El virtual desembarco de buques de gas natural licuado (GNL) en el Golfo San Matías, promocionado como el pasaporte al desarrollo por el gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck, desató un conflicto que atraviesa a comunidades costeras, organizaciones ambientales y sectores políticos. En esa bahía del noreste patagónico, entre la Península Valdés y la costa que une Las Grutas con la localidad de San Antonio, se juega una pulseada que ya no se limita a cifras millonarias: el choque es entre un modelo de desarrollo extractivo y la defensa de un ecosistema considerado único en el Atlántico sur.

La polémica está cruzada por un antecedente central: la Legislatura de Río Negro reformó en 2022, casi a escondidas, la histórica ley 3308 de 1999, en cuyo articulado se prohibía la instalación de terminales hidrocarburíferas en el Golfo de San Matías. Esa norma había nacido de la alerta de la comunidad por un oleoducto que pretendía convertir a San Antonio Oeste en “la nueva Comodoro Rivadavia” y cuya caída consolidó el perfil turístico de la región. Las organizaciones sociales denunciaron que se trató de un trámite exprés, con legisladores votando entre gallos y medianoche y vecinos impedidos de ingresar al recinto.

El valor ecológico del Golfo refuerza esa disputa. Allí conviven ballenas francas, orcas, toninas y hasta lobos marinos de uno y dos pelos. Además, llegan aves migratorias desde el Ártico canadiense e Inglaterra y se desarrollan pesquerías de merluza y langostino, así como del denominado pulpo tehuelche. “Un derrame aquí sería letal para las aves playeras migratorias. Podría arrasar con un ecosistema que sostiene al turismo y la pesca artesanal”, advierte Mirta Carbajal, bióloga y presidenta de la Fundación Inalafquen.

“El Golfo San Matías es el único de la zona que no tiene actividad petrolera. No queremos que eso se pierda, por eso la esperanza está en la gente que pueda apreciar este lugar en el que estamos”, añadió Carbajal en diálogo con elDiarioAR, quien también integra la Multisectorial Golfo San Matías, una organización que reúne a personas de distintas ciudades costeras autoconvocadas para proteger al golfo de la explotación petrolera y de los derrames de crudo al mar. 

De audiencia en audiencia

Un momento clave de toda esta historia tuvo lugar el 4 de diciembre de 2024. Ese día, en San Antonio Este, se desarrollaron las primeras audiencias públicas para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Hilli Episeyo, el primer buque que llegaría a la costa argentina, propiedad de la noruega Golar LNG. En aquel momento, vecinos y asambleas advirtieron que el documento minimizaba riesgos y que el procedimiento no se hacía en el lugar directamente afectado, Las Grutas. “Se trató de una audiencia con respuestas evasivas y tiempos acotados, un trámite más que un debate”, recuerda Raquel Perier, activista socioambiental y doctora en Biología por la Universidad Nacional de La Plata, que desde 1979 vive en el Golfo.

Southern Energy —el consorcio integrado por Pan American Energy y Golar LNG, además de por YPF, Pampa Energía y Harbour Energy— , sin embargo, destaca otra versión. Según indicaron a elDiarioAR, los EIA de ambos buques fueron elaborados bajo estándares internacionales y mejores prácticas avaladas por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La compañía asegura que los estudios incluyeron un equipo multidisciplinario de expertos —entre ellos investigadores locales del CIMAS y del IIMYC— y que las audiencias cumplieron con todos los requisitos normativos. La primera, dicen, se extendió por 12 horas con 23 expositores, 152 oradores y “plena participación ciudadana”.

Nueve meses después, el 16 de septiembre pasado, se repitió la escena con el FLNG MKII. Las asambleas denunciaron nuevamente cupos cerrados y tiempos recortados. “Estamos viviendo sin respeto alguno de las leyes que hemos construido durante años”, se lamenta Perier. El consorcio, en cambio, afirma que la segunda audiencia se prolongó por 11 horas, con 33 expositores (entre ellos autoridades provinciales, universidades, sindicatos y legisladores) y 146 oradores, de los cuales más del 90% se manifestó a favor del proyecto. El informe presentado sostiene además que se evaluaron impactos acumulativos —ruido, descargas térmicas, emisiones gaseosas, paisaje— y que todos resultaron “bajos” según las guías internacionales.

La empresa agrega que el proyecto generará 1.900 empleos directos e indirectos durante la construcción, con una fuerte participación de proveedores locales, y que el gas natural licuado funcionará como “combustible puente” en la transición energética mundial. Para las organizaciones socioambientales, en cambio, el debate sigue siendo el mismo: el impacto acumulativo sobre un ecosistema frágil y la pérdida de soberanía en nombre de un desarrollo que consideran extractivista.

Tres días antes de esa última audiencia oficial, el sábado 13 de septiembre, vecinos y organizaciones habían organizado su propia instancia de deliberación en Las Grutas: la llamada “asamblea del pueblo”. Desde el mural “No al buque” partió una caravana hacia San Antonio Oeste y terminó en la Plaza Centenario, donde un centenar de personas —entre ellas ambientalistas, referentes religiosos y artistas— plantearon un espacio paralelo de discusión.

Una actividad en riesgo

Está claro que los cuestionamientos no se limitan a la forma. Es el fondo lo que está en disputa. Según indican desde las organizaciones, el GNL requiere enfriar el fluido hasta los –161 ºC para transportarlo y luego regasificarlo, un proceso de altísimo consumo energético. Diversos informes internacionales señalan que, en un horizonte de 20 años, sus emisiones pueden llegar a superar en un 30% a las del carbón.

En Río Negro, además, el proyecto de la instalación de los buques depende del fracking en Vaca Muerta y del tendido de un oleoducto de cientos de kilómetros hasta la costa cuya construcción está a cargo de YPF. Es decir, no se trataría solo de un barco: es un modelo de hidrocarburización intensiva, con consumo de agua, sismicidad inducida y generación de residuos tóxicos.

Héctor tiene 53 años y desde los 8 que es “pulpero”, aunque él prefiere que lo llamen recolector costero. “Tenemos miedo de que no nos dejen llegar más al mar”, se lamenta, sentado en el comedor de su casa junto a su hermana Mabel. Ambos viven a las afueras de San Antonio Oeste y reivindican el trabajo que les fue inculcado por sus padres y abuelos y que hoy está en riesgo debido al avance del proyecto petrolero.

“No sé cómo lo tomarán los otros compañeros, pero mi trabajo es este y lo traigo de nacimiento”, afirma Héctor cuando se le consulta si recibió propuestas laborales de parte de las petroleras, algo que niega de plano. “Hace poco tuve problemas de salud y lo único que le pedía a Dios era que no me sacara eso”, grafica, mientras señala los “sunchos” que colocó sobre la mesa. Son varillas metálicas con la punta doblada, instrumentos caseros que desde tiempos inmemoriales se usan para capturar a los pulpos. Es una técnica transmitida de generación en generación, basada en la destreza manual y en el conocimiento del terreno marino.

La clave, dice Héctor, está en saber cuándo “entrar a la marea” y cuándo retirarse: una sabiduría que combina tradición, intuición y resistencia frente a un ecosistema en transformación.

Es que el pulpeo se realiza en un tiempo muy limitado: las pocas horas en que el mar retrocede y deja al descubierto la franja intermareal. Los recolectores observan además la dirección y la intensidad de los vientos, y dependen de la luz natural para detectar las señales que delatan la presencia de los moluscos.

Denuncia abierta

Mientras tanto, la oposición política rionegrina también toma nota. La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, denunció a Weretilneck ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por habilitar la participación de Harbour Energy, heredera de la británica Premier Oil, sancionada en 2012 por operar ilegalmente en las Islas Malvinas.

“Es un caso de encubrimiento empresarial que vulnera la ley nacional y hasta la causa Malvinas, de jerarquía constitucional”, afirmó Odarda, poniendo en el foco al gobernador de la provincia, hoy amo y señor de la política de Río Negro. Para ella, al igual que para las organizaciones ambientalistas, las audiencias públicas “son apenas un simulacro, un trámite administrativo para legitimar lo que ya está decidido”.

Ese señalamiento no solo apunta a una empresa, sino también al estilo del propio Weretilneck. Fiel a su mote de “el Brujo”, el gobernador volvió a desplegar el pragmatismo que lo caracteriza: con mayoría en la Legislatura, allanó en tiempo récord la derogación de la ley 3308 que blindaba al Golfo, alineó a su tropa detrás del RIGI y tejió alianzas con Nación y con las petroleras. Su apuesta es clara: provincializar un proyecto con capitales multinacionales y convertirlo en la bandera de un legado productivo, aunque para ello deba relativizar las críticas por la participación de Harbour o los reparos de las comunidades costeras.

En el último tiempo, Weretilneck consolidó su sintonía con el gobierno nacional. A fines de septiembre, la secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, fue designada como directora titular de YPF, con mandato hasta 2026, consolidando así la participación provincial en las decisiones estratégicas de la principal empresa energética del país. La designación fue leída en Viedma como una señal política de la Casa Rosada hacia el gobernador y como una de las puntas del acuerdo que lo une a Javier Milei. En el Congreso, Weretilneck ya venía ordenando a la senadora Mónica Silva y al diputado Agustín Domingo para votar en sintonía con el oficialismo libertario, mientras su gobierno provincial acompaña las principales reformas económicas impulsadas desde Nación.

El gobierno local sostienen que el proyecto de GNL traerá empleo, logística, obras de infraestructura y regalías. En esa línea, en la última audiencia oficial, el gerente de Ambiente de Southern Energy, Marcelo Bombicini, apeló a una metáfora llamativa. “Ya somos vecinos y vamos a ser vecinos durante 20 años con un buque, ahora lo estamos ampliando a un segundo ambiente de nuestro PH, que es el MKII”, señaló, según indicaron las crónicas periodísticas. El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, se sumó a los festejos y aclaró que “estas inversiones no vienen a perjudicar absolutamente nada”.

Pero la desconfianza de un sector de la sociedad persiste. Las organizaciones señalan que, en los últimos años, la Legislatura entregó el control ambiental a la Secretaría de Energía provincial, sin idoneidad técnica, y que la provincia avanza sin cumplir con la consulta previa a las comunidades originarias establecida por la normativa nacional y el Acuerdo de Escazú. “No nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a que lo hagan a costa de nuestra biodiversidad, de la pesca artesanal y del turismo, que es la base de la economía local”, apunta Perier.

El conflicto recién empieza. A medida que se acercan los plazos de inversión, estimados para el 2027, la brecha entre la épica oficial del polo energético y la alerta socioambiental se profundiza. El Golfo San Matías, hasta ahora una postal de aguas transparentes y actividad pesquera artesanal, quedó en el centro de un dilema que excede a la provincia de Río Negro: ¿exportar gas como vía rápida al desarrollo o preservar un ecosistema único en nombre de las generaciones futuras y el bienestar presente?

PL/MG

Tres personas fueron detenidas este miércoles debido a su presunta participación en los incendios que se originaron recientemente en la localidad rionegrina de El Bolsón, según confirmó el gobernador Alberto Weretilneck.

Las familias, vecinos montados en caballos, amigos de los tres detenidos acusados de provocar los incendios de El Bolsón, brigadistas y ambientalistas se enfrentaron a la Policía y hubo corridas y represión frente a la comisaría. 

Este hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la comisaría N°12 de El Bolsón, cuando se produjo una pelea entre los oficiales y los vecinos de Mallín Ahogado, activistas de organizaciones sociales y familiares que reclamaban su liberación, quienes denunciaron que los detenidos no tenían que ver con los incendios y acusaron de violencia y persecusión a personas que responden a Joe Lewis, el magnate británico de 85 años que es dueño de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluida la zona de Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón. 

Luego de la discusión, los agentes policiales embistieron a las personas que estaban en las inmediaciones del lugar.

Según medios locales, las personas aseguraban que los implicados “no tenían nada que ver con los incendios, sino que por el contrario estaban allí para poder socavar el fuego”.

En el material audiovisual que se ve en redes sociales, se puede visualizar como los vecinos a caballo agredían a los activistas de Río Negro, mientras que otras personas se enfrentaban con la policía.

Además, en el video se escucha la discusión entre vecinos: “Hijos de p..., ¿quieren hacer m... todo, no? ¿Te pensás que les tengo miedo?”, dijo uno de los hombres a caballo a los manifestantes.

Después del hecho, intentó pegarle con el látigo a una de las personas que grababa la situación con su celular. Luego, avanzó contra otra y la desafió: “¿Vos tenés algo para decir?”.

Las detenciones

A través de un mensaje en sus redes sociales el mandatario provincial señaló que “la primera detención se produjo este miércoles en la zona de Warthon, cuando vecinos detectaron a un hombre deambulando de manera sospechosa y lo retuvieron hasta que fue puesto a disposición de la Justicia”.

“Entre sus pertenencias se halló una botella con líquido sospechoso, que será peritada para determinar si se trata de un acelerante”, añadió.

Asimismo, Weretilneck señaló que “más tarde, en otro operativo, fueron detenidas otras dos personas por averiguación de hecho, quedando también a disposición del Ministerio Público Fiscal. La investigación sigue en marcha para establecer si tienen conexión con los incendios que han devastado la zona”.

El gobernador destacó también que “la rápida intervención de la Policía de Río Negro, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, fue clave así como la acción inmediata de los vecinos, que alertaron a las autoridades y permitieron la detención”.

“La investigación sigue avanzando y no se descartan nuevas detenciones. Se continúan analizando pruebas”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El miércoles pasado, Jorge Macri intentó alterar Twitter de un modo rústico. El asesinato de un policía de la Ciudad en Lomas de Zamora abrió la puerta para que el jefe de Gobierno de la capital informara que once efectivos de la fuerza porteña habían sido ultimados en territorio provincial en los últimos cuatro años. “¿Cuántos más tienen que morir para que el gobernador haga su trabajo?”, preguntó.

Hasta hace no tanto, fuera de períodos electorales, el vandalismo retórico de ese tipo de un gobernador hacia otro no era moneda corriente.

El posteo no generó una réplica del aludido ni repercusión siquiera en el entorno del gobernante porteño. A esa hora, Kicillof lidiaba con un frente más estridente por la elección de YPF de desarrollar la planta de licuefacción de gas en el puerto a construir en Punta Colorada, en Río Negro, y no en el ya existente en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, como estaba previsto.

La opción por Río Negro obedeció, según Javier Milei, a que Kicillof es un “enano comunista” y un “expropiador serial” que espanta inversiones. Que la preferencia por Río Negro haya corrido a cargo de la empresa estatal de petróleo cuyo titular fue designado por el Presidente es un detalle menor.  

El origen político de Alberto Weretilneck lo ubica en Cipolletti en la década de 1990 como parte del Frente Grande, cuando esa fuerza de centroizquierda fundada por Carlos “Chacho” Álvarez comenzó a gobernar la ciudad rionegrina por 16 años. Ese antecedente no fue óbice para que el hoy gobernador de Río Negro enterrara cierta fricción con Milei de los primeros meses del año para alabarlo por su “liderazgo crucial” y se plegara a la ofensiva macartista contra Kicillof, por su “dogmatismo”.

Los gobernadores defienden con tanto frenesí los beneficios impositivos y las licencias ambientales para las empresas extractivistas, que se difumina la frontera entre los intereses del Estado provincial y el mundo privado

Weretilneck encolumnó detrás de su cruzada a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa (disidente del Movimiento Popular Neuquino); Chubut, Ignacio Torres (PRO); y Santa Cruz, Claudio Vidal (sindicalista petrolero antikirchnerista).

Una característica se naturalizó entre gobernadores de provincias con recursos naturales extraíbles, sin diferencias de signo político. Los mandatarios defienden con tanto frenesí los beneficios impositivos y las licencias ambientales para las empresas extractivistas, que se difumina la frontera entre los intereses del Estado provincial y el mundo privado. Ello hace un efecto de pinzas sobre una prensa que depende de ambas pautas publicitarias.

RIGI riguroso

En aras de los presuntos beneficios por venir en provincias con un entramado económico sin muchas variantes, los gobernadores no dudaron un segundo en adherir a un régimen de incentivo de grandes inversiones como el RIGI elaborado por el Gobierno ultraderechista, que otorgó a las empresas el privilegio de no tener que liquidar dólares en Argentina e inéditas rebajas de impuestos. Las prerrogativas fueron mucho más allá de lo que las propias compañías mineras y de gas y petróleo exigían, según la versión unánime de los involucrados.

Además de mover montañas, los inversores logran conversiones asombrosas, como la del catamarqueño Raúl Jalil, que pasó del peronismo clásico al mileísmo sumiso en cuestión de semanas.

El capítulo de la planta de GNL de YPF encierra inconvenientes.

La compulsión izquierdofóbica de Milei no ayudó a que la asepsia pretendida sonara creíble

YPF debe explicar por qué eligió un destino en el que además de la planta en sí misma, cuyo costo estimado es US$ 10.000 millones, debe desarrollar rutas, instalaciones y logística que hoy no existen en Punta Colorada y tienen un desarrollo considerable en Bahía Blanca. Fuentes calificadas que conocen el proyecto al detalle y no tienen ninguna relación con Kicillof indicaron a la agencia estadounidense REDD Intelligence que el costo adicional del emprendimiento en la costa de Río Negro conlleva un piso de US$500 millones. Esa cifra es desmentida en el entorno de la empresa que preside Horacio Marín. Por el contrario, en la petrolera de mayoría estatal ponen el foco en que los terrenos de Bahía Blanca son más caros y más disputados por otras industrias, y que las aguas en el rionegrino Golfo de San Matías son más profundas, ergo, más convenientes para la operación de GNL a gran escala, indicó la misma agencia especializada en finanzas.

De allí que YPF se precipitara en los últimos días a acentuar que la opción por Río Negro obedeció a razones estrictamente técnicas y citara informes de consultores, que al parecer llegaron antes de lo esperado. Es probable que todo obedeciera a rigurosos cálculos económicos, pero la compulsión izquierdofóbica de Milei no ayudó a que la asepsia pretendida sonara creíble.

El Presidente volcó sus insultos contra Kicillof y anticipó que el proyecto de GNL sería radicado en Río Negro cuando logró ser entrevistado por Alejandro Fantino en el streaming Neura, semanas atrás. A los días, Weretilneck hizo lo propio, en el mismo espacio.

Días antes, Marín, un exejecutivo de Tecpetrol (Grupo Techint) designado por Milei al frente de YPF, había emplazado a Kicillof. “Obviamente tienen que adherir al RIGI. Si no adhieren al RIGI ya se terminó la discusión. Si no adhiere la Provincia no hay que discutir nada, irá a la provincia que adhiera al RIGI. Es obvio, ¿quién va a poner la plata si no?”, dijo el presidente y CEO de empresa.

Otra coincidencia unánime de las fuentes es que el papel de los impuestos provinciales en un proyecto de esta naturaleza es marginal. Lo central, para las empresas, es la rebaja de Ganancias e IVA, la eliminación de retenciones y la libre disponibilidad de dólares, y todo ello está garantizado en el RIGI nacional.

En ese punto, Marín también debió retroceder para que su decisión no fuera interpretada como política antes que “técnica”. En la comunicación formal de la opción por Río Negro, la empresa aclaró que las ventajas sobre Bahía Blanca no tenían relación con asuntos impositivos locales. Según lo escrito, la adhesión provincial al RIGI nacional —que Río Negro concretó y Buenos Aires, no— resultó irrelevante.

Aguijón de La Cámpora

Además de los ataques externos, en el entorno de Kicillof anotan fuego amigo.

El Frente Renovador de Sergio Massa vio la oportunidad para deslizar que, si lo hubieran dejado, habría corregido la que observan como impericia de Kicillof. El juego de la supuesta expertise de Massa es un clásico permanente de la política argentina, como cuando llegó al Ministerio de Economía en 2022 y anunció que ya tenía atados los repos que garantizarían calma para afrontar los vencimientos financieros. No ocurrió.

El dardo interno que más dio que hablar fue el del intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, un hombre al que señalan con terminal en el diputado provincial Facundo Tignanelli, uno de los principales eslabones del hilo de conducción de Máximo Kirchner.

Que esa movida extraña haya provenido de La Cámpora, organización que bloqueó los proyectos de beneficios para grandes inversiones en Vaca Muerta durante los cuatro años de Alberto Fernández, resulta reveladora del estado de situación

“Susbielles boqueó”, indicó un hombre del peronismo bonaerense.

A contramano de Kicillof, el intendente de Bahía Blanca, quien ganó la elección en una ciudad especialmente conservadora con sólo 33% de los votos, gracias a la división del voto de derecha entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, reclamó por la suscripción provincial del RIGI nacional y sobreactuó al punto de impulsar la adhesión municipal, tan simbólica como inútil. Que esa movida extraña haya provenido de La Cámpora, organización que bloqueó los proyectos de beneficios para grandes inversiones en Vaca Muerta durante los cuatro años de Alberto Fernández, resulta reveladora del estado de situación.

Perfil en construcción

El hecho de ser apuntado como blanco predilecto de Milei y sus aliados suma para el objetivo de Kicillof de incursionar con otra música en el campo peronista y ser candidato a presidente en 2027. La ofensiva pone al gobernador bonaerense en el centro del escenario y le permite contrastar resultados de su experiencia bonaerense con un proyecto ultra que, en lo que demostró hasta ahora, disparó una recesión con síntomas de depresión, recortó presupuestos y derechos esenciales y no atina a siquiera acercarse a resolver el problema de la falta de dólares en el Banco Central y la consecuente volatilidad económica.

A la hora de buscar votos, Milei, Mauricio Macri y el resto de las facciones del oficialismo y aledaños deberán pescar en la misma pecera. El espacio para marcas y submarcas mileístas puras, del PRO, de la UCR y de conversos peronistas es limitado.

Del otro lado, el peronismo y la izquierda que se acercó a los Kirchner en su momento se encuentran sumidos en una crisis de liderazgo, relato y espíritu. El papel del pero-kirchnerismo en el largo declive económico y el ocaso de Cristina Fernández dejan una estela que envuelve a todo el espacio.

A la hora de buscar votos, Milei, Mauricio Macri y el resto de las facciones del oficialismo y aledaños deberán pescar en la misma pecera

Aunque la provincia de Buenos Aires es siempre una silla complicada para proyectar presidenciables, Kicillof tiene en su haber dos victorias por márgenes superiores a lo esperado para gobernar el territorio en que viven 37% de los argentinos, la administración del correspondiente presupuesto y el acoso de Milei y los suyos, que alimenta el papel de víctima.

Una de las cuestas que Kicillof debe remontar es el crecimiento de una corriente de opinión en las provincias contraria a las decisiones de los votantes del conurbano bonaerense, palpable en varias de las últimas elecciones. En los municipios que rodean la Capital Federal radica su principal activo electoral, pero también, un limitante se peso.

El argumento contra “el centralismo porteño” cotiza alto en el resto del país, pero a la hora de las urnas, parece limar más a peronistas que a conservadores o “antipopulistas”.

Los 'pituquitos de Recoleta' que señalara el gobernador Martín Llaryora no parecen muy preocupados, pero el cordobesismo se ratifica una y otra vez como el aliado fiel de las andanzas libertarias

“La Docta” —como descubrió Milei que le dicen a Córdoba— es epicentro del furor antiporteñista. La paradoja es que ese furor se canalizó en ventajas abismales en 2015 y 2023 a favor de dos porteños de pura cepa, Milei y Macri, aunque distinta raigambre.

Los meses que lleva el ultra en la Casa Rosada aplastaron la obra pública en las provincias y dispararon una caída abismal de la coparticipación de impuestos y las transferencias no automáticas. Los “pituquitos de Recoleta” que señalara el gobernador Martín Llaryora no parecen muy preocupados, pero el cordobesismo se ratifica una y otra vez como el aliado fiel de las andanzas libertarias. La siempre ilusoria proyección de esa identidad cordobesa podría complicarse.

El protectorado se agotó

El camino de Kicillof hacia un liderazgo nacional está acechado de desafíos. Debe nadar contra una corriente aparentemente mayoritaria que dio por agotada la promesa de un “Estado presente”, al menos, tal como la ejecutaron Gobiernos de los que Kicillof formó parte. Las urnas indicaron que muchos no percibían esa proclama como una realidad dentro de su hogar ni veían allí un modelo sustentable.

Las clases magistrales, las entrevistas siempre cordiales y los estiletazos de Cristina en Twitter causan cada vez menos efectos, no sólo en la escena nacional, sino puertas adentro del peronismo

Al tiempo que, en una decisión que ratifica capacidad para observar el escenario, Kicillof se plantó como opositor férreo a los hermanos Milei, enfrenta la dificultad de construir una identidad que lo separe de la dependencia de los Kirchner que lo llevó al sillón de Dardo Rocha.

La traumática experiencia del Frente de Todos no parece haber dejado indemne a ninguno de sus protagonistas, en especial, a su líder. Pese a sus innegables dotes retóricas, ratificadas ayer por la tarde en México, las clases magistrales, las entrevistas siempre cordiales y los estiletazos de Cristina en Twitter causan cada vez menos efectos, no sólo en la escena nacional, sino puertas adentro del peronismo.

Con la excepción de la constitución del Frente de Todos en 2019, las marcas del peronismo cristinista perdieron las elecciones nacionales desde 2013. La preferencia de los Kirchner por ciertos conversos impresentables es un tópico que recorre las provincias. Basta recordar que Cristina y Máximo pretendieron encumbrar al sórdido exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, y todavía no terminan de bajarle el pulgar.

Kicillof debe construir una identidad. Carlos Bianco, ministro de Gobierno y alter ego del gobernador, define el proyecto como peronista de izquierda, con la amplitud suficiente para liderar a todo el espacio.

Esa definición causa fobia en peronistas de derecha pura y dura como Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Moreno y ciertos gobernadores. La propia Cristina declaró hace poco una extravagancia: las categorías de izquierda y derecha son imposiciones coloniales. Un aliado táctico de Kicillof, Andrés “Cuervo” Larroque, punta de lanza en el choque con Máximo Kirchner, también desdeña clasificaciones de ese tipo, y prefiere hablar de “economía peronista”.

Demasiados silencios

Esta semana, Kicillof fue preguntado por la situación en Venezuela. Su respuesta cayó en frases hechas sobre la no injerencia, como “que lo resuelvan los venezolanos y en paz”.

La reflexión anodina quedó rezagada ante líderes de la izquierda del continente que ponen mucho más en juego que el gobernador bonaerense. Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador abogaron por “la paz”, pero no se privaron de demandar un escrutinio transparente, en tono crecientemente enfático. Avanzada la semana, Kicillof fue repreguntado sobre el tema y adhirió escuetamente a la postura de los presidentes de Brasil, Colombia y México, a la que terminaría adhiriendo Cristina.

No es la primera vez que Kicillof pisa el freno para no disgustar a aliados. Son varios los kirchneristas y camporistas que se enredan en explicaciones antidemocráticas para justificar la vulneración del resultado electoral por el pasado —y en algún caso, presente— golpista de la oposición venezolana, como si una cosa justificara la otra. La propia Cristina se ocupó ayer desde México de poner el acento en lo obvio: la adhesión a las reglas de la democracia va más allá de las simpatías políticas.

Kicillof tendría motivos pragmáticos y urgentes para denunciar indicios de fraude y la violación de los derechos humanos elementales en un país como Venezuela, no como lo hacen Macri, Milei o Bullrich, sino el chileno Gabriel Boric o el propio Petro

Ante la violencia institucional de la Policía Bonaerense y los sospechosos ahorcamientos en las cárceles revelados por la unidad de investigación de este diario, la voz cantante corre a cargo del manodurista Sergio Berni, y el gobernador calla. Sobre la reinstauración de un impuesto progresivo como Ganancias, que pagan los sectores más acomodados en beneficio de los pobres, nada para decir; ergo, prevalece Massa, responsable de la decisión absurda y electoralista de eliminarlo. Si el aliado circunstancial intendente de La Matanza Fernando Espinoza es procesado por supuesto abuso sexual, “hay que dejar actuar a la Justicia” y nada más, porque subyace en el mundo Kicillof la sospecha de que se trata de una operación. Sobre la masacre de Israel en Gaza, ni una palabra, queda lejos. Demasiados silencios.

En cuanto a Venezuela, además de principios elementales sobre la limpieza de la elección y la detención de 1.200 opositores en pocas horas, Kicillof enfrenta el riesgo de dejar expuesto un doble estándar. Si la derecha racista boliviana accede al Gobierno mediante un golpe de Estado, o Dilma Rousseff es destituida por una camarilla corrupta, pese a que respete las formas establecidas en la Constitución de Brasil, Kicillof no duda en denunciar la vulneración de la voluntad popular. Si quien arrasa con la democracia es Maduro, el gobernador, al bajar el tono, deja otro espacio vacío.

Kicillof tendría motivos pragmáticos y urgentes para denunciar indicios de fraude y la violación de los derechos humanos elementales en un país como Venezuela, no como lo hacen Macri, Milei o Bullrich, sino el chileno Gabriel Boric o el propio Petro, que pidió a Maduro que “recuerde el espíritu de (Hugo) Chávez”. El fundador de la Revolución Bolivariana ganaba elecciones en las urnas, también recordó Cristina desde México.

La violencia que explicita Milei incluye desprecio por el Congreso y la democracia como sistema. No son sólo palabras. En las protestas durante los primeros ocho meses de los hermanos en Casa Rosada, decenas de manifestantes fueron detenidos arbitrariamente y algunos de ellos perdieron un ojo por balas de goma. Allí está la peligrosa Patricia Bullrich queriendo imponer prácticas propias de un estado de sitio, como la libertad de detener manifestantes y dar vía libre al gatillo fácil, o patrullar ilegalmente las redes sociales, todo conjugado con el regreso del Ejército a los asuntos internos. Victoria Villarruel podría acercar conexiones amenazantes de otra índole.  

Por ahora, el acecho a la vida democrática de los Milei y Bullrich es tentativa o episódica, mientras que en Venezuela, el Informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, múltiples voces progresistas y cinco millones de exiliados describen una realidad aberrante y sistémica.

¿Quién podría asegurar que, en un tiempo, cuando la supuesta adhesión de la mitad de la población al Gobierno ultraderechista decline, la oposición argentina no se vea necesitada de apelar a la solidaridad de los progresistas latinoamericanos para sostener la democracia?

SL/DTC

No hubo sorpresas. La mesa chica de Axel Kicillof ya estaba preparada para el revés que implicó el anuncio de que la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF y Petronas no se instalará en Bahía Blanca sino en Río Negro. Lo supieron cuando escucharon, un par de semanas atrás, a Javier Milei decir sin eufemismos en una entrevista que el gobernador era un “lastre” y un “expropiador serial”. Entendieron que el directorio de la empresa no jugaría en contra de la voluntad expresada por el Presidente, por eso se apuraron a ensayar una contraofensiva, pese a estar convencidos de que la decisión estaba tomada. 

“¿Qué hubiera pasado con (el presidente de YPF) Horacio Marín si autorizaba la inversión en la Provincia? Seguro lo echaban acusándolo de zurdo o de narcoterrorista”, graficaron a elDiarioAR desde la mesa chica del gobernador. La nota con el periodista Alejandro Fantino, en la que Milei se insistió con el perfil “comunista” de Kicillof, no fue el único indicio de su voluntad de que la planta se instalara en Río Negro; el equipo bonaerense ya lo había empezado a “olfatear” en las reuniones con el directorio de YPF. “Entendimos que estaban buscando cómo justificar técnicamente una orden política. Todavía estamos esperando los supuestos estudios técnicos que indicarían que Río Negro es una mejor opción”, sostuvieron.

Las últimas semanas hubo mucho ruido y versiones cruzadas respecto a la negociación. Desde el gobierno bonaerense insisten en que el presidente de YPF minimizó el hecho de que la Provincia no hubiera adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, el Gobierno nacional buscó instalar que ese fue uno de los principales motivos para el cambio de locación. 

El vocero Manuel Adorni sostuvo que Kicillof es un “delirante fiscal” que no les daba seguridad a YPF y Petronas. “El RIGI y haber firmado el Pacto de Mayo implican que las condiciones a futuro son mejores en Río Negro que en Buenos Aires”, explicó al marcar la diferencia con el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. En el entorno de Kicillof niegan la validez de ese argumento y se apoyan en que la Ley de Promoción de Inversiones de la Provincia, aprobada en la gestión de Daniel Scioli, les garantizaba condiciones similares a las del RIGI. También indican que algunos temas –como la cesión de jurisdicción– los iban a compensar con el proyecto del Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, una iniciativa que manejaron con mucho hermetismo y que al día de hoy no ingresó a la Legislatura. 

Lo cierto es que esa jugada de Kicillof fue un intento de adhesión encubierta al RIGI. El gobernador, que se opuso desde el primer día a la Ley Bases, se negaba a ceder. Por eso había definido enviar una nueva regulación que generara condiciones fiscales similares a las que pregonaban desde la Rosada. Ante las agresiones públicas de Milei, los funcionarios bonaerenses planificaban un viaje a Bahía Blanca con legisladores –opositores incluidos– para dar una señal política de apoyo a la instalación de la planta. La contraofensiva no pudo ser, porque el anuncio de YPF los sorprendió antes de lo esperado. 

“Vieron que estábamos juntando apoyos, se apuraron y anunciaron esto, de un día para el otro”, dijo a elDiarioAR una fuente del gobierno bonaerense y agregó: “Los estudios no están. YPF dice haber contratado la consultora Arthur D. Little, lo anunció hace unos días, cuando la decisión ya estaba tomada. Hasta ahora nadie la había mencionado”. 

Sin puentes con la Rosada 

No existe un diálogo formal entre Kicillof y Milei. El gobernador fue convocado solamente dos veces, más allá de las actividades protocolares: la primera fue en diciembre cuando un fuerte temporal dejó 13 fallecidos en Bahía Blanca, y la segunda fue con el resto de los mandatarios provinciales cuando el Gobierno presentó la primera versión de la Ley Bases. Tampoco hubo un proceso de acercamiento con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pese a su perfil más conciliador. 

El diálogo entre sus ministros también es escueto. Javier Alonso, a cargo de Seguridad en la Provincia, coordina acciones de gestión con su par nacional, Patricia Bullrich; mientras que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, tiene comunicación con Capital Humano. Más allá de eso, las instancias de comunicación son pocas.

Alonso y su par de Infraestructura, Gabriel Katopodis, se reunieron hace unos días con Francos para insistir con el traspaso de la Autopista Perón. Se trata de uno de los temas más importantes para la Provincia y, si bien destacan que en breve estarán dadas las condiciones legales para que pase a la jurisdicción bonaerense, todavía eso no se concretó. De no suceder pronto, podría convertirse en un nuevo eje de conflicto público entre ambas gestiones. 

La estrategia política de Kicillof

Desde la gestión bonaerense consideran que el revés con YPF no fue un hecho aislado y acusan a la Nación de apelar al viejo “látigo y chequera” para castigar a las provincias. Sin embargo, la jugada de Nación, que esta vez puso en juego una megainversión de más de 30 mil millones de dólares, parece haber acelerado los tiempos e impactado en la estrategia de Kicillof. 

El Presidente y el gobernador se eligen como adversarios, porque les resulta útil confrontar entre sí. En la gestión bonaerense consideran que Milei buscó “asfixiarlo” para poder marcar un contraste con él. “Querían que Axel se estrelle y la gestión sea mala para hacer un uso político de eso, pero no lo pudieron hundir. Cerramos primer semestre con superávit”, sostuvieron a elDiarioAR. 

Durante la conferencia en la que planteó la posición de la Provincia, Kicillof decidió no subirse a una discusión con Weretilneck, a quien su oscilante relación con la Rosada no le impidió adherir rápidamente al RIGI nacional. Una confrontación directa con uno de sus pares complicaría su estrategia de mostrar una mirada federal y abrir el diálogo con mandatario de cualquier signo político. La estrategia de Kicillof será mostrar capacidad de gestión y avanzar con su construcción nacional. Apostará a que el conflicto lo consolide como una alternativa competitiva contra Milei. 

LA/MG

La detonación del sistema de partidos y coaliciones que implicó el triunfo de Javier Milei en el balotaje todavía sostiene al libertario en las encuestas pese a la catástrofe productiva que desató su programa de shock antinflacionario. El tembladeral financiero del último mes y la pelea con el Fondo Monetario, sin embargo, empezaron a sembrar interrogantes en un establishment que aprovechó silbando bajito la disparada inicial de bonos y acciones y que se mantiene a salvo de la depresión del mercado interno, pero que todavía aguarda impaciente los primeros pasos del reseteo más estructural de la economía que prometía la ultraderecha. 

Ese reseteo no es la “fase 2” del plan económico que anunciaron el viernes con mucha pompa pero pocas precisiones Luis Caputo y Santiago Bausili, un dèja vu de la “emisión cero” que Nicolás Dujovne presentó el 26 de septiembre de 2018 como una solución a la corrida cambiaria que acababa de eyectar entonces al actual ministro de Economía de la presidencia del Banco Central. Sí genera mayores expectativas en el círculo rojo la aprobación parlamentaria de la Ley Bases y el paquete fiscal, una victoria política del oficialismo que concretó su viejo anhelo de la reforma laboral, restringió el derecho a huelga, habilitó un nuevo blanqueo de capitales y creó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). 

La generosidad del blanqueo (incluso con quienes ya blanquearon, es decir, con quienes ya confesaron haber evadido) permite anticipar un flujo no desdeñable de dólares y de ingresos fiscales en el cortísimo plazo. El efecto macroeconómico del RIGI, en cambio, está por verse. Primero por la incertidumbre financiera y el empinamiento del riesgo país, que hacen imposible la financiación extranjera de proyectos de más de U$S200 millones en el país. Pero sobre todo por los cambios que sufrió el régimen en el Congreso y por la encarnizada interna que cruza al gabinete, con el incombustible Federico Sturzenegger en gateras desde hace un mes. 

En esa lucha fratricida, entre otras cosas, se disputa quién será la autoridad de aplicación del RIGI y quiénes podrán gozar de sus beneficios. ¿Será acaso la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la extarotista Karina Milei? “Si se llevó la Fundación Exportar para pagarle los viajes por el mundo al hermano, se puede llevar cualquier cosa. Y más ahora que consiguieron facultades delegadas”, arriesga con algo de rencor uno de los economistas eyectados precozmente del elenco ultraderechista. 

No es un asunto menor. La autoridad de aplicación del RIGI va tener mucho más poder que el previsto en el proyecto original, que se la otorgaba al ahora disuelto Ministerio de Infraestructura. En Diputados, por ejemplo, quitaron el ‘acelerador de la inversión’ que contenía el régimen: la obligación de que el 100% de lo que se invierta en activos computables se desembolse en los primeros dos años. Esa proporción bajó al 40% entre gallos y medianoche. Y el Ejecutivo quedó habilitado a reducirla discrecionalmente al 20%. 

Elige tu propio RIGI

Los gobernadores de provincias hidrocarburíferas, mineras y con potencial para esas u otras actividades extractivas se aferran de todos modos al RIGI como un antídoto para la sequía de fondos nacionales que el torniquete monetario anunciado el viernes promete profundizar. Algunos, como el catamarqueño Raúl Jalil, apuestan a negociar mano a mano con las multinacionales que se acojan a él para que los proyectos “derramen” en sus distritos y les compren a proveedores locales aunque la ley no les exija hacerlo. Pero si la experiencia con la Ley de Inversiones Mineras del menemismo ya levantaba sospechas de que la estrategia Jalil no era infalible, la carta que les envió el lunes el presidente de YPF a los mandatarios de Buenos Aires y Río Negro sembró nuevas dudas. 

La misiva firmada por Horacio Marín, hombre de Paolo Rocca, exhorta a Axel Kicillof y a Alberto Weretilneck a ratificar el RIGI y agrega nuevas condiciones para el emplazamiento en una de las dos provincias de la planta de licuefacción de gas que ofreció instalar la malaya Petronas inicialmente en Bahía Blanca, pero que ahora la gestión libertaria quiere mudar a Punta Colorada. Son siete puntos sobre los que les exige comprometerse: que habrá licencia social para el emprendimiento, que les congelarán los impuestos y tasas provinciales, que no les modificarán las regalías y que les garantizarán los permisos administrativos necesarios, entre otros. 

La legislatura bonaerense ya avaló el proyecto Petronas. No es para menos: son 6.000 puestos de trabajo durante la construcción y 3.000 permanentes mientras funcione. Curiosamente votaron a favor todos los bloques menos LLA. En simultáneo, Kicillof firmó un decreto para declarar de interés provincial la planta, la infraestructura necesaria para su concreción y los estudios técnicos vinculados a la explotación del gas natural licuado. Pero esta semana salió a denunciar que la Nación e YPF boicotean su instalación en el puerto bahiense, donde el año pasado ya reservaron también 1.500 hectáreas para la planta.  

“El ‘Brujo’ lo cagó a Axel. Y en Bahía Blanca se quieren matar. Igual era ridículo que le dieran ese oxígeno económico a Axel y mucho más a un municipio gobernado por La Cámpora”, cuchichea otro peronista que mira el tema con atención. Otra vez, la interna. El apodo de Weretilneck, a quien alude el dirigente, no remite a José López Rega sino a la afición que el rionegrino comparte con Karina Milei: la lectura de la baraja. 

Privatizaciones por la ventana

De cara a un julio durante el cual vencen U$S2.600 millones en bonos soberanos, durante el que deben devolverse al FMI los U$S800 millones desembolsados en la última revisión y en que empiezan a caer las amortizaciones de los primeros BOPREAL, el escenario suma incertidumbre. Luego de que Washington enterrara la idea de dolarizar, Caputo decidió ceder a sus exigencias en materia monetaria para intentar destrabar un desembolso que le sirva de puente hasta que empiecen a llegar divisas genuinas. 

El problema del experimento es que el apretón del Central obligará a profundizar el ajuste fiscal, sobre todo tras la rebaja de impuestos a los sectores más pudientes. A eso se suma que Milei rechazó la otra gran exigencia del Fondo: dejar flotar el dólar y levantar el cepo. Como siempre, la vieja receta de atrasar el dólar atenta contra la liquidación de agrodivisas y promete profundizar la depresión de la actividad. 

Aunque no hay alternativas a la vista, la tolerancia social al ajuste parece agotarse. En junio el Índice de Confianza del Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella fue de 2,46 puntos, una caída del 2,1% respecto de mayo y un 14% desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Comparado con el índice de confianza que tenían luego de sus primeros semestres Mauricio Macri y Alberto Fernández, el nivel es 5,7% y 11,1% menor respectivamente.

Macri está en una encerrona. Según uno de sus hasta ayer fieles escuderos, que ahora busca su lugarcito en las listas de la ultraderecha en 2025, lo paran por la calle para agradecerle o para insultarlo por lo que hace Milei. “¡Vamos, Mauricio, aguante que estamos bajando la inflación!”, le gritaron en Acassuso días atrás. Respondió con una mueca de fastidio. 

Federico Sturzenegger, el “coloso” que le robó Milei para las fuerzas del cielo, no termina de encajar en el organigrama. Hay resistencias de Santiago Caputo y de Guillermo Francos porque pretende extender sus dominios más allá de los temas microeconómicos donde quiere confinarlo Caputo y decidir también sobre las nuevas privatizaciones y concesiones, áreas que colonizó Nicolás Posse y heredó Francos luego de su excomunión. 

¿En qué privatizaciones piensa, si el Congreso podó ese capítulo de la Ley Bases casi hasta convertirlo en un bonsai? ¿En las que se hagan igual a caballo de las facultades delegadas, de una eventual nueva ley (cuyo proyecto ya trabaja Francos con legisladores de la oposición colaboracionista) o incluso en las que puedan colar por la ventana? ¿Será para esto último que la ex ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina SA fundaron la semana pasada varias sociedades anónimas con los nombres de las centrales hidroeléctricas del Comahue? Salió en la segunda sección del Boletín Oficial, que casi nadie lee. 

Son apenas accidentes de una deriva que el Gobierno considera inexorable hacia ese reformateo estructural que también empuja el establishment más concentrado. Una Argentina que exporte la energía y los minerales que demanda el mundo desarrollado, además de granos, y que supere así su histórica restricción externa y vuelva a crecer, aunque sea desde el subsuelo donde nos deje la depresión. Quieran o no los que queden en el camino. Por las buenas o por las malas. 

AB/DTC

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, advirtió que si Javier Milei no se muestra abierto al diálogo, “es una posibilidad muy seria que se derogue el DNU en el Senado”. “Hay una decisión en el Gobierno nacional de no negociación, de no apertura a otro punto de vista, eso lleva a la parálisis que tenemos hoy”, indicó en diálogo con Todo Noticias.

Para el mandatario patagónico, dicho gridlock legislativo podría revertirse únicamente si, desde la administración libertaria, evitan los proyectos extremadamente abarcativos y se inclinan por una actitud más moderada. “Yo creo que si hay una serie de leyes que no sean de 600 artículos y si hay un cese de agresión a las provincias desde un punto de vista político, personal y económico, es posible establecer un diálogo, pero tienen que estar contemplados los intereses de los dos lados”, planteó.

Y agregó: “Las provincias no somos las causantes de la inflación, es culpa del Estado nacional. Es muy injusto que nos hagan responsables del estado actual de la Nación”.

En este marco, cuestionó las agresiones hacia los gobernadores y reveló que, pese a que dejó de escalar el conflicto Nación-provincias, todavía persiste malestar entre los mandatarios locales. “Hay mucha bronca en el grupo de Whatsapp de gobernadores por los agravios personales”, contó.

“Toda aquella persona que tiene el tupé de pensar algo distinto al Gobierno es estigmatizado públicamente. Esto está marcando un rasgo ideológico y de intolerancia del Gobierno que es preocupante”, señaló durante la entrevista. Según indicó, hay angustia entre los dirigentes políticos por “no saber hasta dónde llega” el accionar de la gestión de Javier Milei.

Reclamó, además, por la falta de un ámbito para discutir los subsidios al transporte, las políticas energéticas y educativas y, en un guiño a la frase que suele utilizar el Presidente, afirmó que las autoridades nacionales ven una realidad distinta a la que ven ellos. “El empobrecimiento, el encarecimiento exponencial del costo de vida, el desempleo, el cierre de comercios, lo vemos todos los días. Quizás él ve algo que nosotros hoy en la realidad diaria no vemos”, concluyó.

ACM con información de Télam

El senador rionegrino Alberto Weretilneck, aliado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que no acompañará ninguna sesión que busque designar jueces antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con esta decisión, deja sin quórum al bloque oficialista que quiere aprobar 75 pliegues judiciales, entre los que se encuentra la jueza Ana María Figueroa.

Se trata de la presidenta de la Cámara de la Casación Penal y miembro de la sala del tribunal que trabaja sobre la causa Hotesur-Los Sauces, en la que están involucrados la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero. En este marco, deberá definir si la causa se mantiene cerrada o si, por el contrario, avanza a una instancia de juicio oral y público.

Por este motivo, la ex mandataria quiere que, pese a que la magistrada debería jubilarse el 9 de agosto, se extienda su permanencia en el cargo por cinco años más. La determinación de Weretilneck representa un nuevo cimbronazo hacia sus aspiraciones.

El oficialismo ya había encontrado obstáculos para concretar los deseos de Cristina Fernández de Kirchner en tanto, el pasado 12 de julio, tras la convocatoria a una sesión para abordar el pliego de jueces, no reunió quórum. El Frente de Todos ─actual Unión por la Patria─ necesitaba 37 legisladores para habilitar la sesión, pero sólo consiguió 34. Una de las ausencias en ese primer intento de aprobar el pliegue fue la de Weretilneck.

Si no se llega a un consenso antes del 9 de agosto, Figueroa deberá abandonar su cargo en tanto cumple 75 años, edad máxima para ejercer como juez, según establece la Constitución Nacional. Sólo un acuerdo del Senado permitiría extender sus funciones, pero sin el apoyo del rionegrino tal escenario continúa como una posibilidad remota.

Con información de agencias.

Alberto Weretilneck ratificó su poderío en Río Negro y este domingo volvió a la gobernación tras cuatro años como senador nacional. Ganó las elecciones provinciales como líder de una alianza de fuerte tinte local que contó con el apoyo explícito tanto del kirchnerismo como del radicalismo.

Flamante mandatario electo, se despegó de la Casa Rosada y del derrotero del Frente de Todos, pese a que tenía a su lado al también senador Martín Doñate, referente de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia patagónica y de La Cámpora. “A nivel nacional cada uno tiene sus propias ideas. Nuestro proyecto provincial no está supeditado a lo nacional”, dijo en su primera conferencia la noche del domingo en Cipolletti, ciudad de donde es oriundo.

“Hoy no tenemos ninguna definición sobre el caso nacional. Martín sí es integrante y tendrá su propia definición, igual con los amigos del radicalismo”, abundó el todavía legislador, que en la Cámara alta aportó más de una vez a que la vicepresidenta consiguiera el quórum para avanzar con leyes de su interés.

Al tomar el micrófono, Doñate fue más que explícito sobre su pertenencia política: “Quiero agradecer, en mi caso particular, a mi conducción nacional: a Cristina Fernández de Kirchner, a 'Wado' de Pedro y a Máximo Kirchner, que tuvieron una generosidad muy grande y por supuesto siempre han dejado un mensaje de acuerdo a este compromiso que asumimos con los rionegrinos y las rionegrinas”.

Con casi el 80 por ciento de las mesas escrutadas, Weretilneck sumaba 40,33% de los votos, superando por casi veinte puntos al cambiemita Anibal Tortoriello. El diputado macrista recolectaba 24,24% de los votos con el armado local de Juntos por el Cambio, pero sin el sello de la UCR. Tercera se ubicaba Silvia Horne, dirigente del Movimiento Evita de Emilio Pérsico, con 10,95 puntos.

'Hoy no tenemos ninguna definición sobre el caso nacional. Martín (Doñate) sí es integrante y tendrá su propia definición, igual con los amigos del radicalismo'

Alberto Weretilneck — Senador nacional, gobernador electo de Río Negro

La fuerza de Weretilneck ganó en todos los municipios rionegrinos donde hubo definiciones para las intendencias. Gracias al acople con el kirchnerismo incluso ganó en General Roca, otra de las ciudades importantes de la provincia y terruño de los Soria. De hecho, allí fue reelecta meses atrás María Emilia Soria, quien en marzo pasado se mostró junto al presidente Alberto Fernández.

El arrollador triunfo del oficialismo rionegrino contrastó con un tibio festejo en Bariloche, la localidad más grande de la provincia, que tendrá comicios locales recién en septiembre. La emblemática ciudad turística es también cuna de la actual gobernadora Arabela Carreras. La mandataria llegó al frente de la provincia de la mano de Weretilneck pero que últimamente quedó relegada de su círculo de confianza.

La ausencia de la mandataria apenas llamó la atención en el local partidario de Juntos Somos Río Negro en Bariloche. En un espacio propio muy próximo al Centro Cívico, se celebró el regreso de Weretilneck al poder con música y globos y guirnaldas del característico color verde partidario.

“La gobernadora tiene la responsabilidad de gobernar hasta el 10 de diciembre. No vamos a involucrarnos en ninguna toma de decisiones. Obviamente si somos consultados daremos nuestra opinión”, avisó el ahora gobernador electo.

Desde hace tiempo la provincia atraviesa múltiples crisis sin resolución. Hay conflictos salariales abiertos con los docentes y los policías, y sigue latente la problemática por algunos territorios que reclama la comunidad mapuche. A principio de año se abrió una mesa de diálogo con el Gobierno tras un operativo represivo del Comando Unificado en Villa Mascardi –localidad cercana a Bariloche–, que terminó con la detención de siete mujeres y varios de sus hijos. Será uno de los temas de la próxima agenda de Weretilneck como gobernador.

Ahora de salida en el cargo, Carreras sintió como un balance de su gestión el veredicto de las urnas. “La gente nos ratifica y pone a nuestro líder, Alberto Weretilneck, nuevamente en la gobernación”, afirmó. “Weretilneck tiene la oportunidad de gobernar mejorando lo que no hemos logrado hacer y proponiendo hacia el futuro”, completó.

Weretilneck retorna así al cargo que ocupó entre 2012 y 2019, aunque en los últimos cuatro años siguió siendo el jefe político de la provincia, según recogió elDiarioAR en contacto con sus contrincantes. El senador llegó al poder siendo el vice de Carlos Soria, quien murió apenas semanas después de asumir el 10 de diciembre de 2011 por un disparo por parte de su esposa. Encabezaba el primer gobierno no radical en la provincia desde 1983. Con su tercer mandato, el legislador va a completar 16 años en el poder.

MC

“En verano nos falta el agua y en invierno hay baja presión de gas. Hoy a la mañana estaba congeladísimo todo, imaginate lo que va a ser en junio”. Virna habla de cara al sol, aunque la temperatura no llega a los 20 grados y se siente en el cuerpo una brisa helada. Detrás suyo está la escuela Nº 154 de Bariloche, que acaba de abrir sus puertas para las elecciones provinciales de este domingo. Mientras se elige nuevo gobernador, las paredes del establecimiento reclaman con carteles y fotos: “Precisamos cerco perimetral”; “¿Sabías que en nuestra escuela hay falta de mantenimiento?”. Estamos en la zona del Alto, barrio El Frutillar, calles de ripio y casas bajas. A poco más de media hora en transporte público del Centro Cívico. Desde acá no se disfruta el paisaje paradisíaco del lago Nahuel Huapi al pie de la cordillera de los Andes.

Virma está fiscalizando las elecciones para el peronismo, pero vive de limpiar departamentos de alquiler temporario y “baja” a diario al centro. Denuncia que en la temporada de nieve las máquinas barredoras solo pasan por algunas calles: “Si tengo medio metro de nieve en la puerta de mi casa y tengo que tomar el colectivo, ¿cómo hago para salir? –cuestiona–. La expectativa es que este invierno venga mucho turismo, que es lo que nos va a dar de comer el resto del año, pero necesitamos los barrios mejores. Si el cocinero de un restaurante vive acá y no llega a tiempo, afecta al turista. Entonces, puede ser un círculo virtuoso o vicioso”, concluye.

Bariloche es una ciudad de contrastes interconectados. Si es uno de los principales atractivos del país para el turismo nacional y extranjero –durante todo 2022 recibió a 1.160.733 personas, récord de los últimos 15 años–, en sus zonas populares hay reclamos concretos por la calidad de vida. 

Es otra cara de estas elecciones ejecutivas, donde es favorito para volver a la gobernación quien nunca abandonó el poder local desde 2012: el senador Alberto Weretilneck, al frente de una alianza local con el kirchnerismo y los radicales. El intendente barilochense, Gustavo Gennuso, es de su riñón, pero la ciudad elegirá su reemplazo de manera desdoblada en los próximos meses: la actual gobernadora, Arabela Carreras, obturada por su jefe político para buscar la reelección provincial, coquetea con ese cargo.

Esas dos caras de Bariloche parecen delimitadas por la calle Almirante Brown. El inicio del Alto quedó marcado con sangre el 17 de junio de 2010, cuando la represión policial mató a Sergio Cárdenas –28 años– y Nicolás Carrasco –de 16– durante una rebelión popular por la muerte de Diego Bonefoi –de 15 años–. “La masacre de Bariloche” desnudó el antagonismo entre el turismo y la exclusión popular.

En febrero del año pasado la Corte Suprema confirmó las condenas de tres altos funcionarios de Seguridad provincial y tres policías, entre ellos el ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré; y quien era por entonces su segundo y jefe de la Policía, Jorge Villanova. Fueron condenados a 4 años de prisión efectiva. Los tres fueron casos de gatillo fácil y hoy se los recuerda en la ciudad en el “Paseo 17 de Junio” y con un memorial en la costanera.

Al margen del récord turístico 

Según datos oficiales, en el primer cuatrimestre de 2022 la municipalidad de Bariloche recaudó 76.735.274 pesos en concepto de la “ecotasa”, el canon que los turistas pagan por pernoctar en establecimientos habilitados. Incrementó más del 500% con respecto al mismo período del año anterior. Actualmente el impuesto está en $645. Por la Ruta 258 que rodea El Frutillar la municipalidad promete construir con ese gravamen un “Paseo del Sur”. Los avances parecen tímidos. 

El Bariloche marginado del turismo continúa del otro lado de la ruta que fue traza original de la emblemática 40. En los barrios Malvinas y Nahuel Hué hay caseríos que nacieron como “tomas” al calor de la crisis del 2001. Actualmente viven unas diez mil familias, entre ellas la de Rafael.

Rafael llegó en 2010 desde Jujuy para trabajar en la construcción y ocupó entonces una casilla. Ya levantó paredes y vive con su mujer y tres hijos. Se queja porque el metro cuadrado de chapa está $4000. Es empleado público. En estas elecciones está fiscalizando para el Frente de Izquierda.

“La gente misma del barrio puso los postes de luz y los cables. Después vinieron los de la concesión a cobrarnos la factura”, recuerda con una sonrisa socarrona. Comparte el diagnóstico de Virna sobre los problemas estructurales agravados en cada estación del año: “En verano escasea el agua y en invierno nos congelamos. Como los cables son aéreos se llenan de nieve y por el peso se caen y se corta la luz. Sin energía, las bombas de agua no funcionan. Muchas casas todavía tienen pozo ciego, no en todas hay cloacas”. 

En muchas viviendas están obligados a usar garrafa o salamandra. “La garrafa está dos mil pesos. Solo sirve para cocinar”, describe Virna. “El metro cúbico de leña cuesta 2500 pesos. Te dura como mucho una semana, diez días. El gobierno te da dos metros por año, pero verde y húmeda. No sirve”, completa Rafael. 

El vertedero

Al salir de El Frutillar y el Malvinas, apenas la ruta 258 se convierte en la 40 –en sentido a El Bolsón–, el paisaje cambia y el olor también. A la izquierda está el ingreso del barrio Pilar 1, otro de los más populares de Bariloche, y a la derecha, el vertedero municipal. Solo hay que bajar la ventanilla del auto para respirar el hedor que emanan las 500.000 toneladas de residuos que hay en el basural. 

La montaña de basura que convive con los turísticos cerros Catedral, Otto y Ventana está permanentemente en el debate público de Bariloche. En diciembre de este año el vertedero debe ser cerrado, según lo definió una ordenanza del Concejo Municipal, pero el intendente Gennuso buscó “la cuadratura del círculo”: a principios de año llamó a licitación para que allí se realicen trabajos de remediación. Así, postergaría el cierre del complejo y no se haría eco de la construcción de un “basurero regional”.

Según la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), el vertedero de Bariloche está entre los 50 más contaminantes del mundo. No solo no cumple con condiciones mínimas de sustentabilidad, sino que está rodeado de viviendas.

“En verano cuando el vertedero se prende fuego por el calor no se puede estar acá. Ese humo tóxico nos llega a nosotros”, cuenta Virna. “Hay como cien familias que van a comer de lo que recolectan ahí”, cuenta Rafael. El basural, como los barrios populares de Bariloche, también es invisible para el turista.

MC

Río Negro va a las urnas este domingo con el dilema de elegir entre la continuidad del oficialismo –que ya lleva más de una década en el poder, con Alberto Weretilneck a la cabeza– y un cambio opositor, cuyos principales candidatos representan a la variante local de Juntos por el Cambio y a una fracción del peronismo. 

Según las últimas encuestas en la previa a la veda electoral, el actual senador y ex mandatario es el favorito a reemplazar a Arabela Carrera, seguido de lejos por el diputado macrista Alberto Tortoriello y, en tercer lugar, por la ex legisladora y dirigente del Movimiento Evita Silvia Horne. Weretilneck construyó su candidatura con un variopinto frente político que torpedeó la construcción de sus opositores: contiene desde el kirchnerismo –fundamentalmente a La Cámpora– hasta al sello de la UCR.

Esa particularidad local explica que en la provincia patagónica no se traduzcan directamente las dos coaliciones nacionales. No habrá boleta pura del Frente de Todos, que en las elecciones legislativas de 2021 quedó tercero, ni de JxC, pese a que al diputado del PRO lo sostienen la Coalición Cívica de Elisa Carrió y parte del radicalismo. 

Weretilneck intenta retornar al cargo que ocupó entre 2012 y 2019, aunque en los últimos cuatro años siguió siendo el jefe político de la provincia, según recogió elDiarioAR en contacto con sus contrincantes. El legislador –socio del oficialismo en la Cámara alta para que Cristina Fernández Kirchner consiguiera en muchas sesiones el quórum– llegó al poder siendo el vice de Carlos Soria, quien murió apenas semanas después de asumir el 10 de diciembre de 2012 por un disparo por parte de su esposa. Encabezaba el primer gobierno no radical en la provincia desde 1983.

Junto con los de Neuquén –limítrofe al norte–, que también este domingo elige a su mandatario para los próximos cuatro años, los de Río Negro son los primeros comicios ejecutivos a nivel provincial en este año que culminará con las elecciones presidenciales. El padrón rionegrino está compuesto por 589.251 electores (representa el 1,63% del total nacional) y, por primera vez, las personas con identidad no binaria podrán votar con su identidad autopercibida.

Las crisis locales

El oficialismo local y la candidatura de Weretilneck atravesaron en las últimas semanas una multiplicidad de crisis, desde los docentes a los policías provinciales. El viernes parte de los maestros finalizaron un paro de 48 horas por reclamos salariales. Y durante la semana el jefe de la la fuerza de seguridad local tuvo que aclarar que estaban garantizados los efectivos para resguardar los comicios, en medio de protestas por los sueldos dentro de las propias comisarías.

“El sector educativo público no inició las clases, lleva un mes de paro de salud y lo novedoso es que la policía también está en reclamo. En todas las comisarías hay carpas y manifestaciones”, señaló la candidata Horne a elDiarioAR. Y denunció que Río Negro no hay una política integral para todo el territorio y existe una importante deuda en dólares: “Solo se gobierna para las localidades concentradas de los valles, nunca para el sur. Se van dejando de lado los desarrollos productivos anteriores, como es la fruticultura, la horticultura, la ganadería ovina, y hoy solamente depende del endeudamiento en dólares . Está ahogada la provincia, con una deuda de 412 millones de dólares que no vamos a poder ni siquiera honrar la primera cuota en septiembre”.

El diagnóstico lo compartió Tortoriello, titular del PRO rionegrino: “Por 12 años la provincia no ha hecho más que decaer en distintos aspectos y la deuda pública que ha crecido hoy es la más grande en la historia local. Y esto dio como resultado una degradación de todos los servicios básicos”. Y denunció el abuso del aparato público para la política: “Weretilneck utiliza el clientelismo cuando llegan las elecciones. Le regala a la gente colchones, cajas alimentarias, chapas, electrodomésticos… Es una búsqueda de querer comprar el voto de la pobreza”.

elDiarioAR también intentó entrevistar a Weretilneck, pero no tuvo respuesta pese a las distintas consultas. En declaraciones a medios locales, el senador reconoció los reclamos ante la inflación generalizada, pero los vinculó políticamente: “Son entendibles las protestas, pero las reivindicaciones de los docentes y la policía están incentivadas. Hay candidatos docentes en las listas opositoras”, expresó.

En el marco de estas elecciones también están latentes los conflictos por territorio en esa zona de la Patagonia. A principio de año se abrió una mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y las comunidades mapuches de Río Negro, Neuquén y Chubut tras un operativo represivo del Comando Unificado en Villa Mascardi, que terminó con la detención de siete mujeres y varios de sus hijos.

En febrero, al visitar Bariloche, Weretilneck se mostró a favor de tratar los reclamos territoriales de las comunidades en un espacio de diálogo “enmarcado en la ley”. Pero también dijo que en Villa Mascardi “se violó la propiedad del Estado”. El conflicto había tenido otro pico de tensión en agosto pasado cuando el presidente Alberto Fernández despidió a Magdalena Odarda, del Instituto de Asuntos Indígenas. La funcionaria había chocado con el gobiernos de Río Negro y Neuquén.

La rosca política

Según CB Consultora, que realizó una encuesta entre el 5 y 10 de abril, Weretilneck –con su boleta Juntos Somos Río Negro– no tendría problemas para volver al poder local. Ostentaba un 43,8% de intención de votos, más de 20 puntos sobre Tortoriello –del frente Cambia Río Negro–, el segundo ubicado, con 23,2%. Detrás quedaba Horne –de Vamos con Todos–, con el 11,5%. También compiten Ariel Rivero, respaldado por Javier Milei, y Gabriel Musa, por el Frente de Izquierda, entre otros. En la provincia hay colectoras y solo la figura del actual senador está en tres boletas distintas.

Weretilneck intenta volver al frente de la provincia luego de que la Justicia le impidiera ser re-reelecto en 2019. Entonces puso a último momento como candidata a quien era una de sus ministras, aunque en las sombras él siguió al mando. Desde ahí construyó su frente actual en alianza con el kirchnerista Martín Doñate, el senador camporista que la vicepresidenta había propuesto para integrar el Consejo de la Magistratura, y con la cúpula del radicalismo. Logró golpear muy duro las aspiraciones de sus principales competidores. 

“Son las mil caras de Weretilneck. Está planteando que hubo un quiebre en Río Negro y que ahora va a empezar de nuevo, pero nosotros somos el peronismo”, aseguró Horne. “Nunca pensamos que La Cámpora iba a apoyar a Lewis, que es socio económico de Weretilneck”, señaló en referencia a su vinculación con el magnate Joe Lewis, propietario de Lago Escondido.

Horne tuvo que aclarar esta semana las denuncias en su contra luego de que Clarín divulgara supuestas transferencias discrecionales desde la secretaría nacional de Economía Social –que maneja Emilio Pérsico, jefe del Evita– a una asociación civil vinculada con ella. La nota original titulaba que el desvío fue de “$100 mil millones” y luego “$96 millones”. “Si hubiera delito lo hubieran planteado en sede judicial y no lo han hecho. En realidad habla del temor de Weretilneck a su única competidora mujer y peronista, cuando él había dicho que el peronismo ya no existe más”, reprochó la candidata.

A su vez, Tortoriello justificó el desmembramiento de JxC rionegrino. Aseguró que “el 95% del radicalismo” está detrás de su candidatura, aunque el sello lo tiene el frente del actual senador. Y planteó: “Weretilneck tiene el sello radical porque quienes tienen a cargo la dirección del partido han sido aliados suyos desde el minuto uno. Y esto ha hecho de que el radicalismo se resignara a hacer este una colectora más dentro de su partido provincial”. Sin haber PASO, el nuevo mandatario de Río Negro se conocerá esta misma noche.

MC

Reducir la generación de gases de efecto invernadero (GEIs) para mitigar el calentamiento global es el objetivo de una batería de medidas impulsadas por el gobierno rionegrino, que abarcan convenios para la generación de energías alternativas y la promoción de su uso en el transporte, la imposición de planes de forestación a grandes generadores de GEIs e incentivos para la eficiencia energética en edificios públicos y privados.

Con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la empresa australiana Fortescue Fortune, la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) firmó el 23 de agosto un convenio para el desarrollo de proyectos en la provincia. La firma australiana busca producir hidrógeno verde para abastecer el mercado argentino y exportar a Europa.

“Esto implica la implantación de Parques Eólicos, la construcción de una planta de hidrógeno, entre otras actividades y esto significa fuentes de trabajo desde el minuto cero, que es la construcción de los parques, la contratación de empresas para proveer servicios, alimentos, mejoramiento de caminos, construcción civil. También queremos producir en un mediano plazo molinos eólicos para que no sea sólo material importado”, detalló la gobernadora.

Río Negro apuesta a posicionarse como pionera y referente en la región en el desarrollo de este tipo de energía, además de diversificar la matriz productiva y generar fuentes de trabajo. “No queremos empresas ricas en pueblos pobres. Queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y nunca podría ocurrir eso perjudicando a nuestros propios pobladores. Habrá mucho empleo y muchos servicios que brindar”, comprometió Carreras en Bariloche, ante la Mesa de Hidrógeno Verde creada en abril para promover esta energía sustentable.

El hidrógeno verde es el extraído gracias a un proceso químico conocido como electrólisis, mediante el cual se separa el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, utilizando corrientes eléctricas. Sus posibles usos abarcan tanto la industria, como el combustible y la generación de electricidad y agua potable.

Dos noticias marcaron la agenda energética a nivel nacional en las últimas semanas: la presentación por parte del Gobierno nacional del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que “tiene entre sus objetivos incrementar la producción e industrialización de hidrocarburos, aumentar el ingreso de divisas, promover el desarrollo regional y garantizar el autoabastecimiento”, según expresa. Para el presidente Alberto Fernández, la iniciativa busca “poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera” con “previsibilidad” y “preservando el acuerdo social y la sustentabilidad ambiental”. Los beneficios previstos por esta normativa pretenden profundizar la tarea de las empresas hidrocarburíferas que, en Río Negro, crecen atadas a la suerte de la formación de Vaca Muerta. La otra noticia es el récord de cobertura de la demanda energética con energía renovable: el domingo 22 de agosto pasado, el 24,72 por ciento de la demanda total fue absorbida por energía limpia, de la cual más del 71 por ciento correspondió a la eólica.

 Verde, pero no tanto

 Verde es el color del partido provincial, Juntos Somos Río Negro, que creó y conduce el ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck, y que retuvo el poder en 2019. Verde es también el color que hoy distancia a sus principales referentes: de un lado la gobernadora Carreras, quien impulsa los proyectos que incluyen una mínima exigencia de compensación a las empresas -fundamentalmente hidrocarburíferas- generadoras de gases de efecto invernadero; y del otro el propio Weretilneck, que anticipó que esas iniciativas, tal como fueron redactadas, no serán aprobadas por la Legislatura provincial -la mayoría de los parlamentarios le responden- y pidió “disculpas” a las empresas del sector energético que se verían alcanzadas por la imposición.

El proyecto que tensó el clima interno del partido provincial establece un sistema de compensación para que los grandes emisores de GEIs planten, cuiden y mantengan una cantidad determinada de ejemplares de especies arbóreas nativas proporcional a las emisiones que generan, aumentando o disminuyendo este número proporcionalmente en cada evaluación anual que se realice. 

El objetivo es “compensar el menoscabo ambiental que generan” y concientizarlos sobre la lucha contra el cambio climático, fomentar la reforestación de especies nativas y promover estrategias de mitigación. 

El sector energético es el principal causante del dióxido de carbono emitido (67,2%), seguido por la agricultura y ganadería (21%) y los residuos sólidos urbanos (11,2%), según el inventario GEIs elaborado por la Fundación Bariloche en 2019. El inventario mide la cantidad de metano, dióxido de carbono y dióxido nitroso, principalmente, que emiten las actividades humanas.

“Así como está no se aprueba”, advirtió Weretilneck, en una jornada de Energía de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la que pidió disculpas a las empresas del sector porque “se enteraron por los medios de comunicación”. Además, minimizó el impacto de la actividad: “Quiero aclarar que en nuestro gobierno actual creemos que la industria del gas y petróleo y la minera son compatibles con la protección del medio ambiente”, dijo.

Weretilneck mantiene un estrecho vínculo con las empresas petroleras y gasíferas, cuyos contratos de explotación prorrogó durante su mandato. El senador se distanció de las medidas propuestas y ostentó su liderazgo dentro de la bancada oficialista en la Legislatura: “Cualquier proyecto que tenga como destino o que incluya a las operadoras, a la industria de la provincia van a ser consultadas previamente. Quiero transmitir tranquilidad de que este proyecto, así como está, no va a ser aprobado”, dijo.

La gobernadora insistió en la defensa de las iniciativas. “El proyecto se debatirá y se aprobará”, aseguró al diario Río Negro, aunque se refirió a textos “perfectibles” y a la búsqueda de consensos para su sanción. “Lo importante es que estos temas estén en agenda”, destacó.

Carreras propuso también una ley que regula y fomenta la movilidad sostenible en el sector del transporte de pasajeros y cargas, que a nivel nacional representa un 13,8 % de las emisiones y un 30,9 % del consumo de recursos energéticos. 

Se plantea una paulatina transición del transporte basado en el uso de combustibles fósiles a energías más limpias, a través del fomento a la producción y comercialización de vehículos sostenibles e infraestructura asociada, además de medidas fiscales y crediticia para la promoción de la movilidad sostenible. 

La tercera iniciativa establece el Etiquetado de Viviendas, un procedimiento para la evaluación, caracterización e identificación del nivel de eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de construcción, sean públicos o privados, a fin de clasificarlos según su grado de eficiencia en el consumo global de energía primaria que se encuentra relacionado con su uso. Los inmuebles que cuenten con la Etiqueta de Eficiencia Energética vigente “gozarán de la bonificación en el Impuesto Inmobiliario que determine la reglamentación de la presente ley”, según el proyecto.

SR/WC