El Gobierno recibe este lunes los proyectos de aumentos de las jubilaciones, extensión de la prórroga de la moratoria y de declaración de emergencia de la discapacidad, con lo cual el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el próximo 4 de agosto para poder vetar esas iniciativas.

Los proyectos aprobados por el Senado hace 10 días recién serán girados este 21 de julio al Poder Ejecutivo, con lo cual comenzarán a correr los diez días para que el Gobierno pueda vetarlos, como anunció el jefe de Estado.

Tras su sanción, las iniciativas deben ser firmadas por los dos presidentes de las cámaras y luego el Senado debe enviarlas, trámite que recién se terminó de cumplir este lunes, según informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto impulsado por la oposición establece un aumento del 7,2% de los haberes jubilatorios, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima, de 70 a 110 mil pesos, la extensión de la moratoria que terminó en marzo por dos años y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.

Qué dicen los proyectos

Aumento a jubilaciones

El Senado de Argentina aprobó el 10 de julio y convirtió en ley un proyecto para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones, pese al rechazo del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, recibió el visto bueno del Senado por 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

El proyecto que fue aprobado por el Senado y que ya tenía media sanción en Diputados, implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.

Si el proyecto superara el filtro del Gobierno -algo que el Ejecutivo ya dijo reiteradamente que no ocurrirá-, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $62.273, un 16,4%.

En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $110 mil.

Si se concretara el aumento, un jubilado con un haber mínimo pasaría a ganar un 11,2% real (es decir, considerando a la inflación) con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández). Con el esquema actual, la mínima se ubica 4,5% debajo de esos valores.

La Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) quedará en $265.274 con el aumento y $375.274 con el bono; en tanto, el haber promedio sería de $964.800 y la jubilación máxima se ubicaría en los $2.231.111, ambos sin bono.

Nueva moratoria

El Senado también aprobó -por 39 votos a favor, 14 negativos y una abstención- y convirtió en ley un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Con la nueva moratoria, podrían jubilarse unas 220.000 personas, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también calculó que esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

El proyecto de ley que sancionó el Senado fue aprobado en Diputados en junio y dispone la extensión por 2 años de la moratoria que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La moratoria, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país, y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Qué implica la vuelta de la moratoria previsional

El proyecto de ley que aprobó el Senado dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, extiende por 2 años los alcances la última moratoria, que establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

El trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, de aprobarse la ley, unas 220 mil personas podrían obtener la jubilación a través de la moratoria. Esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

¿Cuántas personas se jubilaron por moratoria?

Actualmente, el sistema previsional está compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio). De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130%, pasando de 3,1 millones de beneficios a los 7,2 millones actuales (septiembre de 2024), según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

El especialista en temas previsionales, Rafael Rofman, explicó a Chequeado que las moratorias “cumplieron un rol importante para solucionar un serio problema de diseño del sistema previsional, que es la exigencia de 30 años de aportes, un requisito que implica excluir a la mayoría de la población”.

Para el especialista “sólo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes o más por lo que la moratoria representó un ´parche´ que habilitó el acceso al sistema a quienes estaban excluidos”. Sin embargo, esto “genera muchos problemas”, agregó, y “debería haber sido resuelto rápidamente mediante una reforma integral del sistema, pero en cambio se han mantenido moratorias vigentes durante 20 años”.

¿Qué cambió?

El texto aprobado en el Senado modifica el articulo 13 de la ley 27.260, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 13: Instituyese con alcance nacional la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de caracter vitalicio y no contributivo, para todas las mujeres de sesenta (60) anos de edad o mas y para todas las personas de cualquier otro genero de sesenta y cinco (65) anos de edad o mas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podran optar por ser beneficiarios de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisites previstos en el presente articulo.

También modifica el articulo 16 de la ley 27.260, que quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo 16: El goce de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es compatible con el desempeno de cualquier modalidad de trabajo registrado, que no implique ingresos iguales o superiores a tres (3) salarios minimos vitales y moviles. Igualmente, la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sera compatible con el desempeno en caracter de trabajador autonomo o monotributista.

Emergencia en discapacidad

La norma aprobada declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dispone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad se sumaron a la movilización de jubilados frente al Congreso.

El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde será tratado hoy jueves 10 de julio de 2025.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

Podrán ser titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social las personas con discapacidad que cumplan con los siguientes requisitos:

La Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio garantizado al que hace referencia la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, y se actualiza de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

¿Qué contempla la ley 24.901 como prestaciones básicas?

Esta ley nacional, sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año, contempla: acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles a las personas con discapacidad una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Con información de agencias y Chequeado

IG

El domingo 23 de marzo venció la moratoria que permitía a personas en edad jubilatoria “comprar” los años de aporte necesarios para acceder a una jubilación, y el Gobierno ya manifestó públicamente que no la prorrogará ni abrirá una nueva. Así, cada año alrededor de 200.000 argentinos y argentinas no podrán jubilarse, el 70% mujeres. Con facultades extraordinarias en materia previsional hasta diciembre de 2025, expertos alertan que el Ejecutivo podría avanzar en más reformas estructurales por decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso.

Según el análisis del informe sobre Densidad de aportes al sistema previsional elaborado por Anses, dentro de la cohorte de varones que cumplió 64 años en 2024 (187.044 personas), solo el 42% accederá a una jubilación por contar con aportes completos. En el caso de las mujeres que cumplieron 59 años (216.022 personas), el panorama es aún más complejo: apenas el 17% tendrá derecho a una jubilación contributiva este año.

“Es una reforma previsional de hecho”, sentencia Víctor, miembro de Jubilados Insurgentes, en diálogo con elDiarioAR. Victor tiene 72 años y trabaja desde los doce en talleres, como cadete, e incluso en fábricas donde sus empleadores no le derivaron los aportes y no logró cumplir los 30 años necesarios a sus 65. Como se jubiló en 2018, cuando Mauricio Macri ya había creado la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y restringió las moratorias previsionales solo a mujeres vía la reforma previsional, no pudo acceder al derecho a jubilarse. 

En marzo, cobró una PUAM de $293.297 ($223.297 más un bono de $70.000) y calcula –dice que no está seguro, que entra la plata y la gasta y no cuenta mucho sus ingresos– que contó con unos $300.000 más por su trabajo como vendedor ambulante. “Debo vivir con $600.000 por mes. Por suerte tengo mi casa y estoy bien de salud, tengo algún problema de próstata, pero cualquier estudio que me hago me desbalancea todo el mes”, agrega y remata: “Es una catástrofe para los trabajadores. Se los quiero advertir, muchos van a tener que trabajar hasta que te den los huesos, como yo”.

Certificado de pobreza

El impacto de la primera moratoria previsional, entre 2003 y 2010, derivó en que la cantidad de jubilaciones y pensiones del sistema nacional pasara de 3,2 millones a 5,6 millones. Posteriormente, se implementaron tres moratorias adicionales en 2014, 2019 y 2023, esta última con vencimiento el 23 de marzo

Caído el régimen vigente, la alternativa para los adultos mayores que no cuenten con los 30 años de aportes requeridos será aplicar al cobro de la PUAM –creada en 2016 por la Ley 27.260–,  que representa un 80% del haber mínimo. 

Una de las críticas que analistas previsionales le hacen a la PUAM, tiene que ver con los requisitos socioeconómicos y patrimoniales para su acceso. “Tuve que presentar un certificado de pobreza”, recuerda Víctor. Los aspirantes no deben tener ingresos brutos anuales mayores a $3,5 millones; gastos que no deben superar en más del 30% de ese monto, y vehículos de un valor 1,5 veces mayor que el ingreso permitido.

Además, la PUAM “es un beneficio asistencial, no da derecho a pensión”, asegura el abogado previsional Facundo Fernández Pastor en diálogo con este diario. A diferencia de otras asignaciones sociales, “si una mujer cobra una PUAM y fallece su esposo que cobraba jubilación o pensión, tiene que elegir entre la PUAM y la pensión. Si fallece ella, la PUAM se termina”. 

El investigador principal del CIPPEC Rafael Rofman celebra esta herramienta pero asegura que es insuficiente porque no reconoce aportes. La PUAM no es contributiva, con lo cual una persona con 29 años de aportes tendrá el mismo beneficio que quien no hizo ninguna contribución al sistema previsional. 

Finalmente,  y al ser una opción que recién se habilita a los 65 años, retrasa cinco años la edad de retiro de las mujeres (60 años).

En respuesta a una consulta por este diario, en Anses aseguraron que los turnos que sacados hasta el 23 de marzo guardan el derecho a la moratoria, aunque sean para luego de esa fecha.

Otro golpe para las mujeres

El impacto es doble para las mujeres: por el aumento de hecho de la edad jubilatoria y porque solo el 23% de las mujeres que hoy tienen 60 años tiene más de 25 años de aporte, según el cuarto informe de “La cocina de los cuidados”, difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según una encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo realizada por el Indec en 2021 (último dato disponible) la mayor carga de trabajo doméstico no pago recae sobre las mujeres, 90% versus 68% por ciento de los hombres; lo que reduce la posibilidad de sumar años de aporte. Si bien Anses mantiene el programa de Reconocimiento Previsional del Cuidado que otorga un año de aporte por hijo o hija, “carece de sentido si no empalma con una moratoria. El faltante de años de aporte es muy superior a la cantidad de años a computar por hijo, es decir que la vigencia de esta política sola no permitirá jubilarse a nadie”, asegura el informe del CELS.

El verdadero impacto

“La política previsional representa una de las más relevantes políticas públicas de Argentina, tanto por los recursos que gestiona (alrededor del 10% del PIB) como por el número de ciudadanos impactados por el mismo”, asegura la Propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino que elaboraron Rofman y Manuel Mera para CIPPEC y da un primer acercamiento de la obsesión de los sucesivos gobiernos con los y las jubiladas.

La eliminación de la moratoria previsional no solo dejará a cientos de miles de personas sin acceso a una jubilación, sino que también se enmarca en un contexto de reformas económicas que podrían modificar profundamente el sistema previsional argentino.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI, un porcentaje significativo en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto refuerza la hipótesis de que su eliminación responde, en parte, a la necesidad de reducir el gasto público.

Además, con la firma del DNU 70/23, el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades extraordinarias en materia previsional hasta diciembre de 2025, lo que abre la posibilidad de profundizar esta reforma sin necesidad de aprobación legislativa. 

Entre las medidas que podrían implementarse, el abogado previsional Facundo Fernández Pastor alerta sobre la posible reducción de la tasa de sustitución, la quita de regímenes especiales (uno de los más significativos son los  beneficios jubilatorios docentes, que representan alrededor del 50%o del gasto total de estos regímenes de excepción); y finalmente volver a incorporar un sistema de capitalización.

La tasa de sustitución es el porcentaje del último salario que un trabajador percibe como jubilación. En Argentina, actualmente ronda el 60%, pero Fernández Pastor advierte que no es suficiente para implantar un sistema de capitalización, que sería el verdadero objetivo. “En Chile, la tasa de sustitución es del 18%, en Perú y Colombia del 20% y en México del 22%. Para avanzar en un modelo de capitalización como el que impulsó Macri en su gobierno, primero deben reducir la tasa de sustitución, que él ya había llevado al 40%”, explicó.

El futuro del sistema previsional queda así en una zona de incertidumbre. Con el fin de la moratoria, el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres y el posible avance hacia una reducción de los haberes previsionales, Argentina podría estar transitando un cambio estructural que altere por completo la lógica de su sistema de seguridad social.

En marzo próximo concluirá la posibilidad de acceder a una jubilación mediante el beneficio de una moratoria, por lo que se teme que la mayoría de la población no podrá acceder a ese beneficio a futuro, en medio de un sistema previsional en crisis. Hasta ahora, nueve de cada 10 nuevas jubilaciones se otorgaron por la moratoria, y como ese beneficio vencerá en marzo de 2025 y no será prorrogado, a partir de esa fecha muy pocos podrán jubilarse, alertan expertos en el sistema previsional.

El trabajo en negro, que superaría el 30%, y la inestabilidad laboral en las últimas décadas explicaría las dificultades de la población para acceder a un haber previsional. En un año, aumentó en 260.349 el padrón o la cantidad de jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. De ese total, 230.390 (88,5%) corresponden a los que accedieron por moratoria y 29.959 (11,5%) por el trámite general porque contaban con los años de aportes.

De acuerdo con datos oficiales, las jubilaciones y pensiones ordinarias registran un incremento de 29.959 casos (1%), mientras que los beneficios otorgados por moratoria evidencian un aumento mayor con 230.390 casos más (8%). Este incremento se explica principalmente por un aumento interanual de 234.015 casos de jubilaciones por moratoria (8,2%)“, señala el último Informe de la Seguridad Social con datos a agosto 2024.

Con la derogación de la moratoria previsional (ley 27.705) el próximo 25 de marzo, por la enorme informalidad laboral, la inmensa mayoría de los adultos mayores no podrá acceder al beneficio previsional ordinario. Y en adelante solo podrán acceder a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) a los 65 años, (tanto varones como mujeres) con el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez, al margen de los años efectivamente aportados, y si demuestran encontrarse en situación de vulnerabilidad social.

De esta manera, en lugar de los 60 años, para las mujeres que no tienen los 30 años de aportes representa un alargue de la edad jubilatoria con el agravante de que accederían a un beneficio menor (80% del haber mínimo) y si integran un hogar vulnerable.

El valor de la PUAM en diciembre es de $ 277.679 ($ 207.679 más los $ 70.000 del bono). Del padrón total del Sistema SIPA/ANSeS 6.045.774, los que accedieron por moratoria suman 3.107.665 y por el beneficio ordinario 2.938.109.

La informalidad laboral

Expertos señalan que la crisis del sistema de jubilaciones y pensiones va más allá de lo previsional y se alimenta de la enorme informalidad laboral que abarca al 40% de la fuerza de trabajo ocupada. Esa informalidad es responsabilidad primaria de los empleadores y del Estado que no fiscalizó ni fiscaliza la registración laboral.

El Informe de Seguridad Social señala que el haber medio de los haberes sin apelar a la moratoria fue en septiembre 2024 de $ 507.540 y con moratoria de $ 294.240, un 57% del haber medio sin moratoria. Este porcentaje se reduce por el descuento de la cuota de moratoria que puede alcanzar hasta 120 meses.

En agosto de 2024, las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzan a 1,9 millones de beneficiarios. De éstos, 1,2 millones de personas se encuentran cubiertas por una PNC por invalidez, 271.714 son beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y 271.347 reciben una PNC por Madre de 7 o más hijos.

Además, hay 87.388 personas que reciben una Pensión por Ex Combatientes, una Pensión Graciable del Congreso de la Nación o una Pensión por Leyes Especiales, agrupadas dentro de la categoría “Otras”.

El 18 de octubre, el Gobierno anunció que no habrá prórroga de la moratoria previsional que vence en marzo del 2025: el 73,5% de las personas que acceden a una jubilación gracias a la moratoria son mujeres.

Con información de la agencia NA

La recaudación tributaria creció por segundo mes en los 12 que lleva Javier Milei como presidente. La primera vez fue en mayo, por la restauración del impuesto a las ganancias a los empleados que más cobran y la suba del PAÍS en el inicio de su gestión. En noviembre, la recolección subió en noviembre último 178%, más que la inflación calculada en 172% interanual por consultoras como C&T Asesores Económicos. Es decir, se trata de un aumento real de los ingresos del Estado, un motivo para festejar más allá de que Milei sea antiimpuestos y anti-Estado. Pero no es una señal de que la economía empiece a repunta, y eso lo demuestra la caída de los ingresos por IVA, sino del éxito del blanqueo de capitales y de la restitución de Ganancias. En los primeros 11 meses de 2024, la recaudación subió 219%, bien por encima de la inflación prevista, del 118% anual, según C&T, en parte por la amnistía tributaria y por el incremento del impuesto PAÍS, después revertido.

El blanqueo, que finaliza en marzo próximo pero cerró su primera y principal etapa en noviembre, influyó en la recaudación del mes pasado: se recaudaron por el impuesto especial $97.456 millones. En total, el Estado ingresó $13 billones. Además impactó la moratoria impositiva y previsional, con $ $287.061 millones. Así lo informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que encabeza Florencia Misrahi.

La recaudación del IVA, reflejo del consumo, se elevó sólo 156%, por debajo de la inflación, es decir, cayó en términos reales. Ganancias, por la restauración del gravamen a los trabajadores que más cobran se elevó 187%. El impuesto a los débitos y créditos creció 162%, menos que el índice de precios al consumidor (IPC). Los aportes a la Seguridad Social, 189%, por encima del IPC, gracias a la moratoria, no por un repunte del empleo. Las retenciones aportaron 482% más, entre la normalización de la cosecha tras la sequía de 2023 y el apuro de los productores agrícolas por liquidar ante el descenso del dólar paralelo.

Además, los aranceles a la importación, que Milei está abriendo, subieron 163%, por debajo del IPC, como muestra de una economía que aún no repunta. Bienes Personales apenas creció 37% como evidencia de la rebaja del impuesto a los más ricos, la única que hizo Milei en su primer año de gobierno, votada también por la oposición dialoguista. El impuesto PAÍS, que el presidente redujo en septiembre, mejora sólo 97%. Por último, el impuesto a los combustibles, que este gobierno elevó después de las postergaciones que hizo el anterior pese a lo establecido por ley, recaudó 632% más.

Para un gobierno que llegó con la bandera de “menos impuestos y menos Estado” resulta curioso que la recaudación despegue gracias a blanqueos, moratorias y el regreso de tributos que juraban enterrar. Al final, parece que los ideales libertarios no pagan las cuentas; los viejos trucos fiscales, sí. Una paradoja más en el arte de gobernar lo que se pretende destruir.

AR/JJD

El Gobierno confirmó que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo del 2025. Este programa le permite acceder a la jubilación a aquellas personas que tienen la edad reglamentaria (o están cerca de cumplirla), pero no tienen los 30 años de aportes que exige la ley. Es una situación que alcanza a gran parte del universo de los trabajadores, especialmente a las mujeres.

El titular del Anses, Mariano de los Heros, informó anoche ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que el Poder Ejecutivo no tenía previsto extender ese programa. “La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”, dijo de los Heros ante una consulta de la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada.

El funcionario señaló que la “la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM”. “O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima”.

Al tratarse la ley Bases y a pedido de algunos bloques dialoguistas se eliminó el articulo que derogaba la moratoria previsional y se establecía una renta proporcional de acuerdo a la cantidad de aportes que habían acumulado en su vida laboral.

La ley de moratoria sancionada el 28 de febrero del 2023 permite acceder a la jubilación a ese universo de 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria –60 años para las mujeres, 65 para los varones– que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado. Junto con su haber jubilatorio, pueden ir saldando el plazo adeudado.

Hoy las moratorias son la gran puerta de entrada de los mayores al derecho de la jubilación. De los 5 millones de jubilados del sistema nacional, 3,3 entraron por esta vía; el 66%. El sistema de moratorias se inició en 2006 y busca dar respuesta a un desafío que es estructural: la alta informalidad del empleo, que hace que apenas un 20% de la población llega a la edad jubilatoria con los aportes completos, aun si trabajó toda la vida.  

El Plan de Pago de Deuda Previsional al que se refirió de los Heros habilita la regularización de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre del año 2008 y, según cálculos iniciales de la Anses, preveía la inclusión al sistema de alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en un plazo de dos años, el 60% mujeres. 

MT

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó este miércoles el procedimiento para adherir al Régimen de Regularización de Activos que permitirá a los residentes y no residentes regularizar activos sin límite de monto sin costo alguno.

La medida está contemplada en la Ley 27.743 bautizada “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” y que mediante la Resolución General Nº 5528 publicada en el Boletín Oficial detalla que el dinero negro ingresado en el sistema financiero deberá quedar hasta el 31 de diciembre de 2025 o se inviertan en destinos autorizados.

Además, quienes regularicen bienes o tenencias por hasta US$100.000 estarán exentos del pago de impuestos. La normativa también facilita la adhesión de personas que perdieron su residencia fiscal antes del 31 de diciembre de 2023, quienes podrán recuperar su residencia a partir del 1° de enero de 2024.

El régimen establece tres etapas con alícuotas decrecientes: hasta el 30 de septiembre de 2024 con una alícuota del 5%, hasta el 31 de diciembre de 2024 al 10%, y hasta el 31 de marzo de 2025 al 15%.

Los bienes a blanquear deben estar en posesión del contribuyente al 31 de diciembre de 2023 y acreditarse en la declaración jurada correspondiente.

 El dinero en efectivo debe ser depositado en una cuenta especial de Regularización de Activos para evitar el pago de impuestos y debe regularizarse antes del 30 de septiembre de 2024.

Otros beneficios del blanqueo incluyen la exención de acciones civiles y penales por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas, y la posibilidad de adelantar el pago de Bienes Personales de 2023 a 2027 con una alícuota de 0,45% anual.

Claves

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el procedimiento para adherir al Régimen de Regularización de Activos, contemplado en la Ley 27.743 “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, mediante la Resolución General Nº 5528 publicada hoy en el BO. Esta medida está dirigida tanto a los residentes en el país como a todos los argentinos que mudaron su residencia fiscal a otro país, y hoy pueden decidir su regreso al amparo de este proceso.

Es posible regularizar cualquier monto sin costo, si se mantiene el dinero en el sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien se lo invierte en algunas de las colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía. Tampoco estarán sujetas al pago de impuestos quienes regularicen cualquier clase de bienes o tenencias por un valor de hasta US$100.000.

Es importante destacar que cuanto antes se ingrese al régimen, menor será la alícuota a abonar. Las alícuotas se dividen en 3 etapas:

Una novedad es que pueden adherir al régimen las personas humanas que hayan perdido la residencia fiscal antes del 31 de diciembre de 2023. Al adherirse al blanqueo, estas personas adquirirán nuevamente la residencia a partir del 1° de enero de 2024.

La norma también reglamenta la posibilidad de adelantar el pago de Bienes Personales de 2023 a 2027 con una alícuota de 0,45% por año, lo que beneficia al contribuyente al quedar exento de presentar la declaración jurada hasta 2028 y al lograr estabilidad fiscal (no se podrán cobrar mayores alícuotas durante ese periodo sobre su patrimonio).

Los requisitos, formas, condiciones y exclusiones de la adhesión se encuentran disponibles en el micrositio www.afip.gob.ar/nuevopactofiscal. Será posible ingresar a la exteriorización desde hoy hasta el vencimiento de cada etapa.

Para facilitar la exteriorización, se ha previsto que se manifieste la adhesión al régimen abonando el 75% del impuesto que corresponde según los bienes a incluir, y luego (hay un mes adicional después de cada etapa) el contribuyente presentará la declaración jurada con el detalle de dichos bienes y abonará el 25 % restante.

Los bienes que pueden exteriorizarse son aquellos en poder del contribuyente (titularidad, posesión, tenencia o guarda) al 31/12/2023, lo cual se acreditará en la declaración jurada adjuntando las constancias de la tenencia y valuación de los mismos a dicha fecha.

En el caso de exteriorizar dinero en efectivo, el mismo deberá depositarse en una Cuenta Especial de Regularización de Activos, y mientras se mantengan en la misma no pagarán el impuesto. Sin embargo, los fondos que no sean transferidos a dichas cuentas tributarán. El dinero en efectivo debe regularizarse dentro de la primera etapa, hasta el 30 de septiembre de 2024.

Otro aspecto novedoso, resulta que en el caso de detectar bienes que no fueron exteriorizados, se privará al contribuyente de los beneficios del blanqueo únicamente para ese bien.

Otros beneficios:

 Beneficios a cumplidores: La normativa prevé una reducción de 0,5% de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales para los períodos 2023, 2024 y 2025 para aquellos contribuyentes que hayan cumplido con sus declaraciones y pagos en 2020, 2021 y 2022.

Detalles y requisitos del régimen

Sujetos alcanzados

Quiénes pueden adherir al régimen

Los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la AFIP podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las multas y sanciones firmes originadas en infracciones cometidas hasta dicha fecha, relacionadas o no con las mencionadas obligaciones, así como los intereses resarcitorios y punitorios.

Excluidos

No podrán adherir al régimen de regularización de obligaciones:

Tipos de contribuyentes

A efectos de la adhesión al régimen de regularización mediante planes de pago, los contribuyentes se dividirán en:

Obligaciones

Qué conceptos pueden incluirse

Se pueden incluir obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la AFIP, vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con esas obligaciones.

Quedan alcanzadas en lo expresado en el párrafo anterior:

Exclusiones

No se podrán incluir en el régimen de regularización:

Adhesión al régimen

Pasos para acceder a los beneficios

El acogimiento podrá formularse desde el 17 de julio y hasta el 13 de diciembre de 2024, ambos inclusive.

Requisitos

Los requisitos para adherir al régimen de regularización son:

Solicitud de adhesión

Las modalidades de adhesión al régimen son:

A fin de adherir a los planes de facilidades de pago, se debe:

El sistema “Mis facilidades” estará disponible en las fechas que se detallan a continuación para cada caso:

Condonación de intereses y multas

Beneficio para quienes se acojan al régimen

El beneficio de condonación de intereses resarcitorios y punitorios procederá en la medida que los mismos se regularicen en el presente régimen.

Por su parte, en los casos en que el tributo o capital original hubiera sido cancelado con posterioridad al 31 de marzo de 2024 y con anterioridad al 9 de julio de 2024, fecha de entrada en vigencia del Título I de la Ley N° 27.743, el beneficio de condonación solo alcanzará a aquellos intereses que se calculen sobre los intereses capitalizados, siempre que ambos -intereses transformados en capital y sus correspondientes resarcitorios- se regularicen en el marco de este régimen.

El porcentaje de la condonación se determinará según la forma de pago elegida y la fecha de en que se produzca la adhesión respecto del día de entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley N° 27.743:

Asimismo, la condonación resultará aplicable a los intereses transformados en capital, cuando el tributo o capital original haya sido cancelado hasta la fecha indicada en el párrafo precedente, siempre que el mismo se encuentre contemplado entre las obligaciones comprendidas en este régimen.

Quedan incluidos en la condonación mencionada en el último párrafo los intereses incorporados en planes de pago, relacionados con anticipos y pagos a cuenta cancelados antes del 31 de marzo de 2024. El beneficio también aplica cuando los anticipos o pagos a cuenta dejaron de ser exigibles a raíz de las declaraciones juradas presentadas con anterioridad al 9 de julio de 2024, fecha de entrada en vigencia del Título I de la Ley N° 27.743, o por las rectificativas que deban presentarse en virtud del mismo.

Formas de pago

Quienes regularicen sus obligaciones mediante pago al contado o mediante un plan de pago de hasta 3 cuotas, gozarán de mayores beneficios en cuanto a la condonación de intereses.

Los contribuyentes o responsables deberán acceder con clave fiscal al sistema “Mis Facilidades”, opción “Regularización Excepcional - Ley N° 27.743” y considerar, en sus aspectos pertinentes, el procedimiento de adhesión.

Asimismo, deberán consolidar la deuda y generar el VEP que tendrá validez hasta la hora 24 del día de su generación y cuyo pago se concretará únicamente por transferencia electrónica de fondos.

El pago al contado o mediante plan de facilidades de pagos de las obligaciones que se pretendan adherir al régimen son las únicas formas aceptadas. No se permite regularizar mediante compensaciones.

La cantidad máxima de cuotas dependerá del tipo de contribuyente y se abonan mediante débito directo en cuenta, con la CBU informada.

Tipo de contribuyente:

Fórmulas

Tasa de interés aplicable

La tasa de interés mensual de financiación será variable y se determinará en función del tipo de contribuyente al momento de la adhesión al régimen:

Para las cuotas con vencimiento hasta el mes de diciembre de 2025, inclusive, la tasa de cartera general a considerar será la correspondiente a la del día 20 del mes inmediato anterior al inicio de cada trimestre calendario (enero/marzo, abril/junio, julio/septiembre y octubre/diciembre).

Por su parte, para las cuotas con vencimiento en el mes de enero de 2026 y siguientes, la tasa de cartera general a considerar será la correspondiente a la del día 20 del mes inmediato anterior al inicio de cada semestre calendario (enero/junio y julio/diciembre).

Pago a cuenta

Se deberá abonar un pago a cuenta, que se calcula sobre el total de la deuda consolidada y su porcentaje varía de acuerdo con el tipo de contribuyente.

Tipo de contribuyente

En su caso, a dicho pago a cuenta se le adicionará el importe de capital de los anticipos, de los pagos a cuenta del impuesto a las ganancias establecidos en las Resoluciones Generales Nº 5.391, 5.424 y 5.453 y del monto adeudado por el impuesto al valor agregado por importaciones de servicios.

De tratarse de planes de facilidades comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 6 de la Ley 27.743, de corresponder el ingreso de un pago a cuenta, el mismo se encontrará conformado únicamente por los conceptos a que se refiere el párrafo anterior.

El monto mínimo del pago a cuenta será de $ 2.000.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los beneficios de la adhesión al régimen de regularización?

La adhesión al presente régimen de regularización excepcional, siempre que se cumplan la totalidad de los requisitos y las condiciones que se establecen en esta resolución general, permitirá al contribuyente o responsable:

La cancelación de las obligaciones incluidas producirá la extinción de la acción penal, en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación, respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8, 9, 10, 11 y 15, inciso c) de la Ley N° 27.430, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad.

El régimen también contempla el beneficio de condonación de intereses y multas.

La anulación o el rechazo de la adhesión al régimen, así como la caducidad del plan de facilidades de pago determinará la pérdida de los beneficios. En el caso de rechazo del plan, el decaimiento de los beneficios surtirá efecto a partir de la notificación de la respectiva resolución.

¿Cuáles son los efectos de la adhesión al régimen con respecto a las obligaciones incluidas en la regularización?

La adhesión al régimen implica la renuncia a iniciar acciones de reintegro y/o repetición por las obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social regularizadas (incluye los intereses resarcitorios y punitorios no condonados).

No podrán iniciarse acciones de repetición basadas en las disposiciones del presente régimen que hayan consagrado condonaciones de obligaciones tributarias, aduaneras o de los recursos de la seguridad social (sus intereses, pagos a cuenta, anticipos, etc.) en favor del propio contribuyente o del tercero.

Implicará para el sujeto interesado el reconocimiento de la deuda incluida en el mismo y la interrupción de la prescripción respecto de las acciones y los poderes del Fisco para determinar y exigir la obligación de que se trate y sus accesorios, así como para aplicar y exigir las multas correspondientes, aun cuando la adhesión resulte rechazada o se produzca la ulterior caducidad de los planes de facilidades de pago. Idéntico efecto producirá el pago de cada una de las cuotas del plan respecto del saldo pendiente.

¿Se pueden rehabilitar los beneficios otorgados por regímenes promocionales?

El decaimiento de los beneficios acordados por los regímenes promocionales que conceden beneficios fiscales no podrá ser rehabilitados con sustento en el acogimiento del contribuyente o responsable al presente régimen.

¿Cuándo se produce la suspensión de las acciones penales y la interrupción de la prescripción?

El acogimiento al presente régimen producirá, desde ese mismo día, la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

El rechazo de la adhesión al régimen por incumplimiento de los requisitos fijados a tal efecto o su anulación sin que medie un nuevo acogimiento producirá la reanudación o la promoción de las acciones penales y el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal tributaria, aduanera y de los recursos de la seguridad social.

Cuando opere la caducidad de los planes de facilidades de pago del presente régimen, se reanudará la acción penal o promoverá la denuncia penal que corresponda y el nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido la misma.

¿Qué sucede ante la caducidad del plan de facilidades?

La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera o de la seguridad social, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la AFIP de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a la respectiva denuncia. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria, aduanera o de la seguridad social, a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido la misma.

Cuando se trate de deudas en ejecución fiscal, se iniciará una nueva ejecución por el saldo adeudado del respectivo plan de facilidades.

¿Cuándo se produce la extinción de las acciones penales?

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen — de contado o mediante plan de facilidades de pago— producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación, respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15, inciso c) de la Ley N° 27.430, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen.

También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad al 9 de julio de 2024, en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha.

Asimismo, la AFIP queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad al 9 de julio de 2024. En el caso de las infracciones previstas en el Código Aduanero, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los tributos a la importación o exportación -excluidos los pagos a cuenta y percepciones cuya recaudación se encuentra a cargo del servicio aduanero- producirá la extinción de la acción penal aduanera cuando se trate de multas cuyo monto se determine en función de tales tributos.

No quedará registrado el antecedente en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha del acogimiento al régimen.

¿Qué ocurre con la acción penal respecto de obligaciones canceladas antes del 9 de julio de 2024?

Quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad al 9 de julio de 2024, en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Asimismo, la AFIP queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad al 9 de julio de 2024.

¿Qué sucede en el caso de las infracciones previstas en el Código Aduanero?

En el caso de las infracciones previstas en el Código Aduanero, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los tributos a la importación o exportación -excluidos los pagos a cuenta y percepciones cuya recaudación se encuentra a cargo del servicio aduanero- producirá la extinción de la acción penal aduanera cuando se trate de multas cuyo monto se determine en función de tales tributos. No quedará registrado el antecedente en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha del acogimiento al régimen.

En el caso de las infracciones previstas en el Código Aduanero -excepto la infracción de contrabando menor- cuyo monto no se determine en función de los tributos a la importación o a la exportación, la cancelación de la multa mínima establecida para aquellas infracciones producirá la extinción de la acción penal aduanera. No quedará registrado el antecedente en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento al presente régimen.

¿Cuál es el efecto de adherir al régimen por deudas en discusión administrativa, contencioso – administrativa o judicial?

En caso que los contribuyentes y/o responsables adhieran al régimen de regularización excepcional por deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, deberán allanarse y/o desistir incondicionalmente de las acciones, los reclamos y recursos en trámite, con anterioridad a la fecha de adhesión, así como renunciar a toda acción y derecho -incluso el de repetición-, por los conceptos y montos por los que se formule la adhesión, asumiendo el pago de las costas y los gastos causídicos.

A tal efecto, deberán presentar el formulario de declaración jurada N° 408/PD, a través del servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Presentación F. 408 - Allanamiento o Desistimiento”.

La AFIP comunicará al interesado la recepción del mencionado formulario, para su posterior presentación ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa.

Cuando la solicitud de adhesión resulte anulada o se declare el rechazo o la caducidad del plan de facilidades de pago por cualquier causa, se iniciarán las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión. En los casos en que los únicos conceptos reclamados respondan a aquellos que resulten condonados, el representante fiscal o el juez administrativo interviniente, según corresponda, solicitará el archivo de las actuaciones labradas para su aplicación.

¿Cuál es el efecto de adherir al régimen por deudas en ejecución fiscal?

Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen, firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal y una vez regularizada en su totalidad la deuda (incluidos honorarios y costas del juicio), la AFIP podrá solicitar al juez el archivo de las actuaciones.

Para el caso que la solicitud de adhesión resulte anulada, o se declare el rechazo del plan de facilidades, se proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente. De producirse la caducidad del plan de facilidades, se iniciará una nueva ejecución por el saldo adeudado del citado plan.

¿Qué sucede con las medidas cautelares trabadas, en caso de adhesión al régimen por deudas en ejecución fiscal?

Cuando se trate de deudas en ejecución fiscal por las que se hubiera trabado embargo sobre fondos o valores de cualquier naturaleza o sobre cuentas a cobrar, así como cuando se hubiera efectivizado la intervención judicial de caja, una vez acreditado el acogimiento al régimen por la deuda reclamada, la dependencia interviniente de la AFIP arbitrará los medios para que se produzca el levantamiento de la respectiva medida cautelar, sin transferencia de las sumas efectivamente incautadas, las que quedarán a disposición del contribuyente.

En el supuesto de que el embargo se hubiera trabado sobre depósitos a plazo fijo, el levantamiento se comunicará una vez producido su vencimiento. De tratarse de una medida cautelar que se hubiera efectivizado sobre fondos o valores depositados en cajas de seguridad, el levantamiento deberá disponerlo el juez que la hubiera decretado.

La falta de ingreso del total de los honorarios o de la primera cuota del plan de facilidades de pago correspondiente a los mismos, no obstará al levantamiento de las medidas cautelares, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas para adherir al régimen. El levantamiento de los embargos alcanzará únicamente a las deudas incluidas en la regularización.

El mismo criterio se aplicará respecto del levantamiento de las restantes medidas cautelares, el que deberá solicitarse con carácter previo al archivo judicial. Los montos de capital embargados generarán la condonación de intereses sólo en la medida en que la transferencia a las cuentas recaudadoras o dación en pago se haya realizado hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive.

¿Cuál es el tratamiento de los honorarios de los representantes del fisco en causas por obligaciones adheridas al régimen de regularización?

A los fines de la aplicación de los honorarios correspondientes a deudas comprendidas que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como aquellas en ejecución fiscal, se observarán los siguientes criterios:

¿Cuál es el tratamiento de las costas del juicio en causas por obligaciones adheridas al régimen de regularización?

El ingreso de las costas -excluidos los honorarios provenientes de la existencia de deudas que se encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como en juicios de ejecución fiscal-, se realizará en los plazos que se indican a continuación:

En ambos supuestos, su ingreso deberá ser informado dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos de haberse producido, mediante el servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Ejecuciones fiscales - Presentaciones y comunicaciones varias”.

¿Cómo se pueden abonar los honorarios de los representantes del fisco en causas por obligaciones adheridas al régimen de regularización?

La cancelación de los honorarios podrá concretarse mediante pago al contado o a través de un plan de facilidades de pago de hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, las que no devengarán intereses y su importe mínimo será de $ 2.000.

La solicitud del plan de facilidades deberá realizarse mediante el servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Ejecuciones fiscales - Plan de pagos de honorarios”.

El ingreso de la primera cuota de los honorarios deberá efectuarse según se indica a continuación:

En ambos supuestos, su ingreso deberá ser informado, mediante el mencionado trámite de “Presentaciones Digitales”, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos de haberse producido.

Las restantes cuotas vencerán el día 20 de cada mes a partir del primer mes inmediato siguiente al del vencimiento de la primera.

El ingreso de los honorarios deberá efectuarse atendiendo a la forma y las condiciones establecidas por la Resolución General N° 2.752.

Estimaciones de honorarios

En el caso de las ejecuciones fiscales, se reputarán firmes las estimaciones administrativas o regulaciones judiciales de honorarios no impugnadas judicialmente por el contribuyente o responsable dentro de los 5 días hábiles administrativos siguientes a su notificación.

En los demás tipos de juicios, la regulación de honorarios se considerará firme cuando se encuentre consentida en forma expresa o implícita por el sujeto, en cualquier instancia, o bien, ratificada por sentencia de un tribunal superior que agote las vías recursivas disponibles.

Caducidad del plan de pagos

La caducidad del plan de facilidades de pago de honorarios operará cuando se produzca la falta de pago de cualquiera de las cuotas a los 30 días corridos de su vencimiento, en cuyo caso procederá el reclamo judicial del saldo impago a la fecha de aquella, con más los intereses correspondientes.

¿Qué sucede ante la falta de cancelación de honorarios o costas provenientes de la existencia de deudas que se encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como en juicios de ejecución fiscal?

Cuando el deudor no abonare los honorarios y/o las costas en los plazos, las formas y demás condiciones que se establecen en la presente, se iniciarán las acciones destinadas a su cobro de acuerdo con la normativa vigente.

Con información de agencias.

IG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó este martes la moratoria para los deudores de contribuciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, mediante la Resolución General 5525/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El organismo determinó el alcance, con las disposiciones y requisitos a cumplir para adherir al Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social, entre los que están los conceptos y sujetos excluidos, las modalidades de adhesión y los planes de facilidades de pago.

La normativa establece que podrán regularizarse en el nuevo régimen las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, las multas y demás sanciones firmes originadas en infracciones cometidas hasta dicha fecha, relacionadas o no con esas obligaciones, así como los intereses resarcitorios y/o punitorios.

Además, estipuló que el plan de pagos podrá confeccionarse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación y hasta transcurridos 150 días corridos desde dicha fecha, inclusive, previendo hasta 84 cuotas para monotributistas y pequeñas empresas. Mientras que dispone que las multas se condonarán al 100%.

Contribuyentes habilitados para adherir al régimen

Conceptos y sujetos excluidos del régimen

Requisitos

Los planes de facilidades de pago se encuentran agrupados de dos formas:

En este sentido, las personas que abonen su deuda al contado en los primeros 30 días o en tres cuotas tendrán una reducción del 70% de los intereses, y los que abonen entre antes de los dos meses con el mismo sistema tendrán una disminución del 60% de intereses y los que lo hagan hasta tres meses contarán con una baja del 50% de los intereses.

De esta manera, los pequeños contribuyentes podrán pagar un 20% y el resto en 60 cuotas mensuales, mientras que las entidades sin fines de lucro deberán pagar un 15% y el resto en 84 cuotas mensuales.

Las empresas medianas, en tanto deberán realizar un pago a cuenta equivalente al 20% de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, mientras que el resto de los contribuyentes deberán pagar un 25% de la deuda y por el saldo hasta en 36 cuotas mensuales.

Los contribuyentes deberán acceder con clave fiscal al sistema “Mis Facilidades” disponible en la web del organismo, opción “Ley N° 27.743 - Regularización Excepcional”. Desde AFIP precisaron que “el importe mínimo del componente capital de cada una de las cuotas será de $2.000” y que “las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria”.

Con información de NA.

IG

El Gobierno logró finalmente en la madrugada del 28 de junio tener sus “herramientas”. La ley Bases y el Paquete Fiscal pudieron convertirse en ley, no sin un final agónico en la definición del tema del Impuesto a las Ganancias en el que finalmente el oficialismo mantuvo su texto y lo reimpuso. Diez días después, quedaron promulgadas en el Boletín Oficial.

Este el texto que, después de muchas idas y vueltas, negociaciones con propios y extraños, legisladores de todos los colores políticos, gobernadores y empresarios, y un arduo trabajo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los titulares de la cámara de Diputados, Martín Menem, y de la de Senadores, Victoria Villarruel, quedó como definitivo del llamado paquete fiscal, que incluye modificaciones en los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, moratorias y blanqueo de capitales.

MEDIDAS FISCALES PALIATIVAS Y RELEVANTES

Ley 27743

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

MEDIDAS FISCALES PALIATIVAS Y RELEVANTES

TÍTULO I

Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social

Disposiciones generales

Artículo 1°- Créase el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social con el fin de lograr el pago voluntario de las obligaciones que en el presente título se detallan.

En este marco, se prevé la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren.

Artículo 2°- Los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.

El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido ciento cincuenta (150) días corridos desde aquella fecha, inclusive.

Artículo 3°- Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior:

a) Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativo (incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.

El allanamiento y/o el desistimiento, según corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso, dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan regularizado a través del presente régimen;

b) Aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables;

c) Aquellas obligaciones que nacieron en el marco de la ley 27.605;

d) Aquellas obligaciones de los agentes de retención y percepción que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo;

e) Las obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, incluidos los planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado o no la correspondiente caducidad a dicha fecha;

f) Toda obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida en el artículo 4° de la presente ley;

g) Las multas por infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, que no se determinen en función de los tributos a la importación o a la exportación, excepto la infracción de contrabando menor.

Artículo 4°- Quedan excluidos de lo dispuesto por el presente régimen:

a) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales;

b) Las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART);

c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y/o el personal de casas particulares;

d) Las cotizaciones correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS);

e) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio;

f) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE);

g) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al artículo 488, Régimen de Equipaje del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones;

h) Los intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes;

i) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

j) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

k) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

l) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados -con condena confirmada en segunda instancia- con fundamento en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

m) Los agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, y/o en los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 y sus modificatorias y/o en los artículos 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones.

Artículo 5°- El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen.

También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen.

En el caso de las infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los tributos a la importación o exportación -excluidos los pagos a cuenta y/o percepciones cuya recaudación se encuentra a cargo del servicio aduanero- producirá la extinción de la acción penal aduanera cuando se trate de multas cuyo monto se determine en función de tales tributos, no quedando registrado el antecedente, en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha del acogimiento al régimen.

En el caso de las infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones -excepto la infracción de contrabando menor- cuyo monto no se determine en función de los tributos a la importación o a la exportación, la cancelación de la multa mínima establecida para aquellas infracciones producirá la extinción de la acción penal aduanera no quedando registrado el antecedente, en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento al presente régimen.

En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contribuciones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados.

El pago al contado o mediante plan de facilidades de pagos de las obligaciones que se pretendan adherir al presente régimen son las únicas formas aceptadas, no permitiéndose regularizar mediante compensaciones.

La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera o de la seguridad social, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a la respectiva denuncia. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera y/o de la seguridad social.

Artículo 6°- Se establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al presente régimen, los siguientes beneficios, según la fecha de adhesión y la forma de pago elegida:

a) Adhesión al presente régimen dentro de los primeros treinta (30) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del setenta por ciento (70%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de facilidades de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

b) Adhesión al presente régimen a partir de los treinta y un (31) días corridos y hasta los sesenta (60) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del sesenta por ciento (60%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

c) Adhesión al presente régimen a partir de los sesenta y un (61) días corridos y hasta los noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del cincuenta por ciento (50%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

d) Adhesión al presente régimen dentro de los primeros noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del cuarenta por ciento (40%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

e) Adhesión al presente régimen a partir de los noventa y un (91) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del veinte por ciento (20%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin.

Los casos de regularización de los planes de facilidades de pago a que hace referencia el inciso e) del artículo 3° de la presente ley, en la medida que se encuentren vigentes al 31 de marzo de 2024, tendrán las siguientes condiciones y beneficios:

i. Se mantiene la fecha de consolidación original a todos los efectos.

ii. Los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original serán condonados por el equivalente al treinta por ciento (30%).

iii. Deberán regularizarse, exclusivamente, a través de alguna de las modalidades de cancelación establecidas en los incisos a), b) y c) del primer párrafo de este artículo, en cuyo caso la condonación de intereses establecida para tales supuestos resultará de aplicación para los devengados a partir de la fecha de consolidación original.

La regularización en un plan de facilidades de pago en los términos de los incisos d) y e) del primer párrafo del presente artículo se ajustará a las siguientes condiciones:

I. Las personas humanas (excepto las que califiquen como pequeños contribuyentes en los términos de la Resolución General AFIP N° 5321 y sus modificaciones o la que en el futuro la reemplace, o como Micro y Pequeñas Empresas) ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

II. Las Micro y Pequeñas Empresas (incluidas las personas humanas que califiquen como tal o como pequeños contribuyentes en los términos de la Resolución General AFIP N° 5321 y sus modificaciones) y las entidades sin fines de lucro ingresarán un pago a cuenta equivalente al quince por ciento (15%) de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta ochenta y cuatro (84) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

III. Las Medianas Empresas ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

IV. El resto de los contribuyentes ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 7°- En los casos mencionados en los incisos a), b), c), d) y e) del primer párrafo del artículo 6° se condonará el cien por ciento (100%) de las multas aplicadas. Dicha condonación también aplicará al supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 6° de esta ley.

El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.

De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive.

Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este beneficio de condonación de sanciones no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación sustancial al 31 de marzo de 2024, inclusive, y que se trate de una multa o sanción que no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha.

La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder:

a) La baja de la inscripción del contribuyente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en la ley 26.940 y sus modificaciones;

b) No se considerará que existe reiteración de infracciones cuando habiéndose cometido más de una infracción de la misma naturaleza, sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme respecto de alguna de ellas al momento de la nueva comisión, el contribuyente o responsable se adhiera al presente régimen;

c) La dispensa para la Administración Federal de Ingresos Públicos de iniciar el sumario administrativo que corresponda, respecto de las multas o sanciones que se condonan si, a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen, no se hubiera iniciado.

Los beneficios establecidos en este artículo no resultan aplicables para las obligaciones y los sujetos identificados en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 8°- Serán condonados de pleno derecho la totalidad de los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes a las obligaciones fiscales (incluye anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta) canceladas con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive. Este beneficio de condonación no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación fiscal con anterioridad a la fecha antes mencionada.

Quedan incluidos en esta condonación los intereses resarcitorios y punitorios que hayan sido incorporados a planes de facilidades de pago relacionados con anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta que hayan sido debidamente cancelados antes del 31 de marzo de 2024, inclusive.

Dicho beneficio de condonación también aplica cuando los anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta dejaron o dejan de ser exigibles, respectivamente, en virtud de las presentaciones de las declaraciones juradas de impuestos que se hayan formalizado con anterioridad a la entrada en vigencia de este régimen, o por las declaraciones juradas rectificativas que deban presentarse en virtud de la regularización establecida en el presente título.

Los beneficios establecidos en este artículo no resultan aplicables para las obligaciones y los sujetos identificados en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 9°- A los fines de la aplicación de los honorarios a que se refiere el artículo 98 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, correspondientes a deudas incluidas en el presente régimen, que se encuentren en curso de discusión administrativa (causas en el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (causas en trámite ante el Poder Judicial), incluidas las ejecuciones fiscales, se reducirán en un cincuenta por ciento (50%) si la adhesión al régimen por parte del contribuyente se realiza dentro de los primeros noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 10.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen, firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal y una vez regularizada en su totalidad la deuda conforme lo previsto en el artículo 6°, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez el archivo de las actuaciones.

Para el caso que la solicitud de adhesión resulte anulada, o se declare el rechazo del plan de facilidades por no cumplir las condiciones previstas en este título, la Administración Federal de Ingresos Públicos proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente. De producirse la caducidad del plan de facilidades, iniciará una nueva ejecución por el saldo adeudado del citado plan.

Artículo 11.- No se encuentran sujetos a reintegro o repetición los importes que, con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.

Artículo 12.- Los responsables solidarios mencionados en el artículo 8° de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones fiscales, aduaneras o de la seguridad social correspondientes al deudor principal, en tal carácter de responsables solidarios, podrán adherir al presente régimen.

En dicho supuesto y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudiera realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá la obligación de presentar declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularicen cuando ellas no hubieran sido presentadas por el deudor principal o la obligación de presentar las declaraciones juradas rectificativas.

Artículo 13.- La adhesión al presente régimen por obligaciones fiscales aduaneras implica la novación de esas obligaciones y su conversión a moneda argentina al tipo de cambio comprador conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha del acogimiento al régimen.

Artículo 14.- El decaimiento de los beneficios acordados por los regímenes promocionales que conceden beneficios fiscales no podrán ser rehabilitados con sustento en el acogimiento del contribuyente o responsable al presente régimen.

Artículo 15.- La adhesión al presente régimen implica la renuncia a iniciar acciones de reintegro y/o repetición por las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social regularizadas (incluye los intereses resarcitorios y punitorios no condonados).

No podrán iniciarse acciones de repetición basadas en las disposiciones del presente régimen que hayan consagrado condonaciones de obligaciones tributarias, aduaneras o de los recursos de la seguridad social (sus intereses, pagos a cuentas, anticipos, etc.) en favor del propio contribuyente o del tercero.

Artículo 16.- La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el presente régimen dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de su entrada en vigencia y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de su aplicación.

La reglamentación que se dicte no podrá establecer ninguna restricción o limitación a los contribuyentes o responsables, de ningún tipo, por el hecho de adherir y acogerse al presente régimen. Cualquier incumplimiento de tipo formal por parte del contribuyente o responsable no podrá ser considerado como causal de pérdida de los beneficios otorgados por el presente régimen. El acogimiento al presente régimen no podrá ser considerado como indicio negativo de la calificación del contribuyente o responsable a los efectos de cualquier registro a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 17.- Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto una vez entre en vigencia la reglamentación dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

TÍTULO II

Régimen de Regularización de Activos

Capítulo I

Sujetos alcanzados

Artículo 18.- Sujetos residentes. Podrán adherir al presente Régimen de Regularización de Activos establecido en este título, las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que, según las normas de esa ley, sean considerados residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptas como contribuyentes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 19.- Personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales argentinos. Las personas humanas que hubieran sido residentes fiscales en Argentina antes del 31 de diciembre de 2023 y que, a dicha fecha, hubieran perdido tal condición de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán adherir al presente Régimen de Regularización de Activos como si fueran sujetos residentes en Argentina, en igualdad de derechos y obligaciones que los sujetos residentes indicados en el artículo 18. De ejercerse esta opción, se considerará que estos sujetos han adquirido nuevamente la residencia tributaria en el país a partir del 1° de enero de 2024.

A todos los efectos de este Régimen de Regularización de Activos, no deberán tomarse en cuenta los incrementos patrimoniales y los bienes adquiridos en el exterior por la persona humana luego de la pérdida de su residencia fiscal en Argentina.

La reglamentación establecerá aquellas adaptaciones necesarias a las normas del presente Régimen de Regularización de Activos para su aplicación a este tipo de contribuyentes.

Capítulo II

Plazo

Artículo 20.- Plazo de vigencia. El plazo para adherir al presente Régimen de Regularización de Activos se extenderá hasta el 30 de abril de 2025. El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

Artículo 21.- Manifestación de adhesión. Para adherir al presente Régimen de Regularización de Activos, el contribuyente deberá realizar su adhesión en la forma que indique la reglamentación. Al momento de manifestar su adhesión, no deberá aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen.

La fecha de la manifestación de adhesión del presente artículo definirá la etapa del régimen aplicable a ese contribuyente, según se indica en el artículo 23.

Si un contribuyente regularizara bienes en más de una de las etapas previstas en el artículo 23, se deberá considerar a todos los efectos la etapa en la cual efectuó la última adhesión.

Artículo 22.- Declaración Jurada. En forma posterior a la manifestación de adhesión regulada en el artículo 21, el contribuyente deberá presentar la declaración jurada del Régimen de Regularización de Activos según los plazos que se indican en el artículo 23.

La reglamentación establecerá los requisitos formales de esta declaración jurada, que incluirá la documentación y demás información que deberá ser aportada por el sujeto adherente respecto de los activos incluidos en el presente régimen.

Artículo 23.- Etapas del régimen. El presente régimen estará dividido en tres etapas. La fecha de la manifestación de adhesión del artículo 21 definirá la etapa del régimen aplicable al contribuyente y/o a los bienes regularizados en esa etapa, salvo en el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 21.

Las etapas tendrán la siguiente distribución:

El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar las fechas mencionadas hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

Artículo 24.- Bienes alcanzados. Podrán ser objeto de este régimen de regularización los siguientes bienes:

24.1.- Bienes en Argentina.

a) Moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo de entidades residentes en Argentina;

b) Inmuebles ubicados en Argentina;

c) Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones, derechos o cuotaspartes sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores;

e) Otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores, ubicados en Argentina;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos sea un residente fiscal argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones);

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores, que sean de propiedad de un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), o que recaigan sobre bienes incluidos en otros incisos de este artículo 24.1;

h) Las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares;

i) Otros bienes ubicados en el país susceptibles de valor económico, incluyendo los bienes y/o créditos originados en pólizas de seguro contratadas en el exterior de titularidad de sujetos residentes fiscales en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), o respecto de los cuales dicho sujeto residente en el país sea beneficiario.

24.2.- Bienes en el exterior.

a) Moneda extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo en entidades financieras del exterior;

b) Inmuebles ubicados fuera de Argentina;

c) Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones o derechos no sea considerado un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior;

e) Otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores ubicados fuera de Argentina;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente fiscal argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones);

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores, o que recaigan sobre bienes incluidos en otros incisos de este artículo 24.2;

h) Otros bienes ubicados fuera del país no incluidos en incisos anteriores.

24.3.- Bienes excluidos.

No podrán ser objeto del presente Régimen de Regularización de Activos las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior mencionadas en el artículo 24.2, que a la fecha a la que hace referencia el artículo 24.4, (i) estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”) o (ii) que estando en efectivo, se encuentren físicamente ubicadas en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”).

24.4.- Fecha de Regularización.

Los sujetos indicados en los artículos 18 y 19 solo podrán regularizar aquellos activos que fueran de su propiedad o que se encontraran en su posesión, tenencia o guarda, al 31 de diciembre de 2023, inclusive (es decir, la “Fecha de Regularización”).

La reglamentación establecerá la forma en la que los sujetos adherentes al presente régimen deberán acreditar la propiedad, posesión, tenencia o guarda de los activos a la Fecha de Regularización al momento de presentar la declaración jurada prevista en el artículo 22.

Capítulo III

Mecanismo de Regularización

Artículo 25.- Declaración jurada de regularización. Los contribuyentes, al realizar la declaración jurada del artículo 22, deberán identificar los bienes respecto de los cuales solicitan la aplicación del Régimen de Regularización de Activos, según las pautas que para ello fije la reglamentación.

Asimismo, al momento de la presentación de dicha declaración jurada, o en un momento posterior según indique la reglamentación, los contribuyentes deberán presentar las constancias fehacientes y toda otra documentación necesaria para acreditar la titularidad y/o el valor de los bienes regularizados, según las pautas que para ello indique la reglamentación.

Artículo 26.- Reglas especiales según tipo de activo.

a) Dinero en efectivo en Argentina.

Para regularizar los activos incluidos en el artículo 24.1.a), cuando se trate de dinero en efectivo, los contribuyentes deberán, antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23, depositar dicho efectivo en una entidad financiera regulada por la ley 21.526 y sus modificaciones, de Entidades Financieras.

A fin de recibir el depósito de estos fondos, el Banco Central de la República Argentina deberá regular la creación de una cuenta bancaria especial destinada a recibir este tipo de depósitos (denominada “Cuenta Especial de Regularización de Activos”). El Banco Central de la República Argentina deberá emitir la respectiva normativa que indique en forma taxativa los requisitos y documentos que los contribuyentes deberán presentar ante las entidades financieras para solicitar la apertura de la Cuenta Especial de Regularización de Activos y para realizar el depósito de los fondos a regularizar.

Al momento de la apertura de la Cuenta Especial de Regularización de Activos y/o del depósito del dinero en efectivo, la entidad financiera no podrá exigir más documentación que la taxativamente indicada por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Las entidades financieras no podrán negarse a la apertura de una Cuenta Especial de Regularización de Activos. Dichas entidades tampoco podrán solicitar al depositante información adicional a la taxativamente regulada por el Banco Central de la República Argentina, ni negarse a la recepción de los fondos a ser depositados en dichas cuentas por el contribuyente. El incumplimiento de estas obligaciones implicará, para la entidad financiera, una infracción punible bajo el artículo 41 de la ley 21.526 y sus modificaciones, de Entidades Financieras.

Los contribuyentes también podrán solicitar la apertura de Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos a ser abiertas por medio de Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyC”) regulados por el capítulo II del título VII de las normas (N.T. 2013 y modificaciones) de la Comisión Nacional de Valores.

A tal fin, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina deberán emitir las regulaciones correspondientes que creen Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos y habiliten la transferencia de fondos a este tipo de cuentas desde las Cuentas Especiales de Regularización de Activos abiertas en entidades financieras.

Los Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyC”) tendrán obligaciones idénticas a las descriptas en este artículo para las entidades financieras respecto de la apertura de las cuentas especiales establecidas en el presente artículo;

b) Dinero en efectivo en el exterior.

Cuando el bien a regularizar se trate de dinero en efectivo ubicado en el exterior y alcanzado por las reglas del artículo 24.2.a), el monto regularizado deberá ser depositado en una entidad bancaria del exterior y podrá ser transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos o a una Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos a fin de que apliquen los beneficios del artículo 32. Todo ello antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Artículo 27.- Base imponible. De manera excepcional y solo a los fines del Régimen de Regularización de Activos, la base imponible para determinar el “Impuesto Especial de Regularización” será calculada en dólares estadounidenses.

La base imponible del Impuesto Especial de Regularización será el valor total de los bienes regularizados mediante el presente régimen, determinado conforme a las reglas de este artículo.

A los efectos de calcular la base imponible del Impuesto Especial de Regularización en dólares estadounidenses, se deberán seguir las siguientes reglas de conversión:

i. Los valores que estén medidos o expresados en pesos argentinos serán convertidos a dólares estadounidenses tomando el tipo de cambio que fije mediante reglamentación el Poder Ejecutivo nacional, el cual deberá tomar como referencia el tipo de cambio implícito que surge de dividir la última cotización de un determinado título público con liquidación en pesos en el segmento prioridad precio tiempo en BYMA y la última cotización de dicho título con liquidación en USD en jurisdicción local, el día anterior a la Fecha de Regularización (“Tipo de Cambio de Regularización”).

ii. Si los bienes o valuaciones estuvieran denominados en una moneda extranjera diferente a dólares estadounidenses, la reglamentación establecerá las relaciones de cambio para convertir dicha moneda extranjera a dólares estadounidenses a efectos del cálculo de la base imponible del Impuesto Especial de Regularización, tomando como referencia la cotización de dicha moneda extranjera frente al dólar estadounidense en las diversas plazas del mundo a la Fecha de Regularización.

27.1.- Bienes en Argentina.

a) Dinero en Efectivo:

i. Moneda argentina: su valor expresado en dólares estadounidenses, convertido al Tipo de Cambio de Regularización;

ii. Moneda extranjera: su valor en dólares estadounidenses;

b) Inmuebles ubicados en Argentina: su valor de adquisición, su valor fiscal o su valor mínimo, según se define a continuación, el que sea superior, convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización.

Para inmuebles urbanos, la reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado (en pesos argentinos o dólares estadounidenses) por metro cuadrado considerando el valor de mercado promedio de las diversas zonas geográficas en las que esté ubicado el inmueble urbano. Para inmuebles rurales, la reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado (en pesos argentinos o dólares estadounidenses) por hectárea, considerando el valor de mercado promedio de las diversas zonas geográficas en las que esté ubicado el inmueble rural. En todos los casos en los que la reglamentación opte por fijar un valor mínimo, el contribuyente podrá presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos documentación para demostrar que el valor de mercado del bien a la Fecha de Regularización es inferior al valor mínimo y solicitar la reducción de la base imponible a dicho valor de mercado. La reglamentación establecerá el procedimiento y la documentación a presentar para tal fin y el medio de reintegro del Impuesto Especial de Regularización ingresado en exceso, de ser validado por la Administración Federal de Ingresos Públicos el valor de mercado denunciado por el contribuyente;

c) Acciones, cuotas y participación en sociedades, derechos de beneficiarios de fideicomisos o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones, cuotapartes o derechos sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o participaciones no coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores: el valor patrimonial proporcional atribuible a dichas participaciones según el último balance cerrado antes de la Fecha de Regularización y aprobado por la asamblea respectiva, actualizado desde la fecha de cierre de dicho balance hasta el 31 de diciembre de 2023, por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y convertido a dólares estadounidenses usando el Tipo de Cambio de Regularización. Si esos sujetos realizaran sus balances en moneda funcional dólares estadounidenses, se tomará el valor de patrimonio neto en dólares estadounidenses a la mencionada fecha de cierre, sin necesidad de actualización o conversión. La reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y el 31 de diciembre de 2023.

Si la participación refiriera a un sujeto que no tenga la obligación de preparar y aprobar balances, la base imponible estará compuesta por la porción atribuible al contribuyente de todos sus activos, valuados según las normas de este régimen y deducidos los pasivos que dicho vehículo haya contraído. La reglamentación podrá emitir normas de valuación de este tipo de pasivos;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores: según su valor de cotización a la Fecha de Regularización, de ser necesario convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización. Si el título valor cotizara en mercados argentinos y del exterior, se tomará como valor de cotización el correspondiente al mercado argentino, y si en este mercado el título cotizara en pesos y en dólares estadounidenses, se tomará como referencia el valor en dólares estadounidenses;

e) Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados en Argentina: según su valor de mercado a la Fecha de Regularización convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones: por el capital de dicho crédito, con más las actualizaciones que pudieran corresponder y los intereses devengados y no pagados a la Fecha de Regularización. Si el crédito y los intereses estuvieran expresados en pesos argentinos deberán ser convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores: según el valor de adquisición que hubieran tenido. De no haber sido adquiridos a terceros, se utilizarán las reglas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, para determinar su costo de adquisición, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hasta la Fecha de Regularización y convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

h) Criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares: su valor de mercado a la fecha de inscripción en el Régimen o su valor de adquisición, el que fuere mayor;

i) Otros bienes ubicados en el país no incluidos en incisos anteriores: según su valor de mercado a la Fecha de la Regularización, convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización, pudiendo la reglamentación establecer la forma de cálculo específica del valor de mercado de los bienes incluidos en este inciso cuando su valor de mercado no fuera de público conocimiento.

27.2.- Bienes en el exterior.

a) Dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias del exterior: su valor en dólares estadounidenses;

b) Inmuebles ubicados fuera de Argentina: su valor de adquisición en dólares estadounidenses o su valor mínimo, el que fuera mayor.

La reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado por metro cuadrado, hectárea u otra unidad de medida, considerando la ubicación geográfica de dichos inmuebles y los valores promedio de mercado.

En todos los casos en los que la reglamentación opte por fijar un valor mínimo, el contribuyente podrá presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos documentación para demostrar que el valor de mercado del bien a la Fecha de Regularización es inferior al valor mínimo y solicitar la reducción de la base imponible a dicho valor de mercado. La reglamentación establecerá el procedimiento y la documentación a presentar para tal fin y el medio de reintegro del Impuesto Especial de Regularización ingresado en exceso, de ser validado por la Administración Federal de Ingresos Públicos el valor de mercado presentado por el contribuyente;

c) Acciones, cuotas y cualquier tipo de derecho de participación en sociedades, corporaciones, entes o vehículos de cualquier naturaleza y los derechos de beneficiarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, siempre que el ente del exterior no sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o derechos de participación no coticen en bolsas o mercados del exterior: el valor patrimonial proporcional atribuible a dichas participaciones según el último balance cerrado antes de la Fecha de Regularización. Si la participación refiriera a un vehículo que no tenga la obligación de preparar balances, la base imponible estará compuesta por todos sus activos, valuados según las normas de este régimen y deducidas las deudas que dicho vehículo haya contraído, en la proporción atribuible a la participación del contribuyente. La reglamentación podrá emitir normas de valuación de este tipo de pasivos;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior: según su valor de cotización a la Fecha de Regularización;

e) Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados fuera de Argentina: a su valor de mercado a la Fecha de Regularización;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones: por el capital de dicho crédito, con más los intereses devengados y no pagados a la Fecha de Regularización. Si el crédito y los intereses estuvieran expresados en pesos argentinos, deberán ser convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores: según el valor de adquisición que hubieran tenido bajo la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hasta la Fecha de Regularización y convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

h) Otros bienes ubicados fuera del país y no incluidos en incisos anteriores: según su valor de mercado a la Fecha de Regularización, pudiendo la reglamentación establecer la forma de cálculo específica del valor de mercado de los bienes incluidos en este inciso.

Capítulo IV

Impuesto Especial de Regularización

Artículo 28.- Determinación del impuesto a ingresar. De manera excepcional y solo a los fines de este Régimen de Regularización de Activos, los montos a ingresar como Impuesto Especial de Regularización deberán ser calculados e ingresados en dólares estadounidenses.

El impuesto a ingresar se calculará sobre el total del valor de los bienes, tanto en Argentina como en el exterior, que sean regularizados mediante el presente Régimen de Regularización de Activos, según las alícuotas que se indican a continuación y teniendo en cuenta los supuestos especiales de exclusión del artículo 31 de la presente ley:

A los efectos de determinar la alícuota aplicable según la escala anterior, se considerarán los bienes regularizados por el contribuyente y aquellos regularizados en la Etapa correspondiente o en una Etapa anterior por los ascendientes y descendientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, por los cónyuges y convivientes. En ese caso, todos los sujetos que regularicen podrán computar, proporcionalmente, la franquicia prevista en la primera escala de los cuadros del párrafo anterior.

La reglamentación podrá establecer excepciones a la obligación de ingresar el Impuesto Especial de Regularización en dólares estadounidenses por la Regularización de bienes abarcados por el artículo 24.1. En dicho caso, deberá aplicarse sobre la base imponible calculada según las reglas de los artículos 27 y 28, la alícuota del cinco por ciento (5%), diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), según la Etapa en la que los bienes se regularicen, para determinar el Impuesto Especial de Regularización aplicable.

Artículo 29.- Determinación y pago del Impuesto Especial de Regularización. Los contribuyentes que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos deberán determinar el Impuesto Especial de Regularización al momento de la presentación de la declaración jurada mencionada en el artículo 22. El pago del Impuesto Especial de Regularización deberá ser realizado en los plazos indicados en el artículo 23, de acuerdo con las pautas que determine la reglamentación. Al momento de dicho pago, el contribuyente podrá tomar como crédito el pago anticipado realizado bajo las normas del artículo 30.

La falta de pago en término del Impuesto Especial de Regularización privará de todo efecto jurídico a la manifestación de adhesión al Régimen de Regularización de Activos formulada por el contribuyente, quedando éste excluido de pleno derecho del presente régimen.

Artículo 30.- Pago adelantado obligatorio. Todo contribuyente que realice la manifestación de adherir al presente Régimen de Regularización de Activos prevista en el artículo 21, deberá ingresar, dentro de la fecha límite prevista en el artículo 23 para cada Etapa, el pago adelantado previsto en este artículo.

La falta de ingreso del pago adelantado dentro de la fecha indicada causará el decaimiento automático de la manifestación de adhesión al Régimen de Regularización de Activos y excluirá al contribuyente de todos los beneficios previstos en el régimen.

El pago adelantado aquí previsto deberá ser no menor al setenta y cinco por ciento (75%) del Impuesto Especial de Regularización establecido en el artículo 29.

Si un contribuyente regularizara bienes en más de una Etapa, el porcentaje del párrafo anterior deberá ser tomado respecto del Impuesto Especial de Regularización establecido en el artículo 29 por la totalidad de los bienes regularizados. El pago adelantado que se hubiera efectuado en cualquiera de las Etapas anteriores será considerado pago a cuenta del pago adelantado que deberá efectuarse en la Etapa de la última adhesión.

Si una vez presentada la declaración jurada y determinado el total del Impuesto Especial de Regularización se advirtiera que el pago adelantado hecho fue inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del total del impuesto a ingresar, podrán mantenerse los beneficios del presente régimen ingresando el saldo pendiente incrementado en un cien por ciento (100%).

El incremento del saldo pendiente mencionado en el párrafo anterior no podrá ser considerado pago a cuenta del impuesto que en definitiva se determine.

No corresponderá realizar el pago adelantado en el caso de aquellos sujetos que regularicen bienes por hasta un importe de dólares estadounidenses cien mil (USD 100.000).

Capítulo V

Supuestos especiales de exclusión de base imponible y pago del Impuesto Especial de Regularización

Artículo 31.- Dinero en efectivo, en Argentina o en el exterior, que sea depositado o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos. El dinero en efectivo que sea regularizado bajo las reglas del Régimen de Regularización de Activos y que sea depositado y/o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos será excluido de la base de cálculo del artículo 28 y deberá determinar el Impuesto Especial de Regularización según las reglas del presente artículo 31.

Al momento del depósito o transferencia del monto regularizado a la Cuenta Especial de Regularización de Activos no deberá pagarse el Impuesto Especial de Regularización, y este impuesto tampoco será pagado mientras los fondos permanezcan depositados en esas cuentas.

Durante el plazo en que los fondos estén depositados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos, éstos podrán ser invertidos exclusivamente en los instrumentos financieros que indique la reglamentación, la que deberá contemplar instrumentos financieros que emitan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar la financiación de obras públicas. Los resultados de estas inversiones deberán ser depositados en la misma Cuenta Especial de Regularización de Activos.

Al momento en el cual los fondos depositados en una Cuenta Especial de Regularización de Activos sean transferidos a otra cuenta por cualquier motivo, se deberá pagar el Impuesto Especial de Regularización, el cual será retenido con carácter de pago único y definitivo por la entidad financiera en la cual se encuentra abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos, según las siguientes reglas:

(i) Si los fondos son transferidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos para pagar el Impuesto Especial de Regularización previsto en los artículos 29 o 30 de la presente ley no se realizará retención alguna.

A estos fines y de ser necesarios, el contribuyente podrá utilizar cualquier medio legalmente disponible para transformar los dólares estadounidenses en los pesos necesarios para el pago de dicho impuesto, pudiendo optar por vender dichos dólares estadounidenses en el mercado oficial de cambios o utilizar esos fondos para realizar una operación bursátil de compra y venta de títulos valores que le permita obtener los fondos en pesos necesarios para el pago del impuesto.

En todos los casos, los fondos en pesos resultantes de la operación deberán ser acreditados en una cuenta abierta en la misma entidad financiera en la cual se encontraba abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos de la cual se transfirieron los dólares estadounidenses, debiendo la reglamentación indicar los comprobantes o la documentación que dicha entidad deberá requerir al contribuyente como respaldo de la transacción realizada.

(ii) Si los fondos son transferidos a cualquier otra cuenta antes del 31 de diciembre de 2025, corresponderá aplicar una retención del cinco por ciento (5%) sobre el monto transferido, cualquiera sea el destino de la transferencia.

Dicha retención no deberá ser realizada si la transferencia tiene por destino:

a) La adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva, de acuerdo a las reglas que fije la reglamentación, siempre que la inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025;

b) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión que cumplan con los requisitos exigidos por la reglamentación y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Poder Ejecutivo nacional podrá adicionar otros destinos a los previstos anteriormente, que tengan por finalidad incentivar la inversión productiva en el país; fomentar el crédito a las empresas que operan en el país; o promover la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas.

(iii) Si los fondos son transferidos a partir del 1° de enero de 2026: no se realizará retención alguna.

En ningún caso se permitirá la extracción en efectivo de los montos depositados en una Cuenta Especial de Regularización de Activos, pero los contribuyentes, de corresponder, podrán solicitar su transferencia inmediata a otra cuenta bancaria de su titularidad, sujeto a la aplicación del respectivo Impuesto Especial de Regularización, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En el caso de contribuyentes que regularicen bienes por un monto de hasta dólares estadounidenses cien mil (USD 100.000), incluyendo dinero en efectivo, no deberán ingresar el Impuesto Especial de Regularización contemplado en el artículo 28 de esta ley ni la retención del cinco por ciento (5%) que se contempla en el presente artículo. Para ello, los contribuyentes deberán mantener los fondos en la Cuenta Especial de Regularización de Activos hasta la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1, excepto por los motivos contemplados en el punto (i) y en los incisos a) y b) del punto (ii) del cuarto párrafo de este artículo o por transferencias realizadas en virtud de operaciones onerosas debidamente documentadas en los términos establecidos por la legislación vigente.

Bajo el presente régimen, los contribuyentes también podrán optar por abrir Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, las cuales serán abiertas en Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyCs”).

Las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos que reciban fondos regularizados estarán sujetas a las mismas restricciones y características que las indicadas anteriormente para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, y los Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyCs”) que abran dichas cuentas tendrán las mismas obligaciones que las entidades financieras respecto de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (incluida la de actuar como agente de retención del Impuesto Especial de Regularización). La reglamentación podrá realizar las adaptaciones necesarias al régimen definido en párrafos anteriores para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, de manera de posibilitar su correcta aplicación respecto de las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos.

La transferencia de fondos de Cuentas Especiales de Regularización de Activos a Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos no dará lugar a la aplicación de retención alguna al momento de dicha transferencia.

La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina deberán regular el régimen de las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, incluyendo, de corresponder, la necesidad de encaje de los fondos depositados en el Banco Central de la República Argentina, las inversiones permitidas y los plazos en que éstas deberán ser mantenidas y las obligaciones de los Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyCs”) respecto de los fondos que administren.

Las transferencias entre Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos no darán lugar a retención alguna, incluso si se trata de Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos de otros contribuyentes. En esos casos, para realizar la transferencia, el contribuyente deberá presentar ante la entidad bancaria en la cual se encuentra abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos o ante el Agente de Liquidación y Compensación (“ALyC”) en la cual se encuentra abierta la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos los comprobantes que justifiquen la razón de la transferencia.

A fin de recibir transferencias desde otras Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, cualquier persona humana y jurídica residente en Argentina podrá abrir dicho tipo de cuentas, incluso si no ha regularizado bienes bajo el presente Régimen de Regularización de Activos.

El Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores deberán emitir la normativa reglamentaria para segregar los activos depositados en cuentas especiales según las Etapas mencionadas en el artículo 23, de manera de garantizar en todo momento la identificación de la Etapa en que fueron regularizados dichos bienes. Dicha segregación no corresponderá realizarse con el dinero en efectivo por cuanto sólo podrá regularizarse en el plazo establecido para la Etapa 1.

Artículo 32.- Dinero depositado en cuentas bancarias del exterior. Aquellos fondos en efectivo que estén depositados en cuentas bancarias del exterior y que sean transferidos a la Argentina y acreditados en Cuentas Especiales de Regularización de Activos o en Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos estarán excluidos de la base de cálculo tomada por el artículo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artículo.

Los contribuyentes que regularicen fondos depositados en cuentas bancarias del exterior podrán elegir transferir todo o parte de los montos regularizados a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos o a las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos. Los montos que no sean transferidos a dichas cuentas tributarán el Impuesto Especial de Regularización debiendo ser reincorporados a la base imponible del artículo 28.

Los fondos que sean acreditados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos o en la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán sujetos a las normas del artículo 31.

Para que las normas del presente artículo sean de aplicación, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas del exterior a la Cuenta Especial de Regularización de Activos o a la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Artículo 33.- Títulos valores depositados en entidades del exterior. Aquellos títulos valores depositados en cuentas del exterior, que sean enajenados, rescatados o liquidados y que el monto resultante de dicha enajenación, liquidación o rescate sea transferido desde el exterior a una Cuenta Especial de Regularización de Activos o a una Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán excluidos de la base imponible tomada por el artículo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artículo.

Los contribuyentes que regularicen títulos valores depositados en entidades del exterior podrán elegir enajenar, liquidar o rescatar y transferir el monto resultante a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos o a las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos por todo o parte de los títulos valores regularizados bajo el presente régimen. Los títulos valores que no reciban ese destino deberán ser reincorporados a la base imponible del artículo 28.

Los fondos que sean acreditados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos o en la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán sujetos a las normas del artículo 31.

Para que las normas del presente artículo sean de aplicación, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas del exterior a la Cuenta Especial de Regularización de Activos o a la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Capítulo VI

Efectos de la regularización.

Artículo 34.- Los sujetos que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados:

a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, ni a los tres artículos sin número agregados a continuación del artículo 18, de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, con respecto a las tenencias declaradas;

b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren en el presente régimen, en las rentas que éstos hubieran generado y en los fondos que se hubieran usado para su adquisición, así como el cobro y la liquidación de las divisas provenientes de la Regularización de Activos de dichos bienes, créditos y tenencias.

Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades 19.550 (texto ordenado en 1984 y sus modificaciones), y cargos equivalentes en cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión, representantes legales de sucursales de empresas extranjeras y profesionales certificantes de los balances respectivos.

La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.

Esta liberación no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados mediante, como consecuencia o en ocasión de dichas transgresiones;

c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados en el presente régimen, así como de las respectivas obligaciones accesorias, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Impuestos a las Ganancias, Impuesto a las salidas no documentadas (conforme el artículo 40 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas e Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto de los bienes regularizados y sobre los fondos que hubieran utilizado para la adquisición de estos bienes.

2. Impuestos Internos e Impuesto al Valor Agregado que puedan aplicar sobre las operaciones que originaron los fondos con los que el bien regularizado fue adquirido o sobre los fondos en efectivo que sean regularizados.

3. Impuestos sobre los Bienes Personales, el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia establecido por la ley 27.605 y la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias y/o bienes declarados.

4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los períodos fiscales anteriores al que cierra al 31 de diciembre de 2023, inclusive, por los bienes regularizados bajo el presente Régimen de Regularización de Activos;

d) Los sujetos que regularicen bienes que poseyeran a la Fecha de Regularización, sumados a los que declaren en las respectivas declaraciones juradas de los ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 y no lo hubieren declarado.

En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que fuera de propiedad de los mencionados sujetos a la Fecha de Regularización y que no hubiera sido declarado mediante el presente Régimen de Regularización de Activos ni con anterioridad, se privará al sujeto que realiza la regularización de los beneficios indicados en el inciso d) precedente, sin que resulten afectados los beneficios de los incisos a), b) y c) del presente que refieren a los bienes regularizados mediante el presente régimen.

La reglamentación establecerá el umbral mínimo que permitirá dar por decaído los beneficios del inciso d) de este artículo cuando se detectaran bienes no declarados ni regularizados bajo el presente régimen que eran de propiedad del contribuyente a la Fecha de Regularización. Dicho umbral no podrá ser inferior al diez por ciento (10%), ni superior al veinticinco por ciento (25%), del total de los bienes regularizados por el contribuyente bajo el presente régimen.

A los fines indicados en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades que le confiere la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, para investigar y determinar los bienes de propiedad del contribuyente.

Artículo 35.- Los beneficios mencionados en el artículo 34 también aplicarán a los sujetos incluidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales por los activos que sus accionistas y socios hayan declarado en los términos del presente Régimen de Regularización de Activos.

Artículo 36.- La Regularización de Activos efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, liberará del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en estas. Igual criterio corresponderá aplicar con relación a los sujetos referenciados en el inciso c) del mencionado artículo con relación a los o las fiduciantes, beneficiarios o beneficiarias y/o fideicomisarios o fideicomisarias. La liberación dispuesta procederá solo en el supuesto en que los sujetos mencionados en los incisos b) y c) del artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, no hubieran ejercido la opción a la que se refiere en el punto 8 del inciso a) del artículo 73 de la mencionada ley.

Capítulo VII

Pago del impuesto especial. Efectos de la falta de pago en término

Artículo 37.- Pago del Impuesto Especial de Regularización. El pago del Impuesto Especial de Regularización deberá realizarse en dólares estadounidenses, excepto en los casos expresamente previstos bajo el último párrafo del artículo 28.

La reglamentación establecerá el mecanismo para recibir el pago mediante transferencias en dólares estadounidenses realizadas desde el exterior.

Artículo 38.- Falta de pago del Impuesto Especial de Regularización. La falta de pago del Impuesto Especial de Regularización dentro del plazo otorgado por la reglamentación causará el decaimiento de todos los beneficios del presente régimen.

Capítulo VIII

Sujetos excluidos

Artículo 39.- Funcionarios públicos. Quedan excluidos de las disposiciones del presente régimen los sujetos que hayan desempeñado en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos y/o aquellos que actualmente desempeñen las siguientes funciones públicas:

a) Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal;

b) Senador o diputado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal municipal, o Parlamentario del Mercosur;

c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d) Magistrado del Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del Pueblo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

g) Interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

h) Síndico General de la Nación, síndico general adjunto de la Sindicatura General, presidente o auditor general de la Auditoría General, autoridad superior de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos en los tres niveles de gobiernos;

i) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento;

j) Embajador, cónsul o funcionario destacado en misión oficial permanente en el exterior;

k) Personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina o del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente, personal de la Policía provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con categoría no inferior a la de Comisario, o personal de categoría inferior, a cargo de Comisaría;

l) Rector, decano o secretario de las universidades nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

m) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en la Administración Pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado o personal con similar categoría o función y en otros entes del sector público;

n) Funcionario colaborador de interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente;

o) Personal de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la de director o equivalente;

p) Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

q) Funcionario que integra los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director;

r) Personal que se desempeña en el Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a la de director;

s) Personal que cumpla servicios en el Poder Judicial o en el Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a secretario o equivalente;

t) Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras en cualquiera de los tres niveles de gobierno;

u) Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

v) Director o administrador de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156;

w) Personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria.

Artículo 40.- Familiares de funcionarios públicos. Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos los cónyuges y convivientes y los ascendientes y descendientes en primer y segundo grado, por consanguinidad o afinidad, y colaterales en segundo grado por consanguinidad o afinidad de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 39.

Quedan también comprendidos los ex cónyuges y ex convivientes de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 39 que hubieran sido cónyuges o convivientes durante el plazo fijado en dicho artículo.

Artículo 41.- Otros sujetos excluidos. Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley:

a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

b) Los condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley;

c) Los condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia con fundamento en las leyes 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los siguientes delitos:

i. Contra el orden económico y financiero previstos en los artículos 303, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 del Código Penal.

ii. Enumerados en el artículo 6° de la ley 25.246, con excepción del inciso k).

La exclusión establecida en este artículo también será de aplicación para los familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad de los procesados determinados en el párrafo anterior.

iii. Estafa y otras defraudaciones previstas en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal.

iv. Usura prevista en el artículo 175 bis del Código Penal.

v. Quebrados y otros deudores punibles previstos en los artículos 176, 177, 178 y 179 del Código Penal.

vi. Contra la fe pública previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.

vii. Falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales previstos en el artículo 289 del Código Penal y falsificación de marcas registradas previsto en el artículo 31 de la ley 22.362, de Marcas y Designaciones.

viii. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito previsto en el inciso c) del numeral 1 del artículo 277 del Código Penal.

ix. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo establecido en el inciso 3 del artículo 80, artículos 127 y 170 del Código Penal, respectivamente.

Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e), podrán adherir en forma condicional al régimen. El auto de procesamiento que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que otorga el presente régimen.

f) Las personas jurídicas en las que los sujetos excluidos por los artículos 39, 40 y los restantes incisos de este artículo, individual o conjuntamente, tengan participación mayoritaria y/o control de la voluntad social;

g) Personas jurídicas que hayan sido ejecutoras de beneficios sociales y los integrantes de sus órganos de gobierno, dirección y/o administración, ya sea a nivel nacional o provincial, durante los últimos cinco (5) años;

h) Quienes hayan recibido planes sociales durante los últimos cinco (5) años, con excepción de quienes hayan recibido asistencia durante la emergencia del COVID-19;

i) Quedan asimismo excluidas de las disposiciones del presente régimen los sujetos que hayan revestido el carácter de personas expuestas políticamente extranjeras en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos y/o aquellos que actualmente tengan tal carácter.

Artículo 42.- Tributos Provinciales. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 43.- Otras previsiones. El Impuesto Especial de Regularización se regirá por lo dispuesto en la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, y resulta coparticipable. Ninguna de las disposiciones de este Régimen de Regularización de Activos liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos cooperará con otras entidades públicas en el marco de la citada ley 25.246 y sus modificaciones.

Los sujetos que adhieran al Régimen de Regularización de Activos no podrán inscribirse en regímenes de regularización de activos no declarados, cualquiera fuera su denominación, que pudieran eventualmente implementarse hasta el 31 de diciembre de 2038.

Artículo 44.- Reglamentación. Entrada en vigor. El Poder Ejecutivo nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores deberán dictar las respectivas reglamentaciones en un plazo máximo de diez (10) días a contar desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Las disposiciones de este título entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

TÍTULO III

Impuesto sobre los Bienes Personales

Capítulo I

Régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales

Artículo 45.- Régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales. Créase el presente Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“REIBP”) por todos los períodos fiscales hasta la fecha de su caducidad, la cual opera el 31 de diciembre de 2027.

Artículo 46.- Sujetos alcanzados. Las personas humanas y sucesiones indivisas que sean residentes fiscales en Argentina al 31 de diciembre de 2023, según las normas de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán optar por adherir al REIBP.

Las personas humanas que, al 31 de diciembre de 2023, no sean consideradas residentes fiscales a los efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, pero hubieran sido residentes fiscales en Argentina antes de esa fecha, podrán acceder a los beneficios de esta ley en igualdad de derechos y obligaciones que las personas humanas mencionadas en el párrafo anterior. A partir de la adhesión al REIBP, dichas personas humanas serán consideradas residentes fiscales en Argentina.

Artículo 47.- Derecho de opción. La opción de adherir al REIBP es de carácter individual y voluntaria, tratándose el presente de un régimen especial que comprende al Impuesto sobre los Bienes Personales y a todo otro tributo patrimonial nacional (cualquiera fuera su denominación) que pueda complementar o reemplazar al Impuesto sobre los Bienes Personales en los períodos fiscales 2024 a 2027.

Al optarse por la adhesión al REIBP, el Estado nacional y el contribuyente declaran que entienden y reconocen los derechos, obligaciones y limitaciones de carácter recíproco aquí establecido.

Artículo 48.- Período de opción. Los sujetos indicados en el artículo 46 podrán optar por adherirse al REIBP hasta el 31 de julio de 2024, inclusive. El Poder Ejecutivo nacional podrá extender dicha fecha hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive.

Los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley podrán optar por adherirse al REIBP hasta la fecha límite de presentación de la declaración jurada establecida en el artículo 22 de la presente ley.

Artículo 49.- Períodos fiscales alcanzados. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP, tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada.

Los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley que opten por adherirse al REIBP tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los períodos fiscales 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada.

Artículo 50.- Base imponible. Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina. Para calcular la base imponible del REIBP, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina deberán utilizar las siguientes reglas:

1. Se tomarán en cuenta los bienes existentes en el patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre de 2023, inclusive.

2. Se procederá a valuar todos los bienes del patrimonio existentes al 31 de diciembre de 2023 usando para ello las reglas de valuación previstas en el título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, excluyendo a estos fines las acciones, cuotas o participaciones en sociedades u otros entes a los que hace referencia el artículo sin número a continuación del artículo 25 de la citada ley.

3. Del monto resultante, se restará el valor de los bienes exentos indicados en el artículo 21 del título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones). Los bienes comprendidos en los incisos g), i), j) y k) del mencionado artículo 21 solo serán restados del patrimonio gravado si se encontraban en el patrimonio del contribuyente antes del 10 de diciembre de 2023, inclusive.

4. Del monto resultante, se detraerá el mínimo no imponible previsto en el artículo 24 del título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. De existir entre los bienes la casa habitación del contribuyente, se restará también el valor de dicho inmueble hasta el límite previsto por el segundo párrafo del artículo 24 del título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. En ambos casos, se tomará el monto vigente para el período fiscal 2023.

5. El monto resultante final se multiplicará por cinco (5).

Artículo 51.- Bienes regularizados bajo el régimen del título II de la presente ley. Aquellos contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley y que opten por declarar el Impuesto sobre los Bienes Personales bajo el presente régimen REIBP, deberán calcular la base imponible por dichos bienes de acuerdo a las normas del presente artículo. A tal fin, los bienes regularizados no integrarán la base imponible determinada en el artículo anterior.

Para determinar la base imponible de los bienes regularizados deberán seguirse las siguientes reglas:

1. Deberá tomarse la totalidad de los bienes regularizados en las tres (3) Etapas del Régimen de Regularización de activos, los cuales se valuarán conforme a las reglas del artículo 27.

2. El valor resultante, expresado en dólares estadounidenses de acuerdo a las reglas del citado artículo 27, deberá convertirse a pesos argentinos usando el tipo de cambio oficial correspondiente a la fecha de presentación de las respectivas declaraciones juradas a que hace referencia el artículo 22 de la presente ley.

3. El monto resultante se lo multiplicará por cuatro (4).

Artículo 52.- Alícuota. Los contribuyentes que sean personas humanas y sucesiones indivisas que se adhieran al REIBP aplicarán la alícuota de cero coma cuarenta y cinco por ciento (0,45%) sobre la base imponible determinada según las normas del artículo 50.

Los contribuyentes alcanzados por las reglas del artículo 51 que adhieran al REIBP aplicarán la alícuota del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) sobre la base imponible determinada según las reglas de dicho artículo 51.

Artículo 53.- Créditos fiscales. Para el pago del respectivo impuesto bajo el REIBP, los sujetos indicados en el primer párrafo del artículo 49 de esta ley podrán computarse los créditos fiscales, anticipos y pagos a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2023.

Artículo 54.- Presentación de la declaración jurada y pago del impuesto. La reglamentación establecerá el método, fecha de pago y demás requisitos para la presentación de la declaración jurada del REIBP y el cálculo del impuesto a pagar bajo el REIBP.

El pago del impuesto en forma posterior a la fecha establecida por el Poder Ejecutivo nacional privará al contribuyente en forma total de los beneficios del REIBP.

Del monto total a pagar bajo el REIBP, el contribuyente podrá deducir el pago inicial realizado en los términos del artículo 55.

El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 51, a los cuales les serán de aplicación las normas previstas en el artículo 57.

Artículo 55.- Pago inicial del REIBP. Los contribuyentes deberán realizar un pago inicial del REIBP de no menos del setenta y cinco por ciento (75%) del total del impuesto a determinar bajo las normas del presente régimen. Este pago inicial deberá ser realizado siguiendo la fecha, método y demás requisitos que se establezca en la reglamentación.

Cuando no se abone importe alguno en concepto del pago inicial del REIBP dentro del plazo legal establecido por este artículo, ello privará al contribuyente en forma total de los beneficios del presente régimen especial.

El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 51, a los cuales les serán de aplicación las normas previstas en el artículo 57.

Artículo 56.- Pago inicial inferior al setenta y cinco por ciento (75%). Si, luego de la presentación de la declaración jurada del REIBP, se advirtiera que el pago inicial realizado por un contribuyente bajo las normas del artículo 55 resultó ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del pago total adeudado bajo el artículo 54, el contribuyente podrá optar entre:

a) Mantenerse dentro del REIBP, abonando el saldo pendiente de ingreso bajo el artículo 56, incrementado en un cien por ciento (100%).

b) Renunciar a los beneficios del REIBP, en cuyo caso el contribuyente podrá aplicar el monto ya abonado como crédito de impuestos compensable contra cualquier otro tributo cuya recaudación esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El incremento del saldo pendiente a que hace referencia el inciso a) no podrá computarse como pago a cuenta.

El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 51, a los cuales serán de aplicación lo previsto en el artículo 57.

Artículo 57.- Bienes incluidos en el artículo 51. Los contribuyentes que opten por entrar en el REIBP y que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley deberán ingresar el tributo correspondiente bajo el REIBP por los bienes regularizados de acuerdo a lo previsto en el presente artículo. Dichos contribuyentes deberán cumplir con sus obligaciones respecto de los demás bienes que no hayan sido regularizados mediante el Régimen de Regularización de Activos de acuerdo a lo previsto en los artículos anteriores.

Respecto de los bienes regularizados, el monto del impuesto a ingresar será calculado de acuerdo a lo previsto en el artículo 51.

Los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada en los términos del artículo 54 exclusivamente para los bienes regularizados. El Poder Ejecutivo nacional establecerá las fechas límite para la presentación de esta declaración jurada y para el pago del impuesto del REIBP por los bienes regularizados.

El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer, respecto de los bienes regularizados, la necesidad de ingresar un pago inicial en los términos del artículo 55, debiendo fijar también la fecha límite en que dicho pago deba ser hecho. La falta de cancelación del pago inicial dentro del plazo previsto por el Poder Ejecutivo nacional tendrá las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 55, así como también resultarán aplicables respecto de dicho pago inicial las previsiones del artículo 56.

Artículo 58.- Exclusión del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro impuesto patrimonial. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP estarán excluidos de toda obligación bajo las normas del Impuesto sobre los Bienes Personales para los períodos fiscales indicados en el artículo 49 de esta ley, según corresponda. La presente exclusión alcanza a todos los aspectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, incluida la obligación de presentación de declaraciones juradas, de calcular la base imponible, de determinar el impuesto, de pagar el impuesto o sus anticipos o pagos a cuenta y de toda otra obligación relacionada con el Impuesto sobre los Bienes Personales. Asimismo, se encontrarán excluidos del pago de todo otro tributo nacional que se aplique sobre el patrimonio del contribuyente que pudiera crearse durante dichos períodos fiscales, sin importar su denominación. Dichas exclusiones también aplican para los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley que opten por adherirse al REIBP.

La presente exclusión no alcanza a las obligaciones que la persona humana que adhirió al REIBP por su propio carácter de contribuyente pudiera tener como responsable sustituto en el Impuesto sobre los Bienes Personales de un sujeto del exterior.

Artículo 59.- Estabilidad fiscal - impuestos sobre el patrimonio. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional (cualquiera fuera su denominación) que se cree y que tenga como objeto gravar todos o cualquier activo del contribuyente, no pudiendo ver incrementada su carga fiscal por tributos patrimoniales (cualquiera sea su denominación) más allá de los límites establecidos en el párrafo siguiente.

Para establecer la carga fiscal máxima que dichos sujetos podrán soportar por cualquier tipo de tributos que recaigan directamente sobre su patrimonio o sobre cualquier activo, se deberá tomar la carga fiscal anual aplicable a su patrimonio bajo el presente REIBP, de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Base imponible: el valor del patrimonio del contribuyente sobre el cual pudiera recaer el tributo patrimonial deberá ser calculado según las reglas de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, vigentes al momento de entrada en vigor de este REIBP.

2. Alícuota: la alícuota máxima para los contribuyentes que no adhirieron al régimen del título II de la presente ley será la de cero coma cuarenta y cinco por ciento (0,45%) para los períodos fiscales 2023 a 2027 y para los contribuyentes que adhirieron al mencionado régimen del título II será la de cero coma cincuenta por ciento (0,50%) para los períodos fiscales 2024 a 2027. A partir del 1° de enero de 2028 hasta el 31 de diciembre de 2038 la alícuota máxima será del cero coma veinticinco por ciento (0,25%).

3. Múltiples tributos al patrimonio: en caso de que exista más de un tributo nacional que aplique en forma global sobre el patrimonio del contribuyente, deberá tomarse a todos ellos en conjunto para determinar si se excede el límite previsto por las reglas de estabilidad fiscal de este régimen.

Queda expresamente aclarado que al adherir al REIBP y tributar el correspondiente impuesto bajo este régimen especial, se considera que el contribuyente ya ha alcanzado el máximo nivel de tributación sobre el patrimonio permitido bajo las reglas de estabilidad fiscal de este artículo por los períodos fiscales que se inician desde el 1° de enero de 2024 y hasta aquellos que finalizan el 31 de diciembre de 2027. Cualquier tributo patrimonial que pueda crearse en el futuro y que vulnere el derecho de estabilidad fiscal previsto en este artículo dará lugar a la aplicación automática de las medidas de remediación previstas en el artículo siguiente.

Artículo 60.- Incumplimiento de la obligación de estabilidad fiscal. Si, por cualquier motivo durante el período de estabilidad fiscal previsto en el artículo 59, la carga fiscal derivada de uno o más tributos que recaigan en forma directa sobre el patrimonio o sobre cualquier activo de un contribuyente que tenga derecho a aplicar el beneficio de estabilidad fiscal bajo el REIBP excede el límite previsto en el artículo 59, el contribuyente tendrá el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de aquellos importes que excedan el límite previsto en el citado artículo 59. Si, no obstante ello, el contribuyente debiera pagar un importe por encima del límite máximo establecido bajo las reglas de estabilidad fiscal del artículo 59, se le permitirá al contribuyente computar a su favor un crédito fiscal compensable contra el o los tributos patrimoniales que resultan en el exceso de la carga máxima bajo la estabilidad fiscal y/o, a elección del contribuyente, contra cualquier otro tributo nacional por un monto equivalente a la diferencia entre el o los tributos patrimoniales aplicables a ese período fiscal y el tributo patrimonial máximo calculado de acuerdo a las normas de estabilidad fiscal del artículo 59.

El crédito fiscal previsto en el presente artículo no requerirá trámite previo alguno y el contribuyente podrá aplicarlo directamente en los términos del párrafo anterior y, a tal fin, se considera que el derecho a gozar del crédito fiscal integra el patrimonio del contribuyente desde la fecha de pago prevista en el artículo 54 y, de corresponder, 57.

Artículo 61.- Donaciones y otro tipo de liberalidades. En los casos en los que un sujeto que haya adherido al REIBP acepte, antes del 31 de diciembre de 2027, una donación de un individuo que no haya adherido al REIBP, deberá tributar un impuesto adicional conforme las normas del presente artículo. El impuesto adicional no será aplicable cuando la donación consista en acciones o participaciones en sociedades argentinas o participaciones en fideicomisos alcanzados por el régimen de sustitución previsto por el artículo agregado a continuación del artículo 25 del título VI de la ley 23.966, de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, o el que lo reemplace en el futuro.

Solo resultará aplicable el impuesto adicional al que hace referencia este artículo cuando el donatario sea pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad del donante, o sea su cónyuge, excónyuge o conviviente al momento de la donación.

El impuesto adicional del presente artículo se calculará aplicando la alícuota que el donatario determinó bajo el REIBP sobre el valor de los bienes transferidos a la fecha de la donación, debiéndose multiplicar por el número de períodos fiscales que resten para completar el período alcanzado por el REIBP, incluyendo el período fiscal en que se perfeccione la donación.

A los efectos del presente artículo, el término donación incluye también a toda liberalidad que tenga por efecto directo o indirecto transmitir la propiedad de un bien a otro sujeto sin percibir a cambio una contraprestación equivalente a su valor de mercado. En los casos en que, por la naturaleza de la transacción, exista contraprestación, se podrá deducir del valor del bien el valor de dicha contraprestación a los efectos de calcular la base imponible del impuesto adicional de este artículo.

La reglamentación establecerá los plazos y modalidades en las que el presente impuesto adicional deberá ser liquidado y pagado.

Artículo 62.- Entrada en vigor. Las disposiciones del REIBP entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Capítulo II

Modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales

Artículo 63.- Sustitúyese, con efectos a partir del período fiscal 2023 inclusive, los artículos 24 y 25 del título VI de la ley 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones) por los siguientes:

Artículo 24: No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley, pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000).

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a trescientos cincuenta millones de pesos ($ 350.000.000).

Artículo 25: El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes situados en el país y en el exterior sujetos al impuesto -excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley- que exceda del establecido en el artículo 24, la siguiente escala:

Para el período fiscal 2027:

La alícuota será de cero coma veinticinco por ciento (0,25%) sobre el valor total de los bienes que excedan el mínimo no imponible establecido en el artículo 24 de esta ley.

Los montos previstos en las mencionadas escalas deberán ajustarse, a partir del período fiscal 2024, en los términos de lo establecido en el artículo agregado a continuación del artículo 24 de esta ley.

Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.

Artículo 64.- Beneficio a contribuyentes cumplidores. Aquellos contribuyentes que hayan cumplido con la totalidad de sus obligaciones fiscales respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2020 a 2022, inclusive, tendrán una reducción de cero coma cincuenta (0,50) puntos porcentuales de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025.

Para calificar como contribuyente cumplidor a los efectos de esta ley, el contribuyente (i) no deberá haber regularizado bienes bajo las reglas del título II de esta ley y (ii) deberá haber presentado y cancelado antes del 31 de diciembre de 2023, si estuviera obligado a ello, las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales relativas a los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022.

Artículo 65.- Beneficio a contribuyentes sustitutos cumplidores. Aquellos contribuyentes que se encuentren obligados al ingreso del gravamen en los términos del primer párrafo del artículo agregado a continuación del artículo 25 del título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y siempre que encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas según los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus normas complementarias, tendrán una reducción de cero coma ciento veinticinco (0,125) puntos porcentuales de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. Para calificar como contribuyente cumplidor a los efectos de esta ley, el contribuyente (i) no deberá haber regularizado bienes bajo las reglas del título II de esta ley y (ii) deberá haber presentado y cancelado en su totalidad, antes del 31 de diciembre de 2023, si estuviera obligado a ello, las declaraciones juradas del impuesto relativas a los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022.

Artículo 66.- Entrada en vigor. Las disposiciones de los artículos 63, 64 y 65 entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efectos según lo indicado en cada uno de esos artículos.

TÍTULO IV

Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas

Artículo 67.- Derógase el título VII (artículos 7° a 18) de la ley 23.905 a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.

TÍTULO V

Impuesto a las Ganancias

Capítulo I

Artículo 68.- Sustitúyese la primera oración del segundo párrafo del artículo 25 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por la siguiente:

En primer término, dicha compensación se realizará respecto de los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, con excepción de las ganancias provenientes de las inversiones -incluidas las monedas digitales- y operaciones a las que hace referencia el capítulo II del título IV de esta ley.

Artículo 69.- Sustitúyese el octavo párrafo del artículo 25 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

No serán compensables los quebrantos impositivos con ganancias que deban tributar el impuesto con carácter único y definitivo ni con aquellas comprendidas en el capítulo II del título IV de esta ley.

Artículo 70.- Deróganse las siguientes normas:

a) Los incisos x), y) y z) del artículo 26 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

b) El artículo 27 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

c) El artículo 32 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

d) Los párrafos cuarto al octavo -ambos inclusive- del artículo 82 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

e) Los últimos dos párrafos del artículo 94 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

f) Los artículos 110 y 111 de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Artículo 71.- Sustitúyese el artículo 30 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 30: Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos tres millones noventa y un mil treinta y cinco ($ 3.091.035), siempre que las personas que se indican sean residentes en el país;

b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a pesos tres millones noventa y un mil treinta y cinco ($ 3.091.035), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Pesos dos millones novecientos once mil ciento treinta y cinco ($ 2.911.135) por el cónyuge. La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos (2) personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación.

2. Pesos un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil noventa y seis ($ 1.468.096) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles y se incrementará, para el caso de la del apartado 2, en una (1) vez por cada hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado para el trabajo.

c) En concepto de deducción especial, hasta una suma equivalente al importe que resulte de incrementar el monto a que hace referencia el inciso a) del presente artículo en:

1. Dos coma cinco (2,5) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 53, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 82, excepto que queden incluidas en el apartado siguiente. En esos supuestos, el incremento será de tres (3) veces, en lugar de dos coma cinco (2,5) veces, cuando se trate de “nuevos profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 citado.

Cuando corresponda la aplicación de la deducción especial indicada en el inciso c), apartado 2, de este artículo, se añadirá como deducción especial la doceava parte del total de deducciones resultantes de la suma de los incisos a), b) y c), apartado 2, de este artículo.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 82, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a ocho (8) veces la suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos superiores al monto previsto en el inciso a) de este artículo. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán semestralmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.

Artículo 72.- Sustitúyese la denominación del capítulo IV del título II de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por la siguiente:

“Ganancias de la cuarta categoría

Impuesto a los Ingresos Personales

Trabajo en relación de dependencia y otros“

Artículo 73.- Sustitúyense el primer y segundo párrafos del artículo 94 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por los siguientes:

Artículo 94: Las personas humanas y las sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad- abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo con la siguiente escala:

Los montos previstos en este artículo se ajustarán semestralmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice. Las retenciones efectuadas durante el primer semestre de cada año fiscal se ajustarán conforme al procedimiento que, a esos efectos, determine el Poder Ejecutivo nacional, debiendo la Administración Federal de Ingresos Públicos establecer las modalidades y plazos para la devolución de las sumas retenidas en exceso, en caso de corresponder.

Artículo 74.- Los montos previstos en el artículo 30 y en el primer párrafo del artículo 94 de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, se ajustarán excepcionalmente en septiembre de 2024 por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente a los meses junio a agosto de 2024, inclusive.

Artículo 75.- Derógase el capítulo III del título IV de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Capítulo II

Artículo 76.- Establécese la siguiente escala a los fines de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones:

Las disposiciones del párrafo anterior resultarán de aplicación, exclusivamente, para el período fiscal 2023, excepto que se trate de las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, en cuyo caso surtirán efecto para ese período, pero hasta las mencionadas rentas que se perciban por aquellos conceptos devengados hasta el mes de septiembre de 2023, inclusive.

Artículo 77.- Ratifícase, para las remuneraciones y/o haberes que se devengaron a partir del 1° de octubre de 2023 y hasta aquellas percibidas al 31 de diciembre de 2023, inclusive, el decreto 473 del 12 de septiembre de 2023 y las normas dictadas en su consecuencia.

Artículo 78.- Sustitúyese, con efectos a partir del año fiscal 2023, el último párrafo del artículo 85 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

Los montos máximos deducibles por cada uno de los conceptos comprendidos en los incisos b) e i) de este artículo, fijados por el artículo 11 del decreto 18 del 12 de enero de 2023, se ajustarán anualmente a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior.

Artículo 79.- Sustitúyese, con efectos a partir del año fiscal 2023, el segundo párrafo del inciso g) del artículo 91 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

El monto máximo deducible a que se refiere el párrafo anterior, fijado por el artículo 7° de la Resolución General (DGI) N° 3503 del 13 de mayo de 1992, se ajustará anualmente a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del año anterior.

Capítulo III

Artículo 80.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar, durante el período fiscal 2024, los importes previstos en el artículo 30 y en el artículo 94, todos ellos de la ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Artículo 81.- Incorpórase con efecto para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1º de enero de 2024, como últimos tres párrafos del artículo 82 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, los siguientes:

Respecto de los contribuyentes alcanzados por los incisos a) y b) de este artículo, todo pago recibido por cualquier concepto relacionado con su trabajo personal en relación de dependencia (sea pagado por su empleador o por un tercero) y/o con los demás conceptos abarcados en dichos incisos integrará la base imponible del impuesto de esta ley. No serán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en esta ley y sus modificaciones y la ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma, sean emitidas por el Estado (incluyendo el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Ministerio Público) nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, entes descentralizados y/o cualquier otro sujeto, mediante las cuales esté establecido o se establezca en el futuro, directa o indirectamente, la exención, desgravación, exclusión, reducción o la deducción, total o parcial, de materia imponible de este impuesto, de los importes percibidos por los contribuyentes comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 82, sean éstos recibidos por cualquier concepto incluyendo, sin limitación, gastos de representación, viáticos, viandas, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo, bono por productividad, horas extras o por cualquier otro concepto, cualquiera fuera la denominación asignada o que se le asigne.

Los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios (sociales o de cualquier otra naturaleza) y/o vales de combustibles o por cualquier otro concepto, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por este impuesto, aun cuando no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o regímenes provinciales o municipales análogos.

Exclúyese de lo dispuesto en el párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado con la indumentaria y con el equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación o especialización en la medida en que estos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa.

Artículo 82.- Para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2024 se establece que los beneficios consagrados en el artículo 1° de la ley 26.176 únicamente aplican al personal petrolero, comúnmente denominados “personal de pozo”, amparado en la Convención Colectiva de Trabajo (“CCT”) N° 396/2004, homologada por Resolución de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 90 del 15 de diciembre de 2004 y en el Acta Acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, homologada por Resolución de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 78 del 1º de abril de 2005 y en el Acta Acuerdo de fecha 15 de junio de 2006, homologada por Resolución de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 474 del 4 de agosto de 2006, así como en las demás Convenciones Colectivas de Trabajo y Actas Acuerdos que se hayan celebrado con posterioridad.

Dichos beneficios no resultarán aplicables a partir de los períodos fiscales señalados en el párrafo anterior para el personal directivo, ejecutivo y gerencial que desarrolla tareas en empresas petroleras amparadas o no por Convenios Colectivos de Trabajo, ni a ningún otro personal -cualquiera fuese su puesto o categoría- que no encuadre como “personal de pozo”. Esos beneficios que no fueron usufructuados en períodos fiscales anteriores a la entrada en vigencia de esta norma no serán reintegrados por el Estado nacional.

Se entenderá por “personal de pozo” a los efectos del primer párrafo del presente artículo a aquél que se desempeñe habitual y directamente en las siguientes actividades: a) en la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña; y b) en tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos.

El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas reglamentarias que sean necesarias y la Administración Federal de Ingresos Públicos será la autoridad de aplicación en la materia.

Capítulo IV

Artículo 83.- Cuando la aplicación de las normas contenidas en este título V referidas a las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 2019 y sus modificaciones (incluido lo establecido en el capítulo III del título IV de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que se deroga a través del artículo 75 de la presente ley), produzca un incremento de la obligación fiscal sobre las rentas percibidas desde el 1° de enero de 2024 y hasta el último día del mes inmediato anterior a la entrada en vigencia del presente título V, ambas fechas inclusive, podrá computarse una deducción especial equivalente al incremento de la ganancia neta sujeta a impuesto que se genere en dicho lapso como consecuencia de lo dispuesto por este título V.

La reglamentación establecerá el método para determinar los contribuyentes alcanzados por este artículo y la forma de cálculo de la deducción especial prevista en el párrafo anterior.

En ningún caso el cómputo de la deducción especial prevista en el presente artículo dará lugar a la devolución de sumas retenidas y/o ingresadas en concepto de impuesto a las ganancias por los contribuyentes alcanzados por las previsiones de este artículo.

Capítulo V

Artículo 84.- Las disposiciones de este título V entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto:

a) Para lo dispuesto en el capítulo I, a partir del año fiscal 2024;

b) Para lo dispuesto en los capítulos II y III, en las fechas expresamente indicadas en cada uno de los artículos que lo integran;

c) Para lo dispuesto en el capítulo IV, a partir de la entrada en vigencia del presente título V.

TÍTULO VI

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

Artículo 85.- Sustitúyese el inciso a) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

a) Hubieran obtenido en los doce (12) meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión, ingresos brutos provenientes de las actividades a ser incluidas en el presente régimen, inferiores o iguales a la suma máxima que se establece en el artículo 8° para la categoría K.

Artículo 86.- Sustitúyese el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

c) El precio máximo unitario de venta, solo en los casos de venta de cosas muebles, no supere el importe de pesos trescientos ochenta y cinco mil ($ 385.000).

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 8° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 8°: Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los ingresos brutos anuales -correspondientes a la o las actividades mencionadas en el primer párrafo del artículo 2°-, las magnitudes físicas y el monto de los alquileres devengados anualmente, que se fijan a continuación:

Artículo 88.- Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 11: El impuesto integrado que por cada categoría deberá ingresarse mensualmente, es el que se indica en el siguiente cuadro:

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar -en una o más mensualidades- hasta un veinte por ciento (20%) del impuesto integrado total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con una determinada modalidad de pago o que guarden estricto cumplimiento con sus obligaciones formales y materiales.

Artículo 89.- Sustitúyense los incisos a), b) y j) del primer párrafo del artículo 20 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por los siguientes:

a) La suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el presente régimen, en los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto -incluido este último- exceda el límite máximo establecido para la Categoría K.

b) Los parámetros físicos o el monto de los alquileres devengados superen los máximos establecidos para la Categoría K.

j) El importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad de que se trate, efectuados durante los últimos doce (12) meses, totalicen una suma igual o superior al ochenta por ciento (80%) en el caso de venta de bienes o al cuarenta por ciento (40%) cuando se trate de locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecución de obras, de los ingresos brutos máximos fijados en el artículo 8° para la Categoría K.

Artículo 90.- Sustitúyese el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

e) Cuando se trate de locación y/o prestación de servicios, no llevar a cabo en el año calendario más de seis (6) operaciones con un mismo sujeto, ni superar en estos casos de recurrencia, cada operación la suma de pesos ciento cinco mil ($105.000);

Artículo 91.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 32 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 32: A los fines del límite al que se refieren los incisos h) e i) del artículo anterior, se admitirá, como excepción y por única vez, que los ingresos brutos a computar superen el tope previsto en dichos incisos en no más de pesos quinientos veinte mil ($520.000), cuando al efecto deban sumarse los ingresos percibidos correspondientes a períodos anteriores al considerado.

Artículo 92.- Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 39 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por los siguientes:

a) Aporte con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800), para la Categoría A, incrementándose en un diez por ciento (10%) en las sucesivas categorías hasta la Categoría F inclusive, y en un cuarenta por ciento (40%) en las sucesivas categorías a partir de la Categoría G inclusive. En todos los casos, el incremento se realiza respecto del importe correspondiente a la categoría inmediata inferior;

b) Aporte de pesos trece mil ochocientos ($ 13.800), con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, de los cuales un diez por ciento (10%) se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido en el artículo 22 de la ley 23.661 y sus modificaciones.

Para las categorías D a K, el aporte consignado en el párrafo anterior ascenderá a los siguientes montos:

Artículo 93.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 49 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 49: En todos los casos, la cooperativa de trabajo será agente de retención de los aportes y del impuesto integrado que, en función de lo dispuesto por este título, sus asociados deban ingresar al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Artículo 94.- Sustitúyese el artículo 52 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 52: Los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales y los importes consignados en el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2°, en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 y en el primer párrafo del artículo 32, se actualizarán semestralmente a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.

La Administración Federal de Ingresos Públicos será la encargada de publicar semestralmente los nuevos montos a que hace referencia el párrafo anterior y su respectiva aplicación.

Artículo 95.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar, durante el período fiscal 2024 los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales y los importes consignados en el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 de la ley 24.977 y en el primer párrafo del artículo 32 de la ley 24.977.

Los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales en ningún caso podrán aumentarse en un porcentaje mayor al porcentaje de aumento que se establezca para el importe máximo de facturación de cada categoría.

Artículo 96.- Los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde el 1° de enero de 2024 por aplicación de los parámetros existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán volver a adherirse, por única vez, sin tener que aguardar el plazo previsto en el artículo 19 del anexo de la ley 24.977 y sus modificaciones, en la medida que reúnan los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por la normativa vigente. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las modalidades, plazos y condiciones para efectuar dicha adhesión.

Artículo 97.- Las disposiciones de este título entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de su entrada en vigencia, inclusive; excepto lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 90 y 91, de la presente ley que entrarán en vigencia y surtirán efectos a partir del 1° de enero de 2024.

En ningún caso, las disposiciones de este título darán lugar al reintegro de las sumas oportunamente abonadas.

TÍTULO VII

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Artículo 98.- Sustitúyese, con efectos a partir del 1° de enero de 2025, el primer párrafo del artículo 39 de la ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 39: Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación, el cual se calculará aplicando sobre el precio neto indicado en el artículo 10, la alícuota correspondiente, resultando de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 37. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas, incluyendo a aquellos que revistan la condición de inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes establecido por el anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias.

Artículo 99.- Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, el cual deberá estar acompañado de la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS”.

Las facturas o tickets o comprobantes fiscales similares emitidos por las operaciones a que hace referencia el párrafo anterior deberán detallar el importe discriminado del Impuesto al Valor Agregado y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios con el objetivo que todos los consumidores finales tengan conocimiento del importe pagado en concepto de esos impuestos en cada operación realizada.

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en los párrafos anteriores estará sujeto a la sanción establecida en el artículo 40 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal.

La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá dictar las normas reglamentarias y complementarias que sean necesarias para que dichas obligaciones se efectivicen a partir del 1° de enero de 2025.

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

Artículo 100.- En la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos no podrá utilizarse la palabra “gratuito” o similares debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes.

Artículo 101.- Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

TITULO VIII

Otras Medidas Fiscales

Artículo 102.- Desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago, por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administran, procesen u operen; y las entidades financieras, por los pagos que realicen en concepto de liquidaciones correspondientes a los pagos realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los anteriores, deberán, con una periodicidad mensual, poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales o interjurisdiccionales competentes, cuando así lo determinen, la información relacionada con los cobros realizados a través de los medios que administran.

Las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago, por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administran, procesen u operen; y las entidades financieras, por los pagos que realicen en concepto de liquidaciones correspondientes a los pagos realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los anteriores sólo podrán realizar retenciones impositivas, cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales, en tanto y en cuanto los montos que procesen excedan el equivalente a diez mil (10.000) Unidades de Valor Adquisitivo mensuales por contribuyente. El Ministerio de Economía podrá disponer mecanismos de identificación de los umbrales de facturación o de sujetos alcanzados siempre que respeten criterios de uniformidad y de facturación análogos a los aquí establecidos.

A estos efectos se considerarán agrupadores, agregadores y/o procesadores de medios electrónicos de pago a quienes realicen al menos una de las siguientes tareas:

a) La adhesión de comercios o proveedores al sistema de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago;

b) La provisión del servicio de aceptación de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago a través de plataformas o sistemas que procesan pagos o a través de terminales de punto de venta;

c) La liquidación al receptor de pagos del importe de los pagos cobrados a través de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago.

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer mediante el dictado de la normativa local correspondiente, mecanismos y/o parámetros objetivos que permitan que los sujetos que asuman la calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -locales y/o comprendidos en las normas del Convenio Multilateral- queden excluidos de la Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC u otro sistema de recaudación local similar sobre Tarjetas de Crédito y Compra, cuando la sumatoria de operaciones informadas, por los agentes de retención del referido Sistema de recaudación, no excedan el importe que, a tales efectos, las jurisdicciones dispongan.

En el caso de que las jurisdicciones hayan adherido al Sistema informático unificado de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC”, invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a coordinar, mediante la Comisión Arbitral y, en el marco de las disposiciones de la Resolución General N° 2/2019 y su texto ordenado por Resolución General N° 11/2020, la fijación de reglas y/o pautas básicas que permitan la aplicación de lo establecido en el párrafo precedente. Para evaluar la situación de los contribuyentes las jurisdicciones a través de la Comisión Arbitral tendrán acceso a la totalidad de la información necesaria administrada por los sujetos involucrados.

Artículo 103.- Modifíquese el artículo 22, del título IV, capítulo VI “Regalías”, de la ley 24.196, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 22: Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.

Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior y exclusivamente respecto de proyectos mineros que no hubieran iniciado construcción correspondiente a la etapa de explotación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente artículo, las provincias adheridas al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibirlas podrán, previa adhesión a lo dispuesto en este artículo, percibir en concepto de regalías un porcentaje que no exceda de un cinco por ciento (5%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.

Artículo 104.- Las disposiciones del presente Título entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 105.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

REGISTRADO BAJO EL N° 27743

VICTORIA VILLARRUEL - MARTIN ALEXIS MENEM - Agustín W. Giustinian - Tomás Ise Figueroa

e. 08/07/2024 N° 44032/24 v. 08/07/2024

Fecha de publicación 08/07/2024

IG

El Gobierno dispuso una reestructuración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la mira puesta en el control de la moratoria y el blanqueo de capitales tras la aprobación del Paquete Fiscal en el Congreso.

La decisión del Ejecutivo se conoció este miércoles a través de la publicación del Decreto 559/2024 en el Boletín Oficial en el que se consideró que “por razones operativas resulta necesario modificar la estructura organizativa” de la AFIP.

La normativa determinó concentrar en las dependencias de la Dirección General Impositiva (DGI) la fiscalización en materia tributaria y previsional en el ámbito metropolitano, por lo que unos 700 agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) pasarán a estar bajo su órbita.

Además, los cambios en el organigrama del organismo incluyen la eliminación de ocho direcciones y tres subdirecciones, lo que implicaría una reducción de 44 cargos jerárquicos. Sin embargo, desde AFIP aclararon que esto significa “una reducción de estructura, pero no de personal con la finalidad de modernizar los controles de fiscalización en miras a la moratoria y blanqueo”.

Asimismo, explicaron que la unificación de las actividades de control tributario y previsional está orientada sobre el propósito de que “esta ‘ventanilla única’ va a facilitar el cumplimiento del contribuyente porque queda toda en un solo canal y ya no habrá doble fiscalización”, por lo que “desde ahora habrá un solo control”.

Continuando en esa línea, precisaron que “las modificaciones en la estructura también aseguran la aplicación uniforme de criterios y mejores prácticas operativas, circunstancia que resultará de utilidad en el proceso de exteriorización de activos y de deudas, próximo a implementarse”.

En el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que “la presente medida propenderá a la complementación e interrelación entre la materia impositiva y la de los tributos del sistema de la Seguridad Social, en miras de lograr sinergia en las actividades operativas de la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

Al mismo tiempo, aseguró que “ello contribuirá a constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, prioridad del Estado Nacional”.

Desde el organismo que dirige Florencia Misrahi aclararon que en la DGRSS “permanecerán la distribución de los fondos con destino a los subsistemas de seguridad social, el contacto con las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad social, así como la investigación y denuncia en caso de trata de personas”.

Funciones de la Subdirección General de Planificación y Coordinación Institucional

Funciones de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones

Con información de NA

IG

La Cámara de Diputados le dio media sanción a un paquete fiscal, que tiene principalmente cinco grandes reformas impositivas: una moratoria, un blanqueo de capitales, modificaciones al impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales y al monotributo.

El sesgo de la propuesta del Ejecutivo, según especialistas, resulta muy claro: otorga enormes beneficios impositivos para quienes incumplieron las normas tributarias y para quienes mayor patrimonio tienen mientras que aumenta la presión impositiva a los sectores de mitad de tabla para abajo. El resultado sería, de completarse la aprobación en el Senado, un sistema tributario más regresivo.

En esta nota, todos los puntos principales, en detalles.

Impuesto a las Ganancias

• Se restablece el impuesto para la cuarta categoría, con un nuevo piso de $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con hijos. Con esta modificación, quienes cobren más de $1,8 millones bruto por mes volverían a tributar el impuesto, que fue eliminado para los trabajadores que de mejores ingresos (una medida que pedía la CGT) en septiembre de 2023, gracias a una reforma del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, que estaba en plena campaña electoral presidencial.

Además, las deducciones personales y las escalas de alícuotas se actualizarán semestralmente. Y se elimina la exención de horas extras y de bonos por productividad.

Monotributo

El texto aprobado por Diputados elimina el monotributo social. Esta categoría fue creada para promover la formalización de los sectores de menores ingresos permitiéndoles facturar y acceder a ciertos derechos afrontando un pago mínimo de $3.200. Son algo más de 600.000 trabajadores que facturan menos de $175.000 mensuales. Si este proyecto llegara a aprobarse, pasarían a abonar $26.600: 8 veces más. Un incremento muy oneroso para un sector vulnerable que lo condenaría a recurrir a la informalidad. 

Para el resto de los monotributistas, se incrementan las escalas de facturación, pero también los importes a pagar por mes: para la categoría A, el aumento del impuesto integrado sería de 119%.

Además, se incrementan los topes de facturación hasta un 300%; se agregan tres nuevas categorías para prestadores de servicios, permitiendo facturar hasta $68 millones anualmente, y se elimina la excepción de ingresar el impuesto integrado para las categorías A y B.

Bienes Personales

Es considerada la zanahoria para que los ricos saquen los dólares de abajo del colchón –o de las cajas de seguridad–: se reducen las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales: no sólo no abonarán nada si depositan los dólares en el banco sino que anualmente pagarán por esa tenencia cada vez menos.

Actualmente, al impuesto a los Bienes Personales lo pagan solamente algo más de 400.000 contribuyentes, menos del 1% de la población total del país, con alícuotas que van de 0,5% a 1,75% para bienes en Argentina, con una penalidad de 0,5 puntos porcentuales extra para los bienes radicados en el exterior. 

Según los datos provistos por el secretario de Hacienda, sólo 125.000 contribuyentes pagan la alícuota máxima de 2,25%. Sin embargo, en el nuevo esquema propuesto, es a este sector al que más se lo beneficia: para 2023 la alícuota máxima baja a 1,5% (0,75 puntos porcentuales menos que lo vigente), con reducciones graduales hasta llegar al año 2027 con una alícuota única de 0,25%. 

El proyecto prevé un Régimen de “pago anticipado” del impuesto por 5 períodos fiscales: se paga por el patrimonio actual (y no por lo que vaya a aumentar en los próximos años), sólo se tributa 0,45% por año, es decir, 2,25% total. También les ofrecen estabilidad fiscal hasta 2038: el Estado no podrá cobrar una alícuota superior al 0,25%, limitando así la capacidad de futuros gobiernos de gravar el patrimonio. Todo ello sin beneficio aparente: no se resigna recaudación para impulsar algún sector económico, una inversión productiva o una región determinada, es solamente una transferencia de ingresos a un reducido grupo de mayores ingresos.

Se modifica el mínimo no imponible a $100.000.000; se unifica la alícuota para bienes en el país y en el exterior, eliminando el tratamiento diferencial, y se establece un beneficio para contribuyentes cumplidores con una reducción del 0,25% en la alícuota.

Blanqueo de Capitales

En cuarto lugar, el proyecto contempla una “Regularización de activos”, es decir, un “blanqueo de capitales” a una tasa irrisoria. Hasta US$100.000 el impuesto a pagar es cero y por el excedente se cobra una alícuota de 5, 10 o 15% según el período temporal en el que se ingrese al blanqueo, sin importar los montos declarados.

Para el efectivo que sea depositado en entidades financieras o en sociedades de bolsa, el costo del blanqueo también es cero si no retiran el dinero hasta el 31 de diciembre de 2025. Este beneficio no presenta ningún tope: es decir, es sin cargo tanto para quien blanquea US$10.000 como para quien blanquea US$100.000 o US$1 millón. 

Se podrán regularizar activos en el exterior sin penalidades y con alícuota 0% hasta US$ 100.0008 y se ofrecen beneficios significativos, incluyendo la exoneración de acciones civiles y penales por delitos tributarios.

Moratoria Fiscal

Este “Régimen de Regularización Excepcional” es una moratoria para deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, que permitiría mediante condonación de intereses y planes de pago regularizar la situación ante el fisco. 

Se permitirá pagar obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas y se condonará la totalidad de las multas y hasta el 70% de los intereses.

JJD

Los últimos días, antes de la maratónica sesión para tratar la ley Bases en Diputados, estuvieron plagados de datos económicos: 

Sin embargo, el dato apareció la semana pasada en el Congreso. Tras el fracaso de una sesión impulsada por Unión por la Patria que buscaba dar respuesta a los millones de personas que se movilizaron en defensa de la educación universitaria pública, gratuita y de calidad, el oficialismo logró dictaminar y convocar para su tratamiento el lunes próximo su tan anhelada ley ómnibus. Esta vez, en dos tramos: un paquete fiscal que beneficia a un sector minúsculo de la sociedad mientras castiga a las mayorías, y una “ley Bases” que consolidaría –quizás para siempre– una Argentina primarizada, extranjerizada y subdesarrollada. Son las dos caras de una moneda: un país para pocos.

Al igual que en su primera versión, el proyecto contiene un sinfín de temáticas: delega facultades en el Presidente, habilita la privatización de empresas, prácticamente confisca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FSG) –al quitarle los títulos públicos que están en su poder–, cercena los derechos de los trabajadores con una regresiva reforma laboral, otorga cuantiosos beneficios impositivos para “grandes” inversiones –en detrimento de las obligaciones tributarias de las pymes– y suprime el derecho a la jubilación de millones de personas.

La mayoría de las cuestiones han sido discutidas largamente en estos cuatro meses que pasaron desde la primera vez que ingresó el proyecto al Congreso. Por ello, me detendré en una cuestión “novedosa”: la derogación de la moratoria previsional. Este capítulo de la ley, ausente en la versión original, se incorporó –como artículo final– hace un mes, y en esta versión final aparece acompañado de otro artículo que condena a millones de ciudadanos –pero principalmente ciudadanas– a ingresos de miseria. 

La política de moratorias ha sido ampliamente criticada por un sector de la política. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, ha mostrado en más de una oportunidad su oposición y hoy sabemos cuál es su propuesta alternativa: si no tenés 30 años de aportes, te corresponde la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), una creación del macrismo. Esta prestación es un 80% de la jubilación mínima: en abril fue de $137.000. Incluso con el bono de $70.000 –congelado desde marzo–, la PUAM no cubre la canasta mínima de una sola persona sino apenas el 75%. 

No sólo el problema es el monto a cobrar, sino que, además, para las mujeres representa una situación bastante más desventajosa que la actual política de moratoria: para acceder a la PUAM deben haber alcanzado los 65 años, en vez de los 60. A su vez, no puede acumularse con otra pensión, por lo cual, por ejemplo, si un/a viudo/a cobra una pensión por fallecimiento del cónyuge, no es susceptible de ingresar a la PUAM. Por último, no es pensionable. ¿Qué significa esto? Que en caso de fallecimiento, a diferencia de una jubilación, su beneficio no se traslada al cónyuge ni a los hijos con discapacidad o menores de 18 años. La PUAM es la precarización de una situación ya de por sí precaria de jubilados y jubiladas de la mínima. Esa es la salida que le ofrece La Libertad Avanza a los millones de personas que están cercanas a la edad jubilatoria pero no cuentan con los años de aporte.

Una vez más, el discurso del gobierno se contradice con la práctica: dicen querer mejorar los haberes jubilatorios, pero en realidad quieren recortarles un 20%, además de haberlos licuado un 31% interanual como se observa en el gráfico precedente y ahora congelado vía modificación por DNU de la fórmula de movilidad previsional.

Más allá de las implicancias prácticas que tendría este apartado de la ley, la cuestión es por qué hizo (y hace) falta una política de moratoria: el punto de partida es el reconocimiento por parte del Estado de un problema estructural que es anterior al momento de la política pública. En el caso de la moratoria hoy vigente, los períodos que se pueden “comprar” de aportes son precedentes al 2008: durante los 15 años anteriores la tasa de desocupación en Argentina superó los dos dígitos y la tasa de informalidad alcanzó picos del 50%. Ese período, paradójicamente, coincidió con una serie de reformas en el mercado laboral que decían orientarse a la inclusión laboral pero que finalmente sólo permitieron reducir costos a los empleadores –en línea con las reformas al mercado laboral que hoy se proponen en este proyecto de ley, y cuyos negativos efectos ya vivimos en Argentina–.

Ante largos períodos de desocupación e informalidad laboral, una buena porción de trabajadores no logra cumplir con el mínimo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria. Esto afecta de manera diferencial a las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad. Por eso, actualmente el 78% de las mujeres que accedió a una jubilación lo hizo vía moratoria. 

Por último, en este contexto de embate contra el pueblo trabajador, es preciso poner en cuestión la lógica de la derogación de la moratoria, que culpabiliza al trabajador sin aportes, castigándolo con una PUAM en vez de una jubilación, mientras sí se realizan moratorias para deudas tributarias, aduaneras, para blanquear capitales. A quienes sí son responsables de no haber cumplido sus obligaciones ante el fisco, facilidades; a quienes trabajaron toda su vida, pero sus empleadores no les hicieron los aportes, pensiones de miseria. 

La ANSeS comenzó a ofrecer turnos los sábados para iniciar trámites jubilatorios, en el marco del Plan de Pago de Deuda Previsional.

La medida se aplica desde el último fin de semana en aquellas localidades con mayor demanda y continuará durante los siguientes, en el horario de 8 a 14.

Según la ANSeS, más de cien oficinas están abiertas los sábados en distintas localidades del país, “para que más de 3500 argentinas y argentinos que cumplen los requisitos comiencen su trámite jubilatorio de forma simple, gratuita y sin intermediarios”.

Para poder concurrir un sábado, hay que sacar turno en la web del organismo: www.anses.gob.ar, ir a Trámites y Servicios, Turnos, Solicitar un turno y elegir Plan de Pago Deuda Previsional -Asesoramiento.

Ese Plan permite acceder a una jubilación a personas que necesitan regularizar su deuda de aportes previsionales.

Pueden tramitar el haber previsional aquellos que ya alcanzaron la edad jubilatoria (60 años en las mujeres, 65 en los hombres) pero que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos.

Se pueden completar períodos de aportes faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive, que se descontarán mensualmente del haber jubilatorio.

El Plan es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

Claves del Plan de Pago de Deuda Previsional

Para que las argentinas y argentinos que no llegan a cumplir los 30 años de aportes requeridos, puedan saldar su deuda y acceder al derecho a su jubilación. Recordá que el trámite es simple, gratuito y no necesitás intermediarios.

En qué consiste

El Plan de Pago de Deuda Previsional permite acceder al derecho a una jubilación a personas que necesitan regularizar su deuda de aportes previsionales.

Quiénes pueden acceder

Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria y que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos

Qué períodos podés regularizar

Cómo realizar el trámite

Accedé al Plan de Pago de Deuda Previsional en 3 simples pasos. 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Qué podés hacer antes de que llegue el día del turno

En caso de que tengas certificaciones de servicio de actividades laborales que hayas realizado, recordá traerlas.

Si sos mujer y tenés hijas y/o hijos, revisá que tus vínculos familiares estén actualizados y acreditados en mi ANSES. En caso de que no los tengas actualizados, el día del turno vas a tener que traer tu DNI y las partidas de nacimiento de cada una de tus hijas e hijos para poder computar los períodos de aportes por Tareas de Cuidado.

Personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria (Próximamente)

Mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes requeridos.

Qué períodos podrán regularizar

Podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive.

Las personas podrán identificar los períodos de aportes a regularizar y cancelarlos de acuerdo a sus posibilidades.

Con información de ANSES.

IG

Tras la sanción de la nueva moratoria previsional y su reglamentación, la ANSES fijó los límites para que una persona pueda acceder al plan de pagos.

Mediante una Resolución 5345/2023 firmada por los titulares de ANSES, Fernanda Raverta, y de AFIP, Carlos Castagneto, se determinó que para inscribirse en la moratoria el ingreso bruto promedio mensual correspondiente a los últimos doce meses anteriores a la fecha de la evaluación, no supere el límite vigente para acceder a la asignación familiar por hijo.

De acuerdo a la última tabla publicada por el organismo ese monto sería de $316.731.

Para este análisis se tendrán en cuenta los sueldos brutos en relación de dependencia, los haberes previsionales brutos y los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias y/o el rango de ingresos brutos anuales declarados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), precisó la resolución.

Además, el patrimonio declarado sobre bienes personales no podrá superar 2,4 veces el importe anualizado de la asignación familia por hijo, es decir, $9.121.852,8.

Asimismo, no podrán tener un automotor informado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor que supere una vez el importe anualizado del referido ingreso, a la fecha equivalente a $3.800.772.

Para este fin se exceptúan las maquinarias agrícolas, que no registren la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, ni tampoco la tenencia de embarcaciones de más de nueve metros de eslora informada por la Prefectura Naval Argentina.

No se toman en cuenta para el cálculo de patrimonio los inmuebles que son de residencia permanente.

Asimismo, el gasto y consumo cuyo promedio mensual correspondiente a los últimos doce meses anteriores a la fecha de la evaluación no puede superar el 80% del límite vigente para el derecho a la percepción de la asignación familiar. Este valor sería equivalente a gastos y consumos no superiores a los $255.000.

La resolución

Las claves, paso a paso

En qué consiste

El Plan de Pago de Deuda Previsional permite acceder al derecho a una jubilación a personas que necesitan regularizar su deuda de aportes previsionales.

Quiénes pueden acceder

Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria y que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos

Qué períodos podés regularizar

Cómo realizar el trámite

Accedé al Plan de Pago de Deuda Previsional en 3 simples pasos. 

Sacá turno

Solicitá un turno para ser atendido en una de nuestras oficinas

SACAR TURNO

Presentate en ANSES

El día del turno vamos a actualizar y acreditar tus datos personales. Además, vamos a realizar una evaluación socioeconómica sobre tus ingresos, gastos y patrimonio. En función de este resultado y según la cantidad de períodos de deuda que debas cancelar, una trabajadora o trabajador de ANSES te va a explicar a qué tipo de Plan de Pago vas a poder adherir. Si estás de acuerdo, vas a poder aceptarlo y, a partir de ahí, comenzaremos los procesos administrativos necesarios para que puedas acceder a tu jubilación.

Tu jubilación ya fue otorgada

Te vamos a notificar que tu jubilación ya fue otorgada a través de SMS o correo electrónico. También vas a tener la posibilidad de consultar a través de mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social el estado de tu trámite.

Una vez que te hayamos notificado, vas a poder visualizar tu fecha y lugar de cobro en mi ANSES.

Qué podés hacer antes de que llegue el día del turno

En caso de que tengas certificaciones de servicio de actividades laborales que hayas realizado, recordá traerlas.

Si sos mujer y tenés hijas y/o hijos, revisá que tus vínculos familiares estén actualizados y acreditados en mi ANSES. En caso de que no los tengas actualizados, el día del turno vas a tener que traer tu DNI y las partidas de nacimiento de cada una de tus hijas e hijos para poder computar los períodos de aportes por Tareas de Cuidado.

Personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria

Mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes requeridos.

Qué períodos podrán regularizar

Podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive.

Las personas podrán identificar los períodos de aportes a regularizar y cancelarlos de acuerdo a sus posibilidades.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno promulgó la ley de moratoria previsional que, según estimaciones oficiales, beneficiará a unas 800.000 personas que cumplieron la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes requeridos.

Se trata de la Ley 27.705, que aprueba el “Plan de Pago de Deuda Previsional”, que fue sancionada recientemente por el Congreso y que ahora comenzó a regir tras su publicación, este martes, en el Boletín Oficial.

La promulgación llega horas después de que un comunicado de La Cámpora expresara que el 28 de febrero “logramos la aprobación de la ley que beneficiará a 800.000 argentinos. Esperemos que el Presidente, que solicitó el tratamiento del proyecto en extraordinarias, ahora la promulgue”.

Además, la agrupación kirchnerista apuntó contra el FMI, al señalar que “el mismo organismo que decidió dar el préstamo más grande de su historia en tan corto tiempo habla de una ley de moratoria imprevista de pensiones para asegurar los objetivos fiscales. Pues bien, ¿qué significa imprevisto para la titular del Fondo y sus caros técnicos?”.

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la ley 24.241; incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes.

Según la ley, el primer grupo de beneficiarios son quienes ya cumplieron la edad jubilatoria y podrán regularizar las deudas de aportes anteriores a diciembre de 2008; los pagos serán descontados automáticamente de la jubilación que percibirán mensualmente.

Quienes estén a menos de diez años de cumplir la edad jubilatoria, podrán regularizar pagos pendientes anteriores al 31 de marzo de 2012.

El aporte se calculará por una Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP) y el monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible, que equivale a unos $5.730 a marzo de este año.

La deuda total se puede cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo con la cantidad de años que se quieran pagar.

El valor de la cuota se irá ajustando según la movilidad jubilatoria, en forma trimestral.

Del los 7,2 millones de jubilados que hay en la Argentina, la mitad obtuvo su haber previsional a través de leyes de moratoria, según indicó la ANSeS.

Ese organismo puntualizó que solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones alcanzan la edad jubilatoria con 30 años de aportes; en promedio, los trabajadores registrados cuentan con apenas entre 14 y 17 años de aportes.

Con información de agencias.

IG

“Imprescindible, necesario y absolutamente urgente”, así calificó la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, la necesidad de discutir en la Cámara de Diputados el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional que le permitiría acceder a la jubilación a 800.000 personas a lo largo de este año.

La funcionaria habló este miércoles en el marco de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que convocó a una reunión informativa como una manera de agitar el debate y presionar a los parlamentarios a sesionar, dado que la iniciativa ya cuenta con dictamen de comisión. En la apertura, la presidenta de la comisión, Marisa Uceda, admitió que se trató de una reunión “poco ortodoxa”, pero argumentó que “ante circunstancias extremas uno tiene que acudir a todas las herramientas que pueda”.

El proyecto tiene media sanción del Senado desde el 30 de junio, pero no fue tratado en la sesión prevista, el 21 de diciembre pasado, por falta de quórum de la oposición. El Ejecutivo decidió incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias que se iniciaron el 23 de enero y busca que sea llevado pronto al recinto. 

El nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional habilita la regularización de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre del año 2008 y que, según cálculos de la Anses, le permitiría incluir en el sistema alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, el 60% mujeres. Este plan regiría por dos años y permitiría saldar la deuda de aportes hasta en 120 cuotas descontadas de manera directa del haber jubilatorio que le corresponda. Además, habilitaría a quienes estén a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes ir adelantando el pago.  

Hasta el 31 de diciembre estuvo vigente una moratoria y a partir del 1° de enero 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria –60 años para las mujeres, 65 para los varones– dejaron de tener acceso a la jubilación porque no reúnen los 30 años de aportes requeridos por ley. 

Según aseguraron a elDiarioAR en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), este organismo ya no tiene posibilidad de prorrogar esa moratoria como lo hizo en otras oportunidades y, además, esto haría que fuera perdiendo efecto porque los períodos de aportes que se permite regularizar van quedando muy atrás en el tiempo. Las alternativas que quedan son, entonces, o un decreto presidencial o el tratamiento del nuevo régimen en el Congreso. Si bien la estrategia del Gobierno fue hacerlo avanzar en el Congreso, Raverta señaló en declaraciones a los medios que ahora también estudian la posibilidad de un decreto. 

Para la funcionaria, no se trata de “regalar” jubilaciones sino que un plan de pago implica “saldar algo que debés”. “Cada una de las personas que en su momento se incluyeron en el sistema vía moratoria fueron pagando mes a mes esa deuda”, ilustró. También le respondió a quienes se oponen a la iniciativa arguyendo un aumento de las erogaciones públicas al señalar que la discusión por el Presupuesto 2023 ya fue saldada y que la Anses cuenta con una partida asignada para poder dar cumplimiento a la norma. 

Por otra parte, una moratoria y un plan de pagos no son técnicamente lo mismo. Según explica el tributarista César Litvin, el plan de pagos es solo una financiación de la deuda, un pago en cuotas. La moratoria, en cambio, normalmente condona todas las sanciones y a veces reduce los intereses. Es decir que, en el reemplazo de un instrumento por otro, se reduce el esfuerzo fiscal del Estado. 

Caído el régimen de moratoria que estaba vigente, hoy quedan pocas alternativas. Las mujeres deben esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que paga la Anses a quienes no cuentan con ninguna jubilación ni pensión y que equivale al 80% del haber mínimo. A valores de hoy, son $40.099. También los varones de 65 años o más pueden tramitar este beneficio, que no toma en cuenta los años efectivamente aportados y elimina el derecho a recibir una pensión por muerte del cónyuge.

En la reunión de este miércoles, que se realizó cerca del mediodía en la sala 2 del segundo piso del Anexo A de Diputados, Raverta señaló que “lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar cuando se tenían que presentar”. La situación de falta de quórum en el Congreso es una constante desde el cierre de 2022, una situación que responde en gran parte al repudio de Juntos por el Cambio a la iniciativa de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que impulsa el Gobierno. 

Según datos de la titular de Anses, el 95% de las personas que está en edad jubilatoria cuenta con esa cobertura y lo que se pretende es mantener ese nivel de cobertura. Hoy las moratorias son la gran puerta de entrada de los mayores al derecho de la jubilación. De los 5 millones de jubilados del sistema nacional, 3,3 entraron por esta vía; el 66%.

DT

El presidente Alberto Fernández anunció hoy la extensión del plazo de la moratoria previsional, sancionada en 2014 y que vencía el sábado próximo, hasta que el Congreso sancione una nueva ley.

La medida la tomó el mandatario esta tarde, tras una reunión que mantuvo en su despacho de Casa Rosada con la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) Fernanda Raverta.

“Hoy me reuní con Fernanda Raverta para analizar la situación de las y los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter,

“La moratoria previsional fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación”, amplió el mandatario en un hilo en esa red social.

Y anunció: “Por eso tomamos la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”.

De este modo, reforzamos nuestro compromiso con garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación“, completó el jefe de Estado.

El 2 de junio pasado, la diputada Gisela Marziotta (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para prorrogar la moratoria de las jubilaciones para las mujeres que tienen más de 60 años pero carecen de los 30 años de aportes para acceder al régimen previsional.

DA

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba) presentó una solicitud ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con el objetivo de que se reprogramen los plazos para la presentación y pago de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales - Personas Humanas - debido a que aún no están disponibles los servicios web para efectuar la liquidación.

Esta nueva gestión surge a partir que los contribuyentes no cuentan con la herramienta lista para efectuar la presentación, cuyo plazo actual rige para los días 13 al 15 de junio.

Actualmente, los servicios web en AFIP no están listos; la aplicación Ganancias Personas Humanas está en fase de testeo, en tanto que la de Bienes Personales aun no está en esa instancia.

Por esto, el Consejo pidió una reprogramación de los plazos de presentación y pago, fijándose con una antelación de 60 días hábiles, contados desde que las aplicaciones están a disposición en el sitio web de la AFIP; una vez finalizadas con éxito las etapas de testeo y se proceda a la consiguiente homologación.

En tanto, la AFIP otorgó más tiempo para que los contribuyentes puedan acceder a los beneficios previstos en la ley de Alivio Fiscal. La adhesión a la moratoria podrá realizarse hasta el 29 de abril, mientras que la solicitud para la condonación de deudas estará habilitada del 1 al 18 de abril. Asimismo, el organismo extiende el plazo hasta el 18 de abril para que los contribuyentes cumplidores puedan acceder a beneficios.

Como parte de las medidas para acompañar en la etapa de recuperación económica, el Gobierno impulsó beneficios impositivos contenidos en la ley de Alivio Fiscal. El organismo definió dar más tiempo con el objetivo de que más contribuyentes puedan acceder a las herramientas. La extensión de los plazos está prevista en la Resolución General 5181.

Nuevas fechas para los plazos de alivio fiscal

Condonación de deudas: El nuevo plazo para acceder al perdón fiscal será del 1 al 18 de abril. La condonación de deudas pueden solicitarla entidades y organizaciones sin fines de lucro como clubes de barrio, cooperativas de trabajo y escolares, bibliotecas populares y organizaciones comunitarias. También abarca deudas inferiores a $100.000 de monotributistas y otros pequeños contribuyentes, y de micro y pequeñas empresas que cuentan con el Certificado MiPME.

Para ingresar su solicitud deberán ingresar a la página web de la AFIP, dentro del servicio “Condonación de deudas - Título I - Ley 27.653” con clave fiscal nivel de seguridad 3. En caso de que la AFIP detecte inconsistencias o la falta de alguno de los requisitos necesarios para acceder al beneficio, las y los contribuyentes podrán manifestar su disconformidad hasta el 18 de abril.

Moratoria: La adhesión al plan de regularización está habilitada hasta el 29 de abril. El plan de facilidades de pago permite solicitar el beneficio por deudas impositivas, aduaneras o de la seguridad social, incluidos intereses, multas y demás sanciones firmes relacionadas, vencidas al 31 de agosto de 2021.

Contribuyentes cumplidores: Los contribuyentes cumplidores tendrán tiempo hasta el 18 de abril para acceder a los distintos beneficios establecidos en la ley de alivio fiscal. Los monotributistas podrán acceder a la eximición del componente impositivo del pago mensual que se efectuará a partir del período fiscal mayo de 2022

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la adhesión a la moratoria prevista en la ley de alivio fiscal y así pymes, comerciantes, profesionales, monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades sin fines de lucro podrán regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y previsionales en hasta 120 cuotas.

La moratoria forma parte de los beneficios previstos en la ley de alivio fiscal para apuntalar el proceso de recuperación económica y la adhesión al plan de regularización estará habilitada hasta el 15 de marzo de 2022, informó este lunes el organismo.

La primera cuota vencerá el 16 de abril de 2022 y, según el tipo de contribuyente, se podrán acceder a distintos tipos de planes.

Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, micro y pequeñas empresas y sujetos considerados pequeños contribuyentes:

Podrán regularizar los aportes de la seguridad social, retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social hasta en 60 cuotas, mientras que podrán optar por hasta 120 para las restantes obligaciones.

Las micro y medianas empresas incluidas en este grupo de contribuyentes deberán ingresar un pago a cuenta de 1% del valor de la deuda consolidada.

Las medianas empresas podrán regularizar los aportes de la seguridad social, retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social hasta en 36 cuotas, mientras que podrán optar por hasta 60 para las restantes obligaciones.

Las medianas empresas incluidas en este grupo de contribuyentes deberán ingresar un pago a cuenta del 2% del valor de la deuda consolidada.

Otros contribuyentes podrán regularizar los aportes de la seguridad social, retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social hasta en 24 cuotas, mientras que podrán optar por hasta 36 para las restantes obligaciones.

Los contribuyentes de este grupo deberán ingresar un pago a cuenta de 4% del valor de la deuda consolidada.

La normativa también prevé la posibilidad de rehabilitar de manera extraordinaria y por única vez planes de facilidades de pago caducos.

Los contribuyentes deberán solicitar la rehabilitación de cada uno de los planes hasta el 15 de marzo de 2022 a través del sistema informático “Mis Facilidades” accediendo a la opción “Rehabilitación de Moratorias Caducas”.

Con información de agencias.

IG

La Moratoria 2021 de la AGIP está vigente desde febrero de este año, con el propósito de acompañar a las personas que no pudieron pagar el ABL y Patentes de los períodos adeudados entre enero 2019 y octubre 2020. 

Cómo pagar la boleta

La Cuota Moratoria 2021 podrá abonarse en un solo pago, ingresando a la página de la AGIP. Hay que seleccionar el impuesto adeudado, ir a “Tu Boleta” y hacer click en “Deuda Registrada”. La factura podrá abonarse de manera online o en efectivo en Pago Fácil y Rapi Pago (hasta $50.000), o Provincia NET (hasta $100.000). 

En el caso de pagos online, se aceptan tarjetas Visa y Mastercard, de crédito y débito. También está disponible la opción de abonar en cajeros automáticos, homebanking, PagoMisCuentas, Link Pagos, VISA Home y Master Consultas. La boleta puede aparecer como “Cuota 219”.

Por otro lado, quienes no pudieron cumplir en 2020 con su plan de pago de cualquier impuesto tienen tiempo hasta el martes 31 para rehabilitarlo, en las mismas condiciones que el plan original. Para hacerlo, hay que ingresar a la web de la AGIP con Clave Ciudad, ir a la sección de “Servicios” y seleccionar “RePCa - Rehabilitación de Planes Caídos”. Después, hay que hacer click en “Reactivar Plan” y completar el CBU al que se le debitarán las cuotas. Para más detalles sobre el trámite, se puede consultar el tutorial.

MGF

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la adhesión a una moratoria en el marco de la Ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, incorporando el pago de deudas percibidas hasta el 30 de junio de 2021. El servicio de adhesión a este plan estará disponible hasta el 30 de septiembre a través del portal del organismo.  

La cantidad de cuotas y la tasa de interés variará de acuerdo a la categoría de los y las monotributistas. Los contribuyentes que pertenecen a las categorías de la A a la D tendrán un máximo de 60 cuotas con una tasa efectiva mensual de 1,25%. Los que pertenecen a las categorías de la E a la K tendrán un máximo de 48 cuotas con una tasa efectiva mensual de 1,50%.

Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, con excepción de la primera, a la que se sumarán los intereses desde el día de la consolidación hasta el de su vencimiento. El monto de cada cuota debe ser igual o superior a 100 pesos. 

La fecha a tener en cuenta para calcular la consolidación de la deuda es la correspondiente al día de la solicitud de adhesión a la moratoria. A su vez, las cuotas vencerán el día 16 de cada mes desde el mes siguiente a la inscripción.

Para poder adherir, tendrán que tener declarado ante la AFIP su domicilio fiscal electrónico y el CBU de la cuenta bancaria con que debitarán las cuotas. 

Pasos a seguir

1. Ingresar al portal Monotributo AFIP con Clave Fiscal.

2. Ingresar a “Estado de Cuenta” y luego a la opción “Mis Facilidades”.

3. Convalidar, modificar, incorporar o eliminar la deuda a regularizar.

4. Elegir el plan correspondiente de acuerdo a la categoría tributaria. 

5. Seleccionar el CBU y cuenta bancaria a utilizar para debitar los pagos.

6. Consolidar la deuda y seleccionar la forma de pago. Finalizar. 

Requisitos para la adhesión

1. Poseer o establecer Domicilio Fiscal Electrónico.

2. Contar con CBU para debitar las cuotas de la deuda.

MGF