El Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras convocó a una nueva protesta para este jueves, desde las 14, frente a uno de los inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. La jornada se realizará bajo la consigna “No hay plata para comer. No hay plata para cursar”, y será una continuidad de una serie de acciones que vienen desarrollando en rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

La movilización tendrá lugar a escasas cuadras de la facultad, donde los estudiantes planean formar una fila en la puerta del edificio donde reside el funcionario. Según indicaron desde la organización, la modalidad busca visibilizar el malestar del sector estudiantil y reforzar el reclamo por la situación económica que atraviesan.

Entre las principales demandas, el Centro de Estudiantes apunta al congelamiento de la Beca Progresar y a lo que consideran arbitrariedades en su asignación durante los últimos dos años. En ese sentido, sostienen que el acceso al beneficio se volvió más restrictivo en un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo.

Como parte de la jornada, también se llevará adelante una olla popular destinada a estudiantes, docentes, nodocentes y vecinos del barrio. El objetivo es poner en evidencia las dificultades económicas que, según denuncian, afectan a amplios sectores de la comunidad, en particular en lo que respecta al acceso a la alimentación.

Desde la organización señalaron que este tipo de iniciativas se realizan de manera semanal, especialmente los días miércoles, cuando reparten comida a personas en situación de calle. No obstante, en esta ocasión decidieron sumar una nueva jornada para fortalecer la convocatoria y ampliar el alcance del reclamo.

La protesta contará además con un cierre cultural: a las 19 se presentará el músico y cantautor Juan Quintero frente al domicilio de Adorni, ubicado en la calle Miró al 500. De esta manera, la jornada combinará reclamos políticos, acciones solidarias y expresiones artísticas en un mismo espacio.

Mujeres agrupadas de la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizarán, esta tarde, un “juicio popular” en rechazo al gobierno de Javier Milei y a todo su Gabinete, en la Plaza de Mayo por “asociación ilícita en perjuicio del pueblo”, “aumento del hambre y la violencia, agravado en el caso de mujeres y niños”.

Esta acción se llevará adelante a las 14:30 con motivo del ‘Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres’, luego de que “ocho jueces de la justicia argentina” dictaran que el Gobierno Nacional “debe restituir la política alimentaria” y no sucediera.

Asimismo, sostienen desde un comunicado que “asistieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizaron cuatro filas contra el hambre en la puerta del Ministerio de Capital Humano” y hasta llevaron adelante una medida cautelar del Juzgado Federal de Pehuajó que ordena “continuar con la política de integración socio - urbana de los barrios populares”. A pesar de ello, no obtuvieron respuestas y, por ese motivo, plantearon esta medida.

Por su parte, integrantes de la UTEP, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, informaron que este acto “surgió del cansancio que tienen las mujeres, sobre todo de la Economía Popular, de ser las principales perjudicadas y perseguidas por este Gobierno y no obtener nunca ni una respuesta”.

Desde la organización, se comunicó que durante el juicio simbólico se expondrán “cómo las políticas del Gobierno aumentan la violencia en la vida de las mujeres más pobres del país en diferentes aspectos”. Además, hablarán sobre cómo las medidas económicas “impactan en las cifras de femicidios y violencia de género” en los barrios populares.

“Las trabajadoras socio comunitarias no solo ven reducido su salario y dejaron de recibir mercadería para darle de comer a sus vecinos, sino que también deben acompañar a las mujeres víctimas sin ninguna asistencia del estado. Frente a la violencia de la realidad, será justicia popular”, concluyeron.

DM con información de agencia NA

Aplausos adentro, repudio y reclamos afuera. Javier Milei consiguió en Mar del Plata el abrazo empresario que vino a buscar al 60° Coloquio de IDEA, y que había despreciado un año atrás en plena campaña presidencial. Pero en paralelo, la comunidad universitaria local aprovechó su presencia en la ciudad para recordarle desde las calles que no en todos los frentes era considerado un visitante ilustre: estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) marcharon junto a investigadores y personal del Conicet hacia el hotel donde se desarrollaba el encuentro corporativo más importante del año, para exigirle que garantice el financiamiento universitario.

La movilización se dio en el marco de las medidas y acciones que se llevan adelante en distintos puntos del país contra el ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema universitario. 

“Con la universidad pública no se jode”. Con esa frase en la bandera de arrastre, la marcha partió cerca de las 10 desde la sede de la Facultad de Ingeniería de la Unmdp y avanzó unas 30 cuadras hacia la zona de Playa Grande. Las columnas confluyeron al mediodía en las inmediaciones de la sede del coloquio. Minutos más tarde, Milei inició su intervención de cierre ante cientos de referentes del empresariado nacional. El Presidente decidió aceptar la invitación como orador principal del evento corporativo en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo el año pasado, cuando consideró que era territorio hostil por exceso de macrismo en plena campaña y optó por organizar una suerte de contracumbre en un restaurante cercano. 

En la edición 2024, el vallado de seguridad que blinda cada año el hotel ubicado frente al Mar del Plata Golf Club durante los días del encuentro reforzó su dotación de efectivos policiales este viernes, desde las 7, para mantener lo más alejados posibles a los manifestantes que querían llevar el mensaje contra el ajuste al mandatario. Los acreditados para el coloquio debían ingresar temprano al hotel, ya que luego se restringió el acceso en una zona perimetral de doce manzanas. 

El operativo de seguridad fue diseñado por Policía Federal junto a personal de Casa Militar que desembarcó en la ciudad 48 horas antes que el presidente. Milei llegó a media mañana en avión al Aeropuerto Astor Piazzolla y se trasladó en helicóptero hasta la Base Naval, en el puerto marplatense. Completó el trayecto hasta el hotel del coloquio por tierra. Los controles y vallados en las inmediaciones del lugar impidieron que las columnas universitarias se acercaran a menos de 200 metros del lugar.

En la movilización en reclamo por el financiamiento universitario participaron profesores nucleados en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) —quienes llevan adelante un paro por 48 horas desde el jueves—, trabajadores no docentes –que dispusieron un cese de tareas para el próximo lunes y martes— y estudiantes de las diez facultades de la Unmdp. También se movilizaron investigadores y trabajadores del Conicet, y alumnos y docentes del Colegio Nacional Arturo Illia, que depende de la universidad.

“Le decimos no al ajuste en las universidades, defendemos la educación superior pública y gratuita, y rechazamos los vetos del Presidente”, dijo en diálogo con elDiarioAr el secretario general de ADUM, Pedro Sanllorenti. “Queremos que mientras habla cómodo en un cinco estrellas escuche el reclamo universitario y de la ciudadanía que nos acompaña”, agregó.

Antonia Muñoz, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Conicet, expresó: “Hoy marchamos junto a toda la comunidad universitaria en defensa de derechos fundamentales que están siendo gravemente amenazados”.

“Exigimos educación pública, gratuita y de calidad para todos. Reclamamos el cese de la paralización impuesta a las instituciones de ciencia y tecnología, y rechazamos el ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables, como jubilados y jubiladas, mientras se favorece a sectores ya poderosas con exenciones impositivas”, aseguró.

Catalina D'Aquino, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, dijo a elDiarioAR: “Como estudiantes rechazamos el veto al financiamiento del sistema universitario, porque creemos que nuestras universidades son un motor de movilidad social ascendente y permite que los hijos de trabajadores ingresen, estudien y aspiren a un puesto trabajo decente”.

“No creemos en quedarnos en nuestras casas –agregó—, por eso salimos, como lo venimos haciendo estas semanas, con acciones y tomas en las facultades, durmiendo en el suelo, con frío, con la convicción de que la universidad se defiende”. Expresó además que “estas movilizaciones masivas no solo le hablando al Gobierno”, sino además “a toda la sociedad”. “Les decimos a todos que si el presidente o sus intermediarios no nos escuchan, tenemos que seguir plantándonos en las calles”.

Mientras la movilización avanzó por la avenida Juan José Pasó hasta llegar a la zona del coloquio, automovilistas, vecinos y trabajadores de obras en construcción del barrio San Carlos, uno de los más caros de la ciudad, sumaban bocinazos y aplausos en apoyo en el mediodía soleado y caluroso. 

Aunque el foco principal fue el rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento universitario y la embestida del Gobierno nacional contra las universidades, a la convocatoria en las inmediaciones del encuentro empresario se sumaron además agrupaciones de jubilados y pensionados de la ciudad, movimientos sociales y las regionales marplatenses de las tres centrales sindicales –CGT, CTA y CTA Autónoma—. El secretario general de la CGT a nivel local, José Luis Rocha, dijo que la marcha fue “contra el ajuste en todos los frentes”.

Desde temprano, el boulevard ubicado frente al hotel del coloquio fue decorado con cruces con críticas a las políticas de ajuste, por parte de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados marplantese. “Milei, repudiamos la destrucción del Estado”, “Basta de jubilaciones y pensiones de hambre” y “Con el hambre de los jubilados no se negocia”, eran algunas de los mensajes.

Frente al vallado se manifestaron además estudiantes de la Escuela Nacional de Pesca que funciona en la ciudad, para expresar su rechazo al posible cierre de la institución, dependiente de la Armada Argentina, encargada de la formación de trabajadores de la industria pesquera.

Mientras esto ocurría afuera, adentro el presidente Milei insistía en quitarles importancia a las protestas de la comunidad universitaria en todo el país: “Utilizan la campaña negativa para que no les auditen”, señaló, pese a que las universidades públicas sí son controladas: lo hacía la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y ahora, por decisión de un funcionario nacional, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, lo hará la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Poder Ejecutivo.

“¿Ustedes están a favor de los chorros para afanar con la política?”, le preguntó el mandatario a la audiencia. “Las universidades van a seguir siendo públicas solo que van a ser auditadas y tengo que seguir respondiendo por esto”, recalcó Milei, como si se tratara de un anuncio, y despertó aplausos de los empresarios.

AVL/JJD

Movimientos de jubilados se manifestaron este martes en contra del evento que preparó el presidente Javier Milei para agradecerle a los diputados el voto en favor del veto presidencial a la modificación de la movilidad jubilatoria. 

La protesta de jubilados contra el asado de Milei a los 87 diputados “héroes” comenzó a última hora de la tarde de ayer frente a la residencia de Olivos. Por tal motivo se extremaron las medidas de seguridad en la zona y alrededor de 400 policías rodean las inmediaciones de la Quinta.

Los jubilados y otras personas convocadas reclamaron frente a la puerta principal de la Quinta de Olivos haciendo ruido con cacerolas. “Robar a los Jubilados es un crimen social”, decía una de las banderas más grandes, mientras que entre los carteles más pequeños abundan leyendas como “Diputados vendidos y traidores”. 

MM con información de la agencia NA.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anticipó que irán “incrementando” las medidas de fuerza contra Aerolíneas Argentinas, hasta tanto no se logre la recomposición salarial reclamada y se reincorpore a los pilotos despedidos.

Mediante un comunicado difundido por la red social X, APLA señaló que “tras las sanciones y despidos de compañeros/as pilotos por llevar adelante medidas de acción gremial, es más importante que nunca, mantenernos unidos y solidarios”.

Agregaron que “a fuerza de su lucha ”está en la cohesión, defendiéndonos, apoyándonos mutuamente. Lo que cada uno tiene para aportar en este legítimo reclamo son sus propias acciones sindicales puestas al servicio de la defensa colectiva“.

“Somos fuertes porque cada uno/a se compromete individualmente para fortalecer cada eslabón de nuestra cadena. La unidad es nuestra mayor herramienta para alcanzar los objetivos planteados en pos de la recomposición salarial”, señala el comunicado.

Apunta que tienen “experiencia” y que “han sido muchas batallas en las que lidiamos con las mismas prácticas empresarias y gubernamentales, en la que exponen mediáticamente salarios irreales, manipulan información para sembrar el enojo social, intentan modificar normativa legal para neutralizar nuestros derechos, etc”.

“Lo que debe quedar claro, es que nadie queda atrás y el conflicto finaliza cuando se acuerde el monto de recomposición salarial, y todos/as los compañeros sancionados (apercibimientos, suspensiones, despidos) se encuentren en sus puestos laborales y se retrotraigan esas medidas disciplinarias”, afirman.

Y concluyen remarcando que “el compromiso es de todos, y se expresa en cada acción individual. Sigamos la lucha. Seguramente las medidas de acción gremial se irán incrementando en impacto y diversificando en su metodología. Estemos atentos. Nos necesitamos todos y cada uno. Sigamos así”.

DM con información de agencia NA

Todavía se despierta a las seis de la mañana. De manera repentina, de un golpe, como cuando estuvo detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y sus carceleros le exigían pararse en la celda para hacer el “conteo” de los presos. Sufre pesadillas y denuncia que recibe amenazas de cuentas libertarias en redes sociales. Asegura que la misma situación viven el resto de los liberados: “Hay un estrés postraumático bastante importante. Están todos bastante vulnerados. Pero si quisieron quebrantarnos, nos hicieron más fuertes. Seguimos peleando por nuestras causa y para que liberen a los que aún están detenidos”. Camila Juárez, 33 años, dos hijos, estudiante en la UNSAM, estuvo seis días presa luego de la feroz represión de las fuerzas de seguridad en las protestas frente al Congreso cuando se votaba la ley de Bases en el Senado. 

“Fue una cacería”, dice sobre la actuación de la Policía de la Ciudad y la Federal sobre las 33 personas que fueron detenidas aquel 12 de junio. El Gobierno los acusó públicamente de cometer “actos terroristas”, pero a las pocas horas la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Carlos Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para 11. Resolvió el procesamiento para cinco, pero ya fueron excarceladas tres más. Solo dos personas quedan aún detenidas, Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado ayer por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No están acusados de intimidación pública. Hoy, exactamente un mes después de las detenciones, hay un festival en Plaza de Mayo para reclamar su libertad.

Camila tiene muy vivo el recuerdo de la represión en el Congreso y los apremios ilegales que sufrió durante el largo proceso de la detención. Había ido a protestar junto a sus compañeros de la carrera de Sociología, pero se fueron cuando las fuerzas de seguridad avanzaron desde el Palacio Legislativo por la avenida de Mayo hacia la 9 de Julio. Ahí comenzaron a disparar balas de goma. “Veníamos desconcentrando; corriendo, obviamente, porque teníamos policías en todos lados. Por los impactos de balas de goma me doy vuelta y del susto me caigo. Ahí el policía me apunta con la escopeta contra la cabeza. Le digo ‘déjame salir, por favor, tengo dos hijos’. Y me dice: ‘Negra sucia, no hubiera venido acá. Quédate ahí quieta y no te muevas un centímetro’”, relata Camila.

Ya detenida, la subieron a un móvil junto a sus compañeros y otras personas que no conocía. Comenzó un tortuoso periplo: los llevaron al Centro de Monitoreo, sobre avenida Corrientes, después a la Comisaría Comunal 4 de Parque Patricios, donde los separaron por sexo, y finalmente de vuelta a Chacarita. “Ahí nos mantuvieron 17 horas esposadas, desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana, sin darnos de tomar agua, sin dejarnos ir al baño, sin darnos de comer, sin dejarnos ver a un abogado, sin explicarnos por qué estábamos detenidas. Estuvimos esposadas hasta que vino alguien de Defensoría del Pueblo y les exigió que no bajaran del camión. Nos tiraron en un pasillo, básicamente sin comida y sin agua. Ahí pasamos todo ese día. Dormimos como pudimos con una frazadas que nos pasaron nuestros familiares y al otro día nos llevaron a Comodoro Py a las indagatorias”, recuerda.

En Comodoro Py –denuncia– también recibieron maltrato. Les negaron ir al baño varias veces: “No hubieran tirado piedras y podrían ir”, era la respuesta de los agentes. Y tras pasar otras diez horas en el camión celular, las obligaron a hacer una requisa que Camila califica de “innecesaria”, si ya llevaban 48 horas detenidas. Mientras una de sus compañeras fue liberada, a ella le negaron la excarcelación y la ubicaron en el “gallinero”, un calabozo pequeño con rejas dentro del mismo edificio federal. Luego, sin aviso previo, la trasladaron junto a otras tres mujeres al penal de Ezeiza.

“Nunca pensé que iba a ser trasladarnos a un penal de máxima seguridad. Pero nos subieron a un móvil penitenciario que tenía cadenas para las esposas; mis manos no daban más. Y ahí estuvimos antes de ingresar en Ezeiza unas tres horas. Hacía frío y me sacaron el buzo negro que tenía porque por reglas de la penitenciaría no podés entrar con nada negro. Y me dijeron que el pantalón no me lo sacaron porque si no quedaba desnuda, como haciéndome un favor”, señala Camila. 

En el penal de máxima seguridad le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. “Cual dictadura”, apunta Camila. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

De las cuatro mujeres solo Daniela Calarco Arredondo quedó detenida. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años, denunció que por eso sigue tras las rejas: “Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, dijo a este medio. Por su liberación y la Roberto de la Cruz Gómez este viernes habrá una manifestación de la izquierda hacia Plaza de Mayo y un festival con artistas como Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto, y Sudor Marika, entre otros. 

“Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros que quedan aún presos ilegalmente. La idea es que seamos muchos y muchos. Creemos que la salida es colectiva. Lo que hicieron fue ilegal, aleatorio. No es justo que estos compañeros no puedan seguir sus causas en libertad y tengan que estar privados en un penal de máxima seguridad”, apunta Camila, que casi un mes después de su liberación también lleva adelante una lucha personal por los apremios ilegales que sufrió: “Todavía sigo con pesadillas y recibo muchas amenazas por redes sociales”.

MC/JJD

Colectivos en defensa de la Cultura, asambleas barriales porteñas, centros de estudiantes universitarios y sectores de izquierda convocaron a realizar este viernes a un “molinetazo” en estaciones de trenes y subtes para protestar contra los aumentos de las tarifas de transporte público que ya fueron aplicados y aquellos que están programados, y en medio de la lucha por un boleto estudiantil.

El “molinetazo”, que consiste en saltar la valla para evitar pagar el boleto, será realizado de forma coordinada en las estaciones de Once, Constitución, Retiro y otros puntos a partir de las 17:30.

El salto del molinete es una práctica que ya viene produciéndose, aunque no masivamente, desde hace semanas en rechazo a la política de aumentos del Gobierno.

La acción colectiva es promovida por el espacio Unidos por la Cultura, junto a las asambleas barriales del Área Metropolitana de Buenos Aires y centros de estudiantes de distintas facultades de la UBA, como Farmacia y Bioquímica, Ciencias veterinarias y Filosofía y Letras, la Universidad Nacional de Artes y el Centro de Artes Visuales y Artes del Movimiento.

Además se sumaron terciarios e institutos de formación docente, como el Joaquín V. González y el Alicia Moreau de Justo.

Una de las situaciones más preocupantes tiene que ver con el valor del pasaje de subte, que de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno porteño pasará de los $125 actuales a costar $574 desde abril, $667 desde mayo y $757 desde junio.

Para los pasajeros que no tengan su tarjeta SUBE registrada y nominalizada el gasto será aún mayor: pasarán desde abril a pagar la tarifa técnica de $859 sin subsidio.

A través de un comunicado titulado “1 de Marzo: Todos al Molinetazo”, el partido Política Obrera llamó a sumarse a la acción y a movilizarse a Constitución desde las 17 hs.

“La juventud es el sector más golpeado por el tarifazo del transporte. El aumento pone en cuestión la posibilidad de ir a cursar o trabajar cotidianamente”, alertaron en el escrito.

JJD

Tercera semana de movilizaciones y una de las mayores protestas de estas jornadas en Madrid. Centenares de agricultores recorren este miércoles algunas de las principales vías de la capital, convocados por diferentes colectivos, entre ellos Unión de Uniones –una asociación agrícola formada en 2008 y que reúne a asociaciones más pequeñas– . Aunque en un primer momento la manifestación fue sin tractores pero con muchos chalecos amarillos, dos horas después de la convocatoria empezaron a llegar los primeros vehículos.

Los agricultores y ganaderos convocados por organizaciones como Unión de Uniones se concentraron en Madrid sin la tractorada prevista porque, aseguraron, se bloqueó su llegada a Madrid a primera hora. Junto a la Puerta de Alcalá, en el centro de la ciudad, junto a autobuses municipales que se quedaron atravesados en plena vía, sin viajeros, reclamaron que se escuche al campo. “Que nos quiten la burocracia, que nos ahoga”, aseguró un agricultor llegado de Burgos en autobús. Una concentración con bastantes cencerros y algún petardo, que buscó prolongarse toda la mañana.

“Los manifestantes no se mueven de aquí hasta que no entren los 1.500 tractores, aunque haya que echar el día”, aseguró Luis Cortés, líder de Unión de Uniones. “El roce lo vamos a tener en el momento que la policía diga que nos vayamos, no vamos a hacer el recorrido si no llegan los tractores. Y si la delegación manda una orden de desalojo, la vamos a tener”, confirmó Cortés a los medios.

Sin embargo, los manifestantes se quedaron, en su mayoría bloqueados, en Alfonso XII con Atocha. Lo pactado con la Delegación del Gobierno son 30 tractores, explicó un policía, y a pie, quien quiera. “Empujad, empujad”, gritan mientras entran los primeros vehículos. Con cierta euforia por parte de los manifestantes, decenas de tractores entraron en Atocha, junto al Ministerio, donde no está prevista ninguna reunión ni encuentro con el ministro Luis Planas.

Sobre las 12 del mediodía, dos horas después de los previsto, los tractores comenzaron a llegar a la Puerta de Alcalá, desde la calle O’Donnell, entre aplausos de vecinos del barrio de Salamanca. “silben, silben a ver si oye (el presidente Pedro) Sánchez”, aseguraba una mujer mientras aplaudía en la esquina de la calle Velázquez. En esta columna, cerca de un centenar de tractores procedentes la mayoría de Valencia.

De nuevo, una mezcla de eslóganes colgados de los tractores. Desde “si el campo no produce, la ciudad no come” hasta “menos agenda 2030 y más libertad” pasando por “queremos una agricultura libre, no esclava de la alimentación” o “esto sí es feminismo”, en referencia a “la madre tierra”.

Una protesta con bastante desconcierto. Aunque a las 13:00 llegó una de las columnas de tractores previstas y por el micrófono se dice que de la Puerta de Alcalá no se mueven hasta que no lleguen todos los tractores, algunos manifestantes ya intentan bajar por la calle Alcalá hasta Cibeles. Otra columna de tractoristas entraron desde Serrano, pero se quedaron bloqueados porque los que habían llegado antes impedían el paso, en una especie de compás de espera donde la falta de movimiento se mezcla con los gritos contra de Pedro Sánchez, pitidos de tractor y bubucelas. La organización pidió que se movieran los tractores hacia Cibeles y el Ayuntamiento.

Se vivieron momentos de tensión cuando los agricultores intentaron bajar a Cibeles. La Policía no lo permitió y hubo cargas por parte de los agentes mientras que los manifestantes lanzaban gritos de “fuera, fuera”. Hay un detenido por resistencia a la autoridad.

Los convocantes de la protesta acusarona las fuerzas de seguridad del Estado de “coartar la libertad de manifestación”. Así lo ha señalado Anastasio Yébenes, agricultor toledano y miembro de la Ejecutiva de Unión de Uniones, organización convocante de la protesta, y que a las 10:30 de la mañana se dirigía junto con un abogado al jugado de guardia de la Plaza de Castilla a poner una denuncia y pedir una medida cautelar “que les prohíba coartar lo que es la libertad que tenemos de manifestación”, según informa Pilar Virtudes.

“Secuestran los tractores y los animales, pues vamos a esperarlos porque la Puerta de Alcalá es una vía pecuaria”, gritan por el megáfono los organizadores. Desde primera hora de esta mañana, se registraron problemas en algunas carreteras. Los agricultores cortaron la A-42, en sentido Toledo, en el kilómetro 26. La acción que no había sido anunciada, coincide con las cinco columnas de tractores que se dirigen hacia la capital de España.

“Nos hemos tomado la libertad de ocupar Madrid para defender nuestros derechos, vamos a darlo todo”, tratan de animar por megafonía a la espera de los tractores y mientras suena de fondo la banda sonora de La Guerra de las Galaxias. “Que se entere el ministro, Bruselas y las Comunidades Autónomas, que no movieron un dedo. No nos vamos a mover”, repiten.

No es la primera protesta, porque la semana pasada ya llegaron tractores hasta las puertas del Ministerio. Ni será la última, porque el lunes está prevista otra manifestación, que en ese caso estará organizada por COAG, UPA y Asaja. Estas últimas son las tres organizaciones con las que tiene interlocución el Gobierno, porque forman parte del denominado Consejo Agrario.

En la protesta, aunque es mayoritaria la presencia de pancartas de Unión de Uniones, también hay minoritarias de 6F y de Revuelta, la marca juvenil de Vox y una furgoneta de Hazte Oír, con una pantalla que lanza mensajes en contra de Pedro Sánchez y de la Agenda 2030.

Esta manifestación, además, se gestó con una disparidad de criterios entre los organizadores y la Delegación del Gobierno en Madrid porque, aseguran, no les permitió movilizarse por las vías de acceso a la capital que tenían previstas.

“Lo que sí está claro es que los tractores, de una forma u otra, van a entrar en Madrid, bajo el lema #NosSobranLosMotivos, para reclamar una cadena alimentaria que garantice precios justos a nuestras producciones, una PAC que nos ayude a ser competitivos en lugar de ponernos trabas, la protección de nuestro sector frente a la competencia desleal de países terceros y democracia para el campo”, aseguraban los organizadores en la víspera de la protesta.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que el Gobierno confía en que la manifestación a las puertas del Ministerio se produzca de “forma pacífica y sin ningún tipo de violencia, ni incidentes”.

“El Gobierno respeta el derecho de manifestación de acuerdo con las leyes y según la autorización efectuada por la delegación de Gobierno de Madrid”, así lo señaló el titular del ramo en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Al ser preguntado sobre su posible encuentro con Unión de Uniones, Planas dejó la puerta abierta a futuras reuniones, dependiendo de como transcurra esta jornada. “Vamos a ver como va todo el día. Esperemos que sea pacífica --la movilización--, como decía, y sin ningún tipo de violencia ni de coacción”, señaló.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó este martes a una “jornada de lucha” para el 15 de enero, antes de la movilización que hará el 24 la CGT, en protesta por los despidos en varios sectores de la administración pública nacional y porteña.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, ratificó que desde esa central sindical se convocará a una “jornada de lucha con modalidad a definir en cada provincia” el próximo 15 de enero, en repudio a los despidos de empleados públicos.

Dijo que se anticipan a la CGT -a cuya protesta adhieren- porque la fecha del 24 “a los empleados estatales nos está quedando demasiado lejos”.

También señaló que el Centro Nacional de Jubilados de ATE definió en la misma reunión “una jornada de protesta el 10 de enero para reclamar por todas las medidas que atentan contra sus haberes jubilatorios y rechazar cualquier intento de privatización del sistema previsional” frente a la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

“Se exigió la inmediata reincorporación de todos los despedidos y una inmediata convocatoria a paritarias con una propuesta de recomposición salarial para la administración pública”, informó ATE en un comunicado.

“Si no salimos a la calle los trabajadores, jubilados y el pueblo, no tendremos destino”, manifestó Aguiar luego de una reunión realizada hoy y llamó a que en todas las provincias se “interpele” a los diputados y senadores nacionales “para que pongan la cara porque muchos cuando vuelven a sus distritos se olvidan de lo que votaron en Buenos Aires”, en relación al tratamiento legislativo que se le dará a la llamada “ley ómnibus” enviada por el presidente Javier Milei al Congreso.

En declaraciones a la prensa, Aguiar explicó que jornada de lucha será con “modalidad a definir en cada provincia” y recordó en caso de que se decida una movilización para el 15 de enero, desde ATE “no aceptamos el protocolo que quiere regular el derecho a huelga, porque pegarle a los trabajadores ministra Bullrich no es seguridad”.

Aguiar cifró en 1.100 los despidos de trabajadores nacionales y en 200 los dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se comunicaron el pasado viernes, según detalló en declaraciones a la prensa.

Asimismo, ratificó que “presentamos un amparo para anular el DNU” y expresó: “Esperamos un poco más de valentía de los jueces de esta Nación porque están quedando en evidencia que solo reciben órdenes del Estado nacional”.

Aguiar había anticipado que “los empleados estatales no podemos esperar y necesitamos salir a responder antes por el nivel de agresión q estamos sufriendo”.

En rechazo a las medidas del Gobierno nacional y para pedir la reincorporación, los trabajadores estatales realizaron por la mañana asambleas, ruidazos, ingresos masivos y otras acciones de protesta en las puertas de las distintas carteras donde ya se registraron despidos, como en el Ministerio de Economía y en las secretarías de Desarrollo Territorial y Hábitat y Trabajo.

Sobre las asambleas, Aguiar consideró que “anticipan que se le está perdiendo el miedo al protocolo antihuelgas de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich” y agregó que “no se nos puede acusar a los estatales de estar quebrantando la paz social, porque quien atenta contra la paz es el mismo gobierno con las medidas que está tomando”.

El dirigente de ATE aseguró que los despedidos “son trabajadores que cumplen roles esenciales para el funcionamiento del Estado” y aseguró que desde el Gobierno nacional “se intenta configurar el fraude laboral más grande de la historia”

“Desde ATE podemos sentarnos a la mesa para discutir un nuevo Estado, pero uno que esté al servicio de la gente y no solo para garantizar el negocio que algunos vivos tienen con el Estado”, advirtió.

Añadió que “vamos a proponer que se profundice el plan de lucha en todo el país” de cara al paro general convocado para el 24 de enero contra las medidas.

Con información de agencias.

IG

El viernes, el Ministerio de Seguridad publicó un nuevo “protocolo antipiquetes”. El anuncio es más importante desde lo simbólico que desde lo jurídico: el protocolo rige únicamente en la jurisdicción federal y, fundamentalmente, no es una norma con efectos más allá de los agentes del propio Ministerio. Lo que era delito antes del protocolo sigue siéndolo; lo que era un derecho constitucional, también. El protocolo se limita a indicar cómo actuarán las fuerzas de seguridad frente a lo que, burocráticamente, llama “impedimentos al tránsito”. Por cierto, el protocolo en ningún momento aclara que se refiere a la protesta social: impedimentos al tránsito son, también, maratones, actos religiosos y festejos deportivos. Menos mal que se aprobó ahora, y Javier Milei pudo asumir en paz, sin que nadie lo desalojara de la tarima desde la que anunció la llegada de la libertad.

Un pasaje simpático del protocolo ordena a los agentes reportar el daño ambiental causado por quienes impidan el tránsito. En concreto: si alguien quema una rueda, se le hará pagar por los efectos del humo. Ojalá esta súbita preocupación por el ambiente presagie un giro en la postura del Gobierno respecto del cambio climático o la contaminación de los ríos. Por lo pronto, el único humo preocupante es el propio protocolo: en todo lo que no es inconstitucional o superfluo, es sencillamente inviable. Lamentablemente, será el tejido social argentino el que pagará los efectos de este humo.

El protocolo es inconstitucional, como explica mejor que nosotros Roberto Gargarella. El protocolo plantea que todos aquellos que obstruyen la circulación están cometiendo un delito, independientemente de por qué lo hagan, incluso si dejan carriles libres o existen vías alternativas. Pero la cuestión está lejos de ser tan simple: nuestra convivencia social se constituye por derechos en tensión y, a diferencia de lo que sugiere el dicho, no es fácil saber cuándo arranca el derecho de uno y termina el del otro. Tanto quienes circulan como quienes protestan ejercen un derecho constitucional, y los cuerpos ocupan espacio: salvo que sean un puñado, decirle a los que quieren reunirse que deben quedarse en la vereda equivale a prohibírselo. Una norma consciente de esta dificultad intentaría buscar mecanismos para compatibilizar el derecho a circular con el derecho a manifestarse. Al disponer que las vías alternativas o los carriles libres son irrelevantes, el protocolo directamente ignora que hay derechos que conciliar. 

El protocolo es superfluo. Indica que las fuerzas de seguridad deberán cuidar a mujeres y niños, identificar a los autores de delitos, prevenir delitos flagrantes y reportarlos a las autoridades competentes. Esto es así porque la ley lo indica, con o sin protocolo: sólo el Congreso puede crear leyes penales y regular el uso de la fuerza. Además, siendo realistas, las fuerzas policiales no reprimirán ninguna protesta de importancia sin una orden política expresa. El protocolo, así, no es más que una señal para mostrar a lo que el Poder Ejecutivo está dispuesto, y una bastante poco creíble: agarrame que lo mato.

Pero entonces, también, el protocolo es inviable. Es inimaginable que la Policía, por más vitoreada que haya sido en el acto de asunción presidencial, reprima todos los impedimentos al tránsito. ¿Reprimiría la Ministra a la turba que festejará la Cuarta Copa del Mundo? ¿Detendría a los maratonistas, reincidentes obstructores de arterias urbanas? ¿Se incluirá la Ministra a sí misma en los registros de infractores, reconociendo sus protestas contra la cuarentena en el medio de la Avenida 9 de Julio o apoyando a los productores agropecuarios en el lejano 2008?

El protocolo, podría decirse, no busca reprimir estas situaciones. Sin embargo, la sola existencia de estos ejemplos muestra que antes de decidir la represión, la política indagará acerca de las causas del corte y decidirá si fue realizado por argentinos de bien o, por el contrario, por la casta queriendo conservar sus privilegios. De hecho, al crear un registro de infractores, al protocolo se le escapa el inconsciente y ejemplifica con gremios, no con clubes de fútbol. Incluso si confiamos en quienes ejerzan estas decisiones, es evidente que el protocolo no puede cumplir con la generalidad que promete. Como hasta ahora, algunos cortes serán reprimidos, otros tolerados, y aun otros celebrados. Acaso habrá que preguntarse si el Gobierno reprimirá a su propia Plaza del Sí si algún día ésta existe.

El protocolo, de todos modos, no es inocuo. Al anunciar una política de represión de la protesta, el Gobierno le hace saber a las fuerzas policiales que contarán con su respaldo al reprimir manifestaciones y por los eventuales excesos que se cometan en este cometido. Visualizar cómo podría verse esta habilitación no nos exige utilizar nuestra imaginación, sino tan solo nuestra memoria. En la Argentina, la mala imagen de la policía no se debe a que seamos progresistas incurables, sino a una larga historia de arbitrariedades, discriminación y brutalidad que deberíamos intentar revertir más que fomentar. El protocolo, por ejemplo, puede servir como una defensa penal para policías violentos. “La Ministra me dijo que reprimiera, y yo reprimí”. La defensa de “obediencia debida” es improcedente en situaciones de clara ilegalidad, como una orden de torturar a un preso político. Pero, en situaciones moralmente menos claras, es difícil argumentar que un gendarme debe tener claro que un protocolo tiene menor jerarquía normativa que la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Un protocolo que autorizara a disparar por la espalda a alguien que huye no hubiera convertido lo que hizo Chocobar en legal, pero le habría dado argumentos para una defensa penal más sólida.

Es de prever que el protocolo antipiquetes irá a parar a la larga lista de fracasos argentinos. Como ya viene ocurriendo, la política decidirá en cada caso qué postura adopta frente a cada manifestación, evaluando si se trata de una protesta sincera o una maniobra extorsiva. Según el caso, reprimirá, negociará o protegerá. En el medio, esta pantomima de generalidad ratificará que las normas no están hechas para cumplirse sino, a lo sumo, para habilitar el ejercicio del poder cuando conviene. De este protocolo, en definitiva, volveremos peores: igualmente poco dispuestos a dejarnos limitar por la ley, pero, esta vez, más violentos.

Islandia se paralizó este martes en una huelga feminista histórica en el país nórdico, la más importante desde 1975, hace 48 años. Bajo el lema “¿A eso le llamas igualdad?”, las islandesas estaban convocadas a no acudir a sus trabajos ni realizar ninguna otra tarea doméstica no remunerada en protesta por la persistencia de la brecha salarial y la violencia de género en Islandia, a pesar de ser considerado un país referente en términos de igualdad.

La huelga, convocada por los principales sindicatos y 40 asociaciones feministas, tuvo un seguimiento muy extendido. A la protesta estaban convocadas las mujeres y también las personas no binarias y, desde primera hora de la mañana, tuvo impacto en escuelas, hospitales, comercios (donde mayoritariamente solo se vieron trabajar a hombres), y en los servicios municipales, que se han visto reducidos.

La huelga también se notó en las emisiones de la cadena de radio y televisión públicas RÚV, y ha provocado varias cancelaciones de vuelos de la compañía aérea IcelandAir, en la que más de la mitad de sus trabajadores son mujeres. Según el periódico Morgunblaðið, el tráfico por la mañana en Reikiavik ha disminuido un 28% respecto a un martes normal, en una jornada que ha concluido con una manifestación con miles de personas recorriendo las calles de la capital.

La primera ministra del país, Katrín Jakobsdóttir, también se ha sumado a la protesta aplazando el Consejo de Gobierno para el día siguiente y pidiendo a las otras ministras del Ejecutivo que tampoco acudieran a trabajar. El día antes de la huelga, Jakobsdóttir señaló ante los medios de comunicación islandeses que se unía a la huelga con la voluntad de “mostrar solidaridad con las mujeres islandesas. Como saben, todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos de plena igualdad de género y todavía estamos abordando la brecha salarial de género, que es inaceptable en 2023”.

Lejos del “paraíso de la igualdad de género”

Según el Foro Económico Mundial, Islandia ha encabezado durante 14 años seguidos la lista de países en el mundo con mayor igualdad de género. Sin embargo, los datos del gobierno islandés muestran que el hecho de liderar los ránquines de igualdad no significa que las diferencias no existan: “Se habla de Islandia como si fuera un paraíso de la igualdad”, afirmó Freyja Steingrímsdóttir, directora de comunicación de la Federación Islandesa de Trabajadores Públicos (BSRB), uno de los sindicatos convocantes de la huelga.

Pero para Steingrímsdóttir “un paraíso de la igualdad no debería tener una brecha salarial del 21% y un 40% de mujeres que sufran violencia sexual o de género a lo largo de su vida. Eso no es para lo que luchan las mujeres de todo el mundo”, sentenció la portavoz sindicalista. Steingrímsdóttir también quiso hacer referencia a que Islandia tiene una reputación mundial en igualdad de género, y, por lo tanto, “tiene la responsabilidad de asegurarse de que estamos a la altura de esas expectativas”.

Desde el año 2018, Islandia se convirtió en el primer país en exigir a las empresas que demuestren que pagan equitativamente a sus empleados por ejercer las mismas funciones. Sin embargo, los sindicatos denuncian que las empresas aún van a remolque de la legislación y de las reivindicaciones feministas.

Además, para Tatjana Latinovic, presidenta de la asociación islandesa de Derechos de las Mujeres, otro aspecto a tener en cuenta para entender la desigualdad salarial es que “los llamados empleos femeninos (limpiadoras, cuidadoras de ancianos, trabajadoras en guarderías) ahora son ocupados por mujeres extranjeras, porque es difícil encontrar personas que trabajen con los bajos salarios que ofrecen”. Actualmente, las mujeres inmigrantes representan el 22% del mercado laboral femenino islandés, pero, según los sindicatos, su contribución en la sociedad no se ve reflejada en los salarios que estas mujeres reciben.

De acuerdo con el Gobierno, se está estudiando cómo se valoran económicamente en promedio los trabajos que mayoritariamente son ejercidos por mujeres en comparación con los trabajos mayoritariamente ocupados por hombres, ya que cree que este factor contribuye de forma clara a la actual disparidad salarial.

La igualdad no avanza

La otra gran reivindicación de la huelga ha sido acabar con la violencia de género, que la alcaldesa de Reikiavik, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, la calificó en televisión como una “auténtica epidemia que debemos hacer frente con la misma seriedad con que nos enfrentamos a la COVID”. En el programa emitido en la cadena pública RÚV se puso como ejemplo de ello un estudio realizado por la Universidad de Islandia en 2018, que revelaba que una de cada cuatro mujeres ha experimentado violencia sexual a lo largo de su vida.

Los sindicatos organizadores de la huelga también han señalado que, durante la jornada de protesta, “se esperaba que los maridos, padres, hermanos y tíos asumiesen las responsabilidades de la familia y el hogar, por ejemplo, preparando el desayuno y el almuerzo, recordando los cumpleaños familiares, comprando los regalos para la suegra o programando la cita de los hijos al dentista” entre las muchas otras tareas y responsabilidades que normalmente son llevadas a cabo por las mujeres.

Esta huelga feminista representa una repetición histórica de la protesta que paralizó el país el mismo día 24 de octubre de 1975. En aquella ocasión, el 90% de las mujeres islandesas se sumó a la protesta reclamando el kvennafrí (día libre de las mujeres), y que sirvió para avanzar de forma significativa en la igualdad en el país nórdico. Desde entonces, en 1980, Islandia se convirtió en el primer país en el mundo en elegir democráticamente a una mujer como cabeza de estado, la presidenta Vigdís Finnbogadóttir.

Más recientemente, movimientos como el #MeToo han tenido una gran repercusión en el país, sin embargo, la responsable sindical Freyja Steingrímsdóttir admitía que “tenemos la sensación colectiva de que estamos parados y los niveles de igualdad de género no avanzan. En general, en los países nórdicos hay una tendencia en pensar que, como somos los mejores, puede que no haya motivos para reivindicar más, pero creemos que es necesario continuar sacudiendo el debate para avanzar” concluía. 

Un grupo de alumnos de la escuela donde asistía Morena, la niña de 11 años que murió hoy de un paro cardiorrespiratorio luego de ser víctima de un asalto cometido por motochorros, expresaron su dolor por lo sucedido y reclamaron, junto a sus padres y vecinos del partido bonaerense de Lanús, “justicia” por su muerte.

“Era como mi hermana. Era buena, graciosa, siempre jugaba conmigo. No puedo con tanto dolor. Tardó una banda la ambulancia. Se la llevaron y como a las 11 de la mañana nos dieron la noticia de que perdió la vida”, contó a la prensa Priscila, la mejor amiga de Morena Domínguez (11), mientras rompía en llanto en la puerta de la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3500, de la localidad de Villa Diamante.

A continuación, la niña, que asistía a sexto grado de la primaria con la víctima, agregó profundamente emocionada: “Vive cerca de la escuela, a unas seis cuadras. A veces venía con el papá en moto, hasta que empezó a venir sola porque él trabaja. Queremos justicia”.

A su lado, se encontraba su madre, quien afirmó haber asistido a Morena luego del robo. “Por la remera me di cuenta que era compañera de mi hija. Estaba la nena débil y no se podía levantar. Le hicimos upa y la trajimos hasta el colegio. Ella se desesperaba mientras esperábamos la ambulancia”, recordó la mujer.

Junto a ellas, un grupo de vecinos, padres y compañeros de la estudiante lamentaban con tristeza el fallecimiento de Morena, mientras portaban carteles amarillos y verdes que decían “Justicia por Morena”.

Entre los presentes se encontraba Damián, uno de los testigos del robo, quien rememoró el hecho en diálogo con los medios. “Veo que una nena está colgada de una moto, luchando por la mochila. Les tiro el auto encima a los de la moto, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revolver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Todos los días están robando acá”, señaló.

Por otro lado, una madre de un compañero de la niña consideró que “los chicos quedarán marcados” y aseguró que “ya no se puede caminar por el barrio” por la cantidad de robos.

“More era compañerita de mi hijo. Hoy él vio cómo le hacían RCP, es un dolor muy grande. Es un gran dolor, puede ser tu propio hijo. Vamos y venimos en auto a todos lados con mi cuñada porque ya no se puede caminar por acá. No pueden salir a andar en bici, como años atrás que salían”, exclamó una de las vecinas del colegio en diálogo con el canal C5N.

La madre de Morena: “Esa zona del colegio es zona de nadie”

La madre de Morena Domínguez dijo que el barrio donde su hija fue asaltada “es zona de nadie” y que “no estaba de acuerdo” con que fuera sola a la escuela.

“Esas cuadras donde está el colegio es zona de nadie. Muchas veces reclamaron seguridad. ¿Tiene que perder la vida un chico para que haya seguridad?”, se preguntó María, quien se encuentra en la provincia de Salta, donde viajó para bautizar a otro de sus hijos.

“Mi hija arregló con mi mamá lo de ir caminando a la escuela. No estuve nunca de acuerdo de que vaya sola”, explicó la mujer, visiblemente conmocionada.

María afirmó que se encuentra “en estado de shock” y detalló que no le dieron muchos detalles sobre lo sucedido con su hija, pero que estaba al tanto que los autores son menores de edad, por lo que señaló: “Tienen 14 años, sé que van a volver a salir. Pido justicia”.

Entre lágrimas, dijo: “Sé que no me la van a devolver más. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto, pido justicia por mi hija”. Por último, recordó que anoche fue la última vez que habló con Morena, quien le dijo que “extrañaba mucho a sus hermanos”.

NB con información de agencia Télam

Este jueves, agrupaciones piqueteras y de izquierda protagonizaron distintos cortes en el centro porteño, mientras se llevaba a cabo la discusión por el Salario Mínimo Vital y Móvil.

La movilización comenzó en el Obelisco sobre la Avenida 9 de Julio, y se trasladó hacia la sede del Ministerio de Trabajo en la Avenida Alem.

En ese lugar a partir de las 16, se realizó un encuentro de Consejo del Salario, donde asistieron autoridades nacionales, cámaras empresarias y gremios.

LC con información de agencia NA

Un grupo de vecinos del Barrio 31 bloqueó, esta noche, la salida de micros de la Terminal de Ómnibus de Retiro por la “falta de respuestas” ante la desaparición de Mara, una adolescente de 14 años. La manifestación está generando demoras en el servicio de transporte de larga distancia.

Familiares y vecinos de la joven se concentraron frente a la sede del Ministerio de Educación porteño y luego se movilizaron hacia la estación de colectivos de larga distancia de Retiro. Los manifestantes bloquearon la entrada y salida de vehículos y un grupo también realizó una quema de neumáticos durante la protesta.

La adolescente fue vista por última vez el lunes pasado al mediodía, a la salida de la Escuela de Educación Media Nro. 6 del Polo Educativo Padre Mugica. Vestía una campera de color azul oscuro con líneas blancas, un pantalón negro y llevaba consigo una mochila negra con plateado.

El padre de Mara denunció su desaparición en la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad. La joven había salido de su domicilio en la Manzana 6 del Barrio 31 para asistir a la escuela ubicada en avenida Argentina y Letonia, pero jamás regresó.

A partir de la denuncia, intervino la Fiscalía Nacional, Criminal y Contravencional Nro. 4, a cargo de Carlos Vasser, y se activó el protocolo de búsqueda que incluye el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Además, funcionarios del área de Minoridad ya se contactaron con la familia de Mara.

Con información de agencias.

La reforma de una Constitución provincial debe cumplir dos condiciones para ser válida. Una formal, otra sustancial. La primera, relacionada con ejecutar, sin ninguna clase de excepción, el procedimiento previsto por la propia Constitución para su reforma. La segunda, vinculada con respetar el piso mínimo establecido por la Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional (más las interpretaciones que realizan los órganos de aplicación previstos por los tratados) pudiendo, a partir del mismo, ampliar el espectro de los derechos y garantías.

La reforma constitucional de la provincia de Jujuy cumplió con el requisito formal o procedimental, a través del cual se aprobó una reforma parcial integral con el voto afirmativo de una amplia mayoría de los Convencionales Constituyentes.

En cuanto al aspecto sustancial, el proceso reformador alojó contenidos previstos por la Constitución argentina e incorporó varios temas destacables tales como la protección de los animales, como personas no humanas; el derecho al desarrollo científico y tecnológico en sus distintas variantes (inteligencia artificial, la biotecnología, el acceso a mejoras tecnológicas, la inclusión digital); la potestad de demandar al Estado sin autorización de la Legislatura; la imposición de un límite a la reelección indefinida de los legisladores; el juicio por jurados; la oralidad en los procesos judiciales; la tutela de las energías renovables o no contaminantes; el principio de neutralidad religiosa; la autonomía orgánica del Ministerio Público; un Consejo de la Magistratura con la integración taxativamente determinada, entre otros.

El problema surgió respecto de dos cuestiones sensibles para el contexto jujeño: la protección de la propiedad colectiva que titularizan las comunidades originarias y el derecho a la protesta como sucedáneo de la libertad de expresión. La reforma incorporó un conjunto de normas ambiguas o contradictorias, especialmente para el espacio que ocupan las minorías. Al regular el derecho de propiedad, el uso de las tierras fiscales y los derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas no queda lo suficientemente claro el alcance y protección de la propiedad colectiva de dichas comunidades tal como lo establece la Constitución argentina en el artículo 75 inciso 17. Al incorporar el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica establece una jerarquía absoluta del derecho a la libre circulación de las personas respecto del derecho a peticionar y expresarse mediante la protesta social, pero, a la vez, a continuación sostiene que la ley que lo regule debe respetar los estándares internacionales sobre derechos humanos, que dicen todo lo contrario.

La sanción de la reforma constitucional produjo repudiables actos de violencia contra la Convención Constituyente local que, como Poder Constituyente derivado, es la expresión más genuina de la soberanía popular. Nada justifica el uso de la violencia. Ni la que atenta contra edificios públicos, ni la represión estatal por fuera de la ley, que es mucho más grave. La Constitución es justamente la máxima expresión del triunfo de la convivencia pacífica contra toda forma de violencia.   

Los cuestionamientos a una reforma constitucional provincial pueden canalizarse mediante protestas pacíficas o a través del control de constitucionalidad y de convencionalidad interno.

Ante la situación de conmoción social desatada, Gerardo Morales sostuvo que habían “bajado” dos artículos de la reforma constitucional aprobada por la Convención Constituyente. Nunca aclaró si hablaba como gobernador o como presidente del órgano reformador. Como gobernador, esto no es constitucionalmente posible: un Poder Constituido no puede “bajar” artículos aprobados por el Poder Constituyente derivado. Si lo dijo como presidente de la Convención Constituyente, es una situación inédita y bastante irregular: una Convención Constituyente que, aprobando la reforma, finaliza su tarea y antes de la jura, se vuelve a reunir para modificar lo que sancionó.

Si este último procedimiento se concreta, se abre una ventana de oportunidades constitucionales para aclarar la redacción o eliminar las objetivas contradicciones del resto de los artículos cuestionados. Sería un buen ejemplo del pleno ejercicio del derecho a la paz social y la convivencia democrática que con tanto énfasis pregona la nueva Constitución de la provincia de Jujuy.

ED

Unidad Piquetera marchó este viernes desde el Obelisco hasta la Casa de Mendoza, sobre la avenida Callao al 445, donde exigieron la libertad de Martín Rodríguez y Lorena Torres, los militantes detenidos en esa provincia.

Según explicaron en el espacio, los manifestantes no pudieron ser recibidos por las autoridades de la representación provincial, y se desconcentraron manteniendo el pedido por la “inmediata liberación” de los militantes.

“Lo que está pasando en Mendoza es una barbaridad, tienen detenidos a nuestros compañeros de forma ilegal. El Gobierno provincial es represivo contra el pueblo mientras crece la pobreza y el desempleo. Queremos la libertad inmediata (de los detenidos) y terminar con los códigos procesales penales completamente represivos”, dijo Gabriel Solano, legislador porteño por el Frente de Izquierda de los Trabajadores en el acto realizado frente a la sede.

Además, la Unidad Piquetera realizará a las 18 una movilización en la capital mendocina para reclamar por la liberación de los acusados, quienes recibieron prisión preventiva.

Esta semana, los dirigentes de izquierda Romina del Plá y Eduardo Belliboni viajaron a Mendoza, donde los dos militantes del Polo Obrero fueron demorados en una manifestación del martes en el marco de una jornada nacional de protestas realizada por Unidad Piquetera contra las bajas en el programa Potenciar del Ministerio de Desarrollo Social.

En el acto frente a la Casa provincial, la dirigente social Vilma Ripoll sostuvo que la detención de los militantes le sirve al gobernador Rodolfo Suárez para “correr carrera con la derecha” y apuntó: “Reprime para aplicar tranquilo las medidas del Fondo Monetario Internacional”.

En conferencia de prensa, Del Plá exigió “la libertad inmediata” de Rodríguez y Torres, “quienes fueron encarcelados injustamente a pedido del gobernador Suarez”. “Tanto el fiscal Fernando Giunta como el procurador Alejandro Guille solicitaron la prisión preventiva para Martín y Lorena acusándolos de reiteración de procesos de los cuales los compañeros jamás fueron notificados. El delito que se les imputa es el artículo 194, que tiene que ver con el impedimento de la circulación en el marco de las protestas, lo que son perfectamente excarcelables”, detalló.

Belliboni, dirigente del Polo Obrero, expresó antes de la movilización: “Venimos a apoyar a los compañeros mendocinos que no solo están siendo perseguidos por el gobierno de Suarez, sino que además están siendo encarcelados de forma arbitraria con artilugios legales. El fiscal de la causa, Giunta, no respetó ninguna de las garantías constitucionales, acumulando procesos de los que los compañeros nunca fueron notificados ni siquiera”.

El dirigente obrero anunció que llevará a la Justicia Federal la velación de uno de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Nacional, el cual es la libertad de reclamar ante las autoridades.

LC con información de agencia Télam

Cuando Keri-Lynn Wilson se dispuso a marcar el inicio de Tosca algo diferente sucedió en la función de la última obra de la temporada de ópera de Teatro Colón. Desde el semicírculo las y los músicos levantaron carteles ante la orden de la directora de orquesta. Decían: ¡Recomposición salarial“, ”Somos la orquesta peor paga del país“. 

La protesta arrancó el primer aplauso de un teatro repleto con el público habitual del abono nocturno tradicional pero también con extranjeros que compraron los sobrantes de los abonos para vivir la experiencia única que brinda uno de los mejores coliseos del mundo.

En el Te Deum, el final estremecedor del primer acto y protagonizado por el coro, en el escenario apareció un cartel gigante que decía: “Dignidad”. Y al final cuando salió a saludar el excepcional elenco. Desde la orquesta volvieron los carteles. “Recomposición salarial”, Dignidad laboral“, ”Abuso de poder. Basta“. 

María Pía Piscitelli, la soprano que protagonizó a Tosca; el tenor argentino Marcelo Puente - con su Mario Cavaradossi aplaudido hasta el cansancio- y el barítono serbio Zeljko Lucic como el Barón Scarpia apoyaron la protesta en medio de los “bravos” del final. También lo hizo la directora ucraniana-canadiense Wilson una vez que estuvo en el escenario.  

La protesta del miércoles por la noche fue la segunda en Tosca y, según fuentes consultadas por elDiarioAR, seguirían hasta fin de año con posibles abrazos al Colón, entrega de volantes en la vereda como campaña pública. 

El reclamo por la recomposición salarial es porque los sueldos“ han perdido en los últimos años  30, 40 o 50 % de poder adquisitivo salvo honrosas excepciones”, explicó uno de los trabajadores consultados. Pero, según varias fuentes, el malestar crece a fin de año cuando el dinero no alcanza y deja en evidencia un malestar por las diferentes maneras de contratación dentro del Colón. Este año se conoció los problemas internos cuando Paloma Herrera renunció a su puesto como directora del ballet.

“Es una discusión salarial, de las que hay muchas producto de esta inflación descontrolada y caótica. Habrá una mesa de conversación y negociación esta misma tarde, así que son momentos de conversación de cuestiones salariales. Nada distinto a lo que pasa en tantos otros lugares”, informaron a elDiarioAR fuentes de la Dirección del Teatro Colón.

PP

Al menos tres personas han sido detenidas este jueves en Países Bajos después de protagonizar una acción para denunciar el calentamiento global, lanzando salsa de tomate cerca de la conocida pintura 'La Joven de la Perla', del artista Johannes Vermeer, en el museo Mauritshuis, en La Haya.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran como uno de los activistas se acerca al famoso cuadro, también conocido como la 'Muchacha con turbante' o la 'Mona Lisa neerlandesa', y parece que pinta encima con un rotulador, mientras otra persona vierte dentro de la camiseta del propio activista una lata con salsa de tomate.

La pintura de Vermeer no ha sufrido daños, según el Mauritshuis, que ha cerrado la sala donde cuelga el cuadro mientras la policía lleva a cabo la investigación, y las otras salas del museo siguen abiertas al público.

Los dos activistas que aparecen en la imagen llevan puesta una camiseta blanca como miembros de la organización Just Stop Oil.

“¿Cómo se sienten al ver algo tan bonito y valioso siendo aparentemente destrozado ante sus ojos? Nos sentimos indignados. Este cuadro está protegido por un cristal. Está bien, pero la gente vulnerable alrededor del planeta no está protegida. El futuro de nuestros hijos no está protegido. Las personas en extrema pobreza tienen que elegir entre calentarse o comer, y no están protegidos”, señala uno de ellos.

La policía neerlandesa confirmó la detención de tres personas involucradas en esta denuncia de la emergencia climática, y están acusadas de “ataque abierto contra bienes” artísticos.

El pasado martes, un activista neerlandés por el clima, Jelle de Graaf, se pegó en directo a la mesa de un plató de televisión en Países Bajos para “hablar de la crisis climática y ecológica”, durante un programa al que estaba invitado para debatir sobre nuevos métodos para llamar la atención sobre el calentamiento global.

El programa buscaba hablar de las recientes acciones de protesta de activistas climáticos que arrojaron comida contra cuadros históricos. La semana pasada, dos simpatizantes del grupo alemán Letzte Generation (“Última generación”) lanzaron puré de patatas contra un cuadro de Claude Monet expuesto en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín.

Esa acción climática había tenido lugar una semana después de que miembros de Just Stop Oil vertieran sopa de tomate sobre el cuadro “Los girasoles' de Van Gogh en el Museo de la National Gallery de Londres. Ambas pinturas estaban detrás de un vidrio.

LC

“No al FMI y al Banco Mundial” dice la campaña internacional “Deuda x Clima”, la cual convocó a una movilización a las 11:00 de hoy viernes. Fue frente a las oficinas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Paraguay al 1178, en Buenos Aires. Como parte la Semana de Acción Global sobre la Deuda, agrupaciones políticas, sociales, ambientalistas y sindicales se sumaron a esta jornada global.

Entre los diversos frentes que protestan, se destaca el sindical, que toma la temática ambiental y le suma la lucha por la justicia social. En el debate sobre la crisis climática global, reclaman que los países desarrollados no tienen en cuenta su “neocolonialismo al sur global”, el cual se manifiesta en deudas financieras ilegítimas. Acusan a los “sectores de poder” como grupos financieros, bancos y corporaciones, de pretender profundizar la concentración de la riqueza para algunos y el endeudamiento para otros. Es por eso que el reclamo principal de la convocatoria es la anulación de las deudas, bajo el mensaje “La deuda es con los pueblos y la naturaleza”.

Juan Pablo Olsson es sociólogo ambientalista y coordinador de la campaña Deuda x Clima en América Latina. En diálogo con elDiarioAR, dijo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo alertó que existen 54 países en un período de crisis de deuda, cuya magnitud es tal que puede llevar a sus poblaciones a la pobreza extrema. En el contexto del calientamiento global, Olsson argumenta que los países en vías de desarrollo son más vulnerables ante catástrofes climáticas. Menciona el caso de Pakistán, que sufrió un período de monzones extraordinario y derivó en una crisis humanitaria.

En cuanto a la Argentina, Olsson describe su situación con el Fondo Monetario como “la mayor estafa financiera de la era moderna” por la deuda de 44.000 millones de dólares, que considera ilegítima y destinada a la fuga de capitales. El sociólogo habla de un vigente modelo agro-minero-exportador, el cual depende de la extracción de recursos para obtener divisas. Menciona la Ley de Humedales, que tiene apoyo social para su avance pero presión del lobby de corporaciones y terratenientes para su parálisis en el Congreso.

Asimismo, califica al reciente desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo como una profundización “de un modelo negativo de préstamo para pagar deuda”. Sin embargo, lo considera parte de una problemática mayor que genera “condiciones de saqueo” en estos 54 países. “En definitiva, un préstamo impagable lo que hace es condicionar tu economía hacia modelos de ajuste y profundizar acuerdos que benefician a las corporaciones”, lo que va en contra de los intereses de las mayorías, según el ambientalista.

El miembro de la Internacional Progresista destaca que el FMI, el Banco Mundial, el G7 ni la COP27 de Egipto parecieran comprender que con su “agenda de colonialismo financiero” exponen a entre 3500 y 4000 millones de personas pobres del sur global a lo que el Papa Francisco llama “una situación de población descartable”. Agrega el ejemplo de Noam Chomsky, quien describe este momento como una conjugación de múltiples crisis económicas, sociales y climáticas.

Además de Buenos Aires, la convocatoria se difundió por otros 20 países, entre ellos los de África y el Sudeste Asiático, y se dio en articulación con los movimientos originarios de Paraguay, Brasil y Colombia. De cara al futuro, plantean desde sus movimientos sociales que los programas de esta nueva ola de gobiernos progresistas -el caso colombiano, chileno y quizás el brasileño- incorporen las nociones de justicia ambiental y climática, además de la social. “Si hay modelo solo de justicia social sin defensa del ambiente, tenemos el riesgo de seguir profundizando la destrucción del ecosistema”, dijo Olsson.

En su sede de Washington D.C., este 14 de octubre se da la cumbre anual entre el FMI y el Banco Mundial, donde Debt for Climate (su versión norteamericana) estará movilizándose junto a otros movimientos como Extinction Rebellion y Fridays For Future. La intención es crear un movimiento internacional solidario, que manifieste los reclamos del sur global por la cancelación de las deudas financieras.

Bajo Deuda x Clima, adhieren a la manifestación diversos frentes: la CTA Autónoma, la Internacional Progresista, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Unidad Popular, Pymes para el Desarrollo Nacional, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), Soberanxs, la Corriente Nacional Martín Fierro, el Grupo Bolívar, Causa Nacional, la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA), Rebelión o Extinción Argentina, el Movimiento Verde Cordobés, el Movimiento La Ciudad Somos los que la Habitamos y la Cátedra Laudato Si.

LC

La organización oficialista Somos-Barrios de Pie resolvió cambiar su protesta contra el campo para este sábado, y en lugar de movilizarse hacia La Rural lo hará frente al Congreso de la Nación.

“Estamos en tiempos difíciles que requieren el máximo de las responsabilidades de todos los sectores de nuestra sociedad”, dijo en un comunicado Daniel Menéndez, coordinador nacional Somos-Barrios de Pie.

La decisión fue tomada luego de la ola de versiones que rodearon al Gobierno nacional con respecto a los cambios en el gabinete y la llegada de Sergio Massa como super ministro de Economía.

“Desde el llamamiento a una pacífica movilización con el objeto de pedirle a un sector minoritario que acompañe al resto de la sociedad, no hemos recibido más que amenazas, insultos y agravios por parte de diferentes personas que acompañan a los grandes productores agropecuarios”, agregó el comunicado de Menéndez, quien también es subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta.

La protesta perfilaba convertirse en otro foco de conflicto para el Gobierno. Es que para los ruralistas, la movilización era agitada desde el oficialismo en medio de la pelea para que los productores liquiden sus cosechas.

En otro tramo, el comunicado agrega que “la sociedad argentina en su conjunto es víctima de los aprietes constantes de los sectores dominantes. No es novedad para la historia de nuestra patria encontrarnos con este tipo de agresiones y amenazas por parte de quienes detentan el poder económico en la Argentina. Se creen dueños de la voluntad de todos los argentinos y argentinas. Con madurez política tomamos una decisión en pos de no regalarle ninguna excusa a los violentos de siempre y garantizar la seguridad de todos los argentinos y argentinas”.

Por último, Menéndez acusó a los “simpatizantes de la Sociedad Rural Argentina” de “destilar odio y amenazas a quienes solo desean ejercer su derecho constitucional a la protesta”.