Víctor Bugge colgó la cámara. A sus 68 años, y tras casi cincuenta como fotógrafo de la Casa Rosada, este martes el reportero gráfico se jubiló, según confirmó él mismo a elDiarioAR. Testigo privilegiado de poder, por su lente pasaron desde el dictador Jorge Videla a todos los mandatarios desde el retorno de la democracia hasta hoy: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei durante su primer año en el gobierno.

Videla mirando solo por la ventana y Menem junto a los Rolling Stones. La emblemática caminata Menem-Alfonsín que simbolizó el Pacto de Olivos y Kirchner bajando los cuadros en la ex ESMA. De la Rúa firmando fotos suyas el día después de haber abandonado la Casa Rosada en helicóptero y Milei arriba de un tanque de guerra. “Es el fotógrafo del poder”, le dedicó en una oportunidad Charly García al visitar a Menem.

El propio Bugge compiló parte de su trabajo en un video que publicó por los 40 años democracia y que difundió en sus redes sociales. Por gentileza suya y de la AMIA que hizo la muestra “Balcarce 50”, elDiarioAR muestra aquí una serie de su vasto repertorio fotográfico entre los pasillos de la política argentina.

Las postales de Bugge de la política argentina

Jimmy Carter, quien falleció hace pocos días, a los 100 años, llevaba en febrero de 1977 pocos días como presidente de Estados Unidos, cuando su gobierno anunció que reduciría la ayuda militar a la Argentina y otros dos países (Uruguay y Etiopía) por violaciones a los derechos humanos. La novedad resultó no solo humillante, sino también desconcertante para la dictadura argentina, que nunca entendería por qué Carter abandonó su tradicional política de respaldo sin condicionamientos a las dictaduras anticomunistas latinoamericanas.

“Le duele a la Argentina la incomprensión de sus amigos”, le dijo en una reunión privada el vicealmirante César Guzzetti, canciller de la dictadura, al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill, según se lee en documentos desclasificados por la embajada. La respuesta pública la dio el dictador Jorge Videla, quien trató de encender el nacionalismo, al afirmar que el país enfrentaba una “campaña mundial sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en la Argentina, encaminada a robustecer a las fuerzas subversivas”.

El relato de esos días corresponde a lo que fue apenas el primer capítulo de largos desencuentros entre Carter y la dictadura. Durante sus cuatro años en el poder, el gobierno demócrata reclamó en forma privada y pública que la dictadura revelara la lista de detenidos en poder de las Fuerzas Armadas y llevara ante la Justicia a los acusados de violaciones a los derechos humanos. Impuso, además, sanciones económicas relevantes.

Así, Carter no solo se diferenció fuertemente del gobierno republicano que lo antecedió (el de Gerald Ford, con Henry Kissinger como Secretario de Estado) y el que lo sucedió (Ronald Reagan), que apoyaron la represión ilegal, sino también de todos los demás países. Algunos solo denunciaron y presionaron a la dictadura argentina cuando las víctimas fueron sus propios nacionales, como hizo Francia cuando desaparecieron las monjas Alice Domon y Leonie Duquet o Suecia, cuando fue secuestrada Dagmar Hagelin. Otros directamente respaldaron al gobierno militar, como la Unión Soviética, que le dio su apoyo en foros internacionales, mientras el Partido Comunista Argentino defendía ardorosamente al régimen de las críticas externas. De hecho, cuando Estados Unidos impuso la sanción contada al principio de esta nota, el PC se quejó de que el gobierno de Carter “interfiere en asuntos internos de nuestro país esgrimiendo hipócritamente el argumento de las violaciones a los derechos humanos”, en un comunicado firmado por sus principales dirigentes, Rodolfo Ghildi, Rubens Iscaro y Fernando Nadra.

Derian, la punta de lanza

Ya desde su campaña electoral, Carter fue crítico del combate al comunismo a cualquier costo que había caracterizado a la política exterior estadounidense desde los inicios de la Guerra Fría. Una vez que asumió la presidencia, hizo saber que el respeto a los derechos humanos era un valor universal , en el que no debían reconocerse fronteras, lo que tendría fuertes implicancias para la Argentina.

El presidente norteamericano lo explicitó cuando habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en marzo de 1977, y avisó que ningún país “puede afirmar que el maltrato a sus ciudadanos es un asunto exclusivamente suyo. Ninguno puede eludir su responsabilidad de examinar y denunciar casos de tortura o privaciones injustificadas de la vida en cualquier parte del mundo”.

Ese mismo mes visitó por primera vez la Argentina la coordinadora de Derechos Humanos de Carter, Patricia Derian, quien se convertiría en una enemiga tenaz de la dictadura. En ese primer viaje, Derian se reunió con familiares desaparecidos y también con distintos actores de la realidad argentina, muchos de los cuales le aseguraron que Videla era un “moderado” al que convenía cuidar, porque si no vendrían los “duros”. Derian, sin embargo, nunca creyó esa versión, tan extendida en la época, y no solo enfrentó personalmente a los mayores jerarcas de la dictadura -Videla, Massera y Harguindeguy- sino que motorizó todo tipo de denuncias y de sanciones económicas contra el país.

Carter y Videla se vieron las caras por primera y única vez en septiembre de 1977, cuando los presidentes del continente fueron invitados a Washington, en ocasión de la firma del Tratado del Canal de Panamá, con Omar Torrijos. El líder estadounidense dio una entrevista al dictador argentino en la Casa Blanca y después los dos hablaron con la prensa. 

“Discutimos extensamente la cuestión de los derechos humanos: la cantidad de personas que están detenidas en la Argentina, la necesidad de juicios rápidos y de que el país haga conocer al mundo la situación de los prisioneros”, explicó Carter. Videla, como otras veces, hizo gala de su cinismo, cuando dijo: “La guerra contra la acción subversiva está llegando a su fin y la Argentina pasará una Navidad mucho más feliz”. Era falso, por supuesto. Hacia fin de año la represión ilegal no sólo no cesó, sino que se apuntó a los familiares que se atrevían a buscar a sus seres queridos y fueron desaparecidas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El país herido por la incomprensión

La presión del gobierno de Carter tampoco cesó y tuvo una de sus expresiones más fuertes cuando el Secretario de Estado, Cyrus Vance, realizó una visita a la Argentina y trajo en su valija una lista con los nombres de 7.500 desaparecidos, elaborada por organismos de derechos humanos.

A partir de 1978, la estrategia de Carter se centró en lograr una visita de una misión investigadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto fue considerado en principio inaceptable por los jerarcas de la dictadura argentina, que seguían desconcertados y furiosos por la actitud norteamericana. “Ningún argentino que ame su patria puede aceptar los cuestionamientos de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Todo el país está herido por tanta incomprensión”, casi le gritó una tarde el entonces secretario general del Ejército –y más tarde presidente– Reynaldo Bignone al embajador norteamericano, Raúl Castro, cuentan los cables de la embajada.

Derian, mientras tanto, continuaba su tarea con la misma determinación. Luego del triunfo en el Mundial 78, que había dado al relato de la dictadura –según entendía el régimen– un barniz de legitimidad, la coordinadora de Derechos Humanos se presentó ante el Capitolio para afirmar que continuaba en la Argentina la tortura sistemática de prisioneros políticos. 

Esa audiencia generó una respuesta enérgica de la prensa que acompañaba a la dictadura. El diario Clarín pidió que fuera rechazada “la intromisión en los asuntos internos” y señaló que, después de todo, la represión ilegal había sido necesaria, contaba con apoyo social y eso clausuraba cualquier discusión. “Los expedientes de excepción a los que fue necesario recurrir, por las modalidades de la batalla empeñada, concitan la comprensión de la ciudadanía que quiere vivir en un ambiente de tranquilidad y paz”, editorializó el diario más vendido.

Finalmente, la dictadura aceptó la visita de la CIDH, para sorpresa de muchos, que se concretaría en 1979. Poco antes de su muerte, en una entrevista, Videla señaló que se admitió a la misión investigadora debido “a la presión de gente como Patricia Derian, que jorobaba tanto”.

La visita de la CIDH tuvo un impacto profundo, que desarticuló lo que quedaba en pie de las mentiras de la dictadura y sus apologistas. Miles de familiares se presentaron en oficinas instaladas en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario para denunciar y dar detalles de la desaparición de sus seres queridos. Se denunciaron 5.580 casos. En abril de 1980 el organismo hizo público su informe, en el que señaló que “la lucha desatada con el objeto de aniquilar totalmente la subversión tuvo su más sensible, cruel e inhumana expresión en los miles de desaparecidos, hoy presumiblemente muertos, que ella originó”.

Sin embargo, para esa época ya se había morigerado la presión de Carter, debilitada por la contraofensiva de corporaciones norteamericanas que habían perdido negocios en la Argentina. Una columna publicada en el Washington Post cuantificó en 1.400 millones de dólares el monto que las empresas dejaron de ganar debido a las sanciones económicas y eso resultaba intolerable. El New York Times explicó el escenario de esta manera: “La administración Carter, luego de provocar indignadas reacciones de los militares y de la comunidad local de negocios americana con criticas públicas y sanciones económicas, aparentemente ha decidido que la persuasión silenciosa puede ser un método más exitoso”.

Carter terminó su gobierno golpeado por un aumento de la inflación en Estados Unidos y por la crisis de los rehenes en la embajada norteamericana en Teherán. Cuando Unión Soviética invadió Afganistán y la Casa Blanca decretó un embargo de exportaciones de cereales a su rival en la Guerra Fría, intentó sumar a la Argentina. El presidente norteamericano se lo pidió a Videla en una carta personal, en la que le recordó los términos razonables en que los que siempre habían discutidos sus diferencias en los temas de derechos humanos. El dictador argentino dijo que no. Poco después, la agencia de créditos para las exportaciones de Estados Unidos -el Eximbank- aceptó financiar con 700 millones de dólares la participación de empresas norteamericanas en la construcción de la represa Yacyretá, que un año y medio antes había rechazado por la cuestión de los derechos humanos.

En marzo de 1980, al cumplirse el cuarto aniversario del golpe militar de 1976, el New York Times informó: “El régimen militar argentino empieza su quinto año en el poder, cortejado diplomáticamente tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética y unido sólidamente en sus objetivos políticos y económicos”.

Los días de la presión del gobierno de Jimmy Carter por las violaciones a los derechos humanos se terminaban y para la dictadura argentina era un gran alivio. Ronald Reagan ya asomaba en el horizonte.

DG/MG

Vamos a desplegar sobre este desierto de caracteres un breve concurso de preguntas y respuestas sobre la vida y la muerte de la Nación argentina al que llamaremos “¿Quién lo dijo?”. Va con la ayuda de una trivia, dado que los lectores de diarios son medio de madera. Ojo que es largo. Arranquemos.

“Esta era la única alternativa posible frente el deterioro producido por el desgobierno, la corrupción y la complacencia”. ¿Lo dijo Elisa Carrió, Margarita Stolbitzer o Yanina Latorre? “Actuamos con mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio”. ¿Lo dijo Fernando De la Rúa, Raúl Alfonsín o Martín Demichelis? “Es el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo” ¿Lo dijo Marcos Peña, Ricardo Caruso Lombardi o Carlos Menem? 

“Nunca fue tan grande el desorden ni la corrupción administrativa”. ¿Lo dijo Antonio Laje, Antonio Laje o Antonio Laje? “Por primera vez se llegó al borde de la cesación de pagos”. ¿Lo dijo Domingo Cavallo, Nicolás Dujovne o Willy Kohan? “Para nosotros, el respeto de los Derechos Humanos no nace solo del mandato de la ley ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental”. ¿Lo dijo Adolfo Pérez Esquivel, Julio César Strassera o Estela de Carlotto?

“Asumimos el ejercicio pleno de la libertad”. ¿Lo dijo Charly García, Marta Minujín o Lizzy Tagliani? “A la hora de la distribución vamos a defender los derechos de los trabajadores con la misma firmeza que hoy evidenciamos para exigir su esfuerzo”. ¿Lo dijo Hugo Moyano, Pablo Moyano o Facundo Moyano? “La eficacia en el servicio público es la excepción y la ineficacia es la norma”. ¿Lo dijo Bernardo Neustadt, Iñaki Gutiérrez o la novia de Iñaki Gutiérrez? 

“La cultura será impulsada y enriquecida”. ¿Lo dijo Hernán Lombardi, León Gieco o Jorge Corona? “Tendremos un sentido cabal de la justicia social”. ¿Lo dijo Juan Domingo Perón, Eva Perón o Marta Holgado? “Por una reorganización futura que nos permita el ejercicio de la democracia con representatividad, sentido federalista y concepción republicana”. ¿Lo dijo Juan Bautista Alberdi, Dalmacio Vélez Sarsfield o Víctor Stinfale? “Los compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes”. ¿Lo dijo Chirolita, Polvorita o Luis Majul? 

No se gasten. El único autor de todas estas citas se llama Jorge Rafael Videla, y fueron extraídas de su primer discurso como matarife de la República Argentina, leído el 24 de marzo de 1976 con una sola interrupción, a los 13 minutos, cuando por unos segundos detuvo el curso de su palabrerío para limpiarse los mocos. Ser los mocos de Videla: tremendo destino. 

La oscuridad de Videla, la de base, la de origen, la anterior a su carrera militar y política debe tener mil capítulos. Pero basta con recordar lo que nos recuerda Martín Kohan en su novela Confesión (Anagrama, 2020): que se llamó Jorge Rafael porque antes de que naciera murieron dos de sus hermanos, Jorge y Rafael, con cuyos nombres sus padres ungieron de manteca fúnebre el suyo.    

Pero el discurso de Videla de hace 48 años tiene un ancla en cada charco. Lo que pone en el escenario del juicio el género discurso. ¿Qué no se puede decir en un discurso? Es por lo imposible que postula, por su voluntad ridícula de totalidad, por sus agachadas y por su manera de retorcer las palabras detrás de la cuales se esconden los actos como si los tapara un ligustro, que lo mejor que podrían hacer hoy los discursos es llamarse a silencio. 

En el debut de Videla como estadista del crimen se repite dos veces (es la única frase que repite): “Llegó la hora de la verdad”, como si dijese “llegó la hora del té”

Por algo Roland Barthes, el rey mundial de la lectura, los comparó con un motociclista metiendo cortes con su moto en una plaza de pueblo a la hora de la siesta. El discurso es una molestia, una mancha en el sentido, un ruido de motor que quema mal. 

Quizás la política debería abandonar para siempre el género que la hundió (esto también va para el arte). Y que lo reemplace con cualquier cosa: con el chisme, los sonetos, la logorrea confesional. Cualquier cosa es más verdadera que un discurso, vehículo fundido del “hacer creer” a un mundo de incrédulos. Que cada político diga su verdad, y la mierda.  

En el debut de Videla como estadista del crimen se repite dos veces (es la única frase que repite): “Llegó la hora de la verdad”, como si dijese “llegó la hora del té”. Además de que está mintiendo, porque no hay ninguna hora de la verdad en un discurso, también es una alusión vaporosa a La hora de la espada, el programa golpista que leyó Leopoldo Lugones en diciembre de 1924 en conmemoración del centenario de la Batalla de Ayacucho: “Señores: Dejadme procurar que esta hora de emoción no sea inútil. Yo quiero arriesgar también algo que cuesta mucho decir en estos tiempos de paradoja libertaria y de fracasada, bien que audaz, ideología. Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Así como ésta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque ésa es su consecuencia natural, hacia la demagogia o el socialismo”.

A diferencia del léxico de idiota encuartaledo que emplea Videla (¿alguien sabrá quién escribió ese discurso?), el de Lugones, aun relamiéndose por el futuro que le trae en sueños la caída de Hipólito Irigoyen de 1930, no le impide honrar las blanduras de “el solitario cisne del estanque”, de Rubén Darío, del que fue su epígono y su evolución. Le queda en común con el Carnicero de Mercedes, que murió en el inodoro como Elvis Presley (hasta Videla tuvo su momento rocker), la dureza común de la espada. 

Hoy se ve un regreso naif del videlismo, oscurantismo armado que tuvo sus millones de adeptos silenciosos durante varios años, mal que le pese a la historiografía blanca de la Argentina. No tenía muchas ganas de pasar a contar cosas personales, pero hay sol afuera mientras escribo esto y me quiero sacar cuanto antes esta nota de encima. Así que voy a contar (otra vez; pero cada vez más breve) el episodio en el que Videla me besó. 

Yo era abanderado de mi escuela (así estamos) y fui a hacer la Guardia Suiza con todos los colegios habidos en Junín. El Excelentísimo Señor Presidente de la Nación Argentina y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, salió la de la Municipalidad y repartió besos, a lo Sandro de América. Subió al auto oficial y fue a inaugurar una feria de la Sociedad Rural de Junín, en la que su presidente, Jorge Cogorno, habló de la “demagogia” y la “corrupción” que Videla había dejado atrás. Un discurso cuyas chispas de luz negra, todas de cepa moralista, no dejan de pronunciare desde La hora de la espada de Lugones. Es, sin duda, el cuento infantil que a la Argentina le gusta que le lean antes de hacer noni-noni.

Fue el 9 de julio de 1977. En las calles, miles de personas aparentemente normales festejaron emocionadas la existencia del Carnicero de Mercedes. Más no puedo decirles. Ahora, si la pregunta que hay que hacerse es si todo eso está de vuelta este 24 de marzo, le verdad es que la respuesta más lógica es: no. Lo que está de vuelta es cierta emoción evocativa, cierta ilusión de reencuentro y hasta cierta parodia de 1976. 

Como les diría Jean-Luc Godard a quienes se impresionan con la sangre del cine: “No es sangre, es rojo”. Y así podríamos ir dinamitando analogías: un meme de Falcon verde no es un Falcón verde, Luis Petri no es Albano Harguindeguy ni el que fuma en seco es Ramón Camps. Tranca. No hay que exagerar, ni temer.

JJB/MF

La joven e incipiente democracia nacida el 10 de diciembre de 1983, amenazada por los fantasmas de un autoritarismo que buscaba consagrar la impunidad, necesitaba un hecho fundacional para consolidar un pacto de convivencia entre todos los argentinos. El juicio a las Juntas de Comandantes militares por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura cívico militar fue un hito fundamental para afianzar la institucionalidad en los tiempos de la difícil transición que encabezaba el gobierno de Raúl Alfonsín. 

Tras la derrota sufrida en la Guerra de Malvinas en 1982, la dictadura inició su retirada con un llamado a elecciones generales para que el país retorne a la constitucionalidad que ese régimen genocida había interrumpido seis años antes.

En la opinión pública y entre las fuerzas democráticas comenzó un debate sobre “cómo resolver” la cuestión de los detenidos desaparecidos y los crímenes del terrorismo de Estado que habían sido denunciados por Madres de Plaza de Mayo y los organismos de Derechos Humanos.

En ese contexto de denuncia y revelamiento de las atrocidades que se habían cometido durante la represión ilegal, los medios de comunicación difundían testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y cubrían la exhumación de cuerpos NN en las fosas comunes de los cementerios. La prensa daba a conocer así lo que había preferido ignorar durante años.

Los desaparecidos y los crímenes de la dictadura se instalaron en la campaña electoral de 1983. En retirada, los militares dictaron una autoamnistía a través de la ley 22924 y los candidatos de los dos principales partidos sentaron postura. Mientras Ítalo Argentino Luder, postulante del peronismo, se manifestaba en favor de convalidar esa norma y no revisar las violaciones a los derechos humanos, Raúl Alfonsín, al frente de la UCR, se pronunciaba por desconocer esa ley promulgada por la dictadura.

En las filas del candidato radical se conformó un grupo de juristas para analizar la legalidad de los actos cometidos por la dictadura militar. Genaro Carrió, Carlos Nino, Martín Farrell, y Eugenio Bulygin, Osvaldo Guariglia y Eduardo Rabossi fueron algunos de los intelectuales que conformaron ese grupo. 

Tras imponerse en las elecciones de ese año, Alfonsín asumió el gobierno el 10 de diciembre de 1983, y tres días después dictó, como jefe de los fiscales, dos decretos que signarían la política de derechos humanos de su gestión y daría lugar a la definición de la denominada “Teoría de los demonios” con la cual se intentó procesar y saldar las heridas que había dejado la violencia política que asoló al país de los años ’70. 

Con el Decreto 157/83, se ordenaba la persecución penal a las conducciones de las organizaciones armadas de Montoneros y ERP, y con el 158/83, se disponía al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas someter a juicio sumario a los integrantes de las juntas militares que habían usurpado en el poder el 24 de marzo de 1976 y se ordenada distinguir en la responsabilidad de los mandos subalternos en las violaciones a los derechos humanos. Además, el 22 de diciembre, el Congreso derogó la ley de autoamnistía de la dictadura.

Con el fin de apoyar las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, el gobierno dispuso por otro decreto, el 187/83, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Alfonsín eligió a diez de sus integrantes y los otros seis (tres diputados y tres senadores) deberían ser designados por el Congreso. La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el obispo Jaime De Nevares, el Rabino Marshall Meyer y el escritor Ernesto Sábato fueron algunas de las personalidades que integraron esta entidad. 

Durante nueve meses, la Conadep elaboró un informe de más de 50 mil páginas que se presentó a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 en Casa Rosada. Una multitud de 70 mil personas acompañaron la oficialización de esa investigación en Plaza de Mayo. La comisión documentó más de 9 mil violaciones a los derechos humanos que condensó en un libro: “El Nunca Más”.

De esta forma, El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas comenzó a instruir la causa 13, pero ante la renuncia a investigar, la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal decidió hacerse cargo del expediente en octubre de 1984, pese a las presiones de sectores del Poder Judicial y del propio gobierno que pretendían que la investigación siguiera en manos de los militares.

“Veníamos de 50 años de promiscuidad entre el poder militar y los sectores civiles que habían propiciado los golpes de Estado que se produjeron en el siglo XX. Lo cierto es que ese juicio no era deseado por los factores de poder”, señaló en diálogo con elDiarioAR, el jurista Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que integró la Cámara que tuvo la responsabilidad de conducir ese proceso oral y público a las Juntas de Comandantes.

Además de Gil Lavedra, el tribunal que enjuició a los comandantes estuvo compuesto por los magistrados Andrés J. D’Alessio, León Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Araoz y Guillermo Ledesma. En tanto, la acusación quedó a cargo de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes contaron con la colaboración de un grupo de jóvenes estudiantes que recopilaron datos e información sobre los crímenes de la dictadura. El trabajo de ese grupo quedó reflejado en la película 1985, de Santiago Mitre, estrenada el año pasado y que cuenta las alternativas de ese proceso.

El 22 de abril de 1985, la Cámara federal dio comienzo al juicio a las Juntas. La defensa de los comandantes quedó a cargo de estudios privados, a excepción de la representación del dictador Jorge Rafael Videla, que resultó defendido por Carlos Tavares, un letrado del ministerio público.  

Alfonsín y el gobierno ofrecieron incluso que los integrantes de las Juntas en el juicio se declaran culpables a fin de suspender la declaración de los testigos, algo que los militares acusados rechazaron de plano. El argumento de los imputados se basó en el Decreto de aniquilamiento de la subversión que había sido promulgado en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón.

Las presiones sobre fiscales y testigos fueron constantes y las audiencias no pudieron ser televisadas y se transmitieron por radio. No obstante, las declaraciones quedaron registradas y tres años después de la realización del juicio, y por temor a los levantamientos militares que había sufrido el gobierno de Alfonsín, se dispuso que una copia de todos esos materiales se trasladara al Parlamento de Noruega.

“Los testigos no teníamos protección de ningún tipo y después de declarar no teníamos que ir a nuestras casas sin que nadie nos custodiara y en un tiempo en el cual el aparato represivo estaba intacto. Así y todo, nuestros testimonios sirvieron para que los argentinos supieran qué era lo que había pasado durante el terrorismo de Estado”, señaló en declaraciones a elDiarioAR Carlos Muñoz, sobreviviente los centros clandestinos que funcionaron en Coordinación Federal y la ESMA.

Un año antes del juicio, Muñoz participó junto a los integrantes de la Conadep de una inspección visual a la ESMA. Allí reconoció a unos de sus captores, apodado como “Morrón”, que seguía en funciones en la unidad militar. Su regreso al infierno quedó retratado en una foto que le tomaron en el altillo de la ESMA, donde funcionó un sector nombrado como “Capuchita”. Carlos aparece en esa imagen sentado frente a una ventana, por la cual se cuela un haz de luz sobre esa parte del centro clandestino de detención.

“Declaré en junio de 1985. Estuve más de cuatro horas ante los jueces y me fumé dos atados y medio de cigarrillos, porque en esa época todavía se podía fumar en espacios cerrados”, evoca Muñoz.

Una de las declaraciones que conmovieron a quienes presenciaron ese juicio fue la de Adriana Calvo, quien fue secuestrada cuando estaba embarazada y narró cómo debió parir en cautiverio y obligar a limpiar la placenta sin recibir atención alguna, mientras el médico Jorge Antonio Bergés supervisaba esa intervención.

Más de 800 testigos dieron cuenta de la maquinaria empleada por el terrorismo de Estado y ratificaron la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas. Entre el 11 y el 18 de septiembre Strassera pronunció un alegato que quedó en la historia y que concluyó con un cerrado aplauso de los presentes.

“Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca Más’”, remarcó el acusador en alusión al título de la obra que había confeccionado por la Conadep.

El 9 de diciembre, el tribunal dictó la sentencia. Videla y el exjefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera recibieron penas de prisión perpetua. El expresidente de facto Roberto Viola recibió una pena de 17 años; el almirante Armando Lambruschini recibió 8 años y el brigadier Orlando Ramón Agosti tuvo una sentencia de 4 años y seis meses. Los brigadieres Omar Grafiña y Arturo Basilio Lami Dozo, junto con el general Leopoldo Fortunato Galtieri y el almirante Jorge Isaac Anaya, resultaron absueltos.

“La penas no nos conformaron, e incluso algunas nos parecieron irrisorias. Pero a partir de allí se supo la verdad y se reconoció que había habido un genocidio”, apuntó Muñoz.

Gil Lavedra no puede dejar de recordar el dificultoso contexto en el cual debió realizarse ese juicio y las presiones que existieron por parte del poder castrense para que no se realizara. “Hubo en esos años, tres alzamientos militares, pero se pudo condenar la impunidad. El legado de ese juicio es que las empresas más difíciles se pueden llevar a cabo si hay voluntad de justicia y decisión de evitar el olvido”, subraya el exmagistrado.

LC/MG

Una pintada en el baño de la Facultad de Artes que reivindicó al exdictador Jorge Rafael Videla y pasacalles en contra de la educación gratuita en zonas cercanas a cuatro unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con el sello de La Libertad Avanza (LLA), generaron el repudio de distintos sectores, entre ellos, de las propias autoridades universitarias. Este martes se reunirá el pleno del Consejo Superior, desde donde se espera que surja un fuerte pronunciamiento en contra de estas acciones que generaron malestar.

Ambas provocaciones se produjeron el pasado jueves 21 de septiembre, en el Día de los Estudiantes. La pintada en Artes fue con la modalidad stencil, en rojo, con el rostro de Videla y debajo la leyenda “Videla no hizo nada malo”, sin firma. Los pasacalles tenía impresa la frase “Pagá tu universidad, parásito”, con la firma del partido de derecha del candidato a presidente, Javier Milei. No deben leerse como hechos aislados, sostuvo a elDiarioAR un funcionario de la UNT, quien recordó que la candidata a vicepresidenta de LLA, la diputada nacional Victoria Villarruel, es conocida por remarcar en reiteradas oportunidades que “no hubo 30.000 desaparecidos”. Es hija del fallecido teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, veterano de Malvinas y que fue segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, que comandaba el excarapintada Aldo Rico. 

Villarruel, entonces teniente primero, formó parte del sangriento Operativo Independencia en Tucumán, que comenzó en febrero de 1975. Se trató de un plan represivo que el Ejército ejecutó con el objetivo de “aniquilar” a las organizaciones militantes establecidas en las zonas rurales. Nació entonces, en el sur tucumano, “La Escuelita” de Famaillá, que era una construcción inconclusa, que fue la sede del primer centro clandestino de detención del país. Allí estuvieron secuestradas alrededor de 3.000 personas y gran parte de ellas aún están desaparecidas. Este lugar del horror también estuvo a cargo del exgobernador Antonio Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad y ya fallecido. 

Es con el legislador Ricardo Bussi, presidente del partido Fuerza Republicana (FR), hijo del exmilitar condenado al que se le retiraron todas sus condecoraciones, con quien Milei selló un acuerdo electoral el año pasado, que se consolidó con un acto multitudinario en octubre. La alianza fue un fracaso en las elecciones provinciales, en las que Bussi perdió bancas en concejos deliberantes y en la Legislatura, pero fue sorpresa en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que Milei se impuso a Unión por la Patria (UP) y Juntos por el Cambio (JxC). Este resultado alienta a los afiliados a FR y la LLA a obtener un resultado similar en las presidenciales de 22 de octubre. Milei, en reiteradas ocasiones, este año se expresó en contra la obligatoriedad educativa al proponer la implementación de “un sistema de vouchers”, sistema sobre el que nunca profundizó para una hipotética implementación. 

Fue la estudiante Noelia Martínez, de la carrera de Artes Visuales que descubrió la imagen de Videla en el baño. “Fue muy triste y muy violento, más allá de que es un acto de negacionismo, la realidad es que jamás se puede perdonar ni olvidar que acá hubo alumnos y docentes asesinados”, manifestó.

Frente a la pintada, las autoridades de la Facultas de Artes emitieron un comunicado en el señalaron su “repudió enérgicamente a las pintadas aparecidas en las paredes de la facultad que reivindican la imagen del genocida multicondenado por delitos de lesa humanidad”. “A 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, defendemos el camino transitado por nuestro país en materia de derechos humanos. Así como las políticas públicas activas que mantienen encendida la llama de la memoria, por la verdad y la justicia”, se indicó.

Consultado por este medio, el secretario general de la UNT, José Hugo Saab, sostuvo: “esto fue una provocación que nunca ha vivido la UNT, desde el retorno de la democracia, y nos lleva a los tiempos de la dictadura. Ha sido preocupante y por eso hemos actuado en consecuencia, pintando rápidamente los baños y sacando los pasacalles en contra de los estudiantes”. “Aquí se está reivindicando a quien produjo 30.000 desaparecido, de los que 220 son de nuestra Universidad. En memoria de ellos, la Universidad no se va a quedar callada y vamos a actuar en consecuencia”, expresó.

Uno de los párrafos del comunicado emitido por la UNT sostuvo: “El agravio, la violencia, la descalificación son las herramientas que sectores antidemocráticos utilizan actualmente, con la clara intención de quebrar los acuerdos sociales de convivencia y de ejercicio de derechos fundamentales, que tanto le ha costado a esta sociedad”. De acuerdo a Saab, este martes sesionará el Consejo Superior, de surgirá un nuevo pronunciamiento.

La Federación Universitaria de Tucumán (FUT), que preside la estudiante Milagros Celiz, de la Franja Morada de la Facultad de Derecho, también tomó una posición. “La universidad pública desempeña un papel esencial en la democratización del conocimiento, ofreciendo educación de calidad y accesible a personas de diversos orígenes y circunstancias”, indicó la FUT. “Creemos que necesario escuchar y discutir las preocupaciones legítimas que puedan existir sobre el sistema educativo, pero es preciso defender y proteger a la educación pública”, cerró el documento.

Desde la agrupación Vamos Artes, en donde fue la pintada, también se la repudió, de igual modo que a los pasacalles. “Ningún acto de negacionismo y violencia contra nuestra historia y Universidad es bienvenido en nuestras casas de estudio. Mataron, secuestraron y torturaron a 30.000 personas”. En las últimas horas, Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo de Tucumán, en diálogo con elDiarioAR, dijo: “es inaceptable e indignante que se reivindique a alguien que fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. No es casual que acciones de este tipo hayan aparecido de la mano de la negacionista Victoria Villarruel. Y justo sucedió en la semana en que la exESMA fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad”. “Ya llevamos 47 años de lucha y es lacerante que esto suceda porque el único camino para una sociedad más justa debe sostenerse en los pilares de memoria, verdad y justicia”, cerró.

Antecedentes

No es la primera acción que tiene como protagonista al partido de Milei. En agosto, Abuelas de Plaza de Mayo y estudiantes denunciaron la vandalización de varias baldosas en los colegios Nacional Manuel Belgrano, Carlos Pellegrini y Claudia Falcone, en la Ciudad de Buenos Aires, que recordaban a alumnos desaparecidos. “No fueron 30 mil” o “Milei 2023”, fueron algunas de las pintadas en aerosol que aparecieron en las veredas de las escuelas.

Este fue el segundo acto vandálico en la escuela Falcone, ubicada en el barrio de Palermo. En junio ya había sido pintada con aerosol negro la placa que recuerda a la estudiante platense de 16 años secuestrada, torturada y desaparecida durante La Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976.

DC/MG

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) le pidió al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, que “le requiera a la candidata a vicepresidenta de la Nación por La Libertad Avanza -que encabeza Javier Milei-, Victoria Villarruel, información relativa a los trascendidos que dan cuenta de la organización de visitas al dictador condenado” Jorge Rafael Videla.

“La solicitud aquí interpuesta se basa y afinca en un principio central de la organización democrática y republicana: el acceso a la información por parte de la ciudadanía. El derecho constitucional a elegir y ser elegido es, en sí mismo, la materialización de la democracia en sentido formal. No obstante, la posibilidad de indagar, de gestar intercambios, de conocer información sustantiva, hacen a la consolidación de los vectores atinentes a la democracia en sentido material”, sostiene la nota.

Tras aludir a “artículos periodísticos” que mencionan esas supuestas visitas, el CECIM afirmó que “las circunstancias aludidas encienden alarmas razonables respecto a posibles y presuntos adherentes, divulgadores y/o personas que comulguen con el ideario, la visión y/o los valores de un criminal de Estado”.

“A 40 años de recuperada la democracia, debemos poner de resalto la inestimable importancia de conocer qué piensan aquellas personas que aspiran conducir las riendas de nuestro país”, insiste el documento, firmado por las autoridades del CECIM Rodolfo Carrizo y Ernesto Alonso.

El texto aclara que “lo que aquí se requiere no es una sanción, ni un apercibimiento, ni representa una vocación de excluir a nadie del proceso democrático”, pero subraya que “para que las elecciones sean libres, para que la libertad de elección sea tal, debemos poder contar con mecanismos idóneos y conducentes que habiliten a saber qué se vota, a quién o quiénes se vota y para qué”.

Videla murió el 17 de mayo de 2013 con tres condenas en su haber: el Juicio a las Juntas –en el que se lo responsabilizó por lo sucedido con 317 personas–, el juicio de la UP1 de Córdoba –en el que se lo halló culpable por los padecimientos de 31 víctimas– y el Juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés en el que se lo juzgó por la sustracción y ocultamiento de 35 niños y niñas. Cuando murió, era investigado en otras 13 causas por 1.256 víctimas.

Con información de agencias.

IG

“Qué suerte tenerlo de vuelta en su país”. Raúl Alfonsín acertó al saludar con esas palabras a Robert Cox el 8 de diciembre de 1983. El invitado especial a la asunción del presidente radical había sido un niño protegido en un refugio de Londres bajo los bombardeos de la Luftwaffe y un joven que combatió con bandera británica en la Guerra de Corea. Con Estados Unidos, su lugar de residencia entonces, tenía un lazo inquebrantable forjado durante los años de terror. Pero para Cox, el exdirector del Buenos Aires Herald, el esposo de Maud, el padre de cinco hijos porteños, el hombre que había desembarcado en Buenos Aires a sus 25 años sin hablar castellano, su país, el verdadero país de su mente y su corazón, era la Argentina.

El Cox de 50 años que asomaba por pocos días a la primavera alfonsinista tenía una mirada sobre la dictadura diferente de la de aquél que había partido cuatro años antes junto a su familia, acosado por los represores y la insidia de la mayoría de sus colegas editores.

Hasta la escalerilla del avión que lo transportó al exilio, el 17 de diciembre de 1979, Cox creía que el Proceso había derivado en un bando portador de intenciones civilizatorias y democráticas, encabezado por Jorge Rafael Videla, que soportaba los embates de los represores despiadados (Emilio Eduardo Massera, Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Guillermo Suárez Mason, Ramón Camps). Los cuatro años de exilio habían llevado a Cox a construir una mirada cabal, más realista, sobre la dimensión del terrorismo de Estado.

No bien se fueron, los Cox giraron por casas de su familia y amigos, congresos y becas, hasta que se asentaron en Charleston, Carolina del Sur, donde dirigía su imperio económico Peter Manigault, el accionista mayoritario del Herald. En Estados Unidos, Cox se acercó todavía más a la experiencia de otros exiliados, como el exdirector de La Opinión Jacobo Timerman, y reforzó su vínculo con organismos de derechos humanos argentinos e internacionales. Le provocó repulsión el antisemitismo y el macartismo para desmerecer las denuncias de Timerman, proferidos, entre otros, por varios afiliados a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). No se dejó tentar por los cantos de sirena de quienes jugaban a dos bandas, como los jefes de La Prensa Jesús Iglesias Rouco y Manfred Schönfeld.

“Querido Walter”

Hacia fines de 1983, la figura de Videla estaba desmoronada para Cox, y con igual dureza juzgaba la política económica del régimen. Bajo una mirada desprovista de autoindulgencia había caído Guillermo Walter Klein, su ex íntimo amigo y segundo de José Alfredo Martínez de Hoz. Los juicios severos de Cox, expresados en cartas y diálogos, no eximieron a familiares y allegados que lo habían dejado solo cuando los militares lo acusaban, y hasta periodistas del Buenos Aires Herald.

“Mi gran temor, querido Walter, es que un día seas cuestionado (quizás por uno de tus propios hijos) sobre si sabías que miles de personas fueron asesinadas y sus cuerpos desaparecidos de varias maneras por el Gobierno para el que vos trabajabas”, le había escrito el periodista exiliado a Klein un tiempo antes.

Si Argentina era el país de Cox, el Herald era su casa. El primer año de exilio, 1980, sintió que su sucesor interino, James Neilson, había desdibujado la política editorial de defensa de los derechos humanos, sin abandonarla. A fines de 1981, creyó que los responsables del diario en Buenos Aires directamente lo habían traicionado. Le indignó que borraran su nombre de la página ocho, que hasta entonces había permanecido acompañado del paréntesis “(de licencia)”.

Mi gran temor, querido Walter (Klein), es que un día seas cuestionado (quizás por uno de tus propios hijos) sobre si sabías que miles de personas fueron asesinadas y sus cuerpos desaparecidos de varias maneras por el gobierno para el que vos trabajabas

En los meses de Malvinas, Cox llegó a pensar que los editores a cargo (Daniel Newland, Andrew Mc Leod y Ronald Hansen) estaban haciendo “el diario de Massera”. El juicio —injusto, a la luz del contenido del periódico— fue compartido grosso modo por Andrew Graham-Yooll, exiliado en 1976 y enviado especial de The Guardian a Buenos Aires desde el 3 de abril de 1982, y Neilson, quien vivió en Uruguay durante la guerra.

Los días de diciembre de 1983 fueron ocasión para que la distancia de Cox con el Herald y con Neilson en particular se tornara abismal.

Neilson se definía como un conservador, por lo tanto —en sus términos—, contrario a secuestros nocturnos y picanas, y favorable a los procesos judiciales. Contra viento y marea, defendía a Martínez de Hoz en las páginas del Herald de la democracia y apuntaba ironías contra Alfonsín. Y también reclamaba el juzgamiento de las Juntas Militares, sin dilaciones ni atajos de impunidad.

Así llegó el Herald a 1985. Con problemas económicos que amenazaban su continuidad —como casi toda su vida de 141 años—, manejo autónomo del accionista local Kenneth Rugeroni y vaivenes editoriales entre enarbolar la gesta de haber denunciado a un régimen cuyo surgimiento había auspiciado, el retorno a un diario conservador y antiperonista clásico, o el apego a las bases comunitarias. Por lo pronto, de los integrantes de la redacción bajo la dictadura, quedaban pocos.

Cita en tribunales

Para Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, conseguir el testimonio de Cox era crucial. La meta de los fiscales del Juicio a las Juntas era probar el vínculo entre los jerarcas militares y los miles de desaparecidos y torturados, de modo de echar por tierra la excusa de que la masacre había sido obra de subordinados descarriados. Por ello era de gran valor la palabra de un testigo que había recorrido despachos oficiales para reclamar por desaparecidos entre 1976 y 1979, al que algunos represores, primero, consideraron propio, y luego intentaron utilizar para difundir la idea de los “excesos”.

Cox era una prueba caminante. Había salvado vidas denunciando desapariciones en coincidencia con visitas internacionales a Buenos Aires; otras veces había optado por gestiones discretas y confidenciales en despachos oficiales. Un ejemplo: el abogado uruguayo Juan Pablo Schroeder, abuelo paterno de Máximo, Victoria y Gabriela, de 3 meses, uno y cuatro años, recuperó a sus nietos porque Cox puso la foto de los niños en tapa, en mayo de 1976. El periodista cosechaba cartas y diálogos con decenas, cientos de familiares de víctimas que habían acudido a pedirle auxilio. Había grabado su reclamo por los desaparecidos en una conversación desquiciante con el general Albano Harguindeguy, ministro del Interior del régimen. Tejió una red con embajadas, la CIDH y organizaciones como Amnesty que le sirvieron para documentar, denunciar y, al mismo tiempo, salvar su propia vida. Cox tuvo amables conversaciones con Videla y escuchó de boca de Massera una amenaza de muerte directa en 1979.

El abogado uruguayo Juan Pablo Schroeder, abuelo paterno de Máximo, Victoria y Gabriela, de 3 meses, uno y cuatro años, recuperó a sus nietos porque Cox puso la foto de los niños en tapa, en mayo de 1976

El periodista fue citado a declarar en el Palacio de Tribunales el viernes 26 de abril de 1985. Llegó a Buenos Aires a comienzos de esa semana y se alojó en el domicilio de William Montalbano, amigo cercano, corresponsal de Los Angeles Times.

En esos días, Cox se encontró con Moreno Ocampo, pero una reunión sobresalió sobre otras. Lo buscó Patricia Berninsone, hija de Juan Berninsone, un técnico químico que trabajaba en una subsidiaria de Monsanto y fue asesinado por la dictadura en abril de 1976. La desaparición seguida de muerte de Berninsone fue la primera que Cox conoció de manera directa y es citada, hasta hoy, como el caso que disparó su sospecha de que la dictadura había iniciado un plan de exterminio.

Videla llevaba días como presidente de facto y la suegra escocesa de Berninsone llamó al Herald para corregir el aviso fúnebre. La atendió Andrew Graham-Yooll. Una voz aterrorizada esbozó lo que había ocurrido. Graham-Yooll y Cox se trasladaron a Zárate para escuchar el relato en primera persona. Se llevaron el compromiso asumido ante el matrimonio de escoceses y la viuda, Edith Martin, de que nunca revelarían la identidad de la víctima.

Transcurridos nueve años, Patricia y Juan, el segundo hijo, querían saber qué había pasado con su padre. El nombre de Juan Berninsone no formaba parte del informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, ni del Juicio a las Juntas, ni de ningún otro expediente. Por motivos personales, la viuda y los suegros habían decidido mantener el caso soterrado, y Cox y Graham-Yooll cumplieron el compromiso a rajatabla, para siempre.

Pipí cucú

El juez Carlos Arslanián encabezó la audiencia del 26 de abril de 1985. A metros de la silla de Cox se encontraban jerarcas militares con los que había tenido contacto como pocos testigos que pasarían por la sala. El exdirector del Herald comenzó a contar sobre Berninsone, sin nombrarlo. El castellano se tornó evasivo para un inglés que llevaba seis años de exilio; Cox transpiraba en esa noche otoñal. A los veinte minutos, se descompensó.

Hubo revuelo en la sala y preocupación de los fiscales de que se les cayera un testimonio clave en un juicio que recién empezaba. Se acercó Moreno Ocampo. “¿Este hombre podrá volver el lunes a declarar?”. “Quédese tranquilo que se lo traigo pipí cucú”, respondió Harry Ingham, amigo íntimo de Cox.

Ingham, judío alemán exiliado en Inglaterra, niño migrante junto a su familia hacia la Argentina, vecino de Perón pared de por medio en la calle Gaspar Campos de Vicente López, empresario, militante de cuanto partido conservador creara Álvaro Alsogaray (excepto la UCD), fue quien llevó a los Cox a Ezeiza el 17 de diciembre de 1979. No sobraron personas que acudieran a la despedida de la familia. Ingham y Cox tenían una relación de tipo fraternal.

Años antes, en 1976, Ingham había transmitido la acusación de que Andrew Graham-Yooll y su esposa, Micaela Meyer, mantenían lazos con “terroristas”, versión diseminada por Francisco Siracusano, un allegado a Alsogaray y correveidile de los servicios de Inteligencia de la dictadura. Andrew, Micaela y sus tres hijos partieron de la Argentina con riesgo de muerte inminente en septiembre de 1976, en medio de un silencio ensordecedor, incluso de parte del Herald.

Hacia 1985, Ingham estaba tan convencido como Cox de que debía llevarse a cabo el juicio a las Juntas. Tras la fallida declaración del viernes, el empresario alojó al periodista en su casa de Martínez y el sábado organizó un asado de distensión. El lunes 29 de abril, Cox se sentó pipi cucú ante la Cámara Federal de la causa 13.

El testigo inglés expuso un mar de recuerdos durante cinco horas. Dio cuenta de la contradicción y el dolor vividos al verse compelido a denunciar las atrocidades de la dictadura. Contó encuentros, por ejemplo, con Videla. “Sentíamos que era un amigo, y por eso me desconcertó la primera pregunta que me hizo [el viernes previo, ante la fórmula de rigor de si tenía amistad con las partes]. La imagen que tenía de él era la de un amigo, no solamente mío, sino un amigo de todo el pueblo argentino”, explicó el exdirector del Herald entre 1969 y 1979.

Cox repasó la Masacre de los Palotinos, una congregación irlandesa-alemana, cometida el 4 de julio de 1976. Contó que, al salir de la misa de homenaje a los cinco religiosos en Belgrano, acudió al cóctel por el Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos, y allí increpó a Videla. El testigo les atribuyó a su examigo Klein y a Martínez de Hoz haber “presionado constantemente” a los comandantes para “salvar vidas”.

Los defensores de los represores Carlos Tavares, de Videla; Jaime Prats Cardona, de Massera; José María Orgeira, de Roberto Viola, y Fernando Goldaracena, de Armando Lambruschini, se lanzaron a desbaratar el testimonio del cronista. Le pidieron que probara que había habido un plan masivo de asesinatos. Se la dejaron servida y Cox tomó carrera. Citó casos concretos y abordó un tema por entonces bastante tabú, como el robo de hijos de desaparecidos. Se enfrentó incluso con el juez Guillermo Ledesma, quien presidía la audiencia. El magistrado le preguntó sobre “datos fehacientes” de hijos robados por los represores.

—No tengo datos concretos. Para eso debería llamar a las Abuelas. En aquel tiempo, ningún juez quería aceptar una denuncia de ese tipo.

—¿Qué quiere expresar con eso, que no había jueces que receptaran denuncias?

—No he querido ser agresivo. En ese tiempo, todo el mundo sentía miedo.

—(Dirigiéndose a la traductora) Dígale que, como juez de ese tiempo, no me hace feliz esa apreciación.

Si algo no amilanaba a Cox, ni entonces ni nunca, era una reprimenda de ese tipo.

En 1979, Massera había publicado el libro Camino a la democracia como parte de su proyecto presidencial. Cox tradujo ese volumen al inglés. El abogado del exjefe de la Armada, el excamarista Prats Cardona, preguntó a Cox si había trabajado para su representado. El periodista respondió que había aceptado llevar a cabo la traducción en persona y en forma gratuita, para evitar que el represor matara a un miembro de la redacción del Herald.

—¿De qué fecha está hablando?

—No recuerdo la fecha porque era para mí completamente sin importancia y lo había olvidado completamente hasta que, en una entrevista radial, el capitán Zariátegui lo mencionó.

—¿Pero no puede ubicarnos temporalmente en períodos?

—Realmente, es un episodio para mí completamente sin importancia y no puedo recordar la fecha…, recuerdo otros episodios, como las amenazas de muerte que recibí personalmente, las amenazas de muerte a mis hijos, las amenazas contra la escuela de mis hijos.

La evasiva volvió a irritar al juez.

La declaración de Cox se extendió hasta pasadas las 11 de la noche. El 30 de abril de 1985, el Herald llevó el testimonio del exdirector a tapa con la cita de la amenaza de Massera como título.

Fueron días en que recrudecieron las intimidaciones telefónicas a la familia Berninsone, que se había mudado en 1979 a un departamento de la avenida Santa Fe de Buenos Aires. La democracia se respiraba en las calles, pero los terroristas de Estado se ensañaban con sus víctimas. La desaparición y muerte de Juan Berninsone no fue juzgada hasta la reapertura de los juicios en 2003, uno de los tantos ejemplos que deberían tener en cuenta los contadores de víctimas con ínfulas negacionistas.

Cox regresó a Estados Unidos a los pocos días de su declaración y no volvería a escribir en el Herald hasta 25 años después, cuando se jubiló en Charleston y comenzó a pasar algunos meses del año en su departamento de la Avenida Alvear, en Buenos Aires, junto a Maud. Todo este tiempo, “su país”, el verdadero país de su corazón y su mente, siguió siendo la Argentina.

La película Argentina, 1985 no incluye el testimonio de Cox en el Juicio a las Juntas. Razones más que comprensibles llevaron a Santiago Mitre y Mariano Llinás a seleccionar el contenido de un relato cinematográfico de 140 minutos. La figura de Cox, acaso, habría tendido un puente para dar cuenta de la complicidad del periodismo con el terrorismo de Estado. De hecho, está avanzado un proyecto de un film sobre la figura del editor-in-chief del Herald a cargo del director Armando Bo, que se detiene, en principio, en la partida al exilio en diciembre de 1979. El guion tiene la anuencia del propio Cox. La polémica ya comenzó. 

SL

Sebastián Lacunza dirigió el Buenos Aires Herald entre 2013 y 2017. Los textuales citados forman parte de testimonios y documentos incluidos en el libro El testigo inglés — Luces y sombras del Buenos Aires Herald (1876-2017) (Paidós, 2021). .

El extitular del Ejército Roberto Bendini, quien bajó los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone en el Colegio Militar por orden del entonces presidente Néstor Kirchner, falleció este jueves a los 76 años.

Bendini se desempeñó como jefe del Estado Mayor General del Ejército del 2003 al 2008 y fue protagonista el 24 de marzo de 2004 de un hecho simbólico en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia: por instrucción de Kirchner, procedió a bajar los cuadros de los represores que habían sido antiguos directores de esa institución ubicada en la localidad bonaerense de El Palomar.

Su fallecimiento fue informado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en su cuenta de Twitter publicó: “Lamento mucho el fallecimiento del general Roberto Bendini, un hombre que con enorme responsabilidad ejerció el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el gobierno de Néstor y el primer año de mi presidencia. Mis condolencias para su familia y amigos”.

El teniente general Bendini ingresó en el año 1965 al Colegio Militar de la Nación y egresó como subteniente de Caballería a finales de 1968.

A días de haber asumido en 2003, Kirchner lo designó como jefe del Estado Mayor General del Ejército y, luego de participar en el considerado “acto de reparación histórica” en el Colegio Militar, tuvo varios enfrentamientos con sectores castrenses del Ejército y los familiares que defienden a los represores condenados por la Justicia por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Uno de esos momentos tensos fue cuando -como jefe del Ejército- decidió pasar a disponibilidad al mayor Pedro Mercado, cuya esposa, Cecilia Pando, había escrito una carta con durísimas críticas al Gobierno nacional por su pelea con el obispo castrense Antonio Baseotto.

En septiembre de 2008, durante la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner, Bendini presentó su renuncia al ser acusado de participar en una presunta causa de corrupción, de la cual fue sobreseído en el 2013.

Bendini, además de haber sido jefe del Ejército, tuvo una vasta trayectoria militar con participación en el plano internacional, ya que prestó servicio como jefe de Operaciones en el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en Irak y en 1993 fue jefe del Batallón Ejército Argentino III desplegado en Croacia integrando la operación “Unprofor”.

Durante el año 1993, fue representante militar argentino en la Reunión para la Organización de las Fuerzas Armadas de Paz en Bosnia-Herzegovina.

En septiembre de 1996, fue codirector en el ejercicio Morning Star llevado a cabo en el Colegio de Guerra de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica.

En 1997 cursó en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos hasta mediados de 1998 cuando fue designado como agregado militar adjunto en la Agregaduría Militar en Norteamérica.

Desde julio de 1998 hasta julio de 1999, fue delegado del Ejército Argentino ante la Junta Interamericana de Defensa.

CRM con información de la agencia Télam

En el 1950 de la calle Vicente López, en una de las zonas más ricas de la Ciudad de Buenos Aires, está la sede principal del Opus Dei en la Argentina: la fachada de estilo europeo tiene unos 30 metros de frente y dos plantas. El terreno llega hasta casi la mitad de la manzana y tiene dos cuerpos: uno de ocho pisos, en el que viven sacerdotes y miembros numerarios, y otro de seis, donde funciona la residencia de numerarias auxiliares, que son el servicio doméstico de la institución. El terreno fue una donación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1972, durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, y parte de la construcción se hizo con un subsidio por decreto del dictador Jorge Rafael Videla en 1980.

Los datos surgen de una serie de documentos oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble y el Centro de Documentación de la Legislatura Porteña a los que accedió elDiarioAR en los últimos meses a partir de un dato que varios ex miembros del Opus Dei en la Argentina habían escuchado cuando vivían en ese edificio: “Este fue un regalo de la dictadura”.

El Opus Dei es una institución católica fundada en 1928 por el cura español y santo de la Iglesia Católica Josemaría Escrivá de Balaguer. Nació como una organización secreta y logró poder por primera vez en el franquismo. Desembarcó en la Argentina en 1950, como en casi toda Centro- y Sudamérica, y su auge comenzó en la década del 60: durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía tuvo a sus primeros miembros en la cima de los poderes político y judicial locales. En 1961, se creó la principal asociación civil de “La Obra” en el país, la Asociación para el Fomento de la Cultura (AFC), que tiene más de 30 “iniciativas apostólicas” en todo el país: residencias, casas de retiros, centros culturales y clubes. A esta asociación pertenece el edificio de Recoleta que, según estimaciones de operadores inmobiliarios, valdría al menos 15 y hasta 20 millones de dólares. 

Una donación, un subsidio y varios interrogantes

El terreno ocupa casi un cuarto de la manzana que rodean las calles Vicente López, Junín, Ayacucho y Las Heras. Son 2.043 metros cuadrados que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires entregó como “donación gratuita” a la AFC por Ordenanza Municipal en agosto de 1972 y que se escrituró el 18 de mayo de 1973, una semana antes de que el dictador Alejandro Agustín Lanusse dejara el poder y asumiera Héctor J. Cámpora por mandato popular. El intendente, nombrado por el presidente, era Saturnino Montero Ruiz.  

De los documentos surge que fue una “donación con cargo”, que es una transferencia gratuita de un bien bajo la condición de que se use de un modo determinado, con un objeto específico o para que allí se realicen ciertas acciones. El cargo era hacer un “centro universitario” y le ponía el plazo de empezar la construcción en un plazo no mayor a tres años y que se terminara en una década. El plazo se cumplió: en 1982 se mudaron los primeros residentes y se inauguró el “Centro Universitario de Estudios (CUDES)”. El nombre se correspondió con lo que el cargo de la donación pedía, pero no su actividad: el CUDES, un nombre y lugar que cualquier miembro del Opus Dei conoce bien, es un espacio privado al que no ingresa nadie que no sea invitado o participe de alguna actividad. En las décadas del 80 y 90 sólo entraban los miembros numerarios, que son los fieles laicos y célibes que viven dentro de residencias de la institución bajo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Sólo los varones, porque para las mujeres hay otras casas. Y en el Opus Dei varones y mujeres numerarios no se mezclan. Sólo en las últimas dos décadas, la dinámica de este edificio cambió: por falta de vocaciones célibes, empezaron a alojar con pensión completa y cuotas muy altas a estudiantes universitarios del interior del país. También dictan cursos de posgrado y organizan actividades de extensión.

Pero además, desde su inauguración, este edificio fue la sede de la Vicaría Regional de la organización católica para la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que reporta directamente a Roma. Pero no al Papa, sino al Prelado, que es la autoridad máxima de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei. Hoy es Ferrnando Ocáriz, el tercero en la historia después del “padre” Escrivá de Balaguer, y español como todos hasta ahora. Esto podría cambiar pronto: el argentino Mariano Fazio, que hasta 2014 fue vicario regional en Buenos Aires, es hoy vicario auxiliar, es decir, segundo en la línea sucesoria. 

Según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble, la donación se formalizó por escritura pública ante el escribano Jorge E. Garrido por un monto de 695.800 pesos moneda nacional. Los que firmaron por la AFC fueron dos miembros de la comisión directiva: el escribano Hernán Ricardo Seeber, presidente, y el psiquiatra Ernesto Don, secretario. 

El mismo día de la donación, pero ante el escribano Alberto I. Paz, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires había comprado el terreno al Estado Nacional por una cifra 250 veces mayor: 159.679.000 pesos moneda nacional. Otro dato aparece en el informe de dominio de este terreno: en septiembre de 1980, el dictador Jorge Rafael Videla otorgó a la AFC un subsidio de 50 millones de pesos ley -unos 26.000 dólares de entonces- para colaborar con la construcción del edificio. Para esa fecha, el cargo de la donación de la tierra estaba incumplido y vencido.  

El decreto ley de Lanusse que habilitó a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la donación del predio a la AFC se publicó en el Boletín Oficial el 18 de agosto de 1972, precedido por un mensaje de elevación del ministro del Interior Arturo Mor Roig que decía: “La institución beneficiaria cumple una vasta acción en el ejercicio de la docencia masiva, a cuyo logro se vuelca con un sentido netamente social y comunitario, llevando su acción a los grupos humanos más necesitados de ilustración mediante un proceso de orientación educacional humanista”. La Ordenanza Municipal se publicó en el Boletín Municipal dos meses después con la firma del Intendente Moreno Ruiz, el secretario de Gobierno Roberto Rame y el Secretario de Economía Jorge Adolfo Tonelli.

El abogado Pablo Suárez, miembro de la Campaña Nacional por un Estado Laico y docente universitario, explica que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado en algunos precedentes que los actos y normas de las dictaduras carecen de la presunción de legitimidad de la que gozan los actos de los gobiernos democráticos. Y que si bien son válidos en principio, la democracia debe ratificarlos o desecharlos, explícita o implícitamente”. Sobre este caso, dice Suárez que hay algunas preguntas que se imponen: “Dado que fue una donación con cargo, el donatario adquiere un dominio imperfecto sobre el predio hasta que no cumpla con el objeto con el que se lo dieron. Entonces, ¿no podría o no debería el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejar sin efecto la donación realizada por la dictadura de Lanusse dado el incumplimiento del cargo? ¿Existe responsabilidad de los funcionarios públicos de la democracia que no velaron por que se cumpliera? ¿Podría alegar la AFC que existió un cumplimiento tardío del cargo, pero cumplimiento al fin, y una tácita confirmación de la donación por parte de la democracia? ”Hay dos razones que podrían poner en duda esta última idea. Por un lado, en el predio nunca funcionó, ni funciona hoy, un verdadero centro universitario como el que exige el espíritu del acto administrativo que dispuso la donación: esto es un centro de estudios cuya beneficiaria fuera la comunidad. La segunda: sólo recientemente se supo que en el solar que la municipalidad donó a la AFC para que lleve su acción educativa ‘a los grupos humanos más necesitados’, funcionó en cambio un alojamiento para mujeres pobres de todo el país y la región a quienes se llevó a la capital para hacerlas trabajar como servicio doméstico sin registrar para el Opus Dei“. Para el abogado, ”esta simulación y la evidencia del incumplimiento aún actual del cargo de la donación podrían hacer repensar a la democracia la conveniencia de la revocación de esta cuestionable liberalidad de la dictadura“.

Varios días antes de publicar esta nota, elDiarioAR pidió entrevistas a la AFC y a la oficina de comunicación del Opus Dei en Buenos Aires, pero no tuvo respuesta.  

La residencia de las mucamas

Al lado de la entrada principal, en el número 1954 de Vicente López, hay otra entrada al edificio. Es la de las mujeres. Ahí funciona Laya, la mayor residencia de mucamas de “la Obra” en la Argentina. “¿No sabés qué significa Laya? Buscalo en el diccionario y te vas a sorprender”, ironiza Lucía Giménez, que estuvo ahí varios de los 18 años que sirvió al Opus Dei como “numeraria auxiliar”, desde los 14 hasta los 32. Según la Real Academia Española, “laya” tiene dos acepciones: puede ser una pala grande y pesada para labrar la tierra, o puede usarse de manera despectiva para referirse a la “calidad, especie o clase” de una persona u objeto. “Para el Opus, nosotras éramos las dos cosas”, no duda Giménez.

Numeraria auxiliar es la categoría con la que se incorpora a las mujeres que sirven en el Opus Dei: un documento oficial de la institución católica describe cómo en las décadas del 70, 80 y 90 las reclutaban en el interior de las provincias: “A mí me trajeron desde Paraguay con la promesa de ir a una escuela, pero a los 15 años me pusieron a cocinarles a 20 hombres yo solita”, cuenta Giménez. Es una de las 43 ex numerarias auxiliares que este año se reunieron para reclamar por los años de trabajo sin pago ni aportes: “A nosotras nos decían que le servíamos a Dios, que nos estábamos santificando y que el Opus era nuestra familia”. 

Sin respuesta de parte de “la Obra” hasta hoy, presentarán en los próximos días una denuncia formal ante el Vaticano. En marzo tuvieron una reunión con el nuncio en la Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk, quien les recomendó enviar una carta al papa Francisco. La enviaron en mayo y están a la espera. 

En Laya viven, trabajan y rezan las mucamas. Sus tareas son cocinar, limpiar, lavar y planchar ropa, coser, poner la mesa y servir la comida. Es un edificio de seis pisos y un subsuelo, que se puede ver desde el frente y también desde Ayacucho, una de las calles laterales. Desde cualquiera de los dos puntos, se ven las ventanas “tapiadas” por placas de color amarillento: “Era para que no nos distrajéramos mirando por la ventana. Y para que no nos vieran los numerarios, ni nosotras a ellos, que estaban en el otro edificio”, cuenta otra de las ex numerarias auxiliares. También viven ahí las numerarias que las dirigen, que son las mujeres miembro de clases medias y altas.

En 1974, Escrivá de Balaguer visitó la Argentina durante tres semanas y dio charlas en el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y en el Teatro Coliseo, entre otros espacios. Quienes participaron de esos encuentros recuerdan cómo el fundador del Opus Dei y hoy santo de la Iglesia Católica agradeció en público y en privado a los supernumerarios Guillermo “el negro” Lanusse Gelly, hermano del dictador, y Rodolfo “Rolo” Lanusse Goñi, sobrino y además padre de una numeraria que aún sigue en la Obra.  

Las asociaciones civiles del Opus Dei

En sus estatutos de 1950, considerados “secretos” porque fueron antes de la aprobación vaticana y el Opus Dei los niega, dice que “por sí no posee bienes inmobiliarios” aunque “acepta legados de cualquier género destinados a perseguir la finalidad del Instituto”. Y que lo hace a través de lo que llama “sociedades auxiliares”, que son las asociaciones civiles que tiene en los 68 países en los que funciona y desde la que maneja sus “iniciativas apostólicas”, como el Hospital y la Universidad Austral, los colegios, las residencias, centros culturales y clubes. Explican: “Las obras de apostolado corporativo son promovidas por fieles del Opus Dei y cooperadores, junto con otras personas, y tienen la garantía moral de la Prelatura, que se encarga de su orientación cristiana. Son iniciativas de carácter civil, sin ánimo de lucro y con una finalidad apostólica y de servicio”, informa en la página web y responde vía mail. 

Sin embargo, quienes son y fueron miembros aseguran que “esas asociaciones son el Opus Dei”. El ex numerario Esteban López del Pino, que además fue vocero de la Obra en la Argentina entre 1996 y 2005, lo reconoció en una entrevista publicada en 2020 por Revista Anfibia: “Cada institución educativa ligada al Opus está ligada a una asociación civil o fundación, que son aquellas a las que se realizan las donaciones. Pero es el departamento legal del Opus Dei el que lleva el control de los papeles”.

Cada asociación civil tiene su propia comisión directiva y administración, integrada por miembros numerarios y supernumerarios. Hoy, según informa en la página web la AFC, el presidente es el abogado Patricio Petersen, que comparte estudio con otro miembro de la comisión directiva de la Asociación: Juan Miguel Trusso, nombrado revisor de cuentas suplente, es el hijo del exembajador menemista ante la Santa Sede Francisco Trusso. Su nombre fue noticia en 1999 por la presunta quiebra fraudulenta del Banco de Crédito Provincial (BCP) en un escándalo con créditos simulados cuyos fondos se desviaban y que dejó miles de estafados y a la cúpula de la Iglesia Católica argentina involucrada: primero fueron detenidos sus hermanos Francisco y Pablo, directivos del Banco, y luego fue detenido Juan Miguel, abogado, junto a monseñor Roberto Toledo, que había sido secretario y mano derecha del arzobispo de Buenos Aires Antonio Quarracino. Los acusaron de simular un crédito de 10 millones de dólares para el Arzobispado con la firma falsificada del arzobispo. Antes de ser papa, Jorge Bergoglio se involucró para limpiar el nombre del ya fallecido Quarracino. La causa del BCP llegó a juicio oral y Francisco Trusso fue condenado a 8 años y a pagar indemnizaciones millonarias. El vínculo con la Iglesia quedó claro cuando el exbanquero recuperó la libertad después de que el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, se presentara como garante de su fianza.

El edificio que le donó la dictadura de Lanusse al Opus Dei es sólo una de la veintena que esta asociación posee en la Ciudad de Buenos Aires, otro en la misma manzana sobre la calle Ayacucho, y del más de un centenar de grandes propiedades -edificios, casas de retiros, un campus universitario y un hospital, escuelas y tierras que el Opus Dei posee a través de al menos 17 asociaciones civiles en la Argentina.