hijos. “Esto no es bueno para la ciudad”, dice Grossman. “El mensaje de la ciudad es básicamente no te queremos a no ser que seas rico”. 

Cree que algunos de los propietarios que utilizan el ingreso extra para cubrir gastos de manutención de sus casas venderán y se irán de la ciudad si pueden. 

El precio medio del alquiler en Nueva York por un estudio es de 3.500 dólares (más de 3.200 euros) y el de la compra de ese espacio se acerca al millón de dólares (más de 900.000 euros).

“Muchos de nosotros siempre hemos utilizado los alquileres a corto plazo como una manera de poder permitirnos y mantener nuestras casas”, explica a elDiario.es Gia Sharp, diseñadora de Brooklyn que hasta ahora alquilaba en plataformas como Airbnb parte del espacio en la casa donde vive con su marido y sus dos hijos. Dice que usualmente sus inquilinos eran familiares de otros vecinos, muchos inmigrantes de otros países u otros lugares en Estados Unidos. “Puedo dar espacio a familiares lejanos y otros en mi comunidad, y eso nos ayuda a todos los neoyorquinos”. 

Sharp no cree que las nuevas restricciones vayan a aliviar las dificultades para permitirse una vivienda en la ciudad, y se queja de que no haya incentivos para la compra.

“Una vivienda accesible tiene que incluir que más personas puedan ser propietarias y quedarse en sus casas, no sólo alquilar y pagar a un casero”, dice. “La idea de que la solución a la crisis de la vivienda es el alquiler sólo aumenta la brecha de riqueza, y hace que los caseros multimillonarios tengan todo en esta ciudad”. 

Un artículo del Financial Times muestra en una imagen a un hombre de 33 años (algunos pretenden seguir llamándolo joven) en un monoambiente mientras juega con su perro de 30 kilos, cercado por una heladera y una cama de una plaza con un osito de peluche que lo mira desde el rincón, y unos estantes con libros y algún que otro souvenir. En otra de las paredes hay una TV plana colgada y en el suelo, un pequeño altavoz. El hombre —de nombre Fabián— se muestra feliz, aunque vive en una caja de zapatos con aires adolescentes y paga por ello unos US$800 al mes.

Fabián vive en Berlín y es uno de los pocos sub-40 europeos que, tras atravesar el infierno del mercado inmobiliario, encontró un lugar donde dormir e intentar construirse una vida. Paradójicamente, forma parte del grupo de los afortunados. La gran mayoría de ellos no puede costearse uno de estos monoambientes o studios y debe elegir entre vivir en la casa de los padres o compartir un departamento con desconocidos (en general se trata de expatriados y trabajadores de bajos salarios que van saltando de una ciudad a otra y de un trabajo a otro con la esperanza de mejorar su situación, aunque rara vez lo consiguen).

El escenario no es nuevo, aunque el principal diario inglés le haya dedicado un especial al tema esta semana. Por otra parte, permite poner en contexto lo que sucede en Argentina mientras se debate la ley de alquileres y la plataforma Airbnb se dispara en ciudades como Buenos Aires o Bariloche. 

El caso de Berlín es interesante. Allí se tomaron medidas como imponer límites a la subida de alquileres. Eso ayudó a aquellas personas que ya tenían un lugar alquilado y podían extender su estadía sin sufrir cambios.

Pero los que debían mudarse o alquilar por primera vez se encontraron con un mercado hiperdemandado y con precios exorbitantes. El caso es muy similar en Londres, París y otras capitales y ciudades atractivas de Europa, donde quienes no pueden convivir con sus padres o desconocidos (por alguna razón), deben dormir en dormir en el sillón de un hermano o una amiga. Lo más interesante es que la indignación no llega a ningún otro lugar más a que a la mesa del bar, donde los sufrientes inquilinos se descargan contra esta injusticia y se animan con saber que, al menos, todavía pueden pagar una caña o una pinta para digerir el drama.

Los casos no están solo en los diarios y portales. Me remito a uno que vi con mis propios ojos en Madrid. Tras varios años de esfuerzos para asentarse como programadora, mi conocida suele quejarse de la rotación patológica de su departamento. Durante dos meses tiene de compañera a una chica de Francia que casi no sale de su dormitorio y cuando lo hace es para ir a su trabajo. Luego es reemplazada por una argentina que se queja de los “ruidos” del resto, del olor a churrasco que deja su compañero de California o de las juergas que organiza el holandés que duerme en el dormitorio enfrente al suyo.

El panorama es agotador, pero hizo las cuentas para mudarse varias veces y la respuesta siempre es la misma: todavía no le alcanza. En otra ciudad de España, el escenario es igual de desesperante. Lo cuenta estos días el diario El País: se trata de Málaga, donde Airbnb está de fiesta y ocho de cada diez nuevos residentes son extranjeros. Entendible… ¿quién con un trabajo remoto no estaría dispuesto a cambiar una fría y triste Hamburgo por una cálida y frenética ciudad de la Costa del Sol? El mercado y su atractiva libertad a ultranza generan estas situaciones. Ahora los locales no tienen dónde vivir porque los precios de los alquileres subieron un 20% en el último año, y el tercio de las casas vendidas en el 2022 fueron a parar a manos foráneas. Algunos debieron alejarse tanto para encontrar casa que ya se olvidaron de que vivían cerca del mar.

La compra de viviendas, precisamente, agravó su cuadro por la inflación (producto de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, que la UE quiso enfrentar con todo un cambio de matriz energética a un costo muy alto). La jefa del Banco Europeo —nuestra recordada Christine Lagarde— subió las tasas de interés y eso encareció los créditos. En España, por ejemplo, la tasa pasó de cero a más del cuatro por ciento en el último año. Parece poco comparado con Argentina, pero no todos los salarios se actualizan. Las empresas y los sindicatos acordaron una suba del 4%, pero las empresas no están obligadas a cumplirlo; es solo una bella referencia.

Encontrar un lugar más o menos habitable es un derecho, se supone. De mínima, está estudiado que facilita el desarrollo personal y la posibilidad de formar una familia, si eso es lo que uno quiere. En cualquier caso (el monoambiente, la casa familiar, o el piso compartido), lo primero que debemos conseguir es un trabajo. En eso pensé esta semana al escuchar una columna de la radio Ser de Madrid —una de las más populares— en la que debatían alegremente sobre la epidemia de reuniones laborales que dejó el Covid con sus zoom y meet. Lo inquietante, más que el cúmulo de reuniones, es que la especialista que consultó el programa para endulzar el momento radial era una escritora cuyo exitoso y rutilante libro se titula: “Van a despedirte y lo sabes”.

AF/JJD

La legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, habló de la crisis de alquileres en la ciudad de Buenos Aires, comparó la situación con otras ciudades del mundo y contó que hay 200 mil viviendas vacías en CABA. “Es como si Barracas, Palermo, La Boca y Parque Patricios fuesen enteros barrios fantasmas”, relató a través de un video que publicó en redes sociales.

“No hace falta que yo explique lo jodido que se puso irte de la casa de tu familia. Alquilar, ni hablar comprar una casa, que es algo que parece que ninguno de nosotros vaya a poder hacer. Uno pensaría que a los jóvenes les está yendo bárbaro porque están yendo a los recitales, festivales, restaurantes, pero claro, uno gasta la plata ahí, porque si no, ¿la estás guardando para qué cosa? La vivienda es el derecho número 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (‘La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos’)”, remarcó Fernández.

Asimismo, la legisladora detalló que “hoy alquila el 35 por ciento de las familias, hace 15 años, sólo el 20 por ciento. Pero el tema es también, ¿cuánta de tu guita se va en el alquiler?”. Recordó que “para 1955, después de medidas regulatorias, el alquiler representaba el 3 por ciento del salario de una persona. A ver, vamos a fingir demencia económica para que se entienda. Ponele que ganaba 100 pesos, se te iban 3 pesos al alquiler. Hace diez años, con 100 pesos se te iban 28 al alquiler. Ahora, con 100, se van 40 al alquiler. Y encima, si tenés entre 18 y 29 años, en promedio se van 60 pesos de 100 al alquiler”, aseguró.

También, Fernández recordó que la población de la Ciudad “se mantiene estable en tres millones de habitantes, y que sin embargo hay más viviendas construidas y nulo acceso. ¿Cómo se explica esta matemática en la que hay la misma gente, más vivienda, pero peor calidad de vida?”, se preguntó, al tiempo que remarcó “la necesidad” que se tiene “del Estado para que se puedan construir más pisos en un barrio, para que los eximan de algunos impuestos, para hacerlo en un terreno público fiscal, entre otras herramientas”.

En tanto, en otro pasaje del video, la legisladora frentetodista dijo haber “visto pasar muchos proyectos, que en general terminan en torres de lujo con viviendas carísimas y vacías. Hay 200 mil viviendas vacías en CABA. Es como si Barracas, Palermo, La Boca y Parque Patricios fuesen enteros barrios fantasmas. Y lo que a mí me altera principalmente es ¿por qué la política de la ciudad está tan regalada? O sea, ¿por qué el Estado tiene que ayudar al sector inmobiliario a tener departamentos vacíos’ ¿Es esto normal? Para mí no”, sentenció. Y añadió: “Tener casas sin gente y gente sin casas, alquileres muy caros, compras directamente inalcanzables”, lleva a que “si tenés una propiedad, preferís ponerla en en Airbnb que en alquiler formal, o directamente dejar la casa vacía”.

Más adelante, Fernández comparó la situación de CABA con otras ciudades del mundo: “Berlín aprobó la expropiación de 240 mil viviendas y ya acordó la adquisición de 15 mil para alquiler social. Es decir, eligen el precio y para qué sectores de la ciudad es más importante. Pero además, al poner a competir viviendas del Estado, las inmobiliarias tienen que anclar sus propios precios para que la competencia tenga algún sentido y alguien les quiera alquilar”.

Sobre Nueva York, dijo que “si da beneficios a un desarrollo inmobiliario como los que nombré antes, les dice todo bien, te ayudo con esta norma, pero vos el 30 por ciento de estos departamentos los ponés a este precio o se lo alquilás a este sector de la población”.

Y en cuanto a Montevideo, afirmo que si una vivienda “está vacía un año, tienen que empezar a pagar un impuesto progresivo. O Chile, donde el gobierno promueve un subsidio de hasta cinco años para quienes quieran irse de la casa familiar”.

“¿Cómo puede ser que habiendo tantas herramientas elijas no usar ninguna? Acá o tienen un negocio o son medio tarados. Porque no te parece que esté bien ninguna de las medidas anteriores, al menos invéntate algo. En fin, esto no es normal, de hecho es desesperante”, apuntó en referencia a la situación en CABA.

Además, criticó a las inmobiliarias “que están directamente llamando de a 20 personas a ver el mismo departamento y les dicen que hagan una carrera a la inmobiliaria a ver quién llega primero y hace la reserva. Y encima de esta carrera demencia, cuando llegás y querés reservar te dicen bueno, viste que esto está muy solicitado. Así que sube 20 lucas el precio de la página. O buscás el departamento y están todos en dólares cuando vos ganás en pesos y el negocios es en pesos. La mano de obra, los materiales de construcción, es directamente un choreo”, denunció.

Al final, Ofelia Fernández dejó un mensaje para los más jóvenes:  “Como en todo, nuestra generación va a ser la que tenga que intervenir su presente a tiempo para cambiar su futuro. Hay que imaginar ese futuro, pelearlo y construirlo, porque esto no es normal, no hay que acostumbrarse. Y esto se puede poner todavía peor. Por eso quiero hacer un llamado urgente por el derecho a la vivienda”.

IG

El Plan Mi Pieza del Ministerio de Desarrollo Social continúa vigente. Se trata de una ayuda económica equivalente a $360.000 que se entrega, por única vez, a las mujeres mayores de edad que residan en una zona perteneciente al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y presenten el Certificado de Vivienda Familiar.

El dinero otorgado por el Gobierno Nacional debe estar destinado a la ampliación o refaccionamiento de las viviendas de las beneficiarias. Se cobra en dos etapas: el primer 50% se cobra al inicio de la obra y el monto restante se recibe tras validar el avance la obra a través de la aplicación del celular.

Qué gastos se pueden realizar con el dinero del plan

El 40% del consumo total del subsidio debe realizarse con la tarjeta o billetera electrónica, mediante compras online o pagos electrónicos, en los comercios de los siguientes rubros habilitados:

1. Materiales de construcción

2. Albañilería y Mampostería

3. Madereras y Carpinterías

4. Ferreterías, aberturas y herrajes

5. Equipamiento y suministro de plomería

6. Pinturería

7. Plomería y Calefacción

8. Iluminación, artefactos y accesorios

9. Reparación de techos

10. Trabajos de hormigón y concreto

11. Partes y equipos eléctricos

12. Gran tienda de materiales

13. Pinturerías papeles pintados

14. Bazares ferreterías

15. Toldos, lonas y mallas

16. Materiales eléctricos

El 60% restante de la ayuda económica puede ser retirado en efectivo de la cuenta bancaria para cubrir otros gastos de refacción, mejoramiento o ampliación de la vivienda.

Paso a paso, cómo tramitar el Certificado de Vivienda Familiar

1. Ingresar a mi ANSES con el CUIL o la Clave Única de la Seguridad Social

2. Desplegar el menú “Programas y beneficios”, seleccionar la opción “Certificado de Vivienda (RENABAP) y solicitar el certificado de ”Acceso al Certificado de Vivienda“.

3. Con el certificado generado, se pueden cargar solicitudes para su modificación: agregar o quitar un miembro familiar, modificar la titularidad, informar un mudanza o un cambio de domicilio.

4. Imprimir el certificado.

Cómo obtener el segundo desembolso y el certificado de finalización de obra

Para recibir el segundo desembolso de dinero, las beneficiarias deberán acreditar el avance de obra dentro de un plazo de 3 meses desde la entrega del primer 50% del dinero. Para realizar el trámite, se debe completar una declaración jurada y enviar un registro fotográfico a través de la Aplicación “Mi Pieza Argentina”. Junto a estos dos documentos, se enviará la ubicación de la vivienda a fin de comprobar que la obra se esté realizando en el domicilio correspondiente al Certificado de Vivienda Familiar con el que se realizó la inscripción al programa.

El certificado de finalización de obra se puede obtener por medio de la App “Mi Pieza Argentina” luego de adjuntar las fotos que acrediten la obra terminada y se complete una breve encuesta. La verificación de la información enviada puede demorar algunas semanas y durante ese plazo, el beneficiario no tendrá vigente el certificado. Una vez descargado, es posible desinstalar la aplicación.

ACM

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) renovó el programa “Garantía + Fácil” que permite a aquellos inquilinos que no cuenten con un familiar o amigo que actúe como garante puedan acceder a un seguro de caución privado con una bonificación del 70% de su costo. El plan está vigente desde fines de 2021, pero se ha ampliado en los últimos meses a nuevas empresas.

La nueva Ley de Alquileres 27.551 contempla los seguros de caución como una garantía alternativa en la que una compañía aseguradora, regulada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, responde ante el propietario en caso de que el inquilino no pudiera afrontar los gastos de alquiler, expensas, etc. En general, el costo de este tipo de seguros equivale al valor de un mes y medio o dos meses de alquiler.

Requisitos para postularse en el programa del IVC

Para poder acceder al programa “Garantía + fácil”, enfocado en los inquilinos de ingresos medios y bajos, el postulante deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener 18 años o más.

2. Contar con un ingreso total y/o familiar de hasta 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

3. No contar con antecedentes financieros desfavorables.

4. Tener Documento Nacional de Identidad Argentino.

5. Presentar toda la documentación relacionada al grupo familiar y las situaciones denunciadas en el formulario web.

6. No ser beneficiario de otro programa del IVC o de la Comisión Municipal de Vivienda (CMV).

7. No figurar en el registro de deudores alimentarios.

El inmueble que se busca alquilar también deberá cumplir con 3 condiciones para poder estar adherido al programa:

1. Estar destinado a vivienda habitacional

2. Estar ubicado dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Tener un valor de alquiler no superior a las 654 UVAs.

Qué entidades aseguradoras están adheridas al programa

De acuerdo a la información disponible en la página web del IVC, el programa abarca los seguros de caución ofrecidos por las siguientes empresas y entidades bancarias:

1. Zonaprop garantías

2. Woranz, compañía de seguros

3. Banco Ciudad

4. Crédito y Caución, compañía de seguros

5. Triunfo Seguros

6. Alba Caución (Alba compañía argentina de seguros S.A.)

Cómo postularse al programa

Para acceder al descuento del 70%, los postulantes que cumplan con los requisitos mencionados deberán ingresar en la página web del IVC. Luego de oprimir el botón “Postulate”, deberán identificarse mediante el sistema miBA. A continuación, deberán completar un formulario web con sus datos personales e ingresar la documentación requerida del grupo familiar y su situación económica. Para ello, el postulante deberá contar con sus recibos de sueldo o constancias de inscripción al Monotributo.

ACM

“En Chacay Oeste no hay docentes porque no tienen donde vivir”, dice el título de la noticia publicada en el diario local El Chubut. Chacay Oeste es una pequeña localidad de la meseta patagónica en el que viven 20 familias, algunas de las cuales tuvieron que albergar provisoriamente en sus hogares a maestros para evitar que sus hijos se quedaran sin clases. Incluso en ese lugar, que en el mapa satelital de Google no tiene calles ni marcas de locales comerciales, encontrar un lugar donde vivir es un desafío. 

“En toda la provincia hay falta de disponibilidad de viviendas, ya sea porque no hay casas suficientes para alquilar o porque el precio las hace inaccesibles. Muchas veces las personas recurren directamente a los medios para que el Gobierno les dé una solución”, dice Rebeca Ancina, que vive en Puerto Madryn y es secretaria general del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos Trabajadores del Chubut, integrado a la CTA Autónoma. 

Si bien la discusión suele centrarse en los grandes centros urbanos, el acceso al hábitat y en particular el mercado de alquiler muestra problemas en todos lados: la oferta es escasa y los precios, en muchos casos, prohibitivos. Un informe de Reporte Inmobiliario señala que en ciudades como Neuquén o Bariloche los precios de alquiler son superiores incluso a los de Buenos Aires. En promedio, un departamento de dos ambientes usado cuesta $55.330 en Neuquén, $55.000 en Bariloche y $49.600 en CABA.

“Acá hay mucho trabajo en el petróleo, cada vez más, y la gente del rubro gana sueldos altísimos. Entonces los alquileres del centro o en barrios emergentes lindos están muy en relación a eso y a las personas que trabajamos en otras cosas nos cuesta un montón”, dice Nati Ebe, que es fotógrafa y vive en Neuquén. 

El Índice para Contratos de Locación, que regula la renovación de los alquileres de acuerdo con la ley vigente, arroja un incremento interanual de casi 65% en septiembre; eso deberían aumentar los alquileres que tengan su actualización actual en el mes de la primavera. Pero las subas no reguladas por la ley –es decir, las de renovación de contratos o publicación en el mercado– más que duplican estos valores.

En Rosario en los últimos 12 meses el alquiler de un monoambiente aumentó un 155% y el de un departamento dos ambientes, 150%. “En ese mismo período el dólar oficial subió 40,8% y los últimos datos de inflación muestran un aumento interanual de 78,5%. No hay ninguna variable que pueda explicar los aumentos”, dice Celina Calore, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO).  

Según la economista, la actualización de los precios de mercado es incluso superior a la que se registra en la Ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje ronda el 80% anual. “Hay muchos factores que pueden estar detrás de esto. Rosario tuvo un boom inmobiliario en los últimos 15 años y se construyeron viviendas de alta gama que no tienen correlato con la demanda de las familias. Además se han retirado viviendas de alquiler y hay propietarios que deciden no alquilar porque consideran que es un negocio que no les da la rentabilidad que esperan”, señala. La oferta cae, los precios suben y se incrementa la porción del salario o el ingreso familiar que se destina a garantizar un techo. 

En localidades turísticas como El Chaltén, en Santa Cruz, se suma otra complejidad. Es más conveniente económicamente alquilar las propiedades a los visitantes que a los locales, que se quedan sin opciones o deben pagar precios pensados para bolsillos extranjeros. 

“Acá la situación está empeorando. Ahora ya directamente no hay nada para alquilar y el que tiene algo sabe que hay cien personas esperando, así que elige y pone las condiciones”, dice Mauro Piombo, docente de El Chaltén que vive hace 17 años en esa ciudad. 

Según cuenta, en la temporada alta los comerciantes trabajan con menos personal del que necesitan porque deben llegar desde otras localidades y no tienen lugar para alojarlos. “Mi cuñada, que tiene una cervecería, estuvo averiguando y una persona le cobra $50.000 por persona para vivir en casillas rodantes que puso en su terreno”, apunta. “Ella le dijo que era una locura y el tipo le contestó ‘Es lo que se está cobrando’. La verdad es que cada uno cobra lo que quiere”. 

En Mendoza una familia de tres personas necesita por lo menos tres salarios mínimos y medio para pagar la canasta básica y el alquiler, según una investigación de las arquitectas Virginia Miranda Gassull y Florencia Ginestar, del Instituto de Ambiente Hábitat y Energía (Inahe) del Conicet. En esa localidad cuyana, como sucedió en muchas ciudades intermedias, en los últimos años se evidenció un proceso de fuerte inquilinización. “En el centro urbano de la provincia el 32,5% de población alquila, mientras que el promedio provincial es el 18%”, precisó Miranda Gasull, que además confirmó que la oferta es poca y los precios “no tienen relación con la calidad”.

En abril de este año la Ley de Alquileres, vigente desde  junio de 2020, volvió a ser tema de debate en el Congreso. Después de un mes de sesiones informativas, con más de 130 oradores, se emitieron tres dictámenes en la Comisión de Legislación General como síntesis de los más de 20 proyectos de reforma presentados.  

El dictamen de mayoría, impulsado por el Frente de Todos, refrenda la ley vigente y mantiene los puntos centrales  de la norma, los más cuestionados: el plazo de tres años de contrato y la actualización anual del alquiler regida por el el índice del Banco Central, que toma la evolución de los salarios y de la inflación por partes iguales. El dictamen de minoría, respaldado por Juntos por el Cambio, no propone derogar la norma pero desanda su corazón: vuelve al plazo de contrato de dos años y a la “negociación libre” del precio entre las partes. 

Ninguno llegó a ser tratado en sesión porque la discusión se congeló, pero la puesta en duda del marco normativo vigente alcanzó para retraer más a los propietarios, que buscan evitar cerrar contratos con los términos actuales. 

Si bien la Ley de Alquileres es clara respecto de lo que se le puede exigir a un inquilino al momento de firmar un contrato, en los hechos la lista de requisitos se abre a los pedidos más exóticos: no tener mascotas, no tener hijos menores, depositar un año de alquiler adelantado, pagar en dólares.  

Según informó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su reciente informe en el Congreso, en las 24 jurisdicciones del país hay apenas 195.818 contratos registrados ante la AFIP, un trámite que se exige desde la sanción de la nueva ley. El número representa el 6,5% de la cantidad de viviendas en alquiler que se estima que hay en todo el país, 3 millones. En Santiago del Estero, por ejemplo, los contratos inscriptos apenas superan los 200; en Catamarca y La Rioja no llegan a  los 500. 

Sin contrato, tampoco se puede tener la tranquilidad de que el techo está garantizado por tres años y se habilitan mecanismos de expulsión arbitrarios e ilegales. “En la pandemia [cuando regía el decreto que prohibía los desalojos por falta de pago] me retrasé en el pago por tres meses porque me quedé sin trabajo en el club en el que cocinaba y los dueños me cortaron los servicios. Primero el gas, después me sacaron el medidor”, cuenta Nancy Fernández, que alquila en el barrio Alberdi de José C. Paz. “Yo les pedí que me dieran al menos seis meses para juntar algo de plata e irme, porque salí a buscar otro lugar para alquilar, caminé por todos lados, y te pedían más de $100.000 para entrar, un monto que yo no podía juntar”, cuenta la mujer, que limpia en casas de familia, cuida personas mayores y revende cosméticos y productos de dieta. 

En el Presupuesto 2023 enviado al Congreso por el Ministerio de Economía se incluye la posibilidad de blanquear capitales si es que se destinan a comprar viviendas usadas en el país para utilizar como hogar propio o ponerlas en alquiler. Si bien se argumenta que esta medida podría dinamizar el mercado, hay quienes creen que generará una mayor especulación. “Si el Estado no puede cumplir hoy en día su tarea recaudatoria o de fiscalización, ¿cómo va a hacer para controlar si se vuelcan esas viviendas en alquiler?”, apunta Leandro Vera, investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del CELS. “Una vez más, estamos viendo la cristalización de la idea de la vivienda como un bien de inversión, en la que no importa el uso que tenga ni el derecho de los inquilinos”.

DT

El secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, indicó hoy que en “pocas horas” se inscribieron más de “10.000 personas para acceder a 904 viviendas en 18 provincias”, en el marco del plan Procrear.

“Hoy tenemos en Procrear más de un millón de argentinos y argentinas que se han inscripto para cada uno de los sorteos que se han ido realizando para desarrollos urbanísticos, lotes con servicios, construcción y ampliación de viviendas”, dijo Scatolini en declaraciones a Télam Radio.

El funcionario también se refirió a la inscripción que se abrió este miércoles “donde en pocas horas tuvimos más de 10.000 inscriptos en 18 provincias, para 904 viviendas en 40 predios”.

Scatolini destacó que, desde el relanzamiento de Procrear, sobre el total de argentinos y argentinas que se anotaron “casi 200.000 han resultado ganadores”.

“Nos parecen números muy potentes porque hablan del esfuerzo enorme del Gobierno nacional, de la decisión que tuvo el presidente Alberto Fernández y la impronta que le pone hoy (el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat) Jorge Ferraresi a esta política pública”, enfatizó

En este marco, el secretario de Desarrollo Territorial calificó al Procrear como una política de vivienda, de desarrollo urbano, “de una mirada integral de las ciudades para generar más dignidad y mejores condiciones de vida”.

“Todas las personas que se quieran inscribir lo pueden hacer en la página web de Procrear y los únicos requisitos son que no sean propietarios de otro inmueble y que puedan demostrar ingresos, ya sea como monotributista o como personas que están con trabajos en relación de dependencia”, aclaró.

Con información de agencias.

IG

Más de 25 organizaciones piqueteras se reunieron este miércoles con las centrales obreras CGT y CTA Autónoma para solicitarles que intercedan ante el Gobierno con un “pliego de reclamos” ante el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar, entre otros puntos.

En una rueda de prensa previa a la reunión en la sede central de la CGT en Azopardo 802 (CABA), el referente del Partido Obrero (PO), Eduardo Belliboni, señaló: “Venimos a reclamar más combatividad a la CGT. Queremos un paro nacional y un plan de lucha continuo que tenga una salida económica, donde la salida no sea el ajuste a los trabajadores”.

“Queremos saber cómo cree la CGT que es la mejor manera de defender a los trabajadores y los salarios porque cada vez más se nota el ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno es cómplice”, agregó.

Belliboni se preguntó “¿qué están esperando?” los dirigentes de la CGT para sumarse “a la lucha de los trabajadores”, y consideró “no habrá milagros ni soluciones mágicas” ante la suba de los precios.

“Le plantearemos la necesidad de la deliberación colectiva de los trabajadores mediante asambleas y plenarios de delegados. Hay que impulsar el reclamo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con los métodos de la clase obrera. Hay que llamar a un paro nacional inmediato y a un plan de lucha progresivo para derrotar el ajuste en marcha”, remarcó el dirigente del Polo Obrero.

“Le plantearemos la necesidad de la deliberación colectiva de los trabajadores mediante asambleas y plenarios de delegados, para votar el reclamo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con los métodos de la clase obrera, un paro nacional inmediato y un plan de lucha progresivo, para derrotar el ajuste en marcha”, advirtieron.

Estas agrupaciones tienen previsto además concretar un “plenario piquetero nacional” el lunes 13 de junio en el Obelisco, donde se votará un “plan de lucha progresivo que convoque a los trabajadores a luchar en unidad para derrotar el ajuste”.

Participan las organizaciones Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social y el Bloque Piquetero Nacional, entre otros.

Para Plaini es “histórica” la visita de piqueteros a la CGT

El senador bonaerense y dirigente del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, calificó como un suceso “histórico” que dirigentes de organizaciones piqueteras a las que definió como de “ultraizquierda” visiten por primera vez la CGT para analizar distintas propuestas ante los aumentos de los precios, pero advirtió que desde la central obrera no son partidarios de lanzar “medidas extremas”.

“Hoy vamos a recibir a este conjunto de organizaciones y analizaremos en conjunto cuáles son las propuestas y dificultades de esos sectores. Esto es histórico. Por primera vez la ultraizquierda visita a la CGT en sus 92 años de historia que vamos a cumplir en septiembre”, afirmó Plaini en declaraciones a radio AM 750.

“Los vamos a escuchar y vamos a intercambiar. Celebro el encuentro y que nos podamos ver cara a cara para analizar, discutir y ver cuáles son los asuntos que necesitan algún tipo de acción directa”, expresó Plaini.

En ese sentido, el dirigente canillita sostuvo que aunque “algunas cosas se van resolviendo” también hay “dificultades” y llamó a analizar “cuál va a ser la actitud del campo popular” porque “es terrible lo que propone Juntos por el Cambio (JxC) y los empresarios”.

“Todos los que nos denominamos sectores populares tenemos que aportar ideas y el gobierno más que nadie. Hay que resolver los problemas de alguna manera. Tenemos que ver cómo intentamos lograr para eso una correlación de fuerzas. No soy partidario de medidas extremas sin antes agotar todo lo que haya que agotar, pero vamos a escuchar a los compañeros para ver qué plantean”, completó.

Economía Popular, a la COPAL contra el aumento de precios

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) marcha desde las 10.45 a la sede la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), en una protesta bajo el lema “Con la comida no se jode”, contra el alza de precios en los alimentos y contra la inflación, informaron voceros de la organización.

“Bajen los precios, con la comida no se jode”, es el eje de la marcha desde las inmediaciones del Obelisco a la sede de la Copal, ubicada en 25 de Mayo 516, en el microcentro porteño.

“Vamos a la Copal y a las sedes de 20 empresas alimenticias formadoras de precios del país, para exigir que no se hagan los vivos y vendan a precios justos. Estamos en una situación donde tenemos que poner límites claros a las grandes ganancias de algunos en detrimento de las familias que menos tienen”, anunció este martes la UTT a través de un comunicado de prensa.

La manifestación de la UTEP cuentan con el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Evita y el Movimiento Territorial Liberación (MTL), entre otras organizaciones.

Entre los argumentos de la protesta, los organizadores consideraron que “en la pandemia (de coronavirus) toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por sostener la salud y la economía, mientras del otro lado están los que ganaron fortunas”, como “las corporaciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, y entre ellas, las que concentran el mercado alimenticio, teniendo en su poder casi toda la distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional”.

“A estos últimos solamente se les está exigiendo que no especulen con los precios mientras los y las de abajo luchan para comer dignamente. Que no sigan aumentando algunos productos estratégicos para garantizar un acceso justo a los alimentos para las familias que peor la están pasando. Con el hambre y la necesidad no se especula”, puntualizó.

“Verdurazo” de la UTT para reclamar la Ley de Acceso a la Tierra

Dirigentes y militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se concentraron desde las 11 en la esquina de las Avenidas de Mayo y 9 de Julio en el marco de la realización de un nuevo “verdurazo” de protesta en Plaza de Mayo, en reclamo de la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra, y de “políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar”.

Con algunos camiones de carga y tractores, la protesta, -que comenzó pasadas las 10.30-, consistirá en la donación de 30.000 kilos de alimentos a los vecinos que se acerquen a Plaza de Mayo, informó a Télam Lucas Tedesco, vocero de la organización campesina.

Según explicaron los organizadores, la “jornada de lucha se desarrollará en todo el país con la exigencia al Congreso nacional de avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra y por políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar, quienes producen más del 60% de los alimentos para las familias argentinas”.

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra impulsado por la UTT, que representa a pequeños comerciantes y familiares agricultores de todo el país, fue presentado por cuarta vez en este año en el Congreso por la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau.

Con información de agencias.

IG

Las mujeres mayores de 18 años que viven en barrios populares de toda la Argentina podrán participar de un nuevo sorteo para acceder al programa Mi Pieza, destinado a financiar refacciones o ampliaciones de sus viviendas, a partir de la decisión del Ministerio de Desarrollo Social que este lunes reabrió la inscripción.

A través de Mi Pieza, la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu) otorga -a las beneficiarias que resulten sorteadas- montos por 100 mil o 240 mil pesos, en dos cuotas del 50%, la primera de ellas para el inicio de la obra y la segunda, una vez que se constate el avance de la reforma.

Hasta el momento, un total de 140 mil mujeres accedieron al programa, para el cual se destinó una inversión de 32 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), conformado por el 15% del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas y el 9% del impuesto País.

“Este programa está enmarcado en la política de integración social y urbana de los barrios populares, villas y asentamientos de todo el país que lleva adelante la SISU a través de proyectos de urbanización, creación de lotes sociales con servicios y masivos mejoramientos habitacionales”, consignó Desarrollo Social.

Las interesadas pueden inscribirse a través de la plataforma https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza

A continuación, el Ministerio detalló una serie de preguntas frecuentes para disipar dudas de quienes aspiren a acceder al sorteo.

- ¿Quiénes se pueden anotar?

Mujeres de más de 18 años, argentina o con residencia permanente, y que sean residentes de un Barrio Popular del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares). Deben contar con Certificado de Vivienda Familiar. Se permite una única inscripción por Certificado.

- ¿Si ya salí sorteada puedo volver a anotarme?

No. Solo pueden anotarse las mujeres que nunca se inscribieron a Mi Pieza.

- ¿Si ya participé de un sorteo y no salí ganadora tengo que volver a anotarme?

Si ya te inscribiste y no saliste sorteada, No es necesario que vuelvas a inscribirte. Si pasás las validaciones necesarias participarás del próximo sorteo.

- ¿Cómo funciona Mi Pieza?

Una vez realizado el sorteo, las ganadoras cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular. Quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

- ¿Qué obras pueden realizar?

En enero pasado, en base a un análisis de los datos registrados en las inscripciones para el sorteo anterior, se constató que “el 41,5 por ciento de las mujeres que esperan ser beneficiadas vive en condición de hacinamiento crítico: es decir que más de tres personas comparten un ambiente.

Además, el 30,2 por ciento declaró vivir en condiciones de “hacinamiento moderado”, que se traduce en que “conviven en el mismo espacio con dos o tres personas”.

En los registros del ministerio de Desarrollo Social también se detectó que “el 10 por ciento de las mujeres que se postularon para acceder al programa sufrieron o sufren algún tipo de violencia de género”; que el 17,4 por ciento son “hogares mono-marentales” y que el 13,6 por ciento tiene a cargo algún familiar con discapacidad.

El programa Mi Pieza es compatible con cualquier prestación social, incluido el programa Potenciar Trabajo; sin embargo, desde el ministerio insistieron que “quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica”.

Más detalles

El 40% del consumo total del subsidio deberá ser con la TARJETA o BILLETERA ELECTRÓNICA en los comercios de los rubros indicados, mediante compras a través de los portales online o bien con medio de pago electrónico (no efectivo).

No hay “comercios adheridos”. Es decir, todos los comercios que venden productos de los rubros habilitados (construcción, carpintería, ferretería, etc) están permitidos para realizar la compra de materiales. Está prohibido el cobro de comisiones por parte de negocios o de terceros.

Los controles se realizan por medios electrónicos, por lo que no será necesario presentar tickets o facturas en papel. La compra puede realizarse en cualquier local que pertenezca a los rubros habilitados según “Bases y condiciones” de Mi Pieza.

Rubros habilitados:

El 60% restante del total de la asistencia económica podrá ser retirado en efectivo de la cuenta bancaria para otros gastos que requiera la refacción, mejoramiento o ampliación de la vivienda.

¿De qué manera debo acreditar el avance de mi obra para recibir el segundo desembolso?

El cobro de Mi Pieza se realiza en dos desembolsos del 50% cada uno, del total del monto asignado según el tipo de obra seleccionada.

Para el cobro del segundo desembolso (correspondiente al 50%) las beneficiarias deberán, dentro de los tres (3) meses de realizado el primero, acreditar el avance de obra mediante una declaración jurada y el envío de un registro fotográfico. Ambos requisitos se envían por medio de la Aplicación “Mi Pieza Argentina”.

Las fotos enviadas deben ser nítidas, con buena luz y mostrar con precisión qué tipo de obra se está realizando y en qué sector de la casa. Es decir, tienen que representar con claridad el entorno de la vivienda o terreno. Esto permitirá dar cuenta de que hay un avance con respecto a las imágenes del inicio de obra o la adquisición de materiales.

Si esto no sucede, la acreditación de avance no se considerará aprobada.

No se admitirán las fotos que:

Junto con las fotos que se envían por medio de la aplicación recibimos, de manera automática, la ubicación de la vivienda. De este modo verificamos que la obra se está desarrollando en el domicilio correspondiente al Certificado de Vivienda Familiar con el cual se concretó la inscripción a Mi Pieza. Por este motivo es importante que se envíen desde donde se está realizando la obra.

La acreditación de avance enviada por las beneficiarias será analizada. El proceso puede demorar hasta 45 días. En caso de no ser aprobada, se solicitará nuevamente enviarla por medio de la aplicación y habrá demoras en el siguiente desembolso.

¿Por qué motivos pueden darme de baja como beneficiaria de Mi Pieza?

Las Bases y Condiciones de la Línea Mi Pieza disponen la pérdida de condición de beneficiaria (baja) en los casos que:  

Advertencias frente a estafas vinculadas al programa Mi Pieza

En todos los casos la baja supondrá la imposibilidad de cobrar los depósitos pendientes del programa. A su vez, quienes sean dadas de baja no podrán volver a inscribirse, ni participar en próximos sorteos de la Línea Mi Pieza.

Ante las reiteradas denuncias de engaños que recibimos vinculadas a la línea Mi Pieza, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana, informa que la inscripción y la gestión del Certificado de Vivienda Familiar son trámites totalmente gratuitos.

Para evitar cualquier tipo de estafa, se recomienda no brindar información bancaria por fuera de los canales oficiales. Toda la ejecución de Mi Pieza se realiza mediante la aplicación de celular.

Además, es importante que la compra de materiales sea realizada en comercios habilitados y que no se realicen transferencias de dinero a ningún local comercial sin antes estar seguros de que esté registrado ante la AFIP y cuente con número de CUIT.

En caso de recibir un correo electrónico en nombre de Mi Pieza o del RENABAP, recomendamos corroborar que termine con @desarrollosocial.gob.ar

Ante dudas o consultas, solicitamos utilizar las vías de comunicación oficiales de Mi Pieza como la página web, el formulario de consultas y la app Mi Pieza.

Solicitar el Certificado de Vivienda Familiar

Si vivís en un Barrio Popular y participaste del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP), podés pedir el Certificado de Vivienda Familiar que acredita tu domicilio ante cualquier autoridad para solicitar servicios.

El Certificado de Vivienda Familiar:

¿A quién está dirigido?

A las familias que hayan sido encuestadas en su domicilio en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares.

Las familias que no hayan participado de este proceso pueden solicitar al RENABAP ser encuestadas y acceder al certificado.

¿Qué necesito?

Para obtener tu Certificado de Vivienda Familiar, primero tenés que ser encuestado/a en tu vivienda.

Que haya una persona mayor de edad en el grupo familiar.

Contar con Clave Única de Identificación Laboral (CUIL).

¿Cómo hago?

1 Ingresá a Mi ANSES. Si no tenés clave podés generarla en el momento.

Para más información consultá el instructivo.

2 Solicitá tu certificado. Si ya lo pediste, podés informarte si está disponible para retirarlo. También podés realizar modificaciones en la información que ya tenés registrada.

3 Acercate a una oficina de ANSES sin turno y retirá tu certificado impreso, o ingresá con tu Clave de Seguridad Social a MI ANSES y descargalo.

Dudas o consultas

Podés acercarte personalmente a una oficina de ANSES o comunicarte a la línea telefónica gratuita 130, de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito

Con información de agencias.

IG

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi, anunció la apertura de inscripciones para Lotes con Servicios de Procrear II para este lunes 16 de mayo de 2022, que implica el financiamiento para edificar una vivienda de hasta 60 m2 en uno de los terrenos generados a partir de este programa y del Plan Nacional de Suelo Urbano.

De acuerdo a la información oficial, “en toda la Argentina se están generando más de 30 mil lotes con servicios e infraestructura necesaria, a través del Plan Nacional de Suelo Urbano, que busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial para garantizar el acceso al hábitat de la población a precios accesibles y en terrenos de calidad. De esta forma, se aporta a la construcción de ciudades más equitativas y accesibles, y se continúa desplegando en el país, la política habitacional de acceso a la vivienda”.

Los mismos cuentan con “la infraestructura urbana correspondiente, en predios gestionados integralmente por el Estado Nacional. Los municipios bonaerenses en donde se podrá adquirir un terreno son Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Carmen De Areco, Chacabuco, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Exaltación De La Cruz, General Lamadrid, General Villegas, Hurlingham, La Plata, Las Flores, Lobería, Lobos, Mar Chiquita (Coronel Vidal), Mar Del Plata (243, 244 y 244A), Moreno, Olavarría (Pickelado), Luján (Open Door), Pergamino, Pila, Saladillo, San Miguel del Monte, San Nicolás De Los Arroyos, Tandil (Garbellini), Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Villa Gesell”.

Mientras que en el resto de las provincias los predios se ubican en las siguientes localidades: San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), Puerto Madryn DU y Puerto Madryn IPV (Chubut), Villa María - Reale, Seia y Soles De Mayo-, Cintra y Sampacho (Córdoba), Gualeguaychú (Entre Ríos), Ciudad De Formosa (Formosa), Centenario y San Martín De Los Andes (Neuquén), Río Gallegos (Santa Cruz), Esperanza (Santa Fe) y Tolhuin (Tierra del Fuego).

“Como nos pidió el presidente Alberto Fernández, venimos a poner a la vivienda como un derecho, para que cada vez más argentinos y argentinas puedan generar el arraigo definitivo y desarrollarse en sus lugares de origen. Por eso generamos suelo urbano de calidad, algo fundamental en Argentina, para que todos y todas tengan la misma oportunidad de vivir con más comodidades”, indicó el ministro Jorge Ferraresi.

“Los interesados e interesadas podrán inscribirse a través de la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para acceder al lote y al crédito a tasa cero, que se actualiza a partir de la fórmula Casa Propia, y que tiene en cuenta el coeficiente de variación salarial, brindando previsibilidad a las familias adjudicatarias”, dice la página oficial.

Requisitos

Cotitularidad

Los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por

alguno de los siguientes vínculos:

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.

Antes de iniciar la inscripción validá si cumplís con los siguientes requisitos generales mínimos

Destino

Titularidad

Terreno

Vivienda a construir

Bases y condiciones

Qué es “Casa Propia”

A través de diversas líneas que abarcan la construcción de viviendas nuevas; refacciones o ampliaciones para el mejoramiento de las condiciones de hábitat, vivienda e infraestructura básica; la provisión de equipamiento comunitario y el otorgamiento de créditos para el acceso a un lote con servicios y/o para construir, el Programa Federal Casa Propia tiene por objetivo generar 264 mil soluciones habitacionales en todo el territorio nacional durante el trienio 2021/2023.

Los diversos subprogramas contemplarán asimismo la perspectiva de género, los derechos de la tercera edad, criterios de sustentabilidad, y la incorporación de nuevas tecnologías, así como el respeto por las tradiciones culturales y los diversos modos de construir de cada población.

De esta manera, se favorece el pleno desarrollo de las familias y su arraigo, ayudando asimismo a la reconstrucción argentina, gracias al movimiento generado en la industria de la construcción, que además de requerir mano de obra local, moviliza los negocios de proximidad de materiales e insumos.

Para conocer a los resultados de los últimos sorteos, ingresar aquí.

Con información oficial.

IG