El gobierno de Javier Milei anunció este lunes un cambio profundo en la estructura fiscal del país con la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este nuevo organismo, según el anuncio, tendrá una “estructura más simple, eficiente, menos costosa y menos burocrática”. La medida forma parte de la reconfiguración del aparato estatal, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la gestión de los recursos fiscales.

Al frente de la ARCA estará Florencia Misrahi, quien ya lideraba la AFIP y estará acompañada por dos nuevos directores generales, quienes se encargarán de las áreas más cruciales del organismo: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

El nuevo titular de la DGI, excolaborador de el recaudador K, Ricardo Echegaray

Andrés Edgardo Vázquez, un experimentado profesional con más de tres décadas de carrera en la Dirección General Impositiva, asumirá como director de este organismo. Vázquez es Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, y su extenso currículum incluye una trayectoria de más de 30 años en la DGI, donde ha trabajado en distintos niveles de responsabilidad.

También se destaca por haber sido colaborador de Ricardo Echegaray, exjefe de la AFIP durante siete de los ocho años de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública por el delito de defraudación al Estado.

La condena se relaciona con el otorgamiento irregular de planes de pago a la empresa Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Echegaray fue considerado autor penalmente responsable de administración fraudulenta agravada por haber sido en perjuicio de la administración pública. Aunque López y De Sousa fueron absueltos, la Justicia corroboró que gracias al delito cometido por Echegaray, el Grupo Indalo, al que pertenecía Oil Combustibles, pudo expandir sus negocios. El exfuncionario de Cristina sigue en libertad mientras se resuelven los recursos presentados por su defensa.

José Andrés Velis: experto en aduanas al mando de la DGA

Por su parte, José Andrés Velis, quien también cuenta con una sólida carrera en la administración pública, tomará las riendas de la Dirección General de Aduanas. Velis ha sido clave en el desarrollo de sistemas informáticos fundamentales para la gestión aduanera, entre ellos el sistema Malvina, que es un pilar en el control y seguimiento de operaciones de comercio exterior. El Gobierno entiende que la experiencia en tecnología aplicada a la administración aduanera de Velis será vital para los objetivos de modernización que se persiguen para el nuevo organismo recaudador.

La reestructuración de la AFIP también trae consigo importantes recortes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue el encargado de este relevante anuncio sobre el cambio en el área impositiva, innformó que se reducirá un 45% de los cargos superiores de la actual AFIP en la futura ARCA, así como un 31% de los niveles inferiores, lo que implica una eliminación del 34% de la estructura total del organismo. Además, alrededor de 3.155 empleados que fueron contratados en el último año, durante el gobierno anterior, serán desvinculados por haber ingresado de manera irregular, lo que representa el 15% del personal actual.

El ahorro estimado por estos recortes se calcula en $6.400 millones anuales.

Otra de las medidas anunciadas incluye la eliminación de la Cuenta de Jerarquización, un beneficio que permitía a los altos cargos de la AFIP recibir salarios notablemente superiores al promedio estatal. Con esta reforma, por ejemplo, la jefa de AFIP y de la futura ARCA, Misrahi, verá reducido su sueldo, que hasta hace poco rondaba los $30 millones mensuales, a aproximadamente $5 millones, equiparándose con el salario de un ministro. Los nuevos directores de la DGI y la DGA también recibirán remuneraciones acordes a este nuevo esquema salarial, según se informó.

JJD

El Gobierno nacional resolvió desplazar a Rosana Lodovico, al frente de la titular de Aduana, y designar a Eduardo Mallea como dirección general del organismo. A través de un breve comunicado, informaron que avanzan en un proceso de “profesionalización, modernización y despolitización de la Aduana”. 

El desplazamiento de Lodovico responde a los señalamientos por una denuncia de supuesta corrupción en su contra. Se la acusa de recibir sobornos de una empresa señalada por contrabando.

Mallea es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, y socio a cargo del Departamento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior del Estudio Jurídico Bruchou & Funes de Rioja. Fue convocado por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

Según precisaron desde AFIP, el flamante Director de Aduanas es “experto en el ámbito del derecho aduanero reconocido por su trayectoria, conocimiento y experiencia, y desde el año 2012 es distinguido como uno de los abogados líderes en la materia”. 

En su trabajo diario en Bruchou & Funes de Rioja asesora a clientes nacionales e internacionales en materia aduanera y de comercio exterior, incluyendo litigios, dumping y regulaciones en materia de cambiaria aplicables al comercio exterior.

Previo a su incorporación al Estudio Bruchou & Funes de Rioja el 1 de junio de 2006, y desde el 2001, se desempeñó como asociado en la oficina de Buenos Aires del Estudio Jurídico Baker & McKenzie, en el Departamento de Impuestos y Comercio Exterior.

Fue orador en numerosos seminarios de comercio exterior, tanto en Argentina como en el exterior.

Mallea es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros. Asimismo, es miembro del Comité de Negocios Internacionales de la Cámara de Sociedades Anónimas y de la Comisión de importación y exportación de la Cámara Argentina de Comercio.

Con información de agencias.

IG

La Dirección General de Aduanas (DGA) dispuso la eliminación del formulario “Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Argentino Chileno” (OM- 2261) para agilizar los controles en la frontera con Chile, a través de la Resolución General número 5.460 AFIP.

El organismo precisó que desde ahora el trámite sólo se le exigirá a aquellos rodados particulares con vehículo de arrastre.

Además informaron que la medida ya se encuentra en funcionamiento en el Paso Cristo Redentor y se aplicará de manera gradual en el resto de los pasos fronterizos. El cronograma se encuentra publicado en el micro sitio AFIP Viajeros.

El formulario consistía en una declaración jurada, que debían presentar los turistas que cruzaban la frontera entre Argentina y Chile, sobre el vehículo en el que se transportaban y los datos del conductor propietario o el autorizado. En el mismo se reconocía saber las normas aduaneras de ambos países y al firmarlo, los turistas se comprometían a retornar el vehículo al país de origen dentro del plazo autorizado.

Desde la Aduana, destacaron que la eliminación del formulario se “viene impulsando y ha dejado plasmado a través de reuniones bilaterales la agilización de los trámites que deben llevar a cabo los turistas en frontera con la República de Chile”.

Al mismo tiempo, indicaron que “la Organización Mundial de Aduanas (OMA) ha dictado lineamientos o directrices en tal sentido en cuanto a la agilización de los pasos fronterizos” y remarcaron que “el objetivo es facilitar el intercambio turístico con el país vecino y avanzar con la despapelización de procesos operativos”.

CRM con información de la agencia NA

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, puso hoy su renuncia a disposición de la nueva titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, se informó oficialmente.

Michel se viene desempeñando al frente de la Aduana desde julio de 2022 y estuvo en los primeros días de esta semana a cargo de la AFIP, hasta que se resolviera la designación de Misrahi en reemplazo de Carlos Castagneto.

Con la publicación en la edición del Boletín Oficial del decreto que formaliza el relevo de Castagneto por Misrahi, Michel puso a disposición de la nueva titular de la AFIP su renuncia como titular de la Dirección General de Aduanas.

“Michel se encontraba a cargo de la AFIP de manera interina, en el marco de la responsabilidad institucional de mantener el organismo en funcionamiento”, informaron las fuentes, que precisaron que, más allá de la puesta a disposición de su dimisión, “seguirá al frente de la Aduana hasta que designen a su reemplazo”.

“Una vez aceptada la renuncia, Michel no continuará en el organismo ya que en julio del 2019 renunció a la planta permanente del mismo”, agregaron.

De esta manera, se reduce la lista de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que continuarán ocupando posiciones claves en la nueva administración.

Es el caso, por ejemplo, de Marco Lavagna, quien seguirá al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cargo que ocupa desde 2019.

Leandro Madcur, el ex jefe de asesores del Palacio de Hacienda encabezado por Sergio Massa, ahora se convirtió en el enlace entre Luis Caputo y el Fondo Monetario Internacional para abordar la deuda externa.

Por su lado, la ex secretaria de Energía del ex candidato presidencial de Unión por la Patria Flavia Royón dio un salto a la secretaría de Minería.

Fuera del ámbito de la Economía, otro de los hombres de Alberto Fernández que ya confirmó Milei para su equipo es el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Continuará como representante en el país vecino dada su importante labor para reconstruir la relación bilateral entre ambas naciones luego de sucesivos roces con el ex presidente Jair Bolsonaro.

CRM con información de la agencia Télam

La Dirección Nacional de Aduanas encabezó este jueves 51 allanamientos en bancos y empresas en el marco de una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por un valor del orden de los US$400 millones a través de SIMIs apócrifas.

Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.

Las SIMIs son el trámite por el cual se pide la autorización para compras en el exterior y su pago a través del mercado cambiario oficial.

“Se investiga la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas”, indicó la Aduana en un comunicado.

El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola.

La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.

Según informó la Aduana “la investigación surge de un cruce sistémico comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras”.

“Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución – fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos”, añadió la dependencia a cargo de Guillermo Michel.

Siempre de acuerdo a la versión oficial “Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en Estados Unidos y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país”.

El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.

“En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas”, indicó la Aduana.

La dependencia remarcó “que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita”.

La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.

La Aduana agregó que en un domicilio en Belgrano, ante la llegada de agentes del organismo y de la Policía Federal, “las personas presentes en el lugar se fugaron por la terraza”. “Al ingresar, la Aduana encontró cajas fuertes vacías y una máquina de contar billetes. Todo indica que además vendían celulares de alta gama y accesorios de telefonía en forma irregular”, se informó oficialmente.

En algunos casos los CUITs utilizados para las maniobras ilícitas correspondían a personas fallecidas, completó la Aduana.

Con información de NA.

IG/JJD

El Programa de Incremento Exportador (PIE) o “dólar soja” se extenderá hasta el próximo 25 de octubre, confirmó hoy el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel.

El funcionario señaló que la extensión del programa “se publicará en una edición especial del Boletín Oficial hoy o mañana” y que, además de la soja, se analiza “incorporar otras partidas arancelarias como el petróleo”, refiriéndose al PIE anunciado para el sector por el ministro de Economía, Sergio Massa, el pasado martes.

“Se analizarán qué partidas arancelarias tienen saldos exportables y que no generen un impacto inflacionario en el mercado local. En el caso de la soja, hay un volumen importante que todavía está pendiente de liquidación y que seguramente se va a liquidar, lo cual nos va a permitir seguir con la acumulación de reservas”, señaló Michel esta mañana en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, el titular de la Dirección General de Aduanas destacó que van “32 ruedas consecutivas” de compra de divisas por parte del Banco Central (BCRA).

De esta manera, el también denominado “dólar soja 4”, que comenzó el 5 de septiembre y que debía finalizar el 30 del mismo mes, fue extendido por 25 días más, bajo las mismas condiciones y el mismo esquema cambiario que se llevó a cabo hasta hoy.

La última edición del PIE, que comenzó el 5 de este mes, estableció un esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.

De volcar los exportadores esos dólares al Contado con Liquidación (CCL), el promedio entre ambas cotizaciones arroja un tipo de cambio más alto, estimado entre los analistas del mercado en un rango que va de $420 a $450 por dólar, mejorando así la capacidad de compra de soja de la industria en el mercado local.

De hecho, el precio del poroto se movió en un rango de $150.000 hasta los $165.000 por toneladas, lo cual motivó un aumento considerable en las ventas de mercadería por parte de los productores.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante esta primera etapa del Programa se comercializaron alrededor de 4,5 millones de toneladas de soja, lo que implicó un marcado aumento en los niveles de comercialización del grano respecto de los volúmenes vendidos con anterioridad a la medida.

Por su parte, Ciara-CEC calculó las compras de la industria en cuatro millones de toneladas.

Asimismo, la entidad empresaria indicó que durante septiembre el sector agroexportador liquidó divisas por un total de US$ 2.045 millones, lo que significó un aumento del 15% respecto de lo ingresado en agosto, pero una caída del 75% en comparación con lo registrado en septiembre del año pasado, mes en el cual se implementó el primer Programa de Incremento Exportador para el complejo sojero.

El monto liquidado no corresponde solamente a soja, sino que también incluye al resto de los granos y sus productos derivados.

No obstante, en cuanto a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) anotadas en el marco del PIE V hasta el 28 de septiembre, se registraron en total 934.245 toneladas, de las cuales 792.604 toneladas correspondieron a poroto de soja sin procesar, seguido por subproductos (133.754 toneladas), aceite (7.744 toneladas) y soja desactivada (142 toneladas).

Teniendo en cuenta este volumen declarado, la entidad bursátil estimó que el programa aportó, hasta el momento, 159 millones de dólares en carácter de derechos de exportación (DEX), principalmente por poroto de soja.

En cuanto al stock de soja que todavía que manos de los productores, la BCR estimó un volumen de 3,9 millones de toneladas remanentes.

Este cálculo contempla la producción de y la variación de stocks estimada para la campaña, es decir, la diferencia entre el stock inicial y stock final de la 2022/23.

Es decir, de las 23,4 millones de toneladas de grano argentino que se consumirían en la campaña, producto de una cosecha de 20 millones de toneladas y 3,4 millones que se arrastraban de las campañas previas, ya se han comercializado 14,9 millones de toneladas.

“Considerando que se estima que 4,7 millones de toneladas serán utilizadas como semilla, balanceados y otros usos, la soja disponible para comercializar se estima en las mencionadas 3,9 millones de toneladas”, indicó la BCR.

CRM con información de la agencia Télam

La Dirección General de Aduanas puso en conocimiento al Sr. Christian Ammons —Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires— de 146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones irregulares de comercio exterior.

Las firmas en cuestión habían recibido transferencias por aproximadamente USD 400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron. Las irregularidades fueron detectadas por la Aduana a partir de una serie de cruces sistémicos.

Así, se presume que las 146 empresas estadounidenses tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas.

La Aduana denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones en nuestro país, utilizando en la mayoría de los casos los siguientes códigos del BCRA: B5 (pagos anticipados de importaciones de bienes), B6 (pagos diferidos de importaciones de bienes) y B7 (pagos vista de importaciones de bienes).

En las sociedades argentinas se advierten irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados. A su vez, muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa. Por último, algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador.

Además, de acuerdo al organismo, “muchas de las empresas locales que giraron divisas al exterior lo hicieron abusando del Decreto 333/20 que, en el marco de la emergencia sanitaria, eximió del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías vinculadas con la salud”.

El intercambio de información se dio en el marco del “Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas” y representa la primera etapa de una investigación en torno a la fuga de, se estima, USD 700 millones en total.

Al respecto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó: “La reciprocidad es fundamental en cualquier acuerdo entre partes. Como hemos informado en numerosas oportunidades, la Argentina recibe información sumamente valiosa de parte de los Estados Unidos para investigar la operatoria irregular de actores locales. De igual manera, este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional”.

Aduana denunció por presunto contrabando a la empresa Bioils Argentina

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció penalmente por presunto contrabando de aceite de soja a la firma Bioils Argentina S.A. debido a irregularidades en su operatoria de comercio exterior que podrían implicar una multa de US$ 2.000.000, según reportó el organismo estatal.

De esta manera, luego de advertir serias irregularidades en su operatoria de comercio exterior, “en donde en 2021 y 2022 la empresa aceitera había declarado que quince permisos de embarque con destino a Chile contenían oleína, cuando en realidad consistían en aceite crudo de soja —una posición arancelaria con una alícuota más de 10 veces mayor”, informó la Aduana.

Desde la DGA comentaron que “la Aduana tenía presente que el mercado de oleína (producto obtenido a partir del reprocesamiento de aceites usados) tenía actores problemáticos y por ello, resolvió profundizar la fiscalización de las destinaciones con esa mercadería”.

Agentes especializados del organismo comenzaron a extraer muestras de exportaciones, que luego fueron analizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para verificar su correspondencia con lo declarado, según se indicó.

Los resultados “permitieron afirmar que la mercadería exportada por Bioils Argentina en realidad era aceite de soja y que la empresa había presentado declaraciones apócrifas con el objetivo de evadir el debido pago de aranceles, operatoria que generó un perjuicio fiscal de US$ 152.065 al Estado argentino”.

Desde la Aduana precisaron que “la alícuota que corresponde a las exportaciones de oleína es del 3%, mientras que la de aceite de soja es del 33%. Además, este cuenta con un plazo de 15 días para la liquidación de divisas, mientras que la mercadería declarada por Bioils Argentina tiene un plazo de 180 días”.

Además, producto de la investigación, la Aduana detectó que la proveedora argentina tenía vinculación con la firma destinataria chilena. En total, identificó 15 operaciones en infracción, que totalizaban 427 toneladas de aceite crudo de soja.

La DGA denunció entonces penalmente a la firma aceitera, cuyo obrar quedó encuadrado bajo la figura de contrabando, establecida en el artículo 863 del Código Aduanero. Intervino en la causa el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, y desde el organismo informaron que “caben agravantes en los términos del artículo 864, inciso b, y del artículo 865, inciso f. Por todo ello, podría caber una multa de US$ 2.003.560,08”.

Con información de Aduana.

IG

La Justicia Federal dispuso de 23 allanamientos en el marco de una causa por fuga de divisas presentada por la Dirección General de Aduanas, en la que se denuncia la falsificación de documentación vinculada a giros anticipados de bienes de capital que derivó en un fraude aproximado de US$ 5,5 millones. Hubo dos detenciones.

El titular de la Aduana, Guillermo Michel, junto al Comisario General a cargo de Delitos Federales, Carlos Ñamandú, dieron una breve conferencia de prensa. Michel detalló: “Este procedimiento se llevó adelante por una denuncia de la Aduana con la intervención del Juzgado Penal Económico número 9, a cargo de Javier López Biscayart, bajo la subrogación del juez Marcelo Aguinsky”. La causa quedó caratulada como: “MINERBIT SA Y OTROS S / INF. LEY 22.415”, nº 163/23.

Explicó que se detectaron “falsos importadores con carpetas truchas, que falsificaban la documentación bajo la modalidad SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones)”. “Tenemos detenido al cabecilla de la banda, un contador de Mar del Plata, y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían servicios para que estas empresas truchas abran cuentas en Miami, sin registros de importación alguna”, añadió el Director General de Aduanas.

Por su parte, el comisario Ñamandú dijo que la investigación se inició hace “seis meses y del estudio surgieron 23 allanamientos, que están en pleno curso en este momento”. “Las órdenes de presentación involucran también a distintas entidades financieras y como en todo delito económico se secuestra la documentación para hacer el hilo del dinero”.

El personal aduanero ingresó a las sucursales de BBVA Argentina, Galicia y Supervielle. Además, también concurrieron a otras entidades públicas. El jefe policial acotó que en uno de los allanamientos, en la ciudad bonaerense de San Miguel, se secuestraron “cinco armas”.

De las cinco empresas que habrían participado del ilícito, solo una estaba registrada como exportadora y tenia la capacidad económica para importar. Las otras cuatro simplemente eran carpetas sin actividad económica.

De acuerdo las fuentes, personas físicas y sociedades se habrían encargado de burlar el sistema de autorización de importaciones para la compra de dólar oficial para luego girarlos al exterior. Adulterando las SIMIs, ofrecían sus servicios a empresas falsas.

De esta manera, esas compañías se hicieron de US$ 5,5 millones en cuentas en Miami, Estados Unidos, sin importar nada. Por eso, la Aduana solicitó la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) para que aporte información económico-financiera de registros estadounidenses.

“Estos datos son esenciales para dilucidar la maniobra en su totalidad, incluido el rulo financiero y el entramado de sociedades utilizadas”, señaló la Aduana en un comunicado.

La investigación surgió luego que agentes especializados de Aduanas pusieran la lupa en 9 declaraciones del SIMI -que estuvo vigente hasta el año pasado- que resultaron inexistentes. El SIMI fue el anterior mecanismo utilizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para monitorear compras realizadas en el exterior.

Desde la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda en agosto del año pasado, el SIMI fue reemplazado por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el objetivo de mejorar los controles y facilitar las operaciones de comercio exterior.

Al respecto, Michel señaló que “esto era el viejo sistema SIMI; con el actual que implementó el ministro Massa, el sistema SIRA, donde hay un cruce de bases de datos al momento del giro, eso no ocurre”. Agregó que “el SIMI evidentemente tenía algunos puntos débiles que son los que mejoramos a través del nuevo sistema de importaciones”.

El titular de Aduanas concluyó: “Nuestra prioridad, la del ministro, la de todo el gobierno es que los dólares se destinen a la producción y al trabajo argentino y no a la especulación financiera”.

LC con información de agencias

El director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, destacó el papel que tendrá el Gasoducto Néstor Kirchner a la hora de “generar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que indicó que, tras la activación del 'swap' de divisas con China se autorizaron importaciones en yuanes equivalentes a US$ 2.170 millones.

“El objetivo que nos tenemos que plantear como país es tratar de juntar los dólares que vamos a empezar a generar tanto por el gasoducto (Néstor Kirchner) como los que permitirán exportar a Bolivia y Chile.”, afirmó Michel este jueves en diálogo con AM 750.

La generación de divisas -afirmó- permitirá “pagarle al Fondo y dejar de estar subsumidos como país a la política económica que quieren imponer desde afuera”.

El director de la Aduana también indicó los puntos que se tocaron en la reunión que mantuvo anoche con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto.

Uno de los temas fue el “alivio” anticipado por Massa este miércoles en el Impuesto a las Ganancias.

Michel hizo referencia a las últimas medidas vinculadas con el tributo, incluyendo el incremento del mínimo no imponible a $ 506.000 brutos por mes en mayo último, y la exención del pago del impuesto en el aguinaldo para salarios inferiores a $ 880.000.

La idea -señaló- es mantener un parámetro en el cual no más de un millón de trabajadores pague el impuesto y no volver a lo que llamó “extremo burdo”, en el cual “casi 2.360.000 trabajadores pagaban el impuesto a fines de 2019”.

“Lo que hicimos ayer fue hacer una evaluación de esta variable, ver en qué estado de situación estamos y qué medidas podemos proponer para mantener la política de alivio fiscal planteando que el salario no es un costo, y que el costo fiscal de esta medida es relativo porque el mayor poder adquisitivo en el bolsillo del trabajador genera más actividad económica y se recauda más”, indicó Michel.

Del mismo modo, se trataron problemáticas vinculadas con el comercio exterior, incluyendo una evaluación del régimen de importaciones y de las medidas cautelares, la cuales -recordó- totalizaban “US$ 3.000 millones el año pasado”; equivalentes a “casi el 7% de la deuda con el FMI”.

“Llegamos al punto que habíamos tenido una empresa textil que tenía una cautelar de US$ 142 millones para importar cuando las importaciones anuales promedio de esa empresa eran de US$ 25 millones”, ejemplificó, y valoró “el gran acompañamiento” de la justicia contencioso-administrativa que permitió “revocar esas cautelares”.

Del mismo modo, otra cuestión analizada fue la evolución de las autorizaciones de importaciones con yuanes, a partir de la activación del 'swap' con China.

El 'swap' -señaló- es una medida vinculada con la sequía que provocó una reducción en exportaciones en cerca de US$ 20.000 millones, al igual que una reducción en la recaudación vía retenciones.

“Con la mitad del problema de la sequía en 2018, el Messi de las finanzas del gobierno anterior fue corriendo al FMI con ataques de pánico para tomar un préstamo de US$ 44.000 millones y endeudó a toda una generación de argentinos. Nosotros no estamos haciendo eso, sino que buscamos mecanismos alternativos”, señaló Michel refiriéndose al exministro de Economía, Nicolás Dujovne.

Hasta el momento -precisó- “se autorizaron importaciones por US$ 2.170 millones”, y se “está generando un alivio en las reservas por un monto equivalente a US$ 4.400 millones”.

Con información de Télam.

IG

La Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró más de 30.000 productos que habían ingresado al país en forma irregular durante controles de ruta en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con lo informado hoy por el organismo, “el valor de la mercadería de origen extranjero secuestrada asciende a $140 millones”.

Los productos de origen extranjero fueron descubiertos “gracias a la utilización de los recursos tecnológicos del organismo”, señaló la DGA en un comunicado, en el que agregó que “ante la sospecha de que en vehículos de empresas de encomiendas pudiera haber mercadería ilegal” agentes especializados “apelaron al control no intrusivo de la scan van”, que arrojó “imágenes con bultos sospechosos”.

Tras tareas de cruce de información y habiendo avisado a los juzgados federales N° 1, 2 y 3 de la ciudad de Córdoba, personal de la Aduana procedió a abrir las encomiendas para su inspección y encontró más de 30.000 artículos de procedencia extranjera que carecían de la documentación que avalara su legítimo ingreso al territorio nacional, presumiéndose que la mercadería ingresó al país en forma irregular.

En los términos de los artículos 985 y 987 del Código Aduanero, el organismo secuestró “un sinfín de productos” cuyo valor combinado asciende a $ 140 millones y entre los que se contaban “cubiertas, teléfonos celulares, marcos y partes de lentes, camperas, pantalones, ropa interior, zapatillas, medias, juguetes y cigarrillos”.

“También fueron incautados 95 kilogramos de hojas de coca en estado natural”, indicó la Aduana que precisó al respecto que “la normativa vigente considera a las hojas de coca mercadería de importación prohibida”.

Con información de Télam.

IG

La empresa agroindustrial Syngenta quedó imputada por contrabando calificado, a raíz de una denuncia penal realizada por la Aduana contra la multinacional, donde se la acusó de presuntas maniobras de triangulación de importaciones. La causa es tramitada por el Juzgado Federal de Campana.

En un comunicado, la Aduana indicó que “está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario -Syngenta Agro Uruguay S.A.- con domicilio en Montevideo. La empresa uruguaya y la argentina responden al mismo grupo económico, Syngenta AG, con sede en Basilea, Suiza”.

De esta manera, la Dirección General de Aduanas (DGA) le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado presuntamente documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería a la Argentina. “La investigación ha constatado diferencias entre los valores documentados en Estados Unidos y los registrados ante la Aduana argentina. La mercadería fue enviada desde el país norteamericano en forma directa, pero refacturada desde Uruguay. Cabe destacar, no se advierte un valor agregado tangible aportado por la firma uruguaya que justifique el margen de diferencia”, sostuvieron desde el organismo.

En ese contexto, el Juzgado Federal de Campana pidió información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, los cuales la DGA obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano.

“La Aduana está investigando operaciones por más de US$ 30 millones”, afirmó la DGA. Según explicaron en el escrito, la triangulación y sobrefacturación de importaciones consiste en mercadería proveniente de un país, pero refacturada desde otro a un valor superior.

La Dirección precisó que en lo que va de 2023, ya se analizaron 1.790 destinaciones de importaciones de mercadería refacturada desde Uruguay, valuadas en US$ 205.907.898, a pesar de haber sido fabricadas en otros países.

Entre los casi 1.800 operativos de control, se pudo comprobar que solo 10 empresas concentran el 49% de las operaciones trianguladas, por un monto total de US$ 100,3 millones, las cuales tienen “vinculación” a nivel societaria y comercial con la compañía uruguaya que realiza las refacturaciones. Las dos principales firmas con irregularidades son del sector de agroquímicos, concentrando el 27% del total de las operaciones.

Por otra parte, en la Aduana indicaron que “ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado 'adicional' en Uruguay. Por ello, queda claro que todas las transacciones investigadas fueron operaciones de refacturación”.

LC con información de agencia Télam

El ministro de Economía, Sergio Massa; y el director general de la Aduana, Guillermo Michel, participaron hoy de una reunión con autoridades de la Homeland Security Investigations (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, en inglés), para ultimar detalles del intercambio de información aduanera a través del Trade and Transparency Unit (TTU).

Según se informó oficialmente, el objetivo es acelerar el intercambio automático para que, a partir de mayo, la Argentina reciba información del TTU “con mayor asiduidad”.

“La información aportada por la TTU nos permitió desarticular maniobras irregulares en un caso emblemático como el de NRG, firma que sobrefacturó importaciones de bienes de capital por US$ 232 millones”, dijo Michel en declaraciones de prensa tras el encuentro que mantuvo en Washington con Ricardo Mayoral, subdirector de Homeland Security Investigations.

“A partir de mayo vamos a recibir información del Trade and Transparency Unit con mayor asiduidad, algo fundamental para velar conjuntamente por la transparencia del comercio internacional”, remarcó Michel.

Por último, el funcionario dijo que el Gobierno está en negociaciones con autoridades estadounidenses “para tener un delegado de la Aduana en Miami, lo cual nos permitiría analizar la información aportada por Estados Unidos con mayor inmediatez”.

Massa arribó hoy a la capital de EEUU para sumarse a la delegación que encabeza el presidente Alberto Fernández, que mañana mantendrá una reunión con su par estadounidense, Josep Biden.

DA

La Dirección General de Aduanas le entregó al Museo del Holocausto de Buenos Aires 17 billetes del régimen nazi de destacado valor histórico, entre los cuales había ejemplares utilizados en campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, se informó oficialmente este miércoles.

Las piezas formaban parte de una colección de billetes y monedas valuada en más de 120.000 dólares, cuyo ingreso indebido fue desarticulado por la Aduana en enero de este año durante un control vehicular realizado ante la llegada de un buque proveniente de Uruguay, informó la Aduana a través de un comunicado.

El Museo del Holocausto de Buenos Aires solicitó la custodia judicial de los billetes, dado que tiene como misión resguardar el patrimonio referido al nazismo y al Holocausto.

El acto de entrega contó con la presencia del director general de Aduanas, Guillermo Michel, el juez Javier López Biscayart y el empresario Marcelo Mindlin, presidente del Museo.

Durante el evento, Michel expresó: “Desde la Aduana celebramos esta entrega, porque, por un lado, en línea con lo que establecen la Unesco y la Organización Mundial de Aduanas, detuvimos una maniobra de tráfico ilícito de bienes culturales. Por otro, hemos asumido el compromiso de que las mercaderías incautadas por nuestro organismo sean devueltas a la sociedad en forma provechosa”.

Por su parte, Marcelo Mindlin afirmó que las piezas cedidas las pondrán “al servicio de la construcción de memoria, de la educación y de la lucha por los valores democráticos, para prevenir crímenes semejantes contra la humanidad”.

Entre las piezas que la Aduana entregó al Museo hay billetes de, por un lado, la Alemania nazi y, por otro, de la Ucrania ocupada por el nazismo.

Entre los ejemplares de moneda alemana, hay cinco que habían sido utilizados en los campos de prisioneros del régimen nazi.

Los billetes, de 1, 10 y 50 reichspfennigs y de 2 y 5 reichsmarks, llevan inscripciones que, traducidas al español, dicen: “Este bono solo es válido como medio de pago para los prisioneros de guerra y solo podrá ser gastado y recibido por éstos dentro del campo de prisioneros de guerra o en el caso de jornadas laborales en las oficinas de compras expresamente designadas a tal efecto”.

El juez Javier López Biscayart, en cuyo juzgado tramita la causa de la colección numismática incautada, fue quien constituyó al Museo en depositario judicial de los billetes.

“La decisión se adopta con el convencimiento de que cada mínimo aporte puede colaborar con la misión del Museo del Holocausto en la Argentina en ser uno de los guardianes de esa memoria que narra los extremos de la deshumanización”, indicó el juez.

Con información de Télam.

IG

Durante un procedimiento de control en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP encontraron una insólita cantidad de mercadería en el equipaje -que constaba de 4 valijas- de un pasajero que arribaba en un vuelo proveniente de la ciudad de Lima, Perú. 

El análisis de información anticipada fue fundamental para el procedimiento: buscando una mejor gestión de riesgo, emitió una alerta que le permitió a la Aduana prever la llegada de pasajeros que podían ameritar verificaciones exhaustivas —cabe señalar, el hombre en cuestión ingresaba al país con cuatro valijas.

En efecto, el viajero traía 302 prendas deportivas nuevas y originales: había camisetas de fútbol de Argentina, Brasil, Polonia y Barcelona. Teniendo en cuenta que el precio de las mismas suele rondar los $20 mil por unidad, el valor total de la mercadería podría superar los 6 millones de pesos. 

Así, dada su cantidad y variedad, se presume que los productos fueron traídos con fines comerciales. En ese marco, la maniobra constituye una infracción al régimen de equipaje en los términos del artículo 977 del Código Aduanero, por lo cual, a la espera de la decisión del tribunal administrativo, la Aduana secuestró la mercadería. Al viajero podría caberle una multa de $18 millones.

DA

La Aduana implementará un nuevo sistema de control que busca identificar a aquellos pasajeros que busquen “contrabandear” mercadería con fines comerciales o que superen la franquicia permitida. “Esto no es para una persona que viaja y trae una ropa, trae un celular, trae alguna compra. Esto aplica a gente que trae ropa con fines comerciales, zapatillas con fines comerciales, o drogas”, especificó el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel.

La Aduana cuenta con tres principales fuentes de información para aplicar los controles. Una de ellas es la información estandarizada por la Organización Mundial de Aduanas luego del atentado a las Torres Gemelas, que incluye los datos generales del vuelo y del pasajero. La entidad también cuenta con información de fiscos extranjeros sobre las solicitudes de tax refund y de organismos internacionales que permiten identificar a aquellos viajeros con causas penales en otros países.

Ahora, también se tendrá en cuenta la cantidad de bultos que lleva un pasajero, la diferencia entre su equipaje al momento de iniciar el viaje y a su retorno, la cantidad de viajes realizados y la actividad o trabajo que desempeña el viajero. La entidad dependiente de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) revisará, además, si el pasajero cuenta con antecedentes de infracciones cometidas.

Qué artículos está permitido ingresar desde el exterior

Los dispositivos electrónicos son algunos de las compras más comunes de los argentinos en el exterior. Se puede ingresar un celular, Tablet o notebook por persona sin necesidad de abonar un arancel extra. Los pasajeros también pueden traer del exterior ropa y objetos de uso personal sin fines comerciales sin inconvenientes.

Para otro tipo de bienes, se aplica un valor límite del equipaje ingresado o franquicia, que varía de acuerdo a la vía de acceso al país. En caso de transporte terrestre o fluvial, el límite para todos aquellos pasajeros mayores de 16 años equivale a 300 dólares mensuales, mientras que, para los arribos marítimos o aéreos, el máximo asciende a 500 dólares. Para los menores, los topes, en ambos casos, se reducen en un 50%. En caso de superar ese monto, el pasajero deberá abonar un arancel cuyo valor representa la mitad del excedente.

El ingreso de mercaderías para su comercialización o para fines industriales está prohibido. La entrada de este tipo de artículos supone una infracción y habilita la aplicación de una multa equivalente hasta 3 veces el valor de los bienes ingresados. La Aduana también podría confiscarlos, de la misma manera que lo hace cuando un pasajero arriba al país con material arqueológico y cultural, drogas, armas y explosivos, salvo estricta autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

ACM

La Dirección General de Aduanas (DGA) multó a una empresa fabricante de neumáticos en US$ 20 millones por sobrefacturación de importaciones, informó hoy el organismo.

“Se trató de una sobrefacturación de aproximadamente 30%, en promedio”, en las importaciones que Prometeon Tyre Group de Argentina realizó en el período 2020-2022, según se consignó.

La Aduana constató que, en efecto, había diferencias de entre un 15,15% y un 297,71% respecto de los valores declarados por la firma importadora en la Argentina, indicaron desde la DGA.

Al respecto, también precisaron que, si bien los neumáticos ingresaban desde Brasil en forma directa, la facturación se triangulaba apelando a un tercer operador con base en Italia, del mismo grupo económico que la importadora argentina, ya que “en todos los casos, los neumáticos fueron enviados directamente desde Brasil a la Argentina”.

“La facturación de las operaciones se trianguló con un trader comercial con domicilio en Milano, Italia --Prometeon Tyre Group, perteneciente al mismo grupo económico que la filial argentina”, explicaron.

Asimismo, señalaron que “dado que la operatoria se implementó bajo un esquema de ventas sucesivas entre empresas vinculadas, se presume que el sobreprecio habría tenido el objetivo de hacerse de dólares a cotización oficial, lo cual resulta sumamente nocivo para la economía del país en la coyuntura actual”.

Al respecto, el director de la DGA, Guillermo Michel, afirmó: “Nuestra tarea es cuidar los dólares para sostener la producción y el trabajo de los argentinos; no vamos a permitir que se utilicen mecanismos irregulares para girar divisas al exterior de manera encubierta”.

Por su parte, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, aseguró que el organismo “ajustará el impuesto a las Ganancias sobre la empresa en vistas del ahuecamiento que ésta realizó sobre su base imponible al sobrefacturar sus costos de importación”.

“Prometeon fabrica neumáticos con licencia Pirelli desde 2017, entre otros productos de su portafolio, pero no son empresas de un mismo grupo”, aclararon a Télam desde la compañía.

Con información de Télam.

IG

La Dirección General de Aduanas (DGA) multó en $40 millones a un frigorífico por subfacturación de exportaciones de carne.

La empresa en cuestión declaró de forma inexacta dos exportaciones de carne con el objetivo de “reducir el pago de aranceles de manera ilegal”, informó la dependencia oficial.

Desde la DGA reportaron que más de “52 toneladas de carne bovina pasaron a ser consideradas mercadería prohibida” debido a una maniobra fraudulenta por parte de un frigorífico que, listando mercaderías de menor valor que las que verdaderamente correspondían intentaba reducir de manera ilegal el pago de aranceles.

Durante un operativo de verificación en un depósito que el frigorífico posee en zona norte de la provincia de Buenos Aires, el personal aduanero “encontró que dos exportaciones con destino China que estaban declaradas bajo la posición arancelaria recortes de troceo en realidad eran carne bovina congelada, una mercancía de valor considerablemente más alto que aquélla, que por lo tanto, también tiene una base imponible mayor”, señalaron.

De esta manera, el organismo aplicó una multa de 40 millones de pesos, que la firma en cuestión canceló debidamente, según indicaron desde la Aduana.

Con información de Télam.

IG

La Dirección General de Aduanas secuestró 559 neumáticos que carecían de la documentación correspondiente, en una serie de allanamientos que realizó durante octubre en distintas ciudades de la provincia de Misiones.

Cabe recordar que en septiembre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) llevó adelante fuertes medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales que provocaron desabastecimiento, lo que elevó los precios al público y puso en peligro la producción automotriz.

Los rodados fueron secuestrados en varios depósitos de empresas de servicios logísticos ubicados en las localidades de Iguazú y Posadas, como así también en el Puente Internacional Posadas que une Argentina con Paraguay.

La mercadería tiene un valor aproximado de $ 40 millones, según informó el organismo.

El parte oficial da cuenta que en los últimos cinco meses la Aduana lleva incautado en todo el país un total de 6.680 neumáticos por un valor cercano a los $ 460 millones.

Desde el conflicto con el SUTNA la comercialización de neumáticos se convirtió en uno de los mercados más traumáticos para los consumidores, dado que aún persiste la escasez y la dispersión de precios.

Si bien las principales fábricas retomaron su ritmo de producción el atraso en las entregas genera una distorsión en los valores de venta al público que complica la tarea de reposición.

De allí que el rubro sea uno de los más activos durante los días de CyberMonday, porque los compradores pueden comparar precios en forma inmediata y detectar ofertas o disponibilidad en establecimientos cercanos.

Por estas horas se detecta que los modelos más buscados ya cuentan con la banda de “agotado”, como por ejemplo el modelo Kumho 225/50 ZR17 98W XL EcoWing ES31 o el Bridgestone 225/45 R18 95H Turanza.

DA con información de NA

La Aduana logró desactivar una medida cautelar que beneficiaba a una empresa en US$128 millones para importar productos textiles al valor del dólar oficial.

El organismo se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 para que se revoque la cautelar a favor de la firma Barpla, una importadora textil de Capital Federal.

Según la Aduana, la presentación se realizó porque no se había verificado un requisito esencial: el peligro en la demora para otorgar el beneficio judicial.

La cautelar había sido otorgada para 39 “SIMIs” (Sistema integral de monitoreo de importaciones) y era por US$128 millones, detalló la Aduana, en un comunicado.

Ese monto -según el organismo- equivale a las importaciones que la empresa necesita en cuatro años a los valores actuales, “lo cual demuestra el uso abusivo de cautelares”.

El objetivo de la empresa era sobre stockearse de mercadería a valor de dólar oficial.

Finalmente, la empresa desistió de la cautelar y deberá empezar a importar por los procedimientos normales, debiendo obtener la SIMI y las autorizaciones del Banco Central para poder pagar la mercadería.

Ante esta decisión empresaria, la medida judicial quedó sin efecto, según la información oficial.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró recientemente que el Gobierno va a ser “duro” con quienes “afanaron reservas del Banco Central” a través de la sobrefacturación de importaciones.

“Vamos a ser duros con quienes hicieron la avivada de afanarle reservas al Banco Central. Es importante defender los dólares para la producción y el abastecimiento de productos, pero a la vez hay que desnudar a aquellos que usaron la competitividad cambiaria para enriquecerse de manera inapropiada”, sostuvo el funcionario.

Con información de agencias.

IG

La Aduana y la DGI analizaron exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los años 2020/2021 y detectaron al menos 15 firmas ficticias con U$S 51 millones en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está vencido- de las que solo ingresaron al país U$S 3 millones.

De acuerdo a lo informado por la Aduana, a través del operativo se detectaron nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, caracterizados por el incremento exponencial de los valores exportados.

En este marco, señalaron que lo que llamó la atención de estas operaciones, fue la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresas, que mostraban distintos puntos en común.

De esta manera, explicaron en un comunicado que todas las empresas evidenciaron un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo.

Además, indicaron que la posición mayoritariamente utilizada es la de Maíz Partido (PA 1104.2300.0000), caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales.

Asimismo, ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados. En todos los casos las gestiones aduaneras recaen en un solo estudio de despachantes.

Por otra parte, destacaron que un porcentaje elevado de las destinaciones son registradas ante la misma aduana del partido de Campana, repitiendo el circuito de exportación en casi todos los casos.

El monto de divisas liquidadas es sistemáticamente muy bajo en relación con los montos exportados, a su vez, se cotejó en algunos casos la existencia de vinculación entre los compradores extranjeros y los exportadores.

Tras el análisis de la AFIP-DGI, muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia.

En este marco, la Aduana-AFIP presentó una denuncia que está siendo investigada por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó más de ochenta allanamientos en simultáneo en todo el país, en los que se secuestraron celulares, PCs, discos rígidos, documentación y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentación). La Policía Federal, a su vez, colaboró en los allanamientos y también trabajó en la investigación.

De este modo, detectaron la maniobra de 15 empresas truchas con U$S 51 millones en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está vencido- de los que solo ingresaron al país U$S 3 millones, es decir que el 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.

La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera, señaló el director general de Aduanas, Guillermo Michel.

Respecto de las más de 40 empresas sospechadas, informaron que la DGI procedió a suspender sus CUIT, mientras que la Aduana emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero ante la UIF.

El Juzgado Federal de Campana investiga la posible existencia de una asociación ilícita contemplada en el Art. 210 del Código Penal, y/o delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y en el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359) y de la comisión de lavado de activos del Código Penal.

Las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente.

En este sentido, indicaron que existen suficientes elementos de convicción para sostener que el exportador real -esto es, el verdadero dueño de la mercadería- habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla.

Dicha sustitución, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos -incapacidad económica para afrontar las operaciones-, constituye una acción tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar mediante métodos ardilosos el adecuado control del Servicio Aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías, concluyeron.

DA