“¿Cuándo se jodió el Perú?”, se preguntaba en 1969 Mario Vargas Llosa en su obra cumbre Conversación en La Catedral. Lo hacía por interposición de su protagonista, Santiago Zavala, 'Zavalita', y con esa frase trataba el fallecido Nobel de Literatura de verbalizar la desesperación de muchos intelectuales peruanos por el infortunio histórico de su país, en un momento, además, de gran inestabilidad política y continuos golpes militares.

Desde entonces, la “mala suerte” del Perú no cambió, pues prácticamente todos aquellos políticos que llegaron a presidentes del país terminaron en la cárcel por nepotismo, abuso de poder o corrupción. El último, el expresidente peruano Pedro Castillo, que hace seis días fue condenado a 11 años de cárcel por el delito de conspiración. Pero Perú no es un caso único en la historia reciente de América Latina; son varios los países que arrastran un problema crónico sin que, al parecer, haya forma de revertir la tendencia al desastre.

Uno de ellos es Argentina, sumida en una permanente crisis económica, en una inflación endémica y en la desilusión colectiva que llevó al poder al ultraderechista Javier Milei y sus políticas de recortes y austeridad. Es, por tanto, lícito que Pablo Maurette (Buenos Aires, 1979) se haga en su novela El contrabando ejemplar, Premio Herralde de Novela 2025, la misma pregunta que Vargas Llosa: ¿cuándo se jodió Argentina?

Aunque en conversación con elDiario.es, el autor reconozca que le fue imposible responderla: “Son tantísimas causas, tantos los factores que podríamos citar que, de hecho, la respuesta se convierte en un misterio y en un imposible”. Explica que en Argentina “abundan los teóricos sobre el origen de la desgracia del país, que elaboran todo tipo de teorías y diagnósticos, pero en realidad ninguna da con la causa del desastre”.

Humor y nostalgia contra el sentido trágico argentino

Tal vez por ello la búsqueda de respuesta de Maurette sea muy distinta a la del peruano, ya que sustituye el dramatismo de Conversación en La Catedral por el humor y la nostalgia de un pasado que, aunque a todas luces fue tan nefasto como el presente, se ve en perspectiva como un tiempo perdido, una inocencia en la que, de haber intervenido, tal vez se hubiera podido arreglar el presente.

Acaso el personaje de Eduardo, coprotagonista, peronista recalcitrante, escritor diletante y homosexual salido del armario a los 51 años después de su traslado de Buenos Aires a Madrid, sea el mejor ejemplo de ello. Porque dicho cambio de ciudad, y de vida, es el principal culpable de que deje a medio escribir una novela llamada precisamente El contrabando ejemplar, donde logra aportar algunas claves de cuando se jodió Argentina, cuándo empezó a ir todo mal.

“Lo que le pasa a Eduardo es que cuando uno empieza a vivir, empieza a ser uno mismo, se olvida de la literatura y las grandes preguntas”, apunta Maurette, que en su sentido del humor recuerda a las novelas de Rodrigo Fresán. “Rodrigo y yo, que somos amigos, tenemos en común en nuestra narrativa el querer dar un punto ridículo a la historia de Argentina para rebajar el sentimiento trágico”, apostilla.

Una novela imposible

Sin embargo, no será Eduardo, sino Pablo, una suerte de pupilo y/o ahijado avispado con pretensiones de escritor, gorila (anti peronista) y que en realidad es un ser sin demasiados atributos ni remordimientos, quien rescate la novela una vez muerto el primero. Su objetivo, en concordancia con el personaje, no es dar a conocer el libro a mayor gloria de Eduardo, sino apropiarse de él y plagiarlo para su propio beneficio.

Es entonces cuando descubrimos, como lectores la historia, la leyenda de Gustavito, un niño-monstruo tricéfalo que, según las crónicas del siglo XVII, nació en una tribu indígena y murió a los pocos días en la pampa. Según se cuenta en la novela de Eduardo, el monstruo fue enterrado en Buenos Aires y desde entonces una maldición opera sobre la ciudad y el resto del país. “Es una teoría más que demuestra en realidad lo disparatado que resulta intentar descubrir el origen de la desgracia de Argentina”, subraya Maurette.

Finalmente, Pablo también terminará olvidando su intento de plagio, ya que le resulta excesivo el esfuerzo de recomponer el manuscrito original de Eduardo. En este sentido, el infructuoso intento de dar respuestas que supone El contrabando ejemplar genera lo que Maurette describe como “una novela imposible, que no puede ser escrita porque no alumbra resolución alguna”. Y la equipara en su frustración con “la búsqueda de la gran novela argentina, esa que consagra a un escritor pero que nunca se alcanza cuando se busca intencionadamente, porque uno se queda sin temas y sin ideas”.

Una broma con doble fondo agridulce

Maurette vuelca en la novela toda su capacidad para la ironía para explicar y explicarse, porque se intuye que tanto Eduardo como Pablo ha sido creados en base a la biografía del autor, de modo que el libro tiene mucho de gran broma de doble fondo, que en su interior esconde una reflexión sobre Argentina con cierto poso de amargura. Y también sobre el Buenos Aires del siglo XX que pudo ser y no fue.

“Argentina es un país extrañó, poco poblado si se tiene en cuenta su extensión, con una mezcla de culturas muy amplia e inmensamente rico, pero que siempre anda en la ruina”, dice el novelista, que apunta a que la historia del país ha estado plagada de malas decisiones. “Algunos apuntan que todo lo malo empezó con el peronismo, otros con la Junta Militar que desapareció a casi toda la izquierda, etc., pero en realidad es imposible saber cuando se jodió todo”.

Para Maurette el Peronismo ha sido a la larga nefasto, pero no más que el gorilismo y sus excesos militares. “Vamos década a década cambiando un gobierno por otro peor desde los años 40, y el colofón es ahora Milei”, asegura. Aunque le reconoce al actual presidente que “no prometió el paraíso, sino mucho sufrimiento económico”, cree que “la gente no lo va a soportar más si la cosa no cambia, porque la situación no ha mejorado”. Y opina que “aunque Milei es un horror, al final en las próximas elecciones la gente le echará, se irá y la democracia sobrevivirá, porque ahora es fuerte a diferencia de los setenta [en referencia al golpe militar de 1976]”.

Una narración en red

Y tras la ironía, se despliega la narración en forma de viaje continuo entre Buenos Aires y Madrid –y en ciertos momentos Sevilla– pero también en un permanente tránsito entre el Buenos Aires del siglo XVII, el de los 40 y 50 del siglo XX y la década de los 80, tras la caída de la Junta Militar, seguramente tres momentos de la historia argentina que fueron tres grandes oportunidades perdidas para cambiar el infausto destino del país.

También transita El contrabando ejemplar por el Madrid los noventa y los inicios del siglo XXI, así como eventualmente por la Roma actual y la Florencia renacentista, de modo que teje una red espacio-temporal en la que el lector queda atrapado por las minuciosas descripciones de cada tiempo, dignas en ocasiones del Bomarzo de Mújica Lainez. De este modo, la trama, en el sentido lineal, deja de ser importante para convertirse en una nebulosa que nos permite ir de un lado para otro, y de un tiempo para otro, en un relato que bien podría haber pergeñado el Sabato de Abaddón el exterminador.

Sin embargo, y para terminar, decir que desde un principio, más que a la leyenda de Gustavito, el monstruo enterrado y ejecutor de la maldición indígena hacia los colonizadores españoles, Maurette achaca el origen de los males de Argentina a una práctica denominada precisamente contrabando ejemplar. “La misma no era otra cosa que un sistema de comercio clandestino que existió en el Río de la Plata durante el siglo XVII, tan institucionalizado que se le dio este nombre”.

Surgió como reacción de las clases dominantes a la arbitraria prohibición del virreinato del Perú del uso del puerto de Buenos Aires para el comercio, siempre en favor del de Lima. “Fue por necesidad un modo de subsistir ante la injusticia y el absurdo, ya que había que llevar las materias hasta Lima para que las mandasen a Europa por mar”, explica el autor. El problema del contrabando ejemplar, matiza Maurette, es que “arraigó una corrupción generalizada de la que el país no se ha podido librar hasta la fecha”.

Cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, una jornada para recordar la importancia de este sistema basado en la celebración de elecciones periódicas por sufragio universal. Para entender el origen de esta forma de gobierno debemos remontarnos a la antigua Grecia, que tenía una forma particular de elegir a ciertos cargos públicos.

La democracia ateniense fue el sistema que se desarrolló en Atenas y que permitió que las decisiones políticas fueran tomadas por el pueblo, en lugar de quedar en manos de un rey o emperador, como había pasado en la antigüedad. Es considerado uno de los primeros ejemplos de democracia en la historia, aunque empezó siendo muy diferente al sistema que conocemos hoy.

En la Grecia antigua, los ciudadanos no elegían directamente a sus representantes, sino que participaban directamente en la toma de decisiones políticas, votando en la Asamblea. Sin embargo, sí que había ciertos cargos públicos que desempañaban un número limitado de personas. Para estos casos, se utilizaba una pintoresca máquina conocida como kleroterion.

Un sistema de ranuras y bolas de colores

El kleroterion era una especie de piedra con diferentes ranuras, generalmente hecha de mármol. En cada ranura se introducía un pinakion de bronce, una especie de carnet de identidad de la época. Cada una de estas placas tenía el nombre de uno de los ciudadanos que quería ser elegido para el cargo en cuestión. La piedra también contaba con un tubo vertical en uno de sus lados, que jugaba un papel clave en su funcionamiento. 

En este tubo se introducían diferentes bolas de color negro y blanco, que eran las encargadas de determinar quiénes eran los elegidos. Cada bola se tiraba desde arriba hasta alinearse con las diferentes ranuras: si la bola era negra, esa fila de ciudadanos no eran elegidos. Si por el contrario la bola era blanca, el grupo de la fila era seleccionado.

¿Fin de la corrupción?

Usar el kleroterion para elegir a las personas que ocuparían ciertos cargos dentro de la polis permitía que la selección fuera imparcial. De hecho, su principal objetivo era evitar que hubiera favoritismos entre los ciudadanos: todos tenían la misma oportunidad de ganar o perder.

Esta especie de máquina de piedra también evitaba una de las mayores preocupaciones de los atenienses: la corrupción. Aquellos ciudadanos que tenían más poder, influencia o riqueza no podían manipular de ninguna manera el proceso de selección, porque la elección era azarosa.

Los ciudadanos tenían que desempeñar el cargo para el que habían sido elegidos durante un año solamente y no tenían derecho a repetir. Esta renovación constante también fue un elemento clave de la democracia ateniense, que terminó en el 322 a. C. con la hegemonía macedonia.

El 15 de septiembre marca una fecha significativa en el calendario global: es el Día Internacional de la Democracia, una ocasión dedicada a fortalecer y promover el sistema de gobierno democrático en todo el mundo. Desde su designación por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 2007, este día subraya la importancia de la democracia como el sistema político más avanzado y participativo frente a otras formas de gobierno.

La democracia no solo es un proceso en constante evolución, sino también un objetivo por el cual vale la pena luchar. Es fundamental para garantizar los derechos humanos, la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos. Solo a través del compromiso y el apoyo activo de la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad civil, este ideal puede materializarse y beneficiar a personas de todas las naciones.

Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión. Reconocida como un derecho humano básico por la Declaración Universal de Derechos Humanos, este derecho es crucial para el desarrollo de sociedades libres y abiertas. Permite a los individuos expresar sus opiniones, recibir y difundir información de manera libre y sin restricciones, independientemente de las fronteras o medios utilizados.

Democracia y libertad de prensa

La democracia y la libertad de prensa están íntimamente ligadas, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El acceso a una prensa libre y pluralista es esencial para una sociedad democrática, ya que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el debate público informado.

A pesar de los desafíos globales, incluidas las barreras impuestas por algunos gobiernos, la libertad de prensa sigue siendo vital para la salud democrática.

MU

Es una especie de cronista de Indias. Aquellos hombres que en el siglo XV y XVI relataban la conquista de América por parte de los españoles y dejaron para siempre un testimonio de cómo fue el desembarco en el Nuevo Mundo. Algunos, como Bartolomé de las Casas, han pasado a la historia por ser uno de los primeros defensores de los amerindios, los habitantes nativos de unas tierras que terminaron expoliadas y los miembros de unas civilizaciones que resultaron arrasadas.

Ketanji Brown Jackson (Washington DC, 1970) es una especie de cronista de Indias porque con sus votos particulares está dejando para la posteridad la crónica de la conquista del Tribunal Supremo y de esta América por parte de Donald Trump, y sus consecuencias para los habitantes de este Nuevo Mundo que es Estados Unidos en 2025. En el siglo XV y XVI los españoles usaron unas armas distintas a las que está usando Trump, pero igual que había testigos entonces que dejaron valiosos testimonios, la jueza Brown Jackson, la primera mujer negra en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de EE.UU., está convirtiéndose en testigo de primera mano de la conquista trumpista; si Bartolomé de las Casas escribió en su día una Historia general de las Indias (1552), con los escritos de la jueza Brown Jackson se podrá narrar la historia general del trumpismo.

En un acto este jueves en el colegio de abogados en Indiana, la jueza reconoció que uno de sus objetivos es llamar la atención sobre lo que está sucediendo en EE.UU, y cuando un juez federal le preguntó qué le quitaba el sueño, la jueza Jackson hizo una pausa y luego dijo: “Diría que el estado de nuestra democracia”. Y añadió: “Estoy de verdad muy interesada en que la gente se concentre, invierta tiempo y preste atención a lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro gobierno”.

Ketanji Brown Jackson, progresista, es jueza del Supremo desde abril de 2022, cuando fue nombrada por Joe Biden. Y en su discurso de toma de posesión explicaba de dónde venía su nombre, rasgo distintivo fundamental de la jueza: “Cuando nací aquí en Washington, mis padres eran maestros de escuela pública y, para expresar orgullo por su herencia y esperanza en el futuro, me pusieron un nombre africano: 'Ketanji Onyika', que, según les dijeron, significa 'hermosa”.

Recurrir a un nombre africano en 1970 en EE.UU. es una declaración de intenciones, un hilo que se teje para conectarse con unas raíces colectivas.

“Mi esperanza es que las pruebas y los triunfos de mi trayectoria como hija, hermana, esposa, madre, litigante y amiga sirvan de testimonio para las jóvenes, las personas de color y las personas que luchan por todo el mundo, especialmente para quienes albergan ambiciones y creen con firmeza en la posibilidad de alcanzarlas”, escribe Ketanji Brown Jackson, en Hermosa: Memorias: “Quiero animar a estas soñadoras audaces a no dejarse desanimar por la adversidad, porque la vida siempre presentará desafíos. Debemos permitir que nos enseñen y fortalezcan, y que nos ayuden a desarrollar confianza en nuestra capacidad para encontrar el camino. Al final, debemos confiar en el camino que elijamos, ancladas en un firme sentido de nuestro potencial, inspiradas por las personas que nos rodean y fortalecidas por nuestra voluntad de perseverar”.

Y eso es lo que está haciendo Ketanji Brown Jackson en su asiento en el Tribunal Supremo de EE.UU ante la súper mayoría conservadora (6 a 3): dejar un testimonio indeleble. Según decía The New York Times, la jueza Ketanji Brown Jackson redactó solo cinco opiniones mayoritarias durante el periodo del Supremo que finalizó a finales de junio, la menor cantidad entre los miembros de la corte. Y de acuerdo con The Washington Post, escribió más opiniones discrepantes este periodo de sesiones –van desde el primer lunes de octubre hasta finales de junio o principios de julio– que cualquier otro juez. En total, redactó 24 opiniones. Jackson también superó con creces a sus colegas en el número de palabras que ha pronunciado durante los argumentos orales: ha pronunciado más de 79.000; Sonia Sotomayor, su colega progresista, queda en un segundo lugar, con 53.000.

Esta semana, el Tribunal Supremo allanó el camino para los despidos masivos en la Administración Trump de funcionarios. Y, en su voto particular negativo, la jueza Brown Jackson escribía: “Este caso trata sobre si dicha medida constituye una reforma estructural que usurpa las prerrogativas del Congreso en materia de formulación de políticas, y es difícil imaginar una decisión significativa sobre esta cuestión una vez que se hayan producido dichos cambios. Sin embargo, por alguna razón, este Tribunal considera oportuno intervenir ahora y dar rienda suelta a la bola de demolición del presidente. En mi opinión, esta decisión no solo es muy desafortunada, sino también arrogante e insensata. [...] Mantendría intacta la protección de la relación histórica entre el Congreso y el presidente, evitando daños irreparables a los demandantes y al público, mientras que el Poder Judicial realiza la labor crucial de evaluar este ejercicio de poder”.

Y critica “el entusiasmo demostrado por este Tribunal Supremo al dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente alegando en una situación de emergencia”.

A raíz de este fallo, Marco Rubio ha empezado ya con los despidos masivos en el Departamento de Estado, que pueden afectar a más del 15% del organismo.

En otro caso reciente, el de las deportaciones a Sudán del Sur de migrantes que son de cualquier otro lugar, la jueza Jackson, junto con Sonia Sotomayor, escribieron: “La orden de hoy no solo justifica (una vez más) el desprecio manifiesto del Gobierno por el Poder Judicial, sino que también deja al Tribunal de Distrito sin ninguna orientación sobre cómo proceder. El fallo de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben acatar las normas, pero la Administración Trump tiene al Tribunal Supremo a su disposición”.

Ketanji Brown Jackson también denunció en mayo lo que ella calificó como el “elefante en la habitación”, es decir, los “ataques implacables” contra los jueces propagados por la Administración Trump cada vez que un fallo no le conviene, y un ambiente de acoso que, en última instancia, “corre el riesgo de socavar la Constitución y el estado de derecho”.

“En todo el país, los jueces se enfrentan a un aumento de amenazas no solo de violencia física, sino también de represalias profesionales simplemente por hacer su trabajo”, declaró la jueza Jackson en una conferencia para jueces celebrada en Puerto Rico. “Y los ataques no son aleatorios. Parecen diseñados para intimidar a quienes desempeñamos esta importante función”.

En un caso clave fallado el pasado 27 de junio, el Supremo se alineó con Trump para quitarle a los tribunales inferiores competencias para bloquear la agenda ultra del presidente de EE.UU. Una decisión sin precedentes que respondió Jackson en su opinión disidente: “Un sistema político regulado por la ley significa que todos están sujetos a ella, sin excepción. Y para que esto suceda, los tribunales deben tener la facultad de ordenar a todos (incluido el Ejecutivo) que cumplan la ley, y punto. Concluir lo contrario es respaldar la creación de una zona sin ley, donde el Ejecutivo tiene la prerrogativa de aplicar la ley a su antojo, y donde individuos que de otro modo tendrían derecho a la protección de la ley quedan sujetos a sus caprichos”.

A finales de mayo, se produjo otro fallo polémico sobre la revocación de permisos humanitarios de residencia para medio millón de personas, provenientes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. “El Tribunal Supremo determinó que la balanza de equidad favorece al Gobierno”, escribía Jackson con Sotomayor, “y, perece que es de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales resuelvan sus reclamaciones legales”.

La decisión del Supremo abría la puerta para que la administración Trump elimine las protecciones legales temporales para cientos de miles de inmigrantes, lo que eleva a casi un millón el número total de personas que podrían quedar expuestas a la deportación, teniendo en cuenta que hace dos semanas se produjo un fallo parecido que deja en el aire a 350.000 personas de Venezuela.

Ketanji Brown Jackson lleva meses criticando abiertamente las opiniones de sus colegas conservadores en sus escritos en el Supremo, dejando a un lado el lenguaje leguleyo típico de los fallos judiciales para introducir argumentos apasionados para denunciar el trato de favor del más alto tribunal de EEUU con el presidente de EEUU.

Es la jueza que denuncia desde dentro los abusos del Supremo para avalar la agenda ultra de Trump.

El presidente Javier Milei y sus ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, no se cansan de repetir que la actividad económica argentina creció 5,5% en 2024. Pero eso sólo ocurrió en diciembre pasado, en comparación con el mismo mes de 2023, cuando la economía se hundió por la devaluación inicial del peso en la gestión libertaria. En 2024 nueve de los 12 meses fueron de contracción y por eso el PBI se redujo 1,8%. Lo que es cierto es que la economía ha comenzado a rebotar. Pero también crecen las preocupaciones. Las de los trabajadores, porque el salario no alcanza pese a la menor inflación o porque los despiden de sus puestos. Y crecen las inquietudes de los inversores, lo que se refleja en la caída este año de las acciones y los títulos públicos o en la continuidad de empresas extranjeras que se van.

Hay dudas por una política cambiaria que no cuaja, por un mundo enturbiado por Donald Trump; porque el criptogate disparó las sospechas de corrupción, desde el avión con valijas en Aeroparque hasta la aprobación de sólo uno de los 11 proyectos del Régimen de Incentivos de las Grandes Inversiones (RIGI). Encima la tensión política quedó reflejada este miércoles en las calles alrededor del Congreso, entre los 46 heridos, uno de ellos grave, el fotógrafo Pablo Grillo, y los 126 detenidos.

Vaya contraste con lo que vio el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, la semana pasada en su gira sudamericana por Uruguay, Paraguay y Chile. No es que no quiso venir a la Argentina por Milei: tampoco fue al Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva o a la Colombia de Gustavo Petro. Pero al menos en Santiago y en Montevideo palpó realidades bien contrastantes con el experimento libertario.

En la capital chilena visitó la Escuela de Carabineros, esos policías tan recordados por las imágenes de sus represiones a los manifestantes tanto en la dictadura de Augusto Pinochet como en el último gobierno de Sebastián Piñera. La gestión de Gabriel Boric firmó en 2022 un acuerdo con Alemania para capacitar a los carabineros en el respeto de los derechos humanos en las protestas. No es que los policías alemanes no sean acusados a veces de racistas, sexistas y ultraderechistas, pero al parecer tenían algo para para enseñar.

En la visita de Steinmeier, el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, destacó lo aprendido, su puesta en práctica y su repercusión en un mejoramiento de la imagen alicaída del cuerpo policial chileno. El presidente alemán les preguntó a los jefes carabineros qué conocimientos habían incorporado y uno le contestó que lo primero que les enseñaron los europeos fue que debían estar en las movilizaciones para asegurarles a los manifestantes su derecho a la protesta. Es decir, no para impedir que se congreguen. Algunos de ellos se convirtieron en agentes de diálogo con los líderes de las marchas para asegurarle ese derecho y para desescalar conflictos en el caso de que aparecieran. La experiencia de alemanes y chilenos es que así se aíslan y acotan los disturbios que en algunos casos terminan ocurriendo de todos modos.

El mismo 1 de marzo en que Milei le hablaba con agresividad a un Congreso semivaciado por la oposición, su nuevo par uruguayo, Yamandú Orsi, asumía en su Parlamento sin críticas y con agradecimientos a todos sus antecesores en los últimos 40 años de democracia ininterrumpida. Sólo estaban ausentes los fallecidos, lógicamente. Steinmeier no fue el único líder llegado del exterior que elogió la convivencia democrática uruguaya. El jefe de Estado de Alemania, principal socio de la Unión Europea, vino a Sudamérica para compartir un discurso contrastante con el de Trump, a favor del comercio internacional -incluido el acuerdo UE-Mercosur, bloque del que Milei amenaza con salirse con tal de pactar con EE.UU.-, de la lucha contra el cambio climático y el respeto de la voz de Ucrania en las negociaciones de paz con Rusia. Un divorcio transatlántico 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, una Latinoamérica donde Europa empieza a mirar más con recelo a EE.UU. y no sólo a China.

Ninguna de esas postales uruguaya y chilena se consiguen ahora en la Argentina. Quizás sí la de la preocupación por la corrupción, que está presente en ambos países vecinos, pero más que nada en Paraguay, según admitió su presidente, Santiago Peña, en su rueda de prensa con Steinmeier. En el establishment argentino, que viene apoyando a Milei por su motosierra fiscal y la baja de la inflación, el criptogate supuso un antes y un después, una “fuerte desilusión”, más allá de que no fuera la primera vez que escuchaban de presuntos pagos ilegales para conseguir favores del economista libertario.

Se les develó recién ahora un presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dispuestos a entablar negocios con “buscas” de las criptofinanzas. Tampoco son relaciones nuevas, dado que Milei ya daba clases y promociones de tokens desde 2020 con Mauricio Novelli, que también lo tiene de profesor de su academia de trading y de amigo al presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, profeta de la batalla cultural.

A partir del criptogate surgió la denuncia de que Novelli y su socio norteamericano Hayden Davis pedían dinero a colegas para presentarles a Milei y trabar negocios con él. También la Coalición Cívica acusó a la secretaria general de la Presidencia de ser la cajera de La Libertad Avanza. Un empresario petrolero recuerda que ella pedía de $100.000 a $500.000 para ver a su hermano en la campaña de 2023. El periodista Carlos Pagni develó que un avión del exespía y empresario Leonardo Scatturice aterrizó en Aeroparque cargado con valijas sin control, con la azafata Laura Arrieta, representante local del Consejo de Acción Política Conservadora (CPAC), a bordo.

La Fundación Faro también recauda, aunque en blanco, por gestión de Laje y de Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial Santiago Caputo. El problema es que a algunas multinacionales no les basta con que les den factura a cambio del aporte. Por normas éticas de sus países de origen, necesitan demostrar que detrás de esa contribución hay algo tangible, como, por ejemplo, una encuesta de opinión o una formación de dirigentes, y por eso reclaman que les presenten documentación respaldatoia de esos actos. Por lo menos dos compañías extranjeras aceptaron contribuir pero exigiendo esta condición. En cambio, una tercera se negó a aportar porque le resultaba imposible de justificar el gasto ante su casa matriz.

También juega en contra el recuerdo de la causa cuadernos que encarceló por unos días o hasta meses a algunos empresarios en 2018. Dos funcionarios cercanos a Karina Milei que los empresarios identifican como promotores de la campaña legislativa 2025 son el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, y el vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, vaya a saber si con o sin factura. No son métodos muy distintos a los que siempre aplicó la casta política, desde Carlos Menem -aquel a quien Milei admiraba pero ya cree que lo superó- hasta los Kirchner y Mauricio Macri.

Al aportar en la Fundación Faro, del hermano de Santiago Caputo, algunas multinacionales no les basta con que les den factura a cambio del aporte. Piden a cambio algo tangible como, por ejemplo, una encuesta de opinión o una formación de dirigentes.

Más grave aún es que al menos tres fuentes empresariales y una de La Libertad Avanza se preguntan si son reales las versiones de que la aprobación gubernamental de diez proyectos del RIGI se retrasa porque falta convencer de su conveniencia económica al angurriento séquito de Santiago Caputo. En el comité de evaluación de iniciativas está una de sus manos derechas, María Ibarzábal Murphy. Pero dos de los integrantes de esa comisión, dominada por la tropa del ministro de Economía, Luis Caputo, niegan cualquier demora. “Ningún proyecto está atrasado contra los 45 días hábiles que dicta la ley. Lo que pasa es que es un proceso interactivo donde se pide mucha 'info' y los plazos se van suspendiendo y reactivando. No hay nada para preocuparse”, respondió un funcionario. “A los expedientes les faltan cosas, están incompletos o no fueron completados como corresponde. Nosotros pusimos un montón de requisitos porque la verdad es que los beneficios impositivos son muy grandes, tienen un costo fiscal muy alto y somos muy celosos de los expedientes. Hay dos o tres muy cerca de aprobarse”, contestó otro comisionado.

Este viernes se reúne el comité. Sólo YPF aprobó por ahora el examen. Las otras firmas, la mayoría de ellas multinacionales sujetas a restricciones normativas éticas, siguen esperando. Mientras, un fondo de inversión que quiso reunirse con Luis Caputo recibió un pedido de plata de parte de un excolaborador del ministro en sus tiempos de consultor financiero. Quizás lo pidió a título personal, sin que su exjefe se entere.

Los empresarios comienzan a darse cuenta de la fragilidad política e institucional del experimento Milei, de las primeras resistencias violentas en las calles, de los nombramientos de cortesanos por decreto, de la baja de la rentabilidad y del volumen de ventas de sus compañias y de la incertidumbre sobre la salida del cepo cambiario y sobre una eventual devaluación. Algunos temen que si al libertario le va bien, devenga dictador y que si le va mal, vuelva Cristina Fernández de Kirchner al poder. Han pasado a dudar del resultado de las elecciones legislativas de octubre próximo, mientras las encuestas comienzan a mostrar que el criptogate hace mella y la inflación vuelva a inquietar por las subas de tarifas, carnes, frutas y verduras. Pero todavía Milei puede repuntar.

Igual, la preocupación se palpó esta semana en Expoagro, que recibirá este viernes a Milei, ya no como el rockstar que prometía liberar el cepo y las retenciones el primer día de su gobierno sino como este presidente que promete terminar con ambos corsets al campo pero no en lo inmediato. La combinación de ambos con el dólar barato los está castigando.

Los trabajadores, mientras tanto, empiezan a protestar. La CGT se reactivará con un tercer paro general contra Milei antes del 10 de abril, las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) prometen acompañar las próximas marchas de los jubilados de los miércoles, mientras delegados y exdelegados sindicales despedidos de grandes empresas ya venían en campaña de reclamos y ahora juntaron firmas de madres de Plaza de Mayo, diputados, gremialistas y líderes estudiantiles para reclamar por su reincorporación. Denuncian “despidos discriminatorios”: diez en Raízen, la firma 50% de Shell que refina el petróleo y lo vende en sus estaciones de servicio; seis en Volkswagen; uno en Procter & Gamble Argentina, que fue comprada por Newsan, y otro en la autopartista Pilkington. En Raízen y Volkswagen, cuando fueron consultadas por elDiarioAR, guardaron silencio sobre los casos, mientras que en Newsan aclararon que se trató de un despido puntual y que Procter & Gamble Argentina ahora tiene 40 empleados más que cuando la compraron hace un año.

AR/MC

El informe anual de la Fundación Carolina constata un agravamiento en 2024 de algunos problemas crónicos que lastran el desarrollo de América Latina: la pobreza y la desigualdad, la baja productividad, las debilidades institucionales, las carencias educativas y la baja inversión en ciencia y tecnología.

Obra de varios autores iberoamericanos, en el documento también se cita la alta informalidad económica, la “injusta y rampante fiscalidad”, las limitaciones de financiamiento e inversión y la inseguridad entre las principales cuestiones que limitan el bienestar y la prosperidad de la región.

'América Latina en un mundo perplejo: inseguridad, turbulencias económicas y democracias asediadas', presentado este miércoles, describe cómo la región afrontó el año pasado “una situación compleja, marcada por un escenario internacional de fuerte tensión geopolítica, de grandes incertidumbres económicas y de creciente fragmentación”.

Y a ello se está enfrentando “limitada por los desafíos estructurales que lastran su desarrollo y por algunos procesos de inestabilidad política que lo acentúan”.

Este año se presenta “económicamente incierto y políticamente turbulento”, en un contexto global “tensionado”, en el que persistirá el “asedio” a los valores y las instituciones de la democracia.

Pero, asimismo, se matiza en el informe, 2025 podría suponer, para los países de la región, “un reimpulso en términos de movilización de recursos financieros, resiliencia institucional, defensa de derechos humanos, y representación política de las mujeres”, entre otros planteamientos.

Democracia más fuerte, mayor cohesión social e integración regional

En la presentación, la secretaria de Estado española de Cooperación Internacional, Eva Granados, ahondó en los objetivos compartidos entre España y Latinoamérica, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

“El fortalecimiento de la democracia, en tanto que sistema político que favorece el desarrollo sostenible -dijo-; el fomento de una mayor cohesión social, apoyando la lucha contra los efectos del cambio climático que está en el origen de importantes desplazamientos de población y el apoyo a procesos de integración regional y a organizaciones regionales como forma de lograr un avance colectivo de los países en temáticas específicas”.

Destacó que “la cooperación acompaña a América Latina desde un diálogo institucional permanente y fluido para impulsar todas las potencialidades de las que dispone, posibilitando la triple transición: una social resiliente, una ecológica justa y una transformación para la prosperidad compartida y el crecimiento inclusivo”.

La Fundación Carolina es una institución público-privada para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en particular en el campo científico, cultural y de la educación superior.

El informe completo

EFE.

IG

Los tribunales se convirtieron en la principal línea de defensa para frenar las aspiraciones absolutistas del presidente estadounidense, Donald Trump. En medio del incesante goteo de decretos con los que busca extralimitar su poder ejecutivo e invadir las competencias del Legislativo, los jueces no dejaron de emitir resoluciones de emergencia para bloquear sus medidas debido a su dudosa legalidad. Ante este freno judicial, la administración Trump comenzó a orquestar una campaña para desafiar la Justicia y deslegitimar su autoridad.

El fin de semana pasado, el vicepresidente J.D. Vance puso en entredicho la autoridad de los jueces federales para frenar las órdenes ejecutivas que estuvo firmando el presidente. “Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenar al fiscal general cómo utilizar su discreción como fiscal, eso también sería ilegal. A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo”, escribió Vance el domingo en X.

Cuando el equipo legal de la administración Trump presentó un recurso contra el bloqueo cautelar impuesto por un juez, que ordenaba restablecer el flujo de las ayudas federales a los programas sociales, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, aseguró: “Cualquier impugnación legal en su contra no es más que un intento de socavar la voluntad del pueblo estadounidense”. Incluso Elon Musk pidió la “destitución” de un juez que frenó la suspensión de unos 2.000 trabajadores de USAID.

El martes, durante su comparecencia conjunta con Musk desde el Despacho Oval, el propio Trump criticó los bloqueos cautelares a muchos de sus tijeretazos administrativos, asegurando que algunos jueces tienen “inclinaciones”. El presidente afirmó que esperaba que los tribunales le permitieran hacer aquello para lo que había sido elegido. Más contenido, Trump aseguró que “siempre acataré” las decisiones judiciales, aunque el lunes un juez federal denunciaba que el Ejecutivo no está cumpliendo la orden de descongelar las ayudas federales a programas sociales.

La Casa Blanca reiteró este miércoles la idea de que existe un supuesto sesgo entre los jueces y los acusó de “instrumentalizar” los tribunales. “Desde nuestro punto de vista, esto es una continuación de la instrumentalización de la justicia que hemos visto contra el presidente Trump. Luchó contra esto durante dos años en la campaña electoral y no se detendrá ahora”, afirmó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

“Creemos que las medidas cautelares emitidas por estos jueces no tienen ninguna base legal ni fundamento y, como el presidente dejó muy claro ayer, cumpliremos estas órdenes. Sin embargo, la posición de la administración es que seremos reivindicados. Las acciones ejecutivas que tomó el presidente fueron completamente legales y constitucionales, y esperamos con entusiasmo el día en que pueda seguir implementando su agenda”, insistió la portavoz.

Las afirmaciones sobre la autoridad del poder judicial son el inicio de una maniobra para erosionar uno de los pocos consensos sociales que los republicanos aún no rompieron: el papel de la Justicia dentro del sistema de separación de poderes en Estados Unidos.

En muchas de sus órdenes, Trump intentó arrebatar competencias al Congreso, como en el caso de la congelación fallida de las ayudas federales a los programas sociales o el plan para incentivar las bajas de los funcionarios.

Dentro del tándem presidencial, Vance adoptó el rol de provocador social y lidera la ofensiva para empujar el marco político, de modo que cuando Trump haga las mismas afirmaciones, no resulten tan alarmantes. Además, esto le permite al presidente estadounidense proyectar una imagen más moderada de cara al público.

A pesar de que el vicepresidente afirme que la Justicia no tiene ninguna autoridad sobre la voluntad del Ejecutivo, el artículo III de la Constitución otorga a los jueces federales la potestad de dictaminar sobre casos que involucren al presidente, así como a otros poderes del Gobierno. Se trata de la revisión judicial. Lo que sugiere Vance en su publicación supondría desmontar el Estado de derecho actual y sentar las bases para que, más adelante, Trump pueda rebelarse contra los jueces.

Primera indisciplina de Trump con los tribunales

En coordinación con la fabricación de un relato que deslegitime el poder judicial, parece también que la Casa Blanca empezó a desafiar la autoridad de los jueces. Este lunes, el juez federal John McConnell denunció que Trump ignoró su fallo del 29 enero en el que ordenaba reactivar el flujo de las ayudas federales destinadas a los programas sociales. 

Trump paralizó las ayudas federales a finales de enero para poder revisar si el gasto federal se alineaba con su agenda. La retención de los fondos desató el caos en todos los niveles administrativos, ya que de ellos dependen miles de hogares. Después parecía que el gobierno del republicano reculaba en sus intenciones. De hecho, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) anunció que rescindía la orden. Sin embargo, el comunicado emitido por el juez federal este lunes apunta lo contrario. 

En el texto, McConnell asegura que tiene pruebas de que aún hay subvenciones y préstamos federales que continúan suspendidos. Por eso, el juez ordenó a los funcionarios que cumplan con el “texto simple” de la sentencia. En la orden emitida inicialmente, McConnell escribió que era “clara e inequívoca y no hay impedimentos para su cumplimiento por parte de los acusados”. 

Los abogados de Trump ya llevaron la orden inicial del juez ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos pidiendo que suspenda la sentencia de McConnell mientras se analizaba el caso. “Cada orden ejecutiva se mantendrá en pie en los tribunales porque cada acción de la administración Trump-Vance es completamente legal”, afirmó Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca. “Cualquier impugnación legal en su contra no es más que un intento de socavar la voluntad del pueblo estadounidense”, añadió.

Esta no es la primera vez que los abogados de la Administración Trump desafían un bloqueo judicial. El domingo por la noche presentaron otro recurso contra la orden judicial que impide a los colaboradores de Elon Musk acceder a los sistemas de pago y datos del Departamento del Tesoro. El equipo legal de la Casa Blanca argumentaba que esta actuación afecta a los poderes absolutos del presidente, los cuales, según ellos, la Justicia no puede usurpar. 

La resolución publicada el sábado por el juez Paul A. Engelmayer iba un paso más allá de la que emitió el viernes una jueza federal de Washington, ya que esta solo limitaba el acceso a la información del Tesoro a Musk y dejaba que sus colaboradores sí pudieran consultarla. Egelmayer bloqueó el acceso para todos los empleados del grupo de trabajo DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental, según sus siglas en inglés), ya que se trata de empleados externos que cumplen órdenes de un asesor gubernamental. El DOGE no es un departamento, por mucho que el nombre lo diga. 

Musk no es un funcionario electo y en teoría no puede tener acceso a informaciones tan sensibles como el número de la Seguridad Social de los contribuyentes. Algunos miembros del DOGE habían revisado las bases de datos para identificar gastos que pudiesen recortarse. El escrito del juez sostiene que la iniciativa desafía la separación de poderes establecida en la Constitución, según la cual el Congreso determina los gastos del Gobierno. Engelmayer ordenaba a los colaboradores de Musk que destruyesen “de inmediato todas y cada una de las copias de material descargado de los registros y sistemas del Departamento del Tesoro”.

La reacción de Musk a la orden del juez Egelmayer no se hizo esperar y el domingo publicaba en X: “¡Un juez corrupto protegiendo la corrupción. ¡Necesita ser destituido AHORA!”. Trump se sumó a las críticas y dijo a los periodistas a bordo del Air Force One, rumbo a la Super Bowl el domingo, que estaba “muy decepcionado” con la decisión del juez, pero que aún “queda un largo camino por recorrer”.

Este lunes, no dejaron entrar en la sede de Washington a los empleados federales de USAid que fueron a trabajar, a pesar de que el viernes un juez había bloqueado temporalmente la suspensión de más de 2000 empleados. La agencia de cooperación internacional  se convirtióen el proyecto piloto de la incursión de Musk para desmantelar a gran escala todo el gobierno federal.

El cuestionamiento del vicepresidente Vance de los poderes de los tribunales es una referencia explícita a la orden de emergencia emitida por Engelmayer y llega en medio de la oleada de resoluciones judiciales que frenaron temporalmente muchas de las acciones ejecutivas de Trump.

Cuando los magistrados dieron la razón a Trump, el presidente siempre aplaudió el poder de la judicatura. Cuando la jueza a cargo de la investigación contra él por los papeles clasificados de Mar-a-Lago aceptaba constantemente los recursos que interponían sus abogados, Trump siempre lo celebraba como una victoria de la justicia. 

Tres jueces ya bloquearon la orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense por ir en contra de la Constitución y este lunes otro juez federal mantuvo paralizado el plan de bajas incentivadas para empleados públicos debido a su dudosa legalidad. 

El Gobierno de Trump había ofrecido siete meses de sueldo hasta septiembre a todos los funcionarios que renunciaran a su plaza antes de la medianoche del pasado jueves con el objetivo de facilitar a Elon Musk el trabajo de desmantelar las agencias federales. Despedir a un funcionario no es fácil, por lo que el presidente quería ahorrarle meses de batallas legales al DOGE. 

Críticas a Vance

Las palabras de Vance desataron la indignación en Washington. Diversos congresistas y expertos advirtieron de las consecuencias que tendría aceptar el relato que quiere imponer la Administración Trump sobre la autoridad judicial. 

Daniel Goldman, congresista demócrata de Nueva York, escribió en X: “Se llama ‘Estado de derecho’. Nuestra Constitución creó tres poderes de gobierno para dotarse de controles y equilibrios entre sí (‘separación de poderes). El poder judicial se asegura de que el Ejecutivo cumpla la ley. Si lo hacés, entonces no tendrás problemas.”

La investigadora del grupo de expertos Brookings Institution Quinta Jurecic explicó al New York Times que “la formulación de Vance sugiere que el poder Ejecutivo podría potencialmente responder a una orden judicial diciéndole al tribunal: ‘Estás invadiendo inconstitucionalmente mi autoridad y no voy a hacer lo que dices’. Jurecic afirmaba que ”en ese punto, la Constitución se desmorona“.

El gobernador de Córdoba, Martín Llayora, apuntó contra el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones de la legislatura provincial. Entre otras declaraciones, dijo que “es hora de que el Gobierno Nacional reflexione. No es necesario el insulto ni la descalificación al que piensa distinto”.

Mientras algunos “quieren sembrar el odio y la división”, manifestó el mandatario provincial, el deber de un funcionario es “bajar la tensión social”. En esta línea, señaló que hay que defender “los valores de la democracia” porque “no es una cuestión de partidos políticos”.

En cuanto al área económica, Llaryora señaló que “siempre han trabajado con todos los gobiernos nacionales” porque la idea es “acompañar todas las medidas que tengan que ver para que le vaya a bien a la Argentina”. Y añadió: “Desde siempre, tenemos en claro que no vamos acompañar aquellas que perjudiquen a Córdoba y a su gente”.

Referido al recorte presupuestario que inició en su primer año de gestión de La Libertad Avanza (LLA), manifestó que su provincia comenzará el 2025 con una quita del 30% de las agencias “fusionando y reduciendo el gasto”.

En contrapartida, Llaryora defendió los programas educativos de Córdoba, como el boleto gratuito para el transporte, y remarcó que para la gobernación “los jóvenes no son un Excel, son el futuro y el progreso”.

“En estos tiempos difíciles donde se acortan los presupuestos universitarios, Córdoba va para adelante”, destacó.

Para finalizar, el gobernador informó las políticas que aplicará en el agro y habló sobre el reclamo a la Nación con respecto a la eliminación total en los derechos de exportación para el campo. “Hemos logrado que el Gobierno nos escuche y haga una baja, pero vamos a pedir siempre la eliminación total de las malditas retenciones. No les tenemos miedo”, concluyó.

EM. Con información de NA.

Hernán Confino y Rodrigo González Tizón son dos historiadores nacidos en democracia, especializados en historia argentina reciente. En Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, recientemente editado por Fondo de Cultura Económica, procuran desarmar las falacias argumentativas de las narrativas de la llamada “memoria completa”. Este libro explica con rigurosidad y de forma amena por qué la Argentina no sufrió una guerra civil en los setenta, qué se conoce respecto del número de desaparecidos y por qué los crímenes de la guerrilla no pueden ser considerados de lesa humanidad. En diálogo con elDiarioAR, los autores ponen en debate la manera en que se ha abordado hasta el momento la violencia de Montoneros y el ERP y sostienen que “los intentos de reconocimiento de las víctimas civiles de la guerrilla, que consideran legítimos, no pueden partir jamás de la equiparación de la violencia de las organizaciones armadas a la desplegada por el Estado”.

—¿Cuáles fueron los principales desafíos de salir a discutir desde las ciencias sociales con los discursos que relativizan, banalizan e incluso reivindican la represión clandestina?

Hernán Confino (HF): —Como explicó el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, cuyos padres murieron en Auschwitz, hay una diferencia entre discutir con los negacionistas y acerca de ellos. Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos. Es muy difícil establecer parámetros comunes con personas a quienes no le genera ningún tipo de estupor que una mujer haya parido arriba de una mesa mientras la picaneaban. Lo que buscamos es ofrecer una explicación desde la historia que esté fundamentada y que pueda permitirle a quienes están interesados en la temática detectar dónde está la falacia de aquellos grupos que reivindican o banalizan la represión clandestina en los setenta. 

Rodrigo González Tizón (RGT): —En un momento en que los debates se corrieron tan a la derecha, decidimos salir a defender los consensos de la democracia, con rigor histórico y sin esquivar ningún tema. Observamos que las ultraderechas aprovechan los flancos débiles de las políticas de memoria y derechos humanos para elaborar sus estrategias. Por ejemplo, la decisión de establecer desde 1966 la periodización para definir quién es una víctima del terrorismo de Estado, puede generar que alguien diga: “Al final víctima del terrorismo de Estado fueron todos, entonces no fue nadie”. Además, buscamos dar respuestas a preguntas genuinas que la sociedad se hace, por ejemplo, alrededor del número de los 30.000. Que un pibe de 16 años nos pregunte cuántos desaparecidos hubo no lo vuelve un negacionista de la dictadura, es una pregunta legítima y, con este libro, ofrecemos herramientas para poder responder a esa inquietud sin caer en simplificaciones. 

Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos

—El libro expone algunos temas espinosos de la narrativa hegemónica construida hasta el momento, por ejemplo, el cuestionamiento a las prácticas concretas de la militancia armada o los reclamos por las víctimas civiles de la guerrilla. ¿Cómo se puede hablar de estas cuestiones sin caer en los discursos de las ultraderechas?

HC: —El presente nos terminó demostrando de una manera bastante dolorosa que los debates que no se dieron, se nos volvieron en contra. Nosotros procuramos construir un debate amplio que pueda dar lugar a consensos, quizás más pequeños, pero más sólidos. Consensos que puedan ser sentidos como propios por la mayor cantidad posible de personas. En las gestiones kirchneristas, en lo que fue una política de derechos humanos y memoria muy amplia, con muchos aciertos, también hubo errores no forzados. Por eso nos preguntamos: ¿Cuál tiene que ser el discurso del Estado sobre nuestro pasado y qué lugar deben tener en esa construcción las organizaciones de víctimas? Discutimos, por ejemplo, con la idea de que las acciones de quienes militaron en los setenta son imposibles de criticar porque fueron realizados por personas que empeñaron su vida en ello. 

—¿Cómo se explica que esas voces que justifican la represión clandestina hayan avanzado tanto en la agenda mediática y política en los últimos años? 

HC: —Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo. Por otro lado, no podemos pensar en el momento actual sin considerar los diques que rompió el gobierno de Mauricio Macri para diferenciarse del kirchnerismo, con un enfoque más pragmático que ideológico. 

RGT: —Nuestra hipótesis es que la discusión sobre el pasado se inscribe en una disputa mucho más amplia que empieza a ganar volumen a partir de la construcción de la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En la actualidad, esta discusión es parte de la mentada “batalla cultural” de la que hablan estas extremas derechas que están pululando en distintas partes del mundo. Una batalla contra el progresismo, el comunismo, el colectivismo, el movimiento feminista, la militancia por la diversidad de género, etc. 

Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo

—¿Qué efectos pueden tener estos discursos sobre el pasado en el presente? 

HC: —La aceptación de la violencia estatal del pasado habilita nuevos avances sobre nuestros derechos en el presente. En 2024, vivimos cómo personas que fueron a una manifestación en contra de la ley Bases, fueron señaladas como terroristas que querían atentar contra la democracia y terminaron detenidas en un penal federal. Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, pretende requerir a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, como sucedió con Macri. Y hace apenas unas semanas, Milei firmó un decreto para modificar la Ley de Defensa Nacional que tiene que preocuparnos. Por otro lado, a nivel judicial, hay grupos que están buscando revertir la jurisprudencia argentina de que las organizaciones armadas no cometieron delitos de lesa humanidad. Para eso, apelan al Estatuto de Roma, que en 1998 planteó la posibilidad de que este tipo de delitos sean cometidos por actores no estatales. Sin embargo, este estatuto no está pensado para agrupaciones como Montoneros o el ERP, sino para organizaciones que tuvieron políticas sistemáticas de ataque generalizado contra población y controlaron porciones del territorio. Sabemos que la violencia guerrillera argentina no tuvo esas características, sino que fue más bien selectiva. Con esto no buscamos justificar los delitos cometidos ni negar que hayan asesinado a civiles, sino subrayar que, en la Argentina, las guerrillas no estructuraron una política armada sistemática que tuviera esa finalidad. Por ende, cometieron delitos comunes, susceptibles de prescripción. 

—El 19 de diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976 y citó al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria. ¿Cómo se explica esta decisión desde la mirada de la historia?

HC: —Primero, tenemos que entender quiénes están detrás de esas querellas y cuál es su estrategia judicial. La agrupación de abogados Justicia y Concordia tiene como referentes a Laura Olea y Ricardo Saint Jean, familiares directos de represores, uno que estuvo en Río Negro en la Escuelita y el otro, Ibérico Saint Jean, fue interventor de la provincia Buenos Aires, autor de aquella frase “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Esa gente es la que hace los “habeas corpus” para poder liberar a los perpetradores de terrorismo de Estado y son los mismos que patrocinan la reapertura de la causa del comedor de la policía, de Rucci, de Larrabure y de Viola. Son organizaciones que en sus redes sociales reivindican en pleno a Astiz. Incluso la justicia aceptó como querellante a Eduardo Kalinec, un represor condenado a perpetua cuya hija es miembro del colectivo Historias Desobedientes. Me parece que es bastante cristalino, ¿no? La estrategia es: “¿No podemos liberar a los represores? Entonces hay que condenar a los militantes”. Desde su lógica, cuando haya una buena cantidad de militantes presos, quizás podrán presionar por una amnistía.  

RGT: —Además, una de las falacias absolutas que expresan estos grupos es decir que no ha habido investigaciones judiciales en relación con los crímenes de la guerrilla. Para poner en contexto, es importante saber, en primer lugar, que para los hechos más emblemáticos por los cuales se reclama, hubo en su momento investigaciones judiciales y varios de ellos tuvieron condenados. En segundo lugar, hay que recordar que tras cada atentado de las organizaciones armadas, el Estado desplegó acciones represivas que fueron absolutamente ilegales. Inmediatamente después del atentado al comedor, sucedió la masacre de Fátima, en Pilar, donde se dinamitaron 30 personas como represalia. Lo que ha realizado el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTY) de Victoria Villarruel es construir un reclamo en espejo al de los organismos derechos humanos convencionales para, a través de un discurso técnico y a la vez emocional, volver a construir un escenario de guerra interna, desprovisto de todo contenido histórico, y buscar la equiparación de las acciones de las organizaciones armadas con las acciones represivas llevadas de forma clandestina por el Estado.

HC: —Para entender la magnitud de la reacción hay que pensar en cuáles fueron los procedimientos que se hicieron desde el kirchnerismo en materia de política de memoria y de derechos humanos. Iniciativas como la del CELTY de Villarruel aprovechan el hecho de que la política de memoria del kirchnerismo que no brindó un reconocimiento para las víctimas de las organizaciones armadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es reconocer a estas víctimas, pero sin perder de vista las diferentes violencias que las generaron. Porque no es lo mismo que te mande una organización armada, a que te mate el Estado. No hay herramientas desde historia ni desde el derecho que permitan homologar esas violencias.

—Con las últimas noticias de desarticulación del Centro Cultural Conti en el predio de la ex ESMA, ¿se viene una nueva etapa en el avance sobre las políticas públicas en torno a la memoria y los derechos humanos por parte del gobierno de Milei?

RGT: —Venimos de un año de desgobierno con una intención muy clara de desarticular la estructura en la Secretaría de Derechos Humanos. En mi caso personal, trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria hasta que el año pasado, un día me avisaron que no aparecía más en el sistema y nunca recibí una explicación. Durante la gestión del actual secretario Alberto Baños, muchas áreas muy sensibles quedaron vacantes en sus conducciones. En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, fue perseguido en el momento de hacer el seminario que anualmente se realiza allí de políticas de memoria y estuvo sin autoridades todo el año, sin ningún tipo de interlocución de parte del secretario. Hoy el Conti está cerrado, con los trabajadores en esta figura perversa de la guardia pasiva y están echando a los que no se atuvieron el retiro “involuntario”. La situación es crítica y están en riesgo también otras áreas que el Ministerio de Justicia absorbió luego del cierre del Ministerio de Mujeres y del INADI.

—Como historiadores jóvenes, de una generación nacida en democracia, ¿sienten que pueden hacer preguntas diferentes sobre estas heridas de nuestro pasado?

HC: —Por un lado, contamos con la ventaja de haber ingresado a un campo de estudios que fue construido por colegas de generaciones previas que desbrozaron el camino. Por el otro, al no estar generacional o familiarmente implicados, buscamos un acercamiento lo más profesional posible. Eso genera libertad, también rispideces. 

RGT: —Durante mucho tiempo se planteó que abrir determinado debate era cederle terreno a la derecha. Eso se ha venido modificando en los últimos 15 años, y creemos que mientras uno lo haga desde una de una postura éticamente posicionada, hay que hacerlo. La clave está en la intención con la que se reabren esas cuestiones. Nosotros lo hacemos para comprender mejor el pasado, los referentes de la llamada “memoria completa” lo hacen para revivir el pensamiento contrainsurgente, para obtener la impunidad de quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos y para desprestigiar el proceso de memoria, verdad y justicia como un todo. En última instancia, lo que es más perverso, buscan trasladar la carga de la culpa a las víctimas.

MNA/JJD

La reelección de Trump, qué duda cabe, confirma que ingresamos en un período histórico sombrío. Todo indica que su segundo mandato traerá un deterioro aún mayor de la democracia, persecuciones políticas y más demonización de todo lo que no encaje en la “normalidad” conservadora, junto con la profundización de un modelo social y económico que apunta a una mayor explotación de la mano de obra (asalariada o autónoma) y la profundización de ese enriquecimiento obsceno de los magnates que se viene dando desde hace ya años. De esos mismos magnates que lo apoyaron también obscenamente, repartiendo dinero al electorado para que lo vote. Literal. La foto de la victoria –la familia Trump junto a Elon Musk– plasma de manera clara la alianza político-empresarial que plantea un futuro presidente que es también él un multimillonario.

Desde su primera victoria en 2016 los líderes de su calaña se multiplicaron por todas partes. Bolsonaro en Brasil, Meloni en Italia, Johnson en Gran Bretaña, por mencionar algunos, a los que debe sumarse el acecho de Vox en España, de Kast en Chile o de Le Pen en Francia. Desde Argentina aportamos a Macri, que ganó fingiendo progresismo obamista pero pronto se bolsonarizó, y ahora a Milei, acaso el más desquiciado de la familia de la ultraderecha global. Lo que sucede en Estados Unidos se suele replicar en sus dominios: el giro más autoritario que traerá Trump en su país sin dudas tendrá también su ola expansiva aquí. Ni él ni Milei creen en la democracia (nadie quiere recordarlo, pero Trump, de hecho, ya participó de un inédito asalto al Capitolio cuando perdió su reelección). Los riesgos que se vienen son reales. Habrá que prepararse para ellos. La breve convivencia entre el capitalismo y la democracia que tuvimos durante unas pocas décadas llegó a su fin.

Las ultraderechas avanzan en países ricos o que han alcanzado cierto nivel de desarrollo. Sus votantes comparten la frustración y el enojo de sentir que su vida empeora y que viven peor que sus padres. La percepción no es equivocada: en Estados Unidos tanto como en Argentina, la vida empeora. Trabajamos más duro, pero accedemos a posibilidades comparativamente menores que nuestros padres. Incluso quienes ganan más que lo que ganaban ellos viven peor, más agobiados, más endeudados, con menos tiempo, estresados, más alejados de cualquier cosa que pueda considerarse una buena vida. El horizonte de consumo que ofrece el mercado se aleja cada vez más, por más que los ingresos aumenten. Los empleos son más precarios, inestables, con menos derechos. La economía crece, pero aun así la vida empeora. 

En Argentina, por añadidura, la economía no crece, hay inflación y los salarios disminuyen, lo que no hace más que alimentar la bronca. Vivimos mucho peor que nuestros padres: ganamos menos, trabajamos más horas, nos cuesta mucho más acceder a una vivienda o tomarnos unas vacaciones. Nos vemos bombardeados por expectativas de consumo de ricos viviendo una vida de país periférico. Pero, insisto, el fenómeno no es argentino: en Argentina se suman los desmanejos políticos de la macroeconomía, obviamente, pero la frustración está también en votantes de países ricos y ordenados. ¡No es la macro, estúpido! Es la economía. Toda ella. La vida empeora como consecuencia de la lógica “normal” del capitalismo.

Lamentablemente, la única alternativa a mano parece ser más capitalismo. En Estados Unidos, los votantes imaginan que la solución es el giro “antiglobalizador” que propone Trump: profundizar el capitalismo, trabajar más duro, pero asegurando los privilegios de los estadounidenses en el mercado interno y en el comercio internacional. En síntesis: protección aduanera para la industria local, competencia más agresiva con China y más límites a la inmigración y a los derechos de los no-blancos. (White) America First. Estados Unidos impulsó la globalización como nadie, pero ahora resiente de los competidores que disputan sus privilegios. La querella política tiene su base en un hecho material bien concreto: si Estados Unidos logra debilitar a China y sostener sus empresas y sus puestos de trabajo locales, habrá mayor bienestar general. Si no lo logra, el declive en la calidad de vida continuará. La oferta de Trump es clara: todos a trabajar más duro, todos a orientar su vida hacia la generación de mercancía, basta de políticas de bienestar, basta de apoyo a minorías, a defender lo nuestro. Sus votantes entienden la propuesta y apuestan a que les devolverá una vida mejor. Uno puede dudar de que eso vaya a suceder, pero no hay dudas en que es una propuesta concreta, atendible.

La de Milei, en cambio, es más gaseosa. No tenemos aquí un imperio ni privilegios que defender. Contrariamente a Trump (y a las fantasías que se hacen muchos mileístas que habitan el mundo virtual de las redes sociales), Milei es el dirigente más globalizador que tuvimos hasta ahora. Su liberalismo extremo busca quitar toda protección a la industria local. Es incluso más globalizador que Menem, que al menos sostuvo el Mercosur como espacio de defensa común frente a las economías más poderosas. El pacto que propone Milei es mucho más modesto e incierto: todos a trabajar más duro, todos a orientar su vida hacia la generación de mercancía, basta de políticas de bienestar, basta de apoyo a minorías, los que lo consigan mantengan un nivel de vida aceptable, los que no, húndanse en la pobreza sin chistar. A cambio: una macroeconomía ordenada. Las mismas reglas para que todos compitan. El MAGA de Trump busca devolver a Estados Unidos su estatus de poder indisputado. Milei, en cambio, dice que nos lleva a ser como Alemania, pero en verdad su parada final es Paraguay: macroeconomía estable, puñado de ricos muy ricos y el resto sosteniéndose en la pobreza o apenas por encima en base a una autoexplotación creciente, soñando en que ser “emprendedores” o un golpe de suerte con las crypto nos convierta un día en millonarios. Trump quiere una nación todopoderosa. Milei copia logotipos estadounidenses y estaría feliz si consiguiera que usemos dólares y no aspiráramos siquiera a tener una moneda propia. Trump propone un sometimiento mayor al mercado a cambio de grandeza nacional. Milei, solo lo primero.

En cualquier caso, aquí y allá, la barbarie está a la vuelta de la esquina. Pero para quitar dramatismo, viene bien un poco de perspectiva histórica: no es la primera vez que nos enfrentamos al abismo. Los europeos ya tuvieron en las décadas de 1920 y 1930 un escenario de polarización con porciones a veces mayoritarias del electorado dispuestas a votar a cualquier charlatán autoritario que las sacara de la frustración. Antes y después de esos años tuvieron dirigencias que las llevaron a guerras mundiales atroces con millones de muertos. En Asia y África las poblaciones debieron padecer la larga noche del colonialismo, que les trajo desgracias inenarrables. En Argentina tuvimos un retroceso autoritario en 1930, varios posteriores, y una de las dictaduras más sangrientas del mundo luego de 1976. Todos esos padecimientos en algún momento terminaron y siempre fue gracias a la resistencia y la organización colectiva y a la esperanza de un futuro mejor. Sindicatos, antifascistas y comunistas derrotaron al fascismo en Europa. Movimientos de liberación nacional pusieron fin al colonialismo. En Argentina conseguimos sacarnos de encima a los militares. En Colombia hoy tienen un gobierno de izquierda luego de muchos años de derechas autoritarias.

El embrutecimiento de los electorados de hoy en algún momento se revertirá. Como antes, lo que nos queda es resistir, mientras rearmamos algún horizonte político y una propuesta que nos saque de este fango. Si el mundo no cayó para siempre en la barbarie, es porque nuestros antepasados no dejaron de luchar tenazmente para sostener o recuperar algo parecido a una vida civilizada y digna de ser vivida. No somos los primeros que estamos en esta situación. Seguramente no seremos los últimos. 

En algo, es verdad, corremos con desventaja: nos falta hoy la esperanza y el horizonte superador. Pero tampoco eso les vino del cielo a nuestros antepasados: también lo tuvieron que inventar y construir. ¿Cómo? La clave nadie parece tenerla. La resistencia es fundamental, pero sin horizonte superador no alcanza. Reconstruirlo demandará esfuerzos colectivos no pequeños. La izquierda, imagino, podrá liderar ese proceso a condición de que vuelva a poner el foco en las diferencias de clase como motivo central de sus luchas, que consiga proponer un horizonte creíble que nos lleve más allá del capitalismo, y, por supuesto, que recupere una real vocación de poder.  Tarde o temprano eso va a suceder.

El libro de Erica Benner no es uno más sobre la crisis de la democracia occidental. La filósofa y profesora universitaria ofrece un viaje que pasa por Japón, Hungría, Reino Unido, Polonia, Estados Unidos y Georgia en el que mezcla dudas personales con la historia de las raíces democráticas en la antigua Grecia y los retos actuales de la democracia moderna nacida hace casi 250 años (explica por qué fue en Estados Unidos y no en Inglaterra). 

Benner, que ha dado clase en las universidades de Oxford, Yale y la London School of Economics, nació en Japón de padres estadounidenses y vive desde hace más de dos décadas en Berlín, pero su espíritu nómada refleja los dilemas de la democracia desde una perspectiva muy variada. Su libro, recién publicado en Argentina por Editorial Crítica, se llama Aventuras en democracia y el título, idea de su editor, refleja bien su intento de escribir un ensayo que entretenga e incluso divierta. 

“Lo escribí en un momento en el que todos, incluida yo, nos sentimos muy estresados por el estado de la democracia, pero pensé que si iba a escribir sobre todas estas cosas que me importan tanto, tenía que divertirme. Quiero que los lectores también lo hagan, que sean críticos y disfruten del proceso de involucrarse en política de manera activa”, me cuenta Benner en esta conversación, editada por claridad y extensión.

–El libro también tiene un poco de memorias, ¿por qué lo plantea como un viaje personal que no encontramos en otros libros sobre la crisis de la democracia?

–Tengo la sensación de que el mensaje principal sobre la democracia recientemente ha sido que la democracia es una lucha existencial contra la autocracia. Es importante, y a menudo se trata de movilizar a la gente para que despierte y contraataque frente a personas oscuras, que dan miedo. Pero también creo que tenemos que contraatacar pensando de manera más creativa. Debemos pensar en la gente común y en involucrarla tengan la posición que tengan en lugar de sólo pensar en las personas que ya están polarizadas. 

Nos consideramos virtuosos guerreros de la democracia. Y todos los del otro lado, los que votan por los partidos “equivocados”, son nuestros enemigos. En realidad, muchos de quienes votan por partidos que se pueden considerar autocráticos son personas como el resto y con el mismo tipo de preocupaciones que los demás. No hay que deshumanizar a las personas al presentar el debate de esta manera tan oscura. Tenemos que ser más flexibles y pensar de manera más abierta. Tenemos que pensar en desafiar la autocracia, pero también en reformar lo que está mal en nuestra democracia.

–Usted se centra en la responsabilidad ciudadana. ¿Somos demasiado pasivos mientras culpamos a líderes o instituciones? 

–Sí, exactamente. En Alemania, estos días hay muchas entrevistas con votantes de la extrema derecha. Y cuando los ves en la televisión, de repente se te cae la imagen abstracta de personas poco ilustradas y engañadas por los líderes de esos partidos. A veces, se trata de jóvenes un poco desesperados como el resto del mundo en busca de empleos y oportunidades. Ven que sus comunidades están deprimidas. Sienten que varias generaciones, también las de sus padres y sus abuelos, todavía cargan con las heridas del pasado.

Esa es una de las razones por las que en España mi libro ha tenido buena acogida: en España la gente también entiende que el sentimiento de trauma se transmite durante generaciones. La gente está experimentando un período de crisis y estrés ahora, carga todo tipo de malos recuerdos y esto hace que reaccione muy a la defensiva. 

No se trata de que si estas personas recibieran ayuda de repente votarían contentos por los partidos tradicionales. El problema es que necesitamos partidos tradicionales diferentes. Necesitamos estructuras políticas diferentes. Y ese es el tipo de cosas que las personas pueden activar para cambiar cosas. Muchos jóvenes hacen esto en Alemania y en todo el mundo. Los jóvenes están asumiendo liderazgo como individuos para pensar en nuevas soluciones a los problemas de la democracia.

Nos consideramos virtuosos guerreros de la democracia. Y todos los del otro lado, los que votan por los partidos "equivocados", son nuestros enemigos. En realidad, muchos de quienes votan por partidos que se pueden considerar autocráticos son personas como el resto y con el mismo tipo de preocupaciones que los demás

–En el libro habla de manera positiva sobre Alemania, como un país moderado, modesto, menos polarizado, pero ahora estamos viendo el ascenso de extremistas. ¿Ve más peligros? 

–Las amenazas siempre han estado ahí, pero sigo creyendo que no es un país polarizado en absoluto. Si nos fijamos en los mapas electorales, incluso en el Este, el pico de la extrema derecha es algo más del 30% por el tipo de estructura multipartidista, a diferencia de Estados Unidos o el Reino Unido. En Alemania todavía hay mucho margen de maniobra. Si superan algunos de sus prejuicios sobre cómo es la otra parte, hay mucho más potencial para debatir y encontrar soluciones.

La amenaza no viene sólo de un lado. La experiencia de posguerra dio un sentido de responsabilidad a personas que son las mejores defensoras de la democracia alemana. Es casi irreal en algunos aspectos. Los alemanes son muy duros consigo mismos. Tienen una idea muy clara de cómo debería ser una Alemania adecuadamente democrática. Y cuando la cosa cambia un poco, o hay un par de líderes que dicen cosas que van en contra de la Constitución, reaccionan de una manera que hace que sea muy difícil hablar.

Los alemanes necesitan hablar y necesitan aprender a escuchar en lugar de estar congelados por el miedo histórico de retroceder

Escribe en su libro que uno de los temas de los que es difícil hablar en Alemania y otros países es la migración. ¿Cuál es la manera?

Justo anoche vi un programa en la principal cadena de televisión alemana que entrevistaba a personas a izquierda y derecha. Y en general casi todos estaban de acuerdo en que lo principal es que tenemos que hablar. A menudo ha sido la gente de la izquierda y de la CDU quienes decían que hay cosas de las que simplemente no se habla. Pero ahora está cambiando. Algunos siguen defendiendo ser firmes e incluso prohibir Alternativa por Alemania, pero la mayoría se está inclinando por poder hablar sobre cosas de las que no se podía hablar cómodamente. 

Otro tema que me ha interesado mucho con mis alumnos es la cuestión Israel-Palestina. Mis estudiantes de posgrado en la Escuela de Gobernanza Hertie sentían que no podían hablar de eso en la universidad o fuera de ella. No tenían clases sobre eso ni foros de debate, y algunos organizaron un grupo y lograron romper la barrera del silencio. Debían ser cuidadosos sobre cómo lo hacían, pero funcionó y lograron no ser etiquetados como “personas del lado equivocado”. Ese es el tipo de cosas que Alemania necesita con urgencia. Los alemanes necesitan hablar y necesitan aprender a escuchar en lugar de estar congelados por el miedo histórico de retroceder. 

–En su libro pone más énfasis en esta necesidad de hablar que en la desinformación. ¿Es más grave la falta de diálogo que el diálogo entre personas desinformadas? 

–Tienen que ir en paralelo, obviamente. Es un punto interesante. Pero la desinformación y la toxicidad online, como la de la machosfera, son grandes problemas de nuestro tiempo. 

Uno de los problemas de la extrema derecha es que existe un grupo enorme de miedos dando vueltas. Escribo sobre los miedos históricos que están alimentando lo que vemos ahora, para que cuando abordemos problemas como lo que sucede en Internet también seamos conscientes de por qué la gente está comprando lo que ve. Algunas razones están determinadas por tu origen y lo que tú y tus padres habéis experimentado en el pasado.

Y hace falta tener más sensibilidad sobre la historia de nuestros propios orígenes y, por lo tanto, del poder de otros pueblos en una democracia. Esa ha sido mi motivación para escribir el libro. Trataba de descubrir los motivos de mi ambivalencia sobre la democracia como mucho mejor que cualesquiera que sean las alternativas. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que no es suficiente con las abstracciones. Tenemos que pensar de dónde venimos y luego preguntar a otras personas por qué tienen dudas. 

–Uno de los miedos de los que habla es a la igualdad de género. ¿Hasta qué punto es esto una amenaza para la democracia? ¿Lo son los hombres?

–La mayoría de los hombres que conozco son encantadores, y, aunque a alguno no le guste, nos veo a todos como personas muy similares en nuestra humanidad. Pero sin duda las viejas ideas sobre la masculinidad son una de las cosas más difíciles de alejar porque han estado siempre con nosotros. ¿Qué otra división en la humanidad ha sido más fuerte que la división entre hombres y mujeres, y los roles asignados? Todas lo sabemos como mujeres.

No creo que la masculinidad como tal tenga que ser una amenaza. Tampoco es realista esperar que todos cambien de manera repentina, hombre o mujer o como quiera que se identifique alguien, y abandonen ciertas ideas que todos tenemos sobre cuál es nuestro papel. Pero necesitamos pensar en desmantelar las viejas ideas de masculinidad y tratar de encontrar formas de cambiar la visión de la democracia como “un club de tíos”, que todavía nos acompaña. 

–Como en el caso de la campaña contra Kamala Harris…

–Ha sido ver a Kamala Harris subir al escenario y escuchar inmediatamente comentarios como “las mujeres sin hijos y con gatos”, como dijo el candidato republicano a vicepresidente J.D. Vance, o comentarios sobre su coeficiente intelectual. En parte, vienen de grupos tóxicos online…  La machosfera es una de las fuerzas más poderosas y peligrosas en este momento. Hay que trabajar sobre todo con los hombres jóvenes. Las mujeres jóvenes están sufriendo esto en redes. 

Esa es una de las muchas cosas en las que nuestras democracias necesitan centrarse: lograr que la acción política regule toda esa esfera y no permitir que las grandes empresas y sus clientes de pago lo hagan.

Necesitamos pensar en desmantelar las viejas ideas de masculinidad y tratar de encontrar formas de cambiar la visión de la democracia como “un club de tíos”, que todavía nos acompaña

–¿Qué se puede hacer? El tener más mujeres líderes parece haber desatado una reacción...

–Más mujeres en el poder. La idea de cuotas se practica en una mezcla muy extraña de países. A veces, los países que no necesariamente uno esperaría tienen este tipo de requisitos y al revés. ¿Por qué funcionan en algunos lugares y en otros no? No es mala idea tener cuotas, aunque eso depende de cada democracia. No creo que sea un principio absoluto, pero se trata de lograr que más mujeres organicen actividades políticas, grupos de protesta y debate. Y es importante que sea también en Internet para contrarrestar la presencia de personas online como este tipo… 

¿Andrew Tate?

Eso es. Estaba en Pekín dando clase a estudiantes bastante jóvenes este verano, y todos habían visto a Andrew Tate. No estaban muy seguros de qué pensar. Sabían que era malo, pero también estaban intrigados. Él es muy famoso.

Por eso los grupos de mujeres jóvenes tienen que hacer todo tipo de cosas online, también involucrando a los hombres. Siempre pienso que la mejor manera de luchar contra cualquier tipo de fuerza divisiva es tratar de crear vínculos con otros para conseguir aliados: mujeres líderes con aliados masculinos. 

La 'machosfera' es una de las fuerzas más poderosas y peligrosas en este momento. Hay que trabajar sobre todo con los hombres jóvenes

–Otro de los grandes asuntos de su libro es la desigualdad económica. ¿Hasta qué punto es una amenaza para la democracia?

–Es el mayor problema. Es algo que sentí muy joven sin saber nada de economía, simplemente yendo a visitar la casa de mi madre en Luisiana. Y viniendo de Japón, nunca había visto desigualdad tan grande. Luego empecé a conectar eso con el hecho de que hay tantas personas excluidas ya sea por raza, origen social o simplemente mala suerte de un sistema de mercado económico hípercompetitivo. 

Eso obviamente va a distorsionar la democracia, porque el punto básico de la democracia no es sólo proteger la libertad de cada individuo, lo que significa que puedes hacer lo que quieras. El punto básico de la democracia es tratar de unir a las personas, que compartamos el espacio y el poder incluso cuando no estemos de acuerdo de una manera sostenible en el tiempo, no sólo en el momento. 

Y si hay desigualdades enormes por las que las personas que tienen más poder no tienen contacto con nadie más entonces falta el sentido de responsabilidad mutua y es fácil que olviden que hay un amplio espacio que las sostiene. Todos deberíamos ayudar a sostenernos entre nosotros. Cuando eso desaparece, la gente se siente mucho más atraída por los partidos políticos que protestan contra el sistema, que es sobre lo que se basa gran parte de la extrema derecha.

El punto básico de la democracia no es sólo proteger la libertad de cada individuo, lo que significa que puedes hacer lo que quieras. El punto básico de la democracia es tratar de unir a las personas, que compartamos el espacio y el poder incluso cuando no estemos de acuerdo de una manera sostenible en el tiempo, no sólo en el momento.

–El ideal de igualdad ha ido unido a lo largo de la historia a sistemas autocráticos. ¿Por qué es tan difícil lograr el equilibrio?

–No creo que sea realista buscar la igualdad a la par en una sociedad grande, dinámica, de personas libres. Esto se remonta a las ciudades más pequeñas de la antigua Atenas. Y todavía vemos los mismos patrones, incluso en sociedades pequeñas y homogéneas. Como dijo Maquiavelo, habrá algunas personas que obtendrán mucho más que otras y muchas veces querrán dominar a los demás porque tienen mucho más. Y luego habrá otras que no querrán ser dominadas y reaccionarán frente a quien ejercer el control. 

La forma en que los seres humanos trabajan juntos tiene desequilibrios. Y por eso la democracia es un sistema que en su raíz intenta lograr un equilibrio sabiendo siempre que será imperfecto.

Si pensamos que la democracia tiene que lograr un equilibrio perfecto y luego arreglarlo como una máquina, entonces no volverá a moverse a menos que alguien haga algo muy malo y corrupto. Eso es ingenuo. Pero muchas personas en la era moderna han operado con una idea automática de la democracia en la que se configura la maquinaria, se establecen las instituciones y una constitución, con una sociedad que no sea desigual de manera muy llamativa, y luego ya funciona sola. Pero no, no se gestiona sola. Debes tener personas muy comprometidas no sólo con la idea de mantener intactas las instituciones, sino también el equilibrio en la sociedad, incluso cuando son ellas las que podrían estar perdiendo un poco. Quizás tengas que pagar más impuestos porque eres más rico que yo. Pero si no tienes a nadie que quiera hacer eso, entonces la democracia está muerta. La democracia necesita de personas comprometidas. Y todo esto significa el equilibrio. 

Muchas personas en la era moderna han operado con una idea automática de la democracia en la que se configura la maquinaria, se establecen las instituciones y una constitución, con una sociedad que no sea desigual de manera muy llamativa, y luego ya funciona sola. Pero no, no se gestiona sola. Debes tener personas muy comprometidas no sólo con la idea de mantener intactas las instituciones, sino también el equilibrio en la sociedad

–Como usted dice, algunos problemas ya estaban en la raíz de la creación de la democracia antigua en Grecia. ¿Hablamos más de esto por lo que está pasando en Estados Unidos ahora o hay una crisis más específica de estos tiempos?

–La globalización significa que muchos mercados están poco regulados, lo que termina beneficiando a algunos mucho más que otros. La globalización está impulsada en gran medida por Estados Unidos. Recuerda a la antigua Atenas, que también era hegemónica, pero cuanto más grande se hacía, más complacientes se volvían los atenienses acerca de lidiar con sus propios problemas. Se enamoraron de la imagen de sí mismos como los mejores, los más grandes y los más libres. Dejaron de buscar su propio equilibrio dentro de Atenas, pero también se excedieron en términos de tratar de dominar otras ciudades en una guerra que resultó en la crisis de la democracia ateniense.

También creo que algunas ideas modernas han causado algunos problemas en la democracia. Por ejemplo, la idea de democracia unida con el progreso, porque la gente se vuelve complaciente al pensar que si tenemos buenas instituciones democráticas, somos poderosos y nuestra gente parece estar relativamente bien entonces todo irá por buen camino. Esto conduce a la falta de autocrítica, que es necesaria para la salud de la democracia. 

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que el Gobierno nacional introdujo en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Mediante un comunicado, advirtió que “implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.

A través del Decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Presidente buscó reforzar la protección de datos “privados” suyos y de sus funcionarios, además de evitar polémicas como la que tuvo lugar hace algunos meses cuando la prensa quiso saber detalles acerca de los perros que viven en Olivos.

Según Fopea el decreto, reglamentario de la Ley N° 27.275, contiene restricciones al derecho de acceso a la información pública que lesionan su efectiva vigencia. Incluye límites a la interpretación de los asuntos de interés público. Entre ellos, “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”. 

También se especifica el alcance del término “documento”, al señalar que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.

Además se introduce un artículo referido a la “buena fe”, y se fija que “la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”, que implica la imposición de indemnizaciones.

FOPEA señaló que debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada. 

“Ponemos de manifiesto hoy, tal cual lo hicimos en 2016 cuando la ley se sancionó, que son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”, apuntaron.

Por eso alertaron que una limitación en este aspecto ataca todos los principios de transparencia activa. Tal como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público y esa diferencia se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. “Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”, precisa la Corte.

La entidad también cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que determina con precisión las pautas bajo las cuales los Estados pueden denegar el acceso público a información delicada. Estos son: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Además Fopea destaca su especial preocupación por el artículo que pretende confeccionar un registro dirigido a identificar al solicitante, el contenido de la solicitud y la respuesta brindada “con el fin de agilizar y facilitar la respuesta de nuevas solicitudes cuyo contenido coincida con el de otras evacuadas previamente”.

La Organización de la Naciones Unidas, al analizar el acceso a la información pública, advierte que no es concebible un Estado en el que existan “secretos” o informaciones privilegiadas porque esto significaría que se actúa en función de algún “interés particular” desnaturalizando la propia concepción de la democracia. “En rigor, ninguna modificación administrativa puede significar un retroceso en la garantía del derecho, tal como se pretende con este decreto publicado hoy en el que incluso se habla de ”abuso en el ejercicio“ de petición por parte de los solicitantes”, apunta el comunicado. 

Para Fopea hay sobrada jurisprudencia internacional y nacional en la que se ratifica que el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, tales como derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

De tal manera, este derecho no puede ser restringido mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino únicamente por una ley dictada por el Congreso, de conformidad con los estándares internacionales que rigen la materia.

MT

Pese a sus logros iniciales, su gobierno terminó en medio de una crisis económica que lo obligó a dejar el cargo antes de la finalización del término presidencial. Al cabo de un tiempo, sin embargo, su figura recobró prestigio, al punto de que se lo reconoce, de manera casi unánime, como el gran arquitecto del régimen político que le dio a la Argentina el período de vigencia ininterrumpida de democracia más prolongado de toda su historia.

¿Qué ideales animaron su paso por la vida pública? ¿Cómo fue su militancia política dentro de la Unión Cívica Radical? ¿Qué problemas enfrentó durante su presidencia? ¿Cuáles fueron sus principales logros y cuáles sus fracasos? ¿Cuál fue su legado para la Unión Cívica y la democracia argentina? En este episodio de Historiar, Pablo Gerchunoff recorre la biografía de Alfonsín, desde sus orígenes en Chascomús hasta su transformación en un héroe cívico.

Conduce: Roy Hora

Producción y edición de sonido: Ian Gutierrez y Martín Schindell

HistoriAr es un podcast creado y producido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH). Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó los dichos de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien pidió “hacer algo” para que el presidente Javier Milei “se vaya rápido”. “No me extraña. Me parece que es más de lo mismo”, calificó Menem.

“Estas expresiones de parte de de Carlotto me parecen desafortunadas, no le hacen bien a los jóvenes, ni a la Argentina. Un presidente que acaba de ser electo hace cuatro meses con casi el 60% de los votos y dicen que se tiene que ir rápido. ¿Dónde viven? Dicen que defienden la democracia, bánquenla entonces. Por los próximos tres años y ocho meses banquemos al presidente”, amplió el diputado en una entrevista a la señal Todo Noticias (TN). 

En la misma línea, apuntó contra los dirigentes opositores que, en el marco de la marcha por el 24 de marzo, criticaron a la gestión libertaria: “Hubo expresiones muy desafortunadas por parte del sector de la política que perdió el poder, y a medida que se consolidar este espacio va a ir perdiendo escaños en todos los estamentos del Estado”.

“Este tipo de reacciones, a las que nos tienen acostumbrados. Viven en el pasado. Tenemos que mirar hacia adelante porque los problemas se solucionan así”, completó. 

Asimismo, en tono con la línea del Poder Ejecutivo, y a 48 años del Golpe Militar, Menem definió que hay que respetar los derechos humanos “pero de todos”, y planteó que “cualquier muerte, es digna de ser castigada”. “Hay que mirar la historia completa. Pasaron cosas, muy malas, unos en nombre del Estado y otros en nombre de la revolución”, subrayó.

Por su parte, se mostró sorprendido por la presencia de “chicos de 20 años” en las movilizaciones a los que acusó de haber sido ideologizados “en vez de generarles una sensación de futuro”. 

“Estamos sufriendo las consecuencias de 20 años de kirchnerismo. Siguen con la misma receta de los grandes enunciados y los pobres resultados. Prefiero mirar para adelante que para atrás”, sostuvo. 

Por último, el riojano definió al mandatario como “un presidente que viene con toda la expectativa”, y remarcó que “está generando una revolución no solo a nivel regional sino en todo el mundo”. “Hay mucha expectativa sobre la Argentina”, vaticinó.

Con información de NA.

IG

Una de las mayores victorias del sistema es que el eslogan 'no hay alternativa', acuñado por Margaret Thatcher, se convirtió en un dogma. Sin embargo, como escribe el historiador Johann Chapoutot, “contra esta idea se subleva toda la Historia: siempre hay espacio para la maniobra, para el juego y para ese cociente de libertad que nos permite elegir”. Asimismo, Jonathan White, profesor de la London School of Economics, explica que “uno de los principales legados de las revoluciones del siglo XVIII fue ilustrar de forma concreta que el futuro está abierto, conectando los sueños de cambio con hechos prácticos”.

White, reconocido por sus pares como uno de los grandes teóricos de la ciencia política, acaba de publicar 'In the long run: The Future as a Political Idea' (Profile Books, 2024), un libro fascinante sobre la importancia del futuro en el imaginario político, desde la Ilustración hasta nuestros días. Destaca cómo, a pesar de las graves amenazas que se ciernen sobre la humanidad, como la crisis climática, las desigualdades económicas o la inteligencia artificial, es indispensable mantener la visión de progreso a largo plazo, sin caer en el fatalismo. De lo contrario, terminaremos sucumbiendo a una profecía autocumplida: el fin de la democracia.

-Usted argumenta que la democracia no se puede comprender sin atender a la importancia del futuro. 

-Todos pensamos en el futuro como individuos; por ejemplo, en encontrar pareja, tener hijos, enfrentar la muerte, etc. Sin embargo, políticamente hablando, es más importante cuando el futuro se convierte en objeto de reflexión colectiva por grupos, y los individuos intentan moldearlo mediante su participación en estos. Nos permite crear un futuro imaginado que nos da la oportunidad de tomar distancia del presente, ofreciendo un punto de contraste y una sensación de comunidad de destino, que es uno de los fundamentos de la política. El futuro posibilita pensar en vos mismo como parte de un colectivo en el cual tus problemas son también los problemas de los demás. El libro explora esta idea desde el siglo XVIII hasta el presente, destacando más por su incumplimiento que por su observancia.

-Uno de los grandes aportes del pensamiento liberal, como en Adam Smith, es que el destino del individuo y del colectivo siempre van unidos.

-El pensamiento económico liberal clásico pone gran énfasis en el individuo, su futuro y sus intereses, para legitimar el capitalismo. En el relato clásico, el mercado no solo se defendía como algo que podía recompensar a los individuos, ya sea ahora o en el futuro, sino también como una contribución general al progreso de la sociedad. Creo que recientemente se perdió la promesa social de la economía de mercado.

-¿Por qué?

-La sociedad de consumo anima a las personas a pensar en su futuro personal o en el de sus allegados, lo que hace que el progreso se perciba como una historia individual o familiar, en contraposición al progreso como una historia colectiva de la sociedad en general. Otro factor es que vivimos en sociedades cada vez más basadas en el endeudamiento personal, lo cual es bastante individualizador. 

-También señala que la precariedad del mercado de trabajo empuja a una sociedad de individuos y no colectiva. 

-En la economía industrial del siglo XIX y principios del XX era más fácil para la gente ver su propia situación reflejada en aquellos que los rodeaban en la fábrica, enfrentándose a condiciones similares. En el contexto actual de empleo precario y a corto plazo, se hace cada vez más difícil verse reflejado en sus pares y sentir que tus problemas son también los de los demás. Se necesitan actores políticos que ayuden con ese pensamiento, movimientos colectivos que les recuerden que sus problemas no son sólo suyos, porque de lo contrario se tiende a perder ese sentido del futuro colectivo.

-En su libro indica que “la democracia puede sobrevivir a la agitación, la angustia y el declive; lo que no puede resistir es la expectativa de un final”. 

-A veces, se defiende la democracia como la mejor manera de conseguir buenas políticas, prosperidad, paz, etc. Sin embargo, la democracia no consiste necesariamente en conseguir cosas positivas. La agitación, la angustia y el declive forman parte de la democracia y, muchas veces, la democracia radical implica desafiar a los intereses económicos, a los poderes, y estos tienen la capacidad de empeorar la vida de la gente a corto plazo. La supervivencia de la democracia depende de la capacidad de buscar justicia en la adversidad y de mantener la visión de progreso sostenido a largo plazo.

-A pesar de los enormes desafíos de nuestra época, usted analiza cómo el enfoque por la clase política de los problemas como 'emergencias', tales como la crisis climática, económica o sanitaria, puede terminar erosionando la democracia

-Plantear problemas como emergencias propicia la adopción de medidas discrecionales, permite a los presidentes tomar decisiones fuera del marco del proceso parlamentario para evitar obstáculos. Los gobiernos recurren a estos métodos por su incapacidad de emplear otros medios, una señal preocupante, al sentir que carecen de autoridad. Sin embargo, esta práctica puede ser posteriormente explotada por quienes tienen intenciones mucho más peligrosas y aprovechan para eludir los procesos parlamentarios. Por lo tanto, hay razones válidas para resistir a este tipo de soluciones de emergencia, incluso cuando parecen estar basadas en motivos justificados.

-El libro dedica un capítulo a cómo la Guerra Fría estableció un punto de inflexión en nuestra relación con el futuro.

-¿Cómo concebimos el futuro? En el pasado las diferentes formas de anticipación del futuro eran visibles y públicas. Pero durante la Guerra Fría presenciamos el surgimiento de lo que podría denominarse 'futuros secretos', enfoques hacia el futuro que no buscaban una visión compartida sino que intentaban generar desequilibrios de poder. Existía un marcado interés en la previsión de la política exterior, centrado en anticipar las acciones de otros estados, como en la disuasión nuclear, o en prever en qué áreas la Unión Soviética o la OTAN podrían concentrar sus recursos.

-El problema surge cuando los “futuros secretos” propios de la política exterior militar se integran en el ámbito de la política interior.

-Esto se observa en áreas como la planificación urbana o la gestión de protestas. Organizaciones dedicadas originalmente a la planificación militar, como la RAND Corporation, que se enfocaban a cuestiones de política exterior, empezaron a influir en la política interna de EEUU durante la década de 1960. Al hacerlo, introdujeron un nivel de secretismo previamente reservado a la estrategia militar externa en el contexto de la política doméstica.

-Usted sostiene que uno de los legados de la Guerra Fría son las teorías de la conspiración.

-Estas teorías, en esencia, parten de la premisa de que ciertas personas poseen conocimientos anticipados sobre lo que está por venir, de que existe un grupo selecto que tiene acceso a un futuro que para la mayoría resultará sorprendente.

-En 1997, se desclasificó la “Operación Northwoods”, un plan propuesto por el Estado Mayor Conjunto de EEUU que contemplaba lanzar ataques terroristas contra ciudadanos estadounidenses para culpar a Cuba y justificar una guerra; este plan fue personalmente vetado por el presidente Kennedy. Usted establece una conexión entre este hecho y las teorías de la conspiración surgidas tras el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre.

-Las teorías de conspiración sobre el 11-S suelen fundamentarse en la suposición de que alguien tenía que haber anticipado el ataque, generando preguntas como “¿Cómo es posible que no lo supieran?”. El concepto del futuro desempeña un papel crucial en estas teorías, vinculándolas con eventos como la 'Operación Northwoods'. Se percibe un legado de la Guerra Fría en el uso de futuros fabricados para engañar y manipular a la población. Creo que muchas teorías de conspiración contemporáneas retoman esta idea. En el libro exploro cómo el secretismo en torno al futuro crea una división entre aquellos con acceso al poder y al conocimiento político y aquellos que se sienten excluidos y desinformados sobre su propio porvenir.

-Su libro me hizo pensar en una reflexión de Perry Anderson: “Diderot, Voltaire y Rousseau vivieron cuando el absolutismo estaba en su apogeo; ninguno vivió para ver un cambio serio. Esto no les impidió oponerse con perseverancia a la Iglesia Católica. La vida trae sorpresas”.

-Es esencial no perder la capacidad de mirar más allá de las dificultades inmediatas y encontrar motivación en la posibilidad de superarlas progresivamente con el tiempo. Esto puede no suceder en nuestra vida personal, pero sí en la de una organización o grupo con el que nos identificamos. Formular políticas que generen bienestar inmediato para muchas personas es un desafío, especialmente, bajo el capitalismo. La mayor amenaza para la democracia no son únicamente estas dificultades, sino la posibilidad de que en el futuro no podamos corregir las injusticias actuales y que perdamos la percepción de la amplitud y las posibilidades del futuro

HG/CRM

En 2023, y a 40 años de retorno al régimen constitucional, la democracia en Argentina se deterioró debido a la creciente polarización política. Según el índice de Democracia publicado por The Economist, el país cayó cuatro lugares respecto del 2022 hasta el puesto 54 en el ranking mundial que abarca a 167 países.

El informe realizado por la Unidad de Inteligencia de dicha revista atribuyó el retroceso de la Argentina a la creciente polarización entre las principales fuerzas políticas, lo cual se acentuó durante la campaña electoral para los comicios presidenciales.

“El libertario de derecha, Javier Milei, de La Libertad Avanza y el candidato del partido peronista Unión por la Patria, Sergio Massa, y sus partidarios elevaron las apuestas de las elecciones a un punto álgido, argumentando que si perdían la democracia en Argentina estaría en riesgo”, explica el documento elaborado por el medio británico.

Lejos de ser la excepción, el caso argentino acompaña una tendencia de deterioro de los estándares democráticos a nivel mundial en el último año. El estudio revela que la media global de calidad de estos regímenes cayó a su nivel más bajo desde 2006, año en que se creó el índice: llegó a 5,23 de 10.

Las causas de este desgaste global son variadas e incluyen el recrudecimiento de conflictos armados en diversas regiones así como también el deterioro de la situación en países que ya se encontraban bajo regímenes autoritarios. De igual modo, la proliferación de la xenofobia y el sentimiento antiinmigración en múltiples países ha ido socavando la calidad democrática según el informe que tiene en cuenta la cultura política, funcionamiento del gobierno, proceso electoral y pluralismo; participación política y libertades civiles de las naciones.

La pérdida de confianza en los partidos políticos también juega un rol preponderante. Según el último informe de Latinobarómetro para el 2023, en América Latina, el 77% de los encuestados considera que estas instituciones no funcionan correctamente.

América Latina acumula ocho años consecutivos de deterioro democrático

Según advierten desde The Economist, con los resultados del 2023, Latinoamérica y el Caribe experimenta su octavo año consecutivo de retroceso democrático. Sin embargo, continúa erigiéndose a nivel mundial como la tercera región más democrática del mundo, detrás de América del Norte y Europa Occidental. Esta última zona es la única que no registró un deterioro promedio en lo que respecta a calidad democrática.

“El mayor retroceso se produjo en la subregión de Centroamérica, marcado por los descensos en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras”, explicaron en el informe. Del total de 167 países, Nicaragua se ubica en el puesto 143 y es el país latinoamericano con peor desempeño. Junto con Venezuela (142), Cuba (135) y Haití (129), destaca como uno de los regímenes autoritarios de esta región.

En el extremo opuesto, Uruguay y Costa Rica son los únicos dos países de Latinoamérica que fueron clasificados como “democracias plenas”.

En tanto, El Salvador -donde recientemente se celebraron elecciones presidenciales y Nayib Bukele renovó su mandato por otros cinco años- fue catalogado como un “régimen híbrido”. A pesar de la celebración de comicios y el amplio apoyo a la política de seguridad aplicada por el mandatario, recientemente han aumentado las denuncias internacionales por presuntas detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en el país.

Al igual que El Salvador (96), Guatemala (100), Honduras (95), México (90), Bolivia (106), Ecuador (85) y Perú (77) también fueron catalogados como regímenes híbridos.

Por su lado, Argentina califica dentro de los regímenes democráticos, pero “deficientes”. En esta misma categoría caen Panamá (48), Brasil (51), Colombia (55), República Dominicana (61) y Paraguay (74). Según el informe de la revista británica, este tipo de regímenes constitucionales cuentan con elecciones libres, pero presentan “debilidades significativas” en lo que refiere a participación política o gobernanza.

ACM

Ben Ansell es profesor de instituciones democráticas comparadas en el Departamento de Política de la Universidad de Oxford, donde se convirtió en catedrático con sólo 35 años. El pasado otoño, con 46, pronunció la serie anual de conferencias Reith de la BBC, una tradición para pensar en las grandes cuestiones de actualidad desde la primera de Bertrand Russell en 1948. Ansell dio sus discursos sobre el futuro democrático.

Su último libro, Por qué fracasa la política (Península, 2023), reflexiona sobre las amenazas de líderes que enarbolan la bandera de “la voluntad del pueblo” imposible de determinar, la desigualdad económica y la creciente debilidad de las normas de convivencia, pero es una defensa de la política como el mejor instrumento para resolver los problemas colectivos.

Ansell nació en California, pero se crio en Kent y estudió Historia en la Universidad de Manchester. Se doctoró en Políticas en Harvard y dio clases en la Universidad de Minnesota antes de que lo fichara Oxford en 2013. Cinco años después, se convirtió en miembro de la British Academy, un reconocimiento para los académicos más destacados del Reino Unido. Es especialista en vivienda y educación. 

En sus ratos libres, Ansell programa sus aplicaciones de predicción electoral. Tiene claro que este año el Partido Conservador perderá las elecciones en el Reino Unido y la única duda es si de manera aplastante, por 20 puntos o más, o -lo más plausible- por un margen más cercano a 10 que permita la supervivencia de los tories. Tiene más dudas sobre Estados Unidos, pero cree que lo más probable sigue siendo que Joe Biden gane las elecciones frente a Donald Trump por un margen parecido a 2020 dado lo bien que va la economía y, más allá de lo que digan ahora las encuestas, la tendencia de los votantes a “sintonizar” con las elecciones en verano. 

Hablamos una mañana bajo cero en Nuffield College, especializado en Ciencias Sociales. En su despacho, sobre una mesa baja, entre papeles, hay un libro sobre el futuro constitucional y un tocho sobre inteligencia artificial. En la estantería, novelas de Colin Dexter, el autor de la serie sobre el inspector Morse de Oxford, y el clásico Bowling Alone del sociólogo Robert Putnam, sobre los lazos comunitarios en EEUU.

Nuestra conversación fue más larga, pero está editada por extensión y claridad.

¿Está la democracia en crisis en Europa y en EEUU, como decimos a menudo?

Está enferma, no creo que esté en crisis. No en el caso de democracias antiguas o consolidadas como el Reino Unido, España, Alemania, Francia o Estados Unidos, que es el país que más preocupa. No creo que en estos países se vayan a perder las instituciones centrales de la democracia como ha sucedido en Turquía o en Venezuela. Podemos hablar de lo que los científicos sociales llaman “backsliding”, retroceso. Pero no creo que haya riesgo de que la democracia se derrumbe en términos de elecciones libres y justas, comportamiento extra constitucional o el tipo de cosas que hemos visto en Turquía y en Rusia, con un referéndum para extender los poderes o mandatos del presidente indefinidamente, como hicieron Putin y Erdogan. No es probable que Trump gane las elecciones presidenciales y luego sea capaz de revertir la enmienda 22 de la Constitución para evitar que los presidentes sirvan más de dos mandatos. No espero que eso suceda en Estados Unidos en el peor de los casos. Esa es la buena noticia. 

¿Y la mala? 

La mala noticia es que la gente está muy enfadada y muchas de las normas de la democracia se han debilitado. No creo que las instituciones de la democracia vayan a cambiar mucho, aunque están siendo atacadas más que en el pasado retóricamente. Pero sobre todo las normas de cómo tratar a otros ciudadanos, de cómo estar en desacuerdo de manera civilizada, están sufriendo un ataque concertado.

Al menos en Estados Unidos y en muchos países europeos, hemos pasado por esto y cosas peores no hace tanto. En la década de 1960, en Estados Unidos, fueron asesinados el presidente, el principal líder de derechos civiles, el exfiscal general y hermano del presidente... Había disturbios y tiroteos en ciudades y campus universitarios debido a la guerra de Vietnam y los derechos civiles. A principios de la década de 1970, un presidente espió al otro candidato presidencial y tuvo que dimitir. Y no creo que hayamos alcanzado ese nivel ni siquiera con Trump. En Alemania o Italia, en la década de 1970, había extremistas de izquierda y derecha que se asesinaban entre sí y cometían atentados en estaciones de tren. Ahora no hay nada parecido a lo que todavía han vivido políticos en activo.

Las normas de cómo tratar a otros ciudadanos, de cómo estar en desacuerdo de manera civilizada, están sufriendo un ataque concertado

¿Es una exageración decir que si Trump gana podría ser un dictador o poner en serio riesgo la democracia?

No creo que sea una exageración decir que a Trump le gustaría ser un dictador, que le gustan otros dictadores o que valora lo que valoran los dictadores. Todas esas cosas son ciertas. Y, de hecho, ya vimos la mayoría de ellas la última vez que fue presidente.

Trump sería un desafío para partes de la Constitución, en particular la enmienda 14 y el principio de que cualquier persona nacida en Estados Unidos, independientemente de sus padres, se convierte en ciudadano estadounidense. La cuestionaría y luego dependería de los tribunales. Esto supondría un desafío porque el Tribunal Supremo está muy a la derecha y tres de sus miembros fueron elegidos por Trump. Pero eso no es dictatorial. Si tuviéramos que hablar de presidentes que intentaron hacer cambios constitucionales importantes y violaron normas existentes, podríamos hablar de Franklin Delano Roosevelt, y no pensamos en él como un dictador.

No creo que Trump vaya más allá de eso, así que no creo que vaya a ser un dictador. Actuará tanto como un dictador como puede hacerlo alguien dentro de las limitaciones democráticas. El Ejército de Estados Unidos en última instancia bloquearía cualquier tipo de intento paramilitar de Trump de hacer lo que sea. Los jueces, a pesar de haber sido designados por Trump, valoran mucho su independencia. El Supremo hará lo que el Supremo quiera hacer. El Congreso puede coincidir con Trump en materia de legislación, pero no renunciará a sus poderes. Eso es lo que convertiría a alguien en un dictador. Lo que sucederá si gana es una serie de políticas y retórica horribles y la posibilidad de una guerra. No creo que Trump vaya a ser un dictador. No es Xi Jinping ni Vladímir Putin. Incluso si él quisiera serlo, el resto del sistema no le dejaría.

No creo que Trump vaya a ser un dictador. No es Xi Jinping ni Vladímir Putin. Incluso si él quisiera serlo, el resto del sistema no le dejaría

¿Y en Europa? Usted escribe sobre el “autoritarismo electoral” y el caso de Orban en Hungría. 

Orban es el único ejemplo en Europa de alguien que ha cambiado el clima de un país. ¿Seguiría llamando a Hungría una democracia consolidada? Sí. Es difícil, ¿verdad? No creo que haya una gran cantidad de fraude electoral en Hungría, pero se han impuesto restricciones masivas a los medios de comunicación. Hay enormes cantidades de corrupción porque Orban usa inversión pública y fondos europeos para comprar apoyo político. ¿Eso te convierte en una dictadura? No, pero tampoco en una gran democracia liberal. Habitualmente, parece una democracia inestable. Y, por supuesto, hace poco que es una democracia. 

En realidad, lo impresionante de Europa es que después de la caída del comunismo haya tantas democracias consolidadas, también en países como Rumania y Bulgaria, donde no habría esperado que fuera así. Y la Unión Europea es en gran medida responsable de ello. Un mundo en el que Turquía se hubiera unido a la Unión Europea en 2000 sería probablemente uno en el que Tayyip Erdogan podría haber sido elegido, pero no habría podido alejar al país de la democracia de la misma manera. 

En Polonia, hay algunos desafíos interesantes para Tusk a la hora de quitar algunas de las figuras del PiS en los medios y los tribunales. Ha habido arrestos y se cuestionan instituciones públicas. Y ese es un equilibrio complicado porque eso parece una venganza, aunque estas personas cometieran delitos mientras trabajaban para PiS. Hay protestas en las calles.

Un mundo en el que Turquía se hubiera unido a la Unión Europea en 2000 sería probablemente uno en el que Tayyip Erdogan podría haber sido elegido, pero no habría podido alejar al país de la democracia de la misma manera

No me preocupa un retorno al autoritarismo real en ningún país de Europa Occidental. No dudo que una presidencia de Marine Le Pen sería un gran desafío para los liberales en Europa y para la Unión Europea. Pero las elecciones parlamentarias en Francia ocurren poco después de las presidenciales, y me sorprendería mucho que su partido ganara la mayoría en el Parlamento, especialmente si ganara ella en las presidenciales, porque entonces muchas personas votarían por los socialistas o los conservadores o quien sea para mantenerla fuera del Parlamento. Podrías terminar en una cohabitación, con Le Pen poderosa en términos de política exterior, pero sin poder hacer mucho gracias al Parlamento. Francia es el mayor riesgo y no creo que sea tan grande. Pero sería algo malo para Europa que Le Pen ganara la presidencia francesa. Estuvo cerca y me parece muy posible que pueda ganar.

¿El ascenso de la extrema derecha es una amenaza para la democracia en sí mismo?

La cuestión es cómo se comportan estos partidos antisistema cuando se convierten en parte del establishment. Tenemos muy pocos ejemplos de partidos de extrema derecha que hayan logrado un liderazgo total en Europa. El más obvio es Austria, donde el FPO todavía existe. Sigue siendo un partido exitoso, pero no logró desplazar a los demócrata cristianos, al ÖVP o a los socialistas. Y luego tenemos a Meloni, que proviene del tipo de tradición postfascista diferente de Matteo Salvini y el Movimiento 5 Estrellas (M5S, en sus siglas en italiano) aunque atraigan a los mismos votantes. Cuando ganó el M5S, Conte resultó ser un primer ministro italiano medio decente, gestionó bien el principio de la pandemia. Meloni es claramente más extremista que Conte, pero no es como Salvini o Fini.

La política austriaca no es muy diferente ahora de lo que era antes de la llegada de Jörg Haider. En Italia, tienes a alguien con antecedentes de extrema derecha pero que ha girado hacia una posición conservadora estándar en Europa, de derecha, pero no totalmente extrema. 

Me preocuparía si Vox pudiera tomar el control en España, pero parece estar muy, muy lejos de eso

No sé cómo sería Marine Le Pen. Está más a la derecha en algunos aspectos que Hermanos de Italia, que parece una continuación de Forza Italia. Nunca vimos a Salvini como primer ministro, y creo que él habría sido más tipo Trump. 

Me preocuparía si Vox pudiera tomar el control en España, pero parece estar muy, muy lejos de eso.

Para mí, el tipo de movimiento de extrema derecha más exitoso ha sido ha sido la ukipificación del Partido Conservador en el Reino Unido [por el UKIP, el partido de extrema derecha]. Eso ha empujado al Partido Conservador en una dirección que está muy lejos de donde estaba en 2010 o incluso en 2015.

Aun así, Reino Unido suele aparecer en la lista de países sin extrema derecha.

Sí. El Partido Conservador no es un partido de extrema derecha, pero es un partido que oscila entre el centro-derecha realmente centrista y el ala muy a la derecha. Ahora está en un momento muy a la derecha. También tenía bastante gente de extrema derecha en los años 80. Parecía que nuestro sistema electoral nos protegía de esto, pero, de hecho, no nos protegió de Boris Johnson y tampoco de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista: los extremos pueden tomar el control de los principales partidos. La cuestión es cuánto dura. Johnson y Corbyn no sólo no son líderes de sus partidos, sino que Johnson está fuera del Parlamento y Corbyn del partido. 

¿Hasta qué punto la polarización es un producto inevitable de la democracia?

En el libro hablo del caos antes de hablar de la polarización porque lo opuesto a la polarización tampoco es bueno, cuando los partidos no son coherentes y no pueden tomar una decisión sobre nada, como sucede habitualmente en Bélgica y en Países Bajos. Como nos pasó a nosotros durante el Brexit y ha estado sucediendo en España durante los últimos cinco años. Hay cierta polarización en España, pero también hay muchos partidos y en particular partidos regionales capaces de mantener a los otros como rehenes. Todo el mundo mantiene a todo el mundo como rehén, y eso lo hace aún más difícil en el ejemplo español. 

Puedes pensar en los partidos políticos como jaulas del caos, formas de prevenir el caos que sucedería si dejaras que todos votaran en diferentes direcciones en cada tema. Los partidos agrupan todos los temas por nosotros y, a veces, los agrupan de manera que la gente se siente no representada. Pero normalmente obtendrás algo como el Partido Conservador, donde tienes políticas económicas de derecha y políticas sociales autoritarias. La ventaja es que de alguna manera simplifica la comprensión de la política para la gente, porque de lo contrario, con una enorme masa de preguntas diferentes sobre el mundo, es más difícil tomar decisiones. Ayuda a que los puntos de vista sobre el gasto de dinero en atención médica y educación sean coherentes con los puntos de vista sobre los impuestos. Si se separaran todas estas cosas, entonces todos querrían lo mejor de todo, y no podrías tomar ninguna decisión. La polarización podría ser algo bueno si ayuda a los partidos a votar de manera coherente y a tomar decisiones. Y que los votantes puedan simplificar un mundo muy complicado.

¿Hasta dónde es algo bueno?

Hasta que empiezan a no gustarte las personas asociadas con la otra parte porque están asociadas con la otra parte. Está bien no estar de acuerdo. Lo ideal es estar en desacuerdo de manera agradable, pero desde luego estamos en la zona de desacuerdo desagradable en este momento. No estoy seguro de si esto es completamente nuevo, porque en el pasado los politólogos y los sociólogos no hacían tantas preguntas como ahora.

La polarización podría ser algo bueno si ayuda a los partidos a votar de manera coherente y a tomar decisiones. Y que los votantes puedan simplificar un mundo muy complicado

Usted escribe sobre la importancia de cuidar las instituciones, como los tribunales y los medios, frente a los ataques de políticos. ¿Son más comunes ahora? En España, lo hemos visto de los partidos del Gobierno y de la oposición.

A veces la gente piensa que son sólo los conservadores los que atacan estas instituciones. Pero en la era laborista, la BBC recibía ataques todo el tiempo por ser demasiado conservadora. En Estados Unidos, durante muchos años el estribillo constante de los demócratas era que no eran tratados de manera justa o de la misma manera que los republicanos. Esas quejas son muy comunes. Ahora provienen mucho más de los líderes de los partidos políticos que antes. Dicho esto, Richard Nixon y Spiro Agnew, su vicepresidente, se quejaban sin parar de los medios. Esa era su obsesión. Y, de manera similar, FDR se quejaba de los jueces.

Una parte justa de la democracia es la separación de poderes para quejarte de otras instituciones que son poderosas, eso es legítimo. De alguna manera, había menos en el pasado porque más miembros de los medios, los tribunales, el legislativo y el ejecutivo provenían de las mismas redes sociales. El establishment no se criticaba entre sí tanto como ahora. Estamos en un mundo post-establishment donde hay menos vínculos entre los jefes de los medios, los tribunales y el Parlamento a la manera del Reino Unido en los años 60 y 70. 

Y luego está el éxito de los partidos populistas en la última década. Otros líderes lo ven y piensan que quieren algo de eso y que también funcionará para ellos. Algunos lo hacen mejor que otros. Biden nunca será muy bueno atacando al establishment, porque no es su estilo y lleva en política 50 años. Barack Obama podría haberlo hecho, pero esa no es su personalidad. 

No creo que sea algo conservador o progresista hacerlo. Es una táctica útil para los políticos. Es justificable hasta cierto punto, en el sentido de que no queremos un mundo en el que los abogados tomen todas las decisiones en el país. No podemos tener una revisión judicial de todo lo que el Parlamento decide hacer. De lo contrario, terminarás en la situación india donde nadie puede establecer ninguna regla. No quieres un estancamiento en el que todos puedan vetar todo. 

¿Qué pasa si las instituciones son realmente demasiado partidistas? Usted mencionó el caso de Polonia. 

O el Supremo en Estados Unidos, un tribunal muy conservador. Es independiente, es una parte importante de la separación de poderes, hace las cosas mucho más difíciles para Biden y le facilitará mucho las cosas a Trump. Es necesario poder criticar eso. El problema es decir “todo está politizado por lo que no hay instituciones en las que podamos confiar”. El riesgo de que los políticos hagan esto todo el tiempo es que reducen el nivel de confianza de la gente en las instituciones.

Pero cuando miras las encuestas sobre confianza en varias profesiones, en general, la médica, la militar y la académica suelen ser las mejor valoradas. Los profesores y los jueces todavía obtienen puntuaciones altas. El público en general no ha decidido que los miembros del establishment son terribles. No le gustan los periodistas. Le gustan los jueces, pero no los abogados. No le gustan mucho ni los empresarios ni los sindicatos. De todos modos, los políticos siempre están al final. 

Sí, en España, los políticos son los que peor salen en las encuestas...

Los políticos critican a todos los demás, pero la gente confía más en todos los demás. No estoy muy preocupado en ese frente en las democracias establecidas. Eso es un problema en países donde hay un sistema judicial independiente o medios de comunicación independientes desde hace sólo 20 ó 30 años, como en Europa del Este. 

Es necesario poder criticar las instituciones. El problema es decir “todo está politizado”... El riesgo de que los políticos hagan esto todo el tiempo es que reducen el nivel de confianza de la gente en las instituciones

¿Cuál es la próxima ola de democracia? 

Expandir el sufragio, que es expandir la democracia, algo que no interesará a todos los partidos. Una de las cosas es simplemente facilitar el voto. En Reino Unido, por ejemplo, se podría tener un registro más automático de votantes. 

También creo que no es saludable tener el 15% o el 12% en tu país de inmigrantes a largo plazo sin la capacidad de tener voz política. Hasta ahora los inmigrantes europeos o residentes durante mucho tiempo han podido votar en elecciones locales. Como ciudadana de la Commonwealth, mi esposa, que es canadiense, puede votar en cualquier elección en el Reino Unido. Creo que hay algunas preguntas que hacerse. 

Los teóricos políticos hablan mucho del derecho a votar sobre cualquier cosa que te afecte. Pero no tengo derecho a votar sobre la política comercial estadounidense, aunque me afecte en Reino Unido. Eso es bastante difícil de establecer del todo.

Por otro lado, ¿cuáles son las diferencias entre alguien que es ciudadano indio, residente permanente del Reino Unido y ha estado aquí durante 15 años y yo? El voto va unido a la ciudadanía. Pero, ¿por qué no tratar a la gente por igual?

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazó hoy el proyecto de ley ómnibus enviado por Javier Milei al Congreso por su carácter regresivo en materia de derechos humanos y sistema constitucional. “Pretende desactivar procedimientos clave y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia”, sostuvo la organización e instó al Poder Legislativo a no convalidar una iniciativa de tales características.

“En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal”, agregó el CELS en un comunicado titulado “Sobre el proyecto de ley ómnibus”. Según indicaron, ambas medidas suponen una “desprotección de las personas en los aspectos más básicos: la posibilidad de alimentarse, tener un lugar donde vivir, preservar su salud”.

En línea con los expresado por dirigentes de la oposición desde el anuncio de las sucesivas reformas, para el organismo de derechos humanos, “el proyecto avanza en temas que exceden por mucho lo relacionado con la emergencia económica”. En este sentido, planteó que la iniciativa no busca “solo un cambio de régimen económico sino también de régimen político”, dado que pretende gobernar sin intervención del Congreso.

“El primer punto del proyecto de ley llamado 'Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos' es el pedido del Poder Ejecutivo nacional al Congreso para que le delegue facultades legislativas extraordinarias en todos los aspectos de la vida económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años y prorrogable hasta el final de su mandato”, especificaron desde el CELS.

Desde el organismo cuestionaron la falta de límites a las fuerzas de seguridad, lo que, a su criterio, redunda en un aumento de la violencia en lugar de una reducción del delito. Además, las restricciones a las reuniones de tres o más personas supone, según indicaron, “una suerte de estado de sitio permanente sin que haya sido declarado”.

No sólo esto, sino que las mismas medidas económicas que se buscan instrumentar bajo el argumento de los beneficios de la liberación económica podrían tener un impacto negativo en el delivery de servicios básicos. Según expresaron en el comunicado el dominio de la lógica mercantil “no deja ninguna garantía de que el Estado ejercerá un control adecuado para asegurarse que, una vez en manos privadas, estas empresas (privatizadas) prestarán un servicio público de calidad y de forma asequible”.

ACM con información de agencias.

Cuando me preguntan de qué va la columna que escribo en el diario suelo decir que de cualquier cosa, de lo que se me ocurra en el momento o de nada, y lo digo con verdad, pero a veces pienso que se trata de cómo escribir sobre algo que no sea la política en un país en el que de a ratos parece que solamente se puede hablar de eso. Me viene a la cabeza esa frase sobre vivir tiempos interesantes, esa maldición, “que vivas tiempos interesantes”, y también esa idea consoladora que a veces repetimos los argentinos según la cual nos aburriríamos viviendo en lugares donde pasaran menos cosas. ¿Es tan interesante la política? ¿Qué es lo interesante que tiene la política? A mí teóricamente me interesa la política. De hecho hice una tesis sobre filosofía política, y tuve varios años un grupo de estudios con el que nos juntábamos a discutir filosofía política los sábados a la mañana (nada que no te interese seriamente se puede hacer un sábado a la mañana), pero con los años fui aprendiendo a decirle a la gente que a mí me gustaba la teoría política, porque aunque trato de estar informada no suelo estar en la última de todas las noticias, ni recordar el nombre de todos los legisladores, ni sé explicar el sistema D'Hondt sin googlear.

Últimamente estoy pensando, así y todo, en volver a decir que me interesa la política, volver a reivindicar mi interés en el modo en que las cosas deberían funcionar y no principalmente en el modo en que efectivamente funcionan como un interés en la política. No es que no esté mal informarse sobre el día a día de las alianzas y las internas, el funcionamiento diario del Estado y los partidos, pero como persona que viene de una cultura del chisme (hablo del Once judío), la realidad es que la conversación “la rosca” se parece más a eso que a otra cosa. La satisfacción que da intercambiar datos dudosos sobre el futuro a partir de datos casi igualmente dudosos sobre el presente está más cerca del placer que nos da comentar una nueva pareja o la casa que se acaba de comprar el vecino de al lado que de una auténtica conversación política, que requiere una cantidad de reflexión, lectura, escucha, humildad y paciencia que la época no nos ayuda a cultivar.

Hace unos días vi un video de Ofelia Fernández hablando de cómo ve el futuro cercano y me gustó particularmente una parte en la que dice que uno de los problemas centrales no son ni siquiera las dificultades objetivas, sino que no hay proyecto de país, y lo explica muy bien: dice que si todo estuviera dado, si el peronismo pudiera alinearse y ganar, no tienen hoy un consenso de quince reformas o quince valores a aplicar para cambiar el rumbo de la Argentina. Esto es lo que me terminó de convencer, creo, de la necesidad de volver a decirle “hablar de política” a hablar de conceptos y de ideas antes que solo de la coyuntura. Así y todo, creo que al menos en teoría deberíamos aprovechar las treguas (ahora, por ejemplo, los días que faltan para las sesiones extraordinarias y el paro de la CGT) para hablar de otras cosas, de conceptos y también de otras partes de la vida que despliegan la imaginación y la cultura que hizo a esta tierra mucho más grande que el vivir enchufados a las noticias, pero no hablar todo el día de lo mal que estamos en el fondo es como un músculo, no es tan fácil relajarlo una vez que se tensa.

Estuve unos días en la playa y leí El hechizo de verano, de Virginia Higa. Es un ensayo de impresiones que escribe la autora, nacida y criada en Argentina, sobre los años que viene pasando en Estocolmo acompañando a su marido que consiguió un trabajo allí. Me gustó porque está muy bien escrito y me vino bien en estos días porque hay algo de su tono a la vez humilde y disperso que está muy al servicio de su tema: es un libro sobre la vida privada, en varios sentidos, y sobre una concepción que me resulta atractiva de la vida privada no tanto como huida sino como refugio en el sentido más literal, la vida privada como la casa de una, el lugar que uno habita sin gritar.

Es un libro sobre la vida privada porque efectivamente habla mucho de un pueblo que tiene tiempo y espacio para vivir su vida privada: Higa describe, por ejemplo, a los ancianos sonrientes que se cruza en la calle y en el transporte publico, adultos mayores que no están erosionados por la precariedad perpetua y la exposición constante a cierta idea desgastante de lo público, la pregunta constante de a cuánto está el dólar, a cuánto aumenta la prepaga, a qué hijo hay que prestarle plata o pedirle para pagar el geriátrico. Sobre todo, El hechizo del verano es un libro sobre la vida privada porque habla de una chica que llega a un país del que sabe muy poco y de cuya vida pública participa poco también: no tiene un trabajo formal y todo lo que pasa allí parece tocarla un poco de lejos, entonces el libro habla de las costumbres suecas pero también de las maneras que ella va encontrando de vivir la vida sin ser parte del elenco protagónico del país que habita, las películas que ve, los libros que lee, aprender a tejer.

Pienso en qué extraña esta cuestión de la vorágine informativa de la política en un mundo en el que la gente emigra cada vez más: me pregunto cómo vivirán los venezolanos o los rusos que veo por el barrio la experiencia de estar constantemente rodeados y bombardeados por noticias y conversaciones casuales sobre personajes que ni siquiera les suenan. Pienso también en nuestro concepto de la ciudadanía y la participación de lo público, lo pequeñito que es, lo flaco: la idea de estar todo el tiempo informándonos sin que quede claro para qué.

Tengo un amigo irlandés que hace varios años viene migrando por varios países, vivió en Argentina, en Israel y ahora en España, entre otros lugares, y tiene la peculiaridad de que país al que llega, país en el que se interioriza en todo: conoce más políticos argentinos que yo, y los ama y los odia con más pasión. Lo curioso es que no es un militante de nada: le gusta la política como a otra gente le gusta, no sé, el avistaje de aves. No tiene más chances (ni más intención) de torcer el curso de los acontecimientos que la que un avistador tiene de cambiarles el recorrido a las golondrinas.

Pienso en que a veces soy él y a veces soy Virginia Higa, a veces soy la persona discutiendo artículo por artículo en Twitter un proyecto de ley y a veces soy la que está leyendo una novela del siglo XIX mientras mi país se cae a pedazos, y no sé qué me da más impotencia, ni qué debería hacerme sentir mejor; es como una psicosis la democracia a gran escala, todos somos los hijos de Flanders creyendo que jugamos a algo sin tocar jamás el joystick, y probablemente parte de esa frustración le haya echado nafta al discurso sobre la casta.

Pienso, y tengo que terminar la columna porque ya no puedo usar la palabra “pienso” una vez más, que como dice también Ofelia, que la relación de la “gente” con la política está rota, pero que en parte es porque de verdad, el debate conceptual, académico y abstracto sobre cómo podemos hacer las personas de a pie para participar de lo que nos rodea en esta democracia de cuarenta millones está mucho menos resuelto de lo que parece y es mucho más concreto de lo que parece; que efectivamente llegamos a un punto límite y es o lograr que este sea un país tranquilo en el que la gente pueda vivir sin involucrarse tanto o convivir periódicamente con niveles de frustración e ira que ningún gobierno puede soportar.

TT

Queremos comenzar este año inaugurando un espacio nuevo, un canal de comunicación semanal en el que podamos encontrar algo en común: el interés compartido por los derechos, por la igualdad, por la democracia. Donde podamos recordar y recordarnos qué convicciones nos unen, qué recorridos hemos transitado de manera colectiva, qué anhelos compartimos.

En 2023 nuestra organización cumplió 20 años de trayectoria y el país cumplió cuatro décadas de democracia. Cuando creamos ELA sabíamos que teníamos algo para contribuir al debate público, que era importante sumar al conjunto de organizaciones de la sociedad civil que ya estaba aportando una mirada crítica a ese proceso de reconstrucción que siguió a la crisis del 2001. Desde ELA ofrecimos una mirada enfocada en las mujeres, en la igualdad de género, en el acceso a la justicia y con perspectiva feminista. Una mirada hacia otro mundo posible.

Desde entonces, ELA creció junto con una agenda que definimos como prioritaria. Nos nutrimos de la visión, la potencia y el liderazgo de aquellas con quienes compartimos ese camino y buscamos ser un puente entre las realidades que viven las mujeres en toda su diversidad y los espacios de poder. Apostamos a la importancia de tejer redes, impulsando la creación de conocimiento colectivo y desarrollando investigaciones que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia, que mejoren el presente y promuevan un futuro más justo e igualitario.

El resultado de las recientes elecciones nacionales fue un gran llamado de atención sobre aquellas conquistas que considerábamos logradas. Una señal de alerta sobre la insatisfacción que siente una parte importante de la población, fundamentalmente las juventudes, que no encontraron en las fuerzas políticas más tradicionales una interpelación que refleje sus intereses y preocupaciones. Se impusieron las propuestas basadas en la confrontación y la adjetivación agraviante antes que el intercambio de ideas y el debate político. Pero además, se impusieron las propuestas partidarias menos receptivas de una agenda comprometida con la igualdad de género. Perdió protagonismo político la potencia del movimiento de mujeres y sus demandas por una vida libre de violencias, reivindicativa de los avances y al mismo tiempo en lucha por una agenda de igualdad pendiente en otras dimensiones sociales y económicas.

Llevará tiempo comprender cómo pasamos de convocar la movilización de cientos de miles de mujeres en todo el país interpelando a la región de América Latina con la consigna #NiUnaMenos para denunciar los femicidios, a esta dirigencia que percibe a las políticas públicas que promueven la educación para la igualdad como amenaza. Si bien responde a un fenómeno regional y global, lo cierto es que encontró espacio en una sociedad agobiada por las crisis sucesivas y la incapacidad de distintas fuerzas políticas para comprender la dimensión de los problemas irresueltos y su impacto en las vidas cotidianas. A 40 años de la primera elección presidencial de este período democrático, la evolución en los derechos de las mujeres y su reconocimiento como derechos humanos enfrenta un momento crítico.

Un recorrido por los hitos que marcaron estos 40 años de democracia para las mujeres permite dimensionar los avances y conquistas que supimos conseguir. Un movimiento de mujeres plural, diverso, intergeneracional que construyó lazos con otros movimientos sociales fue forjando un camino que hoy podemos mirar con orgullo aunque también con enorme preocupación.

El contexto actual, con las primeras medidas que se anunciaron en los cambios en la estructura del Estado que elimina el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (creando en su lugar una subsecretaría muy recortada en sus facultades), el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (que establece restricciones en los cambios inicipientes que se habían iniciado en materia de cuidados) y el proyecto de Ley Ómnibus (que restringe, entre muchas otras innovaciones problemáticas, la comprensión sobre la violencia de género y la implementación de la paridad en la política) impone la pregunta sobre qué tan sólidos son los cimientos en los que se asientan los derechos, las políticas, los consensos que se forjaron en las calles, en las aulas, en los recintos y en la vida familiar.

Para el primer gobierno democrático elegido en 1983 el voto de las mujeres fue decisivo. Raúl Alfonsín las interpeló directamente durante la campaña electoral llamando “a las mujeres argentinas [que] sufren las consecuencias de una sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos les decimos que vamos a concretar en serio la igualdad que establece la ley y le niegan los hechos”.

El retorno de la democracia permitió al Congreso Nacional tomar varias medidas para eliminar las barreras formales que contradecían la promesa de igualdad de la Constitución Nacional. No sólo equipararon los derechos de las mujeres con respecto a la crianza de sus hijas e hijos al reformar las disposiciones del Código Civil para garantizar la patria potestad compartida. Luego de un debate participativo, esa regulación central para la vida cotidiana fue reformada nuevamente en 2015 para introducir un concepto más moderno de responsabilidad parental y el reconocimiento del aporte que implican las tareas de cuidado al bienestar de las familias.

Esos primeros años de la etapa democrática brindaron mucho más: aseguraron el andamiaje jurídico que permitió fortalecer los argumentos en los que cimentaron las conquistas que siguieron. Con la ratificación de la Convención América de Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Argentina inauguró en los primeros años del gobierno de Alfonsín una etapa de incorporación de estándares internacionales de derechos humanos. Con la reforma constitucional de 1994 los principales tratados pasaron a integrar el bloque de constitucionalidad, fortaleciendo su jerarquía jurídica. Esto puede parecer ajeno y lejano, pero la participación en los foros internacionales que ofrece el marco internacional de los derechos humanos y la práctica periódica de evaluación del país ante los comités especializados, permite un ejercicio republicano de rendición de cuentas en los que participan organizaciones sociales e instituciones de defensa de derechos humanos. Esto ha permitido en las últimas décadas avanzar en cambios regulatorios y en políticas públicas centrales como el acceso a la justicia para las mujeres que atraviesan violencia de género y el a los derechos sexuales y reproductivos. En momentos en que parece peligrar la continuidad de ciertos acuerdos sociales básicos, la mirada internacional será clave para brindar una plataforma de exigibilidad para que no haya retrocesos.

La década del noventa fue el inicio de un nuevo período marcado por las consecuencias de los cambios macroecómicos, la privatización de empresas públicas, la feminización de la pobreza, el crecimiento de la precarización laboral y el desempleo. Sin barreras formales que impidieran su acceso a los cargos públicos, el ejercicio democrático no fue suficiente para abrir los espacios de decisión a la participación sustantiva de las mujeres. En la primera conformación de la Cámara de Diputados las mujeres eran menos del 5% de sus integrantes y para el inicio de la década del noventa esa presencia había crecido apenas arriba del 6%. No parecía factible llevar al Congreso con éxito los argumentos para promover el derecho de las mujeres a ejercer su autonomía reproductiva o diseñar mecanismos efectivos para protegerse de las violencias machistas sin las voces de las mujeres ni sus experiencias enriqueciendo el debate público. Fue entonces que la sanción de la Ley de Cupo en 1991 que imponía que un 30% de las listas fueran conformadas por mujeres, transformó a la Argentina en un país pionero en la generación de medidas de acción afirmativa. Con su entrada en vigencia a partir de las elecciones de 1993 se empieza a reflejar un incipiente incremento en la cantidad de legisladoras en el ámbito parlamentario con un impacto directo en la posibilidad de avanzar en ciertas agendas.

Pasaron más de 20 años de conquistas y transformaciones sociales profundas hasta que se hizo evidente que el compromiso con una democracia de calidad exigía más: abogar por la paridad. Hacia el horizonte de la democracia paritaria se encaminaba toda la región. La paridad es el compromiso ético y político que parte de la convicción de que las mujeres deben estar presentes en los espacios de representación política porque la ausencia de mujeres en el ámbito público no solo limita su ejercicio pleno de los derechos ciudadanos sino que además restringe la calidad de la demoracia y la pluralidad de voces en el debate público.

El año 2015 trajo un nuevo punto de inflexión para la agenda de la igualdad de género. Un grito colectivo se hizo visible en el mes de mayo y se extendió desde la Ciudad de Buenos Aires, hacia todo el país y la región. Comenzó en un breve mensaje de una periodista en la red social que habitualmente las convoca luego de una sucesión de femicidios de mujeres jóvenes cuyas noticias debieron cubrir en distintos puntos del país: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales ... mujeres, todas, bah... no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO” escribió Marcela Ojeda, el 11 de mayo de 2015.

La historia que siguió es conocida. La respuesta inmediata de colegas, amigas fue potenciada por activistas con del movimiento de mujeres, referentes sociales y culturales que llevó a un proceso de verdadera construcción colectiva para hacer visible lo que hasta entonces parecía oculto: las muertes violentas de mujeres eran una realidad cotidiana que no parecía encontrar freno en las normas, políticas o planes de acción. El movimiento que se conoció bajo la consigna “Ni Una Menos” encontró en esa interpelación pública y esa convocatoria a la expresión colectiva la oportunidad de cohesionar décadas de lucha organizada de las mujeres y los feminismos.

El año 2018 dio nuevos impulsos a viejas luchas. Desde la recuperación de la democracia el reclamo por los derechos sexuales y (no) reproductivos ocuparon un lugar central para los feminismos. Fue un logro importante que en esos primeros años (1986) se derogara la prohibición de la compra y venta de anticonceptivos, estableciendo las bases para el derecho a decidir sobre la propia reproducción. La década del noventa, con acercamientos desde el Poder Ejecutivo al poder eclesiástico, no permitió avanzar en un debate más profundo sobre el rol del Estado en la promoción de una política pública más amplia sobre los derechos reproductivos. 

Años más tarde, entre los meses de marzo y agosto de 2018 se trató en el Congreso el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y trabajado de manera transversal, multipardiaria, intersectorial. Este debate articuló activsmo, academia, organizaciones sociales y comunicadoras, movilizando a millones de personas que se manifestaron en favor del derecho al aborto en diferentes puntos del país. Fue el debate más plural, más informado y profundo de la democracia en nuestro país. De todos modos, hubo que esperar dos años más para que el aborto volviera a la agenda parlamentaria hasta que finalmente en diciembre de 2020 se aprobó la Ley 27.610 de interrupción legal y voluntaria del embarazo.

La próxima conquista pendiente para los feminismos es abordar la desigual e injusta organización social del cuidado, esa causa raíz que explica muchas de las desigualdades sostenidas en distintos órdenes de la vida social, política y económica en nuestro país y en toda la región. Esta es la agenda pendiente: existe un punto clave para liberar el potencial de las mujeres, promover el desarrollo de su autonomía y mejorar la calidad de vida presente y futura y es su rol en la organización social del cuidado. Sin cuidados no hay reproducción social y hoy no se produce el cuidado sin una fuerte carga inequitativa sobre las mujeres.

Pero el contexto actual es desafiante. Se percibe un desencanto democrático de la ciudadanía frente a una clase política que muestra poca autocrítica ante los principales problemas que diagnostican pero que las gestiones de distinto signo político no han logrado superar: la pobreza, la inflación, la crisis económica, la inseguridad. Un país que tiene desde hace años más del 40% de la población sumida en la pobreza, donde 6 de cada 10 niños y adolescentes son pobres y donde tener empleo, aún empleo formal, no es suficiente para garantizar un nivel de ingresos básico. Las mujeres se ven afectadas por esa situación con mayor profundidad, como suele suceder. Están sobre-representadas entre los sectores más postergados de la sociedad, tienen más posibilidades de tener empleo informal o de tiempo parcial, generalmente están a cargo de los hogares monomarentales que, en el 50% de los casos cuando tienen derecho a una pensión de alimentos por sus hijos e hijas no logran hacer efectivo su cobro. Mujeres que viven violencia en sus parejas en una proporción que afecta a una de cada dos mujeres en el país y para quienes recurrir a la justicia suele significar someterse a un laberinto de burocracia que no necesariamente logra protegerlas de las violencias más extremas.

A lo largo de estos 40 años de democracia hemos aprendido que para la agenda de la igualdad de género las estrategias colaborativas y la articulación de esfuerzos desde distintos espacios  es indispensable.

Por eso es momento de volver a buscar aquello que tenemos en común. Aquello que compartimos. El desafío es sostener los logros, fortalecer alianzas y seguir avanzando.

Natalia Gherardi es directora ejecutiva de ELA

ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género es una organización de la sociedad civil apartidaria y feminista, creada en 2003 que trabaja para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, promoviendo los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género a través del derecho y las políticas públicas. www.ela.org.ar @EquipoELA