Lo dejó escrito y firmado el presidente Alberto Fernández en un comunicado del jueves último por la noche: “En un fallo político, de cara al año electoral”. También lo es la respuesta del Gobierno. El trasfondo de la aparente crisis institucional que desató la decisión de la Corte Suprema de ordenar el aumento de los fondos coparticipables que el Ejecutivo Nacional envía a la Ciudad de Buenos Aires para financiar la Policía porteña es netamente político y electoral.

Si bien las consecuencias son abiertamente económicas (el Estado Nacional percibirá menos fondos públicos que deberá enviar a la Ciudad), la contienda es entre contrincantes que darán la pelea por la Presidencia en 2023 y que contarán con más o menos dinero público para financiar obras en un año electoral, y así, en adelante.

elDiarioAR analizó el fallo y las posiciones de ambos Estados, consultó a constitucionalistas y buscó antecedentes de la Corte para responder algunas de las preguntas tapadas por el ruido de la pelea política. Estas son algunas de las respuestas para entender las consecuencias e implicancias de la decisión del máximo tribunal.

Mauricio Macri había asumido la Presidencia hacía apenas tres semanas cuando el 5 de enero de 2016, firmó un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para que Nación transfiera al gobierno porteño las funciones de seguridad pública en materias no federales. 

Con su aliado en la Casa Rosada, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, concretó uno de los reclamos para ampliar la autonomía de la Ciudad fijada en la Constitución de 1994. 

El convenio implicó que el Estado Nacional transfiera a la Ciudad “la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes que se encontraban afectados hasta ese momento a la prestación de dicho servicio”, incluyendo gran parte de la estructura porteña de la Policía Federal Argentina (PFA), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nació así la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de una serie de decretos, el Poder Ejecutivo Nacional también traspasó los fondos para financiar la Policía porteña: aumentó el coeficiente de coparticipación de la Ciudad en la masa de impuestos recaudados a nivel nacional y que se reparte entre Nación, las 23 provincias y el Estado porteño. 

Desde 2003, la Ciudad recibía el 1,4% de la masa de los impuestos recaudados. Macri elevó ese porcentaje a 3,75% (luego en 2017, lo reduciría, con acuerdo de la Ciudad, a 3,5%) y por decreto, estableció que la diferencia entre ese 1,4% y el 3,75% de la coparticipación que empezaría a recibir la Ciudad debía destinarse a la Policía de la Ciudad y la seguridad pública local. Es decir que la fuerza de seguridad, su implementación y todo lo relacionada a la política de seguridad se llevaba el 2,35% de la coparticipación de Argentina. 

A casi un año de la asunción de Alberto Fernández, y tras años de críticas y debates en torno a la decisión de Macri, el Presidente firmó en septiembre de 2020 un primer decreto para bajarle el porcentaje de coparticipación a la Ciudad y destinar esos fondos al aumento de salarios de los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires; y en diciembre de ese mismo año, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.606, mediante la cual lo restableció en el 1,4% de la masa de impuestos recaudados.

La ley también determinó que la Ciudad recibiría, además, “el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transf‌irió en el año 2016”, según afirmó el propio Fernández en un comunicado oficial este jueves por la noche. Ese adicional es equivalente a unos 180.000 millones de pesos, según el Presidente.

Existe una diferencia central entre el costo que calcula la Ciudad y el que realiza Nación: Larreta reclama sobre el total de fondos que destinó a la Seguridad pública, mientras que Fernández lo hace exclusivamente sobre el costo del personal policial transferido.

El decreto de Fenrández, firmado en septiembre de 2020, y la sanción de la Ley 27.606 llevaron el conflicto a la Corte Suprema.

Tras la firma del decreto de Fernández y de la sanción de la ley 27.606 en septiembre y diciembre de 2020, el Gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema una demanda por inconstitucionalidad de la normativa, alegando que “genera una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden” y vulnera su autonomía constitucional. Además, solicitó que el máximo tribunal ordene de manera cautelar la reposición de los fondos a la Ciudad. 

En su demanda, el Gobierno porteño afirmó que el decreto y la ley de 2020 lo obligaron a “reformular su presupuesto para el ejercicio 2021 a fin de incorporar una reducción de gastos por $32.193.000.000 y un incremento de recursos por $19.600.000.000”, además de “una pérdida adicional por la suma de $ 13.290.048.744”. 

La Administración de Rodríguez Larreta sostuvo que “para incrementar los recursos propios necesarios para afrontar los gastos en seguridad se resolvió el aumento del 1% en la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que alcanza al sector financiero”, y que los ciudadanos porteños pagan a través de sus gastos en tarjetas de crédito, y aseguró que debió “suspender y ralentizar obras en la red de subterráneos, el traslado de la cárcel de Devoto, la construcción de 52 kilómetros de túneles del Plan Hidráulico, la compra de 8.000 cámaras de seguridad, de 700 patrulleros y de 200 motos, entre otros gastos”. 

El Gobierno Nacional no sólo rechazó la demanda del Gobierno porteño sino que planteó ante la Corte que se condene a la Ciudad a devolver “lo percibido en exceso” mientras estuvieron vigentes los decretos firmados por Macri entre 2016 y 2018 porque se trató de “aumentos carentes de todo fundamento”, en base a “afinidad política” y sin “respaldo jurídico, presupuestario o económico”.

Además, sostuvo que la transferencia de los servicios de seguridad no federales de la Nación a la Ciudad debe hacerse junto con el traspaso de los fondos, como marca la Constitución, pero contemplando también criterios objetivos de reparto de los fondos recaudados por impuestos: que sea equitativo, solidario y dando prioridad “al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, como también marca la Carta Magna. 

En el sentido contrario a los fundamentos de la Ciudad, Nación afirmó que el Ejecutivo Nacional cuenta con facultades para dejar sin efecto los decretos firmados por Macri y que la fijación unilateral por el Estado Nacional del porcentaje de coparticipación que corresponde a la Ciudad es “una práctica constante y aceptada”. 

También adujo que los cálculos de los fondos que Nación fijó en 2020 para el financiamiento de la Policía porteña “responden a estudios y análisis previos que demuestran cuál es el costo real del servicio de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2016, debidamente actualizado”.

El máximo tribunal instó a Nación y Ciudad a llegar a un acuerdo que evitara el fallo judicial. Celebró una audiencia de conciliación en la que los ministros de la Corte participaron como árbitros. Tras uno de los encuentros celebrados en el Palacio de Justicia, ante lo que ya se vislumbraba como un fracaso en las negociaciones, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, incluso convocó de manera informar al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y a los funcionarios del Gobierno porteño que participaron de la audiencia para instarlos a llegar a un acuerdo y evitar que la Corte tuviera que intervenir en una disputa que los jueces supremos consideran política. 

La conciliación fracasó. A pesar de las divisiones que atraviesa la Corte entre sus miembros, los cuatro ministros, Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, firmaron un fallo unánime.

Resolvieron sólo sobre la medida cautelar solicitada por la Ciudad, mientras dejan pendiente el fondo de la cuestión, que terminará resolviendo la contienda de manera definitiva. 

Los jueces ordenaron que mientras llega el fallo definitivo, el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

Además, ordenaron al Estado Nacional que, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606.

El fallo resalta la autonomía de la Ciudad y la equipara como Estado frente a las provincias, algo que garantiza la Constitución de 1994, afirmó a elDiarioAR el jurista Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

De acuerdo al fallo del miércoles último, las autoridades nacionales nunca terminaron de hacer efectiva esa autonomía. Rosatti y Maqueda fueron constituyentes de la reforma de la Carta Magna en 1994 y han fijado el criterio de la autonomía de los gobiernos locales en fallos y escritos. “”La Ciudad de Buenos Aires, por consiguiente, se ve en la actualidad impedida de ocupar el puesto que le corresponde en el federalismo organizado por la Constitución“, sostiene el fallo.

Sobre la necesidad de hacer lugar a la medida cautelar, la Corte aseguró que buscó “atenuar, durante el curso del proceso, la alteración que causan las normas impugnadas en el normal desempeño presupuestario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por consiguiente, en la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población”.

Además, resaltó que de acuerdo a las distintas normas que rigen la coparticipación, la transferencia de competencias y sus implicancias “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, algo que se cumplió durante el gobierno de Macri pero que el decretó de Fernández no contempló, ya que fue una decisión unilateral.

Según la Corte, no. “Los recursos de las provincias y sus competencias propias no se ven en absoluto involucrados, pues la cuota de la Ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipados de la Nación”, asegura el fallo. Perjudica entonces a Nación, ya que antes de que la Ciudad sea autónoma dependía de Nación y recibía fondos de la coparticipación que le quedaba al Estado Nacional. De hecho, la Ciudad podrá solicitar que se le reintegren los fondos no percibidos entre 2021 y 2022, es decir, de forma retroactiva, cuando el fallo central le termine dando la razón, como todo indica en base al primer fallo del caso firmado el miércoles último.

“Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, respondió el presidente Fernández en el comunicado del jueves por la noche, que firmó junto a 14 gobernadores oficialistas y aliados. Lo dijo en referencia a los fondos nacionales que el Ejecutivo destina a financiar obras públicas en las provincias, por fuera del porcentaje de coparticipación que las provincias reciben. 

Si, varios. La Corte ha fallado en distintos precedentes sobre otras provincias que reclamaron contra Nación por la quita de recursos coparticipables, como Córdoba y Santa Fe (fallos que esperaban también Río Negro y Neuquén), además de San Luis. Los gobernadores Juan Schiaretti, Omar Perotti, Arabela Carreras y Omar Gutierrez no integraron la lista de mandatarios provinciales que acompañaron el reclamo de Fernández, aunque sí lo hizo Alberto Rodríguez Saá. 

“Sí, se puede recusar a los jueces de la Corte. Luego, los jueces de la Corte deciden si aceptan o no apartarse de la causa”, respondió Gil Domínguez. 

La constitucionalista Adelina Loiano, coordinadora de la Especialización en Derecho Constitucional en la UBA, sostuvo, en cambio, que la recusación está fuera de término, ya que debía realizarse al inicio de la causa, no al final, tras el fallo adverso. 

La excepción podría basarse en argumentos nuevos que demuestren la parcialidad de los magistrados a favor de la Ciudad.

“Si los ministros de la Corte aceptan la recusación, se sortean cinco jueces entre los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones del país, quienes pasarían a decidir sobre el recurso”, explicó Gil Domínguez. 

Si bien hay antecedentes de excusaciones de jueces de la Corte en casos determinados, como en la demanda contra Farmacity, lo más probable es que los ministros rechacen esta recusación, aseguró el jurista, con amplia experiencia en litigios ante el máximo tribunal. 

Luego de rechazar la recusación, los jueces estarán en condiciones de decidir sobre el recurso de reposición in extremis“, estimó Gil Domínguez, con amplia experiencia en litigios ante la Corte. 

Loiano asegura que no, que el fallo de la Corte es la palabra final del Poder Judicial. Gil Domínguez, en cambio, explicó que el recurso al que recurrirá el Gobierno Nacional, denominado “reposición in extremis” fue establecido por la propia Corte en su jurisprudencia para habilitar una etapa excepcional de revisión de sus decisiones en casos muy particulares. 

“Los fallos de la Corte Suprema se cumplen -aclaró Gil Domínguez-. Ante un fallo del máximo tribunal, es procesalmente posible interponer un recurso de reposición in extremis, que es la herramienta jurídica mediante la cual el Gobierno Nacional deberá argumentar por qué considera que el fallo es irracional”, 

En junio último, la Corte determinó en un caso que “los fallos y resoluciones de la Corte no son, salvo casos excepcionalísimos, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocatoria” y que  el recurso de reparación in extremis se puede presentar sólo cuando el fallo implica “supuestos de error esencial -material-, en los que se hace ostensible el riesgo de consumar una injusticia notoria”. Ahora bien, el criterio sobre si la situación cuestionada es o no una injusticia notoria lo fijan los propios jueces de la Corte.

La Corte trasladará el recurso al gobierno de la Ciudad para que le responda a Nación. “Si la Corte rechaza el recurso -el escenario más probable-, el fallo del miércoles quedará firme y deberá cumplirse”, aseguró Gil Domínguez.

Una vez firme, el Gobierno Nacional deberá transferir el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a la Ciudad hasta que la Corte trate el fondo de la cuestión y determine un nuevo porcentaje.

Si, aunque ninguno lo anunció públicamente con la impronta que le dio Fernández. Por ejemplo, en 2019, la Corte ordenó al gobierno de Macri que le devuelva a la provincia de San Luis 15.000 millones de pesos de coparticipación. Fue luego de que el Ejecutivo desoyera un fallo anterior del máximo tribunal de finales de 2015, como informó en su momento Página/12.

Entonces, en 2015, la Corte había declarado inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que Nación le quitaba a las provincias para financiar la ANSeS desde 1992. El fallo le dio la razón a Santa Fe, San Luis y Córdoba, que reclamaban la restitución de los fondos e instó a las partes a llegar a un acuerdo para cumplir la orden. Pero pasaron tres años y la única provincia que llegó a un acuerdo fue Córdoba. Ante los reclamos del resto, debieron ordenar a Macri que cumpla la sentencia.

Otro antecedente de un mandatario, esta vez provincial, que desobedeció a la Corte sin consecuencias es el Néstor Kirchner, quien como gobernador de Santa Cruz removió a Eduardo Sosa, entonces procurador general de la provincia, en 1995. A pesar de cuatro órdenes del máximo tribunal del país, Sosa nunca pudo volver a ocupar su cargo.

No tiene plazos. Todo indica que los jueces buscarán bajar la tensión política desatada por el fallo del miércoles. Ante la consulta de elDiarioAR, una fuente con acceso directo a los ministros del máximo tribunal aseguró que no se habilitaría la feria para tratar las eventuales presentaciones de la Ciudad -que acudirá a la Corte nuevamente para exigir que Nación cumpla con la medida cautelar- ni el recurso del Gobierno Nacional, que hasta el cierre de esta nota no había sido presentado. 

ED

En San Carlos de Bariloche, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, condenó el ataque contra gendarmes en la zona de Villa Mascardi y requirió una presencia muy clara del Estado Nacional en la zona. Remarcó que quienes perpetraron este ataque no reconocen al Estado Nacional, y que este hecho “no puede pasar inadvertido”.

Durante la apertura de una nueva sesión del Parlamento Patagónico, la mandataria rionegrina sostuvo que “hoy tenemos un problema de violencia en algunas regiones, en particular en Villa Mascardi, con un grupo de inadaptados que toma sus banderas como excusa para ejercer violencia contra nuestra población. Esto es inaceptable”.

Ante esta situación, Carreras sostuvo que “necesitamos para eso una presencia muy clara del Estado Nacional”. La Gobernadora se refirió así a los nuevos hechos de violencia ocurridos en la zona de Villa Mascardi, esta vez contra de Gendarmería, quienes fueron agredidos a pedradas e incluso disparos por desconocidos, quienes luego incendiaron un puesto de vigilancia montado en un predio de la finca Los Radales, que había sido incendiado hace unos meses. 

“Esto significa que el Estado Nacional en su presencia territorial en la Patagonia ha sido agredido. Si se desconoce al Estado Nacional y su autoridad se puede desconocer todo. Entonces, ¿de quién es la Patagonia? Porque Mascardi es uno de los mejores ejemplos de territorio patagónico, extenso, montañoso, con bosques, con pobladores aislados. Eso es lo que es la Patagonia”, sostuvo Carreras.

“No puede hacer que aceptemos que los gendarmes, que son trabajadores que defienden nuestra frontera y nuestra patria, sean agredidos y esto pase inadvertido por todos nosotros y las autoridades nacionales”, aseveró Carreras.

La gobernadora sostuvo finalmente que “quiero reconocer el trabajo que hace la gendarmería en Río Negro y toda la Patagonia, y solidarizarme ante la agresión que sufrieron en la noche del domingo, incluso con armas de fuego”.

DA

La jueza federal Silvina Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche, en conjunto con la fiscal federal interina, Cándida Etchepare, investigan por estas horas el ataque incendiario a la casilla de Gendarmería Nacional que se produjo la noche del domingo en un predio de Villa Mascardi, por parte de un grupo de personas encapuchadas que aún no fue indentificado.

“Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo”, dijo Luis Dates, dueño del predio de la cabaña Los Radales en Villa Mascardi, quien contó al diario Río Negro que no estaba en el lugar al momento del incendio.

El lugar, cerca de la lof mapuche Lafken Winkul Mapu, contaba con antecedentes de otros dos ataques. Dates agregó que el nuevo ataque fue perpetrado por un “grupo más numeroso que otras veces”. Según su declaración, los agresores encapuchados “quemaron un puesto de Gendarmería que habían puesto para el resguardo de la propiedad y de los vecinos que viven en la zona”.

Esta casilla con los uniformados fue colocada en el predio hace dos semanas, a unos 50 metros de distancia de la ruta nacional 40. Desde ese entonces, había en ese lugar una guardia permanente de agentes federales. Durante los hechos, se encontraban cinco uniformados en el puesto móvil, que fueron abordados con piedras, palos y aparentes disparos, de acuerdo a lo que afirmaron habitantes de la zona.

Los conflictos entre vecinos y grupos mapuches se volvieron recurrentes en los alrededores de Villa Mascardi. En la actualidad, existe una tensa relación entre los habitantes de la zona a partir del 2017 con el asentamiento de la autodenominada lof Lafken Winkul Mapu, zona la cual reclaman como “ancestral” de su comunidad.

El último incendio que sufrió Dates en su propiedad fue en agosto y provocó la reacción del Gobierno de Río Negro. La gobernadora Arabela Carreras requirió la custodia de las fuerzas federales al Ministerio de Seguridad Nacional, que encabeza Aníbal Fernández. Sin embargo, incluso con los antecedentes de otros ataques similares en el pasado y en otras áreas, desde la Nación se impuso la negativa a enviar efectivos.

Por otro lado, en el ámbito judicial, la gobernadora Carreras instó a la Fiscalía de Estado de Río Negro a presentar una denuncia ante el fuero Federal de Bariloche para que se investigue la posible existencia de una organización criminal que atenta contra la propiedad. En este caso, debido a que está involucrada una fuerza de alcance nacional como Gendarmería, intervino la Justicia Federal.

El otro ataque

Un matrimonio que se encontraba en su cabaña en el paraje Los Repollos, a pocos kilómetros de El Bolsón, fue atacado brutalmente a mediados de julio del 2022. No solo fueron robados, sino que dos hombres intentaron prender fuego al dueño del lugar, quien luego tuvo que ser internado con quemaduras en el 20% de su cuerpo.

“Lo mío acá terminó. Ayer se cerró un capítulo para mí. Cuando me den el alta, agarro mi riñonera con los documentos, el mate, mis perros y me vuelvo a Buenos Aires”, dijo en ese entonces Pablo Conti, tras el ataque que fue atribuido a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

LC con información de agencia NA

Esta nota fue modificada el martes 27 de septiembre a las 7.52.

La justicia autorizó el rescate del sanitarista Jorge Rachid, quien participaba de una marcha en reclamo por la “soberanía de Lago Escondido” que se inició el pasado viernes 4 febrero. Ese contingente, de unas veinte personas, cubría el recorrido por un complejo sendero de montaña, único paso habilitado por la estancia Hidden Lake del magnate inglés Joe Lewis para alcanzar el espejo de agua y que demanda entre dos y tres días de caminata. Según denunciaron los organizadores de la movilización, el grupo fue interceptado por entre 40 y 50 personas a caballo y “presumiblemente armadas”, quienes los hostigaron e impidieron continuar con la marcha.

La marcha acampó a la espera de poder continuar camino o bien poder replegarse. El abogado de la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA), organizadora de la llamada “Marcha por la soberanía del Lago Escondido”, Sergio Cuestas, aseguró que los empleados y personeros de Lewis “bloquearon el acceso sobre la servidumbre pública que la propia empresa Hidden Lake construyó para intentar impedir que se habilitar el camino Tacuifí, lo hicieron en territorio provincial, no en sus tierras y además de eso nos amenazaron con hundirnos en el lago o comerse en la parrilla a los que integraban la columna, visitarnos a la noche para que no nos olvidáramos que no había que volver”.

Ante esta situación, los abogados de FIPCA presentaron un pedido de hábeas corpus ante el Juez de Garantías Juan Pablo Laurence, solicitando se brinde seguridad al grupo que quedó aislado y sin comunicación en la zona montañosa. El médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid se encontraba entre los movilizados y su esposa, Gabriela Dueñas, solicitó en las últimas horas que se dispusiera de medios aéreos -un helicóptero- para su rescate, ya que, fue “especialmente hostigado” y “se descompensó”.

Laurence rechazó el hábeas corpus. En su escrito, el juez se refirió puntualmente al estado de salud de uno de los manifestantes que se mencionó en la presentación, por lo cual ordenó dar inmediato conocimiento de la situación a “la Patrulla de Montaña y/o las fuerzas policiales a través de la Regional Tercera local, para que evalúen la situación del mismo y -de corresponder- materialicen la evacuación y el acompañamiento del señor J.R. para su atención médica en El Bolsón”, tal como lo dictaminó la fiscalía.

Asimismo el juez ordenó notificar a la Regional Tercera de Policía -y por su intermedio a las autoridades que correspondan- “para que garantice la seguridad e integridad física del contingente que se encuentra en la cabecera sur del lago”.

Rachid fue rescatado horas más tarde por un helicóptero. Se encuentra en Bariloche, adonde arribó trasladado por una aeronave privada, conseguida por el Grupo de Abogados Solidarios y la FIPCA, organizadora de la marcha.

Hostigamiento

A través de un video, el abogado Cuestas dijo en las últimas horas que “a las 15.30 del domingo cuando llegamos a la cabecera oeste del lago, un grupo de 50 personas nos impidieron acceder a la costa, nos amenazaron, pincharon uno de los kayak y tuvimos que retroceder, la Policía nos dejó solos toda la noche y no conseguimos ningún medio para volver y comunicar lo que estaba sucediendo”.

La Policía de Río Negro rechazó que el personal afectado a la seguridad del grupo, apenas dos uniformados, hubiesen dejado su responsabilidad, tal como denunció Julio César Urien, titular de FIPCA, en diálogo con ElDiarioAR.

Según los organizadores, entre las personas que, a caballo, impidieron el paso de la columna pudo ser identificado Nicolás Van Ditmar, administrador de la estancia de Lewis, y quien en 2011 dijo que defendería el cierre del acceso al lago “con el winchester en la cintura”.

 Mientras tanto, una segunda manifestación aguarda que la Justicia garantice la seguridad correspondiente para iniciar una marcha por el camino Tacuifí. Ese sendero nace en el paraje El Foyel -a unos 75 kilómetros al sur de Bariloche- y es la vía más corta y sencilla de transitar hasta la costa del lago Escondido.

Se trata del camino que, en el 2009, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro obligó a la empresa Hidden Lake y al Estado provincial a abrir y acondicionar para garantizar el derecho de acceso a los espejos de agua. Desde entonces, los sucesivos gobiernos rionegrinos hicieron oídos sordos a la orden judicial, y la empresa del magnate Lewis consiguió que vecinos y terratenientes de la zona por donde pasa el camino lo cerraran con tranqueras, portones y alambres de púa.

El contingente de manifestantes evitó acercarse hasta el inicio del camino Tacuifí “para evitar ser agredido por los patrones de estancia del lugar”, dijo a ElDiarioAR Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto Nacional de ATE y Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro. El grupo, de hecho, se manifestó por la ruta 40 sur a la altura del puesto Villegas de Gendarmería, a unos 20 kilómetros del lugar.

Para Aguiar “creció muchísimo el nivel de conciencia de la sociedad en relación a la presencia de Lewis en la zona, el cierre del acceso al lago, y lo que eso significa en una provincia con 70 mil familias con problemas de acceso a la tierra y la vivienda”.

“Cuestión ideológica”

Por su parte, desde Madrid la Gobernadora de Río Negro Arabela Carreras descalificó como “ideológica” la marcha. Aseguró a Radio Nacional que “los pobladores de la zona de Lago Escondido ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica”. Carreras participa de la comitiva que acompaña al Presidente Alberto Fernández en su gira por Rusia, China y Barbados. En la escala realizada en la capital española, la mandataria admitió desconocer los detalles de lo ocurrido, pero interpretó que “no debe ser distinto a lo que ocurre todos los años cuando pobladores que viven en la zona ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica que se manifiesta”.

En relación a los hechos ocurridos el domingo en el sendero de montaña, integrantes del Grupo de Abogados Solidarios presentaron ante la justicia federal de Bariloche una denuncia por “privación ilegal de la libertad; actos de piratería; sedición atentados contra la soberanía nacional”.

Según relata el texto de la denuncia “el 6 de febrero de 2022, la movilización arribó a la cabecera Norte del que denominaron ”Lago Soberanía“ y conforme informaciones propaladas por distintos medios de comunicación, el contingente fue interceptado, hostigado y privados de su libertad por aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás Van Ditmar; situación que obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera sur del lago, donde pasaron la noche en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas”.

SR

Este texto fue actualizado a las 17:00 del martes 8 de febrero

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la CEO de Fortescue Future Industries, Julie Shuttleworth, y el director ejecutivo para América Latina, Agustín Pichot, presentaron hoy en Viedma los lineamientos principales para la producción de hidrógeno verde en Rio Negro.

La empresa australiana Fortescue anunció una inversión en el país por US$ 8.400 millones para producir hidrógeno verde en una planta emplazada en la localidad rionegrina de Sierra Grande, que en una primera etapa productiva alcanzará -hacia 2028- una capacidad que duplicará lo asignado por el Plan Renovar, que se puso en marcha en julio de 2016.

El proyecto va a generar por lo menos 15.000 puestos de trabajo directos y entre 40.000 y 50.000 empleos indirectos, según se informó.

“Estamos en la presencia de un proyecto tan trascendente para Río Negro, como para todo el país”, dijo Kulfas durante la conferencia de prensa realizada esta mañana en la Casa de Gobierno rionegrina.

El Ministro expresó mucho entusiasmo “porque estamos viendo que las conversaciones que tuvimos hace un año van dando resultados muy concretos, y se va avanzando positivamente”.

En este sentido, adelantó que está listo el convenio que pondrá en marcha la zona franca en el área de Sierra Grande. “Seguramente en los próximos días haremos una convocatoria para realizar la firma y avanzar con ese punto”, aseguró.

“Este es un punto importante para este proyecto, en esa zona estará emplazada la futura planta productiva”, remarcó Kulfas, y agregó: “esperamos también un gran polo productivo vinculado con proveedores y otros sectores que van a darle un fuerte impulso industrial a la zona”.

“Vimos con mucho agrado el plan estratégico presentado, donde aparte hay una muy buena vinculación con todo lo que es el sector científico-tecnológico que tiene la provincia, estamos convencidos de que es un gran proyecto para Río Negro y la Argentina”, señaló el Ministro.

“Y también la posibilidad de generar dos cosas fundamentales, una producción con muchísimos puestos de trabajo y exportaciones, pero también lo que solemos mencionar, un aporte muy positivo para la humanidad en generar los combustibles del futuro”, completó.

Por su parte la CEO de Fortescue Future Industries, Julie Shuttleworth, agradeció a los presentes y dijo que “este es un proyecto muy importante para nosotros, el planeta se está calentando y hay que hacer cambios y esto es la manera de avanzar para un mejor futuro”.

“La compañía está enfocada en la producción de las energías verdes y mejorar la calidad de vida en el futuro para el planeta”.

“El hidrógeno verde es la solución a los problemas que traen los combustibles convencionales, y lo más importante es que se puede producir en lugares donde no hay combustibles fósiles y se hace con recursos naturales”, explicó.

La CEO de la empresa australiana sostuvo que “esta energía se produce con factores naturales como el viento, y este es un lugar perfecto para esto”.

“Es muy importante que la sociedad esté informada en todos los procesos, incluirlos y que estén capacitados para entender cómo es y cómo ayuda a la sociedad nacional y global”, afirmó.

Por último, agradeció el apoyo de los gobiernos nacional y provincial y señaló que “esta es una manera eficiente de avanzar con este proyecto y en unos meses veremos los avances”.

En tanto la gobernadora Arabela Carreras señaló: “estamos en un momento muy importante, hemos logrado después de más de un año de trabajo en conjunto con Nación y la empresa, un avance que nos permite anunciar las inversiones de la empresa en nuestra provincia”.

“Esta inversión tiene que servir para el desarrollo local, para generar una nueva cadena productiva para contribuir a la soberanía tecnológica de nuestro país y de nuestra provincia”, remarcó la mandataria de Rio Negro.

En este sentido, Carreras adelantó el proyecto de formación con la creación del programa denominado ´Trabajo más Futuro´, “que va a depender del futuro Ministerio de Trabajo de la provincia”, precisó.

“Este programa se dedicará a dos aspectos; por un lado, formar a nuestra población de todas las regiones de la provincia en función de los puestos de trabajos ofrecidos, y darle prioridad a nuestra fuerza laboral”, indicó

“Y por el otro lado en el nuevo Ministerio de Trabajo se producirá la intermediación laboral con la empresa para poder priorizar la mano de obra local”, agregó Carreras.

Luego del encuentro las autoridades nacionales, provinciales y de la compañía se trasladaran a Punta Colorada, sitio con características adecuadas para el emplazamiento de la planta productiva, y realizarán un vuelo de reconocimiento en helicóptero sobre áreas de la región con alto potencial para la instalación de los parques eólicos requeridos para la producción del hidrógeno verde.

Mañana, en San Carlos de Bariloche, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la empresa realizarán visitas a instituciones reconocidas en la producción de conocimiento y tecnologías asociadas al hidrógeno.

En primer lugar visitarán el Centro Atómico Bariloche (CAB), una de las principales sedes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), pionera en la investigación de temáticas asociadas al hidrógeno.

Luego recorrerán la empresa Invap, reconocida por sus significativas capacidades para el diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos que podrían aprovecharse en los proyectos, según se informó.

NB con información de agencia Télam.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, destacó hoy la inversión de US$ 8.400 millones que la compañía australiana Fortescue realizará para comenzar a producir hidrógeno verde en la zona de Sierra Grande y dijo que esto permitirá “diversificar la matriz económica, generar ingreso genuinos y cambiar el escenario económico en la provincia”.

“Este anuncio no solamente es para Río Negro y el país, sino para el mundo, porque estamos hablando de una agenda en la cual ésta provincia y la Argentina tendrán un papel muy importante”, dijo la gobernadora en declaraciones a Télam Radio tras el anuncio hecho por la empresa Fortescue al presidente Alberto Fernández, en Glasgow, Escocia.

Carreras señaló que la concreción de este proyecto “va a convertir a Río Negro en una provincia exportadora que tendrá un fuerte impacto ante la preocupación vinculada al calentamiento global” que permitirá “reemplazar otras energías que generan gases de efecto invernadero”.

“Estamos ante un proyecto que tiene plazos de cumplimiento bastante cercanos. En ocho años se desarrollarán estas inversiones que permitirán diversificar la matriz económica, generar ingreso genuinos, cambiar no sólo el territorio provincial y el escenario económico con mayores oportunidades para la gente, sino que también para el país”, apuntó.

La gobernadora destacó que Río Negro logró volcar a su favor la decisión de la empresa australiana “por el el caudal enorme de conocimiento instalado en la provincia, científico y tecnológico de larga tradición en distintos temas”, sumado a las condiciones naturales que favorecen el desarrollo de energías renovables y la salida al mar mediante un puerto de aguas profundas a construir.

La mandataria provincial explicó que la decisión de Fortescue de llevar adelante la inversión en Río Negro se dio tras una compulsa en la que participaron 130 proyectos.

En ese marco, Carreras manifestó su agradecimiento al trabajo llevado adelante por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el “compromiso del presidente Alberto Fernández”. En ese sentido destacó que “la visión del Gobierno nacional fue estratégica: orientó la agenda de gobierno con la nueva agenda en materia energética que está demandando el mundo, por eso en este tiempo Argentina va tener un papel determinante y muy positivo a la hora de mejorar las condiciones de vida”.

En el mismo sentido, el actual ministro de Justicia, el rionegrino Martín Soria, expresó esta tarde que “gracias al trabajo del Gobierno nacional, la provincia de Río Negro recibirá la inversión internacional más importante que se haya hecho en el país en los últimos 20 años: 8.400 millones de dólares, que crearán 15.000 puestos de empleo directo para generar hidrógeno verde”.

A través de su cuenta en Twitter, Soria aseguró que “esta histórica inversión es el fruto del trabajo de un Gobierno comprometido con impulsar el empleo de calidad, con potenciar las energías renovables y con generar nuevas fuentes de divisas que permitan equilibrar nuestra economía, con una mirada federal”.

Según se informó, el convenio firmado hoy proyecta la construcción de una planta generadora de 650 MW en una primera etapa, ampliable a 8 GW en fases posteriores. Incluye además la creación de un parque eólico que genere energías renovables para alimentar la planta, y, por otro lado, la construcción de un nuevo puerto en la zona de Punta Colorada, de vital relevancia para el desarrollo de la iniciativa. Según se adelantó, en la próxima semana comenzarán con los diferentes estudios de pre factibilidad técnica.

CB con información de Télam

El presidente Alberto Fernández se comunicó con la gobernadora Arabela Carreras y en lo que fue definido como “una amable conversación” hablaron del grave conflicto de los ataques incendiarios en la zona andina de la provincia, según difundió la tarde de este sábado el gobierno rionegrino. 

“El presidente condenó los hechos de violencia y me expresó su voluntad de colaborar para resolución de estos conflictos”, dijo Carreras en Twitter.

Según el comunicado “dialogaron sobre los distintos análisis de la realidad actual en la región y coincidieron en la necesidad y real posibilidad de trabajo en conjunto entre la Provincia y la Nación”.

“La mandataria rionegrina agradeció la presencia de Gendarmería Nacional en la región y el apoyo que se le está brindando a la fiscal federal para la investigación de los ataques perpetrados en El Bolsón y San Carlos de Bariloche”, se informó en referencia a la decisión de la Procuración de armar un equipo para abordar la investigación “por terrorismo” que tiene al gobierno rionegrino como denunciante.

El comunicado añade que “Fernández y Carreras destacaron el buen diálogo que siempre ha caracterizado al gobierno que él encabeza para con la provincia de Río Negro, al tiempo que ratificaron la voluntad de seguir trabajando en conjunto”.

Carreras consideró este sábado que hay algunos funcionarios nacionales que han sido cómplices de hechos de violencia ocurridos en la provincia y dijo que era positivo que hayan llegado fuerzas nacionales a la zona, después de que esta semana se registrara un ataque contra el club Andino Piltriquitrón en el marco de un conflicto territorial con la comunidad mapuche.

Ha habido una “gran complicidad por parte de algunos funcionarios que instigan estos hechos de violencia”, señaló la gobernadora en declaraciones a radio Mitre, en referencia a incidentes ocurridos en otros momentos en la provincia, por los que apuntó contra la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Madgalena Odarda, y su vicepresidente, Luis Pilquimán. “También porque buscan objetivos políticos que perjudican al normal funcionamiento de las instituciones, hay un sostenimiento económico de estos grupos porque lo observamos en el traslado de personas”, aseguró.

Consideró que “hay que entender la envergadura del problema” y dijo que durante muchos años hubo “casos aislados que ocurrían en parques y rutas nacionales, donde el accionar del Gobierno siempre fue extremo, de reprimir a no hacer nada”. 

Este viernes llegaron a la provincia las fuerzas federales para reforzar la seguridad, un pedido que había hecho Carreras al gobierno nacional. “Estamos pidiendo nuevamente de manera formal el refuerzo de fuerzas federales en la zona, para que actúen principalmente en el control de las rutas nacionales”, manifestó el miércoles la mandataria. “No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde”, apuntó.

El presidente Alberto Fernández le contestó a la gobernadora con una carta, en la que consideró que no es función del Gobierno nacional “reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”, donde existe un conflicto con integrantes de comunidades mapuches que intentan avanzar sobre territorios fiscales y privados, y a quienes se les adjudican una serie de atentados.

La gobernadora consideró hoy positivo el envío de las fuerzas. “Es positivo que, más allá del tono de la carta, se haya concretado el envío de fuerzas, porque son delitos y que exceden los límites de la jurisdicción de Río Negro”, señaló a radio Mitre. Carreras pidió además “un accionar conjunto”. “El Gobierno nacional cuenta con los servicio de inteligencia, lo cual no cuenta la provincia. Siempre que ha tenido que actuar la policía local lo ha hecho como corresponde”, indicó.

“El problema es serio, no estamos pidiendo violencia, pero sí pedimos un Estado nacional presente, al igual que el jurisdiccional. Creo que la justicia federal tendrá una actitud diferente a la que ha tenido. Ahora hay una jueza subrogante nueva que tengo la expectativa de que se comprometa con la situación”, señaló.

En la madrugada del martes se registró un ataque incendiario en El Bolsón, donde ardió el Club Andino Piltriquitrón, en pleno centro de la localidad. Se trata del tercer ataque de este tipo en las últimas semanas: el 4 de octubre pasado fueron quemados un Centro de Informes Turísticos por inaugurarse en la misma ciudad y un galpón de Vialidad Nacional con maquinaria para el mantenimiento del camino al Cerro Catedral, en Bariloche.

Los tres incendios estuvieron precedidos por el desalojo -no consumado completamente- y posterior establecimiento de un cerco en torno a la lof Quemquemtrew, que en la zona de Cuesta del Ternero -a pocos kilómetros de El Bolsón-, anunció la “recuperación” de territorios ancestrales de la comunidad mapuche.

CB/CRM

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, consideró hoy que hay algunos funcionarios nacionales que han sido cómplices de hechos de violencia ocurridos en la provincia y dijo que era positivo que hayan llegado fuerzas nacionales a la zona, después de que esta semana se registrara un ataque contra el club Andino Piltriquitrón en el marco de un conflicto territorial con la comunidad mapuche.

Ha habido una “gran complicidad por parte de algunos funcionarios que instigan estos hechos de violencia”, señaló la gobernadora en declaraciones a radio Mitre, en referencia a incidentes ocurridos en otros momentos en la provincia, por los que apuntó contra la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Madgalena Odarda, y su vicepresidente, Luis Pilquimán. “También porque buscan objetivos políticos que perjudican al normal funcionamiento de las instituciones, hay un sostenimiento económico de estos grupos porque lo observamos en el traslado de personas”, aseguró.

Consideró que “hay que entender la envergadura del problema” y dijo que durante muchos años hubo “casos aislados que ocurrían en parques y rutas nacionales, donde el accionar del Gobierno siempre fue extremo, de reprimir a no hacer nada”. 

Este viernes llegaron a la provincia las fuerzas federales para reforzar la seguridad, un pedido que había hecho Carreras al gobierno nacional. “Estamos pidiendo nuevamente de manera formal el refuerzo de fuerzas federales en la zona, para que actúen principalmente en el control de las rutas nacionales”, manifestó el miércoles la mandataria. “No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde”, apuntó.

El presidente Alberto Fernández le contestó a la gobernadora con una carta, en la que consideró que no es función del Gobierno nacional “reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”, donde existe un conflicto con integrantes de comunidades mapuches que intentan avanzar sobre territorios fiscales y privados, y a quienes se les adjudican una serie de atentados.

La gobernadora consideró hoy positivo el envío de las fuerzas. “Es positivo que, más allá del tono de la carta, se haya concretado el envío de fuerzas, porque son delitos y que exceden los límites de la jurisdicción de Río Negro”, señaló a radio Mitre. Carreras pidió además “un accionar conjunto”. “El Gobierno nacional cuenta con los servicio de inteligencia, lo cual no cuenta la provincia. Siempre que ha tenido que actuar la policía local lo ha hecho como corresponde”, indicó.

“El problema es serio, no estamos pidiendo violencia, pero sí pedimos un Estado nacional presente, al igual que el jurisdiccional. Creo que la justicia federal tendrá una actitud diferente a la que ha tenido. Ahora hay una jueza subrogante nueva que tengo la expectativa de que se comprometa con la situación”, señaló.

En la madrugada del martes se registró un ataque incendiario en El Bolsón, donde ardió el Club Andino Piltriquitrón, en pleno centro de la localidad. Se trata del tercer ataque de este tipo en las últimas semanas: el 4 de octubre pasado fueron quemados un Centro de Informes Turísticos por inaugurarse en la misma ciudad y un galpón de Vialidad Nacional con maquinaria para el mantenimiento del camino al Cerro Catedral, en Bariloche.

Los tres incendios estuvieron precedidos por el desalojo -no consumado completamente- y posterior establecimiento de un cerco en torno a la lof Quemquemtrew, que en la zona de Cuesta del Ternero -a pocos kilómetros de El Bolsón-, anunció la “recuperación” de territorios ancestrales de la comunidad mapuche.

CB

Después de las declaraciones cruzadas entre el Presidente, el Ministro de Seguridad, las autoridades patagónicas, miembros del oficialismo y de la oposición en torno a la obligación o no del Ejecutivo de enviar fuerzas federales a la provincia de Río Negro para reforzar el patrullaje en la zona tras una serie de atentados atribuidos a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el marco de su histórico reclamo de tierras que, aseguran, les pertenecen, en las últimas horas arribaron 80 gendarmes provenientes de La Pampa, que ya se encuentran en la región andina y patrullan los alrededores de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Los primeros 40 refuerzos habían arribado este jueves por la mañana al Escuadrón 35 de El Bolsón, pero en las últimas horas se han detectado más camionetas de la fuerza federal, informa el diario local Río Negro. Los otros 40 gendarmes desembarcaron en el Escuadrón 34 de Bariloche.

De acuerdo a fuentes del Ministerio de Seguridad de Nación, en total se enviaron 90 gendarmes de la Unidad Móvil 4 de General Acha, La Pampa. En tanto, 30 gendarmes con asiento en Río Negro y Chubut controlan las rutas, mientras que 20 efectivos de la Policía Federal y 20 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria “están a disposición de la Justicia para lo que se disponga”.

En las últimas horas, la gobernadora Arabela Carreras viajó a Bariloche para monitorear la situación en la región andina de la provincia y la puesta en funcionamiento de los refuerzos de las tropas federales. Fuentes allegadas al gobierno provincial advirtieron que, por el momento, no recibieron ninguna comunicación oficial con el detalle de los refuerzos ni a qué zonas estarán destinados, según publica la periodista Lorena Roncarolo para el diario Río Negro.

En las últimas horas, la relación entre la gobernadora Arabela Carreras y el Estado Nacional se tensó, tras el reclamo de la mandataria provincial por más fuerzas de seguridad tras el ataque incendiario al Club Andino Piltriquitrón, de la zona de El Bolsón, el último miércoles, atribuido a grupos radicalizados de la comunidad mapuche.

El primero en responder fue el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que manifestó que el envío se concretaría por “una cuestión solidaria”, ya que “no es obligación del estado nacional”. Pero después, a través de una carta dirigida a Carreras, el presidente Alberto Fernández anunciaba el envío de gendarmes a la zona de conflicto, aunque le aconsejaba a la mandataria la creación de una fuerza especial y reiteraba que no era “obligación” de su Gobierno reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región“.

La carta de Fernández generó la reacción de la oposición, que coincidió en criticar la postura presidencial y del titular de la cartera de Seguridad. Y no solo cosechó la reprobación de referentes de la vereda de enfrente, sino que el mismo ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró este viernes que los ataques en el sur del país son actos “de terrorismo” y que el Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para frenar la ola de violencia.

“Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro. Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera que dudarlo”, aseguró el funcionario bonaerense en diálogo con el periodista Tomás Méndez en radio Del Plata.

Últimos capítulos del conflicto

La región está sacudida por un conflicto con integrantes de comunidades mapuches que intentan avanzar sobre territorios fiscales y privados, que tensó la relación entre la gobernadora Carreras y el Ejecutivo nacional.

En ese marco, se produjeron los atentados que se le adjudican a sectores que se atribuyen la representación de la comunidad mapuche. Al incendio intencional que consumió el edificio del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón en la madrugada del miércoles, hay que sumarle que, a principios de octubre, hubo un ataque en el centro de informes turísticos y de las instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, y otros atentados registrados en años anteriores, como el incendio al refugio Neumeyer del Challhuaco, en 2014, y el refugio San Martín (conocido como Jakob), en 2017“.

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández respondió este jueves mediante una carta a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por su pedido y “exigencia” de refuerzos de fuerzas federales ante los atentados que sufrió la provincia patagónica en los últimos tiempos.

El mandatario, tras confirmar que dispondrá efectivos de Gendarmería en la zona, a través del ministerio del Interior, que conduce Aníbal Fernández, consideró que no es función del Gobierno nacional “reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”, donde existe un conflicto con integrantes de comunidades mapuches que intentan avanzar sobre territorios fiscales y privados, y a quienes se les adjudican una serie de atentados.

Según el Presidente, “es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”.

Asimismo, Fernández le aconsejó a Carreras que, “en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

Más temprano, y en el mismo sentido, el ministro Aníbal Fernández sostuvo que el Estado Nacional “junto a las provincias que conforman un estado federal, lo que puede hacer es colaborar. No puede exigir nada la gobernadora de Rio Negro, no tiene ninguna atribución, la ley de seguridad del interior es gráfica y clara”, remarcó en declaraciones a Radio del Plata.

Este miércoles, Carreras había insistido en la necesidad de que el Gobierno nacional envíe fuerzas federales en la zona Andina de Río Negro, luego de un nuevo ataque incendiario en El Bolsón. “No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde” dijo la mandataria.

“Estamos pidiendo nuevamente de manera formal el refuerzo de fuerzas federales en la zona, para que actúen principalmente en el control de las rutas nacionales”, sostuvo Carreras en declaraciones a CNN Radio. Además, remarcó que en las próximas horas enviará el pedido formal al presidente. Un pedido anterior fue desautorizado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

La región está sacudida por un conflicto con integrantes de comunidades mapuches que intentan avanzar sobre territorios fiscales y privados, que tensó la relación entre la gobernadora Carreras y el Ejecutivo nacional.

En ese marco, se produjeron los atentados que se le adjudican a sectores que se atribuyen la representación de la comunidad mapuche. Al incendio intencional que consumió el edificio del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón en la madrugada del miércoles, hay que sumarle que, a principios de octubre, hubo un ataque en el centro de informes turísticos y de las instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, y otros atentados registrados en años anteriores, como el incendio al refugio Neumeyer del Challhuaco, en 2014, y el refugio San Martín (conocido como Jakob), en 2017“.

IG

Después del reclamo de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió asignar efectivos de Gendarmería, Policía Federal (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a la provincia patagónica, donde este miércoles por la madrugada hubo un ataque contra el club Andino Piltriquitrón.

Según informaron fuentes de la cartera que conduce Aníbal Fernández, se redesplegarán las fuerzas federales que ya están asignadas en la zona “con el objetivo de prevenir posibles conflictos”, sin dar aún detalles sobre la cantidad de efectivos y las ubicaciones específicas que tendrán los efectivos.

Más temprano, Carreras había insistido en la necesidad de que el Gobierno nacional envíe fuerzas federales en la zona Andina de Río Negro, luego de un nuevo ataque incendiario en El Bolsón. “No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde” dijo la mandataria.

“Estamos pidiendo nuevamente de manera formal el refuerzo de fuerzas federales en la zona, para que actúen principalmente en el control de las rutas nacionales”, sostuvo Carreras en declaraciones a CNN Radio. Además, remarcó que en las próximas horas enviará el pedido formal al presidente. Un pedido anterior fue desautorizado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

¿Qué pasó?

Esta madrugada ardió el Club Andino Piltriquitrón, en pleno centro de la localidad. Se trata del tercer ataque de este tipo en las últimas semanas: el 4 de octubre pasado fueron quemados un Centro de Informes Turísticos por inaugurarse en la misma ciudad y un galpón de Vialidad Nacional con maquinaria para el mantenimiento del camino al Cerro Catedral, en Bariloche.

Los dos primeros hechos derivaron en una denuncia penal por “terrorismo”, presentada por el gobierno provincial, que fue acogido por la Justicia Federal.

Con información de agencias.

IG

La gobernadora Arabela Carreras insistió este miércoles en la necesidad de que el Gobierno nacional envíe fuerzas federales en la zona Andina de Río Negro, luego de un nuevo ataque incendiario en El Bolsón. “No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde” dijo la mandataria.

“Estamos pidiendo nuevamente de manera formal el refuerzo de fuerzas federales en la zona, para que actúen principalmente en el control de las rutas nacionales”, sostuvo Carreras en declaraciones a CNN Radio. Además, remarcó que en las próximas horas enviará el pedido formal al presidente. Un pedido anterior fue desautorizado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

“Acá no hay una actitud de solicitud de acompañamiento de mi parte. Estamos exigiendo que cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia. No estoy pidiendo un favor”, aseguró en el programa que conduce María Laura Santillán.

Asimismo, Carreras, Juntos Somos Río Negro, criticó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, por su pedido de “comanejo del área con un grupo que incendia y agrede”, como también al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, porque “defiende a un agresor (por Jones Huala) que desconoce al Estado Nacional e incluso a sus propias funciones”, según informa el diario Río Negro.

En las últimas horas, Cabandié habló de “comanejo en áreas ocupadas por grupos agresivos que queman, lastiman, amedrentan personas, tiene múltiples causas en la Justicia Federal y Provincial por agresión”.

“Más allá del repudio que puedan ocasionar, las declaraciones de Cabandié demuestran que desconoce la jerarquía de organización de la sociedad, porque el comanejo del Estado que es autoridad y un grupo delictivo es una muestra del desconocimiento”, añadió la gobernadora patagónica.

En tanto, sostuvo que las declaraciones del embajador argentino ante Chile “tampoco lo tomamos bien en absoluto, hay una falta de comprensión de la envergadura del problema. Realmente lamento lo de Bielsa defendiendo a un delincuente”, dijo Carreras.

Para la gobernadora, “sería muy bueno que, quienes tienen ganas de opinar, recorran la zona para que vean los efectos de la destrucción, porque se ven a simple vista desde la ruta. Hay propiedades valiosísimas e históricas, propiedad de Parques Nacionales, que están destruidas”, finalizó.

Antes Carreras había dicho mediante un comunicado oficial que “no se avalará ningún tipo de violencia en Río Negro”, al tiempo que transmitió su repudio al ataque incendiario que consumió el edificio del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón. Son “ataques a la institucionalidad de la provincia, que ponen en peligro la vida de las personas”. Y anunció que la provincia ayudará a la reconstrucción del edificio y que el Estado llevará el hecho a la Justicia Federal donde ya hay una denuncia de su gobierno por “terrorismo”.

A principios de octubre hubo un ataque en el centro de informes turísticos y de las instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, a los que sumaron “otros atentados registrados en años anteriores, como el incendio al refugio Neumeyer del Challhuaco en 2014 y el refugio San Martín (conocido como Jakob) en 2017”, publica Río Negro.

Por su parte, el senador nacional Alberto Weretilneck se pronunció mediante un comunicado en el que manifestó “todo mi acompañamiento a los vecinos y vecinas de El Bolsón, y rechazar las amenazas recibidas por la gobernadora Arabela Carreras y al intendente municipal Bruno Pogliano. Esto es intolerable”, remarcó.

En tanto, el ministro de Gobierno de la provincia, Rodrigo Buteler, escribió en su cuenta de Twitter: “¡Lamentable! Otra vez la comunidad de El Bolsón es víctima de la violencia irracional de un grupo de delincuentes”.

El ataque en El Bolsón

Con información de Diario Río Negro.

IG

Reducir la generación de gases de efecto invernadero (GEIs) para mitigar el calentamiento global es el objetivo de una batería de medidas impulsadas por el gobierno rionegrino, que abarcan convenios para la generación de energías alternativas y la promoción de su uso en el transporte, la imposición de planes de forestación a grandes generadores de GEIs e incentivos para la eficiencia energética en edificios públicos y privados.

Con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la empresa australiana Fortescue Fortune, la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) firmó el 23 de agosto un convenio para el desarrollo de proyectos en la provincia. La firma australiana busca producir hidrógeno verde para abastecer el mercado argentino y exportar a Europa.

“Esto implica la implantación de Parques Eólicos, la construcción de una planta de hidrógeno, entre otras actividades y esto significa fuentes de trabajo desde el minuto cero, que es la construcción de los parques, la contratación de empresas para proveer servicios, alimentos, mejoramiento de caminos, construcción civil. También queremos producir en un mediano plazo molinos eólicos para que no sea sólo material importado”, detalló la gobernadora.

Río Negro apuesta a posicionarse como pionera y referente en la región en el desarrollo de este tipo de energía, además de diversificar la matriz productiva y generar fuentes de trabajo. “No queremos empresas ricas en pueblos pobres. Queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y nunca podría ocurrir eso perjudicando a nuestros propios pobladores. Habrá mucho empleo y muchos servicios que brindar”, comprometió Carreras en Bariloche, ante la Mesa de Hidrógeno Verde creada en abril para promover esta energía sustentable.

El hidrógeno verde es el extraído gracias a un proceso químico conocido como electrólisis, mediante el cual se separa el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, utilizando corrientes eléctricas. Sus posibles usos abarcan tanto la industria, como el combustible y la generación de electricidad y agua potable.

Dos noticias marcaron la agenda energética a nivel nacional en las últimas semanas: la presentación por parte del Gobierno nacional del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que “tiene entre sus objetivos incrementar la producción e industrialización de hidrocarburos, aumentar el ingreso de divisas, promover el desarrollo regional y garantizar el autoabastecimiento”, según expresa. Para el presidente Alberto Fernández, la iniciativa busca “poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera” con “previsibilidad” y “preservando el acuerdo social y la sustentabilidad ambiental”. Los beneficios previstos por esta normativa pretenden profundizar la tarea de las empresas hidrocarburíferas que, en Río Negro, crecen atadas a la suerte de la formación de Vaca Muerta. La otra noticia es el récord de cobertura de la demanda energética con energía renovable: el domingo 22 de agosto pasado, el 24,72 por ciento de la demanda total fue absorbida por energía limpia, de la cual más del 71 por ciento correspondió a la eólica.

 Verde, pero no tanto

 Verde es el color del partido provincial, Juntos Somos Río Negro, que creó y conduce el ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck, y que retuvo el poder en 2019. Verde es también el color que hoy distancia a sus principales referentes: de un lado la gobernadora Carreras, quien impulsa los proyectos que incluyen una mínima exigencia de compensación a las empresas -fundamentalmente hidrocarburíferas- generadoras de gases de efecto invernadero; y del otro el propio Weretilneck, que anticipó que esas iniciativas, tal como fueron redactadas, no serán aprobadas por la Legislatura provincial -la mayoría de los parlamentarios le responden- y pidió “disculpas” a las empresas del sector energético que se verían alcanzadas por la imposición.

El proyecto que tensó el clima interno del partido provincial establece un sistema de compensación para que los grandes emisores de GEIs planten, cuiden y mantengan una cantidad determinada de ejemplares de especies arbóreas nativas proporcional a las emisiones que generan, aumentando o disminuyendo este número proporcionalmente en cada evaluación anual que se realice. 

El objetivo es “compensar el menoscabo ambiental que generan” y concientizarlos sobre la lucha contra el cambio climático, fomentar la reforestación de especies nativas y promover estrategias de mitigación. 

El sector energético es el principal causante del dióxido de carbono emitido (67,2%), seguido por la agricultura y ganadería (21%) y los residuos sólidos urbanos (11,2%), según el inventario GEIs elaborado por la Fundación Bariloche en 2019. El inventario mide la cantidad de metano, dióxido de carbono y dióxido nitroso, principalmente, que emiten las actividades humanas.

“Así como está no se aprueba”, advirtió Weretilneck, en una jornada de Energía de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la que pidió disculpas a las empresas del sector porque “se enteraron por los medios de comunicación”. Además, minimizó el impacto de la actividad: “Quiero aclarar que en nuestro gobierno actual creemos que la industria del gas y petróleo y la minera son compatibles con la protección del medio ambiente”, dijo.

Weretilneck mantiene un estrecho vínculo con las empresas petroleras y gasíferas, cuyos contratos de explotación prorrogó durante su mandato. El senador se distanció de las medidas propuestas y ostentó su liderazgo dentro de la bancada oficialista en la Legislatura: “Cualquier proyecto que tenga como destino o que incluya a las operadoras, a la industria de la provincia van a ser consultadas previamente. Quiero transmitir tranquilidad de que este proyecto, así como está, no va a ser aprobado”, dijo.

La gobernadora insistió en la defensa de las iniciativas. “El proyecto se debatirá y se aprobará”, aseguró al diario Río Negro, aunque se refirió a textos “perfectibles” y a la búsqueda de consensos para su sanción. “Lo importante es que estos temas estén en agenda”, destacó.

Carreras propuso también una ley que regula y fomenta la movilidad sostenible en el sector del transporte de pasajeros y cargas, que a nivel nacional representa un 13,8 % de las emisiones y un 30,9 % del consumo de recursos energéticos. 

Se plantea una paulatina transición del transporte basado en el uso de combustibles fósiles a energías más limpias, a través del fomento a la producción y comercialización de vehículos sostenibles e infraestructura asociada, además de medidas fiscales y crediticia para la promoción de la movilidad sostenible. 

La tercera iniciativa establece el Etiquetado de Viviendas, un procedimiento para la evaluación, caracterización e identificación del nivel de eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de construcción, sean públicos o privados, a fin de clasificarlos según su grado de eficiencia en el consumo global de energía primaria que se encuentra relacionado con su uso. Los inmuebles que cuenten con la Etiqueta de Eficiencia Energética vigente “gozarán de la bonificación en el Impuesto Inmobiliario que determine la reglamentación de la presente ley”, según el proyecto.

SR/WC

A dos semanas de las PASO y en línea con el endurecimiento del discurso de campaña para evitar la pérdida de votos por derecha, Juntos por el Cambio subió al ring electoral el “conflicto mapuche” y la disputa territorial en el sur.

Dos hechos ocurridos esta semana en Bariloche abonan esta lectura: la organización del Foro Consenso Bariloche y la denuncia por supuesta agresión sufrida por Diego Frutos, referente de la ex ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich en la zona, a manos de integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Masacardi.

Este último caso obligó el jueves por la noche al despliegue judicial y policial, ya que allegados a Frutos promocionaron a través de las redes sociales la supuesta “desaparición” del hombre, cuya propiedad linda con la comunidad con la que mantiene un conflicto y que se instaló allí en 2017 reclamando derechos ancestrales. Luego de más de tres horas de tensión en la zona ubicada a unos 35 kilómetros del centro de Bariloche, Frutos reapareció para protagonizar, el viernes, un raid mediático de denuncia de la situación. Mientras Frutos era buscado, una alta fuente del Gobierno rionegrino descartó dar trascendencia política al caso y resumió consultada por ElDiarioAr: “Es un hecho policial”. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal.

Un día antes, se realizó en el céntrico hotel Inakayal, el foro Consenso Bariloche, organizado por un espacio que, con el mismo nombre, reúne a diversas organizaciones empresariales, turísticas, hoteleras, un puñado de Juntas Vecinales del oeste de la ciudad (la más rica) y clubes. El núcleo duro empresario de Consenso Bariloche mantiene vínculos estrechos con Juntos por el Cambio y el partido Juntos Somos Río Negro que gobierna la Provincia.

“Consenso Bariloche, por una Patagonia sustentable y en paz” fue el nombre del encuentro que reunió, entre otros, al ex senador y compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019, Miguel Ángel Pichetto, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, el constitucionalista Daniel Sabsay, precandidatos a diputado nacional por la Provincia, abogados, empresarios y vecinos que se presentaron como “damnificados por las tomas”. Declinaron participar el ex gobernador de Río Negro y actual senador, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), y la senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos). Ningún funcionario ni dirigente del oficialismo nacional se sumó al convite, y desde la organización no se transparentó si fueron convocados.

El grupo Consenso Bariloche se presenta como “un espacio de diálogo, de compartir experiencias, información, análisis y trabajo para construir consensos que posibiliten arribar, en el mediano y largo plazo, a una solución pacífica para todos los involucrados”. 

El temario del evento giró en torno a “las causas y consecuencias jurídicas de la problemática, el estado actual de los conflictos por tierras públicas y privadas y el impacto ambiental, económico y en la convivencia pacífica de la ciudad y de la región”. El discurso más duro y que más aplausos se llevó fue el de Pichetto, actual integrante de la Sindicatura General de la Nación, quien caracterizó a los mapuches como “grupos denominados originarios, que utilizan el mecanismo de la ocupación ilegal y que van avanzando permanentemente sobre el Parque Nacional, que es patrimonio de todos los argentinos”.

A través de un video de 12 minutos enviado desde Buenos Aires, dijo además que los mapuches “tienen un elemento adicional que es importante que los argentinos sepan: no reconocen al Estado argentino, no reconocen a las autoridades nacionales, exigen todo del gobierno, pero no les reconocen ningún tipo de autoridad”. “Yo diría que tienen una visión separatista -amplió Pichetto-, de la conformación de un Estado independiente mapuche, de pueblos originarios, y avanzan peligrosamente, incluso con gestiones oficiosas del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que es un organismo del Estado federal, sobre tierras que son el verdadero colchón ambiental de Bariloche, las tierras del Ejército Argentino”.

Esta última referencia de Pichetto a las tierras que ocupa el Ejército refieren a un punto central del “conflicto” territorial en la región: el proyecto de construcción del Parque Central de Bariloche. Se trata de una iniciativa de la gobernadora Carreras para la creación de un “pulmón verde” en la zona oeste de Bariloche, que es rechazada por tres comunidades mapuche que habitan en el lugar desde hace décadas.

Carreras pretende destinar un predio de 3.500 hectáreas para la construcción de áreas de recreación, paseo e interpretación ambiental, y que también incluiría zonas intangibles.

Las comunidades Lillalonko Ranquehue, Celestino Quijada y Tambo Báez plantearon su rechazo al proyecto y, fundamentalmente, a que se avance sin el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada a los integrantes de los pueblos originarios, según lo establecen las leyes nacionales.

“Racistas, fascistas”

“Quiero aprovechar a reivindicar a un hombre que siempre ha sido despreciado y que su monumento está en el Centro Cívico de Bariloche, que es el General (Julio Argentino) Roca, uno de los grandes presidentes de Argentina y creador del Estado moderno. Cuando asume su presidencia la mitad de la Patagonia no estaba bajo la bandera argentina. Este es un debate de tipo cultural, ideológico y de defensa del interés nacional”, dijo Pichetto al defender a uno de los principales responsables de la denominada Campaña al Desierto que desde 1878 supuso el ataque sobre los pueblos originarios del sur y que hoy el pueblo mapuche encuadra como un genocidio.

“Los mapuches fueron un pueblo invasor proveniente de Chile, que además asolaba la pampa argentina, robaba ganado y también mujeres, y tenían cobertura de bandidos y delincuentes chilenos”, aseguró el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, y cargó contra el Gobierno de Alberto Fernández y la Iglesia: “Lamentablemente el Estado nacional en este momento no está interviniendo con las fuerzas de seguridad (…) Hay actitudes muy pasivas de la Iglesia Católica Argentina, a la que le ocuparon todas las tierras en Mascardi (por un predio del Obispado de San Isidro), que usaban chicos de todo el país como centro recreativo, espiritual. Lugares ocupados, quemados y saqueados. La justicia dispuso el desalojo (pero) seguramente la Iglesia argentina y algún lineamiento del Vaticano haya establecido que no era bueno un desalojo violento, lo que consolida la violencia de los otros. No hay restablecimiento de la legalidad”, planteó.

Al mediodía del miércoles, algunos integrantes de comunidades y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro llegaron hasta la puerta del hotel donde se realizaba el evento, y cantaron y gritaron consignas de reivindicación. “Racistas” y “fascistas” les dijeron a los integrantes del Foro y a los participantes del encuentro. Unos 20 policías custodiaban la puerta del lugar, y sólo se produjeron algunos encontronazos verbales con jóvenes que, con banderas argentinas, se habían apostado en el lugar para apoyar el polémico Foro.

Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro se expresó el rechazo al evento organizado por “Consenso Bariloche”, entendiendo que fue una “reedición del Comando Unificado”, en referencia a la política represiva impulsada por la ex ministra Bullrich, junto a los gobiernos de Río Negro, Chubut y Neuquén, que “instaló el clima social para llevar adelante una segunda campaña del desierto”, y que “terminó con persecución política de integrantes, referentes y autoridades del Pueblo Mapuche”. Recordaron, en ese sentido, el caso de la desaparición seguida de muerte, según las denuncias, de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

“No vamos a permitir que en nuestro territorio ancestral nos vengan a criminalizar, violentar y estigmatizar, sabiendo que la mayoría de la sociedad en esta parte del territorio es Mapuche Tehuelche”, afirmaron desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche en un comunicado.

Advirtieron que el encuentro se dará en el marco de una “radicalización del discurso racista”, reflejado en la aparición de folletería en Viedma y Bariloche, que llama a “aniquilar el accionar del terrorismo separatista de los anarco mapuches de la RAM, enemigos de la nación y el pueblo argentino”. La firma de la agrupación “Alerta Nacional” estaba acompañada por la esvástica y el águila del partido Nacional Socialista alemán.

En la misma línea que Pichetto, expuso el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, aunque en este caso no apuntó a la responsabilidad de los mapuches en el conflicto territorial, sino a la promoción de las tomas por parte del Gobierno nacional. Dijo que en la Comarca Andina -conformada por los municipios de Lago Puelo y El Hoyo de Chubut y El Bolsón de Río Negro- se estaba “gestando un conurbano bonaerense” y que por ese motivo intervinieron con las fuerzas de seguridad. “Acá no estamos hablando de comunidades de pueblos originarios, hablamos de gente que delinque”, planteó el también precandidato a Diputado Nacional por el oficialismo chubutense, y arriesgó que cuando se produjeron los incendios forestales en la zona en marzo pasado, el fuego “avanzó sobre tierras que habían sido usurpadas en su momento”, pero que “no había más de 200 pobladores”. Sin embargo, explicó que gracias a la ayuda que “bajó el Gobierno nacional” y que manejó directamente con los intendentes del Frente de Todos de Lago Puelo y El Hoyo “cuando se hizo un censo, había más de mil familias en el lugar”. Aseguró que las tomas están “avaladas” por los Intendentes y el Gobierno nacional.

Por un debate “abierto”

La gobernadora Carreras y el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, buscaron bajar el tono a la disputa. La mandataria cuestionó que no “estuvieran todos” en el espacio de diálogo convocado por Consenso Bariloche, en referencia a las propias comunidades mapuches, y pidió un debate abierto. Si bien cuestionó el accionar del INAI, evitó criticar otros aspectos de las políticas nacionales relacionadas con la conflictividad en la zona.

Más allá fue el Intendente Gennuso, quien a pesar de protagonizar en las últimas semanas un enfrentamiento y ser denunciado ante el INADI por la comunidad Quijada, por “desconocer” la presencia ancestral y efectiva en la zona, aseguró ante la mirada impávida de los asistentes que “no va a haber consenso mientras no haya reparación”.

En ese sentido, dijo que “necesitamos sentarnos con tres principios: respeto, justicia y reparación.

Respeto por la identidad de todos los que estemos en esa mesa. Justicia porque vivimos en una sociedad injusta: los sectores de los pueblos originarios han sido invisibilizados. Son los que no lograron, muchas veces, tener lo necesario para vivir. Viven en un mundo injusto. (…) No va a haber consenso mientras no haya reparación, mientras no podamos mirarnos los unos a los otros sabiendo que somos pares, que tenemos las mismas oportunidades. Y los pueblos originarios no han tenido las mismas oportunidades“, repasó.

El cierre del discurso supuso la finalización del evento realizado en el hotel que lleva el nombre de uno de los longkos (jefe político) más emblemáticos para el pueblo mapuche. Para entender la profundidad del debate histórico en la zona, se puede recurrir a las palabras que Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche dijo a ElDiarioAr: “Inakayal combatió la invasión winka (blanca), cayó prisionero en 1884 en el contexto de la Campaña del Desierto, y murió en los sótanos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Es una ofensa para el pueblo mapuche que un evento racista se realice en un hotel que lleva su nombre”.

SR