El 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. Esta jornada tiene como objetivo sensibilizar sobre los problemas que enfrentan los pueblos indígenas, así como reconocer sus aportes culturales, sociales y económicos al mundo. Esta conmemoración se originó en 1982, cuando se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas en Ginebra, marcando el inicio de una lucha global por los derechos de estas comunidades.

Los pueblos indígenas representan más de 476 millones de personas en todo el mundo, distribuidos en más de 90 países. A pesar de su diversidad, estos pueblos comparten una historia común de opresión, discriminación y despojo de sus tierras y recursos. En muchos casos, sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la salud y la participación política, siguen siendo vulnerados, lo que los coloca en una situación de desventaja y marginalización.

¿Por qué se eligió esta fecha para honrar a los pueblos indígenas?

El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas no solo busca visibilizar estas problemáticas, sino también celebrar la rica herencia cultural y las contribuciones de los pueblos indígenas. Estas comunidades son guardianas de un vasto conocimiento tradicional sobre la biodiversidad, la medicina y las prácticas sostenibles, que son esenciales para enfrentar los desafíos globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Cada año, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas se centra en un tema específico para destacar aspectos clave de la vida indígena. En 2024, el tema se centra en la lucha contra el cambio climático, subrayando el papel crucial que desempeñan las comunidades indígenas en la protección del medio ambiente. Sus prácticas sostenibles y su relación armónica con la naturaleza son fundamentales para la conservación de los ecosistemas, pero también son vulnerables a los efectos del cambio climático, que amenaza sus territorios y formas de vida.

La UNESCO y otras organizaciones internacionales utilizan este día para promover políticas y programas que fortalezcan la autonomía de los pueblos indígenas, respeten sus derechos y garanticen su participación en las decisiones que afectan sus vidas. Estos esfuerzos incluyen la preservación de las lenguas indígenas, muchas de las cuales están en peligro de desaparecer, y la promoción de la educación intercultural, que reconoce y valora los saberes ancestrales.

En definitiva, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de proteger y respetar los derechos de estas comunidades. La lucha por la justicia y la equidad para los pueblos indígenas es una responsabilidad global que requiere el compromiso de todos para construir un futuro más inclusivo y sostenible.

NB

En Argentina, la actual gestión de gobierno no tiene precedentes en lo ideológico y transita un camino difícil de describir. Y más difícil aún de avizorar en el futuro inmediato. Su política declarada de desmantelar el Estado (no sólo achicarlo) tiene consecuencias complejas para valorar en su total dimensión, en un escenario siempre cambiante y dinámico. Cada una de las medidas sigue sorprendiendo negativamente, en un contexto social desarticulado y con pocas capacidades de respuesta, a lo que se le suma la legitimidad importante que detenta el Presidente, fruto de los resultados electorales de noviembre de 2023.

Para explicar y comprender la emergencia de un presidente autoadjetivado como anarcocapitalista, debemos entender también la historia reciente argentina, signada por una grieta omnipresente entre los diferentes partidos políticos. Y en los últimos cuatro años, por una captación del Estado por supuestas fuerzas progresistas, que finalmente mostraron su peor cara en la presidencia de Alberto Fernández, caracterizada (más allá de la pandemia y otras desgracias que siempre se mencionan) por el inmovilismo y la ineficiencia.

Como muestra, basta mencionar que, a partir de las internas de la propia alianza de gobierno, Fernández no pudo nombrar un nuevo procurador general del Estado (el pliego del juez Daniel Rafecas, especializado en Derechos Humanos, nunca sumó el aval de Cristina Kirchner) ni cubrir la vacante para Juez de la Corte Suprema de Justicia que se había liberado en 2021. Tampoco pudo designar un Defensor del Pueblo que lleva años sin ser nombrado. Ante este panorama de ausencia de acuerdos, el progresismo mucho menos pudo construir un marco de protección y políticas específicas para los pueblos indígenas.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno

En todos sus discursos, el presidente Javier Milei demuestra una aversión a lo colectivo y denosta cualquier mirada del mundo que sea diferente a la que sostiene. De esa manera, la idea de diversidad cultural parece no tener lugar. Sólo basta apuntar como dato de color que el gobierno declaró el año 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad” y, en consecuencia, cualquier documento del Estado se encabeza con esa frase. Como la leyenda se refiere a la propiedad privada, es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno.

Asimismo, durante la campaña electoral, la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, denunció una y otra vez las demandas de las comunidades indígenas por sus derechos territoriales. Como estrategia discursiva, la compañera de fórmula de Milei enfatizó en la defensa de la soberanía, planteando que los reclamos indígenas atentan contra la soberanía nacional. Una mirada muy creativa para un gobierno que acaba de recibir con honores a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson. Entre sus primeras medidas como Presidenta de la Cámara del Senado, Villarruel disolvió la Comisión de Pueblos Indígenas.

El desprecio por los derechos conquistados

Si repasamos las deudas pendientes del Estado argentino con los pueblos indígenas, éstas se van incrementando y acumulando con el correr de las décadas. Sin lugar a dudas, el reconocimiento de sus territorios es la deuda que alcanza mayor trascendencia y gravedad. No sólo por lo que significa para las comunidades indígenas la posibilidad real de seguir sobreviviendo con su propia identidad cultural, sino porque su desconocimiento forma parte de las consecuencias de la conquista y el colonialismo. Los despojos de sus territorios se volvieron un lugar común en las crónicas del pasado, pero en la actualidad adquieren una centralidad precisamente porque las disputas se van acrecentando al calor de los intereses fraguados a su alrededor.

Sólo basta pensar que el ideal libertario, que desprecia indubitablemente la igualdad, sólo tiene en mente el aniquilamiento del Estado y la eliminación de las herramientas con las que contamos para proteger nuestros derechos. Si bien vale la pena reflexionar sobre el rol que ha jugado el Estado frente a los pueblos indígenas, en Argentina existió y existe una línea de continuidad histórica en las políticas definidas para pueblos indígenas, caracterizadas por su insuficiencia o, peor aún, su ausencia. Como las diferentes administraciones fueron refractarias al reconocimiento territorial, incluidos los gobiernos calificados como nacionales y populares, en una primera impresión uno puede decir que no existen razones para confiar en el Estado.

Dicho esto, es insoslayable admitir que las diferentes instancias o mecanismos del Estado, en sus diferentes dimensiones, aún siendo imperfectas tienen un rol irremplazable. Ya sea para formular políticas públicas específicas e interculturales; para garantizar el cumplimiento de los derechos; para distribuir la riqueza; o para combatir el racismo y la discriminación. Si estas herramientas desaparecieran o si las desigualdades no encontraran un lugar en las agendas públicas, poco se podría hacer para redoblar la lucha por los derechos indígenas.

El mejor aliado del extractivismo

El escenario presente y futuro es extremadamente incierto y complejo para los pueblos indígenas. Los derechos siguen vigentes y tienen fuerza normativa, pero si antes de la llegada de Milei ya se vulneraban, hoy existe un aval desde las más altas autoridades del país para incumplirlos. Los interlocutores del Estado para avanzar en la implementación de los derechos prácticamente no existen y las instituciones que tienen como mandato ocuparse de los pueblos indígenas gozan de un estatus dudoso. La reducción del Estado, si bien parece ser coherente con la primera parte de la visión política de este gobierno, “el anarquismo”, adquiere un matiz francamente preocupante con la segunda parte de la calificación, “el capitalismo”.

Al igual que en el resto de la región, en Argentina, el capitalismo ha significado una amenaza permanente de sustracción y un saqueo que se concreta día a día de la mano de las actividades extractivistas. Privilegia las empresas, cualquiera sea su capital, priorizando al sector privado, y genera la falsa ilusión de una libertad de mercado beneficiosa para todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, concentra la riqueza en manos de pocos y sólo protege un sistema de consumo que tiene como eje producir para consumir, en una espiral ascendente que no conoce de costos, daños y sacrificios.

La situación se vuelve más acuciante aún cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas

Es así que la explotación petrolera y gasífera, la megaminería, la extracción del litio y los negocios inmobiliarios encuentran en la actual gestión de gobierno a su mejor aliado. A pesar de que los territorios indígenas se encuentran en disputa y que las resistencias se dan en el mismo territorio, la lucha también se libra en el campo judicial. Como ejemplo, basta mencionar la sentencia judicial que prohibió continuar la explotación del salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca y ordenó una evaluación de impacto ambiental, a partir de un amparo ambiental presentado por la comunidad indígena que habita la región.

Sin embargo, la relación de fuerzas es muy dispar. Sin la presencia del Estado como regulador y articulador de los avances privados sobre los bienes comunes de los territorios indígenas, los resultados pueden ser francamente negativos y devastadores para las comunidades. La situación se vuelve más acuciante aún, cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas.

Hacia la vulneración de los derechos indígenas

Es difícil predecir el futuro inmediato o realizar un pronóstico a largo plazo. Del análisis de las últimas medidas del gobierno es posible inferir una profundización de los conflictos territoriales, una mayor desprotección de los derechos indígenas y la prácticamente imposible discusión de una ley de propiedad comunitaria indígena. Esta ley sigue pendiente y fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Lhaka Honhat vs. Argentina, que responsabilizó al Estado argentino por la vulneración de un conjunto de derechos indígenas (entre ellos el derecho a la propiedad comunitaria indígena).

La ley de emergencia de la posesión y propiedad indígena 26160 de 2006 sigue vigente, a partir de su prórroga por un Decreto de Necesidad y Urgencia del anterior gobierno (que no logró el consenso para lograrlo por ley como venía ocurriendo). Sin embargo, dejará de estar vigente el 23 de noviembre de 2025. Vale la pena mencionar que en 2022 diputados del actual partido gobernante (incluido el presidente) presentaron un proyecto de ley para derogarla, por lo cual no sería de extrañar que volvieran a intentarlo. Esto dejaría a las comunidades indígenas sin una de las pocas herramientas para evitar los desalojos.

Si bien en Argentina los instrumentos jurídicos internacionales siguen siendo vinculantes, se vuelven en muchos casos expresiones de deseo frente a una realidad local que les es claramente adversa. A pesar de todo, los pueblos indígenas siguen delineando diferentes estrategias para reclamar, denunciar y avanzar en la consecución de sus derechos. Lo que queda claro en Argentina es que asistimos a un nuevo ciclo de la relación entre Estado y pueblos indígenas que reedita las tensiones presentes y las experiencias más traumáticas. Ante la incertidumbre general, el devenir es incierto.

Esta nota fue publicada originalmente en la revista Debates Indígenas, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

JJD

Un grupo de docentes, investigadores e integrantes de organizaciones de distintas provincias de Argentina expresó en las últimas horas por medio de un comunicado su “preocupación por la amenaza de despojo de los territorios ancestrales que sufre la comunidad Yariguarenda perteneciente al Pueblo Guaraní, en la localidad de Tartagal del Departamento San Martín, Provincia de Salta”. 

De acuerdo al texto, “el 18 de diciembre de 2023, el Banco de la Nación Argentina (BNA) procedió a un remate judicial del territorio ancestral de esa comunidad, por compensación de deuda en relación a un juicio de 1996 que inició el BNA contra uno de los titulares registrales, Francisco Martínez”. 

De acuerdo a los firmantes del comunicado, “este riesgo de despojo territorial es de larga data. La comunidad viene siendo objeto de atropellos desde la década de 1930: ha sido atravesada por líneas destinadas a las prospecciones petroleras, además de una intensa actividad extractiva de empresas madereras, lo que significó cambios sustantivos en la biodiversidad del monte nativo. Esto generó grandes perjuicios para la comunidad ya que hubo cambios irreparables en la naturaleza, con la cual este pueblo se vincula y que es el sustento de la vida de sus integrantes. A su vez, en 1970, se aceleró la compra de tierras comunitarias y la explotación de grandes espacios para la producción de hortalizas y de monocultivos. Desde entonces, la comunidad ha sido objeto de desalojos, intimaciones y atropellos”, denuncian. 

Asimismo, desde las distintas organizaciones aseguran que la comunidad Yariguarenda “ha continuado habitando sus territorios, cuidándolos, produciendo alimentos agroecológicos que permiten la subsistencia de niños/as y adultos/as del mismo pueblo indígena y de la localidad de Tartagal y generando proyectos de turismo rural comunitario donde enseñan sobre el cuidado integral de la naturaleza”.

Con respecto a la situación judicial, sostienen que se trata de “una historia de despojo y resistencia la comunidad que llega a la situación de crisis territorial por la subasta que intenta realizar el Banco de la Nación Argentina, interponiendo frente a ello una acción de amparo colectivo, medida a la que dio lugar el Juzgado Federal de Tartagal, por estar, el catastro, dentro del territorio relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2012”. 

De acuerdo al escrito, “en un fallo del 9 de enero pasado, la jueza federal Soledad Ivana Hernández ordenó suspender la venta ”hasta tanto se dicte sentencia definitiva (...) sobre el fondo de la cuestión“ y el mismo Juzgado estableció que el despojo de tierras atentaba contra la continuidad cultural y la vida misma de la comunidad”.

Además, agregan como fundamento que los derechos indígenas a los territorios que habitan “están reconocidos por la Constitución Nacional Argentina (artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional), por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 805/2021 que dispone la prórroga de los plazos de la Ley N° 26.160, estableciendo así la suspensión de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, así como por normativas internacionales de rango constitucional, como la Declaración Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. 

Para finalizar, en un documento en el que piden a la ciudadanía que sumen con más firmas, los educadores y científicos expresaron su apoyo a la comunidad Yariguarenda con el fin de “cancelar la subasta pública. Debe tenerse presente además que el único oferente, el señor Dante Galeano, pretende instalar emprendimientos turísticos en el lugar (la empresa Tar- Tur SAS). Esta situación preocupa a la comunidad que entiende, que el mismo provocara impactos mayores y de características irreversibles, por las implicancias de un emprendimiento de turismo instalado en territorio comunitario”, concluye el texto que se puede firmar aquí. 

IG

“Yo nací como indio, lo que pasó en la televisión ya lo recibí millones de veces. Mi cuerpo entiende, comprende, pero no acepta la forma de las miradas, los gestos, las expresiones de las personas”. El que habla es Wari Rimachi, amauta y sanador ancestral de la cultura inka. La semana pasada, él y su esposa Kantuta Killa fueron ridiculizados en un móvil en vivo en el programa “Bien de mañana”, conducido por Fabián Doman, en Canal 13. Fueron entrevistados mientras viajaban en la Línea D del subte. Vestían la ropa de su comunidad Ayllu Mayu Wasi: pullover de lana de llama y sombreros. Durante casi tres minutos fueron burlados por la movilera Maggie Vigil, el conductor y otras panelistas. “¿Qué habrá querido decir? A ver, dígame una palabra en indio? ¿Vienen a traer paz?”, fueron algunas de las frases de la comunicadora mientras se reía de la pareja. 

Wari Hamachi y Kantuta Killa viven en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y pertenecen a una comunidad quechua Ayllu Mayo Wasi, conformada por 15 personas. Su pueblo proviene de Tiahuanaco,  la parte Sur Qoyasuyu del Tawantinsuyu, una de las cuatro regiones del sol de la civilización inka. Viven y transitan la ciudad y la provincia de Buenos Aires de manera cotidiana. Y engloban lo que les pasó dentro de un contexto general de desconocimiento y discriminación a las culturas de los pueblos originarios.

“Siempre vamos con nuestra ropa porque somos indígenas originarios, es una ropa específica que tiene que ver con nuestro territorio. De ahí surge la diversidad de complejidades en la ciudad. La gente desconoce a los pueblos originarios y el trato es bastante complejo para poder entablar un diálogo saludable, que pueda ser recíproco. Es sentirse como que uno está siendo investigado por algo, como que tienen todo el derecho de decirte las cosas. Están usando tu cuerpo, tu mente, tu estructura para desvalorizar”, explica Wari Rimachi a elDiarioAR.

Esa desvalorización se vio en la televisión, en uno de los canales con mayor llegada a nivel nacional. “Para nosotros fue una sorpresa en ese momento, estábamos tranquilos con mi esposo yendo a una actividad y uno piensa en expresarse de la mejor manera que puede, con espontaneidad. Fuimos avasallados porque de la manera que nos hablaban, trataban de imponer sus ideas a través de sus gestos, de sus burlas, de sus palabras. No dejaba que uno se expresara bien”, explica Kantuta, que también es abogada. Ambos estaban en la Capital Federal para acompañar al Tercer Malón de la Paz que llegó desde Jujuy el 1 de agosto, el Día de la Pachamama, para rechazar la reforma de la Constitución de Jujuy que viola la normativa nacional e internacional al no realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.

“Los medios fomentan el racismo”, agrega Wari Hamachi. “El tema es cómo uno es tratado y maltratado a la vez por los medios de comunicación, que a la vez son millones de personas que miran. Se supone que son para dar conocimiento, para mostrar una Argentina en evolución, que cambia, que acepta a todos los que la formamos. Somos un montón de historias: el genocidio, la epoca de los desaparecidos, los pueblos originarios que constatemente llegan a la ciudad y sus reclamos no son visibles, son minimizados. Hay un montón de carga, no es una vez, son muchas veces que nos están pasando. Nosotros cada vez estamos siendo sometidos a esto. Es algo para pensar del otro lado: ¿Qué estamos haciendo como argentinos?, ¿estamos evolucionado?, ¿somos inteligentes?, ¿para qué somos inteligentes?, ¿para destruirnos entre nosotros o para cuidarnos y protegernos y crear salud? Ese es el punto”, se pregunta. 

El lunes por la mañana, Fabián Doman habló del episodio en el inicio del programa y se disculpó en 45 segundos. “A quienes se hayan sentido mal o incomunicados, quiero pedirles disculpas, hayan sido parte o no del móvil”, afirmó el conductor. Más allá de la comunicación pública, la pareja no fue contactada por ningún integrante de ese ciclo. Tampoco los comunicadores y comunicadoras hicieron una reflexión sobre el fondo de la cuestión ni de la responsabilidad que les cabe por ser formadores de opinión. “Vi el programa y es un espanto. Cómo puedes tomar a los pueblos originarios como si fueran humor. Si ese es un programa de humor que se mezcla con la cultura ancestral, es una zona que pasa de los límites. Hoy por hoy, los medios de comunicación no tienen límite, no tienen filtro, no saben ubicarse con la problemática social de las personas. Se ríen de una problemática económica, de salud, de una problemática que ellos mismos generan a través de sus miembros”, agrega el hombre. 

“Somos pueblos de cultura inka que tenemos de 5.000 a 10.000 años de historia. Estamos aquí llevando adelante lo que es un trabajo extra. Imagínese hacer comprender a millones de personas que no conocen de rituales como el de la Pachamama, el Inti Raymi, el Solsticio, todos nuestros ritos y costumbres que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Para aprender uno del otro, hay que poder conversar y aclarar las cosas, cómo deberíamos identificarnos, ser tratados cada uno”, reflexiona Wari Hamachi.

Según información de la Defensoría del Público y el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), se recibieron alrededor de dos mil reclamos y denuncias por la situación que calificaron una “irrespetuosa, burlesca y ridiculizante”. Además, indicaron que el pedido de disculpas de Fabián Domán “no contiene ninguna revisión crítica” de lo ocurrido y “no repara el carácter lesivo” del diálogo emitido al aire, en el que se banalizó y despreció también la lengua y la cultura originaria. Sin embargo, la Defensoría no tiene una función sancionatoria. 

“Si vienen, te preguntan y le hablas en francés sos una persona avalada, pero si sos indígena… ese es el punto. Hay una educación, que viene de los medios de comunicación, que generan desorden dentro de una sociedad. Acá no hay orden. Nos pasaron por los medios y la gente reaccionó, pero son millones de personas las que están mirando todo este detalle que está pasando en Argentina. Es algo gravísimo”, agrega Wari.  “Es compleja la situación porque nos dicen si traemos paz (en referencia al Malón de la Paz). La paz es una práctica, los medios de comunicación tienen que estar muy bien entrenados para hablar de paz. Si vienen a avasallarte eso no es paz”, agrega.

Por su parte, Kantuta pide que se tenga en cuenta todas las diversidades. “No se trata solamente de la diversidad de género, que es lo que la intelectualidad de la Capital maneja más. Nuestro mensaje es llamar a todos los hermanos, hermanas, ciudadanos y ciudadanas a reflexionar sobre la diversidad. Es algo que se vive y se practica en todos lados, es en todos los aspectos. Somos diversidad étnica, de forma de pensar, de hablar y de vivir con nuestros códigos. Tenemos que trabajar en esto, lo que ocurrió va a servir para que trabajemos y reflexionemos sobre este tema”, cierra la mujer. 

CDB/DTC

Una fundación norteamericana, la Advanced Leadership y un grupo de medios de allá, Media Hub, trajeron a James Cameron, el director de Terminator, Aliens, Titanic y Avatar y activista ambiental e indigenista, a un foro en Buenos Aires llamado Sustentabilizando y lo llevaron de paseo a Jujuy junto al gobernador y uno de los precandidatos presidenciales de la UCR, Gerardo Morales. “Cameron aprovechará la ocasión para visitar la provincia de Jujuy y recorrer las transformadoras iniciativas que, en materia de energías renovables, producción de litio y emprendimientos sostenibles, se han puesto en marcha allí”, decía la invitación a su conferencia en la capital. En el directorio de la fundación organizadora también está José Luis Manzano, con inversiones en litio.

Pero Cameron recibió una carta de comunidades indígenas en contra de la explotación del mineral, de manos de los abogados ambientalistas Enrique Viale y Gastón Chillier, y llamó de urgencia a una rueda de prensa para aclarar su posición. Fue este viernes a las 20 en el Palacio Alzaga Unzué, en el hotel Four Seasons. Al día siguiente recibió allí a Verónica Chávez, una de las líderes de las más de 30 comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, entre Jujuy y Salta, que está en contra de que allí se radique yacimientos por temor de que la extracción intensiva de salmuera conduzca a una mayor desertificación de la Puna. En enero, elDiarioAR había escuchado una conferencia de Chávez en San Salvador de Jujuy. Cameron comenzó así el diálogo con los periodistas, incluido el de este medio.

“Esta viaje se me presentó como una oportunidad para un compromiso de hablar. Hago charlas en todo el mundo y, por lo general, son motivacionales corporativas sobre innovación. Y a veces hay conferencias de sustentabilidad que no tienen una agenda política, particularmente. Entonces, cuando acepté esto, creí que venía aquí a hacer una especie de discurso motivacional sobre las causas ambientales. Tengo muchas opiniones al respecto. Compartí algunas hoy en torno a la alimentación y la agricultura, sobre elección de alimentos, comer proteínas a base de plantas. No necesariamente, pero las proteínas de origen vegetal reemplazan a la carne. Solía trabajar en energía, pero eso fue hace más de una década porque me detuve porque creía que había mucha gente buena e inteligente trabajando en energía y no había suficientes personas trabajando en alimentos y agricultura. Entonces cuando vine aquí este jueves, creí hasta el último segundo que iba a Cauchari, a la gran instalación de energía solar. No podía imaginar que hubiera alguna controversia en torno a eso. Entonces resultó que no pudimos volar a Cauchari por los fuertes vientos. Así que nos fuimos a Purmamarca, hermoso pueblo, lugar histórico indígena. Muy lindo. Bien. Entonces vine aquí y recibí un mensaje muy serio de un colega de Avaaz (ONG de lucha contra el calentamiento global y la pobreza y por los derechos humanos). Tengo muchas conexiones en comunidades indígenas en otros países: Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Perú. Entonces me enteré la noche del jueves que había 35 comunidades indígenas que se ven potencialmente afectadas por la minería de litio en la provincia de Jujuy. Y entonces me di cuenta de que había una óptica política asociada a esta gira que yo no entendía cuando vine aquí. Cuando fui a las arenas bituminosas en Canadá, sabía que iba allí para escuchar un lado, el de la compañía petrolera, y escuchar el otro lado, y pasé mucho tiempo con líderes indígenas”.

-¿Se sintió utilizado por las autoridades?

-Absolutamente. Fueron muy buenos anfitriones y me mostraron su visión. Incluso me habían preparado una película en inglés que mostraba todo los trabajos que estaban haciendo en torno a la sostenibilidad. Algunos son impresionantes. Pero no me contaron toda la historia y no me dijeron que 35 comunidades indígenas en dos provincias estaban en conflicto directo y luchando por sus derechos, todas las cosas que me importan. Entonces, siento que estaban tratando de crear una óptica beneficiosa para su posición, usándome como alguien que habla mucho sobre estos temas, pero no estaba informado.

-Una especie de greenwashing (lavado de imagen verde, ambientalista)...

Precisamente. Entonces solo quiero decir definitivamente que en un conflicto entre la industria extractiva y los derechos indígenas, siempre estaré con los pueblos indígenas, siempre. Incluso buscaré formas de ayudar con mi fundación Avatar Alliance. Y se llama así porque el propósito de la fundación es canalizar dinero filantrópico a otras ONG que ya están en el terreno y ya conocen las comunidades y las tribus. En Brasil, por ejemplo, trabajamos con Amazon Watch y a nivel mundial trabajamos con Nia Tero. Irónicamente, el resultado de esto es que ahora soy consciente del problema y ahora ayudaremos a través de mi fundación con el tema de los derechos indígenas con respecto a la extracción de litio. A veces es apoyo para actividades legales. A veces en realidad es sólo dinero. Bajar al terreno para ayudar con la educación o los medios de comunicación. Por ejemplo, con la tribu kayapo en Brasil, era dinero para ayudar con sus protestas por el proyecto de la gran represa de Belo Monte. En la Argentina, parece que uno de los grandes problemas es que no fueron debidamente consultados y sus derechos fueron superados en ese sentido. El libre consentimiento previo no se consultó debidamente. En mi experiencia al tratar con industrias de extracción versus derechos indígenas y derechos territoriales, etc., lo que generalmente parece suceder es que el valor creado a partir del recurso va a otra parte, a veces a empresas internacionales que están entrando e invirtiendo en la zona, pero la inversión nunca parece estar en las comunidades locales, no les ayuda, no eleva su nivel de vida, sus niveles educativos. Así es históricamente como parece funcionar. Así lo vemos en Brasil, minería de oro, extracción de petróleo. Lo vemos en Canadá con las arenas bituminosas. Las personas se ven más afectadas negativamente, lidiando con la toxicidad de la minería de oro o la extracción de petróleo o en las arenas bituminosas, y son los que menos se benefician económicamente.

-¿Usted sabía antes el litio, mineral estrella de la lucha contra el cambio climático por su uso en los autos eléctricos, era resistido por comunidades indígenas?

-No. Es mi ignorancia. Siempre pensé en ello como un proceso de extracción relativamente inocente porque era simplemente evaporación. Nunca se me ocurrió que esto podría crear problemas de seguridad del agua a gran escala para las personas que viven en esa área, así como degradar la biodiversidad y un ecosistema. Tengo contactos en todo el mundo en temas de derechos indígenas, pero no tenía ningún contacto en la Argentina porque nunca me he centrado aquí. Así que la ironía de la situación es que ahora lo haré.

-¿Entonces usted cambió de opinión a partir de la presentación de la carta?

-Exactamente. La carta fue un pivote. Este jueves estuve en Purmamarca, un lugar habitado por personas durante 10.000 años, un sitio de clase mundial. Me interesó mucho la arqueología y la paleontología, pero no estaba al tanto del conflicto en ese momento. Las costumbres locales parecían interesantes. Tienen carnaval, hacen el baile tradicional, los disfraces. Es solo mi estupidez, ¿verdad? Mi ignorancia es que no me preparé tan bien como lo haría normalmente. Pero también siento que entré en una emboscada y, voy a usar ese término, siento que entré en una emboscada. Siento que me pusieron en una óptica que tenía un significado del que no era consciente. Normalmente, cuando llego a un punto de interacción con las comunidades indígenas, he sido informado antes. Me reúno con todos y luego abro la boca y tomo una posición. Esta es la primera vez que sucede de esta manera y estoy resentido. Mis anfitriones eran personas muy agradables y lo que vi fue positivo, pero me guiaron hacia una conclusión positiva. Este viernes, me enviaron una traducción de un medio (por Infobae) en el que yo destacaba el hidrógeno verde, la energía solar y el litio. Pero yo nunca dije minería de litio. Literalmente lo inventaron. Lo que dije fue que aplaudí el hecho de que estuvieran invirtiendo en energía solar, hidrógeno verde y empleos verdes. Nunca me había pasado antes. Muchas veces he tenido cosas sacadas de contexto, pero al menos están citadas correctamente dentro de lo que dicen.

-¿Quién lo emboscó? ¿Cuál fue el papel del gobernador de Jujuy en todo esto?

-No sé la arquitectura exacta de esto, pero sé que desde hace meses me invitaron a venir a la provincia de Jujuy, no solo a Buenos Aires, sino para allá específicamente. Me dijeron que era para ver el proyecto de energía solar más grande de América Latina y luego volar de regreso a Buenos Aires y hablar sobre eso. Eso tiene sentido. Pero a medida que atravesaba la experiencia y recibí un informe de estos muchachos me di cuenta de este conflicto que se remonta a más de una década en torno a la minería de litio. No vine aquí para hablar sobre la minería de litio, así que no sé exactamente. Avatar es la película más taquillera de la historia. Se trata del conflicto entre una industria extractiva y los derechos de los pueblos indígenas. Sí, tiene lugar en otro planeta, pero por supuesto se trata de nuestro planeta. Se trata de todas las Pandoras que hay en la Tierra en este momento. Eso es un hecho. Si pudieran generar una óptica donde aparezco aprobando la minería de litio, un greenwashing de que he pensado en esto profundamente y que el bien hecho por el litio contra el cambio climático es más importante que estos derechos intrascendentes de esta gente local. Pero esa no es mi posición en absoluto.

En primer lugar, nunca lo sería. En segundo lugar, no creo que ese sea el caso. Así que creo que fui elegido sin mi conocimiento para interpretar un papel. No vine aquí para defender y ayudar en una campaña de greenwashing. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué vas a hacer si no vas a hacer litio? Necesitamos hacer litio porque simplemente tiene que hacerse. Pero un mayor problema que el transporte en términos de gases de efecto invernadero es lo que mencioné este viernes en la conferencia: la ganadería, que representa un mínimo del 15%. Algunas personas lo calculan más alto: como el 20 o el 25 %. También es responsable de una gran cantidad de otros problemas como la pérdida de hábitat, la pérdida de biodiversidad, de los derechos indígenas, la deforestación. Entonces, el transporte eléctrico no es el gran problema.

El mayor problema es la elección de alimentos y la ganadería, de lo que nadie en Argentina quiere oír hablar. Así que todo el transporte, no solo los automóviles, también los barcos, aviones, camiones, trenes, representa el 13% y comer carne y lácteos representa el 15%. Así que la gente ni siquiera está mirando el problema correcto. Incluso las personas que dicen que realmente les importa el medio ambiente, pero siguen comiendo carne y queso realmente no les importa el medio ambiente. No están dispuestos a tomar la fruta fácil, la que está al alcance de la mano, lo más fácil es dejar de comer carne. Yo loo hice en un día hace 11 años. Pero si podemos extraer litio y hacer que todos los autos sean eléctricos, tal vez tengamos que sacar a algunas personas de su tierra, tal vez tengamos que crearles inseguridad de agua o algún otro inconveniente para que yo pueda seguir comiendo carne y conducir mi automóvil eléctrico.

Soy ingeniero. Estudié física. Este es un problema solucionable. El litio es un elemento. El problema es el agua. Hay dos problemas. Una es que los indígenas no dieron su permiso, el estudio ambiental no se hizo correctamente y ellos necesitan mirar más esa parte. Pero también el problema es si necesitamos litio, algo de litio, tal vez no tanto, tal vez no tan rápido, habrá una respuesta a cómo extraerlo de forma segura. Tal vez haya una manera de hacerlo que no desperdicie tanta agua. Si estás evaporando 4 millones de galones (15 millones de litros) de agua para generar una tonelada de litio en 12 proyectos alrededor de las dos provincias donde están planeando extraer cientos de miles de toneladas, ¿cuánta agua es eso y cómo no impacta eso en el medio ambiente local? Todas las personas que están invirtiendo en la minería de litio son de otros lugares, ¿no? Empresas americanas, australianas, chinas. Todo el mundo lo quiere para crear sus productos. Hay mucho dinero cambiando de manos. En mi experiencia, las comunidades indígenas siempre pierden en esa ecuación. Personas como yo, que somos narradores y cineastas, ayudamos a levantar la voz en protesta.

-¿Pero cómo actuó el gobernador?

-Fue un amable anfitrión que me llevó a un pueblo histórico con su hermosa esposa y su hija de dos años. Y pasamos una linda tarde, un par de horas. Eso es lo que sé de él. A medida que investigue esto más a fondo, podré ver otros problemas, si hay temas de derechos humanos, si hay temas de represión indígena. Lo averiguaré, pero no puedo comentar al respecto. Y no puedo decirles si él estuvo involucrado en la configuración de esto o si otras entidades estuvieron involucradas en la configuración de esto. No quiero caer en algún pozo de conspiración.

-Usted habla mucho sobre Avatar. ¿Siente una responsabilidad con la forma en que se manejó esto?

Absolutamente. Cuando Avatar fue un gran éxito, en 2010, me contactaron personas de todo el mundo que tenían diferentes problemas y la historia era más o menos la misma: “Pandora es real. Lo estamos experimentando”. Así que fundé la Fundación Avatar Alliance. La financié con millones de dólares de mi propio dinero. Y luego salimos a tratar de ayudar a estas diferentes comunidades porque sentí que era realmente importante tratar de devolver algo y ayudar tanto como fuera posible. Son los conflictos que pensé que eran conflictos de la época colonial y que en su mayoría estaban en la parte trasera del mundo. Resultan ser todavía los mismos conflictos. Hay más ocultos allí, solo que más ocultos a la vista. Pero desde la perspectiva indígena, de la gente sobre el terreno, en la selva tropical de Brasil, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, son muy reales y lo son ahora mismo. Una de las críticas a la película es que presentó una especie de propagación del mito del salvador blanco. Entonces, la razón por la que la llamé Avatar Alliance es porque nuestro objetivo es trabajar con organizaciones que ya están integradas, que ya están trabajando, dirigidas por indígenas, y empoderarlas con dinero y asistencia, pero no precipitarnos y tomar confianza.

AR

Comunidades originarias realizarán este lunes un acampe en Plaza de Mayo en reclamo de “derechos y políticas públicas con perspectiva indígena”, para exigir el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra y un Estado Plurinacional y Plurilingüe, entre otras demandas.

La protesta comenzará a las 18, informaron las organizaciones en un comunicado.

“Los pueblos originarios somos una cultura viva y presente. Somos Naciones, parte de esta Patria, por la cual también hemos luchado cuando ha sido necesario”, expresaron.

Participarán las comunidades de Salta, 20 Viviendas, Algarrobal, Alto la Sierra, Cañada Larga, Chripa, Chorro, Churguipampa, Cooperativa el Municipal, Itaguasuty, La Curvita, Las Juntas, Las Moras, Lucero del Alba, Mecle y Molinos.

También Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Los Lapachos, Pérez, Pozo El Tigre, Quebracho, Santa María, Uacop, 9 de Julio y Tuicha Kuña Ikavi, además de los pueblos Wichi, Toba, Mocovi y Guaraní de las provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Corrientes.

“A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, y hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”, indicaron, y advirtieron que “el avance del extractivismo, de la megaminería, del petróleo, forestal y los agro-negocios, junto a las obras de infraestructura complementarias, como represas, carreteras y gasoductos, han profundizado las usurpaciones de nuestros territorios, y nos obligan ahora a ser actores protagónicos en la defensa de nuestros derechos y en la propuesta de otro modelo de país”.

Por eso demandan “la creación de un Estado Plurinacional y Plurilingüe, donde todas las Naciones originarias del territorio argentino sean parte de un solo Estado, siendo partícipes de sus decisiones y aspirando al pleno ejercicio de los derechos”.

Con información de agencias.

IG

El Vaticano renegó este jueves de la denominada “Doctrina del Descubrimiento”, que amparó desde el siglo XV la colonización de América y África, y repudió los “muchos actos de maldad” cometidos por cristianos contra los pueblos originarios.

“No forma parte de la enseñanza de la Iglesia católica”, expresó el Vaticano en un comunicado conjunto del dicasterio para la Cultura y la Educación y el de Servicio del Desarrollo Humano Integral. La Santa Sede, con este documento, reniega de dicha doctrina que ya desde finales del siglo XV, con varias bulas papales, puso las bases para la conquista “en nombre de Dios” de América y África, por parte de potencias como la española o la portuguesa.

Por ejemplo, el papa Nicolás V con su bula Dum Diversas (1452) otorgó “permiso pleno y libre” a la Corona portuguesa para “capturar y subyugar sarracenos y paganos” en su expansión africana. Mientras que el pontífice Alejandro VI Borgia bendijo con su bula Inter Caetera (1493) la llegada a América de los españoles, un año después del primer viaje de Cristóbal Colón, y estipuló el reparto de dominios entre Castilla y Portugal.

Estos textos de los papas, auténticas autoridades supranacionales en la Era de los Descubrimientos, unidos al principio Terra nullius (tierra de nadie), generaron un concepto jurídico que amparó la colonización. El que llegaba podía apoderarse: “El derecho exclusivo de extinguir el título o la posesión de dichas tierras por parte de las poblaciones indígenas”.

Reclamación indígena

Durante su viaje a Canadá en julio del año pasado, los grupos indígenas de Quebec reclamaron al papa Francisco, el primero latinoamericano de la historia, que renegara de la Doctrina que, según el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones indígenas, “sigue vigente”.

La Santa Sede, además de repudiar esta colonización, reconoció que aquellas bulas papales “no reflejaban adecuadamente la igual dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”, aunque se excusó diciendo que fueron “manipuladas” por las potencias coloniales.

“La Iglesia también es consciente del hecho de que el contenido de estos documentos ha sido manipulado para fines políticos por las potencias coloniales que competían entre sí, para justificar actos inmorales contra las poblaciones indígenas, realizados algunas veces sin oposición de las autoridades eclesiásticas”, se lee en el texto.

El prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal portugués José Tolentino de Mendoça, subrayó que esta doctrina “no formaba parte de la enseñanza de la Iglesia Católica” y que, con este nuevo documento, queda “repudiada”. Pero defendió “la necesidad de permanecer cada vez más atentos a la defensa de la dignidad de todos los hombres y de crecer en el conocimiento y el aprecio de sus propias culturas”.

La nota asevera que el magisterio de la Iglesia sostiene “en términos inequívocos el respeto debido a cada ser humano” y “repudia los conceptos que no reconocen los derechos humanos intrínsecos de los pueblos indígenas”.

Con información de la agencia EFE

Cuando el fotógrafo uruguayo Pablo Albarenga decidió internarse en el Matto Grosso a documentar los conflictos sobre la tenencia de tierras y la vida cotidiana de los guaraníes locales, lo hizo con el ímpetu y el imaginario típico del fotógrafo documental. Con la inocencia de un principiante talentoso. “Tenía imágenes que pertenecen a las del ideario colectivo que tienen que ver más con lo que ofrece un museo, que lo que se ve en el campo”, confiesa el fotógrafo a elDiarioAr desde su hogar en San Pablo, donde vive desde hace un tiempo, alternando esa morada con su Montevideo natal. 

Corría el año 2016  cuando viajó por primera vez a ese territorio en disputa. “Al principio mi combustible era ir para ayudar. Una cosa naif, ingenua. Hoy es otro, o son varios. Uno de ellos es la curiosidad por desaprender, ir a buscar otra forma de ver, diferente a la que me fue instalada. Mi viaje en la fotografía termina siendo eso, partir de una mirada completamente heroica para terminar siendo el antihéroe.” 

A contrapelo de lo que podría imaginarse de un fotógrafo, una herramienta que Pablo usa mucho es la escucha. “Nosotros, los varones cis-blancos-clase media-de ciudad, siempre tenemos esa cosa de tener que explicarlo todo y saberlo todo. Es muy masculino eso de no poder decir: ‘No sé, no tengo idea’”. 

El encuentro entre las personas, asegura, es aquello que motoriza y transforma su trabajo, que trasciende lo fotográfico. “Se genera algo muy potente y la foto pasa a un lugar secundario. Cuando estudiamos fotografía pensamos que tenemos que pasar desapercibidos y lograr una imagen fuerte. En mi caso es al revés. El hecho de hacer fotos de ese nivel de intimidad no es por haber estado ahí. Mi objetivo no es crear un vínculo para hacer las fotos, sino que es construir relaciones profundas para salir de ahí con fotos potentes, que son consecuencia de ese vínculo. El encuentro es más poderoso que la fotografía”.  

Semillas de resistencia

El trabajo de Albarenga transita desde el género documental al fotoperiodístico y pasa por la fotografía de autor. Del registro cotidiano de las comunidades indígenas a sus incursiones urbanas en las protestas callejeras o la resistencia  contra la construcción de represas. La mirada sutil, colorida y poética de este fotógrafo lleva al espectador a lugares incómodos, a indagarnos y repensar nuestra relación con el planeta, nuestro entornos, nuestros seres queridos. 

Albarenga trabajó en medios uruguayos como La Diaria y El Observador. Actualmente colabora en medios internacionales enfocados en la ciencia como Nature y Science, además de publicaciones como NatGeo, Washington Post, o El País de España. También aporta lo suyo a medios independientes como Amazonia Real, y Sumauma, un medio que se está gestando.  La Fundación Pullitzer le financió varios proyectos, como el que presentó para hacer historias sobre contaminación de mercurio en ríos del Amazonas, o el de Democracia Abierta, Rainforest Defenders. Además, también trabaja con diversas ONGs como Engajamundo o Projeto Aldeias. 

Su trabajo entonces tiene mucho más impronta colectiva que individual, una labor que lleva adelante en conjunto con colaboradores de las diversas organizaciones. En la actualidad, registra el cotidiano de los indígenas Yanomamis, donde trabaja en tándem con una antropóloga que conoce aquellas comunidades desde hace veinte años. “Son relaciones de confianza, hay mucho trabajo previo de producción y pre producción”, explica. 

Entre sus trabajos se destaca el que resume y narra tres historias de resistencia indígena en Brasil, el cual desembocó en la publicación del libro Retomada (Alter Ediciones). Y sobre todo Semillas de Resistencia, el ensayo visual por el que fue galardonado como fotógrafo del año en 2020 del prestigioso premio Sony. Semillas va más allá del registro cotidiano documental o del foto periodístico. Para ese ensayo utilizó un dron. Por un lado fotografió a los habitantes de la Amazonia acostados en el suelo, boca arriba; por el otro registró el territorio, y con esas imágenes armó una serie de dípticos, en el que las personas y la selva aparecen ubicadas en un mismo plano. “Es necesario entender que el territorio y las personas son igual de importantes, y con las que ellos tienen una relación muy distinta a la nuestra. Yo necesito hacerlo más evidente, por eso uso el dron. La persona toma la misma relevancia que el territorio y el mensaje llega con más fuerza”.  

Albarenga sostiene que cuando pensamos en el Amazonas, el imaginario se enfoca solo en los árboles y la naturaleza, y que es muy poco lo que se dice de las 35 millones de personas que habitan esas tierras. “¿Qué pasa con esa gente? – se pregunta - Nosotros pensamos en conquistar el territorio, en tener tierras productivas. Nos damos el lujo de llamar tierra improductiva a aquellas que no producen recursos económicos, y esa visión es más importante que cualquier cosa, incluso que la vida. Para ellos el territorio es mucho más que eso, es su madre. Como dicen los indígenas en Ecuador, la selva es la farmacia, es el supermercado. En Mato Grosso, incluso cuando fue destruida con campos de soja, sus habitantes se negaron a salir porque bajo sus pies descansan sus ancestros, mientras que para nosotros son campos de soja”. 

El rol de las mujeres

“Es bien interesante, fundamental y sumamente relevante el papel de las mujeres en las comunidades. Están muy activas, produciendo, proponiendo política e intelectualmente. No solo en relación a la tierra, ellas son una pieza clave en todo este rompecabezas y tienen debates parecidos a los de las mujeres de clase media urbana. Están en un momento de ebullición hermoso, pero en muchas ocasiones son invisibilizadas. A veces no es adrede, sino que tenemos una mirada externa. Nuestro ojo está acostumbrado a identificarse con otras historias. Yo tenía una mirada más masculina por sobre lo que estas luchas explican, siempre hacía más imágenes de varones que de mujeres. Uno escucha o mira hacia donde se siente más cómodo. Pero hoy está tomando tanta relevancia que es imposible no verlo”. 

Albarenga fue el fotógrafo oficial de la campaña a la vicepresidencia de Sonia Guajajara, que acompañó a Guillermo Boulos del Psol (Partido Socialismo y Libertad) en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas de 2018. Así, se convirtió en la primera mujer indígena candidata a la vicepresidencia de Brasil. Y pocos días atrás, luego de las últimas elecciones, Sonia se erigió como la primera diputada federal indígena por el Estado de San Pablo. Otra mujer indígena, Celia Xakriaba, también resultó electa por Minas Gerais. 

“Sonia es una lideresa del carajo, una tipa muy activa que habla de cuestiones sumamente importantes. Cuando pienso en una imagen de ella, incluso en momentos difíciles, pienso en ella sonriendo. Eso me dejó un mensaje muy lindo, que es el de resistir con alegría. Cuando uno fotografía conflictos e historias duras parece que solo mostramos una parte. La premisa, históricamente, es el conflicto, la miseria, el hambre. Pero también otro estereotipo que rompí es el de que no todo es miseria. Hay momentos ricos incluso en la miseria, y Sonia es un reflejo de eso. Es una tipa cumpliendo un rol fundamental, muy importante, que está en el frente de lucha, que ha sido amenazada pero que todas esas cosas las hace con alegría, incluso en momentos duros. Para mí fue un gran mensaje, un aprendizaje muy grande”. 

Fotografía humanista

Albarenga sigue la senda que trazó el fotógrafo Joao Ripper, un brasileño que propone una fotografía “humana”, que prioriza el proceso por sobre los resultados. Y en ese andar viene realizando un trabajo introspectivo con su mirada, sus vínculos, su forma de ver y fotografiar el mundo. “Me considero un privilegiado por escuchar esos relatos de primera mano. Quiero que mi foto sea un tributo. Quiero contar con mucho respeto historias que hagan honor a mi experiencia, que es también una visión subjetiva. ¿Cómo voy a ser objetivo si soy un cúmulo de diferentes condimentos, como mis creencias religiosas, mis afiliaciones políticas, mi moral, mi ética? Tengo mis convicciones, deseos, amores. Cuando voy a encuadrar una foto lo hago como una persona, no como un robot. No deja de ser una mirada subjetiva, de cómo me veo afectado por todo este tipo de cosas”. 

El fotógrafo sostiene que la manera de narrar el Amazonas está muy sesgada, llena de estereotipos, y que las imágenes que él tenía preconcebidas son reflejos de esta visión  “Estoy en un viaje en el que voy desaprendiendo mucho de lo que aprendí”, confiesa. 

Su curiosidad se vio alimentada por el trabajo de uno de sus profesores de fotografía, Iván Franco, quien había registrado una comunidad indígena del Paraguay veinte años atrás. Y el quedó asombrado por lo que reflejaban esas escenas de la vida cotidiana. “Los indígenas usaban la misma ropa que yo, un reloj, una bici. Lo que se ve en un museo no se corresponde con la realidad de lo que es ser hoy indígena. A través de eso se define todo lo que no es indígena, y entonces te dicen que no son indígenas porque tienen Instagram. Es un mirada muy hija de puta, reconoce el paso del tiempo para nosotros, pero no para ellos. Para ser legitimados como indígenas tendrían que ser como hace quinientos años, y no como hoy. Y eso se usa como regla para medir quién es indígena y quién no, y a quien le roban las tierras y a quien no”. 

Albarenga habla con la autoridad de quien recorrió gran parte de la Amazonia brasileña y más allá. También trajinó la densa selva en su porción ecuatoriana y colombiana. Sitios tan distantes como Roraima, Xingu, Alto Xingu, Altamira, Curuça, pasaron por la delicada mirada de este incansable y creativo fotógrafo, quien asegura que la industria fotográfica está teñida y manchada por la colonización. 

“Tiene una herencia que nos afecta y nos condiciona. América Latina fue exotizada, la Amazonia fue exotizada. Los incendios de 2018 fueron primera plana en todo el mundo con estereotipos, prejuicios y la mirada sesgada. Desde afuera entendemos el Amazonas como el pulmón del planeta: es lo único que nos importa porque es el oxígeno que respiramos, y dejamos afuera el resto. En la cobertura no se vio una sola foto de una comunidad siendo afectada. Solo se mostraron imágenes de árboles quemándose, como si lo único importante fuera la deforestación. Y la Amazonia es mucho más que una selva. Hay ciudades, personas. Hay campesinos, hay negros, poblaciones tradicionales. Es muy fuerte que todo lo indígena se siga enseñando como si fuese aquella imagen que solo podemos ver en comunidades aisladas o no contactadas”.  

Por eso, recalca, las comunidades indígenas brasileñas están creando sus medios de comunicación, como Midiaindia, para poder así narrar su propia realidad. “Y no dejan de ser indígenas por eso”, señala. 

Fora Bolsonaro

En julio, el periodista Dom Phillips, del diario inglés The Guardian, y el indigenista Bruno Pereira fueron asesinados en el Amazonas. Cuando desaparecieron, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, declaró que estaban en “una aventura no recomendada”. “Pero no se puede decir que todo esto empezó con Bolsonaro. El genocidio de las poblaciones tradicionales empezó mucho antes. Está instalado que la vida de un blanco extranjero vale más que la de un indígena, que no tienen la cobertura mediática de los dos que murieron, y eso que mueren muchos más indígenas. Hay mucha gente que es fascista y entiende que hay que matar a los indígenas, prenderlos fuego y plantar soja, pero no lo andan diciendo públicamente porque saben que no está bien. La diferencia está en que es un mandatario el que está diciendo esas cosas. Se alienta tanto el odio que después pasa lo que pasó con Cristina. Las cosas que se dicen en los medios, se vuelven hechos muy violentos en el territorio”.

Albarenga denuncia que los mineros ilegales intercambian sexo por arroz con niñas de once años. Que violan mujeres Yanomamis. “El retroceso de derechos dentro de los territorios se refleja en un avance descarado de la extracción de recursos, donde la única riqueza que se ve es la de producir dinero. Es urgente sacar a Bolsonaro del Gobierno”, ruega el fotógrafo. 

Invisibilización y después

Su próximo trabajo ahondará en sus raíces y las de su patria, en la búsqueda de una identidad charrúa, los indígenas del Uruguay. Si bien confiesa que los uruguayos consideran que no hay indios, el fotógrafo asegura que hay alrededor 2 mil personas que se consideran charrúas y que, según dato duros, un 35 por ciento tiene ascendencia indígena. “Me hice un estudio de ADN y un 20 por ciento de mi genoma es indígena. Fui criado como un pibe blanco de ciudad…¿Dónde está esa otra historia? ¿ Por qué no es la más contada, por qué tenemos el deseo de tener pasaporte y descendencia europea? ¿Por qué negamos esa raíces y nos reconocemos de un lugar de cierta pureza cuando en realidad no lo somos? Para mi esa búsqueda identitaria es hermosa, es abrazar otro montón de historias que fueron silenciadas.

GP

En 1983, durante el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiahuanacu, en Bolivia, se definió el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena reivindicando en la figura de Bartolina Sisa la lucha de las mujeres indígenas contra todo tipo de opresión.

De procedencia aymara, junto con su pareja Túpac Katari (Julián Apaza) organizaron a su pueblo para pelear contra los españoles.

En 1781 Bartolina fue capturada y sometida a los tratos más terribles y Katari fue brutalmente asesinado. El 5 de septiembre de 1782 fue ejecutada por los conquistadores que veían en ella y en su pueblo el límite a sus ansias de conquista.

En Bartolina Sisa se visibilizan las mujeres pertenecientes a todos los pueblos originarios de América Latina que pelearon y siguen peleando por el reconocimiento y la garantía de sus derechos.

Existe una gran diversidad de mujeres indígenas, en función del pueblo al que pertenecen y los distintos procesos que atravesaron a lo largo del tiempo. Mujeres migrantes, mujeres que viven en comunidades rurales o en las ciudades, mujeres jóvenes y mujeres adultas, mujeres docentes y mujeres dirigentes. Mujeres madres y mujeres trans. Todas ellas, con sus diferentes recorridos y biografías, dan cuenta de una historia de lucha por la visibilización de sus lenguas, culturas y formas de construir conocimiento del mundo.

Todas ellas pertenecen a un colectivo cuyos derechos han sido vulnerados a lo largo de la historia. Si bien se avanzó muchísimo, reconstruir sus historias y desnaturalizar situaciones de violencia que aún persisten son grandes desafíos que aún quedan por delante.  

CRM con información del Ministerio de Cultura

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que entrega anualmente los premios Oscar, ha enviado una carta de disculpas a Sacheen Littlefeather, la defensora de los derechos indígenas que acudió simbólicamente en nombre de Marlon Brando para rechazar el galardón que el actor ganó por su interpretación en El Padrino de Francis Ford Coppola. La activista subió al escenario vestida con un traje tradicional y, tras rechazar la estatuilla, denunció el trato que el mundo del cine le estaba dando a los indios americanos.

“Estoy aquí representando a Marlon Brando y él me ha pedido que les diga, en un discurso muy largo [...], que lamentablemente no puede recoger este premio tan generoso por el tratamiento a los indios americanos por parte de la industria cinematográfica y en la televisión”, aseguró Littlefeather. Su discurso fue recibido con abucheos y críticas por parte del público.

La Academia se ha disculpado ahora con Littlefeather por el trato que se le dio entonces, agradeciendo su discurso y recordando la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana. “Cuando subiste al escenario de los Óscar en 1973 para no aceptar el Óscar en nombre de Marlon Brando, en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa”, ha asegurado David Rubin, el actual presidente de la Academia.

La disculpa se ha hecho pública este lunes, cuando la Academia ha comunicado que Littlefeather será la protagonista de un evento organizado en el Museo de la Academia de Los Ángeles para conmemorar el 50 aniversario del momento. “El abuso que soportaste por esa declaración fue injustificado. La carga emocional que has vivido y el daño de tu propia carrera en nuestra industria son irreparables”, ha asegurado el presidente. “Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostraste. Por ello, ofrecemos tanto nuestras más profundas disculpas como nuestra más sincera admiración”.

En una entrevista en The Dick Cavett Show, Brando explicó que sintió que la gala de los Oscar “era una oportunidad maravillosa para que una india pudiera hablar ante 85 millones de personas”. “Sentí que tenía derecho a ello por lo que Hollywood les había hecho y me sentí avergonzado porque Sacheen no pudo decir lo que quería decir”, aseguró el galardonado por interpretar a Vito Corleone en la película de Coppola.

Brando aseguró también entonces que le “dolió” la reacción de sus compañeros del profesión a las palabras de Littlefeather. “Me dolió que la gente la abucheara, silbara y se quedara perpleja. Al menos tendrían que haber tenido la cortesía de escucharla”

Littlefeather ha respondido a la carta de Rubin bromeando sobre la “paciencia” de las comunidades indígenas. “Sobre la disculpa de la Academia, nosotros somos gente muy paciente. ¡Solo han pasado 50 años! Tenemos que mantener nuestro sentido del humor en todo momento, es nuestro método de supervivencia”.

Son 11 etnias y casi el 13 % de la población pero nunca habían sido contemplados en la Constitución: los pueblos originarios de Chile atraviesan un momento histórico que podría concretarse con la aprobación en septiembre de la primera carta magna que les otorga reconocimiento y autonomía.

Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que no reconoce ni menciona a los indígenas en su texto constitucional, explicó a Efe la peruana Raquel Yrigoyen, doctora en Derecho de la Universidad de Barcelona y asesora sobre temas indígenas en numerosos procesos constituyentes.

Esto podría cambiar el próximo 4 de septiembre, fecha en la que se someterá a plebiscito la nueva Constitución, que reconoce al país como un “Estado plurinacional” y reconoce once etnias: mapuche, aimara, rapanui, lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán, selk'nam.

“El país está ante una oportunidad única de ponerse al día con obligaciones del derecho internacional y con el rumbo que desde hace décadas ha tomado la región”, detalló.

“YA SE HIZO HISTORIA”

Se apruebe o no, los indígenas de Chile ya hicieron historia al haber formado parte de la redacción del texto constituyente -con 17 de los 155 escaños del órgano- y al haber logrado que una indígena, Elisa Loncón, lo presidiera, dijo a Efe Rosa Catrileo, constituyente y mapuche -la etnia mayoritaria-.

Es la única vez en los más de 200 años del país en que esto sucede y también es la primera oportunidad que tienen de verse contemplados en la ley fundamental después de 10 constituciones y pese a ser más de 2 de los 19 millones de habitantes del país.

“La nueva Carta Magna es una luz de esperanza y de reconocimiento de derechos estaban pendientes desde hacía décadas, demandas históricas que la élite política se había negado a materializar”, expresó Catrileo.

Algunas novedades son “la participación en órganos colegiados con escaños reservados, mecanismos de conservación de la cultura y la lengua y la protección de la naturaleza”, enfatizó.

Actualmente, los pueblos indígenas chilenos están contemplados en una ley nacional de 1993, además de estar protegidos por el derecho internacional bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado en 1989, y otros cuerpos jurídicos.

"La nueva Carta Magna es una luz de esperanza y de reconocimiento de derechos estaban pendientes desde hacía décadas, demandas históricas que la élite política se había negado a materializar"

¿CONSTITUCIÓN “INDIGENISTA”?

La propuesta ha sido, en general, “bien acogida” entre las propias comunidades indígenas, que llevan décadas exigiendo reconocimiento y protección de su cultura, dijo a Efe Tomás Jordán, abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado.

“Aun así hay grupos minoritarios que la consideran demasiado progresista, otros la ven como algo alejado de sus demandas y los más radicales piensan que es demasiado moderada”, indicó.

Tanto en la campaña a favor de aprobar la nueva Constitución como en la de rechazarla participan rostros indígenas. Los primeros acusan una necesidad de ser contemplados en la ley fundamental, los segundos aseveran que el proyecto no les representa.

Fuera del mundo indígena también hay diversidad: para los promotores de la nueva carta magna, el proyecto repara una deuda histórica, pero quienes abogan por rechazarla señalan que el texto es “indigenista” y que otorga más privilegios a los pueblos originarios que al resto.

El derecho a “libre determinación y autogobierno” (artículo 34) o el reconocimiento de sistemas jurídicos propios (artículo 309) son algunos de los puntos que más polémica han generado, explicó Jordán.

“La derecha no está de acuerdo con que Chile sea un estado plurinacional. Tampoco quieren que los indígenas tengan sus mecanismos de justicia o gobierno. Creen que es discriminatorio e iría en desmedro de los sistemas nacionales”, detalló.

Pese a ello, una encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), arrojó que el 95 % de los chilenos sí está a favor de su reconocimiento constitucional.

UN MOMENTO AGRIDULCE

En paralelo al proceso constituyente, el pueblo mapuche -el más numeroso- atraviesa su momento más tenso en décadas. Varias regiones del sur han experimentado una escalada de violencia con ataques incendiarios y tiroteos con víctimas mortales.

Muchos de estos episodios se enmarcan en un histórico conflicto rural que enfrenta al Estado y algunas empresas forestales en manos de grandes grupos económicos con comunidades mapuche que reclaman las tierras que habitaron durante siglos.

Para Salvador Millaleo, uno de los más reconocidos abogados expertos en asuntos indígenas, fue precisamente el “no reconocimiento y la marginación de sus demandas” lo que hizo que se enquistara esta disputa.

“La nueva Constitución trae cambios muy profundos que podrían habilitar una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas -señaló- pero eso dependerá de cómo el Gobierno y el Parlamento la implementen”.

En la misma línea, Yrigoyen agregó que “siempre que se suman derechos en conflictos que se dan por falta de reconocimiento, la violencia baja automáticamente”.

Por Patricia Nieto Mariño, de la agencia EFE.

IG

El papa Francisco inició este domingo una visita de seis días a Canadá en la que se centrará en pedir perdón en nombre de la Iglesia por los abusos cometidos por miembros de comunidades religiosas en los internados por los que desde 1883 hasta 1996 pasaron unos 150.000 niños indígenas a los que el Estado buscaba occidentalizar.

“Es un viaje penitencial”, lo describió mientras volaba desde Roma, en línea con la “vergüenza” por lo sucedido que expresó hace cuatro meses a las delegaciones indígenas de los pueblos Métis, First Nations e Inuit que lo visitaron en el Vaticano.

El sistema de internados se extendió por Canadá una vez que el país logró la independencia de Gran Bretaña en 1867 y los primeros Gobiernos locales trazaron un plan para buscar una asimilación forzosa de los indígenas en la flamante sociedad canadiense, de fuerte influencia europea a través de las diferentes oleadas inmigratorias.

Con el antecedente de una primera Ley sobre los Indios de 1876, el Estado dispuso a partir de 1883 la internación, sin consentimiento de los padres, de los jóvenes nativos menores de edad en las denominadas escuelas residenciales, que buscaban borrar las costumbres y culturas de los indígenas para adaptarlos al nuevo país en formación. Con pocos recursos, las escuelas se convirtieron rápidamente en focos de falta de higiene y condiciones de salud, agravadas por el frío y la alimentación insuficiente. Algunas enfermedades, como la tuberculosis, atacaron especialmente a los niños de los internados, según las cifras oficiales.

Además de las denuncias de abusos físicos, psicológicos y hasta sexuales que se registraron, los pueblos indígenas sostienen que entre 4.000 y 6.100 niños murieron en los internados.

De los 139 centros que funcionaron en el país contabilizados por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación creada por el Gobierno, que indagó la historia de los internados de 2008 a 2015, unos 50 estuvieron manejados por instituciones vinculadas a la Iglesia católica.

Así, uno de los 94 puntos que la comisión propuso en 2015 como “llamado a la acción” incluía una disculpa del Papa por el accionar de miembros de comunidades religiosas en esos centros. Pero no como la que había expresado desde Roma el entonces pontífice Benedicto XVI en 2009: la disculpa debería hacerse en Canadá y con un nivel similar a otros reconocimientos que hizo la Iglesia en casos de abusos sexuales, en particular en Irlanda.

“El mayor error que ha cometido este país es la asimilación forzosa de los menores indígenas a través de los internados”, planteó en 2021 el primer ministro Justin Trudeau, como parte de una línea estatal de animar la reconciliación, que incluye además desembolsos por 11.000 millones de dólares canadienses (unos 8.500 millones de la divisa estadounidense) en los próximos seis años para programas de reparación y acercamiento a las comunidades indígenas, según datos del último presupuesto.

“Nuestro Gobierno cree que una disculpa oficial del Papa, en nombre de la Iglesia Católica Romana y en suelo canadiense, es un paso importante para reconocer el pasado y hacia la sanación y reconciliación con los sobrevivientes de las escuelas residenciales, sus familias y comunidades en Canadá”, afirmó a Télam Renelle Arsenault, portavoz del Ministerio de Relaciones Indígenas de la Corona.

Este lunes, Francisco dedica la primera actividad de la gira a una visita a uno de los más emblemáticos internados, Ermineskin, que funcionó entre 1895 y 1975 y que será el punto de partida para la serie de reuniones que tendrá con los representantes indígenas para renovarles su pedido de perdón.

Con información de Télam.

IG

“Empezamos juntos la tarea de transformar esta paz”, aseguró el presidente Lasso en su mensaje a la nación del jueves 30 de junio después de haber llegado a un acuerdo con los dirigentes indígenas que incluye el compromiso de reducir  5 centavos más el precio de los combustibles, entre otras medidas 

El mensaje presidencial que duró poco más de dos minutos resaltó la importancia de “curar heridas y superar la división entre ecuatorianos” para poder alcanzar el objetivo que según sus palabras es uno solo, “reconstruir el Ecuador, recuperar el tiempo perdido y trabajar fuerte, especialmente por los más vulnerables”.

El primer mandatario convocó a Ecuador a la unión “emprender juntos la tarea de transformar la paz” conseguida con los acuerdos alcanzados con las organizaciones indígenas y transformarla en “bienestar y oportunidades para todos” ; a la vez que prometió colocar como prioridad nacional el campo y la ruralidad para poner fin al abandono que ha sufrido por parte del Estado desde hace más de 40 años. “Siempre dijimos que la política debe servir para sacar lo mejor de cada uno, ahora es el momento de hacerlo”, subrayó Lasso.

Finalizando su discurso dedicó un mensaje de solidaridad a los familiares de las personas fallecidas a raíz de las manifestaciones desplegadas durante 18 días : “Siempre los llevaremos en nuestro corazón y en nuestra memoria” y agradeció la mediación de la iglesia católica en la conciliación de las partes. “El alivio que hoy sentimos revela una realidad, que somos una familia, todos queremos lo mejor para este país, estamos aquí para construir un mejor Ecuador, unido, fuerte y solidario” concluyó el mandatario.

Los términos del Acuerdo

Entre los temas pactados se destacan la reducción de cinco centavos más al precio del galón de la gasolina extra y eco país, así como al diésel. En total se tratará de una reducción de 15 centavos, teniendo en cuenta las disminuciones aprobadas por el gobierno durante el desarrollo de las fuertes protestas. Con las nuevas disposiciones, el costo por galón de los dos tipos de gasolina en el país se ubicará en 2,40 dólares, mientras que el de diésel será de 1,75 dólares.

También el Gobierno se comprometió a derogar el estado de excepción, anular el decreto 95 sobre política petrolera y hacer reformas a la orden 151, por lo que promete prohibir las concesiones de nuevas licencias para la explotación minera en reservas naturales, áreas intangibles y arqueológicas, zonas de fuentes hídricas y en territorios indígenas.El presidente Lasso anunció la consulta previa e informada sobre estos temas de interés y la Conferencia Episcopal ecuatoriana advirtió que se instalarán mesas de seguimiento de estos acuerdos.

Antecedentes y consecuentes del conflicto

El paro y movilización prolongados fueron liderados por la Confederación de Nacionalidades  Indígenas de Ecuador (Conaie) en rechazo a los altos costos del combustible y de los alimentos entre otras razones en las que se encuentran mayor presupuesto gubernamental para educación y salud y la fijación de precios de los productos agropecuarios.

El conflicto tuvo como resultado al menos ocho muertes, un alto desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, una reducción significativa en la producción de petróleo e incluso impidió el paso de ambulancias, en medio de los bloqueos de carreteras y vías del país.

El presidente Lasso había roto el diálogo el martes, por  cadena nacional con el líder de la Conaie  Leonidas Iza, después de la muerte de un suboficial del Ejército ocurrida cuando un convoy de camiones petroleros fue detenido en la ruta por un piquete local de comuneros amazónicos en Sushufindi. Según el ex juez constitucional Ramiro Ávida, veedor del diálogo, no se encontraron vínculos probados ni presuntos entre el liderazgo indígena y la muerte. Y  ante la presión de la sociedad civil fuertemente afectada, incluidos empresarios y los mismos productores de alimentos que a diario vieron cuantiosas pérdidas, las partes retomaron el diálogo.

Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) aseguró que el comercio fue el más golpeado y advirtió que la recuperación no será fácil. Además, invitó al Gobierno a implementar políticas que promuevan la reactivación, como la reducción del impuesto a la salida de divisas (ISD) y la eliminación de aranceles.

Por su parte, representantes del sector del turismo también ven cuesta arriba la recuperación. Aseguran que apenas venían resurgiendo luego de las consecuencias que dejó la pandemia de Covid-19. Holbach Muñeton, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador y vicepresidente del CEE, opinó que el paro no dejo nada bueno y rechazó los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. “No hemos tenido un respaldo del Gobierno, este acuerdo al que han llegado con la Conaie no es de felicitarlo, nadie ha ganado, todos hemos perdido, son 18 días de paro que se han tenido, no hay presos, no hay responsables”, puntualizó Muñeton.

Mientras tanto, el sector exportador anunció que gestionará un mecanismo conjunto de trabajo con el Gobierno para establecer créditos a bajo costo y políticas de compensación para sostener las fuentes de empleo. “Lo importante es que se consiguió la paz, una paz costosa, una paz bien dolorosa, pero tenemos paz. De aquí en adelante lo que hay que buscar son mecanismos de recaudación productiva, alguien tiene que asumir este costo”, declaró Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR).

El Ministerio de Educación informó que a  partir del 1 de julio se reanudan las actividades en todas las instituciones educativas. Las del régimen Sierra-Amazonía y Costa-Galápagos retomarán clases presenciales, mientras que las instituciones fiscomisionales (privadas con apoyo estatal) , particulares y municipales, podrán elegir entre la educación a distancia o presencial.

AGB con información de diarios y agencias

El marco nacional es de crisis social y conmoción interna. Más de 14.000 indígenas se han movilizado en todo el país, pero en su mayoría en la ciudad capital de Quito.  Los enfrentamientos y otros episodios causaron la muerte de al menos seis personas y dejaron heridas al menos a otras180, contando agentes de las Fuerzas de seguridad y tropas de las FFAA. El presidente Guilermo Lasso ha roto el diálogo en la tarde del martes, por cadena nacional, con el líder de la movilización indígena Leonidas Iza, después de una muerte de un suboficial del Ejército ocurrida cuando un convoy de camiones petroleros fue detenido en la ruta por un piquete local de comuneros amazónicos en Sushufindi. Según el ex juez constitucional Ramiro Ávila, veedor del diálogo, no hay vínculos probados ni presuntos entre el liderazgo indígena y la muerte.

La Asamblea Nacional y el Presidente de Ecuador enfrentan decisiones tan urgentes como graves. Los dos consideran dos alternativas, igualmente decisivas, que significarían el fin del actual gobierno.

La Asamblea puede destituir al Presidente; lo está debatiendo en sus sesiones.

El presidente Guillermo Lasso puede esperar y acatar la medida que adopte la Asamblea Nacional respecto al pedido de destitución presentado por 46 asembleístas correístas de Unión Esperanza (UNES). O puede apelar a la 'muerte cruzada', expresión que designa una facultad presidencial, contemplada en el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, desconocida por las restantes Cartas Magnas de América Latina, que le permite disolver la Asamblea Nacional en razón de una “grave crisis política y conmoción interna”. Pero si el Presidente mata, muere: pierde el cargo, gobierna el Vice y convoca elecciones presidenciales y legislativas.

En medio del paro nacional, el FMI aprobó desembolsar mil millones de dólares para Ecuador tras revisar positivamente las metas del programa acordado en 2020. La cantidad corresponde al crédito de 6500 millones de los que el país ya recibió 4800 millones

El pedido en de los 46 legisladores de UNES - amparado por el artículo 130 de la Constitución por la causal de “grave crisis política y conmoción interna” - obliga en virtud de este mismo mecanismo que la Asamblea Nacional discuta la materia en las siguientes 24 horas a partir de la presentación del tema.

Para la aprobación del pedido de destitución es necesario el voto positivo de dos tercios de la Cámara, esto es 92 de los 137 legisladores presentes. Como el presidente Lasso solo cuenta con el apoyo de 27 escaños fijos, la decisión quedó a disposición del partido Pachakutik, cuya base indígena acompaña las protestas iniciadas hace 16 días por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), y del Partido Social Cristiano (PSC), un ex aliado del oficialismo que retiró su apoyo a Lasso en razón de considerar que el mandatario omitió actuar para resolver los problemas de las comunidades indígenas movilizadas.

En el caso de que se disuelva la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar en un plazo máximo de siete días nuevas elecciones legislativas y presidenciales, en donde se ratificarán o no, los 137 asambleístas y un binomio presidencial.

Durante los meses de espera para los comicios, el presidente continuaría en funciones y podría dictar con la aprobación de la Corte Constitucional decretos que considere necesarios.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el domingo aseguró que estaba “convencido” de que no prosperará en la Asamblea Nacional el pedido de destitución contra Lasso. “Esos golpistas que se encuentran acantonados en la organización Unes van a fracasar porque no les ha salido la jugada ni en la calle ni en la Asamblea, y no les va a salir”, agregó y calificó Jiménez.

El movimiento indígena insiste en los reclamos en el corazón de los Diez puntos, su pliego de demandas. Que son reducir y congelar los precios de los combustibles, no aumentar la actividad petrolera y minera en la Amazonía, controlar los precios en los productos de primera necesidad y detener la privatización de empresas estatales.

En este contexto, la economía perdió más de 500 millones de dólares, según informes oficiales que estiman las dos primeras semanas del paro y movilización. El sector petrolero, uno de los pilares de la economía ecuatoriana, registra una afectación aproximadamente de 96 millones de dólares al no producir, en los primeros 14 días, un millón de barriles de crudo, de los que 855.000 son de pozos operados por la estatal Petroecuador y 215.000 por operadoras privadas.

Y en medio del paro nacional, el Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de mil millones de dólares para Ecuador tras la revisión de las metas del programa acordado con el país en el año 2020. La cantidad corresponde al crédito de 6500 millones de los que el país ya recibió 4800 millones.

AGB con información de medios y fuentes

Ya ha superado el año de gobierno. El 24 de mayo de 2021, el empresario conservador y exitoso ex director del Banco Guayaquil, Guillermo Lasso  asumió la presidencia de Ecuador.  Había obtenido la victoria por   Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) en el balotage del 11 de abril con 52,49% votos a su favor contra Andrés Arauz, el candidato correísta del frente Unión por la Esperanza (UNES), que obtuvo 47,51%.

En la  primera vuelta, Arauz había ocupado el primer lugar y Lasso el segundo, con una diferencia mínima de apenas de apenas 0,3% (equivalente a 32.000 votos de un total de casi 9,3 millones de electores) por encima de Yaku Pérez, el  candidato del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP-18),  partido político de izquierda y brazo electoral del movimiento indígena ecuatoriano que llevó a Guadalupe Lori, la primera mujer indígena a la presidencia de la Asamblea , sede del  poder Legislativo en Ecuador, destituida por la misma Asamblea el 31 de mayo.

Lasso había sido  derrotado por el ‘socialismo del siglo XXI’ de Rafael Correa en los dos balotajes de 2013 y 2017, la primera vez por propio Correa y la segunda en la de su aparente e infiel seguidor Lenín Moreno. Y en la primera  vuelta de las elecciones del 7 de febrero había tenido que luchar para defender su posición de participante en el balotaje en una agria disputa por el segundo puesto contra el líder indígena Yaku Pérez, quien había denunciado una conjura racista de correístas y anticorreístas para cometer un fraude blanco contra los movimientos y poblaciones indios.

 El 24 de mayo 2022, el presidente Lasso ofreció su primer informe de gestión a la nación. Ante el Congreso habló de lo que hizo, de lo que planea hacer para el segundo año de gobierno e incluso hasta terminar su mandato en 2025. Sin embargo, no presentó ninguna cifra sobre temas de seguridad. “Lo que no ha dicho es lo más elocuente de su discurso” reflexionó el internacionalista Luis Carlos Córdova.

En el país, entre enero y mayo de 2022 se contabilizaron 1,490 crímenes violentos (asesinato, homicidio, femicidio y sicariato). Cada día, en promedio, mueren 14 personas de forma violenta en Ecuador.

El estado de excepción decretado en abril en las provincias costeras del Mayas, Guanabí y Esmeraldas  con la movilización de 4.000 policías y 5.000 militares no detuvo   una alarmante serie de episodios nunca antes vistos, tanto los coches bombas atribuidos a bandas del narcotráfico como las continuas denuncias  de extorsión y amenazas a los locales comerciales en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia, escenario de la ausencia de seguridad estatal en zonas empobrecidas bajo el dominio del crimen.

Decenas de barrios esmeraldeños organizaron un plantón ante la Cámara de Comercio de Esmeraldas,  una hora antes de que el presidente Lasso ofreciera su  informe en el Palacio Legislativo en Quito, el mismo día de la conmemoración en Ecuador del Bicentenario de la batalla de Pichincha. 

A la vez, muchos observadores sostienen o al menos sospechan que las razones para la declaración del estado de excepción son muy distintas a la de la lucha contra la violencia en el país. “Es aterrador que Lasso amplíe el concepto de delincuentes y terroristas para incluir a quienes protestan, como los indígenas, los cultivadores de arroz o las organizaciones de transporte. Debido al estado de excepción, las huelgas y protestas de estas organizaciones se ha paralizado por el momento”,  declaró  Constantin Groll, director de la oficina de la fundación alemana Friedrich Ebert en Ecuador. Y José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch, advirtió de la presencia de los militares en las calles, señalando que “las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra, no para controlar el orden público y la delincuencia”.

En septiembre de su primer año de gobierno, Lasso había decretado estado de excepción en los centros penales tras el amotinamiento en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, conocida también como Penitenciaría del Litoral, que dejó 119 reos fallecidos y 80 heridos. Mientras los presos -miembros de bandas rivales vinculadas al narcotráfico- se mataban en una disputa de poder,  en la mayor masacre de la historia carcelaria de Ecuador y una de las peores de América Latina, circularon fotos de la recepción de gala ofrecida por  presidente junto con funcionarios de alto rango.

El trágico episodio  de la Penitenciaría del Litoral   fue seguido por cuatro amotinamientos más en otros centros penitenciarios, con un saldo de 282 muertes.

 La crisis carcelaria, resultado de varios factores, entre ellos, el cambio del rol de Ecuador en la logística del narcotráfico, la intensa penetración de las organizaciones narco delictivas en el tejido social con la consiguiente disputa territorial en barrios y ciudades, el aumento del desempleo, el hacinamiento habitacional y corrupción del sistema, muestra  la incapacidad del Estado de precautelar la vida y la seguridad de los ciudadanos, cuyas muertes y luto de sus familiares Lasso haciendo uso de “empatía selectiva” no mencionó su “Informe a la Nación”.  

Consecuentemente, el imparable crecimiento de la inseguridad y de la violencia incide en  la percepción popular de que Lasso es un presidente alejado de los ciudadanos e indiferente a sus problemas cotidianos.

Las promesas incumplidas

El presidente Lasso prometió  no aumentar impuestos, sin embargo lo hizo. Ofreció mejorar el sistema de entrega de cupos para la educación superior, sin embargo en mayo pasado el secretario de Educación Superior confirmó que 85.000 jóvenes no obtuvieron  cupo para acceder a una universidad o un instituto superior. Ofreció garantizar derechos a las mujeres y vetó el proyecto de ley de interrupción del embarazo  en casos de violación para establecer plazos tan reducidos que dificultan el acceso a un aborto a las víctimas. Con cruel ironía; lo anunció el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

 En el tema sanitario, después del  pico exitoso en el proceso de vacunación contra el covid, ameritado por Lasso en su discurso y la única de las promesas que cumplió, el deterioro en la atención de los hospitales públicos es inocultable. Los ambientalistas interpelaron a Lasso  por no respetar la Constitución que otorga garantía jurídica a la naturaleza o Pacha Mama debido a  uno de sus más recientes anuncios “de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”, sin considerar el daño ambiental  agravado por el derrame de petróleo en la provincia amazónica de Napo.

Si bien los indicadores económicos son esperanzadores, el Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento conservador de  2.8%  para este año y el Banco Mundial augura 4.3%- y  según estas mediciones Ecuador se ubicaría como la cuarta economía de mayor crecimiento en América Latina, los efectos aún no se sienten para la mayoría de sus habitantes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), apenas el 32,5 % de los ecuatorianos tiene “empleo adecuado” y 23,9 % es subempleado; mientras que la pobreza a nivel nacional llega al 27,7 % y la pobreza extrema a 10,5%.

El gobierno acordó en septiembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que con el desbloqueo de la llegada de recursos del exterior permitiría disponer de liquidez por 4.500 millones de dólares para el financiamiento de diversos proyectos. Según Lasso, el  préstamo auguraba para las arcas ecuatorianas un período de tranquilidad para lo que restaba de ese año y para 2022, pero aclaró que se debía hacer un esfuerzo mayor para buscar recursos mediante la lucha contra la corrupción y una mejor administración de los recursos públicos.

Un mes después, en octubre, el presidente Lasso enfrentó a un escándalo a raíz de las revelaciones de los Panamá Papers sobre sus activos en paraísos fiscales  prohibidos por normativa de 2017 cuyo resultado – a pesar de que Lasso reiteradamente declaró que cortó los vínculos con las empresas donde invirtió debido  según él a las presiones que el ex presidente Rafael Correa impuso a los banqueros - fue un pedido de moción de destitución en la Asamblea Nacional que no prosperó.

 A todo esto, se suma la incapacidad del gobierno de  establecer acuerdos políticos en la Asamblea Nacional: apenas fue posesionada el acuerdo con el PSC, que respaldó la candidatura de Lasso, se quebró y el oficialismo quedó sin apoyo en proyectos de ley que consideraba clave para incentivar inversiones y reformar la legislación laboral.

Cuatro semanas antes de que Lasso cumpliera un año de gestión cuatro ministros- de Defensa, Energía, Derechos Humanos y Agricultura  renunciaron a sus cargos sumando a 16 los cambios del gabinete  presidencial en 11 meses. Las razones esgrimidas por los acerca de su alejamiento fueron e “la falta de rumbo” del gobierno y la “tozudez” de Lasso para intentar implementar la “muerte cruzada”, una figura constitucional que lo habilita a cerrar la Asamblea Nacional ante el bloqueo opositor y convocar a elecciones.

Lasso ha acusado constantemente a un “triunvirato de conspiración”. Jaime Nebot, su antiguo aliado y líder del PSC, al expresidente Correa, y al líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, de golpistas.

Movimiento indígena y movilización ciudadana

La convocatoria de la Conaie, los pueblos y las nacionalidades indígenas, a un Paro Nacional Indefinido a partir del 13 de junio sumó el apoyo de los principales movimientos sindicalistas del país. Entre los principales motivos de queja figuran los altos precios de los combustibles y los bajos precios que pagan a los productores por el banano y la leche. También, exigen respeto a los derechos indígenas, que ven avasallados ante la intención de Lasso, que consideran inconsulta, de incrementar la actividad petrolera y minera en el país.

La movilización en protesta a la política neoliberal de Lasso,  alcanzó virulencia social debido a la detención arbitraria – luego revocada- de Iza, el máximo dirigente indígena de Ecuador.   

El Paro Nacional Indefinido contaba con el apoyo de al menos un 50% de la población.  La estrategia de Lasso en detener  a Iza – su principal opositor en las calles- fue con la finalidad de capitalizar a todos aquellos que se oponían a la movilización, aunque no por eso apoyan al gobierno.  La medida de Lasso- quien   trata de sostener ya que no recuperar su capital político muy deteriorado por su falta de capacidad en la gestión-  radicalizó la movilización popular con el riesgo de que la sangre en la calle ponga en peligro la estabilidad política de Ecuador, como sucedió en  la movilización de 2019 contra las medidas del gobierno de corte neoliberal -opuestas a las que había presentado en su campaña electoral el ex presidente Lenin Moreno- que desataron el descontento a nivel nacional con epicentro en Quito. Sin embargo, los votantes de Guillermo Lasso, de manera deliberada o con liviandad votaron el programa que hoy rige a Ecuador.

Este  año, vence el acuerdo con el FMI de 6.500 millones de dólares, con alza de impuestos, la eliminación de subsidios y la reducción de la cobertura de ayuda económica para los sectores vulnerables.  “El mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, debería centrarse menos en seguir las políticas del Fondo Monetario Internacional si quiere arreglar los problemas”,  declaró Iza a la vez que informó la continuación de las protestas hasta que el presidente de la nación andina responda a las peticiones indígenas. “Todavía está en manos del presidente”, concluyó este viernes. 

En la noche de este domingo, indígenas y campesinos llegaron por miles a Quito para hacerse sentir con más fuerza, pese a que el estado de excepción decretado desde el sábado por Lasso en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha, donde está la capital, suspende el derecho de asociación y de reunión. Desde el mediodía del lunes, artistas, mujeres, estudiantes y sindicalistas se unieron a las protestas La ocupación de la Casa de la Cultura en el Parque Arbolito, histórico albergue para los manifestantes, por parte de la Policía Nacional aumentó las expresiones de rechazo. La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) decidió abrir sus puertas a los manifestantes y los estudiantes de tomaron las instalaciones de la Universidad Central.

La Conie se niega de momento a entablar un diálogo ofrecido en reiteradas ocasiones por Lasso al considerar que las diferentes conversaciones mantenidas a lo largo de su primer año de mandato no han dado sus frutos. De esta manera, Iza ha anunciado que las protestas siguen en pie pese a que Lasso concedió varias de las diez demandas exigidas por la Conaie. Pero, no habló sobre el precio del combustible, tampoco sobre los presupuestos de educación y salud ni sobre los derechos laborales.

A una semana del inicio de la movilización, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos denunció el primer manifestante fallecido, una persona que cayó a una quebrada en su intento por llegar a Quito. Además de 61 personas heridas, cinco de ellas con daños oculares, y 18 con heridas graves, de las que responsabilizó directamente al Estado.

AGB

Ecuador cumplió este lunes una semana de protestas contra el Gobierno por la carestía de la vida, y lo hizo con el primer manifestante fallecido, una persona que cayó a una quebrada en su intento por llegar a Quito, donde el movimiento indígena quiere concentrar la movilización y desafiar el estado de excepción decretado por el presidente, Guillermo Lasso.

La muerte fue denunciada por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y confirmada a Efe por la Policía Nacional, aunque según su versión “tres manifestantes cayeron a una quebrada y uno de ellos murió, pero no es en enfrentamiento”.

De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, la mortal caída se produjo en la madrugada de este lunes en el noreste de Quito, cuando un contingente policial trató presuntamente de frenar con gases lacrimógenos el avance de un grupo de manifestantes que querían llegar a la capital desde la norteña provincia de Imbabura.

Además de este fallecimiento, la Alianza denunció que en esta primera semana de movilizaciones se han registrado 61 personas heridas, cinco de ellas con daños oculares, y 18 con heridas graves, de las que responsabilizó directamente al Estado.

También reportó 86 detenciones, entre ellas la del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las protestas, que estuvo casi un día entero detenido hasta que una jueza lo dejó en libertad condicional con cargos por presunta paralización de servicios públicos.

Mientras, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó que las manifestaciones tuvieron actos de violencia con las fuerzas de seguridad que dejaron 61 agentes heridos hasta ahora, así como 14 policías temporalmente retenidos por manifestantes, dos vehículos destruidos y otros 21 con distintos daños.

Indígenas llegan a Quito

Durante la noche del domingo, numerosos grupos de indígenas llegaron a Quito para hacerse sentir con más fuerza, pese a que el estado de excepción decretado desde el sábado por Lasso en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha, donde está la capital, suspende el derecho de asociación y de reunión.

Tanto en el acceso norte como en el sur de la capital hubo contingentes de policías y militares para ahuyentar la llegada de las caravanas de indígenas, pero los intentos por contenerlos duraron poco y al final acabaron accediendo a la capital.

En el centro de Quito, las fuerzas de seguridad han tomado la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para evitar que se repitan las escenas de octubre de 2019, cuando otra ola de protestas liderada por la Conaie acabó con violentos enfrentamientos y altercados en el centro de la capital y un saldo de una decena de muertos y unos 1.500 heridos en todo el país.

Sin diálogo

El movimiento indígena liderado por Iza se niega de momento a entablar un diálogo ofrecido en reiteradas ocasiones por Lasso al considerar que las diferentes conversaciones mantenidas a lo largo de su primer año de mandato no han dado sus frutos.

Así, Iza ha anunciado que las protestas siguen en pie pese a que Lasso concedió varias de las diez demandas que exige la Conaie.

El presidente aprobó la subvención hasta un 50 % de la úrea, que se utiliza como fertilizante, condonó las deudas vencidas de familias campesinas de hasta 3.000 dólares, redujo la tasa de interés del 10 % al 5 % para los créditos vigentes, aumentó el bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares y dobló el presupuesto para la educación intercultural.

No obstante, la Conaie también demanda la congelación de los precios de aquellos combustibles que están liberalizados, el control de precios de productos esenciales y la moratorias de nuevas concesiones mineras en la Amazonía.

AGB

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y una de las principales figuras opositoras al Ejecutivo, fue arrestado a primeras horas de la madrugada del martes cuando visitaba a manifestantes cerca de la localidad de Pastocalle, dentro de su natal provincia andina de Cotopaxi.

Solo unos minutos después, Lasso anunciaba en un mensaje a la nación que se había iniciado la detención de los autores materiales e intelectuales de los “violentos actos” ocurridos durante la primera jornada de la movilización.

Con ello, el mandatario se refería a incidentes aislados en distintos puntos del país como el incendio de un vehículo de Policía en la sureña provincia andina de Azuay, la toma de una unidad de extracción de petróleo en el Bloque 16, en la Amazonía, y hostigamientos a productores florícolas para unirse a las medidas de fuerza. También la retención de un grupo de policías por parte de una comunidad que los sometió a un ritual ancestral de purificación y que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, tildó de “secuestro”.

Salvo estas situaciones, el primer día del Paro Nacional e Indefinido convocado por la Conaie, la mayor organización indígena del país, había transcurrido con algunos cortes de carreteras que no habían afectado en gran medida al funcionamiento de los servicios esenciales, según reportaba el Ejecutivo. Incluso el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hablaba de que el seguimiento a la convocatoria había sido notablemente menor al que esperaban.

Un arresto que causó sorpresas

Por eso, la repentina detención de Iza tomó por sorpresa al movimiento indígena cuando un nutrido contingente policial se lo llevó en un vehículo con dirección desconocida. Junto a Iza también fueron detenidas otras cuatro personas, según informó el mismo ministro Carrillo, aunque no reveló sus identidades.

Al presidente de la Conaie, que agrupa a 14 nacionalidades originarias del Ecuador, lo aprehendieron presuntamente “en flagrancia” por “obstruir la Carretera Panamericana E35, desde donde dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento de la violencia”, según comunicó el Ministerio del Interior en su declaración oficial.

En un primer momento, Iza fue trasladado a la Unidad de Flagrancia (FGE) ubicada en el centro de Quito, la capital ecuatoriana, que había amanecido fuertemente custodiada por fuerzas de seguridad. A las pocas horas fue llevado en helicóptero hasta Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, donde está a la espera de pasar a disposición judicial.

Un hábeas corpus quichua

A las afueras de la Unidad de Flagrancia, uno de los abogados de Iza, Lenin Sarsoza, anunció que han presentado un recurso de habeas corpus. Solicitan la inmediata liberación del líder indígena, al considerar que su detención es “ilegal, arbitraria e ilegítima”.

En la misma forma se pronunciaron otros referentes de la Conaie. Los dirigentes hicieron un llamamiento a “radicalizar” las protestas y exhortaron a los organismos internacionales a seguir vigilantes lo que consideran una vulneración a los DDHH y al derecho a peticionar a las autoridades.

Según el Gobierno, en el ejercicio de ese derecho los manifestantes destruyeron bienes públicos y privados, y retuvieron a cuatro servidores policiales y un fiscal. Aunque finalmente fueron liberados, según reconocieron los funcionarios que ofrecieron la rueda de prensa.

Los cortes de carreteras continuaron con 87 bloqueos identificados, principalmente en las provincias andinas de Chimborazo, Imbabura y Pichincha, así como en la amazónica de Pastaza.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, aseguró que las áreas estratégicas “se encuentran controladas” por las FFAA. “No tenemos novedades, a excepción del cierre de dos pozos petroleros, que están parados”, dijo sin aumentar detalles.

Un decálogo de reclamos

Esta movilización fue convocada por el movimiento indígena al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Lasso. Diferentes intentos anteriores de diálogo habían sido magros en frutos.

Entre los principales motivos de queja figuran los altos precios de los combustibles y los bajos precios que pagan a los productores por el banano y la leche. También, exigen respeto a los derechos indígenas ante la intención de Lasso de incrementar la actividad petrolera y minera en el país.

Frente a ello, el Gobierno de Ecuador quiere a toda costa evitar una oleada de violencia como la vivida en las protestas de octubre de 2019. En aquel mes trágico para la presidencia de Lenín Boltaire Moreno, que había sido heredero y sucesor de Rafael Correa, el levantamiento, donde también Iza había desempeñado un papel protagónico, se saldó con una docena de muertos y 1.500 heridos, de los que un tercio fueron policías y militares.

AGB

El periodista inglés Dom Phillips, antiguo colaborador en 'The Guardian' y 'The Washington Post', y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira, de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) desaparecieron en el Valle del Javari, en el Amazonas (Brasil), una región más grande que Austria y hogar de la mayor concentración mundial de tribus no contactadas.

El reportero inglés viajaba con Araújo, un exfuncionario del gobierno encargado de proteger a los pueblos indígenas aislados de Brasil, quien durante mucho tiempo recibió amenazas de los madereros y mineros que buscan invadir sus tierras, según el diario 'The Guardian'.

“'The Guardian' está muy preocupado y busca información urgente sobre el paradero y la condición de Phillips. Estamos en contacto con la embajada británica en Brasil y las autoridades locales y nacionales para tratar de establecer los hechos lo antes posible”, dijo un portavoz del medio.

Según un comunicado de la asociación Univaja y el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas Aislados, los dos viajaron a la zona en un bote con el objetivo de visitar un equipo de vigilancia ubicado en el pueblo Lago do Jaburu, cerca de la base de la FUNAI, para realizar algunas entrevistas con líderes indígenas, informó el diario 'O Globo'.

El último registro de Phillips y Araújo se produjo en la mañana del domingo en San Rafael, donde se detuvieron para hablar con un residente llamado 'Churrasco', quien no se encontraba en el lugar, por lo que hablaron con la esposa y la hija.

“Luego partieron para Atalaia do Norte, un viaje qaue dura aproximadamente dos horas. Por lo tanto, deberían haber llegado a la ciudad alrededor de las 8.00 o 9.00 horas (hora local), lo que no sucedió”, sostuvieron las instituciones portuguesas, según publicó el diario 'Folha de Sao Paulo'.

El Ministerio Público Federal comunicó que ya inició los procedimientos para llevar a cabo la investigación y alertó, asimismo, a la Policía Civil, al Frente de Protección Etnoambiental de la zona y a la Marina, tal y como indicó el citado medio.

El Comité para la Protección de los Periodistas manifestó en un comunicado que las autoridades brasileñas “deben realizar una búsqueda rápida y exhaustiva del periodista Dom Phillips y asegurarse de que sea encontrado lo antes posible”.

“La desaparición del periodista británico Dom Phillips durante un viaje periodístico en la Amazonía brasileña es extremadamente preocupante, y las autoridades brasileñas deben trabajar para localizarlo a él y a su compañero de viaje, el experto en temas indígenas Bruno Pereira”, dijo el director de la organización, Carlos Martínez de la Serna.

Con información de Europa Press.

IG

El viento norte roza el rostro moreno de doña Antolina González. La piel curtida por el sol y callos en los pies reflejan la larga andanza de lucha y resistencia. Mientras camina sobre la tierra colorada, en una tarde de septiembre,  esta cruje con cada pisada, como signo del déficit de lluvia que golpea a su comunidad indígena Ypetî Tajy, del pueblo Mbya Guaraní, ubicada en el Departamento de Caazapá, Paraguay. 

A medida que se aleja de la vivienda, el paisaje de vegetación cambia por uno homogéneo, de miles de hectáreas de cultivo mecanizado: trigo, maíz y avena. En otras temporadas la soja se impone. Las plantaciones se ven hasta varios kilómetros por el área despejada.

La mujer se detiene justo en el límite de la propiedad de los indígenas y se inicia el cultivo a gran escala. En  el tramo no existe barrera verde de protección. El cultivo, en ese periodo del año, era avena, utilizado como abono verde sobre el cual luego se siembra soja, maíz o trigo.

“Aquí está pegado por nuestra línea el cultivo de los brasileros que no cuidan para fumigar. Cuando tiran el veneno, no respetan el viento fuerte y eso va hacia la comunidad. Tiene muy mal olor, es muy fuerte y nos preocupa. Deben proteger, si van a cultivar soja, por ejemplo, deben plantar vegetación, por lo menos unos 25 metros ya nos va a componer. Pero ellos casi entran en nuestra línea”, expresa. En el tono de su voz se percibe indignación.

El estudio denominado “Extranjerización del Territorio Paraguayo”, del 2009, de Marco Glauser, indica que por lo menos 7.889.128 hectáreas del país están en manos extranjeras, equivalentes al 19,4% del territorio nacional. El observatorio rural De Olho nos Ruralistas publicó, en el 2017,  que los propietarios brasileros tienen el 14% de las tierras en el Paraguay.

Por lo menos 7.889.128 hectáreas de Paraguay están en manos extranjeras, equivalentes al 19,4% del territorio nacional.

Doña Antolina avanza unos metros más y observa parte de su plantación ya seca. “Estas ramas planté en nuestra línea para que el veneno no pase y también con ello poder alimentar a mis animales, como cerdos, pero cuando ellos fumigan destruyen nuevamente la planta”.

Vuelve a emprender la marcha y el suelo empieza a tener una pronunciada pendiente. Frente a ella, en el horizonte, se inicia una de las pocas vegetaciones del entorno. A medida que ingresa hacia el pequeño bosque se escucha el sonido del arroyo que fluye con calma. 

La acompañan otros pobladores que, de a uno, descienden e ingresan al agua, hasta la altura de las piernas. Con las manos llevan el agua hasta el rostro para refrescarse luego de la caminata en una tarde calurosa. El cauce tiene un aspecto claro, la vegetación se refleja en él.

Pero no todo es armonía. El arroyo tuvo un importante descenso, no solo por la sequía, consideran los moradores, sino porque las nacientes se encuentran en la propiedad de los productores y no todas están protegidas.

 “Este arroyo bajó mucho. Nos preocupa, parece que va a desaparecer. Los sojeros destruyen las nacientes y esta agua puede terminar (…). También cuando llueve aquí cae el veneno de la fumigación”, asevera doña Antolina.

En el último censo de pueblos indígenas, en el 2012, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec) reportó que 109 comunidades declararon fumigación con agroquímicos, 101 comunidades señalaron que existe contaminación de corrientes de agua y 134 consideraron una disminución significativa de animales silvestres.

En Paraguay habitan alrededor de 117.150 personas indígenas, pertenecientes a 19 pueblos y 493 comunidades.

Alquiler del territorio ancestral

Una de las pocas masas boscosas que quedan en Caazapá es la de la comunidad de Ypetî, donde se encuentra doña Antolina. Pero la cerca avanza hacia el pueblo. Uno de los principales problemas es que varios miembros ya decidieron alquilar parte de la tierra ancestral, ante las necesidades económicas y falta de políticas públicas que no llegan a la mayoría de los pueblos indígenas del país.

El pueblo Mbya Guaraní de esta comunidad cuenta con 1.526 hectáreas, de las cuales estiman que cerca de 150 hectáreas de bosque ya fueron alquiladas.

 “Somos muchos en la comunidad y tenemos parte de nuestra gente que fue convencida para ceder las tierras en alquiler. Intentamos atajar pero no nos ayudaron las autoridades, los fiscales, los policías. Nosotros aquí, los que estamos en esta punta, nos resistimos. Queremos conservar nuestro bosque”, relata el líder indígena, Jorgelino Villalba. 

La cultura aún fortalecida, las creencias ancestrales ayudan aún a resistir al pequeño grupo, relata Jorgelino. Pero sienten la desprotección del Estado y  las presiones no cesan. “Ahora estamos tranquilos, aparentemente, pero siempre hay advertencias de que los productores, que tienen cooperativa, con dinero van a lograr entrar, que no los vamos a poder atajar”.

Esta problemática del pueblo también se vive en otros territorios indígenas a nivel nacional. El último censo del 2012 reveló que de las 493 comunidades, 182 alquilan o prestan su tierra a terceros; esto equivale a 36,9%.

“Si hablamos de derechos del indígena, de leyes, todo es muy lindo, pero cuando reclamamos que se cumplan no nos hacen caso. Eso es lo que vemos en nuestra zona. Los sojeros con dinero, que trabajan en sociedad, tienen apoyo del intendente, del gobernador, de fiscales, de policías. Son todos sus amigos. Pero si nosotros vamos a reclamar no nos hacen caso porque no tenemos dinero”, comenta Villalba.

En la Constitución Nacional, en el apartado “De los Pueblos Indígenas”, en  el artículo 64 se establece que el Estado proveerá gratuitamente tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas.

En el Estatuto de las Comunidades Indígenas, Ley Nº 904/81, su artículo 17 señala que: “La fracción no podrá ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, prescrita ni comprometida en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte”.

En la  práctica  no existen controles sostenidos para impedir esta situación.

“Los sojeros, de modo a burlar la normativa que prohíbe el alquiler de tierras indígenas, lo hacen a través de ‘contratos de prestación de servicios’ o de ‘parcería’. Al no mencionar las palabras ‘arrendamiento’ o ‘alquiler’, maquillan con otro nombre la situación real”, señala parte del estudio “Alquiler de tierras y territorios indígenas en el Paraguay”, de Marcelo Bogado, Rafael Portillo, Rodrigo Villagra.

Avance de la soja

“Las tierras habitadas por pueblos indígenas comenzaron a sufrir la deforestación en la década de los sesenta para la producción agrícola extensiva, intensificándose con el tiempo. Actualmente, el rubro de la soja es el más producido y con mayor impacto en las comunidades de la Región Oriental”, se describe en parte del estudio “Alquiler de tierras y territorios indígenas en el Paraguay”.

El total de superficie del cultivo de soja llegó en el 2021 a 3.701.631 hectáreas, según el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO). La producción se triplicó en los últimos 25 años. La zafra de 1996-1997 comprendía 1.050.000 hectáreas, de acuerdo con datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Esta oleaginosa posiciona a Paraguay como el sexto mayor productor a nivel mundial y el cuarto en la categoría de exportadores.

Escasas investigaciones sobre impacto en la salud

En el país altamente agroexportador no existen muchas investigaciones sobre el impacto de agroquímicos en la salud, esto a pesar que los datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave) reportan una importación total de 54.189 toneladas de productos fitosanitarios en el año 2020. El 63% corresponde a herbicidas con 34.144 toneladas; en este grupo se encuentran algunos de los agroquímicos más utilizados como: Glifosato, Paraquat, 2 4D, Diquat.

En un primer estudio de la pediatra y docente, Stela Benítez Leite, en el 2007, los resultados mostraron asociación entre la exposición a plaguicidas y malformaciones congénitas en neonatos nacidos en el Hospital Regional de Encarnación, en el Sur de Paraguay.

La doctora volvió a presentar en el 2018 otra investigación en la que se detectaron daños en el ADN de  43 niños que viven cerca de cultivos de soja, a diferencia de 41 chicos de una comunidad certificada por el no uso de plaguicidas.

Cuando existe daño en el material genético, explica la doctora, las células pueden repararse, pero también pueden mutar hacia enfermedades que afectan el neurodesarrollo e incluso estar relacionadas con mal de Parkinson, diabetes y hasta cáncer. O también se puede transferir a las generaciones futuras ocasionando malformaciones o abortos espontáneo, según Benítez.

Tras estos hallazgos,  los representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su mayoría de gremios del sector productivo, resolvieron frenar las investigaciones con resultados que consideraban “deficientes”, como este estudio financiado por el ente, lo que generó el rechazo de la Sociedad Científica del Paraguay.

Fumigaciones

El Senave es la autoridad de aplicación de la ley de “Control de Productos Fitosanitarios”. En ella se establece que, en aplicación terrestre, se debe fijar una franja de protección de 100 metros entre el área a fumigar y todo asentamiento humano; 100 metros entre el área de tratamiento con productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica y todo curso de agua natural. No se debe realizar aplicación cuando la temperatura es superior a 32º C, humedad relativa inferior a 60% o velocidad de viento superior a 10 km/h. 

Los cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de aplicación de productos fitosanitarios, deberán contar con barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos metros. De no existir dicha barrera viva, se dejará una franja de 50 metros de distancia de caminos vecinales poblados para la aplicación de plaguicida.

“Si uno aplica en condiciones no óptimas se pierde producto. Entonces, el objetivo de controlar las plagas no se va a lograr. El agricultor, desde el punto de vista de la eficacia y evitar posibles contaminaciones, va a respetar las condiciones  atmosféricas”, argumenta Cristhian Marecos, jefe de la oficina regional del Senave.

La cantidad de funcionarios distribuidos por departamentos, cuatro a cinco en promedio, señala que es poca para las distintas  misiones del ente. En la institución no figuran sumarios abiertos este año por irregularidades sobre fumigaciones.

En el 2019, de  327 centros educativos rurales  analizados se encontraron que 48 estaban a menos de 200 metros de cultivo y 51 a menos de 100 metros,  según el estudio “Mapeamiento de centros educativos e identificación del peligro de contaminación ambiental”.

En el informe del Senave sobre cumplimiento de franjas verdes cerca de 258 escuelas, se concluye que todos los cultivos están en regla. En otro documento del 2021 aparecen verificaciones en asentamientos en general, pero ya no se describe si se encontró o no irregularidad. Ante insistencias, la institución remitió el dato “de que todas están en regla”.

Autoridades se llaman al silencio

La ausencia de barreras verdes en los cultivos colindantes, denuncia de alteración de cauces, desmontes, falta de titulaciones y hasta episodios de desalojos son constantes en las comunidades indígenas del país. A ello se le suma que en la mayoría de las comunidades no existen  servicios básicos como el agua potable.

Durante varias semanas se intentó tener la versión de representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y del Instituto Forestal Nacional (Infona), pero se llamaron al silencio.

En  el momento de elaboración de este reportaje, Edgar Olmedo era el presidente del Indi. No contestó las llamadas y las veces que se lo buscó en la oficina  estaba de viaje. Se recurrió al portal de solicitudes que obliga a las instituciones públicas a responder en un plazo de 15 días hábiles, pero el pedido fue denegado,  infringiendo  la Ley 5282 de “Libre Acceso a la Información Pública”.

En el Infona, no son visibles en la página web los mapas de deforestación. Tanto  la presidenta del ente, Cristina Goraleski, como los directores de varias áreas no dieron declaraciones.

En el informe de la institución, entre 2014 y 2015, figura que la cobertura forestal fue de 16.623.000 hectáreas. En marzo de este año, Goraleski comentó al diario Última Hora de Asunción que a nivel país, la cobertura forestal total es de 15.117.473 hectáreas, hasta el 2019. Es decir, 1.505.527 hectáreas menos.

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), los datos a los que se tuvo acceso sobre  cambio de uso de suelo sin permiso, sean desmontes o remociones, solo son hasta el 2019. En la región Oriental, donde rige la ley de Deforestación Cero se reportaron 4.134 hectáreas transformadas, entre 2018 y 2019. En  Occidental, Chaco, se registra 205.723 hectáreas.

Desprotección

En el país aún no se concretan mecanismos de protección para defensores de derechos humanos que se exponen a amedrentamientos, si se trata de comunidades indígenas la vulnerabilidad es aún mayor, ya que sufren discriminación estructural por falta de acceso a derechos básicos, considera Maximiliano Mendieta, abogado y consultor de la Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas (FAPI).

“Los indígenas  viven y sobreviven desde y para sus tierras, que ahora tiene un enfoque profundamente comercial y va en contra de la cosmovisión. Tampoco hay políticas públicas importantes con enfoque intercultural porque colisionan con la visión económica, el monocultivo, la deforestación irracional”.

Para personas indígenas como doña Antolina, los recursos naturales son  claves para sobrevivir. “Vemos con nuestros propios ojos cómo destruyen la tierra. La tierra es nuestra madre, a través de ella existen los árboles y mediante estos el agua. Estos tres recursos no pueden separarse porque no estarán fortalecidos. Si ellos desaparecen nosotros también acabaremos”, concluye mientras sale del curso hídrico y escala la pendiente. 

Se apresta para  caminar nuevamente a la vera del cultivo mecanizado y luego sumergirse en su comunidad, entre árboles nativos y una reducida población que todavía resiste a la transformación del territorio ancestral.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  En el caso del presente artículo, este también fue producido con el apoyo de Climate Tracker - América Latina.

KG

La intensidad del sol y la tranquilidad en esta comunidad amazónica del norte boliviano hacen que el tiempo se detenga. El sitio está lleno, aunque a ratos parece vacío, pues muchos se refugian en sus casas mientras hablamos con el representante de la comunidad bajo la sombra de unos árboles, entre perros cansados y niños desnudos. La autoridad comunitaria habla del peligro que acecha a la población y que baja por el río desde el sur. A más de 100 kilómetros de aquí, se extrae oro con el uso de uno de los metales más tóxicos para el ser humano: el mercurio. 

“Mi esposa me dice: ‘Si estoy enferma, estoy enferma, igual me tengo que morir de cualquier enfermedad. No puedo dejar de comer’. Cuando comenzó esto de la minería, ella tuvo más dolores. Tal vez es esto del consumo de pescado, antes no había eso”, dice Óscar Lurici, capitán grande de Eyiyo Quibo, una esse ejja de la comunidad al norte de La Paz, en la frontera con Beni y al ingreso del Parque Nacional Madidi, en Bolivia.

Los indígenas esse ejja, antiguamente de cultura nómada, fueron conocidos desde siempre como gente del río. Ese era su territorio, las extensas riberas en el norte boliviano y el sur del Perú, para ir y venir como les diera la gana. Pero, eso cambió hace casi 30 años. Forzados por la cultura sedentaria, algunos se asentaron en un área de ocho hectáreas al borde del río Beni, municipio paceño de San Buenaventura. Esto es Eyiyo Quibo.

Límite saludable

A principios de 2021, llegó aquí un grupo de investigadores para conocer si el uso de mercurio en la extracción de oro río arriba tenía algún impacto en la población. Los especialistas tomaron muestras de cabello a las mujeres en edad reproductiva y se sorprendieron al encontrar el elevado nivel en sus cuerpos de metilmercurio (compuesto neurotóxico derivado del mercurio, el cual puede concentrarse en el organismo humano y adquirirse por el consumo de pescado contaminado, entre otros). 

El límite “saludable” para metilmercurio en el cuerpo humano es de una parte por millón (1 ppm), pero el 94% de estas indígenas tenía niveles de metilmercurio por encima de ese límite; un caso incluso llegó a las 32 ppm. 

Este estudio, de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), se hizo en Brasil, Venezuela y Colombia, pero el caso de Bolivia fue el más preocupante. “Los niveles de la carga corporal del mercurio entre las mujeres en la comunidad son los más elevados que se hayan hallado en este estudio”, concluyó, en junio pasado.

Contaminados

El mercurio se usa para extraer oro del río. Pero, como los esse ejja no son mineros, se concluyó que fueron contaminados por consumir pescado, el cual a su vez se contamina por los desechos que la minería aurífera expulsa en los ríos. 

Con ese nivel de contaminación, existe un riesgo alto de desarrollar problemas neurológicos, renales, disfunción cognitiva y motriz, ceguera, discapacidad del habla y daño cerebral, entre otras enfermedades. Pero, la principal preocupación es el daño que el mercurio en una mujer en etapa de gestación puede ocasionar en el feto. 

“Mi sobrino me dijo que me voy a enfermar si sigo comiendo pescado contaminado. No sé como será, yo sigo comiendo nomás”, dice una mujer, mientras cocina plátanos a la leña.

Ella prefiere el anonimato. Le detectaron 9.1 ppm de mercurio en su cuerpo. Al igual que el resto de los entrevistados en Eyiyo Quibo, recibió con resignación los resultados. ¿Qué pueden hacer al respecto? Están conscientes de que la minería aurífera río arriba no se detendrá porque está en manos de aliados del Gobierno boliviano y no pueden dejar de consumir pescado, pues es la base de su alimentación. 

En las poblaciones de Mapiri, Teoponte, Guanay, Tipuani y otras que están hacia el sur, y cuyos ríos desembocan en el río Beni, los cooperativistas mineros operan con poco o nulo control gubernamental, y lo hacen de la mano de capitales chinos. 

Entre estas reflexiones de resignación, esta mujer de 58 años recuerda el pasado como mejor. “Nuestros padres iban de un lado a otro a lo largo del río. Un año en un lugar y, cuando se cansaban, subían a la canoa para irse a otro sitio. Yo iba con ellos”, cuenta. 

Entonces, el pescado abundaba. Ahora, hay pocos peces en un río cada vez más enfermo. 

Nadie sabe nada 

Parado al lado del río Beni, en la orilla de Rurrenabaque, Osmilder Bedregal —pescador y dirigente de su gremio, además de heredero y empresario de un famoso restaurante— asegura que la pesca se redujo hasta en 60% desde que él entró al rubro, hace casi 20 años. Ahora tiene 45 y le echa la culpa de esta carencia a la minería río arriba, donde se usa mercurio sin ningún control para facilitar la recolección de oro.

De visita en la Alcaldía de Rurrenabaque, un funcionario que está cerca a la puerta de ingreso expresa: “¡Uuuu, aquí estamos jodidos con eso!, no sé si sabes del estudio que ha salido recién y que los indígenas de aquí al frente están contaminados por mercurio. Yo no dejo que mi familia coma pescado. En unos años, toda esa gente tendrá cáncer, y nadie dice nada ni sabe nada. Pero, dejá que te lleve donde la persona a cargo”. 

No obstante, en la Unidad de Medioambiente y Áridos no escucharon del estudio. Los alcaldes de Rurrenabaque y San Buenaventura, Elías Moreno y Luis Alberto Alipaz, respectivamente, tampoco se enteraron del informe del IPEN, que alerta sobre la posibilidad de que la contaminación por mercurio en otras poblaciones aledañas al río Beni sea similar.

La mala noticia tampoco llegó a los hospitales de ambos municipios, donde los médicos reportan que los casos más frecuentes que atienden son infecciones estomacales. Sin bien trataron pacientes con síntomas que pueden ser a causa de la alta exposición al mercurio, no hay certeza de ello. 

“La gente sabe de esta contaminación, pero mientras no los mate al rato o no les haga daño al momento creen que es mentira”, explica el alcalde Alipaz, y reconoce que es hora de tomar acciones, porque el problema va en aumento.

Gobierno con pocas respuestas

El representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIACAP), Álex Villca —quien acompaña este recorrido—, lleva una lucha constante contra la contaminación por la minería en el norte boliviano. 

Recuerda que desde 2016 comenzó a escuchar las consecuencias que traería para el norte de Bolivia la explotación de oro. En 2019, en una travesía por el río Kaka, afluente que desemboca en el río Beni, encontró 12 dragas chinas y colombianas. Para 2021, el número subió a 60, afirma Villca. Y alerta: “Si bien este problema se visibiliza, no hay una respuesta de las autoridades competentes. Las instituciones llamadas por ley para hacer algo brillan por su ausencia”. 

El responsable del Programa Nacional de Gestión Ambiental del Ministerio de Salud, Alfredo Laime, dice estar consciente de la situación y que se trabaja al respecto. Cree que a partir de este diagnóstico general ahora se debe intervenir, aunque esto no sea tarea sencilla. 

“Nuestra lucha al final es que se rechace el uso de mercurio en la minería”, afirma, consciente de que en esta decisión intervienen otros actores. Entre los principales están los cooperativistas mineros del norte paceño, aliados del Gobierno, que, en marzo de este año, se opusieron a intentos legislativos para controlar y reducir el uso de mercurio en la minería aurífera.

El secretario General de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, Rolando Zambrana, asegura que su sector está abierto a reemplazar el metal pesado por otras sustancias o técnicas para extraer oro que sean menos dañinas para el medioambiente y la salud. Sin embargo, admite que este reemplazo no será a corto plazo.

En 2013, Bolivia suscribió el Convenio de Minamata, que insta a los Estados firmantes a aplicar un Plan Nacional de Acción para reducir el uso de mercurio en sus territorios. Bolivia aún no concluyó su plan, porque el Gobierno no destinó recursos para este propósito. 

Miroslava Castellón, responsable del Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes, dependiente del Ministerio de Medioambiente, explica que están en proceso de conseguir financiamiento externo para cumplir con esta obligación. Si todo sale según lo esperado, el plan para reducir el uso de mercurio debería implementarse en 2025.

Impotencia ante la fiebre del oro

“¿Acaso nosotros nomás consumimos pescado? Son cientos de comunidades a la orilla del río. Hace un tiempo, una madre quiso matar a su bebé porque se asustó al ver como nació, con una malformación en la cabeza. Más allá, hay una niña que no puede mantenerse de pie. Antes no habían estas cosas”, cuenta Óscar Lurici, el líder de Eyiyo Quibo, antes de llevarnos donde un anciano tendido en el suelo. 

Ramuel Apolice, de 70 años, estaba rodeado de sus hijas y nietos, quienes desaparecieron ni bien nos vieron, dejándolo solo al lado de su silla de ruedas. Lo visible en él son dos protuberancias debajo de las rodillas y su incapacidad de mover las piernas, pero no se sabe qué tiene. Y ni en este ni en ninguno de los otros casos mencionados por  Lurici se puede asegurar que las enfermedades sean por contaminación con mercurio. Lo único seguro es que el riesgo está presente.  

Frente a Eyiyo Quibo está la isla donde hace tiempo solían vivir los esse ejja en sus constantes viajes nómadas por el río Beni. Eso fue hace 30 años, antes que un extranjero les comprara el terreno que ahora ocupan, donde el Gobierno les construyó casas de ladrillo y cemento pintado de azul en lugar de las de palo y hojas de plátano.

En una de estas casas vive Elva Roca, de 34 años, con 10 ppm de mercurio en su cuerpo. Sentada en el patio de arena, observa a sus hijos desnudos bañarse en la pileta de agua. Resignada, dice: “Sabemos que, por los mineros, los pescados se infectan más y con el tiempo será peor, pero sólo Dios sabe qué pasará, pues”.

Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  En el caso del presente artículo, este también fue producido con el apoyo de Climate Tracker - América Latina.

SM