El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata fijó el inicio del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, quien se desempeñó como gerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda durante la última dictadura militar. El proceso comenzará el 23 de abril de 2026, a las 12 horas, y constituye un nuevo avance en la investigación de la responsabilidad empresarial en los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

La apertura del juicio se produce cuando está próximo a cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 y es el resultado de una lucha sostenida durante décadas por parte de familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales del sector.

En ese camino, tuvieron un rol central la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital y Gran Buenos Aires (SOEIA), que se presentaron como querellantes y aportaron actas y documentación clave para la causa.

Ambas organizaciones asumieron el compromiso de representar a sus afiliados víctimas de la represión ilegal, no solo frente a la complicidad empresarial sino también ante la pasividad de la conducción sindical de aquellos años.

Emilio Parodi, empleado jerárquico del grupo Bunge & Born —propietario de Molinos Río de la Plata durante la dictadura— está imputado por integrar la estructura que confeccionó listados de trabajadores de la planta de Avellaneda que luego fueron secuestrados por el aparato represivo del Estado debido a su actividad sindical. En varios casos, los operativos incluyeron también a familiares de las víctimas.

Tras décadas de impunidad, Emilio Parodi fue detenido el 4 de julio de 2023. La elevación de la causa a juicio oral y la fijación de una fecha concreta representan un paso significativo en el esclarecimiento de los secuestros, las torturas y las desapariciones de trabajadores del sector aceitero. No obstante, desde la Federación y el Sindicato de Capital y Gran Buenos Aires reclamaron en agosto de 2023 que otros 16 jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda sean citados a indagatoria por su presunta participación en los hechos.

Según consta en la causa, en la planta de Molinos de Bunge & Born en Avellaneda fueron víctimas de delitos de lesa humanidad 26 trabajadoras y trabajadores: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Ribolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadín Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio, hija de ambos, quien fue apropiada cuando tenía seis meses de edad tras la desaparición de sus padres.

A medio siglo del inicio del terrorismo de Estado, la causa Molinos vuelve a poner en primer plano la necesidad de juzgar no solo a los responsables militares, sino también a los actores civiles y empresariales que colaboraron activamente con el plan represivo.

JIB

Mientras este lunes, los trabajadores de la empresa Georgalos realizan una protesta en el Acceso Tigre de la Autopista Panamericana en reclamo de la reincorporación de los cinco despedidos en los últim os días después de que participaran en las protestas que forman parte del plan de lucha por reclamos salariales, delegados de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría denunciaron que la empresa de la familia Perez Companc no acata la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y que la patronal quiere que los empleados firmen “una rebaja salarial”.

El pasado jueves, los trabajadores despedidos de Georgalos presentaron una carta al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la que afirman que fueron cesados de sus tareas “de forma ilegal por una empresa que nos viene atacando desde hace meses”.

De acuerdo a la comisión de trabajadores, no les abonaron “los premios de fin de año” y les “liquidaron mal las vacaciones”. Además, sostienen que la empresa “nos robó dinero de nuestros bolsillos y, por lo tanto, atacó lo más precisado que tenemos: a nuestros hijos, a nuestras familias. Luego intentó que en el sector de chocolate trabajemos con menos compañeros pero haciendo la misma producción”.

En la carta entregada al mandatario provincial, aseguraron que estas situaciones “nos implicaban un esfuerzo físico imposible. Una flexibilización insoportable. Eso lo pagamos con el cuerpo. Enfermedades que nos rompen. Hay trabajadores que no pueden levantar a sus hijos. ¿Qué injusticia puede ser más grande?”, reclamaron.

Asimismo, a través de sus redes sociales, los trabajadores despedidos contaron que frente a la situación, “hicimos un paro parcial llamado por el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA). La respuesta de la empresa, nuestros 5 despidos. Nos despiden por haber hecho un paro llamado por el Sindicato. Sabemos que es totalmente ilegal”, denunciaron.

“No tienen derecho las empresas a despedir por ejercer el derecho constitucional de huelga. Los despidos deberían haber sido declarados nulos de manera inmediata. Luego de esto se hizo un paro total. El Ministerio de la Provincia decretó la Conciliación Obligatoria. Los trabajadores la cumplimos levantando las medidas. Pero la empresa incumple y no nos deja ingresar. Otra acción ilegal. En las audiencias convocadas quedaron establecidas estas ilegalidades”, explicaron desde la comisión.

En el escrito que llegó a manos de Kicillof, “Despedidos de Georgalos en Lucha” aseguran que la situación “no puede ser más injusta: nosotros afuera por incumplimiento de la Conciliación por parte de la empresa y los trabajadores sin poder hacer medidas de fuerza por una Conciliación que el Ministerio dictó y no hace cumplir a una de las partes. Incluso la empresa fue intimada a cumplir y no lo hace. Parece que nos tratan por tontos. Que tenemos que aceptar que debemos estar afuera los despedidos ilegalmente y los trabajadores no podamos parar”. Y agregan: “Por fuera de estas 'intimaciones' el Ministerio de su gobierno no hace nada para que se cumplan con nuestros derechos. No mandaron inspectores siquiera para exigir a la empresa que cumpla con la propia intimación”.

También afirman que la situación en los últimos días es “peor: cada vez que nos presentamos a exigir nuestra entrada, nos encontramos con decenas de policías de la Bonaerense para amedrentarnos. Sabemos también que en la Provincia hay más despidos ilegales, persecutorios en muchas empresas además de Georgalos, como Molinos, Secco, VW, Shell, Pilkigton y otras. Acá en Georgalos avanzan con la flexibilización laboral como quiere Milei y las grandes empresas. La estamos sufriendo hoy con pésimas condiciones de trabajo y nosotros en la calle”, explicaron.

“Nosotros creemos que el gobierno debe tomar las medidas que sabemos tiene a su alcance para que se hagan retrotraer de manera definitiva los despidos ilegales y que de forma inmediata se haga cumplir de forma efectiva con la propia resolución de su Ministerio, es decir que los despedidos estén en sus puestos de trabajo. Le enviamos esta nota para que usted y su gobierno, cómo se dice, tomen cartas en el asunto. Pero pedimos que sean de verdad. Sabemos que cuando hay voluntad para imponerle a estas empresas millonarias que no hagan lo que quieran con nosotros, se puede hacer”, concluyeron.

La situación en Molinos

El delegado de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría, Luciano Greco, también denunció en las últimas horas que la empresa “no acata la conciliación obligatoria” dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y no deja ingresar a los trabajadores despedidos.

De acuerdo a la comisión interna de los trabajadores de la planta Esteban Echeverría, Molinos “no acata la conciliación obligatoria desde el 18 de junio. No deja ingresar a los despedidos y no restituye la dotación de personal, que es lo que ordenó el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Encontrándose en curso la conciliación que incumple, anunció más despidos, y, ahora, en una reunión nos dijeron que quieren que firmemos una rebaja salarial. Van por todas conquistas salariales que conseguimos en estos años”, dijo Greco en radio Ecomedios.

Y agregan en su descripción: “El conflicto iniciado por Molinos el 9 de mayo con el anuncio de despidos, reducción de dotaciones de personal y la pretensión de rebajar los sueldos a los costos de mercado, se profundizó con la reducción de dotaciones de personal ejecutada por la empresa el 26 de mayo y se agravó el 17 de junio pasado, ante el despido de cinco trabajadores y una trabajadora, que dio inicio a un paro por tiempo indeterminado de las y los trabajadores de Molinos Río de la Plata y la Comisión Interna, convocado por el STIA filial Buenos Aires. La empresa durante la medida de paro, despidió a otros cuatro trabajadores y, el 18 de junio el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria”.

Asimismo Greco sostiene que la empresa anunció “un plan de despidos y reducción de personal en las líneas de producción. Eso, además de los despidos, afecta la seguridad, la salud y la higiene en el empleo porque aumenta los ritmos de producción y existe una ley que regula eso y establece los Comités de Seguridad e Higiene. Nos extorsionan diciendo que, si no tendrían que cerrar la empresa y Pérez Companc es una de las familias más ricas del país”, agregó.

Para el delegado, Molinos Río de la Plata, “ensaya en su planta, la segunda etapa de la reforma laboral y reforma sindical que planea concretar el gobierno de Javier Milei. Despide selectivamente trabajadores en un proceso de desindicalización que necesitan llevar adelante para avanzar con su plan. Molinos redujo un poco sus ganancias, de $191.000.000 en el último trimestre y por eso pretende trasladarnos el riesgo empresario e imponernos que trabajemos precarizados, en violación de las leyes de salud y seguridad laboral vigentes, derogando de hecho la negociación colectiva”.

Según Greco, desde la empresa “quieren que renunciemos a los adicionales de convenio ya acordados, para despedirnos más barato y reemplazarnos por trabajadores que acepten cualquier condición. Si este conflicto no se resuelve a favor de las y los trabajadores, en poco tiempo nos van a hacer renunciar directamente al convenio colectivo de actividad con el objetivo, que ya anunciaron sin eufemismos, de pagarle a sus empleados y empleadas de acuerdo a los costos salariales de mercado.

Con información de agencias.

Gregorio “Goyo” Perez Companc, el patriarca de una de las familias más ricas de Argentina, murió este viernes a los 89 años. Dueño de la alimenticia Molinos Río de la Plata y la energética PeCom, construyó un conglomerado empresarial que lo ubicó en 2024 en el puesto 809 de los más ricos del mundo, de acuerdo con la revista Forbes. La fortuna del grupo familiar alcanza los US$3.900 millones. De extremo bajo perfil, conservador y católico, ha sido uno de los emblemas del empresariado nacional.

Las versiones sobre su origen son tan diversas como incomprobables —que sus padres eran empleados domésticos, que nació de una relación extramatrimonial de su padre adoptivo, que en realidad es hijo de su hermano de crianza—, pero se sabe que fue adoptado a los 11 años por Ramón Perez Acuña y Margarita Companc, una maestra de francés de Buenos Aires, y se integró como uno más a los tres hijos del matrimonio: Alicia, Jorge y Carlos, mucho mayores que él.

Jorge y Carlos fueron quienes iniciaron la empresa familiar en 1946 con La Compañía Naviera Perez Companc, especializada en el transporte de mercancías y, más tarde, proveedora de YPF. Poco tiempo después, Perez Companc (PeCom) se convirtió en la primera empresa petrolera privada del país y comenzó a sumar contratos de explotación y participación en otras firmas del sector.

En 1976, la familia adquirió el paquete mayoritario de SADE S.A., un eslabón de General Electric, ampliando el negocio al de las obras civiles y montajes industriales. Antes, en 1968, había desembarcado en el negocio financiero con el Banco Río de la Plata, que llegó a ser el principal banco minorista del país y fue vendido a fines de los 90 al grupo español Santander por casi US$600 millones.

SADE le abrió las puertas al grupo para transformarse en un integrante estrella de la patria contratista durante la última dictadura militar. Como otros emporios emblemáticos —Acindar, Fortabat, Macri, Techint—, Perez Companc emergió en 1983 como un actor fundamental de la vida económica argentina.

A fines de los 70, ya muertos sus hermanos Jorge y Carlos, Gregorio —o “Goyo”, como lo conocen entre los suyos— se hizo cargo del negocio y comenzó una expansión que convirtió al grupo familiar en un imperio concentrado en tres sectores estratégicos de la economía argentina: alimentos, agro y energía.

El grupo se proyectó en democracia con más contratos con el Estado y fue uno de los principales ganadores del proceso de privatizaciones impulsado durante la gestión de Carlos Menem. Por aquella época obtuvo participación en Transportadora Gas del Sur, Metrogas S.A., Edesur S.A. y Refinería del Norte, lo que reforzó su posición ya dominante en el mercado energético.

Perez Companc está casado desde 1964 con María Carmen Sundblad Beccar Varela o “Munchi”, con quien tuvo ocho hijos: Margarita (que falleció a los 19 años en un accidente automovilístico), Jorge, Rosario, Pilar, Cecilia, Catalina, Luis y Pablo. Sundblad es, además, la mujer detrás de las heladerías “Munchi´s”. También tienen Temaikén, el bioparque más importante de Sudamérica, ubicado en Escobar, propiedad de la familia.

En 1998 Perez Companc apostó al consumo masivo y compró Molinos Río de la Plata, que pertenecía al grupo Bunge & Born. La operación se cerró en US$400 millones y representó el ingreso del holding en el rubro de los alimentos. Inmediatamente después inició un proceso de desinversión que comenzó con la venta de la unidad de obras civiles y contratista estrella del Estado SADE a Skanska, y culminó con la de PeCom a Petrobras, lo que dejó a la familia fuera del negocio energético. Desde entonces, Molinos pasó a ser su nave insignia, en un giro estratégico. 

Molinos Río de La Plata tiene una cartera de 31 marcas muy reconocidas, entre ellas Lucchetti, Matarazzo, Granja del Sol, Gallo, Canale, Terrabusi, Favorita, La Salteña. La compañía tiene, además, una división de bodegas que incluye Nieto Senetiner, Ruca Malen y Viña Cobos. 

En 2015 el Grupo Perez Companc resolvió volver a su primer amor y recuperó PeCom mediante la readquisición de Skanska Argentina, especializándose en servicios petroleros.

En el rubro del agro, la firma agroindustrial Molinos Agro (escindida en 2017 de Molinos Río de la Plata), tiene un puerto propio sobre el río Paraná, una molienda, seis acopios y capacidad para almacenar 574.000 toneladas de productos. Sólo entre abril de 2019 y marzo de 2020 exportó 2 millones de toneladas de cereales a 50 países, y los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2020 arrojan un resultado positivo de $2.948 millones.

Beneficios para los más ricos

Hasta 2009, “Goyo” tenía su patrimonio en bonos de Austria, ya que hasta ese año Argentina tuvo un acuerdo con el país europeo para evitar la doble tributación, según explican los documentos del fisco. Eso permitió a Gregorio Pérez Companc, entre otros, trasladar gran parte de su patrimonio a bonos de aquel país para evitar pagar el impuestos personales en Argentina, según explica el dictamen de la Dirección General Impositiva (DGI) de junio de 2018. 

Sin embargo, a partir de 2009, el acuerdo perdió vigencia y fue entonces cuando Gregorio cedió gran parte de su patrimonio en vida a sus hijos de manera directa a través de una estructura de sociedades en Delaware y Uruguay, estableció la DGI. 

Ese año, a través de un comunicado a la Bolsa, “Goyo” anunció la cesión de la totalidad de sus acciones en Molinos a sus siete hijos, en lo que se interpretó como el retiro del líder de la familia de la primera línea de los negocios. Para eso transfirió los activos que integraban PCF SA, la sociedad controlante de Molinos Río de la Plata, a una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada Santa Margarita, establecida en el estado de Delaware, en Estados Unidos, y los donó en partes iguales a sus siete descendientes. 

Luis Perez Companc, presidente de Molinos, se instaló como cara visible de la familia.

En 2018, los hermanos Pérez Companc lograron que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avale esta estructura de sociedades en Delaware y Uruguay que, según dos unidades operativas y una instancia jurídica del organismo les habría permitido no tributar impuesto a las Ganancias por sus inversiones en el extranjero, como publicó elDiarioAR en diciembre de 2020. 

La familia Pérez Companc también aparece en los documentos de Pandora Papers. Los siete hijos de “Goyo” controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por US$28 millones. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad: Leariver Finance Limited.

La compañía sería un “vehículo de inversiones” y un “portfolio de acciones” en otras dos sociedades, “SM La Playa Holding #1 Inc” y “SM La Playa Holding #2 Inc”, que han invertido en Miami en condominios en Sunny Isles.

“Las 3 sociedades sólo tienen cuentas bancarias y se utilizaron para invertir en la sociedad La Playa Beach Associates”, dueña del terreno en Miami donde se construyeron los condominios.

Los fondos, según registraron los dueños de la compañía de alimentos, provienen de Santa Margarita LLC, la offshore dueña de las acciones de Molinos y el resto del grupo de Pérez Companc, según un formulario del proveedor de servicio offshore Trident.

Voceros de la familia respondieron al equipo argentino de ICIJ que todos los hermanos declararon ante la AFIP “su tenencia indirecta en la sociedad Leariver Finance Limited”, desde su constitución en 2014.

ED/JJD

El combo de devaluación récord y desregulación de precios con el que Javier Milei inauguró su mandato hace apenas 50 días desató una intensa puja por los márgenes de rentabilidad entre la industria y el comercio, mientras el sector de servicios públicos aguarda que los tarifazos de luz y gas del próximo trimestre agranden su porción de la torta. Con el vértigo de la crisis política y la prematura represión callejera como telón de fondo, la estampida inflacionaria de diciembre y enero pulverizó el poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones pero también redibujó los equilibrios de poder al interior de cada cadena productiva, con ganadores y perdedores que ya proyectan ajustes en sus planteles y costos para adecuarse al nuevo mapa.   

Al menos para los productos de la canasta básica, el retiro del Estado de los espacios de regulación de precios no hizo florecer el capitalismo aldeano de libre competencia que evocan nostálgicos los teóricos libertarios de moda. Más bien soltó las sujeciones que limitaban a los jugadores monopólicos y oligopólicos. Así, las industrias que más aumentaron sus precios a los supermercados son las que mayores porciones del mercado concentran. Los datos fueron confirmados a elDiarioAR por ejecutivos de dos cadenas líderes del retail y una de autoservicios mayoristas.

Las que iniciaron la estampida fueron Arcor, Molinos y Unilever. Con Milei ya electo pero antes que asumiera, dieron por caídos los acuerdos de precios y subieron 35, 40 y 40% respectivamente sus listas de precios para arrancar la pulseada con ventaja. Arcor, la cordobesa de Arroyito, no solo es la mayor fabricante de alimentos del país sino también la primera productora nacional de cartón corrugado. Las 14 plantas de Molinos, por su parte, manufacturan las marcas Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Nieto Senetiner, Gallo, Cocinero y Exquisita, entre otras. La multinacional Unilever hace food (Hellmann's, Knorr y Maizena) y non-food (Ala, Skip, Drive, Vivere, Comfort, Cif, Axe, Sedal, Rexona, Dove, Lux, etcétera). 

Fue solo el puntapié inicial. Esas mismas empresas volvieron a remarcar pocos días después. Y se les sumó la mexicana Bimbo-Fargo —dueña del 80% de la góndola de pan de mesa gracias al aval que le dio a la fusión, una década atrás, Guillermo Moreno— con subas promedio del 120%. Entre el 10 de diciembre y el 31 de enero, según el relevamiento de este medio, los mayores incrementos acumulados fueron los de:

-La Virginia: 200%. Café, té y condimentos. 

-Softies: 160%. Élite, Higienol, Babysec, Babysoft

-SC Johnson: 115%. Off, Raid, Fuyí, Baigon, Lysoform.

-Dos Anclas: 100%. Sal, aderezos y saborizantes. 

-Cepas Argentinas: 100%. Gancia, Terma, Dr.Lemon. 

-Pepsico: 60%. Snacks.

El consumo acusó el impacto inmediatamente. La medición más reciente de la consultora Scentia muestra que la primera semana de enero las ventas en supermercados se desplomaron 19,2% en unidades, la segunda un 5,2% y la tercera un 12,1%. Las peores caídas se registraron en Electrodomésticos (-39,8%) y en Bazar (-18,2%), señal de lo bien que hizo Francisco Adorni en abandonar ese rubro para refugiarse en el sector público de la mano de su hermano, el vocero presidencial, y a cambio de un salario que difícilmente ofrezca el retail.

Cinchada

Carrefour y Coto, las dos cadenas líderes, dejaron de comprarles a algunos fabricantes ante la corrida inicial. Llegaron incluso a dejar góndolas vacías y a denunciar a esos proveedores con cartelitos advirtiendo a sus clientes que les estaban “defendiendo los bolsillos” frente a “aumentos desmedidos”. Papelera del Plata y Papelera San Andrés de Giles fueron dos de las firmas a las que les suspendieron encargos. Hubo quejas airadas entre gerentes y hasta amenazas cruzadas. “Mirá que si nos juntamos los mayoristas y los minoristas te fundimos en un mes”, escucharon en una alimentaria grande. 

Los supermercadistas cuidan en realidad un botín que amasaron al calor de la política de ‘Precios Justos’ de Sergio Massa: un market share del 46% en consumo masivo, casi equivalente al 51% récord que tenían a fines de los 90. ¿Cómo lo lograron? Gracias a esas listas negociadas con el Gobierno, que hicieron que productos idénticos fueran hasta 50% más caros en almacenes y autoservicios chinos que en sus góndolas. Así les comieron un nada desdeñable 10% del mercado a los pequeños comercios en el año y medio que duró el tigrense —viejo amigo de Coto— como ministro de Economía, a costa de los márgenes que ahora las fábricas empujan para recomponer. La contrapartida fueron los “chinos” que cerraron. No menos de 500 el año pasado. Se dio por muchas razones pero que pueden resumirse en una cuenta simple que sacan en esa colectividad: si un local promedio dejaba diez años atrás U$S100 mil al año de ganancia, hoy deja U$S20 mil. 

La tensión entre los súper e híper y la industria sigue alta. Las remarcaciones se atenuaron pero son más frecuentes. “Ya no vienen listas con el 50% pero cada diez días meten un 10%”, relata atribulado un gerente de compras. Según la consultora LCG, el “índice de difusión” de la inflación (la cantidad de productos que subieron de todo el portafolio en oferta) no bajó del 28% desde que asumió Milei. Incluso en un año de altísima inflación como 2023, el promedio rondó la mitad.  

Ante el desplome de las ventas, los proveedores no bajan los precios pero algunos empiezan a ofrecer promociones y descuentos. Resurgieron los “2x1” y los “70% en la segunda unidad” desaparecidos en 2023 con los controles. En el sector lo llaman “invertir en promoción” y a los productos con descuentos los denominan “accionados”. En los rubros donde más se resienten los despachos, cada fabricante ofrece a cada cadena un porcentaje de “inversión en promoción” y eso se traslada al público. El riesgo es que, como empezó a ocurrir en los mayoristas, los consumidores vayan a comprar solo lo que está en oferta. A favor de esas grandes superficies y en contra del pequeño comercio juega la disparada del 150% del gasoil. Al fraccionador ya no le resulta tan barato buscar precios. 

El reseteo mileista de la economía, globalmente, propende a una mayor concentración. Así como las fábricas oligopólicas ya venían imponiendo sus condiciones a los comercios más chicos, los súper ahora exprimen a su favor los márgenes más acotados de los fabricantes pymes que producen a pedido las marcas propias de cada cadena. Por eso esas marcas propias avanzaron notoriamente en enero sobre el lugar que solían ocupar las primeras y segundas marcas en las góndolas, al estilo de los Mercadona en España. Hay excepciones como la leche, donde no les queda otra que contratar al mismo monopolista (Mastellone-Arcor) para envasar sus propios sachets y cartones. 

Estanflación

Para encontrar caídas de más de un dígito en el consumo de artículos de primera necesidad, difícilmente sustituibles, hay que remontarse a la crisis de 2002. Por eso algunos en el establishment creen que puede funcionar la estrategia oficial de apostar a que el frío de la demanda frene los precios. No es el caso de Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra, que esta semana proyectó una tasa de inflación interanual “en torno a 500% a fin de año y un pico de alrededor de 700% en la mitad del segundo semestre”. Argumentó que “la capacidad del BCRA para acumular reservas seguirá siendo acotada durante 2024, a pesar de las exportaciones aumentarán unos US$ 16.000 millones con respecto a 2023”, y que por eso es inevitable un nuevo salto del dólar oficial.

En supermercados de barrios de clase media tuvieron que aumentar la frecuencia de retiro y devolución a las góndolas de los productos que la clientela abandona en la caja

Cuando esa nueva ronda de aumentos de origen cambiario se sume a los tarifazos de gas y luz y la energía y el transporte se sumen a la cinchada, lo más probable es que el ajuste vuelva a recaer sobre quienes viven de ingresos fijos. Los memoriosos del planeta supermercadista recuerdan cómo, en aquel 2002 fatídico, Coto echó a 3.000 empleados en apenas 3 meses. Con el ritmo de rotación actual del personal y la flexibilización que pueda imponer Milei si consigue doblegar la resistencia judicial, ni siquiera harían falta telegramas. “Lo primero es achicar la cantidad de cajas y los horarios de atención. En vez de cerrar a las 21 cerramos a las 20 o a las 19 y bajamos mucho las horas. Se ajustan primero las horas extra, después los part-time y después la nómina. Con dejar de reemplazar a los que se van ya se puede hacer mucho”, explica el ejecutivo de una de las cadenas consultadas. 

Claro que esa dinámica deprimiría todavía más la demanda, ya afectada por la incertidumbre que cunde entre los empleados estatales y de contratistas de obra pública, que esta semana advirtieron desde la Cámara de la Construcción que “no pueden soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”. Además, aunque marginalmente, la mishiadura también incrementa ciertos costos. En grandes superficies comerciales de barrios de clase media, por ejemplo, tuvieron que aumentar la frecuencia de retiro y devolución a las góndolas de los productos que la clientela abandona antes de pasar por el lector láser de la línea de cajas.

La Anónima, que domina el negocio en la mitad austral del país, al menos podrá recomprar el 20% de sus acciones hoy en manos de la ANSES si prospera el articulado de la ley ómnibus que terminó emergiendo del contubernio entre la oposición colaboracionista y los gobernadores que aspiran a que se venda el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para compensar el déficit de sus cajas provinciales. No es seguro que vaya a hacerlo. Ni Federico Braun (entusiasta libertario desde antes del balotaje) ni su hermano Nicolás, ahora al mando del negocio, se quejaron jamás de las gestiones de Ariel Langer ni de Georgina Pessagno, los enviados de Cristina Kirchner y luego de Alberto Fernández a su directorio. Jamás dejó de distribuirse entre los dueños hasta el último peso de sus ganancias. 

Quizá sea como les espetó Guillermo Dietrich (padre) a Mario Grinman y un par de colegas más en una reunión de la Cámara de Comercio en diciembre de 2022. “Ganar buena plata se gana con el peronismo. Yo le dije muchas veces a Guillo (por su hijo Guillermo, ministro de Transporte de Mauricio Macri): ustedes tienen mucha universidad pero poca calle”. 

El fundador de la cadena de concesionarias de autos, que todavía anda en moto a sus casi 80, también contó a colegas que una noche, cuando sus cuatro hijos eran preadolescentes, vació completamente la heladera de la casa y escondió toda la comida. Cuando fueron a la mañana a desayunar, él los observó un rato desde atrás de una puerta y al cabo de un rato apareció para preguntarles: “Así está en muchas casas ¿vieron lo que se siente?”. 

AB/DTC

Justo en los días en que el Gobierno está poniendo en marcha el fideicomiso del trigo para subvencionarle el precio a los molinos de harina y abaratar así el pan y las pastas, la Secretaría de Comercio Interior sancionó a una de las principales empresas del sector, Molino Cañuelas, y a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) con multas por un total de $445 millones por concertar “conductas anticompetitivas” en el marco de un “cartel institucionalizado”. La medida se dispuso a través de la Resolución 332/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial y suscripta por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien días atrás tuvo un cruce con los empresarios del sector, a los que acusó de “estrangular al abastecimiento de harina”. La medida de Feletti responde a su vez a un largo dictamen de 111 páginas que sentenció la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el pasado 18 de marzo a partir de una denuncia de 2017.

Las multas son de $150 millones a Molino Cañuelas, la empresa de los Navilli; el mismo monto para FAIM; $93 millones para CIM y $51 millones para Apymimra, y son el corolario de un proceso administrativo iniciado el 4 de abril de 2017, con la denuncia de Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales SA (Impulsar) ante Defensa de la Competencia. El pago de las sanciones deberá hacerse efectivo dentro de los diez días hábiles desde la notificación (es decir hasta el 21 de abril), y Comercio Interior instó a las partes a que “cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo”.

Una vez conocida la medida, la FAIM manifestó a través de un comunicado de prensa su rechazo a la sanción, a la que consideró “groseramente arbitraria” y adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan”. Para la FAIM, la multa es “exorbitante e infundada” y la resolución “carece del más básico sustento fáctico y jurídico” y “está sancionando un hecho que nunca ocurrió”.

“Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, sostuvo. Por tal razón, la entidad adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan” para obtener un pronunciamiento judicial que “ponga fin” al actuar “arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior”.

En relación a la sanción, la Resolución 332/2022 da cuenta del expediente por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2015, cuando, en el marco de la “Fiesta de la Harina” llevada a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, las cuatro partes denunciadas y “por lo menos 107 empresas” sellaron el denominado “acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero”, que implicaría la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector, en lo que Comercio Interior consideró un “cartel institucionalizado”. A partir de entonces, se indica en los considerandos de la resolución, “comenzó un accionar de prácticas anticompetitivas” por parte de Molino Cañuelas, organizando reuniones de precios convocadas por FAIM que “habrían perseguido la subordinación de parte de los pequeños molinos con la amenaza de eventuales sanciones institucionales y sus potenciales perjuicios y consecuencias económicas”.

Impulsar sostuvo que FAIM “está al servicio de un oligopolio y es conducida con un estatuto que establece un mecanismo de decisión en base a la capacidad de molienda”, y en consecuencia “el más grande decide y los demás acatan”. Asimismo, aseguró que Molino Cañuelas “limita, distorsiona y restringe la libre competencia en el mercado y el desarrollo de fuentes de trabajo generadas por los pequeños y medianos molinos, esenciales para el funcionamiento y la sustentabilidad de la economía nacional”.

De acuerdo con el dictamen de la CNDC, “las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido, desde octubre de 2014 hasta, al menos, abril de 2017”. Esas conductas configuraron “una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, resultando perjudicial para la libre competencia y el interés económico general”, señaló Comercio Interior en la resolución.

“Un acuerdo de las características del aquí analizado requiere de un coordinador con peso suficiente en el mercado que brinde cierta estabilidad, en nuestro caso, la firma Molino Cañuelas”, remarcó. Si bien la multa fijada a la empresa fue de $150 millones, por tratarse del máximo legalmente permitido, Comercio Interior aseguró que “a partir del cómputo de un 20% sobre ventas netas de harinas de trigo para el año 2017, es decir, tomando el porcentaje mínimo del rango recomendado a nivel internacional para casos de carteles, ascendería a la suma de $1.083 millones”.

AR/CC

Miembros de nueve de las diez familias más ricas de Argentina participaron en sociedades offshore para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Reino Unido, administrar herencias, invertir en negocios energéticos, integrar empresas extranjeras o comprar un avión, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino de Pandora Papers, que integra elDiarioAR. 

Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los diez más ricos de Argentina, según publicó la Revista Forbes en 2020. Todos recurrieron a compañías, fundaciones y fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda. El equipo argentino consultó a los involucrados durante las últimas cuatro semanas y les solicitó documentación sobre sus estructuras radicadas en paraísos fiscales.

Algunos aseguran que declararon sus activos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore ante las autoridades. De las nueve familias consultadas, sólo Hugo Sigman y Silvia Gold, los sextos más ricos según el ranking de Forbes de 2020, accedieron a mostrar las declaraciones juradas ante la AFIP y el fisco español para confirmar que sus estructuras están declaradas ante los organismos.

Algunos de los consultados, además, respondieron que decidieron radicar sus sociedades en paraísos fiscales por recomendación de sus asesores financieros y de los grandes bancos globales con los que operan.

Bulgheroni

Alejandro Bulgheroni y su familia encabezan el ranking de los más ricos de Argentina en 2020, según Forbes, con una fortuna de US$5.400 millones. Junto a su hermano Carlos, fallecido en 2016, lideraron la empresa Pan American Energy (PAE), la principal compañía privada de petróleo y gas del país.

Ambos hermanos figuran como beneficiarios finales de Starcross Assets Limited, una firma de Islas Vírgenes Británicas, según un formulario de la firma Trident Trust Company, que actuó como agente registrado en el archipiélago del mar Caribe.

“Starcross Assets Limited era una compañía incorporada y administrada por JP Morgan Chase”, respondieron desde PAE ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. De hecho, según el formulario que surge de Pandora Papers, la firma operó con JP Morgan Trust Company de Bahamas.

La offshore se creó en 2008 y sus accionistas son otras dos compañías offshore creadas en Bahamas, que, según explicaron en PAE ante la consulta, son “compañías del JP Morgan”. “Posteriormente al fallecimiento de Carlos Bulgheroni, en septiembre de 2016, JP Morgan disolvió Starcross Assets Limited”, agregaron en la petrolera. La firma fue dada de baja en 2017.

Para esa misma época es que los Bulgheroni aparecen mencionados en el formulario como los verdaderos dueños de la compañía de Islas Vírgenes Británicas en un formulario datado en junio de 2017.  

A pesar de que ambos hermanos figuran en el documento como los dueños de la compañía, en PAE afirmaron que “Starcross Assets Limited actuó como fideicomiso en beneficio de Carlos Bulgheroni”, quien, según PAE, buscaba obtener un crédito de US$10 millones para invertir en negocios en Europa.

“El mencionado crédito sólo se efectivizaría en la medida que fuera necesario, conforme al devenir de los nuevos desarrollos de negocio vinculados al trading de gas natural y la construcción de infraestructura en Europa. JP Morgan Chase participó en el financiamiento de los citados emprendimientos”.

De acuerdo con el formulario de Pandora Papers, los fondos de la compañía offshore provenían de “combustibles y gas natural”. Los activos fueron valuados en U$12,6 millones, pero PAE dice que la firma no tuvo cuentas bancarias.

“El crédito nunca se efectivizó y consecuentemente Carlos Bulgheroni nunca recibió nada del fideicomiso”, agregó la compañía. “Alejandro Bulgheroni y Pan American Energy no tienen vinculación alguna con la consulta realizada”, concluyeron.

En el formulario, Alejandro y Carlos Bulgheroni figuran con domicilios en Buenos Aires. Ante la consulta sobre si Alejandro y Carlos Bulgheroni declararon ser los beneficiarios finales de Starcross, PAE respondió: “Carlos Bulgheroni se había radicado en Italia a principios de los 2000 y fue allí donde realizó los emprendimientos de negocio mencionados. Argentina no tiene vinculación alguna con Starcross Assets Limited ni tampoco con el desarrollo de los mencionados proyectos en Europa”.

Galperin

En 2020, el fundador de Mercado Libre era el empresario más rico de Argentina en patrimonio individual: US$4.200 millones. También es el más joven de la lista de Forbes. Marcos Galperin fue designado en 2010 director de Mail.ru Group Limited, una sociedad creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos que surgen de las bases del proveedor offshore Trident Trust Company.

Mail.ru Group, es una empresa rusa de Internet. Se inició en la década de 1990 como un servicio de correo electrónico y a partir de 2013, según comScore, los sitios web propiedad de Mail.ru colectivamente tenían la audiencia más grande en Rusia.

En la lista de directores de Mail.ru Group Limited, Galperin comparte directorio con diez personas radicadas en distintos países, entre ellos Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Hong Kong y Corea del Sur. Galperin renunció como director de la sociedad el 24 de octubre de 2013.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Galperin respondió a través de voceros de Mercado Libre que nunca fue accionista de Mail.ru y que sólo ofició de “director independiente”, es decir, como ejecutivo. “Tuvo interés en conocer más sobre una empresa de tecnología líder en Rusia, un mercado emergente importante donde Mercado Libre no tiene ninguna participación ni presencia. También conocía a los fundadores a través de un accionista común, Tiger Global”, respondieron en Mercado Libre.

Sobre la compensación que recibió por oficiar de director independiente entre el 5 de noviembre de 2010 y el 25 de octubre de 2013, respondieron que “Marcos Galperin declara sus ingresos” y que “durante el período que se desempeñó como director independiente en Mail.ru Galperin, no residía en Argentina”.

El empresario se radicó en Uruguay entre 2002 y 2016, volvió a fijar domicilio fiscal en Argentina tras la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia y regresó a Uruguay a principios de 2020.

Rocca

La familia dueña de la multinacional ítalo-argentina Techint, cuyo fuerte es el mercado global de caños de acero para la industria petrolera y gasífera, es la tercera fortuna más grande de Argentina, con US$3.400 millones. Los negocios que lidera Paolo Rocca incluyen a Ternium y Tenaris; Tecpetrol y Tenova (energía); Techint Ingeniería & Construcción; y Humanitas (servicios de salud). A partir de 2020, Forbes sólo tuvo en cuenta parte del patrimonio de los herederos de Techint, aunque no informó las razones.

En Pandora Papers, Elena Francisca Bonatti Rocca, integrante de la gran familia de Techint, figura como principal beneficiaria de un fideicomiso creado en Nueva Zelanda, Margot Trust, según los documentos del proveedor Asiaciti Trust. La estructura se armó en marzo de 2013 para adquirir a su nombre un departamento ubicado en la calle Onslow Square, en Londres, valuado, según uno de los documentos, en 2.950.000 de libras esterlinas (otro documento eleva el valor de la propiedad a casi 4 millones de libras).

El origen de los fondos que se utilizaron para adquirir el departamento en Londres es la participación de Elena en el imperio de su familia: Techint. La mujer es hija de Roberto Bonatti, también director de Tenaris, principal compañía de la multinacional.

El protector del fideicomiso es el abogado de Techint Fernando Mantilla. En caso de fallecimiento de Elena, los beneficiarios de Margot Trust pasarían a ser otros dos miembros de la familia; y en caso de sus fallecimientos, dos fundaciones de la familia Rocca: Fondazione Hercanos Agustín y Enrique Rocca; y Fundación Hospitalaria.

En agosto de 2013, Elena y Mantilla instruyeron que se abra una cuenta bancaria en el BSI (Banca della Svizzera Italiana), en Ginebra, Suiza, a nombre del fideicomiso.

La estructura del fideicomiso offshore es compleja. El administrador del fideicomiso es la compañía Auckland Sourcing Trust Limited, de Nueva Zelanda. El fideicomitente es BSI Trust Corp Limited, una compañía del banco suizo en la isla de Malta. A su vez, esta compañía de Malta es la propietaria/fideicomisaria de otra estructura: Agomar Settlement, cuya beneficiaria principal también es Elena Bonatti y el abogado Mantilla, su protector.

El 30 de junio de 2017, los administradores del fideicomiso deciden alquilar la propiedad en Londres. También aplicaron ante las autoridades del Reino Unido para poder recibir renta por la propiedad y no pagar impuestos en ese país, según el formulario que surge de Pandora Papers.

Techint rechazó responder las consultas del equipo argentino de ICIJ sobre el fideicomiso de Bonatti, si el departamento en Londres había sido declarado ante la AFIP y si Bonatti había o no ingresado al blanqueo de capitales de 2016, como publicaron algunos medios. En cambio, se limitaron a afirmar que Elena Bonatti era residente italiana -aunque en los documentos figura con un domicilio sobre avenida Las Heras- y que falleció en febrero de 2021, “después de una larga lucha contra el cáncer”.

Techint sostuvo que “motivada por esta lucha contra la enfermedad, a fines de 2019 Elena Bonatti donó a la provincia de Corrientes el Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, con una inversión de US$15 millones”. El centro médico se radicó en Curuzú Cuatiá “con profesionales médicos capacitados en Europa y tecnología de última generación para pacientes con y sin cobertura médica”.

La obra, afirmaron en Techint, tiene 2.150 metros cuadrados y “emplea 30 colaboradores entre profesionales médicos, técnicos en diagnóstico por imágenes, psicólogos, asistentes sociales, además de enfermeros y personal administrativa”, “con equipamiento médico de última generación, también donación de la señora Elena Bonatti”.

Pérez Companc

La cuarta familia más rica de Argentina, con un patrimonio de US$2.700 millones, también aparece en los documentos de Pandora Papers. Los siete hijos de Jorge Gregorio “Goyo” Pérez Companc, dueños de Molinos Río de la Plata, controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por U$28 millones. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad: Leariver Finance Limited.

Los fondos, según registraron los dueños de la compañía de alimentos, provienen de Santa Margarita LLC, la offshore dueña de las acciones de Molinos y el resto del grupo de Pérez Companc, según un formulario del proveedor de servicio offshore Trident.

Voceros de la familia respondieron al equipo argentino de ICIJ que las inversiones se canalizaron a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas por “recomendaciones de los asesores en los Estados Unidos para una inversión inmobiliaria en dicho país” y aseguraron que todos los hermanos declararon ante la AFIP “su tenencia indirecta en la sociedad Leariver Finance Limited”, desde su constitución en 2014.

Un segundo formulario de Trident aportó información más completa, incluso con anotaciones a mano. Allí se señaló que la compañía sería un “vehículo de inversiones” y un “portfolio de acciones” en otras dos sociedades, “SM La Playa Holding #1 Inc” y “SM La Playa Holding #2 Inc”, que han invertido en Miami en condominios en Sunny Isles.

“Las 3 sociedades sólo tienen cuentas bancarias y se utilizaron para invertir en la sociedad La Playa Beach Associates”, dueña del terreno en Miami donde se construyeron los condominios. Actualmente, tanto Leariver Finance Limited como SM La Plata Holding #1 y #2 continúan activas.

Gregorio Pérez Companc anunció en 2009 en la Bolsa de Buenos Aires que había cedido gran parte de su patrimonio en vida y de manera directa a sus siete hijos. Para completar la transferencia, la familia creó la sociedad Santa Margarita LLC, con sede en Delaware, un territorio considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Esa estructura estuvo bajo la lupa de la AFIP durante siete años porque les habría permitido a los Pérez Companc no tributar impuesto a las ganancias por sus inversiones en el extranjero, como reveló elDiarioAR en diciembre de 2020.

Roemmers

Con un patrimonio de US$2.400 millones, Alberto Roemmers ocupa el quinto lugar del ranking de los más ricos de Argentina, según Forbes. La familia del empresario tiene el 44% del laboratorio Gador y es propietaria de Investi Farma y Rofina, una de las mayores distribuidoras del mercado farmacéutico.

Uno de sus tres hijos, el empresario y escritor Alejandro Roemmers, adquirió un avión Gulfstream G-550 en abril de 2017 por US$15 millones a través de una ingeniería offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de Pandora Papers. Alejandro cobró notoriedad en febrero 2018, cuando festejó sus 60 años con una fiesta de tres días para 600 invitados en Marruecos, que incluyó un concierto privado del cantante Ricky Martin. 

Meses antes de la megafiesta, el empresario creó el 3 de abril de 2017 la compañía Air 31 Holding Corp, en Islas Vírgenes Británicas, que lo tuvo como único accionista. Los formularios de Trident Trust Company, el proveedor de servicios offshore, detallaron que el objetivo de la compañía era controlar a otra firma offshore de Delaware, Air 31, que sería, a su vez, la controlante directa del avión.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, representantes de los Roemmers afirmaron “Alejandro Guillermo Roemmers no es residente fiscal en Argentina desde 2016. Es residente panameño” por lo que no debió informar la adquisición del avión a la AFIP.

Su hermano Alfredo Pablo Roemmers también aparece en los documentos de la nueva filtración. Fue accionista, beneficiario final y director de Black Stone Group Ltd., una sociedad de Belice inscripta en septiembre de 2015. El propósito de la compañía era “llevar a cabo el negocio de una sociedad de inversión”, según el acta de inscripción.

Voceros de la familia respondieron que la firma de Belice fue creada a los efectos de optimizar las inversiones financieras y que fue declarada por el empresario ante la AFIP. “Sus activos y ganancias tributaron los impuestos correspondientes (ganancias, bienes personales y aporte solidario), oportunamente”, aclararon. ¿Por qué eligió un compañía de Belice? “Esta estructura es aconsejada por los bancos para administrar más eficientemente las inversiones en distintas plazas financieras”, explicaron.

Sigman y Gold

El matrimonio era en 2020 dueña de la sexta fortuna más importante del país, con US$2.000 millones. Ese año, cedieron en vida sus acciones en el Grupo Insud a sus hijos, según informaron ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. La multinacional tiene acciones en las farmacéuticas Elea-Phoenix, Biogénesis Bagó, mAbxience, principales activos del grupo. También invierten en cine con K&S; libros (Capital Intelectual y Siglo XXI); y revistas (El Diplo). Sus operaciones centrales están en Argentina y España.

A través del laboratorio mAbxience, fabrican el principio activo de la vacuna AstraZeneza contra el Covid-19, que se envasa en México. Además, Biogénesis Bagó está en negociaciones con China para producir la vacuna Sinopharm en el país.

Sigman eligió Panamá para gestionar el portfolio de inversiones de su holding farmacéutico, el Grupo Insud GmbH, según los documentos que surge de Pandora Papers. La compañía manejó al menos US$120 millones de su nave insignia durante tres años, explicó un vocero ante la consulta.

Además, el matrimonio formó una fundación offshore para planificar la herencia de su imperio farmacéutico, una operación que luego canceló. A través de la fundación, el matrimonio cobró dividendos por más de 75 millones de euros en 2015.

Ambas estructuras fueron declaradas por el matrimonio ante la AFIP y el fisco español, lo que avalaron con documentación fiscal ante el pedido del equipo argentino de ICIJ. La historia completa fue publicada el 7 de octubre último.

Werthein

En Pandora Papers hay cuatro sociedades ligadas a distintos integrantes de la familia Werthein, la séptima fortuna argentina, con US$1.900 millones. Participan en el mercado de seguros (fueron dueños de La Caja), inversiones agropecuarias y la marca Cachamai. Vendieron sus activos en Telecom y Standard Bank a ICBC, según publicó Forbes. En julio último, el grupo alcanzó un acuerdo con AT&T para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., dueña de DirecTV, SKY Brasil y DirecTV Go.

En Pandora Papers, Darío Werthein, quien estuvo involucrado activamente en la adquisición de Vrio Corp., figura como miembro del directorio de Ducal Investments Limited. La sociedad se creó en Islas Vírgenes Británicas el 12 de mayo de 1998 y fue gestionada por el estudio panameño Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Al menos hasta enero de 2011, Darío Werthein recibía las facturas del estudio panameño que gestionaba los trámites de la sociedad, Alcogal.

La compañía tuvo distintos cambios de directorio entre 1998 y 2005 y allí asumieron, alternadamente, Dario Werthein; su esposa, Jacqueline Parisier de Werthein; y Marcelo Wegbrait (ejecutivo del Grupo W).

Carnold Overseas Limited fue creada en Islas Vírgenes Británicas, en abril de 1998. La firma Whitepine SA fue su accionista. Asumieron como directores en distintos momentos, entre 1998 y 2013, Leo Werthein, Darío Werthein, Cynthia Werthein, Alberto Martín Iribarne y Norma Gold de Werthein. Un documento de diciembre de 2010 señala que el beneficiario es Darío Werthein; que el origen de los fondos es “la herencia de su padre Leo Werthein”; y que el propósito de la compañía es hacer “inversiones financieras”. 

Hinslet Overseas Ltd. fue creada en noviembre de 1997, también en archipiélago de bandera británica. De acuerdo con un borrador elaborado por los asesores de la sociedad, Norma Gold Werthein, madre de los empresarios, es la beneficiaria final y el origen de los fondos de la compañía es una “herencia”. La firma tuvo como objetivo hacer “inversiones financieras”. Como apoderados de hecho figuran los hijos de Norma, Darío, Judith y Cynthia Werthein.

La cuarta offshore vinculada a la familia es Chai 18 Limited, creada en Islas Vírgenes Británicas. Isaías Werthein (padre de los empresarios) es su beneficiario final. El propósito de la compañía es “inversiones inmobiliarias” y controla un inmueble en Fisher Island, “el barrio más rico de Estados Unidos”, según un artículo de El País.

Fuentes allegadas al Grupo Werthein se limitaron a señalan que las firmas Ducal Investments Limited y Carnold Overseas Limited “fueron creadas para oportunidades de negocios en el exterior que finalmente no se concretaron” y que “ninguna tuvo ningún movimiento”. Sobre la sociedad Hinslet Overseas Ltd. afirmaron que “fue creada para una cuestión sucesoria de Norma Gold Werthein con sus hijos, que ella es la beneficiaria y sus hijos, únicamente apoderados”. Respecto a Chai 18 Limited, fue creada por Isaías Werthein (padre de los empresarios), quien ha fallecido y que la familia “desconoce qué destino tuvo”.

Eurnekian

En 2020, Eduardo Eurnekian ocupó el novelo puesto del ranking de Forbes, con una fortuna de US$1.100 millones. El holding se extendió por distintos rubros, como medios de comunicación, gas y petróleo, construcción, financiero y real estate, pero su principal compañía es Corporación América, que opera 52 aeropuertos en siete países.

En los Pandora Papers figura uno de sus herederos y colaboradores en el holding, su sobrino Martin Francisco Eurnekian Bonnarens, director de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Según los documentos, el empresario figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, una firma creada en mayo de 2005 en Panamá, “dedicada a la inversión financiera y el real estate”.

Los directores de la offshore son ejecutivos de Corporación América y su accionista controlante es otra sociedad, Southern Cone Foundation (de Liechtenstein). Esta sociedad radicada en Europa, en un territorio considerado paraíso fiscal, es a su vez la controlante última de CGC, la compañía de petróleo y gas de Eurnekian.

“Mayville Capital Corporation fue constituida por Martin Eurnekian en 2005, período durante el cual no era residente fiscal en Argentina”, se limitaron a informar voceros de Corporación América ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Martin Eurnekian también figura como uno de los accionistas de otra firma, Viskert Enterprises, una compañía de Islas Vírgenes Británicas administrada por el estudio panameño Alcogal. Esta compañía fue creada el 12 de julio de 2012. El apoderado de esa firma es Carlos Lecueder, empresario y contador público uruguayo, quien dirige un estudio que presta servicios a argentinos, según surge de Pandora Papers.

Lecueder impulsó la construcción de las torres del World Trade Center (WTC) en Montevideo, emplazada en el Complejo del Buceo. Corporación América había presentado proyectos para ampliar y modernizar el Puerto del Buceo. La compañía opera el aeropuerto de Carrasco.

“Fue una sociedad holding, accionista de un centro comercial en Uruguay. La participación de Martin Eurnekian en dicha sociedad fue minoritaria y a título personal. La misma fue adecuadamente informada a las autoridades impositivas correspondientes. Se desconoce cualquier vínculo con el complejo del Buceo en Montevideo”, respondieron voceros de Corporación América ante la consulta.

Sobre si el director ejecutivo de Corporación América había declarado ante la AFIP ambas sociedades, voceros de la compañía respondieron que “Martin Eurnekian reside en Uruguay desde 2004”, por lo que “no es residente fiscal argentino” desde ese año. El empresario regresó temporalmente al país sólo en 2018 y 2019 “por cuestiones personales”, período en el que “declaró sus activos e ingresos ante la AFIP de conformidad con la normativa impositiva”.

Viskert Enterprises tuvo a Eurnekian entre otros 16 accionistas, todos con domicilio en Uruguay. La sociedad se disolvió el 28 de marzo de 2018, pero Corporación América sostuvo que para ese año, el empresario ya no era accionista de la sociedad.

De Narváez

El empresario Francisco De Narváez y su familia tenían una fortuna valuada en 2020 en US$920 millones, ocupando el puesto número diez del ranking de los más ricos. Conformaron un conglomerado de al menos cinco fideicomisos, creados en diciembre de 2004, y por los que el empresario y su familia tuvo denuncias de la AFIP por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2006, pero la Justicia falló a favor de los particulares en al menos tres casos entre 2015 y 2016, según los fallos aportados por los De Narváez.

La familia es heredera de la cadena de tiendas Casa Tía, que a fines de los 90 se vendió por US$630 millones, según informó su abogado. En 2020, Francisco De Narváez adquirió los supermercados Waltmart. El empresario había incursionado en política durante el kirchnerismo, espacio al que se opuso. Llegó a ganarle una elección legislativa a Néstor Kirchner y fue electo diputado. Recientemente, se acercó al presidente Alberto Fernández con quien tuvo una reunión en Casa Rosada. 

Los trusts (fideicomisos, en inglés) llevan los nombres Galeodea, Cingula, Marquise, Sunrise y Flint, según los documentos de Pandora Papers y hay decenas de resoluciones donde se autorizan distintos movimientos de dinero (que oscilan entre los US$200.000 y los US$10 millones). Los beneficiarios son Francisco De Narváez, Luis Carlos de Narváez Steuer y otros ocho familiares.

A través de estas estructuras movilizaron fondos millonarios a favor de sus beneficiarios. Los documentos surgen de los proveedores Treuco Trust Company (de Nueva Zelanda) y CitiTrust o Asiaciti como agentes registrados. Eran gestionados desde Suiza, donde también se registraron cuentas bancarias. En los Pandora Papers, además, figura una sociedad llamada Flint Investments Pte. Ltd., radicada en Singapur.

“Todos esos trust están debidamente declarados y vienen de una tradición familiar que viene de la época de mis abuelos. Sus beneficiarios son mis hijos y los hijos de mis hijos”, respondió Francisco De Narváez ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Los fideicomisos, agregó el empresario, “obedecen a la administración de la fortuna familiar”.

Todos los fideicomisos fueron constituidos en 2004 y con bienes de Doris Steuer, madre de Francisco, Carlos, María y Juanita De Narváez, informó el abogado de Francisco De Narváez. Ese año, la hija del fundador de Casa Tía había fallecido. 

Los beneficiarios de cuatro de estos fideicomisos, los hijos y descendientes de Doris, fueron recibiendo dinero de los fideicomisos a partir de esa fecha, agregó el abogado. “Las percepciones de dinero fueron declaradas ante la autoridad fiscal argentina por parte de los beneficiarios”, aseguró. “Al recibir estos fondos, sus beneficiarios fueron cuestionados por la AFIP”, ya que la familia De Narváez entendía que no estaban alcanzados por impuestos, lo que originó reclamos y procesos tanto administrativos como penales.

El abogado aclaró que los procesos judiciales y fiscales fueron concluidos, sin sanciones de ningún tipo para la familia y adjuntó copia de las resoluciones judiciales a favor de los De Narváez.

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ED

“La lógica empresarial es ‘no quiero etiquetado frontal, no quiero acuerdo de precio, no quiero ley de góndola'”, soltó este miércoles el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, el contador de 62 años que fue militante del Frente País Solidario (Frepaso) en los 90, presidió los bancos Ciudad y Nación, fue viceministro de Economía de Amado Boudou y trabajó a las órdenes de Verónica Magario -actual vicegobernadora bonaerense- en los últimos seis años hasta que asumió hace dos semanas en el lugar de Paula Español. Feletti se refería con aquella frase al enfrentamiento que mantiene con las grandes empresas de alimentos, bebidas y artículos de higiene por el congelamiento de precios de 1.432 productos. Se trata de una tensión que se suma a la pelea por el proyecto de ley para que los envases lleven en su frente una etiqueta que advierta sobre excesos de grasas, azúcar y sodio, y que el oficialismo y la oposición acordaron debatir este martes en la Cámara de Diputados después de idas y vueltas. Una nueva batalla después de que 2020 el Congreso sancionara también por consenso la ley que obliga a diversificar la oferta en los supermercados y que por ahora se aplica poco en las estanterías.

Feletti apuntó directo aunque sin nombrarla contra Molinos, la empresa de los Perez Companc. En el Gobierno también levantaron el dedo contra otras dos compañías de peso en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y la Unión Industrial Argentina (UIA): Arcor, de Luis Pagani, y Ledesma, de Carlos Pedro Blaquier. Adrián Kaufmann Brea, ejecutivo del gigante de los caramelos y muchos alimentos más, es uno de los vocales de la Copal y uno de los vicepresidentes de la UIA. Eduardo Nougués, de la azucarera y papelera, ocupa los mismos cargos en ambas entidades. La Copal fue la que emitió un duro comunicado este martes pidiendo que se extendiera el plazo de 24 horas que Feletti había dispuesto para negociar la lista de productos congelados. Ni esas tres empresas nacionales ni sus competidores extranjeros aceptaron los precios propuestos por el secretario, que terminó estableciéndolos por resolución. Pero en las multinacionales atribuyen la inquina de Feletti con esas tres a que dominan rubros claves de la alimentación.

Compensar

En la mayoría de las compañías descartan un desabastecimiento, como el que agitaron comerciantes y opositores, porque el programa Precios Cuidados incluye sus productos estrella, que no pueden faltar en las góndolas. Sólo algunas advierten sobre faltantes puntuales en casos de que los costos excedan las pérdidas y deban ir a pérdida. Pero en todo caso las empresas apuestan en un principio a las reuniones individuales que han comenzado con el equipo de Feletti, incluida su subsecretaria Débora Giorgi, para revisar los valores. Molinos protagonizó la primera de ellas este miércoles, aunque no consiguió modificaciones. Algunas firmas quieren explicarles que decenas de productos de la lista han dejado de producirse hace años. No les dirán nada de que ya la extrañan a Español, no por su dureza sino por metódica. En varias firmas descartan reclamos judiciales porque los consideran poco efectivos. Apuestan más bien a compensar el congelamiento con la remarcación de otros artículos y a compartir pérdidas con las grandes cadenas de supermercados (llámese Coto, Changomás, Carrefour, Jumbo, Día o La Anónima). El congelamiento implicó retrotraer precios al 1º de octubre, pero en algunos casos incluso al segundo trimestre, y se extenderá hasta el 7 de enero, pero después de las elecciones del 14 de noviembre todo puede pasar.

La empresa de la familia de Gregorio Pérez Companc, dueña de la cuarta fortuna de la Argentina -según la revista “Forbes”-. controla el 79% de la facturación de las góndolas de fideos, según una investigación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de 2016. Además domina el 45% del negocio del arroz y el 36% del de aceites. En 2020, Molinos ocupó el puesto 83º entre las empresas que más facturaron de la Argentina, según el ranking de la revista “Mercado”. Vendió por $ 40.067 millones. Incluso revirtió las pérdidas por 1.370 millones que había sufrido en 2019, último año del gobierno de Mauricio Macri, y ganó 1.746 millones pese a la pandemia.

Arcor controla el 70% del segmento de mermeladas, el 20% de los enlatados y otro tanto de los jugos en polvo. Además con sus marcas propias y a través de Bagley -su alianza con la francesa Danone- domina el 31% del rubro de las galletitas. La empresa de Pagani, una de las voces de mayor peso en la Asociación Empresaria Argentina (AEA, que emitió otro comunicado contra el congelamiento de precios) y décimo mayor magnate del país, también tiene el 49% de Mastellone (dueña de la marca La Serenísima para leches, quesos y dulce de leche), que controlaba el 57% del negocio de la leche en 2016, pero que amplió su hegemonía después de la posterior crisis de su rival SanCor. Además contaba entonces con el 30% del segmento de quesos. Arcor ocupó el puesto 46º en el ranking de las empresas que más facturaron en 2020: $ 72.824 millones. También dio vuelta el rojo de 2019, que llegaba a $ 2.000 millones, hasta alcanzar beneficios por $ 4.164 millones. Además, Bagley facturó en 2020 unos $ 29.065 millones (puesto 129º en el ranking argentino) y Mastellone, unos $ 80.200 millones (posición 42º), aunque esta empresa multiplicó por 33 sus pérdidas hasta arribar a los 2.287 millones. 

Ledesma es la segunda empresa en el negocio del azúcar, que lidera el Ingenio Tabacal, según CEPA. La firma de Blaquier, dueño de la 24ª fortuna del país, facturó en 2020 por $ 22.301 millones, con lo que quedó 182º en el ranking de las que más venden. También fabricante de papel, pasó de despedir a Macri con un rojo de $ 2.181 millones a ganar $ 736 millones. En la actualidad, Blaquier, de 94 años, ha dejado la conducción de la empresa en manos de sus descendientes, pero ahora enfrenta la elevación a juicio oral de la causa por su presunta complicidad en las desapariciones de sus obreros en la Noche del Apagón en la última dictadura.

Multinacionales

Pero además de Molinos, Arcor y Ledesma, hay pesos pesados multinacionales que también rezongan en segunda línea contra el congelamiento de precios. La angloholandesa Unilever domina los mercados de caldos (91%), desodorantes (85%), jabón (81%), suavizantes (80%), lavavajillas (61%) y shampoos y acondicionadores (47%). Está 38º en el ranking de empresas en la Argentina, con ventas por $ 87.850 millones en 2020, el doble que en 2019, aunque la inflación no había aumentado tanto el año pasado (36%) en comparación con la actualidad.

Aceitera General Deheza (AGD), la empresa de Roberto Urquía -el ex senador mantiene una buena relación con el Gobierno y es el 17º millonarios del país-, factura sobre todo por su negocio de exportación de grano y sus derivados, pero controla un cuarto del mercado local de aceites. En 2020 fue la cuarta empresa del país, con ingresos por $ 280.340 millones, un 51% más que en 2019. Quilmes, propiedad de la belga AB InBev, domina el 78% del negocio cervecero y, como embotelladora local de la norteamericana PepsiCo, cuenta con el 17% del segmento de bebidas sin alcohol. En 2020 facturó $ 110.000 millones (puesto 27º en el ranking de la revista “Mercado”), un 52% más que en 2019.

Molino Cañuelas, la empresa de los Navilli que se presentó en convocatorio de acreedores el mes pasado, facturó en 2020 $ 71.922 millones (48º en la clasificación nacional). Domina el 59% del negocio de las harinas. Además cuenta con el 30% del de aceites. La norteamericana Bunge, que es otra empresa fundada por la misma familia holandesa que creó la desaparecida Bunge & Born, se dedica principalmente a la exportación de granos, harinas y aceites, pero también vende en el mercado interno. Sus ventas alcanzaron el año pasado los 69.700 millones (puesto 52ª en la Argentina).

La láctea Molfino ocupa la posición 61º, con $ 62.300 millones, 58% más que en 2019. Pertenece a la canadiense Saputo. En 2016, cuando SanCor aún pisaba fuerte, Molfino tenía el 2,1% del mercado lácteo, incluido un 6,4% del de quesos (con marcas como La Paulina), pero su participación probablemente creció ante el ajuste que debió emprender la cooperativa santafesina-cordobesa. En el puesto 75º está una de las embotelladoras de Coca-Cola, la del Atlántico, de capitales chilenos y presencia en el centro de la Argentina. En 2020 facturó $ 49.329 millones. La filial directa de la estadounidense Coca-Cola, que gestiona las marcas, vendió por 27.363 millones (puesto 143º) y la embotelladora Coca-Cola Femsa, de propiedad mexicana y negocios en Buenos Aires y sus alrededores, tuvo ingresos por 23.000 millones (174º). Las gaseosas de este gigante controlan el 78% del mercado.

La suiza Nestlé facturó en la Argentina el año pasado $ 41.000 millones, 51% más que en 2019. Con la fórmula soluble, domina el 44% del negocio del café. Con la leche en polvo, tiene el 3,5% del rubro lácteo. Ocupa el puesto 82º entre las empresas que más facturan en la Argentina. En el top 100 también aparece la cervecera chilena CCU, que a su vez está controlada por el Grupo Luksic y la holandesa Heineken. CCU vendió en 2020 por $ 39.000 millones (puesto 84º). Controla alrededor del 20% del mercado de cervezas. Danone tiene divididos sus negocios por empresas: Danone Argentina en lácteos, Aguas Danone, Logística La Serenísima -cuenta con esta marca para postres y yogures- y una parte de Nutricia Bagó. Juntas facturaron el año pasado $ 54.658 millones. La firma francesa controla el 80% del negocio de yogures, el 73% del de postres (ambos datos son previos a la crisis de SanCor) y el 53% del de aguas (incluidas las saborizadas). 

Por fuera del top 100 de las empresas más grandes en la Argentina, también hay otras de alimentos, bebidas e higiene que dominan en sus segmentos como las norteamericanas SC Johnson en repelentes, Colgate Palmolive en cremas dentales, Mondelez en jugos en polvo, Clorox en lavandinas, Procter & Gamble en papel higiénico, Johnson & Johnson en toallas femeninas, Ingenio Tabacal (del grupo Seabord) en azúcar, los brasileños Swift en embutidos y BRF en salchichas, la chilena Papelera del Plata en rollos de cocina y papel higiénico y Estancia Las Marías (de los Navajas Artaza) en té y yerba, según el relevamiento de CEPA. Son todos gigantes a los que ahora se enfrenta Feletti en una batalla de resultado final incierto. Algunos de ellos también presionan contra algunos artículos de la ley de etiquetado y sonríen por la escasa aplicación de la ley de góndolas.

AR

La Corte Suprema de Justicia avaló un reclamo de la AFIP contra Molinos Río de la Plata por no haber cumplido con el pago del impuesto a las Ganancias abusando de un tratado internacional destinado a evitar la doble imposición.

En 2003 Molinos Argentina constituyó en Chile una empresa subsidiaria (“Molinos Chile”), y la transformó en controlante de otras sociedades constituidas en Uruguay y Perú. Pese a que todo el grupo económico respondía a Molinos Argentina, entre 2004 y 2009 la firma, como contribuyente local, declaró ante la AFIP que los ingresos por dividendos provenientes de las sociedades uruguayas y peruanas se encontraban amparados bajo el convenio para evitar la doble imposición suscripto entre Argentina y Chile en 1976. Bajo ese paraguas, redujo el importe ingresado por impuesto a las ganancias durante ese período.

Luego de una fiscalización, que culminó en 2011, la AFIP sostuvo que la empresa estaba abusando del tratado internacional, ya que tampoco abonaba el impuesto a las rentas en Chile.

La empresa cuestionó la decisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que confirmó la determinación de la AFIP; y frente a una nueva apelación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la postura. Esta última sentencia motivó un recurso extraordinario de Molinos ante la Corte Suprema que, con los votos de Maqueda, Rosatti y Lorenzetti, confirmó la determinación de la AFIP.

Para ello, interpretó el artículo 11 del Convenio para evitar la doble imposición suscripto entre Argentina y Chile aclarando que esa norma se inserta dentro de un sistema jurídico cuya cúspide es la Constitución Nacional. Esa inserción, explicó, subordina el tratado a la Constitución y específicamente a su artículo 27, que establece que todos los tratados internacionales sean compatibles “con los principios de derecho público” argentino.

Con fundamentos constitucionales, de derecho internacional (instrumentos de la OCDE y normas chilenas) y de la práctica tributaria nacional, el Tribunal sostuvo que la postura asumida por Molinos era abusiva e irrazonable, pues no buscaba ampararse de buena fe en el tratado internacional para evitar la doble imposición, sino que era una vía para lograr doblemente una no imposición tributaria.

NB