La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de revocatoria que habían sido interpuestos por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Defensoría General de la Nación contra el fallo Levinas. Según el portal especializado Palabras del Derecho, el máximo tribunal expresó la improcedencia de los remedios, de quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en la causa.

El fallo Levinas es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que generó una fuerte controversia en el ámbito judicial. En esencia, el fallo otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la capacidad de revisar decisiones de la Justicia Nacional en causas que tramitan en la Capital Federal. Esto significa que el TSJ se convierte en la última instancia para estos expedientes, desplazando la intervención directa de la Corte Suprema en ciertos casos.

¿Qué es la Justicia Nacional? Es un fuero judicial con competencia sobre causas que ocurren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que no forman parte de la Justicia Federal ni de la Justicia de la Ciudad. Es una estructura heredada de cuando Buenos Aires era la capital del país sin autonomía propia y, hasta hoy, sigue bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.

El fundamento del fallo radica en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida en la reforma constitucional de 1994, y en la falta de avances en la transferencia de competencias de la justicia nacional al ámbito porteño. La Corte argumentó que esta situación debía resolverse de manera definitiva, basándose en precedentes como los casos Strada y Di Mascio.

Sin embargo, el fallo fue duramente criticado. Uno de los principales cuestionamientos es que genera conflictos entre el sistema judicial nacional y el de la Ciudad, especialmente en fueros como el comercial y el laboral. También se señala que el Ministerio Público Fiscal de la Nación pierde facultades en favor del TSJ porteño, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de ciertas intervenciones judiciales. Además, esta decisión impacta en causas sensibles como el caso Correo Argentino, ya que la Corte aplicó el mismo criterio para permitir que el TSJ porteño tome decisiones sobre cuestiones clave para la familia Macri.

De esta manera, la Corte reafirmó su postura de que el Tribunal Superior de Justicia de CABA tiene competencia para revisar ciertos fallos de la Justicia Nacional, rechazando los intentos de frenar esta decisión mediante recursos o medidas cautelares. Esto fortalece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia judicial y debilita la resistencia de jueces nacionales y otras entidades que buscan impedir este cambio.

Cabe destacar que en diciembre de 2024, la Corte había fallado por habilitar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como órgano encargado de resolver los recursos extraordinarios interpuestos contra sentencias de la Justicia Nacional. 

Tras ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional planteó un recurso de “revocatoria y suspensión de efectos”. El Tribunal consideró que la tal petición resulta inadmisible, ya que según el artículo 14 de la Ley 48 no están habilitados a interponer el recurso previsto quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en el proceso, aun cuando aleguen tener un gravamen configurado.

A su vez, agregó que el planteo resulta improcedente, pues sus sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por el recurso de revocatoria, ni por el de nulidad, salvo situaciones excepcionales que, a su criterio, no concurren en la especie.

En el mismo sentido, se expresó respecto al recurso de revocatoria interpuesto por la titular de la Defensoría General de la Nación. Por su parte, el ministro Carlos Rosenkrantz, quien se había manifestado en disidencia en la causa Levinas, compartió los fundamentos del voto qpara rechazar el recurso interpuesto, sin que ello implique modificación alguna de su opinión en dicha sentencia.

Por otra parte, en otra causa la Corte también revocó la medida cautelar que había confirmado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en marzo de 2022. La medida había sido peticionada por Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y suspendía la ley porteña que habilitaba al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional.  Se trata de la aplicación del art. 4° de la ley 6.452 de la Ciudad de Buenos Aires que regula el recurso de inconstitucionalidad reglamentado contra las sentencias definitivas dictadas por las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en CABA. 

Para el máximo tribunal, la cautelar —que suspende la aplicación de la ley local impugnada— “ha sido decretada en el marco de un proceso colectivo, con efecto ‘erga omnes’, enervando así el poder de policía del Estado, excediendo el interés individual de las partes y afectando de manera directa el de la comunidad”. Según la Corte Suprema, hoy no existen suficientes fundamentos para sostener esa medida. La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. 

Cabe recordar que, en ese pleito promovido por la AFMJN, también habían adherido otras entidades como Asociación Civil Gente de Derecho, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal. 

JJD, con información del portal especializado Palabras del Derecho.

Según un estudio de Agencia Pública, políticos, partidos vinculados a iglesias, influencers y grupos mediáticos conservadores han difundido anuncios contra la despenalización del aborto en las redes de Meta. El informe analizó los anuncios sobre el tema con mayor alcance en septiembre y descubrió que casi 10.000 reales (más de 2.000 dólares) fueron pagados a las plataformas por 15 perfiles. Los anuncios analizados habían sido mostrados más de 2 millones de veces en el momento de la publicación del informe.

Actualmente, la ley brasileña sólo permite el aborto en caso de violación, riesgo para la vida de la embarazada y anencefalia del feto.

El campeón de los anuncios en el período fue un diputado estatal del Partido Liberal (PL), el mismo partido de Jair Bolsonaro. Renato Antunes, de Pernambuco, pagó más de 3.800 reales (aproximadamente 764 dólares) para impulsar una serie de posts en septiembre que tuvieron más de 460.000 visualizaciones en las redes.

En sus posts, el político defiende que el Congreso brasileño debe decidir sobre la cuestión y califica la sentencia del Supremo de “otro intento de atentar contra el derecho a la vida”. Antunes formó parte de un grupo de parlamentarios brasileños que intentaron impedir el aborto legal de una niña de 10 años que había sido violada por su tío en 2020. En aquel momento, grupos conservadores contrarios al aborto se reunieron frente al hospital para realizar protestas y oraciones.

Siguen los anuncios de Brasil Paralelo, productora de documentales y programas conservadores con pretensiones de convertirse en el “Netflix de la derecha”. La empresa pagó al menos 2.000 reales (aproximadamente 402 dólares) para promocionar una serie de anuncios de su curso en línea sobre el aborto. En una de las piezas, la empresa dice que, en vista de “este controvertido tema” y de la inminente sentencia en el Tribunal Supremo, Brasil Paralelo ha decidido lanzar gratuitamente la clase inaugural del curso “Aborto: ¿quién es la verdadera víctima?”. La empresa anuncia que la lección, impartida por un hombre que se identifica como abogado, aborda, entre otros temas, las consecuencias de la “legalización” y los efectos del aborto en la salud física y mental de la mujer que se somete al procedimiento.

Brasil Paralelo es el poseedor del récord de anuncios en Facebook e Instagram en el país - la compañía ha pagado más de 20 millones de reales (más de 4 millones de dólares) desde que su gasto comenzó a ser revelado en agosto de 2020. La cantidad es incluso superior a la gastada por el Gobierno Federal de Brasil y las campañas electorales, como la de Jair Bolsonaro en 2022, que pagó 2,7 millones de reales (más de 540 mil dólares) a las plataformas.

Además de perfiles de políticos, la Agencia Pública también encontró anuncios de Los Republicanos, partido vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Desde el 20 de septiembre, el partido promociona en las plataformas una pieza en la que afirma estar “en contra del aborto” y que sus miembros defenderán la vida desde la concepción “con todas nuestras fuerzas”. El partido dice explícitamente que “el STF [Supremo Tribunal Federal] no puede legislar sobre el aborto”, citando la decisión de la presidenta del tribunal, Rosa Weber, de incluir la sentencia en el orden del día. El partido afirma que se está movilizando en el Congreso “para impedir que decisiones como ésta prosperen”. 

Los datos de Meta muestran una inversión de más de 100 reales (aproximadamente 20 dólares) en un periodo de menos de 24 horas - es probable que la cifra aumente a medida que la campaña continúe activa. En la tarde del 21 de septiembre, la pieza había sido mostrada más de 35.000 veces.

La campaña de Los Republicanos está firmada por seis políticos del partido, entre ellos la senadora y ex ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos del Gobierno Bolsonaro, Damares Alves; el vicepresidente del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Familia y Apoyo a la Vida, Diego Garcia, y el vicepresidente del Frente en Defensa de la Libertad Religiosa y presidente del Frente Parlamentario Evangélico, Silas Câmara.

El juicio del STF

Los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) deben juzgar, entre el 22 y el 29 de septiembre, el Alegato de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 442, que trata de la despenalización del aborto en Brasil hasta la 12ª semana. La sentencia fue dada a conocer por la magistrada Rosa Weber, que se jubila en octubre. La demanda fue presentada en 2017 por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Artículo publicado originalmente en portugués por Agencia Pública

Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a Jefe de Gobierno porteño, fue ungido, con el beneplácito de Patricia Bullrich y en el marco de un acuerdo político, como uno de los posibles sucesores de Horacio Rodríguez Larreta. El elegido del PRO se enfrentará al radical Martín Lousteau en la elección primaria de Juntos por el Cambio, en agosto, si la Justicia lo habilita. Fuentes consultadas por elDiarioAR en el Poder Judicial de la Ciudad creen que no hay chances de que el Tribunal Superior de Justicia porteño falle en contra de un Macri, pero habrá que esperar para ver lo que los bien entendidos consideran una obviedad: que la Justicia capitalina habilitará su cuestionada precandidatura.

Desde que la precandidata del Frente de Izquierda, Vanina Biasi; y el radical Nito Artaza impugnaron la postulación de Jorge Macri ante la Justicia electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ex intendente de Vicente López acumula sólo fallos y dictámenes favorables. 

Desde este miércoles, la decisión está en manos del máximo tribunal de la Ciudad, equivalente a una corte suprema porteña. El Tribunal Superior de Justicia está compuesto por cinco jueces y actualmente es presidido por Inés M. Weinberg, una jueza especializada en derecho civil, con trayectoria judicial y quien conoció al expresidente Mauricio Macri -primo de Jorge- en el gimnasio. 

Como jefe de Gobierno porteño, Macri la postuló al Tribunal Superior de Justicia en 2013 y durante su presidencia, como Procuradora General de la Nación, jefa de los fiscales del país. Nunca obtuvo los votos en el Senado para el cargo nacional. 

Weinberg suele fallar en consonancia con otros dos jueces nombrados en 2019 por Rodríguez Larreta, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe. Una mayoría de criterio que se impone muchas veces en cuestiones sensibles a favor del Ejecutivo porteño, explicaron las fuentes consultadas en el Poder Judicial capitalino. Por esa razón, descartan que Jorge Macri sería habilitado por el tribunal, que tiene entre sus funciones habilitar las candidaturas en territorio porteño, como determinó la Corte Suprema de la Nación esta semana.

elDiarioAR se comunicó con voceros de Jorge Macri para conocer su posición sobre el caso y sus argumentos legales pero no obtuvo respuesta. Estas son algunas claves para entender el caso.

¿Qué dice estrictamente la Constitución?

El artículo 97 de la Constitución de la Ciudad establece que “para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”.

¿Por qué su precandidatura está judicializada?

Tras el cierre de lista, a finales de junio, tres personas se presentaron ante la Justicia electoral de la Ciudad para impugnar la precandidatura. Una de las impugnaciones fue presentada por la precandidata Biasi, quien argumentó que Jorge Macri no cumple con dos de los requisitos centrales para ser candidato en la Ciudad: haber nacido en territorio porteño o tener cinco años de residencia previa a la presentación electoral. Así lo establece el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

Jorge Macri nació en Tandil, provincia de Buenos Aires y era “hasta hace un mes intendente de Vicente López”, dijo Biasi en su presentación de finales de junio, e “incumple esta pauta ya que nació en la provincia de Buenos Aires y vivió allí el último tiempo, lo cual es lógico ya que fue electo intendente en 2019″, afirmó Biasi.

Luego de la presentación de Biasi, se sumó Artaza. Existe una tercera impugnación de Juan Pablo Chiesa, de Aptitud Renovadora. Además, se presentaron ambos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el tribunal rechazó intervenir.

¿Dónde reside Jorge Macri?

En el fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad, los magistrados porteños destacaron que “las constancias” presentadas por los abogados de Macri “permiten tener por probado que, entre los años 1987 y 1999, ejerció su derecho a sufragar en la Ciudad” y que la Cámara Nacional Electoral consignó dos domicilios de Jorge Macri en el distrito porteño entre el 6 de octubre de 1981 y el 7 de abril de 2006.

Luego, detallaron la información proporcionada por la Cámara Nacional Electoral: entre el 6 de octubre de 1981 y el 7 de abril de 2006, el postulante se domicilió en Avenida del Libertador 2022 y Ramón Castilla 2871, situados ambos dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los jueces también describieron datos sobre los sellos insertos o anexos en los Documentos Nacionales de Identidad que Macri recibió cuando fue a votar a distintas elecciones desde 1987 hasta 2005, la última vez que votó en la Ciudad, hace 18 años.

En el entorno de Macri dijeron a La Nación que cuenta con residencia en la Ciudad desde 2015 y que, al mismo tiempo, estuvo habilitado para postularse como intendente de Vicente López durante tres mandatos consecutivos porque tiene “una propiedad en el distrito”.

¿Qué plantea el antecedente de Adrián Pérez?

Adrián Pérez fue candidato a jefe de Gobierno porteño en 2011 por la Coalición Cívica, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no avaló su postulación por dos motivos, uno de ellos, por no cumplir con estos mismos requisitos: haber nacido en territorio porteño o tener cinco años de residencia previa a la presentación electoral.

Entonces, el máximo tribunal porteño tenía otra composición (sólo los jueces Alicia Ruiz y Luis Francisco Lozano formaban ya parte del mismo). Pero los criterios jurídicos del tribunal son jurisprudencia de la Justicia porteña. 

El caso tiene algunas diferencias con el de Jorge Macri. No hubo impugnaciones a la candidatura del aliado de Elisa Carrió sino que fue Pérez quien se presentó ante el tribunal para pedir que se habilite su candidatura antes de comenzar con la campaña electoral. Entonces era diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y argumentó que podía acreditar una alternancia entre su residencia en Azul, localidad bonaerense, y la Ciudad.

Los jueces Ruiz y Lozano rechazaron la presentación de Pérez porque no había un caso en su contra ni una contraparte.

Otros dos jueces rechazaron la posibilidad de que Pérez pueda ser candidato por no reunir los cinco años de residencia en la Ciudad previos al acto electoral. 

Un quinto voto fue el del juez Carlos Balbín, quien se encontraba subrogando una vacante en el máximo tribunal. “Corresponde tener por habilitado provisionalmente al actor, sin perjuicio de que la decisión judicial en esta instancia no constituye sentencia definitiva y no hace cosa juzgada”, afirmó Balbín, quien sostuvo que Pérez tenía derecho de acompañar u ofrecer las pruebas para que se analice su caso.

¿Cómo viene fallando la Justicia?

En el caso de Macri, la Justicia viene fallando a favor del precandidato del PRO. El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires rechazó las impugnaciones.

El principal punto de conflicto es la interpretación de una frase del artículo 97 de la Constitución porteña. Los impugnantes entienden que los cinco años de residencia previos a los comicios deben ser inmediatamente anteriores a la elección, por lo que Macri debería haber mantenido residencia en la Ciudad al menos entre 2018 y 2023. Pero entonces era intendente de Vicente López, provincia de Buenos Aires, cargo que dejó recién en junio último. Además, residía en esta localidad bonaerense.

Esta misma interpretación es la que hizo Adrián Pérez cuando presentó su caso ante el máximo tribunal porteño. Sin embargo, los jueces electorales Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici determinaron que Jorge Macri cumple “con los requisitos”. De acuerdo con los jueces, la Constitución porteña exige a los candidatos/as a jefe de Gobierno que acrediten una residencia “habitual” y “permanente” en la Ciudad que no resulte inferior a cinco años, pero no especifica que ese periodo debe ser inmediatamente anterior a las elecciones.

Los impugnantes se presentaron entonces ante la Corte Suprema de la Nación, pero el tribunal rechazó intervenir, ya que la habilitación de candidaturas porteñas -no nacionales- es competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Este miércoles, Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, dictaminó a favor de Jorge Macri. Su dictamen fue presentado ante el máximo tribunal porteño. En tanto el lapso de cinco años de residencia en la Ciudad “haya sucedido temporalmente de forma previa a la fecha prevista para la elección, independientemente que lo sea de manera inmediata o no, desde el estricto plano constitucional estará habilitado para postularse”, afirmó el fiscal.

¿Quiénes son los jueces que decidirán si puede ser precandidato?

La mayoría de criterio del tribunal está integrado por Weinberg, nombrada por Macri, y los  dos jueces nombrados en 2019 por Rodríguez Larreta, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe. Esta mayoría de criterio que se impone muchas veces en cuestiones sensibles a favor del Ejecutivo porteño. Otras veces los fallos son unánimes o menos divididos.

Otamendi fue viceministro de Justicia de Germán Garavano, quien entonces lideraba la cartera, durante la presidencia de Mauricio Macri. Había sido funcionario porteño, también de Macri, y juez de la Ciudad entre 2005 y 2019.

De Langhe fue jueza de Cámara en la Ciudad y directora de Formación Académica en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se entrena a la Policía de la Ciudad.

Otros dos de los jueces son considerados “históricos”. Alicia Ruiz es la única jueza que sobrevive en el Tribunal Superior desde su creación. Fue magistrada de primera instancia en la Justicia del Trabajo desde diciembre de 1987 hasta diciembre de 1998, cuando el entonces jefe de Gobierno, Fernando De La Rúa, la propuso con acuerdo de la Legislatura para integrar el flamante máximo tribunal.

El segundo histórico es el juez Luis Francisco Lozano, propuesto por Aníbal Ibarra en 2004. También tiene un pasado judicial, como conjuez de la Corte Suprema durante 1999, y letrado en la Procuración General de la Nación.  

ED

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro habló por primera vez en público sobre el intento de golpe de Estado en su país el pasado 8 de enero. Desde Estados Unidos lamentó los destrozos que ocasionaron los militantes que lo apoyan en los edificios de los tres poderes.

“Lamento lo que pasó el día 8, algo increíble, pero la gente aprendió en mi gobierno lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad”, expresó el ex mandatario en un video que grabaron sus simpatizantes.

Desde la puerta de la casa de Orlando en la que está hospedado, Bolsonaro aseveró: “En cuatro años, todos los días eran lunes. ¿Hay algunos agujeros? Por supuesto que los hay. Cometemos algunos errores en casa, y ni digamos en el gobierno. Pero en casa sabemos quién es el responsable. Siempre somos nosotros, los maridos”.

Además destacó algunas medidas que tomó durante su mandato, entre ellas la flexibilización de la regulación de tenencia de armas de fuego.  Así, reconoció que en su gestión “el desempleo” había bajado, mientras que la economía “subía”.

Bolsonaro emprendió viaje hacia Estados Unidos el 30 de diciembre pasado, antes de que finalice su mandato. De esa manera, no le pasó la banda presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, que ganó las últimas elecciones y asumió su cargo el 1 de enero de este año.

El Supremo anula el último indulto de Bolsonaro a policías condenados

La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Rosa Weber, anuló el último indulto de Bolsonaro a decenas de policías y militares que fueron condenados por el crimen de 111 presos durante un operativo en 1992 para sofocar un motín en una cárcel de San Pablo, lo que es conocido como como la masacre de Carandiru.

El indulto fue una de las últimas decisiones de Bolsonaro antes del final de su mandato, ensombrecido aún más después de que miles de sus seguidores hayan asaltado el pasado 8 de enero las sedes de los tres poderes, consignó Europa Press.

La decisión de Weber es una respuesta a un pedido del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien envió a fines de diciembre de 2022 al Supremo una demanda de inconstitucionalidad contra una parte de este decreto, ya que contravenía las obligaciones internacionales del Estado brasileño de procesar y punir a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

El proceso judicial se prolongó durante décadas y hubo que esperar hasta hace diez años para que la Justicia condenara a 74 de aquellos policías por la muerte de 77 presos.

Las penas contra ellas oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel, pero ninguno cumplió con la pena, ya que la ley brasileña impide entrar en prisión para estar más de 40 años por un mismo crimen.

De los agentes condenados, cinco ya murieron -uno de ellos asesinado- y otros 69 continúan con vida. Más de 30 años después nadie entró en prisión, en parte gracias a la maniobra de las defensas que fueron apelando cada una de las condenas.

MB con información de agencias

A once meses de la quiebra de Correo Argentino SA, dos juezas de la Cámara Comercial suspendieron el proceso a pedido de la empresa de la familia Macri, cuando el tribunal se aprestaba a tomar la decisión final que dejaría firme la situación de la compañía: debía confirmar o rechazar la bancarrota, según el fallo analizado por elDiarioAR y publicado en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

El giro inesperado en la causa seguirá dilatando un expediente que acumula el récord de más de 20 años sin resolución (cumplirá 21 en septiembre próximo). El fallo de las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal fue firmado este miércoles, con un crítico voto en disidencia de la tercera integrante de la Sala B del tribunal de apelaciones, María Guadalupe Vázquez. 

En julio último, la jueza comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA. La magistrada de primera instancia basó su fallo en supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y en la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según la sentencia.

Aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades.

Matilde Ballerini — Jueza de la Cámara Comercial de la Nación.

La principal accionista de Correo es Socma (Sociedades Macri), cuyos accionistas son los hermanos y dos sobrinos del expresidente. En 2001, Correo entró en concurso de acreedores. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones, según el cálculo del Ministerio Público Fiscal.

Desde febrero de 2021, Socma intenta que el caso pase de la Justicia nacional a la porteña. Tras los intentos fallidos ante la cámara Comercial de la Nación para apartar a la jueza Cirulli y a la fiscal general Gabriela Boquin por “parcialidad”, la empresa acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad -que vendría a funcionar como una corte suprema local- y le solicitó que intervenga como tribunal superior de la Cámara Comercial de la Nación para revisar sus fallos (que habían rechazado las recusaciones de las magistradas).

El tribunal porteño hizo lugar a los planteos de Socma pero las camaristas rechazaron la competencia de los jueces capitalinos y reafirmaron que el único tribunal superior de su fuero es la Corte Suprema de la Nación. Desde entonces, existe un planteo de la empresa de los Macri en el máximo tribunal del país para que se pronuncie sobre la disputa de competencia entre ambos tribunales.

En agosto último, Correo solicitó a las juezas de la Cámara Comercial que suspendan el proceso hasta que la Corte se pronunciara sobre el conflicto de competencia con el Tribunal Superior de Justicia porteño. 

La decisión de este miércoles hizo lugar a ese planteo de Correo. Fue, además, el primer fallo en la causa de la nueva integrante de la Sala B: la jueza Uzal, quien asumió el caso tras ser sorteada el 8 de abril último. Uzal sustituye a la jueza María Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien alcanzó los 75 años y perdió un planteo legal para seguir en el cargo de camarista sin el aval del Senado.

Uzal torció la balanza a favor de Correo. La jueza Ballerini estaba a favor de suspender el proceso mientras que la jueza Vázquez se oponía. 

En su voto, Vázquez sostuvo que “la suspensión de la totalidad del proceso de quiebra no firme y de sus incidentes no tiene sustento legal; contradice las normas y principios de la Ley de Concursos y Quiebras, en particular la celeridad de un proceso que data de más de veinte años; y no tiene fundamento en el riesgo cierto de futuras y eventuales nulidades”.

La magistrada enumeró normas, jurisprudencia de la Corte Suprema, un dictamen específico de la Procuración General de la Nación sobre el caso y artículos de la Ley de Concursos y Quiebras y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que contradicen la decisión tomada por sus colegas de la Sala B.

La jueza Ballerini reconoce en su voto que “se trata de una situación casi inédita” y que “aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades”. 

La suspensión de la totalidad del proceso de quiebra no firme y de sus incidentes no tiene sustento legal.

María Guadalupe Vázquez — Jueza de la Cámara Comercial de la Nación.

“Continuar un proceso falencial -en el que además y justamente debe examinarse la viabilidad del decreto de quiebra- ignorando los riesgos señalados, lejos de exhibir celeridad podría derivar en una mayor demora futura, con los consiguientes perjuicios para todos los intervinientes en este proceso universal”, afirmó Ballerini.

En cambio, Vázquez aseguró que “el pedido de suspensión (de Correo) no solo no fue fundado en alguna norma de la Ley de Concursos y Quiebras, sino que contradice su principio fundamental, por lo que su concesión podría postergar los distintos derechos e intereses afectados por la cesación de pagos”.  

Vázquez también resaltó que los planteos de Correo que generan ahora la suspensión se plasmaron en el expediente como “incidentes” para que se desarrollaran de forma separada al proceso central de la causa y que el artículo 176 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que “los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal”. Excepcionalmente, el juez puede resolver la suspensión “cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada”, una excepción “que debe ser evaluada de forma restrictiva”.

ED

Los legisladores del oficialismo porteño lograron hoy aprobar una ley que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, y afirmaron que así “garantizan la autonomía de la Ciudad”, mientras que, desde la oposición, sostuvieron que el objetivo es favorecer al expresidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino.

Con 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda-, quedó sancionada en la Legislatura porteña una modificación a la ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

En lo formal, el proyecto que llegó al recinto se titula “modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales”, y autoriza las modalidad mixta, presencial y virtual para estos trámites.

Al respecto, la diputada María Luisa González Estevarena (Vamos Juntos), autora del proyecto de ley, dijo que se buscó “consolidar cambios que fueron impulsados por la pandemia, pero que también hicieron una justicia más ágil”.

Sin embargo, agregó que su bloque incorporó al texto “dos artículos tendientes a garantizar la autonomía de la Ciudad y avanzar en la necesidad de traspasar la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad”.

Luego, intervino en la sesión el diputado Pablo Almeida (Frente de Izquierda), y afirmó que esa modificación “se introdujo subrepticiamente para garantizar la impunidad de los funcionarios de turno”.

Lucía Cámpora (Frente de Todos) dijo por su parte que el debate sobre la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad “no puede resolverse en la legislatura porteña, sino en el Congreso nacional”.

Y agregó que, para saber “cómo impacta y cómo opera” esta modificación, repasó en qué causas se han apelado fallos de la justicia nacional ante el TSJ local.

Como ejemplo, mencionó una apelación de la empresa Repartos Ya contra un fallo de la justicia nacional en el fuero laboral que había reconocido derechos de los trabajadores de la aplicación Pedidos Ya.

Después, mencionó las apelaciones contra resoluciones de la justicia nacional, en este caso en el fuero comercial, por las causas Correo Argentino y Socma Americana, que involucran al expresidente Mauricio Macri.

“Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos”, dijo.

El TSJ tiene cinco integrantes, y tres de ellos están vinculados al expresidente: Inés Weinberg de Roca fue propuesta por Macri para ocupar la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi fue funcionario en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos; y Marcela de Langhe se desempeñó en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.

En la sesión también intervino Claudia Neira (Frente de Todos), quien dirigiéndose al bloque oficialista, dijo: “Están creando un pantano judicial para que se hunda la causa del Correo Argentino”.

Y agregó que, con esta nueva norma, “los abogados, a elección, decidirán a qué tribunal llevan sus causas, si a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) o al TSJ”.

“Están generando un elemento más para dilatar determinadas causas”, sostuvo, y agregó: “No van a encontrar en nosotros un obstáculo para discutir la autonomía de la Ciudad, pero esta ley no resuelve nada”.

Luego, Martín Ocampo, del bloque UCR-Evolución, aliado de Vamos Juntos, dijo que la Constitución Nacional establece que “las provincias pueden legislar en materia procesal”, y consideró de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “es una provincia más”.

Ocampo también consideró que, por el “principio de igualdad ante la ley”, quienes viven y trabajan en la Ciudad deben tener “la posibilidad de acceder a las mismas instancias judiciales que las personas de otras provincias, que pueden ir primero a los juzgados locales, después a las cámaras de apelación y, finalmente, a la corte federal”.

“Estamos dando una instancia judicial más a quienes reclaman por sus derechos”, concluyó.

Por último, tomó la palabra Gastón Blanchetiere (Vamos Juntos) y dijo, dirigiéndose al bloque del Frente de Todos: “Rechazan la autonomía y las urnas lo demuestran”.

Y agregó: “A diferencia de la justicia federal, la justicia nacional aplica derecho común, y esos aspectos procesales le corresponde a las provincias. La CSJN ya dijo que la CABA tiene las mismas aptitudes que una provincia”.

Blanchetiere, al concluir su discurso, dijo que la nueva norma es un “aporte a la autonomía y a la seguridad jurídica en la Ciudad”.

DA con información de la Agencia Télam