El último enemigo del gobierno de Javier Milei son los fideicomisos públicos, a los que acusa de ser “una caja negra de la política”. Con el mismo trazo grueso con el que encaró los primeros meses de su mandato, el líder libertario encara una batalla política en la que todos los fondos fiduciarios caen en la misma bolsa.

Sin embargo, y al menos para el caso del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), los especialistas desmienten a Milei.

“Si hay un fondo que no fue una caja negra de la política fue el FISU. Se lo puede criticar por la falta de financiación, por los escasos recursos que le fueron dedicados, pero no por su falta de transparencia”, explicó a elDiarioAR Marcelo Corti, urbanista y editor de Café de las ciudades.

¿Qué es exactamente el FISU?

Nacida en 2019, tras el impulso de movimientos sociales y líderes barriales, se trata de una herramienta que busca financiar proyectos de urbanización de aquellos asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

La creación de este registro, que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri y contó con el apoyo de fuerzas políticas de izquierda y derecha, sirvió para detectar las áreas más críticas en términos de acceso a servicios básicos. Según el último informe del Renabap, entre 4 y 5 millones de personas viven en 6.467 asentamientos en los que al menos la mitad de los vecinos no tienen acceso formal a dos de los tres servicios básicos de agua potable, cloacas y electricidad, ni título de propiedad.

En respuesta a esta desesperante realidad, las autoridades establecieron un mecanismo para financiar progresivamente la urbanización de estos barrios informales: un fideicomiso público que recibe parte de lo recaudado por el impuesto PAIS y por el gravamen a las grandes fortunas del gobierno de Alberto Fernández, sumado a aportes del Tesoro. Esto es básicamente el FISU.

“El FISU es, ante todo, una necesidad legal, ya que su creación fue el fruto de un acuerdo unánime de casi todos los sectores políticos, pero también una obligación moral para los compatriotas que atraviesan una peor situación habitacional”, dijo Corti. “Incluso desde el punto de vista práctico, que la gente viva en barrios mejor organizados con todos los atributos urbanos tiene efectos económicos, fiscales y de seguridad que lo convierten en algo que le conviene a toda la sociedad”.

En 2021, uno de los primeros años donde el programa funcionó a pleno (por mayores fondos provenientes del impuesto a las grandes fortunas), el 45% de los fondos ejecutados fueron para el programa Mi Pieza, una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de vivienda para mujeres de barrios populares.

Según informó oportunamente este medio, el resto se destinó a obras de urbanización y a la creación de lotes con servicios. Por aquel entonces, la mitad de los proyectos se ubicaron en provincia de Buenos Aires, seguidos en número por Santa Fe, Chaco, Río Negro y Misiones. En diciembre pasado, Fernández cerró su gestión con 1.277 obras de integración y 23.909 lotes con servicios.

Números claros

A pesar de la proliferación de artículos en medios afines al nuevo gobierno que buscan echar un manto de sospecha sobre el destino de los fondos, lo cierto es que las políticas derivadas del Renabap han sido objeto de variadas auditorías externas: desde un informe de resultados hecho por CIPPEC y el Conicet hasta una evaluación de impacto a cargo del área de protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, el impacto real de los montos invertidos se pudo seguir mediante el Monitor de obras de Integración Socio Urbana y la transparencia en el área se extendió a los datos compartidos con la prensa. “Pocas veces me pasaron desde una oficina pública información tan detallada sobre obras, gastos e ingresos como cuando pedía datos sobre obras de integración de barrios populares que llevaba adelante el FISU”, dijo esta semana el periodista Fernando Bercovich.

Acaso por eso, y contra lo que declara su propio gobierno, cerca del flamante subsecretario de Integración Socio Urbana Sebastián Pareja reconocen que los fondos “tuvieron mucho vuelo en obras en los barrios y está todo en orden”, como reveló esta semana en elDiarioAR Mauricio Caminos.

Más plata, no menos

Si uno revisa los primeros años de funcionamiento del FISU va a advertir que lo que hace falta es más plata, no menos.

Un solo dato alcanza para dimensionar la magnitud del desafío. En 2019, antes de la pandemia, el ex secretario de Integración Socio Urbana de la Nación Sebastián Welisiejko estimó el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del Renapab en US$26.000 millones.

Al ritmo actual de erogaciones (en un buen año se invierten US$50 o 70 millones), se tardarían 200 años en cumplir con los objetivos de la ley de urbanización de barrios populares.

“Hay dos motivos por los cuales es importante el FISU”, explicó Welisiejko en diálogo con elDiarioAR. “El primero es para ganar escala, algo que si esto fuera un programa ministerial clásico no se podría lograr. El segundo es para alinear incentivos entre Nación y las provincias y lograr esquemas en los que todos pongan y todos repaguen”.

Welisiejko explicó que la ley que dio origen al fideicomiso le permite recibir diversas fuentes de fondeo, desde donaciones hasta aportes del Tesoro, pasando por asignaciones por tributos específicos (como el impuesto PAIS) y operaciones de crédito público en los mercados. “Todo ese espectro de capital lo concebimos para que fuera un fondo de financiamiento híbrido, bajo la idea de que solo con los aportes del Tesoro no iba a alcanzar”. En ese sentido, el economista cree que el FISU podría –incluso debería– emitir títulos de deuda o valores representativos de deuda (VRD) en el mercado doméstico, “algo que un ministerio jamás podría hacer”.

Para Welisiejko, los fondos fiduciarios forman parte de un debate más amplio sobre la informalidad urbana en Argentina. “Desde hace mucho años, este problema gira en torno a si el Estado nacional le gira o no dinero en forma de subsidios o fondos no reembolsables para urbanizar uno o dos barrios. Eso crea una cultura en la que la provincia o el municipio se desentiende por completo si los fondos de Nación no bajan. Pero ese dinero siempre va a alcanzar para muy poquito”, ilustra.

Si se sigue haciendo lo que se venía haciendo, tal vez se urbanizan 30, 50 barrios populares (sobre un total de 6.400). De allí la importancia de apalancar fondos mediante el FISU. “Más que regalarle soluciones a poquitos hay que financiarle soluciones a muchos”, concluye.

El desafío consiste en lograr un fondo revolvente, no solamente una caja donde el dinero va de un lado a otro, que no dependa mayormente de impuestos nacionales específicos (como el impuesto PAIS, que por definición es limitado en el tiempo) o de las urgencias del Tesoro. Y dado que estas intervenciones terminan generando mejoras educativas, de salud, productivas y de seguridad ciudadana en el terreno, las provincias posiblemente también deban jugar un rol.

FP/DTC

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes que el presidente Javier Milei decidió eliminar fondos fiduciarios que representaban cerca de 2 mil millones de dólares por considerar que se trataba de “cajas de la política”.

“Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios que carecen de transparencia y son parte de lo que denominamos cajas de la política. Representan cerca medio punto del PBI, en torno a los 2 mil millones de dólares. Son fondos que existen hace unos 30 años”, sostuvo el funcionario nacional.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni pidió que “la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo”.

Además, el portavoz arremetió contra el cosecretario general de la CGT Pablo Moyano, quien anunció que la central obrera analizará la posibilidad de realizar otro paro general: “Nos parece inexplicable y ridículo. Son difíciles de encontrarle alguna explicación razonable, pero tienen la libertad de manifestarse como les plazca, siempre apelando a que se encuentre un punto de razón y de lógica y entendamos que la Argentina se saca adelante trabajando, esforzándonos, no haciendo paros”.

“Estamos en tiempos complicados, de alta inflación, y haciendo todo lo posible para que esta transición hacia una Argentina sin inflación y con crecimiento sea el más corto posible. No vamos a mentir, siempre vamos a decir la verdad y dentro de la verdad está el desastre que hemos recibido, el daño que le han hecho a la Argentina y que estamos pagando todos los argentinos”, añadió.

Por otra parte, frente a los reclamos de intendentes y gobernadores por los subsidios al transporte, Adorni indicó: “El transporte que corresponde a cada una de las jurisdicciones es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones”.

El vocero también confirmó que la semana que viene el Gobierno se reunirá con gremios docentes para “intentar destrabar el conflicto”. “Va a ocurrir una reunión la semana que viene, para seguir conversando y tratar de llegar a buen puerto”, agregó.

Otro de los puntos sobre los que se refirió Adorni fue la decisión que tomará el Gobierno para avanzar en las reformas que contenía el proyecto de Ley Ómnibus: “La ley no era fundamental para el Gobierno, sino para los argentinos. No interfiere en nuestro camino económico (el fracaso en el Congreso): hacia dónde vamos no se movió ni medio centímetro”.

Finalmente, señaló que todavía no está confirmado la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos para participar de un encuentro encabezado por el exmandatario norteamericano Donald Trump y explicó que, en caso de realizar, será “un viaje relámpago”.

¿Qué es un fondo fiduciario o fideicomiso?

De acuerdo a la explicación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, “lo primero es precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de fideicomisos públicos. El fideicomiso es una figura que tiene sus antecedentes en el derecho romano. Ha sido regulado en nuestra legislación por la Ley 24.441 y consiste en una operación de transferencia de un bien a la persona a la cual se adiciona un encargo o gestión vinculados con dicho bien, siendo el aspecto más importante de la operatoria el de reconocer un patrimonio separado ad-hoc, desafectado del patrimonio del transmisor de dicho bien (fiduciante) y del receptor del mismo (fiduciario), siendo una unidad patrimonial autónoma afectada a la finalidad perseguida en el contrato en cuestión.

Cuando el fiduciante es el Estado estamos ante un fideicomiso público; por ejemplo el Estado (fiduciante) transfiere la recaudación de un impuesto o tasa al Banco Nación (fiduciario) con el objeto de que éste únicamente pague con los importes transferidos determinadas obras de infraestructura. El Estado se desapodera de la recaudación, que se constituye en un patrimonio separado, que pasa al Banco Nación manteniéndose separado, y el Banco lo único que puede hacer con estos fondos es pagar las obras que le fueron indicadas.

El primer fideicomiso público en la Argentina se creó en 1995, aunque en otros países se utiliza desde hace mucho tiempo (por ejemplo en México se comenzaron a usar en 1926).

¿Por qué se constituyen fideicomisos públicos?

En el sistema de administración financiera de nuestro país no existe la figura de presupuestos plurianuales, ésto es presupuestos que pudieren votarse por un período mayor a un año, con sanción legislativa que los torne obligatorios. Los presupuestos plurianuales que se preparan se hacen como información complementaria y no recae sobre ellos sanción legislativa alguna.

Los fondos fiduciarios sirven como una suerte de presupuesto garantizado por más de una año, para asegurar el financiamiento y estabilidad de un programa público. Estabilizan financieramente las políticas públicas al asegurar su financiamiento futuro.

Se trata de apartar fondos del Tesoro Público para que únicamente puedan utilizarse para cumplir un fin determinado. Esto puede servir para:

La finalidad es que el Tesoro no se apropie de los fondos destinados al pago de una deuda, una obra o un subsidio y los destine para otros fines.

Con información de agencias.

IG

La Inspección General de Justicia (IGJ) declaró “irregular e ineficaz” el fideicomiso del Club Atlético Independiente armado por el influencer Santiago Maratea, el cual lleva a cabo la recaudación para pagar la deuda del club de Avellaneda.

El organismo del Ministerio de Justicia da cuenta de la “exorbitante” suma recibida por Maratea en la coleta y de los “gastos y honorarios” de los integrantes del fideicomiso.

El “Fideicomiso Maratea Rojo Gogo” tenía la pretensión de inscribirse en la provincia de Neuquén, de ahí la presentación ante la IGJ, pero luego de varias prórrogas que otorgó el organismo, el trámite nunca se efectivizó: “No se ha iniciado al día de la fecha el trámite de inscripción del aludido fideicomiso”, especificaron en la resolución.

En esa línea, el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén y/o el Registro Público de Contratos de Fideicomisos a cargo de esa corporación notarial tampoco informó a la IGJ sobre si se presentó allí el Fideicomiso Maratea.

De ahí el origen del contrapunto de la IGJ, ya que Independiente tiene domicilio real en provincia de Buenos Aires y Maratea en la Capital Federal. Para que el fideicomiso pueda registrarse en un determinado distrito, deben tener los bienes en cuestión en la misma o bien las personas que lo integran deben tener domicilio allí.

“La relevancia de la inscripción del carácter fiduciario de un conjunto de bienes, que puede estar constituido por aportes voluntarios, radica en el otorgamiento de publicidad al dominio fiduciario, haciéndolo oponible a terceros, siendo que la inscripción del contrato en un registro específico, por su parte, hace oponibles a terceros las demás disposiciónes contractuales, en especial aquellas referidas a las limitaciones de las facultades del fiduciario sobre los bienes fieicomitidos”, señaló la IGJ.

Ahora Maratea puede apelar la decisión de la IGJ ante la Justicia. Según la última actualización, la iniciativa del influencer lleva recaudado poco más de 800 millones de pesos.

LC con información de agencia NA

La Secretaría de Comercio fijó nuevos precios de referencia sin impuestos de la harina a la salida del molino, a través de la resolución 29/2022 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en el marco del Fondo estabilizador del trigo argentino (FETA).

Así, los valores que rigen ahora para las bolsas de 25 kilogramos quedaron en $ 1.472 para la harina 000 y en $ 1.767 para el tipo 0000; en tanto que para la harina tapera y semolín se fijó en $ 1.914.

En el caso de la tonelada, se estableció en $ 57.776 para la harina 000 y en $ 69.355 para la 0000; y para tapera y semolín $ 75.124.

En todos los casos se trata de incrementos que rondan entre el 3,88% y el 3,94%, de acuerdo con el tipo de harina respecto de los últimos precios fijados el último 13 de septiembre, mes en el cual se realizó un incremento del 9% para todas las variedades.

Las subas tienen en cuenta como referencia la variación del precio FAS del trigo en un 40%, la variación mensual de la inflación mayorista en un 30% y la variación mensual de los salarios en el otro 30%.

Los precios son sin impuestos, a la salida del molino, sin costos de entrega, y a ellos se les debe incorporar los siguientes costos logísticos por región: ciudad y provincia de Buenos Aires, 3,50%; Centro, Cuyo y Litoral, 5,50%; NEA y NOA, 7% y Patagonia, 10,5%.

El FETA se dispuso mediante el decreto 132/2022 del 19 de marzo pasado, “debido el aumento sostenido del precio de los alimentos” que “impactó fuertemente en el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados a partir del inicio del conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania”

La implementación de los precios subsidiados procura garantizar un valor de referencia para el trigo en el mercado interno, “que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan”.

El incremento de los precios de referencia de este mes, señala la resolución en sus considerandos, busca “mejorar el impacto de la herramienta tanto en la estructura de costos como en el producto al consumidor”.

Para ello, es “necesario aumentar la oferta de la harina con compensación en el mercado y, asimismo, actualizar sus valores para que sean consecuentes con la evolución del resto de los componentes del costo de los productos derivados de la harina de trigo”.

La financiación del fondo se obtiene a partir de lo recaudado tras la quita en marzo último del diferencial en las retenciones que tributaban los productos industrializados de soja respecto del poroto, equiparándose en el 33% que tributa este último.

Con información de Télam.

IG

Estamos en presencia de un nuevo ciclo ascendente de los precios de los commodities agrícolas, motivado por el calentamiento global y potenciado recientemente por la guerra en Ucrania. Sin duda, es una oportunidad para los países exportadores de alimentos como Argentina. Los impactos a mediano plazo del nuevo boom son todavía inciertos. Si nos guiamos por la experiencia reciente —el último auge de mediados de los 2000—, podemos esperar un crecimiento de los ingresos del sector y del Estado. Como contracara, por las características del modelo productivo actual, también se va a profundizar el deterioro del ambiente y de los ecosistemas. Las propuestas desde el progresismo ante esta situación priorizan la redistribución y la agenda socioambiental, y tienden a descuidar agendas como la generación de exportaciones y la transformación productiva del agro. Es necesario combinar o repensar estas agendas en un nuevo modelo de desarrollo que utilice parte de la rentabilidad de las exportaciones para financiar actividades de innovación y transformación productiva en el agro. 

Los altos precios de los alimentos encuentran a la agricultura argentina en una crisis en tres niveles: ambiental, productivo y comercial. La manera en la cual el país responda a las oportunidades del nuevo escenario global va a depender de cómo se resuelva dicha crisis. ¿Por qué decimos “crisis”? Sin dudas, el sector está mostrando buenos resultados en términos de rindes: la introducción del paquete tecnológico de semillas transgénicas resistentes a herbicidas generó un salto exponencial en la productividad. No obstante, también ha producido un severo daño ambiental: la intensificación en el uso de herbicidas de amplio espectro asociados al paquete tecnológico —la aplicación de plaguicidas por hectárea en Argentina es más del doble del promedio mundial, según la FAO— redujo drásticamente la diversidad biológica y multiplicó casos graves de afectación a la salud en poblaciones rurales. A su vez, el desplazamiento de la frontera agrícola aumentó la deforestación y la presión sobre los ecosistemas, traducido en una mayor frecuencia de inundaciones. 

Una segunda dimensión de la crisis es productiva. Incluso los promotores de la difusión del paquete tecnológico, como Aapresid, señalan hace unos años los síntomas de agotamiento del modelo productivo: las malezas resistentes a plaguicidas se han multiplicado. Los estudios muestran también un balance negativo de nutrientes y una degradación de los suelos, en parte por los bajos niveles de fertilización, con lo cual se ve amenazado el principal recurso: la tierra. Si incluimos la pérdida de valor que esto implica, el balance económico positivo del último boom se reduce sensiblemente.

La tercera dimensión de la crisis es comercial: las respuestas al cambio climático y los cambios en las dietas a nivel global aumentaron los requisitos necesarios para acceder a mercados. Las reglas de juego están cambiando: los exportadores de alimentos van a tener que ajustar sus formas de producción para no perder mercados con condiciones cada vez más exigentes sobre la huella de carbono. 

Ante este diagnóstico algunos sectores del progresismo plantean un rechazo sin matices del paquete tecnológico y una transición radical hacia la agricultura orgánica o agroecológica. Un problema de esta propuesta es que en la actualidad más del 50% de las exportaciones argentinas vienen de la producción de commodities agrícolas, de la cual depende además la actividad económica y el trabajo de millones de personas. Para no generar trastornos macroeconómicos ni poner en riesgo la fuente de ingresos de amplios sectores de la población, las transformaciones del modelo necesitan ser graduales. Además, la promoción de la exportación de commodities no es necesariamente contraria a la promoción de la agroecología. 

Desde versiones más liberales del progresismo se cae en la versión opuesta del mismo problema: se asocia a cualquier desarrollo tecnológico con el progreso y se sobreestima la capacidad que tiene el mercado para incentivar vía competencia el surgimiento de tecnologías más amigables con el ambiente. Sin duda los avances tecnológicos recientes tienen mucho potencial: insumos biológicos para reemplazar a los químicos, edición génica para la adaptación a la recurrencia de sequías y alimentos más saludables, agricultura de precisión para reducir el uso de herbicidas, entre otros. Pero el rumbo de la innovación de las empresas responde sobre todo a la necesidad de aumentar sus ingresos y eso muy pocas veces coincide con los desafíos sociales y ambientales. La desconfianza del progresismo liberal respecto a las regulaciones, el control y las sanciones estatales para proteger a los ecosistemas (por ejemplo a través de una mejor aplicación de una Ley de Bosques y la aprobación de una Ley de Humedales) es otra limitación para abordar esta agenda. 

Pero tal vez el mayor desafío del progresismo liberal es explicar cómo van a surgir los desarrollos tecnológicos necesarios, dada la concentración y extranjerización del mercado de insumos agrícolas en Argentina. Hoy cuatro firmas (Bayer, Corteva, BASF y ChemChina) poseen el 60% del mercado mundial de semillas y la mayoría de las patentes de eventos transgénicos y de las técnicas biotecnológicas asociadas al desarrollo de insumos, las cuales les permiten excluir a otros actores del proceso de innovación. Además, estas firmas mantienen sus actividades de I+D en sus casas matrices y desarrollan productos en función de sus negocios globales, y no de los problemas locales. 

Si Argentina quiere aprovechar este contexto para impulsar el desarrollo necesita una estrategia que vaya más allá de las opciones clásicas de liberalizar el sector o tomarlo solo como una fuente de recursos fiscales y divisas. Los desafíos del momento (ambientales, productivos, tecnológicos, comerciales, financieros) demandan un rol más activo y un liderazgo del Estado en el proceso de transformación, en articulación con empresas, científicos y actores de la  sociedad civil. Requieren que se usen de manera coordinada y en el marco de un plan estratégico instrumentos de  desarrollo productivo, de ciencia y técnica y de política comercial y regulatorios. Una propuesta: redirigir parte de la rentabilidad de las exportaciones de los commodities para financiar actividades de I+D e intentar aumentar la incidencia de empresas locales de biotecnología, agtech, maquinaria agrícola y de las instituciones públicas (INTA, CONICET, universidades) en las formas de producción. Para un gobierno de base popular, que históricamente excluyó al principal sector exportador de su base de apoyo, esta estrategia tiene dos ventajas adicionales: ampliar su base política incorporando actores vinculados al sector agrícola, y diversificar la estructura productiva promoviendo la formación de empresas locales en sectores dinámicos. 

Coordinador del Área de Recursos naturales de Fundar

Los intereses de los plazos fijos en UVA, las obligaciones negociables (ON), los fondos comunes de inversión (FCI), los fideicomisos financieros y otros instrumentos financieros en pesos destinados a fomentar la inversión productiva quedaron desde este miércoles exentos de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

El Gobierno formalizó las modificaciones introducidas en Ganancias y Bienes Personales a través de la Ley 27.638 aprobada a mediados de julio último en el Congreso, con su publicación en el Boletín Oficial, y a partir de este miércoles comenzaron a regir las nuevas exenciones impositivas a las inversiones en pesos para el periodo fiscal 2021.

La iniciativa fue un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2020 al Congreso, que finalmente fue aprobado el 2 de julio último por la Cámara de Diputados y el 15 de julio tuvo la sanción definitiva del Senado.

Durante su paso por Diputados, se eliminó uno de los puntos polémicos, el artículo tercero, que permitía gravar con Bienes Personales los plazos fijos que no se depositen por un plazo menor a 275 días.

Finalmente, la normativa se fijó como propósito incentivar mediante la política fiscal las inversiones en moneda nacional.

La nueva legislación dispuso, en el caso de Ganancias, la exención a los intereses o la denominación que tuviere el rendimiento producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva, que establezca el Poder Ejecutivo nacional.

En este conjunto se incluyen los intereses de plazos fijos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que se ajustan por inflación -y cuyo capital ya estaba exento-, y otros depósitos con cláusulas de ajuste.

Además, la normativa exime de Bienes Personales a las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional, que son básicamente colocaciones de deuda de las empresas privadas; los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva; las cuotapartes de fondos comunes de inversión y los certificados de participación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros, que hubiesen sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Acá se contemplan los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros que inviertan mayormente en títulos, bonos y demás valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades y la ciudad de Buenos Aires; como también depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en el país, y a plazo fijo o en caja de ahorro.

En cuanto a este punto, la ley deja aún por establecer por la reglamentación de la misma, el porcentaje mínimo de depósitos y bienes que como activo subyacente principal deberán tener los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros para acceder a las exenciones impositivas establecidas.

En ese sentido, la normativa subraya que “no se tendrá por cumplido el porcentaje, si se produjera una modificación en la composición de los depósitos y bienes que los disminuyera por debajo de ese mínimo, durante un período continuo o discontinuo de, como mínimo, 30 días en un año calendario o el equivalente a la proporción de días considerando el momento de ingreso al patrimonio de las cuotapartes o certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria hasta el 31 de diciembre” de cada año.

En este caso, las exenciones de las cuotapartes de fondos comunes de inversión e inversiones en fideicomisos financieros no se encuentran limitadas a que los activos subyacentes principales sean en moneda nacional, con lo cual abre la posibilidad a incluir también colocaciones en dólares.

Con información de Télam.

IG