Desde Minneapolis, Gabriela* nos transmite una sensación de urgencia. Hace siete años que vive en esa ciudad del norte de Estados Unidos, a la que llegó en 2019 por una historia de amor y de trabajo artístico. No imaginaba entonces que su vida como migrante pronto quedaría atravesada por una secuencia de violencias, controles y miedos que hoy vuelven a intensificarse. La pandemia del COVID-19, el asesinato de George Floyd a pocas cuadras de su casa y, más recientemente, la ejecución a sangre fría de Renée Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), marcaron un antes y un después en la experiencia cotidiana de quienes, sean migrantes o no, viven y trabajan allí.

“Yo nunca fui fanática de Estados Unidos”, dice. “Vine acá porque me enamoré (su pareja es estadounidense) y pensamos que iba a ser lo mejor poder tener la ciudadanía y volver a Argentina”. Ese proyecto, sin embargo, quedó atrapado en una maraña burocrática que se volvió cada vez más asfixiante. Con la llegada de Donald Trump al poder, los tiempos para obtener la green card y luego la ciudadanía se extendieron de manera drástica. “Todo se hizo muchísimo más largo y complicado. Si pudiéramos volver el tiempo atrás, no haríamos ninguna de todas esas cosas”, reconoce. Hoy, la espera por la doble ciudadanía mantiene a Gabriela y a su pareja “trabados” en una situación en la que nunca imaginaron que iban a atravesar.

Esa trabazón administrativa está lejos de ser una abstracción. Tampoco es casual. Se manifiesta en escenas concretas, repetidas, casi rituales. “Cada vez que entro a Estados Unidos, desde que tengo la green card, prenden una luz, llaman a otro agente y me llevan a una habitación. Me dejan esperando media hora, aunque tenga todo legal”. En una de esas ocasiones, el trato cambió de inmediato cuando el agente le preguntó de qué ciudad de México venía. “Cuando le dije que era de Argentina, me selló el pasaporte y listo”. Para Gabriela, ese gesto –en apariencia, menor– sintetiza una lógica estructural: “En Estados Unidos la discriminación es física. No buscan papeles: buscan cuerpos”.

Cada vez que entro a Estados Unidos, desde que tengo la green card, prenden una luz, llaman a otro agente y me llevan a una habitación. Me dejan esperando media hora, aunque tenga todo legal

Esa lógica de lectura corporal discriminatoria –que distingue por color de piel, acento y origen– ha escalado en el último tiempo. Tras el asesinato de Renee Good, el foco de las redadas del ICE ya no está puesto únicamente en la alteridad migrante o racializada, sino también en la ciudadanía que se muestra disidente a las políticas de la administración Trump. Es lo que se vio en Minneapolis. Los agentes del ICE empiezan a ser visualizados como una fuerza de choque al servicio del gobierno federal. “No tienen listas de la gente a perseguir. Van con varios autos y camionetas, sin patente, a zonas donde creen que va a haber latinos o somalíes y se llevan gente. También van por las personas nacidas acá, ciudadanos estadounidenses”, explica.

A través de su relato, advertimos el particular hostigamiento que recae sobre la comunidad somalí, una de las más numerosas de los Estados Unidos. Gabriela lo observa de cerca: “El racismo contra los somalíes es enorme. Es el blanco principal ahora”. La persecución, insiste, no responde a una lógica de legalidad sino de perfilamiento racial que convierte a los cuerpos en sospechosos. “Es cacería. Literal”.

ICE: de agencia migratoria a fuerza de control político

El episodio que marcó a la comunidad recientemente es el asesinato de Renée Good, que tuvo lugar el 7 de enero de 2026. Good era una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, ejecutada a sangre fría por un agente del ICE. El mismo fue identificado en los registros públicos como Jonathan Ross, en un operativo que tuvo lugar en el barrio central de Minneapolis.

El gobierno federal, a través de la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, sostuvo que el agente actuó en defensa propia y llegó a caracterizar el hecho como un caso de “terrorismo doméstico”. Sin embargo, análisis independientes de videos, informes locales y testimonios contradicen esa versión y muestran que el vehículo de Good avanzó lentamente y que el agente disparó múltiples veces mientras se mantenía erguido y sin daños visibles. El asesinato se inscribe en un patrón claro de violencia institucional que vulnera los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la libertad. 

Sin embargo, a pesar de su inconsistencia, la versión oficial gozó de relativa credibilidad. Incluso Jonathan Ross, el agente involucrado en el asesinato de Good, recibió donaciones que lo hicieron millonario de un día para otro: en conjunto, recaudó más de un millón de dólares a través de campañas abiertas en GoFundMe y GiveSendGo, aunque —según informó el Daily Mail— ninguna de ellas fue creada por el propio Ross. En GoFundMe, la colecta superó los 747.000 dólares y fue organizada por el usuario Clyde Emmons, quien calificó a Renée Good como una “terrorista interna” y sostuvo que Ross estaba “totalmente justificado en el tiroteo”. En paralelo, el usuario Tom Hennessey, creador de la campaña en GiveSendGo, describió a Good como una “agitadora radical de izquierda” y convocó a los “patriotas de America First” a respaldar al “intrépido” agente que, según su relato, “disparó en defensa propia para neutralizar la amenaza”; esa campaña recaudó más de 279.000 dólares. El flujo de apoyos económicos y simbólicos hacia el agente refuerza la legitimación social de la violencia estatal y expone cómo ciertos discursos oficiales y mediáticos encuentran eco inmediato en sectores movilizados por el punitivismo y la criminalización de la protesta.

La experiencia de Gabriela no puede entenderse sin examinar qué es el ICE y cómo ha cambiado en los últimos años. Oficialmente parte del Department of Homeland Security, el ICE fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras dentro del país. Pero en la práctica reciente, especialmente bajo la administración Trump y sus políticas de “seguridad nacional”, la agencia ha sido protagonista de redadas y detenciones masivas contra personas migrantes, y confrontaciones con comunidades civiles alejadas de la frontera, transformándose así en una fuerza de control social y político.

Ese desplazamiento del foco —de la frontera hacia las calles de Minneapolis y otras ciudades— forma parte de lo que se conoce como Operation Metro Surge, una iniciativa lanzada por el área de seguridad interior del gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2025 para intensificar la persecución y deportación de migrantes irregulares con el despliegue de miles de agentes del ICE. El Estado la presentó como la mayor campaña de control migratorio hasta ahora, orientada a arrestos masivos bajo el argumento de combatir delitos graves, pero que ha generado fuertes tensiones con las autoridades locales y protestas masivas por su impacto en la vida cotidiana, las libertades civiles y las comunidades migrantes.

Para Gabriela, el giro del ICE es escandaloso y alarmante. “Ya no se siente que el ICE esté persiguiendo ‘inmigrantes criminales’, como dicen. Esto ya es autoritarismo y opresión a cualquiera que esté en contra”, afirma. Su sensación, como la de muchos estadounidenses, es que el ICE dejó de ser una fuerza anti migratoria para convertirse en una fuerza de control social y político. Su testimonio encaja con el relato de residentes y defensores de derechos civiles en Minnesota, donde el aumento de presencia federal ha sido visto como una militarización del espacio urbano y una fractura entre el gobierno federal y las autoridades 

Para Gabriela, la respuesta institucional fue tan grave como el hecho en sí. “Al agente le dieron inmunidad. Dijeron que ella era una terrorista. Y cualquier periodista que pregunta algo distinto es atacado inmediatamente por los partidarios de Trump”. La decisión del Departamento de Justicia de no abrir una investigación federal por violaciones de derechos civiles reforzó la sensación de impunidad y la desprotección de la comunidad. “No hay límite ni consecuencias. Eso es lo que más miedo da”.

Gabriela también subraya un aspecto menos visible pero central: el incentivo económico para los agentes del ICE. “Hay plata por detención. Mientras más gente se llevan, más ganan”. Ese esquema, combinado con presupuestos crecientes y procesos de reclutamiento laxos, explica -según su mirada- la violencia descontrolada. “No están entrenados. Van armados, con gas pimienta, con las caras tapadas, y hacen lo que quieren”. Detrás de ese modelo punitivo hay un sistema que convierte la persecución y el miedo en un negocio. 

Un clima social atravesado por el miedo

El impacto del asesinato de Renée Good fue inmediato en la comunidad. Ese mismo día, tras una redada en un colegio, todos los distritos escolares de Minneapolis decidieron cerrar durante dos días. “Legalmente no pueden entrar a las escuelas, pero esperan afuera y detienen gente igual”, relata Gabriela. Por ello, y por motivos de estricta seguridad frente al asedio del ICE, las escuelas públicas de la ciudad ofrecerán clases virtuales durante el próximo mes.

Gabriela redujo su vida social, sale menos, y mantiene las ventanas de su casa con las cortinas cerradas

En los días siguientes, se multiplicaron los casos: un adolescente de 17 años detenido en la calle, una mujer sacada de su auto, un joven arrastrado tras desmayarse. La detención arbitraria y la desaparición temporal de personas, son hechos constantes. Muchos permanecen incomunicados en centros de detención sin acceso a familiares ni abogados. “No se sabe qué pasa adentro. Eso genera muchísimo miedo”.

A diferencia de lo ocurrido tras el asesinato de George Floyd en 2020, cuando la ciudad fue escenario de protestas masivas y disturbios, el clima actual es de contención y temor. “Ahora no hay disturbios. La gente está pacífica. Pero es porque hay mucho más miedo”, explica. 

Ese miedo atraviesa la vida cotidiana. Gabriela redujo su vida social, sale menos, y mantiene las ventanas de su casa con las cortinas cerradas. En su trabajo, un espacio cultural con una tienda que da a la calle, ya no dejan la puerta abierta: hay que tocar el timbre. “Se cancela la vida. Ferias, eventos, encuentros. Todo se frenó”. Como artista, lo siente de manera directa.“Eso también es parte de lo que buscan: aislar, desorganizar, desalentar la protesta y la solidaridad”.

Redes de cuidado frente a un Estado represivo

Frente a ese escenario, la respuesta no proviene del Estado local sino de la comunidad. Minneapolis conserva una fuerte tradición organizativa desde 2020, y esas redes hoy vuelven a activarse. “Nuestro mecanismo de defensa es un silbato”, cuenta Gabriela. Cuando alguien detecta autos del ICE, se avisa y los vecinos se acercan para filmar, rodear, acompañar e intentar frenar una detención. “No queremos ser violentos, porque ellos no tienen límite”.

Hay grupos de WhatsApp, Signal e Instagram; abogados voluntarios; tarjetas con derechos constitucionales en varios idiomas; vecinos que juntan comida, pañales y medicamentos para quienes no se animan a salir de sus casas. “Si alguien te va a ayudar, son los vecinos. Incluso la policía local está ayudándolos a ellos”.

A seis cuadras de su casa, una pizzería que funcionaba como centro de donaciones fue blanco de un operativo del ICE. No lograron llevarse a nadie porque el local estaba cerrado y los vecinos se organizaron rápido. Pero en el entorno laboral de su pareja, un joven venezolano permanece escondido en su casa; otro fue detenido hace una semana y lo mantienen incomunicado. “No es algo que ves por televisión. Pasa al lado de tu casa”.

Entre quienes la rodean, la pregunta es constante respecto al accionar represivo del ICE. Nadie sabe cómo va a continuar. Gabriela siente –quizás como forma de resistencia– que esta escalada va a terminar pronto. Su pareja y su familia creen lo contrario. “Mi pareja piensa que esto recién empieza, que se va a poner peor, que pueden mandar al ejército”. La decisión está abierta. “Si se pone más feo, nos vamos. No importa mi ciudadanía”.

Desde Minneapolis, el relato de Gabriela no se limita a una visión individual, sino que expone de manera cruda cómo la represión y el miedo se traducen en rutinas alteradas, ciudades silenciosas y comunidades que se organizan para resistir, cuidar y defender sus derechos e integridad. Su testimonio es un espejo del giro securitario y represivo del gobierno de los Estados Unidos: frente las políticas anti-inmigrantes, la represión de la disidencia política y la circulación de narrativas oficiales que legitiman la violencia, la respuesta colectiva y organizada continúa siendo el único factor de protección de una comunidad que resiste los intentos de fracturarla.

Por ello, y en medio de las amenazas de la administración Trump con de invocar la Ley de Insurrección y enviar a 1500 soldados tras las movilizaciones del fin de semana, la comunidad local y las organizaciones sociales han respondido más con acciones de protesta y solidaridad. De hecho, este viernes, líderes sindicales, organizaciones religiosas, grupos comunitarios y activistas de Minnesota se movilizaron y realizaron un paro de actividades como forma de protesta contra el gobierno federal, el accionar del ICE y en memoria de Renée Good, bajo la consigna de no trabajar, no asistir a clases y no realizar compras en todo el estado. Esta jornada, denominada “Día de la Verdad y la Libertad”, incluyó también una marcha y un acto central en el centro de Minneapolis, y buscó aprovechar la organización colectiva para visibilizar el rechazo a la presencia masiva de agentes federales y cuestionar un modelo de control que, según sus promotores, ataca a las comunidades y fractura la vida cotidiana de trabajadores, familias y vecinas/os.

*Por razones de seguridad, el nombre de la persona entrevistada fue modificado. Su identidad ha sido preservada para evitar posibles represalias y proteger su integridad y la de su entorno.

Este artículo fue publicado originalmente en Refugio Latinoamericano

A 30 grados centígrados bajo cero. Pertrechados de botas, guantes, gorros, parches contra el frío y bufandas, cientos de personas se agolparon en la zona de salidas de la Terminal 1 del aeropuerto de Minneapolis-St. Paul para arrancar una huelga general convocada en Minneapolis contra los abusos del ICE que están derivando en el asesinato de personas como Renée Nicole Good, de 37 años y madre de tres hijas, el pasado 7 de enero en Minneapolis.

Al término de la protesta, la policía detuvo a un centenar de líderes religiosos.

“Es importante saber que las políticas estatales de Minnesota se encuentran entre las más progresistas del país, y personas de todo EE.UU. se han mudado aquí con la esperanza de obtener protección”, explica Elise Roberts, madre de dos hijos del sur de Minneapolis: “Los carteles más comunes en Minneapolis dicen 'todo el mundo es bienvenido aquí' o ”ama a tu prójimo. Tu prójimo negro, moreno, inmigrante, discapacitado, religiosamente diferente, LGBTQ+, completamente humano'. Y ahora los hemos retocado para que digan todos excepto nuestro propio gobierno, en quien no podemos confiar para que cumpla la ley ni trate a las personas con dignidad básica. Literalmente, estamos aquí protegiendo de nuestro gobierno federal a nuestra comunidad amorosa, acogedora y profundamente conectada. El Gobierno federal está usando nuestros impuestos para aterrorizarnos. Tienen total impunidad y no serán investigados. Nuestra policía local no puede responder porque está completamente superada en número y no quiere iniciar una guerra civil“.

Sheigh Freeberg, tesorero del sindicato UNITE HERE Local 17, explica a elDiario.es el sentido de iniciar el día de movilización con una protesta en el aeropuerto: “El aeropuerto es uno de los centros económicos de este estado. El aeropuerto también está gestionado por inmigrantes. Entra en el aeropuerto y mira a tu alrededor. ¿Quién carga tu equipaje? ¿Quién te ayuda a alquilar un coche? ¿Quién te sirve la cerveza? ¿Quién te prepara la comida? ¿Quién te cobra cuando compras agua y aperitivos? Todos son inmigrantes. Nuestro aeropuerto funciona gracias a la mano de obra inmigrante y, en este momento, el ICE está aterrorizando a esos inmigrantes”.

“Y las personas que dirigen el aeropuerto no están haciendo nada para detenerlo. Además, el aeropuerto es el lugar desde donde se traslada a todos los detenidos”, prosigue Freeberg: “Si un detenido es trasladado fuera de Minnesota. Nuestro aeropuerto no solo está permitiendo que ICE aterrorice a las mismas personas que lo convierten en un aeropuerto tan estupendo, sino que también está permitiendo que ICE deporte a nuestros vecinos y a los miembros de nuestra comunidad y los lleve al campo de concentración de Texas”.

“Y quiero asegurarme de elegir mis palabras con mucha claridad”, añade el sindicalista: “Se trata de un campo de concentración donde mueren personas a diario y las condiciones se están deteriorando, y nuestro aeropuerto está permitiendo que los miembros de nuestra comunidad sean llevados allí. Por eso el aeropuerto es tan, tan importante”.

Una vecina de un barrio próximo al aeropuerto explicaba cómo había arrancado el día en sus calles: “Hemos tenido redadas del ICE desde muy temprano esta mañana. La pizzería del barrio, la gasolinera más cercana, el parque donde juego sóftbol... Todos los secuestros a primera hora de la mañana con los vecinos saltando de la cama y corriendo con esta temperatura para intentar ayudar. Y luego alertas de que se han ido y solo queda un coche vacío. Es constante”.

El primer año del presidente Donald Trump estuvo marcado por un ataque “sin precedentes” contra los migrantes en Estados Unidos, con una política de mano dura que combinó un récord en las detenciones, tácticas cada vez más violentas, restricciones a la migración legal y un uso intensivo de la acción ejecutiva, cuyas consecuencias humanitarias y económicas, advierten expertos, se sentirán durante años.

El año pasado, un total de 622.000 ciudadanos fueron deportados desde el inicio del actual mandato, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

 Aunque es una cifra elevada, queda por debajo de las 778.000 repatriaciones del último año fiscal completo del Gobierno de Joe Biden y lejos de la promesa republicana de un millón de deportaciones anuales.

Para elevar los números, la Administración recurrió a medidas duramente criticadas y cuestionadas en tribunales, como la expulsión de migrantes a terceros países. En el primer año, cientos de personas fueron enviadas a al menos 14 países distintos a los de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur.

Detenciones récord y denuncias de abusos

Las detenciones sí alcanzaron niveles históricos. En promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. El American Immigration Council advierte que el Gobierno “está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Amnistía Internacional han calificado de “inhumanas” las condiciones en los centros, con denuncias de hacinamiento y abusos físicos y psicológicos. El 2025 fue el año más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con más de 30 fallecidos.

ICE: más agentes, más confrontación

Según cifras oficiales, el número de agentes de ICE se duplicó, de unos 10.000 a 22.000, y muchos fueron desplegados en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago o Mineapolis.

Diversas ONG han criticado las tácticas violentas y de confrontación directa con residentes. Desde el arranque del segundo Gobierno Trump agentes federales han disparado contra personas en unas 30 redadas, de acuerdo con datos del portal especializado The Trace.

Bajo este nuevo Gobierno del republicano los agentes comenzaron además a usar pasamontañas para cubrir sus rostros y a operar en vehículos sin identificar.

El énfasis en las detenciones derivó en arrestos de personas con ciudadanía o estatus legal: más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por agentes migratorios, según ProPublica.

 ICE también trasladó los arrestos a cortes de inmigración y oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), deteniendo a migrantes que acudían a procesos legales, incluidos cónyuges de ciudadanos o personas a punto de naturalizarse.

El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países —entre ellos Venezuela, Haití y Honduras— y el 'parole' humanitario creado durante la Administración Biden. Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente quedaron en riesgo de deportación.

Para el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston, estas decisiones generan una paradoja: “Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, relató a EFE.

Frontera cerrada y menos cruces

En la frontera, la eliminación de la posibilidad de solicitar asilo (tanto en puertos de entrada como tras cruces irregulares) provocó un desplome de los cruces y detenciones hasta los niveles más bajos en 50 años, con un promedio de unos 9.700 cruces mensuales.

Las medidas se extendieron a la migración legal: con la suspensión de visados de migrante a 75 países, la paralización del programa de refugiados y el fin de la lotería de diversidad y de varios mecanismos de reunificación familiar.

Molina subraya además un componente cultural en el discurso oficial. “Cuando entras a la página de USCIS o a sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”, señaló.

Acciones ejecutivas

El Migration Policy Institute (MPI) destaca además el uso intensivo de la acción ejecutiva. Hasta el 7 de enero de este año, Trump ha firmado 38 órdenes ejecutivas sobre inmigración, cerca del 17 % del total emitido en su primer año. MPI estima que la Administración tomó más de 500 acciones migratorias en este periodo.

En su análisis, el centro advierte que el Gobierno “impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance”, que han vuelto a EE.UU. “más hostil” no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales, con impactos que “se sentirán durante años”.

EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que suspenderá la tramitación de visados de inmigrante para los ciudadanos de 75 países cuyos nacionales la Administración Trump considera susceptibles de necesitar asistencia pública en ese país.

El Departamento de Estado, dirigido por el secretario Marco Rubio, afirmó este miércoles que dio instrucciones a los funcionarios consulares para que detuvieran las solicitudes de visados de migrantes de los países afectados, de acuerdo con una orden emitida en noviembre que endurecía las normas sobre los posibles migrantes que podrían convertirse en “cargas públicas” en Estados Unidos.

La pausa en la tramitación se aplicará a países como Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia. La suspensión se aplica a los visados de inmigrante, como los destinados al empleo en los Estados Unidos, pero no a los visados de no inmigrante, como los de estudiante y turista, por lo que no afectará a quienes deseen viajar a EE.UU. para asistir al Mundial de fútbol.

“La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración estadounidense por parte de aquellos que se aprovechan del pueblo estadounidense”, afirma el departamento de Estado en un comunicado: “La tramitación de visados de inmigrante de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de tramitación de inmigración para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros que se beneficiarían de las prestaciones sociales y públicas”.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad para considerar no aptos a los posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para los Estados Unidos y se aprovecharían de la generosidad del pueblo estadounidense”, declaró el miércoles el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

La suspensión comenzará el 21 de enero.

“Aguanté todo lo que pude, pero ya era sumamente difícil”, relató una joven venezolana llegada hace un año a Madrid, durante una concentración en apoyo a la oposición de su país. Como ella, miles siguen eligiendo España como destino para rehacer su vida lejos de la persecución, la crisis económica y el colapso institucional en Venezuela.

Según el censo español al 1 de enero de 2025, ya residían 377.809 personas de nacionalidad venezolana, lo que representa un crecimiento del 16,2% en un año y casi diez veces más que en 2014. De este modo, la comunidad venezolana pasó a ser el 5,5% de la población extranjera en el país y es, por amplísimo margen, la más numerosa de Europa.

La gran mayoría se radicó en las zonas con mayor actividad económica: el 33% vive en Madrid y el 11,3% en Barcelona, de acuerdo al Observatorio Permanente de la Inmigración. Y aunque España es solo uno de los destinos posibles, se destaca dentro de la Unión Europea: en 2023 había allí más de 209.000 venezolanos con residencia legal, frente a los 14.000 de Italia, su inmediato seguidor, según Eurostat.

La lengua, la historia compartida y la existencia de redes familiares explican parte de la elección. Pero el dato más significativo es que se trata de una migración masiva, continua y cada vez más joven: el 80% de los residentes venezolanos en España tiene entre 16 y 64 años, y la mitad son menores de 35.

Trabajo, asilo y formación profesional

A fines de 2025, 214.904 venezolanos tenían permiso de trabajo en el país. De ellos, el 87% eran asalariados y casi la mitad mujeres. Esto ubica a la comunidad como la segunda más importante entre las latinoamericanas en términos de aportes a la Seguridad Social, solo detrás de la colombiana.

Más de 66.000 personas solicitaron protección internacional en 2024, y ya en el primer trimestre de 2025 se sumaron otras 23.724, que representaron el 59% de todas las solicitudes en ese período. El año pasado se resolvieron 33.004 peticiones, con una aprobación del 99%, una señal de reconocimiento generalizado a la situación crítica que atraviesa Venezuela.

Pese a ello, la inserción laboral no siempre refleja el capital profesional de quienes emigran. Según la fundación Código Venezuela, más de 5.000 médicos, 7.000 ingenieros, y cientos de odontólogos y veterinarios venezolanos residen en el país, aunque cerca del 40% trabaja en hostelería, comercio, atención al cliente, cuidados, limpieza o agricultura.

Muchos llegan con títulos universitarios y experiencia, pero enfrentan obstáculos burocráticos para homologar sus estudios o acceder a empleos acordes a su formación. La fundación apunta que hay una gran demanda de acompañamiento para la integración sociolaboral, especialmente entre los jóvenes y profesionales calificados.

Expectativas, desafíos y redes de apoyo

El crecimiento sostenido de la comunidad venezolana plantea nuevos desafíos para las políticas de integración y el sistema de reconocimiento de cualificaciones. También visibiliza una transformación profunda del perfil migratorio latinoamericano en España: más politizado, más joven, con más mujeres y más propensión al arraigo permanente.

En paralelo, se expanden las redes de apoyo entre migrantes y las organizaciones que impulsan capacitaciones, acceso a derechos y espacios de contención. “No es fácil empezar desde cero, pero hay mucha solidaridad”, destacan desde varias asociaciones.

Con decenas de miles de nuevas llegadas cada año, la experiencia venezolana en España seguirá marcando el pulso de las políticas migratorias en la región y cuestionando modelos de inserción laboral que muchas veces desperdician talento y esfuerzo.

JJD

En los últimos días la ciudadanía por naturalización se inicia 100% online ante Migraciones. El DNU 366/2025 trasladó el trámite desde la Justicia Federal, fijó dos años de residencia legal y continua sin salidas y abrió una vía por inversión pendiente de reglas finas. El reto: transición transparente y seguridad jurídica sostenible.

Un giro institucional que ordena… si se implementa bien. El cambio no es sólo de ventanilla. La carta de ciudadanía deja de ser una resolución judicial para convertirse en acto administrativo de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con expediente digital, motivación escrita y trazabilidad. La revisión judicial subsiste por la vía contencioso-administrativa, pero la decisión nace donde está el legajo migratorio: ingresos y egresos, categorías de residencia, eventuales sanciones. El mensaje político-técnico es claro: centralizar información, unificar criterios y digitalizar el flujo.

Lo que efectivamente cambió en la norma

Competencia y formato. El Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 modificó la Ley 346 y desplazó el trámite a DNM. El proceso se instruye en sede administrativa y se integra con el Registro Nacional de las Personas –RENAPER- para documentación.

Residencia “legal y continua”. El nuevo art. 2 inc. 1 exige dos años previos a la solicitud y define continuidad como ausencia total de salidas del país en ese período: una literalidad estricta que, aplicada sin pautas, puede convertir viajes legítimos en causal de denegatoria. Publicar criterios interpretativos (tolerancias, fuerza mayor) sería clave para evitar discrecionalidad.

Vía por inversión. El Decreto 524/2025 creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (ámbito del Ministerio de Economía) y le asignó la evaluación técnica de la “inversión relevante”; DNM decide en base a ese informe. La operatividad plena requiere normativa complementaria con umbrales y métricas.

Lo que ya rige desde el 6 de octubre

Inicio en la plataforma online de la Dirección Nacional de Migraciones conocida como RaDEX. Migraciones habilitó el inicio digital para mayores de 18 nacidos en el exterior, con residencia temporaria o permanente, que cumplan el art. 2 inc. 1. Documentación base: DNI, Certificado de Antecedentes Penales (Registro Nacional de Reincidencia), acreditación de ocupación/medios de vida y CUIT/CUIL. El trámite se realiza dentro del país, con usuario en RaDEX, formulario y adjuntos. El organismo explicitó que el proceso es personal y no requiere gestores, aunque más de uno buscará sustento en un abogado especializado para relajar en su expertis, la resolución exitosa del proceso.

Tres nudos por resolver

1) “Sin salidas” vs. realidad migrante. La verificación automática de 24 meses sin egresos maximiza certeza documental, pero desconoce desplazamientos breves y situaciones atendibles. Migraciones debería publicar fundamentos-tipo y excepciones tasadas (p. ej., fuerza mayor) para no volver discrecional lo que se quiso ordenar.

2) Vía por inversión sin métricas públicas. La Agencia existe y tiene mandato, pero faltan umbrales, sectores elegibles, tests de integridad (beneficiario final, trazabilidad UIF) y plazos. Sin reglas claras, la puerta puede quedar en promesa o exponerse a impugnaciones.

3) Transición y litigiosidad. Ya hay decisiones que cuestionan el uso del DNU para reformar ciudadanía (fallos del Juzgado federal N°1 de Paraná con efectos acotados al caso). No frenan el esquema, pero advierten que la seguridad jurídica dependerá de motivaciones robustas y criterios públicos.

Consejos prácticos para solicitantes

Planificá viajes. Si estás completando los 24 meses, evitá salir del país hasta que existan pautas oficiales sobre “continuidad”. Verificá tu historial de ingresos/egresos antes de iniciar.

Papeles listos. Tené a mano DNI, Antecedentes penales vigente, comprobantes de ingresos/ocupación y CUIT/CUIL. Guardá todas las constancias.

Canal digital. Creá usuario en RaDEX, cargá formularios y adjuntos; conservá acuses y notificaciones.

Inversión. Si vas por esa vía, prepará compliance (origen lícito y destino de fondos) y seguí de cerca la reglamentación económica para presentar con previsibilidad.

La ciudadanía no puede oscilar entre la puerta giratoria y el cerrojo. El Estado necesita reglas públicas, datos abiertos y tiempos ciertos; las personas migrantes, previsibilidad. Si la transición se gestiona con claridad y la vía por inversión se ata a estándares robustos, Argentina puede ganar legitimidad y talento sin desvirtuar el sentido de pertenencia que inspira la naturalización tradicional. Lo contrario —silencios normativos, criterios opacos o motivaciones débiles— reabrirá la puerta a la litigiosidad que la reforma quiso cerrar.

Cabe subrayar, además, que la Dirección Nacional de Migraciones viene sosteniendo, desde que se promulgó su nueva ley en 2004, un proceso de modernización que elevó estándares de gestión y de transparencia. En los últimos años, la consolidación de expedientes digitales, la interoperabilidad con RENAPER y otros organismos, y la trazabilidad de cada actuación configuraron una ventanilla más previsible y menos opaca. A ello se suma la actualización normativa reciente —que ordena procedimientos y define responsabilidades— y una cultura administrativa orientada a plazos ciertos, criterios publicados y control de calidad documental. No es un mérito retórico: es la traducción operativa de una política pública que apuesta por reglas claras, decisiones motivadas y servicios accesibles, sin ceder en la verificación de antecedentes ni en la integridad del sistema.

*El autor es abogado (UBA) y especialista en Derecho Migratorio. Socio fundador de Global Mobility Argentina.

AR/MC

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, y la senadora por ese estado Patty Murray, ambos demócratas, condenaron al Gobierno del presidente Donald Trump por el arresto de las autoridades migratorias de dos bomberos forestales que trabajaban para contener un incendio en ese estado.

Los bomberos, que pertenecían a un equipo que intentaba contener las llamas del incendio de Bear Gulch en el Bosque Nacional Olympic, fueron detenidos el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según confirmó el Departamento de Recursos Naturales.

Durante más de tres horas, agentes del DHS exigieron la identificación de los miembros de dos equipos de contratistas privados, que se encontraban entre los cientos de bomberos, desplegados para combatir el incendio forestal, el mayor incendio activo en el estado de Washington, según reportó el periódico Seattle Times.

Según la versión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, tanto la Oficina de Gestión de Tierras como el Servicio Forestal de EEUU habían pedido apoyo de una patrulla fronteriza local coincidiendo con el fin de los contratos de estas agencias con dos empresas en la zona. Sin dar más detalles, la agencia alega que los contratos se terminaron tras el cierre de una investigación criminal. Las agencias pidieron a la patrulla fronteriza verificar las identidades de todo el personal presente “por la localización remota del lugar de trabajo”, según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

“Se encontraron varias discrepancias y dos individuos estaban presentes en Estados Unidos de manera ilegal, uno de ellos con una orden previa de expulsión”, añade el comunicado.

El gobernador declaró el jueves que está “profundamente preocupado por esta situación” y que ha ordenado una investigación sobre lo sucedido.

Hasta el miércoles por la mañana, el fuego, ubicado al este de Seattle, cubría casi 9.000 acres (3.642 hectáreas) y estaba contenido en un 13%.

El arresto de los bomberos también causó la indignación de la senadora Murray, que también cargó contra la Administración del presidente Donald Trump y su campaña de deportaciones masivas calificando la política de “enfermiza y perversa”.

“Esta nueva política republicana de detener a los bomberos en el trabajo es tan inmoral como peligrosa”, agregó Murray en un comunicado, en el que resaltó la importancia de la labor de los apagafuegos ante los incendios, que en los últimos años han devastado pueblos enteros en la costa oeste de EEUU.

Este jueves, el zar de política fronteriza de EEUU, Tom Homan, advirtió que los operativos migratorios se intensificarían en ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles, Portland o Seattle, todas ellas con políticas que limitan la colaboración de sus policías con las autoridades migratorias.

El Gobierno nacional anunció este jueves una nueva medida que busca flexibilizar las condiciones para los extranjeros que realicen una inversion "relevante" en el país y que a cambio puedan obtener la ciudadanía argentina.

Mediante el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno dejó oficializada la medida que busca atraer capitales e inversiones.

La decisión del Ejecutivo se conoce el mismo día en que la cotización del dólar oficial minorista se acelera y en la apertura de los mecados se ubica por encima de los $1.325,63 para la venta. Estas subidas obligaron al Gobierno a subir la tasa arriba del 60%.

El decreto establece que el trámite estará a cargo de la flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Se trata de un organismo descentralizado que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía que hoy anunció la nueva norma.

Esta agencia, según el decreto, se ocupará de evaluar las solicitudes de los aspirantes y determinar si las inversiones ofrecidas son o no “relevantes” como para poder llevarse la ciudadanía argentina. La palabra final la tendrá la Dirección Nacional de Migraciones después de evaluar informes de distintos organismos del Estado y tendrá 30 días para emitir un dictamen,

Esta nueva medida es parte de la política migratoria del gobierno de Javier Milei que busca poner más barreras para la llegada de inmigrantes al país. Así, en mayo de este año, el Ejecutivo publicó otro decreto, el 366/2025, en el que, al contrario de este, se endurecían los requisitos para conseguir la ciudanía. Entre los cambios se destacan que la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.

Con este nuevo decreto, cualquier persona extranjera está en condiciones de iniciar el trámite, sin importar su tiempo de residencia en el país, siempre que demuestre haber realizado una inversión que para los criterios del Ministerio de Economía sea “significativa”.

A poco de asumir Milei, el Gobierno había amenazado con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas. La iniciativa fue oficializada un día después de la multitudinaria marcha federal que reclamó mayores fondos para las universidades y ya había sido contemplada en la Ley Bases, pero fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes.

Los cambios en la politica migratoria había sido anunciados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en diciembre del año pasado. Entonces, Adorni habia dicho: “Se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”.

A principios de este año, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que había pedido a la Administración Nacional del Seguro Social (Anses) que realice un relevamiento para saber cuántos extranjeros no residentes en el país reciben algún plan social en Argentina. El pedido se sumó a la decisión del gobierno salteño de cobrar a extranjeros la atención médica en hospitales públicos de la provincia.

“No hay que olvidar que acá se hace una cuadra y ya se cruzó el país. Y podemos ver en los cajeros de las fronteras las filas de extranjeros cobrando estos beneficios cuando tenemos jubilados que cobran la mínima, están pasando hambre y no tienen para comprarse los remedios”, había dicho entonces Sáenz sobre el pedido a la Anses.

Además, a lo largo de 2024, cuatro provincias (Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz) decidieron comenzar a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes. En marzo de este año también se sumó la Ciudad de Buenos Aires.

Redadas con sesgo racial. Una jueza federal ordenó este viernes a la Administración Trump poner fin a las detenciones y arrestos indiscriminados de migrantes en siete condados de California, incluido Los Ángeles.

Grupos de defensa de los inmigrantes presentaron la demanda la semana pasada, acusando al Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, de atacar sistemáticamente a personas negras en el sur de California durante su ofensiva contra los migrantes.

Los demandantes incluyeron en su denuncia los casos de tres migrantes detenidos y de dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue retenido a pesar de mostrar su identificación a los agentes, informa Associated Press.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito, pedía a la jueza que impidiera al Gobierno el uso de tácticas inconstitucionales en las redadas migratorias: acusaban a los funcionarios de inmigración de detener a personas por su raza, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asistencia legal en un centro de detención en el centro de Los Ángeles.

La jueza Maame E. Frimpong también emitió una orden separada que prohíbe al Gobierno federal restringir el acceso a abogados en el centro de detención de migrantes de Los Ángeles.

Frimpong emitió estas órdenes de emergencia, que son una medida temporal mientras se tramita la demanda, al día siguiente de una vista en la que grupos de defensa de derechos humanos argumentaron que el gobierno estaba violando la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución.

Frimpong escribió en la orden que se había presentado una “montaña de pruebas” que demostraban que el gobierno federal estaba cometiendo las violaciones de las que se les acusaba.

“Ningún juez federal tiene la autoridad para dictar la política migratoria; esa autoridad reside en el Congreso y el presidente”, declaró la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson, informa AP.: “Las operaciones requieren una planificación y ejecución cuidadosas; habilidades que exceden con creces el ámbito o jurisdicción de cualquier juez. Esperamos que esta grave extralimitación de la autoridad judicial se corrija en apelación”.

Las comunidades migrantes y latinas del sur de California llevan semanas en vilo por la intensificación de los arrestos en los lavaderos de coches, aparcamientos de las tiendas Home Depot y en diversos comercios. Decenas de miles de personas han participado en manifestaciones contra las redadas y el posterior despliegue unilateral por parte de Trump de la Guardia Nacional y los marines..

La orden de la jueza también se aplica al condado de Ventura, donde autobuses llenos de trabajadores fueron detenidos el jueves después de que agentes federales irrumpieran en una plantación de cannabis –legal en California–, lo que provocó enfrentamientos con manifestantes con el resultado de un trabajador muerto y múltiples heridos.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), citada por AP, la reciente ola de control migratorio se ha visto impulsada por una “cuota arbitraria de arrestos” y basada en “estereotipos generalizados basados en la raza o la etnia”.

Al detener a los tres jornaleros de la denuncia, los agentes de migración solo sabían que eran latinos y vestían ropa de construcción, según la demanda. A continuación, describe redadas en mercados y tiendas Home Depot donde, según los testigos, los agentes federales detenían a cualquiera que “pareciera hispano”.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, declaró que “cualquier afirmación de que las fuerzas del orden hayan hecho ‘selecciones’ de individuos debido a su color de piel es repugnante y categóricamente falsa”.

McLaughlin afirmó que “los operativos policiales son altamente selectivos y que los agentes actúan con la debida diligencia” antes de realizar arrestos. Tras el fallo, afirmó que “la jueza de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense”.

El abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, afirmó que Brian Gavidia, uno de los ciudadanos estadounidenses detenidos, fue “agredido físicamente... sin otra razón que ser latino y trabajar en un depósito de grúas en un barrio predominantemente latinoamericano”.

Tajsar preguntó por qué los agentes de inmigración detuvieron a todos en un lavadero de coche excepto a dos trabajadores blancos, según la declaración de un trabajador del lavadero, si la raza no era un factor determinante.

En representación del gobierno, el abogado Sean Skedzielewski afirmó, según AP, que no había evidencia de que los agentes federales de inmigración consideraran la raza en sus arrestos, y que solo consideraron la apariencia como parte de la “totalidad de las circunstancias”, incluyendo la vigilancia previa y las interacciones con personas en el campo.

Abogados del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes y otros grupos afirman que también se les ha negado el acceso a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el centro de Los Ángeles, conocida como “B-18”, en varias ocasiones desde junio, según documentos judiciales.

La familia estadounidense de la ciudadana canadiense Cynthia Olivera dice sentirse traicionada por el Gobierno de Donald Trump. Ellos, que apoyaban su plan de deportaciones masivas, están sufriendo la detención de Cynthia en California.

Los agentes federales la arrestaron cuando acudía a una entrevista para obtener la residencia permanente en Estados Unidos y ya han iniciado los procedimientos para expulsarla del país. “Lo sentimos completamente como un ataque por la espalda”, dijo a la cadena californiana de noticias KGTV Francisco Olivera, esposo de Cynthia y ciudadano estadounidense. “Quiero que me devuelvan mi voto”, añadió Francisco, que dijo ser votante de Trump.

De 45 años y madre de tres hijos nacidos en EEUU, Cynthia ha pasado a ser una más en la creciente lista de casos que contradicen el relato sobre inmigración de la Administración Trump. Según la versión oficial, la política de mano dura contra los inmigrantes que lidera Trump desde su regreso en enero al Despacho Oval prioriza la persecución de criminales peligrosos.

Por lo general, estar en Estados Unidos sin un estatus legal es una infracción civil y no criminal. Pero para la Casa Blanca cualquier persona que se encuentre en EEUU sin estatus legal es un delincuente sujeto a deportación, por más que digan que la represión de la inmigración tiene como objetivo prioritario librar a EEUU de delincuentes violentos.

Cynthia Olivera está siendo arrollada por medidas que Trump había prometido durante su exitosa campaña presidencial de 2024, durante la que se ganó el voto de su marido, según las declaraciones del propio Francisco Olivera a KGTV.

La mujer solo tenía 10 años cuando sus padres la trajeron desde Toronto a EEUU sin un permiso de residencia, según declaró Cynthia en la televisión. En 1999, cuando tenía 19 años, los empleados de inmigración del puesto fronterizo de Buffalo determinaron que vivía en el país sin estatus legal y consiguieron una orden acelerada para deportarla. La expulsaron, pero a los pocos meses pudo regresar a EEUU cruzando desde México en coche y por la frontera de San Diego. “No me preguntaron la nacionalidad, no hicieron nada”, dijo a KGTV. “Simplemente me hicieron señas para que siguiera adelante”.

Los siguientes 25 años los pasó trabajando en Los Ángeles, pagando impuestos y manteniendo a su familia, dijo. El equipo de investigación de KGTV rastreó las bases de datos de California y las de los tribunales federales, pero no encontró ningún cargo criminal con su nombre. En 2024, en los últimos momentos de la presidencia de Joe Biden, el Gobierno le concedió un permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos. Cynthia llevaba años tramitando la residencia legal permanente en Estados Unidos, conocida popularmente como la green card.

Sin embargo, el marido de Cynthia no dio su apoyo a Kamala Harris, la entonces vicepresidenta que contaba con el respaldo de Biden para sucederlo en el cargo. En las presidenciales de noviembre, Francisco votó por Trump. La promesa de una deportación a gran escala para expulsar a los delincuentes atrajo a Cynthia tanto como a Francisco (pese a que en mayo de 2024, él había sido condenado por falsificación de un registro de negocios). Como otras familias compuestas por miembros con diferentes estatus migratorio, los Olivera creyeron erróneamente que carecer de un permiso de residencia en Estados Unidos no perjudicaría a Cynthia.

El 13 de junio entendieron que sí se vería afectada por su estatus migratorio. Ese fue el día en que acudió a la entrevista para obtener la green card en Chatsworth (California) y fue detenida por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos [ICE, por sus siglas en inglés], según la información publicada en change.org, donde se pide compasión para Cynthia.

Cynthia habló por videollamada con KGTV desde el centro de detención del ICE en El Paso (Texas) al que la trasladaron a la espera de ser deportada. El trato recibido era inmerecido, dijo durante la entrevista, publicada el 3 de julio por la cadena. “Estados Unidos es mi país; allí conocí a mi marido, allí estudié primaria y fui al instituto. Allí es donde tuve a mis hijos”.

Pero la Administración Trump ha tenido poca simpatía por Cynthia, a pesar del apoyo que su marido dio al presidente Trump. Según un comunicado de un portavoz oficial, Cynthia Olivera solo es “una extranjera ilegal de Canadá”. “Deportada anteriormente, optó por ignorar nuestra ley y volvió a entrar de manera ilegal en el país”, decía el comunicado, según Newsweek. También se subrayaba que se considera delito grave entrar en EEUU sin permiso por segunda vez, tras haber sido deportada. Olivera permanecerá bajo custodia de ICE “a la espera de su expulsión a Canadá”, concluía.

El gobierno de Canadá ha señalado a KGTV que está al corriente de la detención de Cynthia Olivera, pero asegura que no puede intervenir en su favor porque “cada país o territorio decide quién puede entrar o salir por sus fronteras”.

Francisco resumió así su desilusión y la de su esposa: “Hasta hace un par de semanas, mi mujer creía firmemente en lo que iba a pasar los próximos cuatro años”. Cynthia sostiene haber comunicado a las autoridades que ella y su marido estaban dispuestos a pagar el vuelo a Canadá, donde tiene previsto alojarse con un primo en Mississauga. Pero siguen sin tener ninguna indicación sobre la fecha de ese posible viaje a Canadá. “El único delito que he cometido es amar a este país, trabajar duro y mantener a mis hijos”, dijo a KGTV conteniendo las lágrimas.

Traducción de Francisco de Zárate

Donald Trump dobla la apuesta. El presidente de EEUU dio la orden de movilizar entre 700 marines en Los Ángeles, después de haber desplegado 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, decisión llevada a los tribunales por California al entenderla un abuso de poder y una injerencia en sus competencias.

El Departamento de Defensa aseguró que “el Mando Norte de EEUU activó el batallón de infantería de Marines que fue puesto en estado de alerta durante el fin de semana. Aproximadamente 700 infantes del 2º Batallón, 7º de Infantería, 1ª División de Infantería de Marines se integrarán con la las fuerzas del Título 10 del Grupo Operativo 51 [Guardia Nacional] que protegen al personal y las propiedades federales en la zona de Los Ángeles”.

La noticia, que fue adelantada por CNN, ABC y The Wall Street Journal, entre otros medios, apuntaba a un despliegue en 24 horas, algo confirmado posteriormente por el propio Pentágono.

“La activación de los Marines tiene por objeto dotar a la Guardia Nacional del número adecuado de fuerzas para proporcionar una cobertura continua de la zona en apoyo de la agencia federal principal”, informa el Pentágono: “El Grupo Operativo 51 está compuesto por aproximadamente 2.100 soldados de la Guardia Nacional en situación de Título 10 y 700 marines en servicio activo. Las fuerzas recibieron formación en desescalada, control de multitudes y normas permanentes para el uso de la fuerza”.

Justo antes de que los medios estadounidenses dieran por confirmado el despliegue de los marines, Trump fue consultado en la Casa Blanca si planeaba enviar marines a Los Ángeles, y dijo: “Veremos qué pasa, lo tenemos muy bien controlado. Creo que habría sido una situación muy mala porque iba en la dirección equivocada. Ahora va en la dirección correcta”.

El envío de 700 marines a California eleva la tensión que mantienen durante las últimas horas el Gobierno federal, dirigido por Donald Trump, y el del Estado, cuyo gobernador es Gavin Newson. Newson ha sido crítico con el despligue de fuerzas como la Guardia Nacional para tratar de sofocar unas crecientes manifestaciones contra la política migratoria de la Administración Trump. Esto llevó al propio presidente a especular con la detención del gobernador californiano, demócrata, por oponerse a la llegada de estos efectivos.

“Que me detenga”, dijo Newsom el domingo por la noche en relación al zar antimigración de Trump: “Que venga por mí y me arreste. Que lo haga de una vez. La verdad, me da igual. Me importa mi comunidad. ¿Qué demonios están haciendo? Estos tipos tienen que madurar. Tienen que parar, y nosotros tenemos que plantarles cara”.

La legislación estadounidense prohíbe en general el uso de las fuerzas armadas en servicio activo –el Ejército, la Armada, las Fuerzas Aéreas y la Infantería de Marina– para tareas de cumplimiento de la ley en el país, recuerda Bloomberg.

De este modo, el despliegue de los destacamentos militares anunciados por el Pentágono son un paso más dentro de la agenda ultra y autoritaria trazada por Trump desde su llegada a la Casa Blanca. “Los extranjeros ilegales han invadido EEUU, el Gobierno de California ha ayudado e instigado esa invasión. Turbas violentas, incitadas por los dirigentes de California atacaron a los agentes del ICE para impedir que expulsaran a los invasores. Los dirigentes de California se negaron a enviar a la policía a rescatar a los agentes del ICE, con la esperanza de que los alborotadores lograran paralizar las redadas de migrantes. Se trata de una insurrección organizada contra las leyes y la soberanía de EEUU”. Son palabras de Stephen Miller, adjunto al director de Gabiente de Trump para justificar le despliegue de las fuerzas federales en California.

Más control para los estudiantes extranjeros. En su cruzada cultural e ideológica para limitar la libertad de expresión en el país, Donald Trump dio la orden de suspender las entrevistas para nuevos estudiantes extranjeros, mientras sopesar reforzar la vigilancia de las redes sociales de los estudiantes como parte de los requisitos para permitir la entrada en el país.

En efecto, la Administración Trump está evaluando exigir a todos los estudiantes extranjeros que soliciten estudiar en Estados Unidos que se sometan a un control de sus redes sociales, un requisito que va mucho más lejos de lo solicitado hasta ahora, según un cable diplomático al que ha tenido acceso Politico.

Con vistas a aplicar este nuevo requisito, la Administración Trump está ordenando a las embajadas y secciones consulares de EEUU que congelen las entrevistas para nuevos solicitantes de este tipo de visado estudiantil, según el cable fechado el martes y firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, citado por Politico.

“Con efecto inmediato, y en preparación para una ampliación del control y evaluación obligatoria de redes sociales, las secciones consulares no deben añadir ninguna agenda adicional para citas de visado de estudiante o visitante de intercambio (F, M y J) hasta que se emita una nueva instrucción por telegrama separado, lo cual anticipamos en los próximos días”, indica el cable.

Rubio ya había anticipado nuevas restricciones en marzo, después de que la policía arrestara a Rümeysa Öztürk, estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts, frente a su casa. Öztürk, que ayudó a redactar un artículo de opinión en apoyo a los gazatíes, fue puesta en libertad bajo fianza mientras lucha contra una posible deportación.

“Si solicitás un visado para entrar en Estados Unidos como estudiante y nos decís que no venís solo a escribir artículos de opinión, sino a participar en movimientos que hacen cosas como vandalizar universidades, acosar a estudiantes, ocupar edificios, armar alboroto... No te vamos a dar un visado”, dijo entonces Rubio.

La noticia de Politico llega el mismo día en que The New York Times publicaba que la administración Trump se dispone a cancelar los contratos federales restantes con la Universidad de Harvard, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta que será enviada este martes a las agencias federales. En ella, también se insta a los organismos a “buscar proveedores alternativos” para futuros servicios.

Los nuevos recortes, detallados en un borrador de la misiva al que ha tenido acceso The New York Times, representan lo que un alto cargo del Gobierno describió como una ruptura total de la relación comercial histórica entre el Ejecutivo federal y Harvard.

Desde el mes pasado, la administración ha congelado unos 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard, según cálculos del diario neoyorquino, además de haber ordenado bloquear su capacidad para matricular estudiantes internacionales.

La carta adelantada por the New York Times, fechada el 27 de mayo y emitida por la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), será entregada este martes por la mañana a las agencias. El documento ordena responder antes del 6 de junio con una lista de contratos a cancelar. Aquellos contratos considerados críticos no se rescindirán de inmediato, pero sí se transferirán gradualmente a otros proveedores, según explica la carta, firmada por Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, organismo encargado de gestionar las compras del Gobierno.

Según el periódico, los contratos con unas nueve agencias federales se verán afectados.

Entre los ejemplos figura un contrato de 49.858 dólares con los Institutos Nacionales de Salud para investigar los efectos del consumo de café, y otro de 25.800 dólares con el Departamento de Seguridad Nacional para programas de formación para altos ejecutivos. Algunos de estos contratos ya estarían sujetos a órdenes de suspensión.

“De cara al futuro, también alentamos a su agencia a buscar otros proveedores para aquellos servicios en los que antes consideraban a Harvard”, señala la carta.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordena a Donald Trump que “facilite” el retorno del migrante deportado “por error” a El Salvador el pasado mes de marzo. En una orden no firma, el alto tribunal se decanta a favor de Kilmar Armando Abrego García, residente legal en el país y que desde el 2019 estaba protegido judicialmente contra la deportación. El joven, de 29 años, fue uno de los más de 200 migrantes que hace un mes fueron enviados a la megacárcel CECOT de El Salvador, cuando Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros. El caso de Abrego García es una muestra clara de la falta de revisión judicial que tuvieron las personas a quiénes se les aplicó la norma de 1789 bajo la acusación de pertenecer a las bandas a las bandas criminales MS13 y El Tren de Aragua.

El alto tribunal más que ordenar al gobierno de Trump que devuelva a Abrego García, lo que hace es dar la razón a la juez federal de Maryland que emitió una orden exigiendo el retorno del hombre. Lo que significa que la devolución del salvadoreño no será inmediata. “La orden [de la jueza federal] exige debidamente al gobierno que ‘facilite’ la liberación de Ábrego García y que garantice que su caso se tramite como se habría hecho si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador”, expone el fallo. “Sin embargo, el alcance previsto del término ‘efectuar’ en la orden del tribunal de distrito no está claro y podría exceder la autoridad de dicho tribunal”.

En esta última frase, a pesar de decir que la administración tiene que “facilitar y efectuar” el retorno de Abrego García, el Supremo también abre la posibilidad de que los tribunales podrían no tener el poder de exigir al Ejecutivo que devuelva al hombre. Es por ello que se insta a la jueza Paula Xinis a que vuelva a redactar con mayor concreción la orden y esclarezca el texto inicial. 

Los abogados de Abrego García, que desde 2011 estaba en Estados Unidos y había solicitado asilo huyendo de las maras, argumentaron que no existía ninguna razón creíble para acusar a su cliente de formar parte de la banda criminal MS-13. En una respuesta kafkiana, el Departamento de Justicia reconoció que lo había deportado “por un error administrativo” a la CECOT de El Salvador y que ahora estaba “sin poder” para traerlo de vuelta. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene una estrecha relación con Trump y siempre ha mostrado disposición para colaborar con él. De hecho, esta es la principal razón por la cual el país centroamericano se ha convertido en la prisión del nuevo gobierno estadounidense a cambio de unos cuantos millones de dólares. El próximo lunes 14 de abril, Bukele debe viajar a Washington para reunirse con el republicano.

Xinis dio la razón a la defensa de Abrego García y exigió al gobierno que devolviera al hombre antes de la medianoche del lunes de esta semana. La administración Trump inmediatamente interpuso un recurso ante el Supremo para que se pronunciara sobre dicha orden. Poco antes de que venciera el término marcado por la jueza de Maryland, el presidente del alto tribunal, John Roberts, emitió una pausa temporal sobre la orden del tribunal inferior para así tener tiempo de tomar una decisión sobre el recurso emitido por el gobierno.

Los agentes de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron por sorpresa a Abrego García cuando se encontraba en un aparcamiento de Ikea, mientras su hijo autista de cinco años estaba sentado en el asiento trasero del coche. La administración Trump insiste en que se trató de un error, pero como explicaban a elDiario.es el pasado mes de enero las organizaciones que trabajan con personas migrantes, el ICE prepara sus actuaciones con antelación antes de llevar a cabo redadas.

El caso de Abrego García se ha convertido en uno de los grandes escándalos de la campaña de deportaciones masivas que quiere ejecutar Trump, mientras otros familiares de deportados en aquel vuelo del 15 de marzo denuncian que sus parientes y amigos tampoco pertenecían a ninguna banda criminal. El programa 60 Minutes pudo acceder al historial de los 238 venezolanos expulsados bajo la acusación de pertenecer a El Tren de Aragua.

Tanto los abogados de Abrego García como el Departamento de Justicia se han mostrado satisfechos con la sentencia del Supremo. Los primeros porque respalda la decisión de Xinis, y el gobierno porque considera que el alto tribunal le da la razón al afirmar que los jueces no pueden dictar lo que debe hacer la administración.

Parece que el alto tribunal opta por la ambivalencia a la hora de pronunciarse sobre casos que pueden ser clave para delimitar el poder presidencial. Tan solo dos días atrás, la Corte Suprema levantaba el bloqueo que el juez de Washington había impuesto al uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar venezolanos. En esta ocasión, tanto los abogados de inmigración como el gobierno también celebraron el fallo. Los primeros porque el Supremo exigía al gobierno que garantizara la “revisión judicial” para los individuos a quienes se les aplicara la ley, y los segundos porque suponía reactivar una norma que pretende ser clave para las deportaciones masivas.

“Pido a los fieles que no cedan ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a los migrantes y refugiados porque todos estamos llamados a vivir en solidaridad”. En un gesto inusual, y que seguramente tendrá consecuencias diplomáticas, el papa Francisco dirigió una carta a los obispos de Estados Unidos, en la que arremete con dureza contra el plan de deportaciones masivo ordenado por la nueva Administración Trump, y que “lastima la dignidad” de millones de migrantes.

“He seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas”, sostiene Bergoglio, quien aboga por “expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad”.

“El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión”, sostiene Francisco, que insiste en que “un auténtico estado de derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial, los más pobres y marginados”.

“Lo que se construye a base de fuerza, y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará”, advierte Bergoglio, quien denuncia el “criterio ideológico” que se esconde detrás de las medidas del republicano.

Dirigiéndose a los obispos del país, el Papa les invita a trabajar “a favor de la protección y defensa de quienes son considerados menos valiosos, menos importantes o menos humanos”, al tiempo que reclama “evitar muros de ignominia”. La carta concluye pidiendo a la Virgen de Guadalupe “que proteja a las personas y a las familias que viven con temor o con dolor la migración y/o la deportación”.

Toda la información en www.religiondigital.org

“Los venezolanos acá apoyaron mayoritariamente a Trump porque iba a oponerse frontalmente a Maduro y ahora, además de echarnos y estigmatizarnos, se reúne con él”. El enojo de Reyes es el de cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos y que vieron cómo “en dos semanas Estados Unidos se transformó en un infierno” tras la decisión de Trump de convertir en inmigrantes sin papeles a más de 300.000 compatriotas que hasta ahora tenían una “protección temporal” (TPS) que les permitía trabajar y vivir en el país.

Reyes llegó en 2021, pero sólo pudo traer de Venezuela a su hijo hace dos años. Ahora que “ya está completamente adaptado, habla inglés y está en un grupo de alto rendimiento en su escuela”, el niño estará oficialmente “en riesgo de deportación” desde el próximo 7 de abril, como todos los venezolanos que se beneficiaban del TPS. Y lo que más duele a muchos de ellos es la excusa que ha usado Trump.

El argumento, en contra de todo lo que llevan diciendo los republicanos durante años, es que Venezuela ya no está tan mal. “Le hace un favor a Maduro diciendo eso de que Venezuela se arregló”, cuenta a elDiario.es una venezolana que lleva nueve años viviendo en EEUU. “Es un eslogan chavista que busca normalizar la dictadura”. “Con un récord de 2.000 presos políticos y después de robarse unas elecciones, esto nos da la sensación de estar atrapados entre el tigre y el cazador en plena selva”.

Adelys Ferro, la directora ejecutiva de la organización de venezolanos en EEUU Venezuelan American Caucus, coincide. “Hay personas que nos dicen que prefieren suicidarse a tener que volver a Venezuela, hay gente aterrada de llevar a los niños al colegio, haciendo papeles ante notario para ver quién se quedaría a cargo de sus hijos” si a ellos los detienen en una redada y los deportan. 

El acuerdo entre el enviado de Trump y el Gobierno de Caracas para que éste acepte recibir a los venezolanos que sean expulsados de EEUU es otro motivo de preocupación, porque muchos huyeron del país precisamente porque los perseguían: “A Maduro no le molesta ni un poquito recibir a los deportados, van a sus fauces”, explica una de ellas.

“Nos pintó un blanco en el pecho”

“Es duro emocionalmente ver que hace esto el que era tu líder y salvador”, dice Ferro, cuya organización es progresista, pero sabe que muchos de los venezolanos en EEUU apoyaban el regreso de Trump “por una fantasía de que era el paladín que venía con misiles y aviones” a sacar a Maduro del poder. Y ahora, en cambio, en apenas dos semanas de presidencia, les “pintó un blanco en el pecho”, dice.

Como a muchos de sus compatriotas, lo que más preocupa a Ferro es la idea que Trump repite una y otra vez de que los venezolanos que tenían protección temporal son criminales. “El que quiere venir a delinquir no se da de alta en el TPS”, dice Reyes. De acuerdo con lo que cuentan otros muchos venezolanos: “Trump dice que han llegado miembros de una banda criminal muy temida, El Tren de Aragua, ¿pero cuántos han atrapado o identificado? ¿Qué porcentaje son entre toda la población venezolana trabajadora, útil y buena?”.

Ferro va incluso más allá: entre los venezolanos protegidos por el TPS “no se ha encontrado nadie con crímenes serios y Trump ha pasado de prometer que sólo deportaría a criminales a que ahora todos pueden ser deportados”. El presidente, eso sí, se ha referido una y otra vez en sus mítines al asesinato de una joven de Nevada, Laken Riley, a manos de un inmigrante venezolano sin papeles. “Entendemos que alguna medida había que tomar”, reconoce Reyes, “pero de ahí a decir que todos somos unos criminales es doloroso”.

Preparándose para resistir

Reyes ya está haciendo planes “con mucho estrés” para salvar a su hijo de una posible deportación de vuelta a Venezuela “a ver si gastando mucho dinero en abogados podemos lograr que se quede”. Lo que nadie quiere es tener que regresar o verse forzado a empezar de cero una vez más: “No te has ido de vacaciones, sino que tu país natal te empujó, te persiguió y te cerró puertas”.

Otros, como la organización de Adelys Ferro, se preparan para resistir colectivamente. “Nuestro trabajo es seguir levantando la voz”. Saben que apenas 300.000 de los 1,3 millones de venezolanos que viven en EEUU tienen también la nacionalidad estadounidense y pueden votar. “Podemos marcar alguna diferencia en Florida y en varias ciudades de Texas”. En cualquier caso, dice, “yo no hui del miedo y la dictadura para estar temiendo al autoritarismo también en EEUU. No queda otra que seguir luchando: ir a los tribunales, ir al Congreso, a las próximas elecciones legislativas...”.

Y por supuesto intentar convencer a todos, empezando por los ‘magazolanos’, “ese grupo activo de paisanos que apoyan a Trump de manera furibunda, basados a veces en mentiras y manipulaciones infladas por el miedo a la dictadura chavista” y que han tratado de “igualar aquí al Partido Demócrata con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua”, dice otra migrante venezolana que prefiere no revelar su nombre. 

“Mucha gente votó por Trump y trata de autoconvencerse de que nada malo va a pasar, que ha retirado la protección del TPS para cambiarla por algo mejor y que sólo va a deportar a criminales”, dice Ferro.

“Mucha gente creyó que Trump sería bueno para la economía y ayudaría contra Maduro”, añade Reyes, que sólo espera “que más allá de la bravuconería y la exhibición de contundencia de esta primera fase, nos permitan hacer una vida digna”. Reyes no pierde la esperanza de que Trump dé un giro. A fin de cuentas, no sería la primera vez: “Fíjate el cambio de discurso desde su última etapa en el gobierno, entonces era casi como que fuera a invadir Venezuela y ahora se reúne con Maduro”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado en México, ofrece 35.000 empleos a los mexicanos deportados por el nuevo Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, informó este jueves la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Están ofreciendo cerca de 35.000 plazas de empleo en este momento para las y los mexicanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos y que van a ser recibidos en los centros de atención”, reveló la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana adelantó que estas vacantes estarían concentradas en los sectores de servicios y manufacturas, además de otros.

El anuncio ocurre días después de presentarse 'México te abraza', una estrategia con la que el Gobierno pretende reintegrar a los mexicanos deportados por Trump mediante promesas de empleo, programas sociales, apoyo de traslado por el país y la 'Tarjeta Paisano Bienestar' con 2.000 pesos (unos 97,6 dólares).

En el país preocupan las deportaciones masivas porque cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos y sus remesas representan el 4 % del producto interior bruto (PIB) de México y habrían alcanzado un récord estimado de 65.000 millones de dólares en 2024.

En la conferencia de Sheinbaum, el centro de investigación Latino Donor Collaborative (LDC), con sede en Los Ángeles, presentó un estudio que afirma que el valor de la economía de los mexicanos en Estados Unidos, migrantes o nacidos ahí, asciende a 2,06 billones de dólares, cerca del 10 % del PIB estadounidense.

EFE.

IG

Las autoridades estadounidenses detuvieron a 538 inmigrantes sin documentos y deportado a “centenares” en la operación “contra la inmigración irregular” lanzada por el presidente Donald Trump tras haber asumido el lunes la Presidencia, informaron este viernes fuentes oficiales.

“538 arrestos y 373 órdenes de detención presentadas”, publicó este viernes en X la agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El informe diario de ICE sobre el cumplimiento de las órdenes de Trump relativas a inmigración se complementa con varios “ejemplos” de delincuentes caídos en las redadas publicados por la Casa Blanca en sus redes.

Entre ellos están los casos de Luis Alberto Espinoza-Boconsaca, que fue detenido en Buffalo el 23 de enero y había sido condenado por violación, y el de Cristofer Alexander Ramírez Olivia, detenido el mismo día en St. Paul y condenado por conducta criminal sexual con un menor.

“Este es un pequeño adelanto del trabajo de la Administración Trump para dar seguridad a las fronteras de nuestra nación”, dice otro mensaje en X de la Casa Blanca.

“La operación de deportación masiva más grande de la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, se lee en otra publicación en la red.

Trump, que fue presidente de 2017 a 2021, hizo de la lucha contra la inmigración ilegal su caballo de batalla durante la campaña para las elecciones de noviembre de 2024.

Su promesa de hacer deportaciones masivas en cuanto pusiera un pie en la Casa Blanca de nuevo quedó plasmada en los primeros decretos que firmó, así como la de cerrar la frontera con México.

El miércoles se inició el despliegue de unos 1.500 militares en la frontera con México y ese mismo día el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, anunció que había autorizado el envío de esas tropas y de helicópteros y su respectivo personal, así como de analistas de inteligencia que ayuden en las labores de detección y control.

Según sus cifras, esto representa un aumento del 60% en el número de fuerzas activas sobre el terreno desde que Trump asumió el cargo el lunes.

El Pentágono proporcionará también transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación de más de 5.000 “extranjeros ilegales” desde San Diego, en California, y El Paso, Texas, detenidos por Aduanas y Protección Fronteriza.

EFE

“Radical de izquierda”, “tenía un tono desagradable”. Con esas frases, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump respondio este miércoles a la obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde quien, durante el servicio interreligioso de su investidura habia pedido desde el púlpito misericordia con los niños, los inmigrantes y la comunidad LGTBI.

“La llamada obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era una radical de izquierda que odiaba a Trump”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Y agrego: “Tenía un tono desagradable y no era convincente ni inteligente”.

El martes, durante su primer día en el poder, el presidente estadounidense asistió a la Catedral Nacional de Washington junto a la primera dama, Melania Trump. Allí, Budde pidió tener “misericordia” con “los gays, lesbianas y niños transgénero”.La obispa añadió: “Y también con los que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas; los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales”.

“Pueden que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales”, recordó Budde. Las cámaras registraron la cara de desagrado que puso el presidente al escuchar a la oficiante de la ceremonia de oración celebrada en la Catedral Nacional de Washington el martes pedir compasión con los inmigrantes que Trump quiere devolver a sus países.

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió que la obispa que ofició una ceremonia religiosa por su investidura presidencial le pida disculpas al “público” asistente por haberle pedido misericordia hacia las personas transgénero y los migrantes desde el púlpito.

En un mensaje colgado en su red Truth Social, Trump, que cuatro años después de finalizar su primer mandato regresó a la Casa Blanca el lunes 20 de enero y ese mismo día firmó una serie de decretos entre los cuales está la orden para iniciar deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, arremetió contra la obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde, a la que acusó de ser una anti-trumpista radical.

Con informacion de EFE

En medio de la amenaza de redadas alrededor del país, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, anuncio este martes que se permitirán redadas dentro de las escuelas e iglesias, así como en sus alrededores. La administración de Joe Biden había establecido que el ICE –U.S. Immigration and Customs Enforcement, los agentes anti migración– tenía restringida su actuación en estas áreas, consideradas “sensibles”.

Ahora, el nuevo gobierno de Trump ha cambiado las directrices.

“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de América para evitar ser arrestados. La administración Trump no atará las manos de nuestros valientes agentes de la ley, sino que confía en su sentido común”, dice el comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Las escuelas e iglesias son dos pilares fundamentales y puntos de encuentro dentro de la comunidad latina y migrante. Para muchos migrantes, la iglesia es un lugar de reunión con otras personas migrantes y un espacio desde el cual construir redes de apoyo. Algunas iglesias también brindan ayuda proporcionando comida y ropa a personas migrantes y en situación de vulnerabilidad. Ahora, la administración Trump ha convertido uno de los pocos espacios seguros para la comunidad migrante en un lugar a evitar.

“Quieren meter miedo y que la gente se quede en casa”, explica Abel Núñez, director de Carecen, una organización que trabaja con la comunidad latina y migrante en Washington DC.

Núñez señalaba, poco antes de que se hiciera público el anuncio, que tenía miedo de que muchas familias migrantes dejaran de llevar a los niños a la escuela porque la salida de los centros educativos es un lugar donde los agentes de inmigración pueden realizar detenciones con facilidad. Ahora, con el anuncio de redadas incluso dentro de los colegios, la situación se recrudece y la sensación de cercamiento hacia las personas migrantes aumenta.

Redadas en todo el país 

Este martes por la mañana, organizaciones humanitarias que trabajan en la frontera de Arizona contaban a elDiario.es que ya habían detectado presencia de militares en la frontera con Nogales. El Universal publicaba un vídeo del lado mexicano de la frontera, en el que las autoridades ya habían habilitado la instalación de la Unidad Deportiva Estrellas Nogales, donde se recibirán a los mexicanos deportados de EEUU.

El nuevo director del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Thomas Homan, había anunciado que este martes empezaban las redadas contra los migrantes indocumentados. El “zar de la frontera” ha explicado que desplegará efectivos del ICE por todo el país para arrestar y deportar a personas sin papeles. Aunque no se ha informado de en qué lugares serán las redadas, la semana pasada ya se habló de Chicago. La cadena estadounidense NBC también publicó la semana pasada que se esperaban redadas de este tipo en Washington. 

Las organizaciones que apoyan a los migrantes llevan semanas repartiendo carteles por la ciudad, explicando cómo reaccionar si el ICE se persona en sus hogares y cuáles son sus derechos. Julia, voluntaria de Carece, una organización que trabaja para apoyar a los latinos en la ciudad, explica que muchas familias llevan días preparándose para quedarse en casa ante el miedo a posibles detenciones en las calles.

El Congreso ultima una ley clave para deportaciones

El Congreso de Estados Unidos está ultimando un proyecto de ley para facilitar la deportación de migrantes indocumentados que hayan sido acusados de delitos menores. El texto es una salva por parte de la mayoría republicana a la recién inaugurada Administración de Donald Trump y, de convertirse en ley, puede ser clave pare llevar a cabo las deportaciones masivas que prometió el nuevo presidente. 

El documento, bautizado como Laken Riley Act, solo necesita pasar una última votación en la Cámara de los Representantes –que podría tener lugar esta misma semana– para que acabe en la mesa del Despacho Oval y que Trump la firme, convirtiéndola en ley.

El texto empezó a tramitarse a principios de mes con el objetivo de preparar el terreno para cuando el republicano jurara el cargo este 20 de enero. 

La ley obligaría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a detener a aquellos migrantes indocumentados acusados de delitos menores, como pequeños hurtos o robos en un supermercado. Actualmente, el DHS solo detiene a los migrantes sin papeles que han sido acusados de delitos graves como violación, violencia doméstica, asesinato y crímenes relacionados con drogas.  

En la última votación en la Cámara Alta, además, se amplió el abanico de delitos con las enmiendas de dos senadores para que la ley incluya también a los migrantes indocumentados que hayan sido acusados de agredir a un oficial de Policía y de causar la muerte o lesiones corporales graves a una persona.

“Esta ley puede ampliar el número de personas que caen dentro de la detención obligatoria y puede ser empleada para perseguir a las personas simplemente por ser inmigrantes o latinos. Supone una amenaza muy grave”, expone a elDiario.es Setareh Ghandehari, abogada de Detention Watch Network, una organización que trabaja con los migrantes detenidos y en contra de las detenciones raciales.  

Ghandehari advierte que la Laken Riley Act incentivará las detenciones por raza, poniendo especialmente el foco en la comunidad latina, y que la norma puede ser utilizada para agilizar las deportaciones. “Actualmente, ya hay agencias locales que han adoptado posturas antiinmigrantes y utilizan sus sistemas de detención para canalizar a personas hacia el sistema de inmigración y, eventualmente, deportarlas”.

Un ejemplo de estas prácticas –que, según Ghandehari, ya existen– son los controles de tráfico en las carreteras. “En muchas partes del país, los inmigrantes son el blanco en los controles de carreteras. Se les para más, con la excusa de que van con exceso de velocidad o cualquier cosa, con la intención de averiguar si esa persona tiene papeles. Son identificaciones por perfil racial que con esta ley no solo se incitarán, sino que incluso se legitimarán”, denuncia la abogada. 

La American Civil Libertis Union (ACLU) advertía en una carta a los senadores que incluso los individuos que hace años cometieron este tipo de delitos menores podrían ser objeto de detención obligatoria, “especialmente, bajo una administración antiinmigrante con la intención de realizar deportaciones masivas”, señalaba el texto en referencia al Gobierno Trump.

Al establecer la obligatoridad de arresto por un delito menor, los inmigrantes indocumentados puede ser internados en un centro de detención o prisión simplemente por una acusación, sin siquiera haber sido juzgados o condenados en firme. El ACLU señala que la ley exigiría el encarcelamiento para la persona migrante, incluso “cuando un juez de inmigración determine que no representa una amenaza para la comunidad ni hay riesgo de fuga”.

Una vez que estas personas acaben en centros de detención o prisión, es mucho más fácil empezar con el proceso de deportación. El marco de esta nueva ley, como advierte Ghandehari y la ACLU, facilitaría mucho el trabajo de las agencias de inmigración a la hora de llevar a cabo las deportaciones masivas que prometió Trump.

La aprobación de la ley resultaría un complemento perfecto a la montaña de órdenes ejecutivas que firmó el presidente en su primer día, declarando la “emergencia nacional” en la frontera sur y revocando el derecho a la ciudadanía por haber nacido en suelo americano.

La mayoría republicana en el Congreso garantiza que la ley sea aprobada en la última ronda de votación. Aunque también ha contado con el apoyo de congresistas demócratas. En el Senado, uno de los votos favorables fue el del senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego. 

Durante el anterior mandato de Trump, Gallego fue uno de los congresistas de Arizona que envió una carta conjunta al presidente pidiéndole que no concediera el indulto al sheriff Joe Arpaio, condenado en su día por realizar persecuciones y detenciones de perfil racial contra la comunidad latina en Arizona. Ahora, Gallego ha votado a favor de una ley que amenaza con incentivar este tipo de detenciones.  

El apoyo de los demócratas a esta ley también es una muestra de cómo la retórica antiimigratoria de Trump ha conseguido calar en todo el espectro político. El pasado mes de octubre, las organizaciones humanitarias y abogados que trabajaban en la frontera ya se preparaban ante el aumento de la mano dura contra los migrantes, tanto si ganaba Kamala Harris como Trump.

La adopción de posiciones más duras contra la inmigración responde también a la crisis que aún afronta el Partido Demócrata después de su derrota en las urnas el pasado mes de noviembre. 

El presidente de EEUU, Donald Trump, inicio este martes su primer día en el poder con un servicio interreligioso en la Catedral Nacional de Washington, un evento que marca el cierre de los actos de su investidura.

Trump asistió a la ceremonia junto a la primera dama, Melania Trump. Desde la primera fila, ambos escucharon en silencio y con gesto solemne los rezos, las melodías del órgano y los cantos, incluido un 'Ave María'. A su lado estaban el vicepresidente, JD Vance y su esposa, Usha.

La obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde pidió a Trump y Vance tener “misericordia” con “los gays, lesbianas y niños transgénero”. La obispa añadió: “Y también con los que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas; los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales”.

“Pueden que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales”, recordó Budde, ante la incómoda mirada de Vance, que en un momento buscó a Trump.

Este tipo de servicio es una tradición desde 1993, cuando el nuevo presidente asiste a una ceremonia de oración la mañana siguiente a su toma de posesión.

Hace menos de dos semanas, Trump estuvo en esa misma catedral para el funeral del expresidente Jimmy Carter (1977-1981), donde se le vio conversando animadamente con Barack Obama (2009-2017). En ese evento, Trump se sentó en la segunda fila, mientras que la primera estaba reservada para el entonces mandatario, Joe Biden.

Además del servicio religioso, Trump tiene previsto reunirse este martes por la tarde en la Casa Blanca con importantes legisladores republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, para discutir su agenda legislativa.

Más tarde, ofrecerá declaraciones en la Casa Blanca y hará un “gran anuncio sobre infraestructura”, según dijo este martes su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News.