En el marco del festival por el Día de los Derechos Humanos, realizado este jueves en Plaza de Mayo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lanzó una dura advertencia sobre la situación actual del país. “El gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria”, afirmó al cuestionar el impacto de las políticas oficiales en materia de derechos humanos y empleo estatal.

De Carlotto sostuvo que el desmantelamiento de políticas de Estado, los despidos masivos en distintas áreas y el ajuste salarial permanente forman parte de “un mismo plan económico” que debilita las instituciones y vulnera derechos adquiridos. En una declaración que generó aplausos entre los presentes, señaló: “Queremos expresar con profunda preocupación que la memoria está en emergencia. Los retrocesos en la Secretaría de Derechos Humanos afectan directamente los espacios de memoria, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de nietos y nietas”. Y resumió: “Menos Estado significa menos derechos”.

La jornada, convocada por las cuatro centrales gremiales, reunió a referentes sindicales, organizaciones sociales, funcionarios opositores, organismos de derechos humanos y artistas, en coincidencia con los dos años del mandato del presidente Javier Milei.

Las actividades comenzaron en la Pirámide de Mayo, donde se realizó la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, acompañada por una intervención artística a cargo del grupo de percusión popular La Chilinga, que marcó el clima de la movilización.

Luego se desarrolló el panel “Derechos y Trabajo”, centrado en los desafíos que plantea la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Allí expusieron los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A), Hugo Yasky (CTA-T), Alejandro Gramajo (UTEP) y Octavio Arguello (CGT), quienes cuestionaron el rumbo económico y alertaron sobre los impactos en el empleo y las condiciones laborales.

Más tarde comenzó el panel “Estado de Derecho en emergencia”, donde se abordaron temas vinculados con violencia institucional, persecución política y proscripción. La mesa estuvo integrada por Fabián Grillo, padre del fotógrafo asesinado Pablo Grillo; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y Micaela Minervini, integrante de la organización Mapa de la Policía.

Mientras el Gobierno ajusta los detalles para enviar al Congreso su proyecto de Ley de Modernización Laboral que busca reformar el mundo del trabajo y alista al Congreso, que ahora le es más favorable, a aprobarla lo antes posible, y en medio del paro de los trabajadores estatales nucleados en ATE, organizaciones sociales y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), lleva adelante este martes “acciones simultáneas y descentralizadas en distintos puntos de la zona metropolitana y del país, con el objetivo de hacer escuchar los reclamos del sector”.

De acuerdo a los organizadores, la jornada se realiza “en un marco de unidad del conjunto de organizaciones sociales, como parte de un plan de lucha para poner un freno a lo que describen como un plan sistemático de miseria planificada” que impulsa el gobierno nacional.

Alejandro “Peluca” Gramajo, Secretario General de la UTEP, señaló en las últimas horas que “no existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por si sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, cómo pasó en el 2001, que terminó con la gente cagada de hambre saqueando los supermercados”.

Para el dirigente social, “lamentablemente no estamos lejos de esa situación, teniendo en cuenta el endeudamiento de las familias para poder comer, no solo con tarjetas y billeteras virtuales, sino con los prestamistas narcos en los barrios populares. Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción que deje de importar esclavitud de otros países”.

Según Gramajo, “una cosa que tiene que tener en cuenta cualquier legislación laboral que se pretenda terminar con la informalidad es que existe un trabajo hoy en la Argentina que es el de la economía popular, el que se inventan cientos de miles de personas para poder vivir, y que no está reconocido y le faltan derechos. Por eso creemos necesaria la creación de un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.

Desde la UTEP denuncian que desde que asumió Milei en diciembre de 2023, “el Gobierno congeló el Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en $78.000 en el marco de la devaluación más grande de la historia argentina”. Además, reclaman que ese Salario Social Complementario está “desacoplado de la actualización automática que regía respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que ya de por sí es de extrema indigencia ($328.400 según la última actualización unilateral por parte del gobierno). Ahora busca desenganchar la AUH de la fórmula de movilidad previsional de ANSES para evitar su actualización automática en el marco del aumento inflacionario”, sostuvieron.

Según denunciaron las organizaciones, el Gobierno “pretende avanzar con una reforma laboral bajo el argumento de combatir la informalidad, pero lo único que busca es que los trabajadores sigan retrocediendo en derechos y profundizar aún más la exclusión”.

Asimismo, señalaron que la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares “afecta directamente la urbanización y el acceso a derechos básicos. La apertura a las importaciones está destruyendo unidades productivas textiles, obligando a miles de trabajadores a volver a producir en sus casas en condiciones de hacinamiento. La importación de cartón golpea a las familias cartoneras, y algo similar ocurre con la agricultura familiar debido al ingreso de alimentos importados”, remarcaron.

A esto se suma la violencia institucional que, según destacaron, “estigmatiza, persigue, decomisa y detiene constantemente a los trabajadores y trabajadoras del espacio público”. Para los dirigentes de la UTEP, “la desfinanciación de los espacios sociocomunitarios no solo desarticula a las familias en las barriadas, sino que abre el camino al avance del narcotráfico, que se convierte en prestamista de última instancia para la comunidad”.

Frente a este escenario, las organizaciones remarcan la necesidad de contar con “un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular que regule, formalice y amplíe los derechos de quienes integran este sector”.

En la jornada de este martes, exigen “un aumento y la continuidad del Salario Social Complementario que el gobierno amenaza con cortar en abril; la actualización automática de la AUH, que se pretende desacoplar; un bono de fin de año para la Economía Popular y los trabajadores informales; y obras para los barrios populares”.

Con ollas populares, marchas, cortes y asambleas públicas, los movimientos sociales y las centrales sindicales iniciaron este jueves un ciclo de protestas que marcará el ritmo del mes. El epicentro fue en La Plata, donde desde las 10 se realizó una asamblea de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a gremios estatales y organizaciones piqueteras. La consigna común: resistir el ajuste y frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La movilización en Plaza Belgrano —ubicada entre las calles 13 y 40— fue la primera expresión de lo que los convocantes anunciaron como “un diciembre caliente”. Las agrupaciones participantes —Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— buscarán confluir en un plan de lucha nacional, que incluirá jornadas de protesta, actividades territoriales y movilizaciones callejeras.

“El eje estará en los problemas vinculados al trabajo, el hambre y el avance del narcotráfico en los barrios”, adelantó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El rechazo principal es a la reforma laboral que prepara el Ejecutivo, a la que los gremios denuncian como un intento de flexibilización y precarización, “al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios”. Desde el Partido Justicialista se sumaron a la convocatoria con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que advierten sobre el deterioro del mercado de trabajo y la ofensiva contra los convenios colectivos.

Los movimientos populares también exigen una recomposición urgente del Salario Mínimo y del Salario Social Complementario, congelado en $78.000 desde la asunción del nuevo Gobierno. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está pulverizado. Hay hambre, bronca y odio. Si el Estado no actúa, diciembre va a estallar”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP.

Las acciones no se limitarán al AMBA. A lo largo del país, durante el día, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y colectivos territoriales realizaron manifestaciones simultáneas para frenar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares. Hubo concentraciones en Plaza Congreso (CABA), Plaza Rivadavia (Bahía Blanca), Legislatura (Mendoza), Plaza Güemes (Salta), Monumento a la Bandera (Rosario) y más de 30 localidades desde Ushuaia hasta Jujuy.

“Vamos a estar en las calles denunciando la motosierra libertaria”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. Según explicó, el Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de asignaciones, afecta a jubilados y recorta el salario familiar. “Milei y Pettovello le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump”, acusó, en referencia a los intereses financieros detrás del ajuste.

En paralelo, los sindicatos estatales como ATE y las dos CTA definieron un plan de lucha propio, que contempla paros escalonados, protestas conjuntas con movimientos sociales y la presentación de una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Entre los ejes propuestos figuran:

“La reforma que propone el Gobierno ya fue declarada inconstitucional por la Justicia Laboral en sus aspectos más regresivos”, remarcaron las dos CTA. Además, alertaron que el objetivo de fondo es fragmentar al movimiento obrero y dividir la representación opositora en el Congreso, en nombre de una modernización sin derechos.

Frente a este escenario, la estrategia de los sectores convocantes es articular resistencias, sumar reclamos parciales a una causa común y proyectar una unidad social, sindical y política. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sostuvieron en un documento conjunto.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas jornadas.

JJD

Los trabajadores de la economía popular vuelven a las calles. Este jueves la UTEP, Barrios de Pie y otras organizaciones sociales se movilizan al ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, para exigir aumento del Salario Social Complementario, su continuidad en 2026 y un bono de fin de año para todo el sector.

La jornada, convocada bajo la consigna “Nuestro trabajo vale: salario, alimentos y reconocimiento”, busca reivindicar el carácter esencial del trabajo sociocomunitario, que sostiene la alimentación y el cuidado en los barrios populares a través de comedores, merenderos, cooperativas, ferias y espacios de acompañamiento. “Las trabajadoras y trabajadores de la economía popular somos quienes con nuestro trabajo sostenemos la vida en los barrios. Producimos, alimentamos y cuidamos, mientras el Estado nos da la espalda y la crisis golpea cada vez más fuerte”, afirmó Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP.

“Pedimos que se reconozca el trabajo que sostiene la vida cuando el Estado se retira. En cada comedor y espacio comunitario están nuestras cuidadoras populares, esas mujeres que siguen salvando vidas con amor y compromiso”, agregó.

Las organizaciones también reclaman la entrega de alimentos a comedores y merenderos, luego de que el Ministerio de Capital Humano debiera reconocer que las auditorías a comedores nunca existieron, como había sostenido públicamente. Denuncian que mientras se difama a los movimientos sociales y se recortan programas, son ellos quienes garantizan derechos básicos en los barrios.

La protesta se da en un contexto de creciente deterioro social y laboral. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), el 15% de los asalariados formales vive en situación de pobreza, y casi la mitad de la población económicamente activa tiene empleos precarios, inestables o informales.

El estudio señala que la pobreza por ingresos afecta al 46% de la población y que la pérdida del poder adquisitivo, junto al aumento del costo de vida, profundizó la desigualdad. En ese marco, el informe advierte que el trabajo ya no garantiza salir de la pobreza, incluso entre quienes tienen empleo registrado.

Para la UTEP, ese diagnóstico refuerza la urgencia de reconocer al trabajo sociocomunitario como actividad esencial y de garantizar un salario digno para quienes sostienen la vida cotidiana en los barrios más golpeados por la crisis. “Nos salvamos en comunidad, porque así aprendimos a vivir”, sintetizó Morales. “Somos trabajadoras sociocomunitarias no solo por necesidad, sino por la fuerza colectiva de organizarnos para subsistir.”

La concentración de este jueves será frente al Ministerio de Capital Humano desde las 11, con la presencia de referentes de la economía popular, movimientos sociales y cooperativas de distintas provincias.

MC

La virgen de Luján con un manto que dice Evita. Un tractor con un cajón lleno de espinacas. Una lancha. Una camioneta con prendas de vestir colgadas en perchas y una bandera que reclama “No más importaciones textiles”. Carros con cajas de cartón. La bendición de Jorge García Cuerva, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, porque “los argentinos necesitan el trabajo como ordenador social”. La consigna del pasacalles que se extiende de punta a punta por la avenida Rivadavia y que pide “Paz, pan, tierra, techo y trabajo. El día de San Cayetano, termómetro social de la Argentina, estuvo marcado en Liniers por un fuerte reclamo contra Javier Milei.

La peregrinación hacia Plaza de Mayo de las organizaciones sociales de la UTEP, a la que adhirió la CGT, arrancó temprano este 7 de agosto, mientras cientos de fieles pasaban por el santuario de la calle Cuzco para pedirle personalmente al “santo del trabajo”. Una columna que se extendió por cinco cuadras copó por completo el carril de la avenida Rivadavia con rumbo hacia el microcentro. Tenían por delante unos 15 kilómetros, al ritmo de fe política y católica, rodeados por agentes de la Policía de la Ciudad.

“El pueblo es la lucha y el pueblo tiene razón, por eso el pueblo camina”, dice Gabriel “Pato” Dina, 58 años, al hombro la virgen de Luján con el manto que dice Evita. Una compañero lleva en andas una imagen del Negro Manuel, santo patrono por ser el protector de la virgen, de quien fue testigo de un milagro en 1630. Las figuras encabeza la manifestación como parte de la agrupación “Los misioneros De Francisco” y este jueves culminan una peregrinación que arrancó el 26 de julio en Los Toldos. “En todos los lugares donde paramos la gente nos decía que no llega a fin de mes, que solo come arroz con alitas de pollo”, asegura “Pato”.

Las organizaciones nucleadas en la UTEP protagonizan el 7 de agosto desde la época de Mauricio Macri, cuando la red de organizaciones de la economía popular comenzó a unirse como Los Cayetanos. La primera movilización fue un domingo y los vecinos los aplaudieron. Casi diez años después, la marcha se ganó ya un lugar en la fecha religiosa. Lo demuestra la bendición de las herramientas encabezada por el propio García Cuerva.

“Bendice a cada uno de los trabajadores y a cada uno de los que buscan trabajo. Y a quienes estén tirados al borde del camino, que encuentren en nuestras manos solidaridad”, pidió el jefe de la Iglesia en el ámbito porteño. La oración a viva voz al inicio de la movilización interpeló veladamente a estos tiempos de ajuste libertario: “Hoy no te pedimos fuegos artificiales, sino lo esencial, lo justo, lo humano. Un sueldo que no se gaste en los primeros tres días, una mesa que no se saltee ninguna comida, un día libre que no sea por estar enfermo”. Ya en la la homilía religiosa, frente al santuario, García Cuerva irá más allá: “Así como bajo la inflación, le pedimos a San Cayetano comprometernos para bajar los niveles de agresión”. Y cerrará a tono El Eternauta como símbolo de rebelión ante estos tiempos individualistas: “No nos salvamos solos”.

La movilización por avenida Rivadavia buscó visibilizar las distintas ramas de la economía popular, aquellos sectores de la informalidad que crecieron cuando se estancó el trabajo registrado: por eso la camioneta de los textiles, los carros de los cartoneros, el tractor de la agricultura familiar, la lancha de los pescadores de Punta Lara, los cascos de los albañiles, las ollas de las cocineras de los comedores populares, las pecheras de los vendedores ambulantes.

Entre esos elementos, imágenes de la virgen de Luján y de Caacupé, el Negro Manuel. Pero también figuras políticas de carne y hueso, como el senador kirchnerista Mariano Recalde; el diputado y jefe de la CTA, Hugo Yasky; el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; el titular de ATE, Rodolfo Aguiar. “Milei está siendo derrotado en el Congreso. Nosotros tenemos que seguir derrotándolo en la calle para que finalmente sea vencido en las urnas. Esta multitudinaria movilización se tiene que transformar en la antesala de un nuevo paro general”, apuntó a elDiarioAR el jefe de los estatales.

La CGT envió una delegación que cerró la movilización con banderas de los empleados de comercio y los albañiles de la UOCRA. La central adhirió a su manera: moviliza hacia Plaza de Mayo con una concentración propia en Diagonal Norte pasado el mediodía. A su vez, la izquierda del Polo Obrero concentraba en Avellaneda para cruzar el puente Pueyrredón y luego ir al ex ministerio de Desarrollo Social, antes de terminar también en la plaza. Un apoyo importante a la peregrinación de los cayetanos se da en el Congreso, donde se sumaban columnas de otras organizaciones sociales, junto con agrupaciones de jubilados y organismos de derechos humanos. Ayer hubo muestras de apoyo de Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida. Además, la marcha iba a hacer una parada intermedia en Flores, para rendir un homenaje especial en la parroquia donde oficiaba Jorge Bergoglio.

La imagen de Francisco ahora se multiplica en el santuario de San Cayetano. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, dice una bandera instalada al frente de la iglesia de la calle Cuzco con la cara del fallecido papa este año. Un párroco bendice y lanza agua bendita a una fila de diez personas. “¡Viva San Cayetano!”, se escucha un grito dentro del santuario.

Se siente el frío cuando el reloj marca las 8 pero hay feligreses que hicieron una vigilia nocturna por su santo y otros esperaron tres horas en una fila para entrar a la iglesia y tocar la hermita. “Yo vengo a agradecer porque hace treinta años no tenía trabajo, vine a pedirle y de ahí no paré”, dice Gladys, jubilada, que llegó desde San Fernando con amigas a las 5.

Una familia de San Miguel con un bebé de dos meses y medio envuelto en su cochecito también espera para entrar. Tienen mate, una bolsa con chipá y una reposera. “Venimos a agradecer y a pedir que no falte trabajo”, dicen.

La fila se extiende por tres cuadras. Las espigas con estampitas se venden a mil pesos. “Se vende poco”, comenta una vendedora que no dejó de caminar la zona toda la noche. En medio del ajuste libertario, y en la semana del veto de Milei al aumento de los haberes y la emergencia en discapacidad, el día de San Cayetano es espejo de cómo está la calle. “De mal en peor está la situación. Yo soy jubilada y no me alcanza”, se queja Gloria, de Merlo, también jubilada, que cierra: “Si como, no compro los remedios; si compro los remedios, no como”.

MC/MG

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ratificó este martes una sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a reanudar la provisión de alimentos a comedores comunitarios. Se trata de una nueva derrota judicial para el Gobierno de Javier Milei en el frente social: ya son 12 los jueces federales que cuestionaron legalmente el recorte de la asistencia alimentaria implementado por la gestión libertaria.

El fallo, que responde a un amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) con el respaldo del CELS y el abogado y dirigente social Juan Grabois, sostiene que el Estado no puede suspender de manera arbitraria la distribución de alimentos sin vulnerar derechos constitucionales fundamentales. La Cámara —integrada por los magistrados Sergio Gustavo Fernández, Jorge Eduardo Morán y Susana María Mellid— enfatizó la obligación estatal de garantizar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables.

Pese a las reiteradas decisiones judiciales en su contra, el Ministerio sigue sin acatar plenamente los fallos. Las organizaciones denuncian que el desmantelamiento de programas sociales continúa, en medio de una creciente emergencia alimentaria.

Además, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 volvió a intimar a la cartera de Pettovello a incluir en el reparto de alimentos a 53 comedores populares más. La orden se suma a una medida anterior que había dispuesto abastecer a otros 66 espacios comunitarios, lo que eleva a más de un centenar los puntos de asistencia que deben ser reincorporados a los esquemas oficiales.

Desde la UTEP y otras organizaciones sociales aseguran que persistirán en el camino judicial frente a lo que definen como una política deliberada de desprotección social. El caso, además, ya fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

MM

La despedida final al papa Francisco en la ciudad de Buenos Aires comenzará esta noche y culminará mañana en la Plaza de Mayo y la Catedral porteña. Este viernes habrá una vigilia organizada por movimientos sociales como previa a la misa de este sábado a las 10, que dirigirá el arzobispo local Jorge Ignacio García Cuerva. Ante la cantidad de fieles que podrían acercarse, habrá pantallas fuera de la iglesia para seguir la ceremonia religiosa.

La vigilia está encabezada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el gremio de las organizaciones de base peronistas que siempre estuvo ligado a Francisco y nació al calor de las caminatas por San Cayetano. También convocan la juventud de la CGT y de la CTA, y el movimiento Misioneros de Francisco.

Militantes barriales participarán de la actividad de esta noche a la espera de la ceremonia de mañana, en paralelo al funeral del papa en Roma, que ocurrirá en horas de la madrugada argentina.

“Como agradecidos que somos nos movilizamos para despedir a nuestro hermano y padre, Papa Francisco, fiel defensor de las ideas de empoderamiento de los humildes, de los pobres y de los trabajadores. Cerrando sus ojos está abriendo los de millones en el mundo que hoy vuelven a redimensionar la obra y la prédica del Papa por los más humildes. Su resurrección es en el pueblo pobre y trabajador del mundo y de Argentina en particular”, señaló el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo.

Para mañana en la Catedral metropolitan está agendada para las 10 la misa “por el eterno descanso” del papa. La ceremonia culminará con una caravana alrededor de la Plaza de Mayo, “en señal de gratitud por la vida y el legado de quien fuera una voz incansable por la justicia social y la dignidad de los pueblos”, apuntaron los organizadores.

La última misa por Francisco cierra una semana de numerosos homenajes que la Iglesia le hizo a Jorge Bergoglio. La primera fue en la Catedral el lunes temprano, horas después de llegada la noticia desde Roma.

Entonces no hubo ningún representante del Gobierno, que sí envió funcionarios a la ceremonia interreligiosa que hubo el martes. Victoria Villarruel asistió a la misa en la iglesia de Flores, donde comenzó su servicio Bergoglio. La vice fue abucheada y recibió el apoyo de García Cuerva.

MC

El ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello resolvió cumplir con la orden de la Justicia contencioso administrativa y reincorporó en el Programa Alimentar Comunidad a 66 comedores comunitarios de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que ahora podrán abastecerse de alimentos para darle de comer a las familias que más lo necesitan.

Alejandro Gramajo, Secretario General de la UTEP, destacó: “Esta victoria es solo el comienzo de una batalla que seguiremos dando los movimientos populares para combatir el hambre y continuar fortaleciendo la organización comunitaria, única barrera hoy existente contra el avance del narcotráfico y el crimen organizado en los barrios populares.”

El pasado jueves, el juez federal en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico había dado un ultimátum a la cartera que dirige Pettovello dándole 72 horas hábiles para incorporar a 66 comedores a la política alimentaria, orden que si no era cumplida, el Estado debía pagar una multa.

La sentencia de Lavié Pico se dio en el marco de un recurso de amparo presentado por la UTEP y el CELS, que llevan una pelea judicial desde el mes de febrero con el Ministerio.

“Este puede ser el puntapié para lograr que el gobierno dé marcha atrás en la destrucción de la política alimentaria y vuelva a abastecer a los comedores”, agregaron desde UTEP.

MM

En vísperas a la movilización a Plaza de Mayo de próximo 5 de diciembre, las dos fracciones de la CTA, nuevamente unidas frente a la gestión libertaria, lanzaron hoy fuertes críticas al Gobierno. “Este gobierno tiene el boleto picado y termina en la quiebra de la Argentina”, lanzó este lunes Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, que junto a la CTA Nacional de Hugo Yasky organizan la protesta del jueves.

Las centrales encabezaron este lunes una Jornada de Lucha Federal junto a integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Federal de los Trabajadores que encabeza Pablo Moyano, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Territorios en Lucha, Pymes y organizaciones políticas. El encuentro previo a la marcha del jueves tuvo lugar en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Allí se terminaron de definir los puntos desde los que habrá manifestaciones la mañana del jueves, para confluir a las 13 en Plaza de Mayo. Podría haber concentraciones en el Obelisco, Puente Pueyrredón, Constitución, Once y Retiro. Por la tarde la protesta de las CTA buscará darle volumen a la tradicional Marcha de la Resistencia de los organismos de derechos humanos. “No vamos a acostarnos a dormir la siesta con la gobierno. Hace falta un colectivo social que tome la bandera del pueblo”, reclamó Yasky durante la conferencia.

La consigna de la manifestación es “La patria no se vende”, y busca ser una clara confrontación contra las políticas de Milei. “El Gobierno tiene una lógica de ajuste permanente y construye una Argentina sin industria y caída de consumo populares. La libertad de los sectores populares es la de pasar hambre”, planteó Yasky.

La semana pasada, la CTA publicó un informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el cual se demostró que hubo “una pérdida brutal de poder adquisitivo”, desde diciembre de 2023, “producto del efecto de la devaluación y su impacto en los precios”. En el mismo estudio se señala que la comparación de los sueldos básicos con las líneas de pobreza y de indigencia “revela una situación peor que la del año 2001”. “El salarió mínimo en octubre sólo alcanza para adquirir el 54,3% de la canasta básica de alimentos, que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza”, concluyeron.

“Frente a esta euforia que muestran las corporaciones, crece la indigencia y el hambre. Llegamos a un fin de año donde la caida de consumo de carne no tiene parangón”, ejemplificó Yasky.

“Es violencia cuando el Gobierno reforma el Estado, le quita los medicamentos a los jubilados, congela el salario social complementario y destruye la seguridad social”, sumó Godoy, que lanzó como consigna: “Justicia social frente al hambre y la pobreza. paz frente a la amenaza de discurso del odio y de accion persecutoria”.

DM/MC

Mujeres agrupadas de la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizarán, esta tarde, un “juicio popular” en rechazo al gobierno de Javier Milei y a todo su Gabinete, en la Plaza de Mayo por “asociación ilícita en perjuicio del pueblo”, “aumento del hambre y la violencia, agravado en el caso de mujeres y niños”.

Esta acción se llevará adelante a las 14:30 con motivo del ‘Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres’, luego de que “ocho jueces de la justicia argentina” dictaran que el Gobierno Nacional “debe restituir la política alimentaria” y no sucediera.

Asimismo, sostienen desde un comunicado que “asistieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizaron cuatro filas contra el hambre en la puerta del Ministerio de Capital Humano” y hasta llevaron adelante una medida cautelar del Juzgado Federal de Pehuajó que ordena “continuar con la política de integración socio - urbana de los barrios populares”. A pesar de ello, no obtuvieron respuestas y, por ese motivo, plantearon esta medida.

Por su parte, integrantes de la UTEP, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, informaron que este acto “surgió del cansancio que tienen las mujeres, sobre todo de la Economía Popular, de ser las principales perjudicadas y perseguidas por este Gobierno y no obtener nunca ni una respuesta”.

Desde la organización, se comunicó que durante el juicio simbólico se expondrán “cómo las políticas del Gobierno aumentan la violencia en la vida de las mujeres más pobres del país en diferentes aspectos”. Además, hablarán sobre cómo las medidas económicas “impactan en las cifras de femicidios y violencia de género” en los barrios populares.

“Las trabajadoras socio comunitarias no solo ven reducido su salario y dejaron de recibir mercadería para darle de comer a sus vecinos, sino que también deben acompañar a las mujeres víctimas sin ninguna asistencia del estado. Frente a la violencia de la realidad, será justicia popular”, concluyeron.

DM con información de agencia NA

El gobierno de Javier Milei, que celebra la euforia de los mercados, la baja de la inflación (aunque con una brutal caída de la economía y un notable aumento de la pobreza) y el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, se sentó este jueves en una suerte de banquillo internacional de los acusados, al tener que dar respuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre distintos asuntos como la desprotección de las personas más vulnerables, las mujeres y las minorías sexuales; el desmantelamiento de políticas sociales y el ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia.

Fue en tres audiencias realizadas en la sede de la CIDH, en Washington DC, un escenario adverso para los representantes del gobierno de La Libertad Avanza, debido a que enfrente tenían a los peticionantes, que no coinciden en nada con la visión de esta gestión, dedicada con exclusividad a los resultados fiscales y al achicamiento del Estado, sin importar que como consecuencia de la falta de presupuestos no cumpla siquiera algunas de sus funciones esenciales.

Estas audiencias se realizaron el mismo día en que Milei participaba junto con Trump, en Palm Beach, Florida, de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), una convención de la derecha internacional.

Las audiencias habían sido solicitadas ante la CIDH por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que denunciaron recortes y políticas de ajuste que, según afirman, profundizan la pobreza y vulneran los derechos de los sectores más desprotegidos. Fue algo inédito porque la CIDH no suele dar tres audiencias en el mismo día a un solo país.

La denuncia de los trabajadores de la economía popular: “Nos están dejando sin nada”

La primera de las tres audiencias fue sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Entre los puntos más críticos estuvieron los recortes en la asistencia social y alimentaria, la eliminación de programas de inclusión laboral y el impacto negativo en los sectores más empobrecidos, en un país donde la pobreza alcanzó al 53% de la población en 2024. Las exposiciones, que hicieron hincapié en la falta de recursos para los sectores vulnerables, coincidieron con cuestionamientos de los comisionados de la CIDH, que pidieron explicaciones sobre los motivos detrás de estas políticas de ajuste y su impacto social.

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezó la delegación de organizaciones sociales en la audiencia. Durante su exposición, Gramajo afirmó: “Lamentablemente, tenemos que estar aquí porque nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que afectan la vida y la dignidad humana”. Explicó que en la Argentina, la economía popular es un sector clave que representa casi la mitad de la fuerza laboral, ya que millones de personas, excluidas del mercado formal, sobreviven con trabajos informales y precarios como la venta ambulante y la agricultura familiar.

Gramajo denunció que las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Milei han congelado el Salario Social Complementario en $78.000, “una suma que apenas alcanza para 50 litros de leche”, en sus palabras, y señaló que esta medida ha dejado a miles de familias al borde de la indigencia. “El desfinanciamiento de los comedores comunitarios en un contexto de pobreza creciente es una decisión que condena a nuestros hijos al hambre”, agregó.

El secretario de la UTEP también señaló el impacto del ajuste en los barrios humildes, donde obras de infraestructura básica como el acceso a agua potable, electricidad y cloacas han sido canceladas. Estos proyectos, establecidos por leyes como la Ley de Emergencia Social y la Ley de Urbanización de Barrios Humildes, habían sido cruciales para mejorar la vida de más de 6.000 barrios populares, pero actualmente “millones de familias están otra vez sin acceso a servicios básicos”, subrayó.

El CELS denunció la “destrucción” de políticas públicas

Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que las decisiones del gobierno de Milei representan una regresión en los derechos sociales. “Con recortes presupuestarios, decisiones administrativas, vías de hecho y un proceso de estigmatización de las organizaciones sociales, se deterioraron las condiciones de vida de las personas que menos tienen”, expresó Morales, al presentar los datos sobre el crecimiento de la pobreza en 2024.

Morales detalló que el presupuesto destinado a políticas alimentarias sufrió una caída real del 29%, mientras que los recursos para comedores y merenderos comunitarios fueron reducidos en un 85%.

“El Estado Nacional decidió suspender la distribución de alimentos y no renovar acuerdos con estos espacios, que cumplen un rol fundamental”, afirmó y subrayó la falta de inversión en infraestructura pública y la suspensión de proyectos de reurbanización, que dejaron sin opciones de vivienda digna a cinco millones de personas que residen en asentamientos precarios.

La respuesta del Gobierno: “Es una readecuación de políticas”

Desde la delegación oficial, encabezada por el secretario de Derechos Humanos de Milei, Alberto Baños, la estrategia fue la defensa de un modelo de “racionalización de recursos”. El funcionario insistió en que el Gobierno busca “superar los modelos asistencialistas” y crear condiciones de “autonomía” para los sectores populares, aunque no ofreció detalles sobre cómo estas políticas beneficiarían a quienes han quedado sin recursos básicos. “El objetivo es eliminar las dependencias estructurales y crear un sistema más justo”, sostuvo Baños, pero sin explicar cómo se garantizarán los derechos básicos a los sectores más vulnerables en el proceso.

A la hora de responder sobre los recortes en políticas alimentarias, el funcionario de Milei, que fue presentado por la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo (hija del exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa), minimizó la situación y desvió las críticas afirmando que “no hay destrucción sistemática, sino una readecuación de las políticas debido a la situación económica calamitosa heredada”.

Según Baños, el Gobierno prioriza la reducción de la inflación y la recuperación económica, aunque las consecuencias para los sectores empobrecidos de la sociedad no fueron abordadas en profundidad.

Los comisionados de la CIDH plantearon interrogantes incisivos al Gobierno argentino. Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator de derechos de personas privadas de libertad, cuestionó la falta de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Además, el comisionado José Luis Caballero Ochoa, al recordar un fallo de la Corte Interamericana en 2016, advirtió sobre el peligro de retrocesos en políticas públicas, enfatizando la obligación de progresividad de los Estados en derechos sociales. Ambas cuestiones quedaron sin respuestas claras por parte del Gobierno, que se limitó a comprometerse a enviar explicaciones por escrito.

La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, insistió en la importancia de que las políticas fiscales y de austeridad no comprometan los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables, como los niños y niñas en situación de pobreza. Baños, en su respuesta, reafirmó el compromiso del gobierno de alcanzar el déficit fiscal cero, aunque no ofreció soluciones a las denuncias sobre desfinanciamiento de comedores y recortes en políticas de asistencia alimentaria.

El secretario de Derechos Humanos de Milei, un exjuez que llegó a la magistratura durante la última dictadura, adoptó un tono desafiante en defensa de las medidas de ajuste y recortes, describiéndolas como una “racionalización de recursos necesaria para corregir el sistema asistencialista”. En lugar de responder de manera directa a las críticas sobre el impacto social negativo de estas políticas, Baños se centró en un enfoque técnico, subrayando la “autonomía” como el objetivo principal del Gobierno: “Estamos generando un modelo de desarrollo para que cada ciudadano sea autosuficiente y no dependa de planes que perpetúan la pobreza”, afirmó, sosteniendo que los cambios implementados desde diciembre de 2023 buscan erradicar lo que llamó una “cultura de dependencia”.

Baños desestimó las denuncias de desfinanciamiento en políticas sociales, alegando que la “readecuación de políticas” es una respuesta necesaria a la crisis fiscal del país. Aunque admitió que el presupuesto para programas sociales y alimentarios había sido reducido, justificó esta decisión como parte de una estrategia de “eficiencia” orientada a reducir el déficit fiscal. Según Baños, el Gobierno pretende alcanzar un “déficit cero” que permita una “verdadera estabilidad macroeconómica a largo plazo” y, según sus palabras, esto “eventualmente beneficiará a todos los sectores”.

En cuanto a los programas de empleo y asistencia, Baños también defendió la sustitución del Plan Potenciar Trabajo por el programa Volver al Trabajo, una medida que ha sido criticada por las organizaciones sociales por su falta de alcance y de incentivos reales para la inclusión laboral. En su exposición, Baños insistió en que el nuevo programa permitirá a los trabajadores informales “insertarse de manera independiente en el mercado”, aunque no ofreció datos sobre los resultados de esta política ni respondió a las denuncias de que la mayoría de los beneficiarios se han quedado sin alternativas efectivas para acceder a un empleo estable.

En varios momentos de la audiencia, Baños recurrió a un discurso que deslegitimó el trabajo de las organizaciones sociales, acusándolas de fomentar el “clientelismo” y de intermediar en forma “sesgada” la asistencia pública. “Muchos de estos intermediarios han sido quienes históricamente han impedido la verdadera autonomía de los sectores populares”, manifestó, en un intento de justificar la exclusión de las organizaciones del sistema de asistencia. Baños aseguró que la “desintermediación” de los programas sociales es un paso hacia un modelo que fomente la autosuficiencia, aunque las organizaciones presentes señalaron que esta política ha dejado a miles de personas sin asistencia concreta.

Finalmente, Baños trató de minimizar las críticas sobre el impacto en los niños y en la atención de necesidades básicas, aludiendo a una “mejora” en los índices de inflación que, según afirmó, “empieza a reducir lentamente los índices de pobreza”. No obstante, evitó referirse a los datos que muestran una suba sostenida de la indigencia en 2024. Al cerrar su exposición, Baños reafirmó el compromiso del gobierno de Milei con el “desarrollo económico y la libertad individual”, pero sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por parte de los comisionados de la CIDH, quienes destacaron que los derechos humanos no deben ser sacrificados en nombre de la austeridad fiscal.

La intervención de Baños refleja la visión de un gobierno que prioriza la “sostenibilidad macroeconómica” sobre las necesidades de los sectores más desprotegidos, una postura que, de acuerdo con las organizaciones y los críticos presentes, continúa agravando la crisis social en Argentina.

El desfinanciamiento a las políticas de protección a las mujeres

A esa primera audiencia le seguía otra sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. Por caso, en los primeros seis meses de gobierno, el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que el 2023.

Según un monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), se registró una caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar, que asiste psicosocial y económicamente a mujeres en situación de violencia de género. Además se redujo un 25,52% del presupuesto de la Línea 144 de atención telefónica en todo el país.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), expuso la alarmante situación de las políticas de género en Argentina durante los primeros meses de 2024. Acompañada por representantes de Amnistía Internacional Argentina, Fundeps, Mujeres por Mujeres y el CELS, Gherardi detalló el retroceso en la atención y erradicación de las violencias de género y la garantía de servicios de salud sexual y reproductiva.

Gherardi destacó que entre enero y marzo de 2024, 2,462 mujeres solicitaron acceso al programa Acompañar, una política pública nacional que brinda ayuda económica y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, solo 434 pudieron acceder al programa, a pesar de que el 54% de ellas se encontraba en situación de grave riesgo. En comparación, en el primer trimestre de 2023, 34,000 mujeres lograron acceder al mismo programa, lo que representa una caída del 98%. “Son miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya seguridad está en riesgo mientras el Estado las deja desamparadas”, afirmó Gherardi.

Son miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya seguridad está en riesgo mientras el Estado las deja desamparadas

Natalia Gherardi — directora ejecutiva de ELA

Desde la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2023, se han desmantelado políticas públicas exitosas, desacreditado instituciones sin evidencia, recortado arbitrariamente el presupuesto y reducido el personal encargado de implementar estas políticas mediante despidos masivos. Estas acciones, según Gherardi, incumplen compromisos internacionales vigentes, como la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil han iniciado una acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional en representación del colectivo de mujeres, niñas y adolescentes en situación de múltiple vulnerabilidad. Solicitan que el Ministerio de Justicia aclare cuál es el organismo responsable de cumplir las obligaciones en materia de violencia de género, qué políticas públicas están vigentes y cómo se garantizarán estas obligaciones en todo el territorio.

La CIDH, en su informe sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, urgió a los Estados a implementar políticas de protección integral con recursos específicos y permanentes, incluyendo líneas de ayuda y asistencia legal. Gherardi subrayó que la situación actual en la Argentina refleja un grave retroceso que contradice estos mandatos y desafía la legitimidad de los acuerdos democráticos regionales.

La “eficiencia” en género y derechos de las minorías: más recortes, menos protección

De nuevo, Baños —junto a Javier Salgado, director del área de Contenciosos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Gonzalo Bueno, asesor legal de la misma dirección— fue el responsable de las respuestas ante la CIDH en esta segunda audiencia en nombre del Estado argentino. El funcionario intentó justificar la política de género adoptada por el gobierno, en un discurso cargado de datos sobre las “ineficiencias” de las administraciones anteriores y con promesas de una gestión más “eficiente”. Pese a sus palabras, los datos y las decisiones que destacó apuntan a recortes y traslados de competencias que, según organizaciones sociales, resultan en un debilitamiento de la protección estatal hacia las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

Baños también se refirió a la Línea 144, asegurando que el servicio de asistencia sigue disponible “las 24 horas, los 365 días del año”, pero sin mencionar que esta línea sufrió una reducción de agentes, pasando de 140 a solo 81, lo que organizaciones señalan como un golpe a la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Según él, la coordinación con la Línea 137, también afectada por recortes, “fortaleció” el alcance del servicio, una afirmación que ha sido ampliamente cuestionada.

Intentó reforzar el supuesto compromiso del gobierno de Milei con las políticas de género, resaltando que “las políticas públicas tienen en muchos casos cara de mujer en la República Argentina,” e indicando que varios altos cargos dentro del gobierno están ocupados por mujeres.

Según Baños, el cierre de organismos y la disminución de personal “ineficiente” forman parte de una estrategia que busca el “renacimiento” económico del país. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue presentada como una medida necesaria para enfrentar lo que calificó de “ineficiencia” en la gestión pública, aunque sin ofrecer detalles claros sobre cómo las políticas se verían beneficiadas por este cambio.

Respecto del aborto legal y la salud reproductiva, Baños utilizó los tratados internacionales y los derechos humanos para argumentar que la protección de la vida desde la concepción es un principio fundamental, citando la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta cita fue interpretada como un ataque implícito al aborto legal, al afirmar que la protección de la vida “debe ampliarse y no retroceder”, una crítica a la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en 2020.

En su intervención, Baños también subrayó que los derechos sexuales y reproductivos, tal como se entienden en los marcos internacionales de Beijing y El Cairo, no incluyen el aborto. Esta postura se presentó como parte de una estrategia para reducir el financiamiento en áreas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Según el funcionario, el presupuesto destinado al programa de prevención del embarazo adolescente experimentó una fuerte disminución desde 2021, lo que, según él, refleja una falta de efectividad en los programas anteriores.

En cuanto al embarazo adolescente, Baños citó datos de la CEPAL y del Fondo de Población de las Naciones Unidas que ubican a Argentina por encima del promedio regional en embarazos no deseados, especialmente en el ciclo primario. Según Baños, la implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) no ha logrado los resultados esperados, ya que las provincias que no implementaron el plan obtuvieron resultados similares a las que sí lo hicieron. Para Baños, este fracaso exige un “nuevo abordaje” que permita afrontar el problema, aunque su exposición careció de propuestas claras para una solución efectiva.

Tras la exposición del funcionario de Milei, el comisionado Caballero Ochoa señaló: “Lo que no se nombra no existe. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, entonces la protección del género no existe. Y cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados, como las mujeres, como el colectivo LGBTI, en violencia de género, en políticas de cuidado, si no se protege, no existe. Este es un principio básico del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, del derecho antidiscriminatorio de la igualdad”. La sentencia, previa a preguntas que luego formuló, fue una crítica abierta y lacerante sobre la idea del gobierno de Milei y Baños sobre la protección a las mujeres y a las minorías sexuales.

“Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina”

La última audiencia contó como expositora Estela de Carlotto en forma remota desde el edificio del excentro clandestino de detención de la ESMA, hoy reconvertido en sitio de memoria. “Aunque lamento no poder estar en forma presencial con ustedes, es un gran honor estar nuevamente frente a esta comisión, aunque también una gran tristeza. Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Posteriormente, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, advirtió sobre lo que consideró una grave regresión en las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina. Litvachky denunció el desfinanciamiento, la clausura de líneas de trabajo y el vaciamiento de instituciones encargadas de la defensa de derechos humanos, incluyendo la venta de sitios de memoria.

En su presentación, Litvachky señaló que las promesas de campaña del gobierno de Milei se han traducido en acciones concretas que amenazan un proceso consolidado desde la posdictadura y que ha sido modelo en la región y el mundo. “Nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”, sostuvo la directora de CELS.

Litvachky también expresó preocupación por un discurso oficial que, según afirmó, reivindica la represión clandestina y critica los juicios de lesa humanidad como una “campaña contra las Fuerzas Armadas”. Esta postura, indicó, se ve reflejada en acciones como el elogio de indultos a militares condenados y la realización de reuniones políticas con responsables de torturas y asesinatos masivos.

Según Litvachky, estos ataques no solo ponen en riesgo la continuidad de las políticas de derechos humanos sino que también buscan minar el consenso social y político que condena las atrocidades cometidas durante la dictadura. “Estamos frente a un gobierno que promueve la regresividad y se jacta de incumplir sus obligaciones internacionales”, afirmó, alertando sobre los efectos que esto podría tener en la sociedad argentina y la región.

La directora del CELS realizó una solicitud formal a la CIDH para que inste al Estado argentino a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen el restablecimiento de las políticas desmanteladas y el abandono de posturas relativistas sobre crímenes de lesa humanidad. Litvachky pidió además que la Comisión realice una visita a Argentina para evaluar de primera mano los retrocesos denunciados y formular recomendaciones.

Luego, en una contundente intervención, el escritor Martín Kohan alertó sobre las amenazas que enfrenta la política de memoria, verdad y justicia en Argentina, argumentando que el intento de cerrar el capítulo de esta memoria viva representa, en realidad, un esfuerzo por silenciar y suprimir el trabajo colectivo de la sociedad para entender y condenar los crímenes de la última dictadura militar. “La memoria, la de memoria, verdad y justicia, es siempre una memoria abierta”, afirmó Kohan, subrayando que se trata de un proceso continuo que mira al presente y al futuro, más allá de lo sucedido en el pasado. Para Kohan, esta memoria no puede considerarse concluida ni fija, pues debe mantenerse en movimiento y en construcción para preservar la verdad y exigir justicia.

El escritor alertó que cualquier intento de “dar por completo” o dejar atrás esta memoria implica, de hecho, un esfuerzo por negarla. Kohan también denunció lo que considera una producción de “desconocimiento” por parte del Estado, ya que “pretender que ciertas cosas no se han contado cuando sí se han contado” es una forma de aplastar el conocimiento logrado a lo largo de más de 40 años de democracia. Según Kohan, la memoria argentina se ha forjado en un extenso y valioso proceso social, lleno de debates y contradicciones, que ha permitido una comprensión profunda de la historia reciente. “Pero si este vaciamiento se instrumenta a través de una política de Estado, como está ocurriendo de hecho, no puede sino implicar una amenaza concreta a la verdad y a la justicia”, sostuvo Kohan.

El escritor pidió a la CIDH que proteja los avances alcanzados, recordando que tanto las verdades como las justicias obtenidas en el pasado necesitan ser defendidas de los embates actuales. Según Kohan, los ataques a la política de memoria en Argentina ponen en riesgo no solo la comprensión y condena de la historia de violencia estatal, sino también los cimientos democráticos y los valores colectivos que han guiado a la sociedad en el proceso de “Nunca Más”. 

Negando el negacionismo

Baños, otra vez, aseguró que la administración del presidente Milei respalda plenamente los principios de memoria, verdad y justicia, y refutó las acusaciones de negacionismo que, según afirmó, no tienen fundamento real.

Baños destacó que el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) recibe más de 400 visitas diarias y 20 escuelas por semana, lo que muestra, según él, un sólido compromiso estatal con la preservación de la memoria. Además, recordó que el Estado argentino destina alrededor de $4.000 millones al año para mantener este espacio y a los organismos allí presentes, incluido el Archivo Nacional de la Memoria. Para Baños, el hecho de que estos sitios sean accesibles al público demuestra que el gobierno no ha abandonado las políticas de derechos humanos.

En cuanto a las causas por delitos de lesa humanidad, Baños señaló que se han dictado 331 sentencias desde 2006, de las cuales 9 corresponden a 2024. Asimismo, mencionó que en este año la Secretaría de Derechos Humanos ha intervenido activamente en 265 causas en las que las víctimas no cuentan con patrocinio legal propio. Según el secretario, estos datos evidencian que el Estado no ha modificado su enfoque en estos temas.

Respecto a la derogación de la Unidad Especial de Investigación de Desaparición de Niños, Baños explicó que esta decisión se tomó para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales. Indicó que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) sigue adelante con sus funciones, y que las investigaciones sobre apropiación de niños continúan a cargo de la Procuración General de la Nación y los juzgados pertinentes.

Baños también subrayó que los archivos relacionados con delitos de lesa humanidad están resguardados bajo estrictas medidas de seguridad, y desestimó cualquier preocupación por la vulnerabilidad de estos documentos. Reiteró que la política de leyes reparatorias continúa en marcha y que una auditoría reciente permitió detectar irregularidades en los expedientes, lo que ha llevado al inicio de acciones judiciales.

Para cerrar su intervención, Baños aseguró que el gobierno no cederá a lo que calificó como “presiones ideológicas” y reafirmó que el compromiso con los derechos humanos y la memoria abarca “a todas las víctimas, sin distinción de banderas”.

Anteriormente, uan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, dijo que las decisiones que está tomando el gobierno de Milei responden a una “crisis económica sin precedentes” que exige optimizar recursos y suprimir estructuras duplicadas.

El secretario también abordó los cuestionamientos por la negativa de proporcionar información sensible a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Battaleme argumentó que la solicitud de acceso a legajos militares debe ser específicamente ordenada por la justicia y bajo circunstancias debidamente justificadas, en línea con la Constitución Nacional y el secreto militar establecido por decreto. “No se trata de ser más o menos colaborativos, sino de actuar bajo un marco de legalidad”, subrayó.

Sobre el final de la audiencia, se le dio la palabra al experto de Naciones Unidas Jan Jarab, quien es representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Milei en relación a la memoria, la verdad y la justicia. La exposición del funcionario de la ONU fue duramente cuestionada por Baños, quien señaló su “absoluta sorpresa y estupor la participación de este señor, relator de Naciones Unidas, no avisada, no informada”.

Las tres audiencias ante la CIDH pusieron de manifiesto las profundas preocupaciones sobre el rumbo que está tomando la política de derechos humanos en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Las críticas de organismos internacionales, junto con las denuncias de organizaciones sociales y figuras históricas como Estela de Carlotto, dan cuenta del riesgo de un retroceso en áreas fundamentales como la memoria histórica, los derechos de las mujeres y las políticas de protección a las minorías.

Mientras el Gobierno insiste en que sus reformas son necesarias para enfrentar la crisis económica, la comunidad internacional sigue vigilante, instando al Estado argentino a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. En este contexto, la defensa de los avances conseguidos en democracia y la preservación de los derechos fundamentales se convierten en una responsabilidad compartida, que sigue siendo crucial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

JJD

Con una realidad que marca una pobreza instalada y en crecimiento y con sectores sociales que denuncian estar cada vez más marginados de las políticas sociales del Estado, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabeza una acción conjunta con otras organizaciones sociales para exponer el próximo 14 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional”, de acurerdo a la comunicación de las agrupaciones.

“En el marco del incumplimiento por parte del gobierno de Milei de la política social y alimentaria vigente, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO) presentó un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue concedido, y la misma fue convocada para el próximo 14 de noviembre durante las sesiones ordinarias de la Comisión en la ciudad de Washington, donde también está citado el gobierno argentino”, dice la comunicación distribuida por las organizaciones.

Ante la CIDH, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, expondrá “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional, lo que representa una vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jubilados y trabajadores informales, garantizados en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe con jerarquía constitucional”.

La prersencia de la UTEP ante la OEA se da como “una instancia más de reclamo luego de que el gobierno nacional decidiera, no solamente incumplir con las políticas sociales vigentes, sino además ignorar los fallos de ocho jueces federales tanto del fuero penal como del fuero contencioso administrativo que ordenaban al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable”.

Durante la audiencia del 14 de noviembre, los representantes de las organizaciones expondrán “detalladamente la situación de cada una de las políticas sociales y le pedirán a la CIDH que concrete una visita a la Argentina para corroborar lo expuesto y pronunciarse al respecto. Sería un importante precedente en la evaluación del impacto de políticas de austeridad y regresividad de los derechos de los trabajadores de la economía popular”, expresaron desde UTEP.

En su pedido, los representantes de los trabajadores de la economía popular hicieron hincapié en “la situación de las políticas alimentarias y el estado de las causas judiciales, el Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y la Integración Socio Urbana”.

En ese sentido, explicaron: “Desde el mes de diciembre de 2023 a esta parte, el Estado Nacional ha tomado la decisión deliberada de emprender un camino dirigido a la paralización, desmantelamiento y estigmatización de dichas políticas, alejándose así no solo de los normas éticas y morales que hacen a la condición de ser humano sino también de principios legales fundamentales como los derechos sociales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y a la vivienda (art. 34, 45 y 46), el compromiso de Progresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en términos de derechos económicos, sociales y culturales (Art. 26), y la realización del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)”.

El comunicado expresa, también, que la Argentina “tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables a partir de políticas públicas concretas”.

De acuerdo a Gramajo, quien hace algunas semanas participó de un encuentro junto al Papa Francisco en Roma, el país sufre en estos momentos “un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes que están sumergidos en la pobreza, la indigencia y el Estado no solo les soltó la mano sino que reprime violentamente cada reclamo. No es torpeza, es un plan de miseria planificada para matar de hambre al pueblo”, remarcó el dirigente social.

Asimismo, desde UTEP recordaron que, como antecedente, “la visita de la CIDH a nuestro país en 1979 permitió documentar las atrocidades de la dictadura y alzar la voz de las madres y las abuelas de plaza de mayo al escenario internacional. En las décadas de democracia, también se ha expedido en casos de responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias”, concluyen.

IG 

La Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realiza este martes a una protesta frente al edificio del Ministerio de Capital Humano con el fin de reclamar por alimentos y jubilaciones.

“Nos siguen pegando abajo. Vamos por los alimentos, salud y jubilación”, publicó la agrupación en sus redes sociales al anunciar la convocatoria prevista para las 10 de este martes.

La UTEP indicó: “Este martes 17 los trabajadores de la economía popular nos concentramos frente al Ministerio de Capital Humano para exigir que dejen de ajustar a los que menos tienen”.

La ministra del área, Sandra Pettovello, regresaba al país tras su viaje a Roma, Italia, donde este lunes mantuvo una audiencia con el Papa Francisco.

El Santo Padre también recibió a Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, en el marco del encuentro con dirigentes sindicales de la CGT.

Con información de agencias.

IG

Es lunes y falta menos de una hora para el mediodía. Huele bien ya desde lejos: guiso con pollo, guiso con carne, con papas, con arroz, con pan. Ollas grandes de cien litros cocinan en los fogones de gas que hay dentro de un garaje tapado con plásticos. En el otro extremo del patio hay una segunda cocina. En ella mujeres sentadas cortan cebolla, papa, tomate. Afuera, hombres mueven las pesadas ollas llenas de guiso ya preparado y lavan las vacías con la manguera del patio. Al fondo suena una cumbia.

Como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí en el barrio Constitución de CABA se prepara comida para los más necesitados. En el patio que alberga la olla popular, posiblemente la más grande de la capital, hay un movimiento constante entre los miembros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los voluntarios que se sumaron para ayudar con la preparación y el reparto de la comida. Afuera ya empiezan a hacer fila cientos de personas. Muchas de ellas no tienen hogar, otras vienen en tren desde el conurbano. Llegan para recibir el plato en el comedor o llevarse la vianda para sus casas.

Esta es una realidad cotidiana de la Argentina. No es nueva pero sí ha recrudecido en los últimos meses con las políticas del gobierno de Javier Milei, le explican los responsables de la UTEP a Ferat Koçak, diputado de la Cámara de Berlín por el partido Die Linke (“la izquierda” en alemán) por el distrito capitalino Neukölln. Fue elegido diputado en el 2021 y actualmente es portavoz del grupo parlamentario de Die Linke para el clima, la migración y el antifascismo. En el 2018 él y sus padres sobrevivieron un atentado de incendio por parte de neonazis.

Koçak tiene muchas preguntas, y no tiene miedo de preguntar. ¿Cuándo empezaron con la olla popular? ¿Dónde se consiguen los alimentos necesarios para preparar comida para tanta gente? ¿Quiénes son los que organizan todo esto y los que trabajan aquí tres veces a la semana? ¿Se les paga un sueldo? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál el del gobierno? ¿Qué se ofrece en este espacio más allá de la olla popular?

Antes de venir a Buenos Aires, Koçak estuvo en San Pablo, Brasil. Para “aprender”, dice. De los procesos de auto-organización sindical y de los movimientos sociales. De los esfuerzos por construir una oposición de izquierdas en medio de la ola reaccionaria. De la lucha contra la ultraderecha. La visita la organizó la Fundación Rosa Luxemburgo, cercana al partido Die Linke.

Al mediodía se empieza a repartir la comida en la calle. Existe un comedor pero desde hace tiempo quedó chico. Lo mismo pasó con las cocinas. Mientras antes se entregaban entre 300 a 500 platos por día, hoy pueden llegar hasta los 3.000. Al mismo tiempo se volvió más difícil conseguir los ingredientes necesarios, desde que el gobierno de Javier Milei cortó todo el apoyo. En consecuencia, la olla popular sólo puede abrir tres veces a la semana y no cinco, como sí se hacía en el pasado. A veces, afuera quedan personas esperando porque la comida no alcanza para todos.

“Horroroso”. Esa fue la primera palabra que se le pasó por la cabeza cuando conoció la olla popular en Constitución, dice Koçak en conversación con elDiarioAR. Y al ver la miseria en la que viven muchas personas, reflexionó que “se nota que su necesidad más urgente es conseguir algo de comer”. Lo siguiente que pensó fue: “¿cómo puede ser que son las organizaciones sociales las que tienen que hacerse cargo de algo que debería ser tarea del Estado?”, sobre todo con un Estado que no sólo no puede sino que no quiere ocuparse de las poblaciones más vulnerables como es el caso en Argentina.

Es la primera vez que Koçak está en Sudamérica. Tanto en San Pablo como en Buenos Aires, dice, se nota que se mueve mucho dinero. Son las dos ciudades económicamente más fuertes del subcontinente, “con numerosas empresas, entre otras alemanas, que están allá instaladas, para hacer negocios, por ejemplo con la explotación de los recursos naturales”. La otra cara de la moneda, dice Koçak, es la gran cantidad de personas viviendo en la pobreza. Y se sorprende cuando le acercan los números del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA): el índice de pobreza alcanza el 54,9% de la población y la indigencia al 20,3% durante el primer semestre de 2024.

“Obvio que me parece muy bien la estructura general de la olla popular”, dice Koçak. Sobre todo, porque quedó con la impresión de que no se trata sólo de un trabajo caritativo. “Lo positivo, dentro de toda la miseria, es que están intentando sensibilizar acerca de la situación, que están organizando políticamente a la gente, que les ayudan en asuntos legales, que existe toda esta estructura”, agrega.

En la UTEP, a parte de organizar la olla popular, ofrecen duchas, educación secundaria, guardería para los niños de los trabajadores informales, asistencia legal. Pero la ayuda va más allá: “Dar de comer lo puede hacer cualquiera”, dicen en el comedor. “Lo que no da cualquiera es la contención, la escucha, el abrazo.”

Quedan sólo dos días para San Cayetano, el día en el que organizaciones sociales y políticas se movilizarán bajo la consigna “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo” desde Liniers hasta Plaza de Mayo. Es un tema entre los que trabajan en la olla de Constitución. “Esperemos que sea masiva la movilización”, dicen. “Estamos a full con los preparativos para el miércoles.”

Es este vínculo entre ayuda práctica y lucha popular en lo que Koçak ve un “punto de partida” para aprender de las experiencias de América Latina. “Tenemos que pensar la política mucho más desde la calle, desde las necesidades de la gente, desde lo básico”, se muestra convencido. Sobre todo en lo que tiene que ver con las estructuras organizativas y el papel de los sindicatos. “Creo que es importante reunir realmente a las estructuras de trabajadores marginalizados en un grupo y decir que vamos a luchar juntos y también tener en cuenta a la gente que no tiene trabajo formal. Al fin y al cabo, también las personas que no tienen un trabajo formal son parte de la clase trabajadora.”

En su barrio de Berlín, Neukölln, el partido Die Linke está intentando seguir un camino parecido. “Hemos empezado con horas de consulta social, en las que el objetivo es ofrecerle a la gente un espacio para que hablen de sus problemas. La idea es luego ayudar directamente.” Otra idea que llevará el político desde Sudamérica es la de ofrecer clases particulares a estudiantes escolares. “Esta idea me la llevo de Brasil. Cuando estás en la secundaria muchas veces también es la edad con la que empiezas a politizarte.”

Neukölln es uno de los barrios más pobres de Berlín, además es uno de los más marginalizados de la capital. Sus habitantes, en gran parte de descendencia migrante, en la cotidianidad sufren exclusión, racismo, desempleo y falta de perspectivas. Por otro lado, en los últimos años se puso de moda vivir en Neukölln. Una de las consecuencias es que los alquileres suben a una velocidad exorbitante mientras los ingresos de los que desde hace mucho viven en el barrio quedan iguales o hasta disminuyen.

Al mismo tiempo, es uno de los pocos lugares en Alemania en donde Die Linke ha podido mantener su apoyo. En varios distritos electorales del norte de Neukölln, los barrios más marginalizados y con mayor población migrante, en las elecciones al parlamento regional del año pasado el partido ocupó el segundo puesto, con resultados alrededor del 30% de los votos. En otras partes del país, en cambio, Die Linke lucha por sobrevivir. Según sus actuales niveles de popularidad no alcanzará representación en en el parlamento nacional, el Bundestag, el año que viene.

No sorprende que Koçak ante este panorama esté preocupado. Más aún, porque en Alemania como en casi toda Europa la extrema derecha está en auge. El mes que viene se celebrarán elecciones regionales en los Länder –estados federados– de Brandeburgo, Turingia y Sajonia, ubicados en el este del país. En los tres Länder existe el peligro real de que el partido Alternative für Deutschland (AfD) pasa a ser la fuerza más votada en el parlamento regional. Muchos en Alemania ven la elecciones como barómetro para las elecciones generales del año que viene.

Koçak habla de un “círculo vicioso”. “Mucha gente vota a la derecha con la esperanza de que las cosas con un gobierno diferente mejoren. Pero pasa todo lo contrario: como ya se pudo observar en el Brasil de Bolsonaro, aquí en la Argentina la crisis social está empeorando con el gobierno de Milei”, dice. Para evitar esto, propone “ir allí donde las personas necesitan ayuda, por así decirlo”. Al no hacerlo, es la extrema derecha la que le hace creer a la gente que es ella la que se preocupa por sus necesidades y preocupaciones, piensa. Tanto en Argentina como en Alemania.

FS/MG

Organizaciones sociales de todas las tendencias políticas volverán a las calles este miércoles 7 de Agosto, en el marco de la tradicional celebración católica de San Cayetano, el Santo Patrono del Trabajo, en una concentración que unificará los reclamos ante las políticas económicas que aplica el gobierno de Javier Milei, que impulsa causas judiciales contra los dirigentes de varias agrupaciones y mantiene su decisión de no entregar alimentos a los comedores y merenderos populares.

Desde el peronismo y el cristianismo social, hasta la izquierda, los movimientos sociales confluirán en esta manifestación bajo la consigna de “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo”, que supo impulsar el Papa Francisco. Más allá de los matices que las distinguen, los integrantes de las organizaciones pretenden que la movilización marque el inicio de un camino de acción para los próximos meses, frente a un escenario en el cual pueden agudizarse cuestiones como la pobreza, la desigualdad y la desocupación. 

La celebración comenzará en la Iglesia de San Cayetano a las 8.30, en Cuzco 150 del barrio de Liniers, donde habrá una bendición de “herramientas del trabajo” y luego se dará inicio a una peregrinación que encabezará el movimiento “Misioneros de Francisco” hacia Plaza de Mayo, donde confluirán con columnas de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero y la Unidad Piquetera. Además, se sumarán la CGT, las dos CTA, agrupaciones políticas, el movimiento de Iglesias Evangélicas, asociaciones que nuclean a las Pymes y organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.  

La peregrinación discurrirá hasta el centro porteño por la Avenida Rivadavia y constituirá también un desafío para el denominado “protocolo antipiquetes” que diseñó el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. “La idea es que la peregrinación vaya por una parte de la ciudad y luego nos vamos a sumar desde las organizaciones para confluir todos en Plaza de Mayo. No queremos que se generen hechos de represión como los que sufrimos en otras manifestaciones”, señaló a elDiaioAR una fuente que integra una de las organizaciones sociales que participará de la marcha.

La idea de realizar una gran manifestación que discurriera desde Liniers a la histórica Plaza de Mayo fue desestimada por sectores de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que temen que se produzcan situaciones de violencia.

“Estamos en un contexto de agravamiento de los problemas sociales y es una situación que tenemos que visibilizar cuando se incrementan la pobreza, la indigencia y el desempleo. Estamos recibiendo cada vez más gente en los comedores de los barrios. La olla se hace cada vez más grande y tenemos que llenarla para asistir a los desocupados, los jubilados e incluso los que tienen trabajo y no llegan a fin de mes”, contó a elDiarioAR Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

Los reclamos de las organizaciones incluyen la regularización de la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, que se resiste a normalizar la entrega de alimentos a las organizaciones sociales, pese a los tres fallos judiciales que le ordenaron a la cartera normalizar la provisión de la comida que acopia en los depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán.

“No nos entregaron más alimentos desde que comenzó la gestión de este gobierno y la situación está cada vez más difícil. Cada vez son más los que viene a los comedores”, afirmó a este medio Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur.     

Tras los reveses que sufrió en la justicia federal, el Gobierno decidió tercerizar la entrega de alimentos en la Fundación Conin, que lidera el médico Abel Albino, un médico de públicas posturas antiabortistas que centra su actividad en la provincia de Mendoza. Mientras tanto, Capital Humano anunció su intención de llevar hasta la Corte Suprema su apelación contra la entrega de los alimentos que retiene. 

“Parece que después, van a querer ir hasta la ONU para no darles los alimentos a los comedores”, ironizó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. Esta organización que en los últimos días quedó esta semana en el centro de la escena, luego que el juez federal Sebastián Casanello, procesara a varios de sus militantes –Belliboni incluido— por haber presentado facturas con datos falsos en las rendiciones de cuentas de fondos del programa Potenciar Trabajo.

Casanello basó su resolución en la supuesta existencia de una empresa fantasma: la editorial Rumbos, que pertenece al Partido Obrero y funcionaría como una caja política. Desde la agrupación, aseguran, en cambio, que se trata de una editorial que existe y publicó numerosos libros y revistas sobre marxismo.

“Es una causa que se armó con llamadas anónimas a la línea 134 y la mayoría de los testimonios fueron desestimados. Se trata de una maniobra de persecución orquestada por Bullrich. Es una medida que Casanello dictó sin concedernos una ampliación de la indagatoria”, afirmó Belliboni.

La de Casanello no es la única causa que se sigue en la Justicia Federal contra las organizaciones sociales. El magistrado Luis Armella ordenó el mes pasado allanamientos a sedes de comedores populares con la Prefectura Naval en busca de alimentos vencidos. “Nos allanaron varios comedores en Florencio Varela, y no encontraron nada”, aseguró Saravia.

Además, el juez federal Ariel Lijo --propuesto por el Gobierno para ocupar una bacante en la Corte Suprema— lleva también una investigación sobre presuntas extorsiones de dirigentes sociales a beneficiarios de programas para que concurrieran a marchas. La causa también se basa en denuncias hechas a la línea 134 habilitada por Bullrich en junio pasado, Lijo ordenó 14 allanamientos y se secuestraron varios celulares.

“Son estrategias que buscan amedrentar y desmovilizarnos en un contexto de incremento de la miseria y la represión que ordena Bullrich”, consideró Belliboni.

La del miércoles será la primera gran movilización que se llevará a cabo tras la represión a las protestas que se dieron cita en Plaza Congreso en pasado 12 de junio, cuando se aprobó en el Senado la Ley Bases. Más de 30 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad en esa jornada por cargos de “terrorismo y sedición”, que fueron formulados por el fiscal federal Carlos Stornelli. 

La jueza María Servini ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos, pero aún continúan encarcelados Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez, cuyas liberaciones serán parte de las demandas que las organizaciones sociales plantearán en esta movilización de San Cayetano.

“La represión y las causas sociales son una forma de meter miedo e inmovilizar. Hay temor entre nuestros militantes, pero también hay convicción. Hace meses que estamos trabajando en los territorios con otras organizaciones y montando ollas populares. El miércoles vamos a marchar todos juntos y vamos a seguir así”, sostuvo Saravia.

Por su parte, Belliboni aspira al lanzamiento de “un plan de lucha que también involucre a la CGT y a las dos CTA. Es lo que tenemos que discutir con todas las organizaciones después del 7 de agosto. No queremos quedarnos solamente en lo religioso”.

Las organizaciones sociales Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) organizaron la primera marcha de San Cayetano el 7 de agosto de 2016. Ese conjunto de agrupaciones y sus dirigentes –entre los que estaban Juan Grabois, Juan Carlos Alderete, Emilio Pérsico y Esteban Castro, entre otros–, fueron bautizados como “los cayetanos” y reconocidos por su alineamiento con los postulados de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” que promueve el papa Francisco. 

“Esta vez la convocatoria se amplía porque tenemos que darle visibilidad a la situación que estamos viviendo en los barrios y en toda Argentina. Entendemos que no se puede separar la fe de la lucha y de la vida. Por eso, vamos a expresar la unidad de la fe y la lucha. Son cosas que no se pueden desvincular”, remarcó al elDiarioAR Esteban Castro, referente del Movimiento Evita y primer secretario general de la UTEP que el miércoles peregrinará y marchará hacia Plaza de Mayo.

“La solidaridad de la gente en nuestros barrios se profundiza en los tiempos duros. Eso ya lo vivimos y es algo que está pasando de nuevo. Tenemos que movilizarnos con ese ejemplo, pese a la estigmatización y el miedo que nos quieren meter”, puntualizó Castro.      LC/MG         

La primera celebración de San Cayetano durante el gobierno de Javier Milei será de reclamo contra las políticas de ajuste del Gobierno. Las organizaciones sociales peronistas nucleadas en la UTEP preparan para la jornada del 7 de agosto una manifestación en la Plaza de Mayo, a la que se sumará la CGT, las dos CTA y organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, supo elDiarioAR desde las agrupaciones de base. 

El plan que por estas horas se define en el gremio de la economía popular que integran el Movimiento Evita, el MTE, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, entre otras banderas, es que la concentración principal sea puntualmente frente a la Casa Rosada. Habrá más temprano una bendición a herramientas de la economía popular en el santuario de Liniers, como ya es tradición, pero no una masiva peregrinación por la avenida Rivadavia hacia el microcentro porteño –como en otras oportunidades– para evitar confrontar con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. 

Entre las organizaciones aún está presente la feroz represión que activó el Gobierno cuando hubo violentas protestas frente al Congreso durante la votación de la ley Bases en el Senado. Ese 12 de junio, a los incidentes se sumó una cacería policial que terminó con más de 30 detenidos, muchos de los cuales eran manifestantes que ya estaban desconcentrados de manera pacífica a la altura de la avenida 9 de Julio. Aún sigue vigente el reclamo por la liberación de las únicas dos personas que permanecen encarceladas –Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez–, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. Pero no están acusados de intimidación pública o de haber cometido delitos contra el orden constitucional, como denunció en un primer momento Bullrich.

Con ese antecedente es que la UTEP tuvo reuniones esta semana para definir cómo será la manifestación del 7 de agosto. Incluso hubo conversaciones con la cúpula de la Iglesia para coordinar mejor la jornada, ya que la primera actividad del día será en la zona del santuario de Liniers, donde cada año suelen congregarse miles de fieles para rezarle al “Patrono del Pan y del Trabajo”. Ayer fue la CGT la que en una reunión interna decidió plegarse a la protesta.

“La idea es hacer una bendición de herramientas en San Cayetano y luego habrá una procesión simbólica hacia Plaza de Mayo, donde sí habrá una gran concentración bajo la consigna Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo. No queremos un escenario donde se plantee una confrontación con el protocolo antipiquetes de Bullrich”, anticipó Nicolás Caropresi, referente del MTE, una de las principales organizaciones de la UTEP. 

Otras de las fuentes consultadas apuntó que la peregrinación sobre avenida Rivadavia será con imágenes religiosas encabezada por el Movimiento Misioneros de Francisco. “El 7 de agosto, una fecha histórica y sentida para el pueblo humilde y trabajador, junto a diferentes sectores sociales, sindicales, culturales, DDHH, etc. vamos a hacer una gran jornada por PAN, PAZ,TIERRA, TECHO Y TRABAJO! UNIDAD, ORGANIZACIÓN, SOLIDARIDAD, FE Y LUCHA”, tuiteó ayer Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP y referente del Movimiento Evita.

Hace años el gremio de la economía popular lleva adelante una movilización cada 7 de agosto. De hecho, la unión de organizaciones con figuras destacadas como Emilio Pérsico, Juan Grabois o Juan Carlos Alderete originalmente se conocía como “Los Cayetanos”, a partir de la multitudinaria procesión de 2016 contra las políticas de ajuste de Mauricio Macri. 

La congregación de San Cayetano podría ser un termómetro del fuerte deterioro socioeconómico que las estadísticas marcan bajo el gobierno de Milei. A la inflación que no descendió considerablemente desde diciembre se suma una caída importante de las fuentes de trabajo en el primer semestre del año. El índice de precios acumuló para julio un 79,8% en el primer semestre de 2024 y la inflación interanual alcanzó el 271,5%. Y según un informe publicado esta semana por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), ya hubo unos 170 mil despidos entre noviembre de 2023 y abril de 2024, sumando el sector privado y los puestos recortados en el Estado por la motosierra de Milei.

También en la Iglesia hay expectativa por el 7 de agosto, en el marco de una preocupación generalizada por la cuestión social. Desde la Conferencia Episcopal Argentina, que preside monseñor Oscar Ojea, identificaron a San Cayetano como una de las celebraciones comunitarias “más importantes”, a la par de la peregrinación Luján, pudo recoger elDiarioAR. Si bien hay una estrecha relación con la UTEP, el rol de la Iglesia será acotada a la peregrinación de sus fieles al santuario de Liniers. 

Además es evidente que la relación entre el Gobierno y la Iglesia pasa por un periodo de fuerte enfriamiento, a tal punto que no hay relación de alto nivel entre la pastoral social y la Casa Rosada. Por caso, no hay vínculo con la ministra Sandra Pettovello, aunque sí con la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Tampoco hay fluidez con la secretaría de Culto, Francisco Sánchez, que depende de la canciller Diana Mondino. La distancia quedó cristalizada en el Tedeum del 9 de julio, cuando el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, hizo una fuerte homilía frente al propio Milei. Advirtió que “a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie” y afirmó: “Algo no está bien cuando tenemos dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre”. 

DM/MC

El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick dispuso hoy que el Ministerio de Capital Humano informe en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará la distribución de alimentos para las personas que concurren a comedores.

“Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”, sostuvo el reciente fallo.

La resolución se refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.

En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores. El magistrado pidió además que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes”. 

“Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”, agregó.

La causa comenzó a principio de este año, cuando las organizaciones reclamaron que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantengan las políticas sociales. A raíz de esto, se presentó un amparo colectivo que el juez Lara Correa lo aprobó.

MM con información de la agencia NA.

En medio de la crisis económica, los movimientos sociales ligados al peronismo ya trabajan en la organización de una movilización callejera crítica a Javier Milei para el 7 de agosto, día de San Cayetano. La conmemoración del “Patrono del Pan y del Trabajo” es emblemática para las agrupaciones nucleadas en la UTEP (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), donde confluyen, entre otras, el Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico, el MTE de Juan Grabois, y la Corriente Clasista Combativa de Juan Carlos Alderete. Esta vez la fecha tiene como componente agregado que hay una discusión sobre la conveniencia o no de realizar la tradicional caminata desde Liniers hacia la Plaza de Mayo a raíz de la ofensiva represiva de las fuerzas de seguridad bajo el gobierno libertario. 

En los últimos días las agrupaciones recibieron desde sectores de la Iglesia reparos por una nueva manifestación callejera que alimente la tensión con la policía, sobre todo luego de los episodios frente al Congreso cuando se votó la ley Bases en el Senado y Patricia Bullrich activó con ferocidad su protocolo antipiquete. elDiarioAR supo de distintas fuentes vinculadas a la organización que hasta llegó a involucrarse en esas conversaciones presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea. 

En ese marco, este martes a la tarde la dirigencia de la UTEP se reunirá para definir qué estrategia tomar para hacer sentir su tradicional reclamo de “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo” durante San Cayetano. Además hay líneas abiertas con la CGT, las dos CTA y organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora para que puedan sumarse el 7 de agosto. También este martes habrá una asamblea multisectorial en la Facultad de Sociales de la UBA donde se discutirá ese punto, además de exigir la libertad de las dos personas que aún permanecen detenidos desde el 12 de junio: Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez.

“Nosotros estamos peleando para que haya marcha, pero sí tenemos una presión muy grande de la Iglesia por no hacerlo”, afirmó uno de los dirigentes sociales involucrado en las negociaciones para el día de San Cayetano. La semana pasada la UTEP recibió un mensaje puntual de Ojea: en una conversación privada y de manera informal, el Obispo de la Diócesis de San Isidro transmitió que “no conviene” hacer una manifestación callejera.

Más allá de encabezar la ceremonia en el santuario de San Cayetano al que suelen acercarse miles de fieles, la participación de la Iglesia generalmente en las actividades de la UTEP es bien puntual y tiene que ver con la bendición de la caminata. “La Iglesia presiona para evitar la confrontación, pero generalmente no participa en la procesión de San Cayetano. Aunque es verdad que nosotros tampoco le queremos regalar al Gobierno el escenario represivo”, dijo otra de las fuentes de base consultadas por este medio. 

Hace años el gremio de la economía popular lleva adelante esa protesta. De hecho, la unión de organizaciones encabezadas por Pérsico y Grabois originalmente se conocía como “Los Cayetanos”, a partir de la multitudinaria caminata del 7 de agosto de 2016 contra las políticas de ajuste de Mauricio Macri.

Preocupación por la situación social

Pese a los reparos con la cúpula religiosa, entre las organizaciones están convencidos que la situación social amerita una respuesta callejera. Por caso, una de las fuentes consultadas relató a elDiarioAR lo que ocurrió días atrás en un plenario de delegados de barrio de la CCC en La Plata: “Crece la bronca con el gobierno y la voluntad de movilizarse. La inmensa mayoría planteó movilizar el 7 de agosto por San Cayetano porque la situación se va tornando insostenible”, señaló el dirigente consultado ligado a Alderete.

Y apuntó sobre la situación en las barriadas: “Lo que aparece es un agravamiento brutal de las condiciones de vida de la gente. Muchos terminan llorando al contar sus padecimientos cotidianos. Aparece el crecimiento del hambre, el avance del consumo de drogas y del narco, incluso crece la prostitución en las pibas para consumir, y también aparece el drama de los medicamentos que no reparte la Dadse (por la Dirección De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales)”.

Si bien por lo bajo la Iglesia pareciera no avalar una manifestación contra el Gobierno, en términos públicos ya hay una distancia con la Casa Rosada. En el Tedeum del 9 de julio, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, hizo una fuerte homilía frente al propio Milei. Advirtió que “a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie” y afirmó: “Algo no está bien cuando tenemos dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre”. 

Y este lunes, fue Ojea el que hizo una referencia al rol del Estado en cuanto a las políticas públicas. En una declaración en el marco del Día Internacional de lucha contra la Trata de Personas que se conmemora el 30 de julio, reclamó “un Estado activo en el combate del delito de trata”, en alusión al caso Loan.

DM/MC

Organizaciones sociales realizan este martes una jornada nacional de lucha con cortes y movilizaciones en todo el país, incluida una protesta frente a la Quinta de Olivos, que generó momentos de tensión con la Gendarmería, que frenó la movilización a metros de la Residencia de Javier Milei.

El objetivo de la medida de fuerza es repudiar “el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores” por falta de alimentos.

“Denunciamos el desguace del programa Potenciar trabajo y la reducción a la mitad del salario de 200 mil trabajadores y trabajadoras del sector y congelamiento desde noviembre del 2023. Seguimos en la calle por trabajo genuino y todas nuestras reivindicaciones”, señalaron los organizadores, que apuntaron contra el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una de las columnas de manifestantes se congregó a partir de las 10 en Puente Saavedra para marchar rumbo a la Quinta de Olivos. Cerca de las 12 del mediodía, un cordón policial de la Gendarmería avanzó contra los manifestantes para intentarlos llevar hacia la zona del Metrobús para tratar de liberar la avenida Maipú y se vivieron momentos de tensión.

La protesta generó demoras en el tránsito debido a los cortes, y la presencia policial fue reforzada para evitar que las columnas llegaran a la residencia presidencial. La situación se tornó tensa cuando los manifestantes, ubicados a tan solo tres cuadras de la residencia presidencial, comenzaron a quemar neumáticos en la Avenida Maipú. La Policía Federal, en coordinación con Gendarmería, estableció un fuerte operativo para evitar que las columnas llegaran a la Quinta de Olivos, lo que generó un clima de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Algunas de las agrupaciones sociales que se movilizan serán la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD-Aníbal Verón, MRP, FOB, entre otras.

Ante las marchas anunciadas, las Fuerzas de Seguridad volvieron a aplicar el protocolo antipiquetes para intentar evitar que los manifestantes corten calles, rutas o accesos.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ironizó ante el jefe del operativo sobre si Olivos había sido declarado como “zona militar”, debido a la fuerte presencia de uniformados.

En medio de las negociaciones entre los piqueteros y las autoridades policiales, surgió la posibilidad de que los manifestantes puedan ser recibidos por el intendente de la Quinta de Olivos, algo que fue cuestionado por las agrupaciones sociales por no tratarse de un funcionario político con poder de decisión.

“Queremos marchar a la Quinta de Olivos para entregar un petitorio y reclamar una reunión y otra vez tenemos un dispositivo en territorio bonaerense aplicando el protocolo”, se quejó Belliboni.

Con información de agencias.

IG

Organizaciones y movimientos sociales de todos los sectores políticos se reunieron hoy y acordaron llevar a cabo una gran jornada de reclamo contra los recortes en los comedores y la falta de pago del programa Potenciar Trabajo de marzo. La protesta será el 12 de marzo y tendrá alcance nacional. Habrá cortes de rutas y bloqueos de los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuentes cercanas a los movimientos aseguraron que será una jornada muy importante. El centro de los bloqueos sería Puente Pueyrredón.

“Denunciamos la decisión del Gobierno nacional y la ministra Pettovello de no pagar el Potenciar Trabajo a más de un millón de personas y nos declaramos en estado de alerta. Si no se efectúa el pago tomaremos medidas de fuerza para defender el ingreso de las y los trabajadores”, dijeron desde Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Por otra parte, ayer el dirigente de Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo: “Tenemos que hacer un gran plan de lucha de todos los trabajadores y una huelga general para derrotar el plan Milei que es un plan antiobrero y criminal”.

Con el objetivo de reducir la injerencia de las unidades de gestión, que controlan las tareas que realizan los beneficiarios y que, en muchos casos, están vinculadas con las organizaciones sociales, Javier Milei decidió eliminar el plan Potenciar Trabajo y, en su reemplazo, crear dos nuevos planes sociales, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, según informaron fuentes oficiales.

Los actuales beneficiarios del Potenciar Trabajo se reagruparán en estos dos planes sociales nuevos, con el fin de que obtengan más rápidamente un empleo formal.

MM