A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió bajo su propia órbita a su pareja. Cobra desde entonces al menos $7 millones, publicó hoy el diario La Nación.

La investigación periodística la realiza el periodista Hugo Alconada Mon y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y da cuenta de que Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

Según el diario, la designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre, y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

El mes pasado Vázquez fue denunciado en la Justicia a raíz de la investigación periodística, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de US$1,6 millón.

JJD

En 2015, un denunciante anónimo que se autodenominó ‘John Doe’ ─equivalente a ‘fulanito’ en español─ se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y filtró más de 2,6 TB de información confidencial a dos de sus periodistas. Los archivos incluían millones de emails corporativos que provenían de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, uno de los mayores proveedores mundiales de servicios “offshore”.

Como consecuencia de las revelaciones de la investigación periodística conocida como Panama Papers, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y su homólogo paquistaní Nawaz Sharif se vieron obligados a dimitir, al igual que otros muchos mandatarios. 

La filtración provocó protestas multitudinarias en Londres, Reikiavik y otros lugares, así como desencadenó la apertura de miles de investigaciones judiciales e inspecciones tributarias en todo el mundo. Además, desde entonces, se han promulgado leyes más estrictas para combatir el negocio de las sociedades pantalla. Los estados han recuperado más 1.300 millones de dólares que se habían perdido por impuestos no recaudados.

Hasta la fecha, ‘John Doe’ solo se había pronunciado una vez en público. Cuatro semanas después de que los Panama Papers comenzaran a ver la luz, publicó un manifiesto en el que hizo un llamamiento a los legisladores para que actuaran para combatir la desigualdad global. Desde ese momento, se han publicado libros, podcasts y documentales sobre la filtración. Incluso, Hollywood hizo una película sobre el tema que protagonizó Meryl Streep. Pero el denunciante que filtró la documentación ha guardado silencio hasta ahora.

Recientemente, ‘John Doe’ se puso nuevamente en contacto con los dos periodistas que en 2016 trabajaban para el diario SZ y que ahora lo hacen en el semanario Der Spiegel (aquí la entrevista completa en inglés). Con el fin de garantizar su anonimato, la entrevista con esta fuente fue realizada online mediante un programa cifrado. La entrevista, que tuvo lugar con la presencia de un testigo, ha sido acortada para una mejor comprensión, ligeramente editada y, como es habitual en el periodismo alemán, el texto fue enviado al entrevistado para que diera el visto bueno antes de la publicación.

¿Cómo está? ¿Se siente seguro?

Sí, me siento seguro, hasta donde yo sé. Vivimos en un mundo peligroso y eso me inquieta a veces. Pero lo más importante es que me encuentro bien y me considero una persona afortunada.

Usted ha guardado silencio en los últimos seis años. ¿No se ha sentido tentado a desvelar que fue usted quien facilitó que se hicieran públicos los negocios secretos a través de sociedades ‘offshore’ de jefes de Estado y de gobierno, cárteles de narcotráfico y diferentes tipos de criminales?

A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y que se asocie a mi nombre, como pienso que mucha gente hace. En aquella época, mi única inquietud era seguir vivo hasta que la historia pudiera ser contada por alguien. Me tomó varios días adoptar la decisión de compilar los datos del despacho Mossack Fonseca que estaban a mi alcance. Me sentía como si estuviera mirando a través del cañón de una pistola cargada, pero al mismo tiempo sentía que tenía que hacerlo.

Los Panama Papers involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales, alguna de ellas vinculadas a gobiernos, que es difícil imaginar cuán seguro sería para mí revelar mi identidad

Usted se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que puso en marcha una investigación en la que colaboraron más de 400 periodistas y que fue coordinada por ICIJ. Cuando llegó a nosotros, ¿qué le pasaba por la mente?

Cuando me puse en contacto con ustedes, no tenía ni idea de lo que iba a pasar o si ustedes iban siquiera a responder. Mantuve correspondencia con muchos periodistas que no mostraron interés, incluidos reporteros de The New York Times y The Wall Street Journal. Wikileaks ni siquiera se molestó en contestar cuando les escribí más tarde.

(NdA: NYT y WST declinaron hacer comentarios sobre este asunto. Der Spiegel se puso en contacto con Wikileaks, pero no obtuvo respuesta alguna.)

El equipo global de periodistas comenzó a publicar los Panama Papers el 3 de abril de 2016. ¿Cómo fue ese día para usted?

Lo recuerdo como cualquier otro domingo. Comí con unos amigos y me dejó pasmado que Edward Snowden se mostrara sobreexcitado comentando el proyecto en Twitter. Recuerdo cómo miles de posts iban circulando de un sitio a otro en las redes sociales. Nunca había visto nada similar. Se trataba literalmente de una explosión informativa. La gente con la que estaba aquel día se puso a hablar del asunto tan pronto como lo conocieron. Hice todo lo que estaba a mi alcance para disimular y hacer como si fuera la primera vez que oía hablar del tema.

Muchos expertos comparan los Panama Papers con el Watergate. La fuente más importante del Watergate fue el director adjunto del FBI Mark Felt, quien se hizo llamar ‘Garganta Profunda’. Al final, reveló su verdadera identidad 33 años después de que se publicara el Watergate.

De vez en cuando, he pensado en Mark Felt y los riesgos que él afrontó. El tipo de riesgos que yo asumo son diferentes a los suyos. Es posible que tenga que esperar hasta que me encuentre en el lecho de muerte.

(Al domingo que se estrenó Panama Papers) lo recuerdo como cualquier otro domingo. Comí con unos amigos

¿Por qué?

Los Panama Papers involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales, alguna de ellas vinculadas a gobiernos, que es difícil imaginar cuán seguro sería para mí revelar mi identidad. Al comienzo, Felt tuvo que preocuparse por Richard Nixon y sus cómplices. Nixon dimitió dos años después de que estallara el escándalo. Su renuncia le quitó todo poder. Sin embargo, en mi caso, incluso si transcurren 50 años, las organizaciones que me inquietan seguirán existiendo.

¿Le ha contado a alguien su papel en los Panama Papers?

Tras la publicación, se lo conté solo a algunas personas, de aquellas a las que más quiero.

Usted ha permanecido en silencio los últimos seis años. ¿Por qué quiere hablar ahora?

En estos seis años, ha habido ocasiones en las que he estado tentado a hablar alto y claro. En cada uno de esos momentos, es como si el mundo se estuviera escorando más y más hasta estar cerca de hundirse. De modo que la necesidad de intervenir me ha parecido cada vez más urgente para evitar la catástrofe. Al mismo tiempo, sin embargo, he tenido que poner en la balanza diversos factores.

Por desgracia, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos nunca han mostrado un especial interés por los Panama Papers

¿A qué se refiere exactamente?

En primer lugar, por supuesto, garantizar mi propia seguridad física y la de mi familia. Además, está el hecho de que el mundo es un lugar enorme con una cacofonía de voces, todas ellas intentando que su punto de vista se entienda. Quería que mis palabras cobraran sentido y que no se perdieran tras el siguiente tuit de Donald Trump. En 2016, escribí [en un manifiesto] sobre mi miedo a algo que ya estaba observando: “Una grave situación de inestabilidad podría estar justo a la vuelta de la esquina”. Mucho me temo que esa inestabilidad finalmente ha llegado.

¿A qué tipo de inestabilidad se refiere?

Al ascenso global del fascismo y el autoritarismo, desde China a Rusia pasando por Brasil y Filipinas, pero muy especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos ha cometido errores terribles a lo largo de su historia, pero también ha servido como una fuerza de equilibrio para contrarrestar la influencia de los peores regímenes absolutistas cuando más se necesitaba. Ese equilibrio ha dejado de existir.

Parece que los paraísos fiscales son de una importancia crucial para los hombres fuertes de los regímenes autocráticos.

Putin es una amenaza mayor para Estados Unidos de lo que lo fue Hitler y las sociedades pantalla (offshore) son sus mejores amigas. Las sociedades ‘offshore’ que financian al ejército ruso son las que permiten que se mate a civiles inocentes en Ucrania cuando los misiles de Putin impactan en centros comerciales. Las sociedades pantalla que ocultan las actividades de los conglomerados empresariales chinos son las que permiten que mueran menores en las minas de cobalto de Congo. Las compañías ‘offshore’ hacen posible todos estos horrores y le quitan a la sociedad el derecho de exigir rendición de cuentas a los poderosos. Sin rendición de cuentas, la sociedad no puede funcionar bien.

A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y que se asocie a mi nombre

Los Panama Papers parecen tener más relevancia ahora que nunca debido a la agresión rusa contra Ucrania. Por ejemplo, uno de los más viejos y cercanos amigos de Vladimir Putin, el violonchelista Sergei Roldugin, fue sancionado internacionalmente a finales del pasado febrero. La razón principal es que su nombre fue encontrado en los Panama Papers. Los documentos mostraban que Roldugin parece haber sido el testaferro de su poderoso amigo Vladimir Putin y que posee millones, al menos sobre el papel. ¿Está satisfecho por este giro inesperado en los acontecimientos?

Estoy contento por ver cómo Roldugin ha sido sancionado. Es genial.

¿Tiene miedo de que Rusia busque venganza?

Es un riesgo con el que vivo. El gobierno ruso ha manifestado que quiere verme muerto. Antes de que se restringiera la difusión de las informaciones de Russia Today en diversos lugares debido al ataque de Rusia contra Ucrania, emitió un docudrama sobre los Panama Papers en dos capítulos en cuyos créditos iniciales aparecía el personaje ‘John Doe’ herido en la cabeza tras haber sido torturado. Inmediatamente después se ve un barco de dibujos animados que navega por su sangre, como si fuera el Canal de Panamá. Aunque fueran unas imágenes estrambóticas y de mal gusto, el mensaje no era sutil. Ya hemos visto cómo otras personas ligadas a cuentas ‘offshore’ y sometidas a procesos judiciales por tributación irregular recurren al asesinato. Lo hemos visto en los casos de los periodistas Daphne Caruana Galizia y Ján Kuciak. Sus muertes me afligieron profundamente. Hago un llamamiento a la Unión Europea para que haga justicia con Daphne, Ján y sus familias, y para que establezca el estado de derecho en Malta, una de las jurisdicciones que usó Mossack Fonseca.

En 2017, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA, por sus siglas en alemán) obtuvo mucha documentación de Mossack Fonseca, también procedente de una fuente anónima.

Sí, fui yo. Desde el principio, quería trabajar con autoridades gubernamentales porque me parecía obvio que era necesario para iniciar investigaciones por los delitos descritos en los Panama Papers. Más que ningún otro gobierno, el alemán me aseguró que garantizaría la seguridad de mi familia y la mía propia. Pasado un tiempo, llegamos a alcanzar un acuerdo que parecía justo. Desafortunadamente, poco después, el gobierno alemán violó ese pacto. A mi entender, eso puso en riesgo mi vida. Siento decir que no recomiendo a nadie que confíe en las garantías que ofrece el Estado alemán. 

(NdA: La Oficina Federal de Investigación Criminal declinó hacer comentarios sobre estas acusaciones.)

Algunos artículos periodísticos informaron de que usted fue recompensado con cinco millones de euros. ¿Por qué está descontento con la Oficina Federal de Investigación Criminal?

Hubo tres problemas fundamentales. En primer lugar, sentí que una vez que la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) obtuvo los datos, me dejaron solo y no me procuraron ningún tipo de protección. Esa desprotección era imprudente porque la amenaza sobre mi seguridad, lejos de menguar, se acrecentaba con el tiempo. Poco tiempo después y a plena luz del día, hubo un asesinato en Berlín que se vinculó a una operación del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB). Podría haber sido yo la víctima. Segundo, el Gobierno alemán no cumplió con el acuerdo económico, lo que me provocó más problemas que pusieron en riesgo mi seguridad. En tercer lugar, la BKA ha desaprovechado constantemente la oportunidad de analizar datos del mundo ‘offshore’ más allá de los Panama Papers, lo que es realmente escandaloso.

Entonces, ¿usted piensa que las autoridades alemanas no han hecho lo suficiente para garantizar su seguridad?

Quiero ser justo con ellos. Me ofrecieron unas pequeñas medidas de seguridad, pero éste es el tipo de situación en el que un solo error produce consecuencias desastrosas e irreversibles. Por una serie de razones, nunca me sentí cómodo con su planteamiento general, especialmente según iba pasando el tiempo. Si de verdad el Gobierno alemán hubiera apreciado la relevancia de los Panama Papers, estoy seguro de que habrían manejado la situación de modo diferente.

¿Qué solicitó exactamente a la Oficina Federal de Investigación Criminal? ¿Ser un testigo protegido? ¿Una nueva identidad? ¿Más dinero?

Solo puedo decir que no cumplieron con el acuerdo económico que habíamos pactado.

La policía alemana ha compartido los documentos de Mossack Fonseca con docenas de países, pero han limitado esa colaboración a entregar datos que afectaban a los ciudadanos del país correspondiente. Parece lógico pensar que las informaciones sobre los oligarcas fueron únicamente entregadas a las autoridades rusas, a menos que existieran investigaciones abiertas en otros países. Resulta una situación un tanto absurda, dado que esos hombres han sido recientemente sancionados internacionalmente como respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Por desgracia, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos nunca han mostrado un especial interés por los Panama Papers. Sus investigaciones se centran en los yates. Francamente, los yates no son importantes más allá de su valor simbólico. Las sociedades ‘offshore’ y los ‘trusts’ (fideicomisos) sí que importan de verdad. Las sanciones son una buena herramienta, pero hay otras. Por ejemplo, Estados Unidos podría hacer redadas policiales en las oficinas de los facilitadores de sociedades ‘offshore’ que actúan en su territorio para mandar el mensaje de que este tipo de actividades ya no es admisible. Sería fácil para ellos hacerlo, pero no ha ocurrido.

Edward Snowden está atrapado en Rusia. Aunque se muestra crítico con el gobierno de Putin por sus niveles de corrupción, Snowden no puede abandonar el país porque tendría que enfrentarse a un juicio en Estados Unidos.

Snowden es solo una pieza del puzle en la guerra de desinformación que Rusia lleva practicando contra Estados Unidos durante la mayor parte del último siglo. Si la Inteligencia estadounidense tiene pruebas acusatorias contra él, que las haga públicas y así todos podremos verlas. Si no las tiene, el presidente Biden debería perdonarlo y permitir su vuelta a casa. Así de simple.

Lo más importante es que mi caso ejemplifica cómo es posible marcar la diferencia y aún así seguir llevando una buena vida

¿Cuán satisfecho está usted con las consecuencias de la filtración?

Me siento gratamente asombrado por el resultado de los Panama Papers. Lo que ICIJ logró no tiene precedentes. Me siento extremadamente feliz, incluso orgulloso, de que hayan sucedido grandes reformas legislativas gracias a los Panama Papers. El hecho de que después haya habido colaboraciones periodísticas en una escala similar también es un triunfo. Tristemente, no es suficiente. Nunca pensé que publicar los datos de un despacho de abogados fuera a resolver la corrupción en el mundo y mucho menos cambiar la naturaleza humana. Pero los políticos deberían actuar. Necesitamos que las informaciones de los registros mercantiles sean públicas y accesibles en todas las jurisdicciones, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Anguila, pasando por Seychelles, Labuán o Delaware. Ahora mismo, sin esperar más. Y si oís cierta resistencia a hacerlo, estás oyendo a un político que debería dejar su cargo.

Desde 2016, miles de historias de los Panama Papers se han publicado. ¿Piensa que aún hay alguna que el mundo necesita ver publicada?

Todavía quedan muchas historias por contar. Una que me viene a la mente es la de un ‘trust’ que firma cheques en papel color amarillo y que fue creado por un despacho de abogados colombianos para el beneficio de un cártel de narcotraficantes. En las operaciones de esa estructura ‘offshore’ colabora un banco estadounidense que permitió el uso directo de su cuenta corresponsal en un banco de Panamá. Los nombres de los receptores de los cheques se escribían  con máquina de escribir. Nos quedaríamos cortos si calificáramos estas operaciones como poco habituales. Perfectamente, podrían haber emitido cheques con una señal de alarma roja y no habría pasado nada tampoco.

¿Qué le ha enseñado su filtración sobre la denuncia de irregularidades?

Aunque quizás sea excepcional, diría que lo más importante es que mi caso ejemplifica cómo es posible marcar la diferencia y aún así seguir llevando una buena vida. Pero exige mucho esfuerzo y mucha suerte ir un paso adelante del resto.

¿Qué le recomendaría usted a los potenciales denunciantes?

Les diría que contar la verdad sobre asuntos sensibles nunca resulta fácil. Un factor infravalorado es lo difícil que es mantener la cabeza fría. Tanto si estás hablando con periodistas o con autoridades gubernamentales, hay que estar preparado para que todo se mueva lentamente. Es fundamental respirar hondo y encontrar otras cosas en las que pensar de vez en cuando.

Si usted pudiera volver al pasado, ¿volvería a filtrar los documentos?

Sí, sin pestañear.

Traducción del inglés por Marcos García Rey.

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ED

Con el objetivo de desembarcar en Argentina a cualquier costo, la empresa Uber comenzó en 2016 a aplicar su particular manual definido incluso por sus propios operadores como un estilo de startup guerrilla y que queda en evidencia en la nueva filtración de documentos, The Uber Files (los Archivos de Uber), obtenidos por The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación global, que en Argentina realizó elDiarioAR junto con La Nación e Infobae, confirma los intentos del co-fundador y entonces CEO de la compañía, Travis Kalanick, para llegar hasta Mauricio Macri, el lobby para presionar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para evitar el pago de impuestos y cargas patronales.

Presiones, amenazas y estrategias agresivas fueron las opciones discutidas internamente en Uber para lograr convencer a funcionarios públicos de modificar las regulaciones y leyes a conveniencia de la empresa. En 2019, Uber logró un dictamen del Ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Nicolás Dujovne, y de la AFIP, que le permitió reducir el pago del impuesto a las ganancias, pero la empresa ni siquiera tiene CUIT por un supuesto incumplimiento formal. 

No fue hasta 2021 que la compañía fue denunciada penalmente por las autoridades argentinas por el presunto delito de evasión de las cargas patronales de los conductores, a quienes se rehúsa a reconocer como empleados en relación de dependencia, cuestión que también llevó a Uber a tocar las puertas de la AFIP y recurrir a la Justicia. Actualmente, el fisco le reclama $165,6 millones por cargas patronales sólo por el período 2016-2018.

Los registros que salen a la luz este domingo en The Uber Files incluyen correos electrónicos, mensajes de texto y otros documentos producidos por ejecutivos de la empresa, incluido el entonces CEO, entre 2013 y 2017, cuando Uber irrumpía en las ciudades desafiando las leyes y regulaciones locales, eludiendo impuestos y tratando de ganarle la pulseada a la industria del taxi, principalmente, pero también a los activistas laborales.

Mientras en Argentina y otros países, los conductores de Uber, e incluso los pasajeros, eran blanco de los ataques violentos de grupos de taxistas enfurecidos, denominados “caza Uber”, Kalanick sostenía en comunicaciones privadas, ahora reveladas por The Uber Files, que “la violencia es garantía de éxito”. El portavoz del exCEO, Devon Spurgeon, respondió a ICIJ que el consorcio de periodistas “presiona” con su “agenda falsa de que el señor Kalanick dirigió una conducta ilegal o impropia” y “afirma tener documentos en los que el señor Kalanick estuvo o incluso fue autor, algunos de los cuales tienen casi una década”. Además, se quejó de que ICIJ rechazara “las solicitudes para revisar cualquiera de esos documentos, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre la autenticidad de muchos de los documentos originales”.

Actualmente, la empresa continúa operando en Argentina -está disponible en unas quince ciudades-, con varios litigios cruzados con autoridades y sindicatos de taxistas. Uber dijo al equipo argentino* de ICIJ que “la operación siempre ha observado y cumplido las leyes que se aplican a la naturaleza de su actividad, incluyendo las normas impositivas”. “En la Argentina no hay ninguna sentencia firme en contra de Uber”, agregó la compañía. 

La discusión sobre la legalidad o ilegalidad de Uber se centró en la carencia de controles, regulaciones y licencias de los conductores y vehículos a los que sí están sometidos remises y taxis que prestan el mismo servicio, pero fue mucho más allá. La compañía tiene una denuncia penal de la AFIP por presunta evasión de cargas patronales y trabajo no registrado de los conductores como trabajadores en relación de dependencia, según pudo corroborar el equipo argentino de The Uber Files. 

Uber contrarrestó la decisión del fisco con otros dos reclamos judiciales, basados en su principal escudo: una red de sociedades offshore para eludir el pago de ganancias, de IVA y de cargas sociales, a pesar de que, según la propia compañía, cobra una comisión del 25% a los choferes por cada viaje realizado en el país. Sólo en América Latina, durante el primer trimestre de 2022, Uber Technologies INC. registró ingresos por US$432 millones.

Quemando embrague

“Nosotros pensamos que la llegada del gobierno de Macri iba a generar un contexto más abierto al comercio, más pro mercado, y que eso nos permitiría saltar los problemas con los sindicatos, los taxis y remises. Teníamos órdenes del CEO de avanzar como fuera necesario porque consideraba que Buenos Aires era la única gran capital e incluso gran ciudad del mundo donde no operaba Uber”, explicó al equipo argentino de ICIJ  una persona que conoció de primera mano cómo operó Uber en Argentina y que pidió reservar su identidad. 

“Uber entró muy mal en Argentina, como si fuéramos guerrilleros. Al igual que en otros países, entramos buscando el apoyo popular para que ese apoyo ejerciera presión sobre los gobiernos y se vieran obligados a modificar las regulaciones”, afirmó la misma fuente.  

Uber había dado sus primeros pasos sobre el gobierno argentino, apegado a su manual. Los registros obtenidos en esta nueva filtración demuestran un modus operandi que se repitió en varios países: gestar lazos con el poder político local para lograr inmunidad en el desembarco. 

La operación siempre ha observado y cumplido las leyes que se aplican a la naturaleza de su actividad, incluyendo las normas impositivas

Uber Argentina.

“Alguna vez en el ministerio de Pancho Cabrera pidieron a la Ciudad que los escucharan, que eran una empresa moderna. Buscaban entrar por todos lados”, advirtió una fuente del gobierno porteño. Francisco Cabrera, exministro de Producción de Macri, se excusó de responder las consultas del equipo argentino.

Uber Argentina SRL se creó el 17 de diciembre de 2015, sin tener la certeza de si podría operar legalmente en el país. Ese mismo día, representantes de la empresa tuvieron un primer encuentro oficial con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según publicó entonces La Nación. Los ejecutivos fueron recibidos por el entonces secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, y dos de sus asesores.

“El abordaje de Uber era siempre muy agresivo”, contó la fuente que conoció bien cómo operó Uber en Argentina. “Durante la primera reunión con Méndez planteamos que el Gobierno estaba en contra de la innovación. Él respondió que el Gobierno (porteño) debía respetar la legislación vigente y nos dijo que si queríamos operar, podíamos hacerlo como remises, con un número limitado de autos. Pero eso va en contra del modelo de negocios de Uber, que necesita el mayor flujo de autos posible, todo el tiempo”, agregó la fuente.

El gobierno porteño también debía contener a viejos aliados: los sindicatos de taxistas y remiseros.

Dos Uber

A partir de allí se abrió una discusión interna dentro de la empresa entre quienes plantearon que había que adaptarse a las reglas locales y funcionar como remises durante un tiempo y “quienes querían ir a la guerra con el Gobierno”, informó la fuente. Llegaron a promover una campaña publicitaria con solicitadas en los diarios que iba a decir: “¿Cambiemos qué?”.

“Venían cada tres semanas a insistir. Tenían un doble juego. La División Corporativa de Uber decía que querían adecuarse a la normativa y la División de Operaciones bajaba la orden de avanzar igual”, aseguró una fuente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Además, aseguró, “extorsionaban diciendo que iban a publicar listas de funcionarios que usaban Uber”, información a la que podían acceder a través de GreyBall, un software que le permitía recolectar información de los pasajeros para identificar si se trataba de funcionarios públicos, como por ejemplo, datos de la tarjeta de crédito utilizada para pagar el viaje.

“Al final, Uber decidió ir al choque”. Poco antes del lanzamiento de la aplicación en Argentina y en medio de las negociaciones con la Ciudad, la plana mayor de Uber se dio cita en la cena de Cippec y el CARI (Consejo Argentina para las Relaciones Internacionales, en mayo de 2016) y con Macri presente anunciaron el desembarco a pesar de que no cumplían con la reglamentación porteña. Los funcionarios de la Ciudad se enteraron allí mismo.

La violencia es garantía de éxito

Travis Kalanick, entonces CEO de Uber, en un mensaje a un colega, en 2016, en la previa de una protesta de taxistas en París.

“El señor Kalanick nunca autorizó ni dirigió el programa llamado Greyball para ningún propósito ilegal. El programa fue diseñado y utilizado para proteger a los conductores de Uber del acoso y las agresiones de los taxistas, un hecho desafortunado durante los primeros días de Uber”, respondió a ICIJ el portavoz del exCEO. 

En los últimos años, la empresa ha sido objeto de numerosos fallos judiciales con marchas y contramarchas: jueces que se inclinaron por la legalidad de su operación local y otros que la declararon ilegal. “Los más altos tribunales de la Justicia Nacional, de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia de la Provincia de Mendoza, como así también la Justicia de la Provincia de Córdoba, han dictado sentencias en favor de la legalidad de Uber y su modelo. De hecho, en la Argentina no hay ninguna sentencia firme en contra de Uber”, afirmó la sede local, que aseguró que “más de 8,4 millones de personas han realizado viajes con la aplicación y más de 460.000 personas han generado ganancias” con Uber en Argentina. 

Macri

Uber había retrasado su desembarco en Argentina por el cepo al dólar. Temían no poder girar sus ganancias al exterior y la asunción de Macri les dio esperanzas.

El 18 de diciembre de 2015, un día después de la primera reunión de los ejecutivos de Uber con autoridades del gobierno de Rodríguez Larreta, Juan de Dios Batiz, méxicano, director de Política Pública de Uber para América Latina, envió un correo electrónico a Presidencia de la Nación, entonces a cargo de Mauricio Macri desde hacía apenas ocho días, según uno de e-mail que componen The Uber Files. El ejecutivo intentó concretar una reunión entre Macri y Kalanick en Davos, Suiza, aprovechando la asistencia del mandatario a la reunión anual del Foro Económico Mundial, en enero de 2016. 

“El motivo de tal solicitud es poder profundizar en la importancia de promover la innovación y la tecnología como motor del desarrollo económico. Como sabrás, Uber está operando a nivel mundial y América Latina no es la excepción. Argentina en particular, está en nuestros planes futuros y también queremos discutirlo”, escribió Batiz.

La respuesta a Batiz llegó el 29 de enero de 2016 y fue escrita por Horacio Reyser. “Asistiré a la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2016 en Davos, Suiza, y me encantaría conocer al Sr. Travis Kalanick. Estoy trabajando con el presidente Mauricio Macri en temas relacionados con inversiones extranjeras. Pedimos disculpas por no haber podido satisfacer su solicitud de reunión con el presidente Mauricio Macri, pero tiene una agenda complicada y estará menos de 48 horas en Davos. Por favor, hágame saber si cree que es posible una reunión para coordinar”. 

Uber entró muy mal en Argentina, como si fuéramos guerrilleros

Batiz informó a Uber de las novedades. Como asesor de Macri, Reyser solía mantener reuniones con directivos de empresas extranjeras, tomaba y canalizaba los intereses y pedidos y evaluaba si debía habilitar otras instancias en el Gobierno, explicó un integrante del círculo del expresidente y allegado a Reyser. “Fue un intercambio a nivel institucional, sin un pedido específico concreto, por lo que no generó de parte de Reyser una interacción con otras dependencias, ministerios o gobiernos locales. La reunión en Davos, finalmente, no se concretó”, ni con Reyser ni con Macri, afirmó la fuente ante la consulta. 

Uber se valió de dos lobbistas con experiencia política en Estados Unidos. Uno de ellos fue Carl Meacham, un lobbista estadounidense que hasta 2013 había sido asesor jefe de los republicanos en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. A finales de 2015, asumió como gerente de Asuntos Públicos de Uber para todo el Cono Sur. El segundo, Jim Messina, un ex asesor de Barack Obama que estuvo involucrado en el robo de datos de Facebook (el caso Cambridge Analytica) y que consignaba en su sitio web que asesoraba a Macri, aunque el gobierno de Cambiemos siempre lo negó.

En abril de 2016, Uber envió a una lobbista, Niki Christoff, a reunirse con funcionarios argentinos de la embajada en Washington, según surge de los intercambios de e-mails entre ejecutivos de Uber. Pero terminó recibiendo reproches por el accionar “prepotente” de la compañía, según detalló Meacham en un correo que envió el 26 de abril de 2016 a otros ejecutivos. “Se centraron en un tema principal: Uber no paga impuestos”, detalló.

Las solicitudes para revisar cualquiera de esos documentos, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre la autenticidad de muchos de los documentos originales

Devon Spurgeon. — Portavoz de Kalanick, exCEO de Uber.

“Uber convocó a Messina cuando se cerraron las opciones en la Argentina porque dieron de baja la posibilidad de operar con las tarjetas de crédito VISA. Hubo una conversación con él sobre cómo llegar al presidente Macri para que diera vuelta la situación. El bloqueo para operar con tarjetas VISA fue muy efectivo y, además, podía servir de referencia para otros países donde Uber tenía contrapuntos con los gobiernos. Porque esto fue antes de que Uber desarrollara su UberCash”, contó la persona que conoció la operatorio de la empresa en el país.

Una app offshore

La principal pelea local de Uber a nivel impositivo sigue siendo por el encuadre de los conductores como trabajadores en relación de dependencia, ya que hasta el momento es la única que se ha materializado en una denuncia de la AFIP. 

Durante la gestión de Leandro Cuccioli (marzo 2018-diciembre 2019), Uber mantuvo reuniones con funcionarios del organismo, confirmaron al equipo argentino de ICIJ dos altos exfuncionarios del organismo.

Sin embargo, en el registro público de audiencias del Ejecutivo, sólo quedó registrada una reunión de agosto de 2020, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, entre el principal abogado tributario de la compañía, Guillermo Tejeiro (Estudio Bomchil), el director de Impuestos de Uber en México y el gerente de políticas para cono sur. Los recibió uno de los subdirectores del organismo, Juan Capello.

“Durante nuestra gestión, nos vinieron a ver. Fue una reunión grande, con abogados. Ellos siempre planteaban que no les correspondía pagar y desde AFIP sostenían que sí”, aseguró Jimena De La Torre, ex número dos de Cuccioli en la AFIP y actual integrante del Consejo de la Magistratura.

La AFIP le reclamó a Uber $55,9 millones en concepto de capital y $109,7 millones en concepto de intereses resarcitorios “por trabajo no registrado, no ingreso de aportes y contribuciones correspondientes a los trabajadores” sólo por el período 2016-2018. La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social determinó que los conductores tienen un vínculo laboral no registrado con la compañía.

La denuncia llegó recién en junio de 2021, cuando el organismo denunció penalmente al grupo económico por la presunta evasión de esos impuestos. Uber lo impugnó e impulsó dos reclamos en sede judicial durante 2022. 

Hasta el momento, ninguna de las tres causas tuvo movimientos significativos, informó una fuente con conocimiento de las causas.

El pago del impuesto a las Ganancias fue una de las discusiones centrales dentro de AFIP, pero Uber logró finalmente un dictamen del ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Nicolás Dujovne, que le permitió tributar sólo el 25% de sus ganancias al ser considerada una empresa de los Países Bajos y no una empresa argentina. 

Si bien, para la AFIP, Uber debía pagar impuestos en el país, solicitó considerar si al ser una empresa radicada en Países Bajos no debería aplicarse el convenio que Argentina tiene con ese país para evitar la doble imposición, es decir, evitar que las empresas holandesas que operan en territorio argentino paguen dos veces el mismo impuesto (en su país y en Argentina) y viceversa para las compañías nacionales que operan en ese territorio. Hacienda siguió ese criterio y benefició a la compañía pero ni Uber ni la AFIP ni Dujovne confirmaron si la empresa alguna vez pagó ganancias.

El pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue otro punto central. Tres áreas de Hacienda (una división de investigación, la división de Revisión de Recursos y la Dirección de Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de Impuestos) determinaron en 2018 que Uber debía tributar, según el dictamen al que accedió el equipo argentino de ICIJ, pero la compañía ni siquiera tiene CUIT desde hace más de cuatro años. “Inactividad por incumplimiento”, dice la constancia de AFIP: “Estado erróneo del domicilio”.

Uber nació en 2009, en San Francisco, Estados Unidos. Comenzó empleando a unos pocos expertos en tecnología y para 2014 aterrizó en Europa. 

En Europa, la empresa eligió Ámsterdam como sede central, impulsada, en gran parte, por las oportunidades que los Países Bajos ofrecían a las empresas transnacionales para evadir impuestos. La facturación de otras ciudades europeas, como Londres, se enrutó a través de los Países Bajos y se estableció una estructura elaborada de empresas ficticias para minimizar las ganancias imponibles. En Argentina, desde Buenos Aires a Mendoza, también se utilizó esa red de sociedades.

Durante nuestra gestión, nos vinieron a ver. Fue una reunión grande, con abogados. Ellos siempre planteaban que no les correspondía pagar

Jimena De La Torre. — Ex número dos de la AFIP (Cambiemos).

En los archivos filtrados de Uber, los Países Bajos aparecen repetidamente en referencia a cómo eludir impuestos en el mundo. Los documentos incluyen a Rachel Whetstone, jefa global de política/comunicaciones de Uber, describiendo sus ideas sobre cómo reestructurar para evitar impuestos, luego de que la revista Fortune publicara una investigación revelando estas estructuras societarias.

Tanto en los Países Bajos como en Argentina, Uber se inscribió como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Uber Argentina SRL declaró dos socios: Uber International Holding BV (10%) y Uber International BV (90%), ambas constituidas en los Países Bajos. BV significa “Besloten Vennootschap”: es la versión holandesa y belga de una sociedad de responsabilidad limitada privada.

La principal accionista de Uber en Argentina -Uber International BV- es a su vez propiedad de otra compañía, Uber Technologies INC, radicada en Delaware, un estado considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos.

Como la aplicación de Uber es controlada por una de las empresas radicadas en los Países Bajos, la compañía argumenta que “el pago de impuestos correspondía a los contratistas”, es decir, a los conductores, según explicó la fuente con conocimiento directo de la operatoria de Uber en Argentina. Ese mismo esquema se repetía en el resto del mundo a pesar de las ganancias millonarias de la compañía. Sólo en el primer trimestre de 2022, Uber registró ingresos por US$6.854 millones en todo el mundo, según declaró a sus inversores en la bolsa de Nueva York.

*El equipo argentino de The Uber Files está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

The Uber Files es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

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ED

The Uber Files (los Archivos de Uber) es la nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y se centra en la filtración de más de 124.000 registros internos de la líder de los viajes privados a nivel mundial. Los documentos fueron obtenidos por el medio británico The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para que sean analizados por unos 180 periodistas en 29 países. 

Este domingo, la investigación será publicada por 44 medios (incluidos The Guardian y ICIJ), entre ellos Le Monde (Francia) y El País (España), que contarán  cómo fue el lobby de Uber a nivel mundial para entrar a operar en los distintos países sin cumplir las leyes y a través de contactos a altos niveles del poder. En Argentina, participa elDiarioAR junto con La Nación e Infobae.

Entre los más de 124.000 registros se analizaron 83.000 correos electrónicos intercambiados por los ejecutivos de Uber y mil archivos más que implican conversaciones entre los responsables de la compañía, incluido su cofundador y entonces CEO, Travis Kalanick. Los archivos abarcan el período de 2013 a 2017, los años más turbulentos de Uber a nivel mundial, cuando la compañía irrumpía en las ciudades desafiando las leyes y regulaciones locales, eludiendo impuestos y tratando de ganarle la pulseada a la industria del taxi, principalmente, pero también a los activistas laborales.

Los mails revelan el lobby de Uber a nivel mundial para entrar a operar en los distintos países, incluyendo alianzas entre la empresa y oligarcas rusos, el lobby agresivo que desplegó y el incumplimiento de las leyes a través de contactos con altos niveles del poder. 

Los periodistas pasaron cuatro meses analizando los datos para revelar cómo Uber utilizó la fuerza bruta para llevar su servicio de taxis a ciudades de todo el mundo.

Jill Hazelbaker, una vocera de Uber, reconoció a ICIJ “errores” y “traspiés” que culminaron hace cinco años en “uno de los ajustes de cuentas más vergonzosos en la historia de las empresas en Estados Unidos”.

Dijo que Uber cambió radicalmente su forma de operar en 2017, después de enfrentar juicios muy sonados e investigaciones oficiales que desembocaron en la destitución de Kalanick y otros altos ejecutivos.

“Cuando decimos que Uber es una empresa diferente hoy, lo es literalmente: el 90% de los empleados actuales de Uber llegó después que Dara [Khosrowshahi] asumiera como Director General”, en 2017, dijo Hazelbaker en una declaración por escrito a ICIJ. “No hemos ofrecido ni ofreceremos disculpas por un comportamiento pasado que claramente ya no está en línea con nuestros valores actuales”.

Uber Offshore

Uber nació en 2009, en San Francisco, Estados Unidos. En 2014, aterrizó en Europa, donde la empresa eligió Amsterdam como sede central, impulsada, en gran parte, por las oportunidades que los Países Bajos ofrecían a las empresas transnacionales para evadir impuestos. 

La facturación de otras ciudades europeas, como Londres, se enrutó a través de los Países Bajos y se estableció una estructura elaborada de empresas ficticias para minimizar las ganancias imponibles. En Argentina, desde Buenos Aires a Mendoza, también se utilizó esa red de sociedades.

Estas compañías son controladas por la sociedad madre: Uber Technologies INC, radicada en Delaware, un estado considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos.

En el primer trimestre de 2022, Uber Technologies INC declaró a sus inversores en Wall Street que sus ingresos llegaron a US$6.854 millones en todo el mundo. 

En los archivos filtrados de Uber, los Países Bajos aparecen repetidamente en referencia a cómo eludir impuestos en el mundo. Los documentos incluyen a Rachel Whetstone, jefa global de política/comunicaciones de Uber, describiendo sus ideas sobre cómo reestructurar para evitar impuestos, luego de que la revista Fortune publicara una investigación revelando estas estructuras societarias.

No hemos ofrecido ni ofreceremos disculpas por un comportamiento pasado que claramente ya no está en línea con nuestros valores actuales

Jill Hazelbaker — Vocera de Uber.

The Uber Files explica cómo la compañía estadounidense ha pasado de ser una startup de San Francisco que empleaba a unos pocos expertos en tecnología a un gigante mundial mediante el aprovechamiento de la tecnología, el lobby agresivo y el incumplimiento de las leyes.

La puesta en marcha de servicios de transporte ha cambiado la forma en que se mueve el mundo, recaudando miles de millones de dólares en el camino. Pero su mal comportamiento ha sido tan devastador como su innovación.

Cuando Uber decidió introducir su controvertido servicio de viajes compartidos en el mercado europeo en abril de 2014, la empresa ya tenía un plan a seguir.

Utilizaría la misma estrategia que había funcionado tan bien en Estados Unidos, que podría resumirse en un lema no oficial de su equipo de “crecimiento”: es “más fácil pedir perdón que permiso”.

ED

Los taxistas estaban provocando un caos en Marsella, la segunda ciudad de Francia. Volcaron automóviles, quemaron llantas y cerraron los accesos al aeropuerto y a la estación de tren en protesta contra Uber, la empresa de viajes con sede en San Francisco. La acusaban de violar las leyes y la consideraban como una amenaza a su forma de vida.

El martes 20 de octubre de 2015, después de varios enfrentamientos, la Procuraduría Regional suspendió el servicio más popular de Uber en algunas partes claves de la ciudad.

Necesitada de un amigo en el gobierno para aliviar la situación, Uber buscó la ayuda de un exbanquero de inversión, quien era a la par una estrella creciente en el mundo político francés: Emmanuel Macron, entonces ministro de Economía.

“Lo veré personalmente”, escribió Macron por mensaje de texto al lobbista en jefe de Uber en Europa en la madrugada del 22 de octubre. “Mantengamos la calma hasta entonces”.

En la tarde de ese día, la procuraduría revirtió su orden, hazaña que Uber celebró como un triunfo.

“Buena cooperación”, escribió el lobbista Mark MacGann a Macron. “Gracias por su apoyo”.

Este mensaje forma parte de más de una docena de comunicaciones inéditas --incluyendo por lo menos cuatro reuniones entre representantes de Uber y Macron-- intercambiadas mientras la empresa enfrentaba investigaciones sobre sus operaciones en Francia y buscaba mantener su presencia ahí, según una filtración de nuevos archivos internos.

Estos archivos, The Uber Files, fueron obtenidos por el periódico The Guardian y compartidos al ICIJ y otros 42 medios asociados. La filtración incluye correos, mensajes de texto, presentaciones internas y otros documentos de 2013 a 2017, cuando Uber irrumpía en las ciudades, retando a las legislaciones y regulaciones locales, evadiendo impuestos y buscando someter la industria de los taxis concesionados, principalmente, pero también a los defensores de derechos laborales.

Los escándalos y tropiezos de Uber en Estados Unidos, entre ellos el espionaje a funcionarios públicos y la filtración de los malos comportamientos de sus ejecutivos, dieron pie a libros, series de televisión e investigaciones periodísticas.

The Uber Files revelan la historia, desde adentro, de cómo los ejecutivos de la empresa de viajes compartidos irrumpieron en nuevos mercados y operaron para transformar a Uber de una empresa emergente de la Silicon Valley a un gigante global.

Aunque Uber se presumió como líder de la revolución digital, los archivos muestran que, para impulsar su agenda, adoptó prácticas de la vieja escuela: inyectó montones de dinero en su maquinaria de influencia global para ganarse los favores de políticos, reguladores y otros líderes. Algunos de ellos estaban, a menudo, deseosos de echar una mano.

“Hasta el momento se ven como agresivos”, dijo el primer ministro holandés, Mark Rutte, al fundador de Uber, Travis Kalanick, en 2016, según apuntes de la reunión. “Cambien la forma en que la gente ve la empresa” insistiendo en sus lados positivos, aconsejó Rutte. “Esto les hará parecer tiernos”.

Esta agresividad, consistente en penetrar en mercados nuevos sin la aprobación de gobiernos, expuso a sus conductores a la ira de los taxistas, quienes veían su fuente de ingreso amenazada por competidores que no estaban obligados a jugar bajo las mismas reglas. En Europa, Asia y Sudamérica, taxistas protestaron, acosaron a clientes de Uber e incendiaron los carros de conductores de Uber.

Somos tan jodidamente ilegales

Nairi Hourdajian, entonces director de comunicaciones globales de Uber. — Mensaje a un colega ante los intentos de Tailandia y la India para cancelar los servicios de viaje.

Algunos ejecutivos de Uber trataron de sacar provecho de la violencia. Hablaron de enviar a la prensa los detalles de un apuñalamiento casi mortal y de otros ataques brutales con la esperanza de dar una mala imagen de la industria de los taxistas, según las comunicaciones. 

Ejecutivos de Uber también buscaron desviar las cuestiones incómodas sobre sus estrategias agresivas de elusión fiscal, ayudando a los países a recolectar más impuestos sobre el ingreso de sus propios conductores, según los documentos.

Los archivos incluyen detalles sobre intercambios y encuentros: un embajador dialogando con un inversionista de Uber en una sauna en Finlandia; un oligarca ruso entreteniendo ejecutivos de la empresa con una banda cosaca, o un abogado de la empresa difundiendo un “manual de inspecciones sorpresas” que indicaba a los empleados cómo proceder en el caso de un allanamiento en las oficinas de Uber en búsqueda de evidencias potenciales de conductas ilegales.

Y arrojan luz sobre las discusiones internas entre ejecutivos mientras lidiaban con los exabruptos de la estrategia global caótica de Uber.

Interruptor de emergencia

El lobbista MacGann describió la perspectiva de Uber sobre su entrada en nuevos mercados como una “tormenta de mierda”, según los documentos.

“Somos tan jodidamente ilegales”, escribió Nairi Hourdajian, entonces director de comunicaciones globales de Uber, a un colega respecto a los intentos de los gobiernos de Tailandia y la India para cancelar los servicios de viaje.

Los Uber Files también muestran que la empresa utilizó tecnologías sigilosas para frustrar investigaciones gubernamentales de manera mucho más extensa que la previamente reportada. Ejecutivos de la compañía activaron un llamado interruptor de emergencia (kill switch en inglés) para cortar el acceso a los servidores de la empresa y evitar que las autoridades encuentren evidencias durante los allanamientos a las oficinas de Uber en por lo menos seis países y Hong Kong, según los documentos filtrados y fuentes públicas.

Kalanick ordenó personalmente que se activara este interruptor de emergencia cuando la policía ingresó a las oficinas de Uber en Amsterdam, según muestran los archivos. “Activen el interruptor de emergencia”, ordenó. “El acceso debe ser apagado en AMS [Amsterdam]”. 

David Plouffe, quien dirigió la exitosa campaña presidencial de Barack Obama en 2008, y Pierre-Dimitri Gore-Coty, ahora a cargo de Uber Eats, estuvieron al tanto de que la compañía activó el interruptor de emergencia para bloquear las investigaciones, según intercambios de mensajes.

Para promocionar su empresa, Uber y una firma de asesoría compilaron una lista de más de mil 850 “actores relevantes” –servidores públicos en función o retirados, think tanks y grupos ciudadanos-- para sembrar su influencia en 29 países y con representantes de instituciones de la Unión Europea, según muestran los documentos.

Cuando decimos que Uber es una empresa diferente hoy, lo es literalmente: el 90% de los empleados actuales de Uber llegó después que Dara [Khosrowshahi] asumiera como Director General

Jill Hazelbaker. — Vocera de Uber.

Biden

Uber también reclutó a un batallón de ex funcionarios, incluyendo a varios ex asesores del presidente Obama. Apelaron a funcionarios para cerrar carpetas de investigación, modificar cláusulas de derechos laborales, diseñar nuevas leyes sobre taxis y alivianar la supervisión de antecedentes de los conductores.

Los archivos muestran que ejecutivos de Uber se reunieron con Macron, con el entonces primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, la entonces primera ministra irlandesa Enda Kenny y el entonces presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, entre otros jefes de Estado.

En 2016, Joe Biden, quien en ese año era vicepresidente de Estados Unidos, tuvo una reunión con Kalanick en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Los mensajes muestran que Kalanick se puso impaciente porque Biden llegó tarde. “Le dije a mi gente que le hiciera saber que cada minuto tarde será un minuto menos que tendrá conmigo”, dijo el empresario de 39 años a un colega en un mensaje de texto.

Una vez que Biden llegó a la suite del hotel de cinco estrellas, Kalanick le dio su discurso ya muy aceitado: la empresa de viajes, dijo, estaba transformando ciudades y la manera de trabajar de la gente, todo para mejor.

Biden estuvo tan impresionado, muestran los archivos, que corrigió un discurso que dio más tarde ese día, en el cual celebró el impacto global de la empresa.

Los nuevos archivos exhiben al menos 100 reuniones entre ejecutivos de Uber y altos funcionarios entre 2014 y 2016, incluyendo doce con integrantes de la Comisión Europea que no se habían hecho públicos.

No hemos ofrecido ni ofreceremos disculpas por un comportamiento pasado que claramente ya no está en línea con nuestros valores actuales

Jill Hazelbaker. — Vocera de Uber.

Rusos

Ejecutivos de Uber cortejaban a oligarcas vinculados con el presidente ruso Vladimir Putin a través de exfuncionarios de Estados Unidos y el Reino Unido, y pactaron acuerdos especiales con ellos. Estos oligarcas han sido sancionados posteriormente por gobiernos occidentales, en el marco de la invasión rusa a Ucrania.

En todos los nuevos mercados, Uber ponía al centro de su discurso la afirmación de que la empresa estaba transformando la forma de trabajar de las personas. Pero algunos conductores dicen que fueron engañados, que Uber los atrajo a su plataforma con incentivos financieros que no duraron mucho, mientras la empresa aumentaba sus comisiones por cada viaje. Para conductores como Abdurzak Hadj, quien tiene 44 años y trabaja en Londres, ello lo obligó a alargar las jornadas laborales para mantener sus ingresos. 

Hadj empezó a conducir para Uber en 2014 y se sintió bien al principio. Pero “la alegría solo duró un tiempo muy corto”, dijo a The Guardian.

Poco tiempo después, Uber recortó la comisión de los conductores, lo que redujo el ingreso de Hadj. El hombre, nacido en Somalia y padre de tres hijos, ganaba tan poco que su familia se tuvo que inscribir en los servicios de protección social. Hadj dijo que, a pesar de trabajar entre 40 y 50 horas por semana, ganó menos de 23 mil libras el año pasado.

Jill Hazelbaker, una vocera de Uber, reconoció “errores” y “traspiés” que culminaron hace cinco años en “uno de los ajustes de cuentas más vergonzosos en la historia de las empresas en Estados Unidos”.

Dijo que Uber cambió radicalmente su forma de operar en 2017, después de enfrentar juicios muy sonados e investigaciones oficiales que desembocaron en la destitución de Kalanick y otros altos ejecutivos.

La violencia es garantía de éxito

Travis Kalanick — Cofundador y entonces CEO de Uber, en 2016.

“Cuando decimos que Uber es una empresa diferente hoy, lo es literalmente: el 90% de los empleados actuales de Uber llegó después que Dara [Khosrowshahi] asumiera como Director General”, en 2017, dijo Hazelbaker en una declaración por escrito a ICIJ. “No hemos ofrecido ni ofreceremos disculpas por un comportamiento pasado que claramente ya no está en línea con nuestros valores actuales”.

Dijo que Uber no usa el interruptor de emergencia para frustrar acciones regulatorias desde 2017, y que Uber cumple con las leyes fiscales. Agregó: “Nadie jamás en Uber ha sido feliz por casos de violencia contra un conductor”. 

La empresa desestimó cualquier sugerencia de que recibió un trato especial de Macron o su gabinete, e hizo énfasis en que ningún empleado actual de Uber ha sido involucrado en las relaciones con oligarcas rusos.

Kalanick renunció bajo presión en 2017, cuando los inversionistas expresaron sus preocupaciones sobre la cultura laboral en Uber, incluyendo las alegaciones de hostigamiento sexual, discriminación racial y bullying. Permaneció como director hasta finales de 2019.

Cerca de una semana después de la reunión entre Kalanick y Biden, un colega le envió un mensaje para advertirle sobre potenciales actos de violencia en una manifestación de taxistas en París y sobre una posible “desobediencia civil efectiva” en respuesta, sin elaborar.

“Creo que vale la pena”, contestó Kalanick. “La violencia es garantía de éxito”.

A veces estos debates y negociaciones eran sencillos, a veces eran más retadores, y a veces había personas en la empresa que querían ir demasiado lejos

David Plouffe — Exasesor de Barack Obama.

Los abogados de Kalanick dijeron que esta declaración provenía de otra persona o fue fabricada. Negaron que haya sacado provecho de la violencia de los taxistas para tratar de obtener cambios en las regulaciones en beneficio de Uber.

Dijeron que el otrora CEO y director general no autorizó ni participó en ningún esfuerzo para engañar o frustrar a la policía u otras autoridades de gobierno. 

Dijeron que Uber, como cualquier otro negocio que opera fuera de Estados Unidos, utilizó protocolos de tecnología para proteger la propiedad intelectual y la privacidad de los usuarios y conductores, y para asegurarse que se respetara el debido proceso durante un allanamiento.

Estos protocolos no eliminaron ninguna información, dijeron los abogados, y agregaron que todas las decisiones sobre su uso fueron analizadas y aprobadas por los departamentos jurídico y regulatorio de Uber.

Nuestro acercamiento inicial era a menudo demasiado temerario

Jill Hazelbaker — Vocera de Uber.

“La pirámide de mierda”

En 2014, Uber ya dominaba el mercado de servicios de viajes en Estados Unidos y aspiraba a conquistar el resto del mundo. Tan solo ese año, repleta de efectivo de inversionistas como Jeff Bezos y Goldman Sachs, la empresa de apenas cinco años penetró en 31 países. Provocó crisis regulatorias en cada uno de ellos.

En lugar de pasar por el proceso tradicional que consiste en conseguir permisos o de buscar cambios legales y regulatorios en el servicio de taxi, Uber se impuso a la fuerza, destrozando a sus rivales mediante ofertas de viaje con descuentos excesivos.

Las comunicaciones filtradas muestran que algunos ejecutivos de Uber asumieron esta estrategia gansteril simplemente, como una forma de operar de la empresa.

“Nuestro acercamiento inicial era a menudo demasiado temerario”, dijo Hazelbaker.

Cuando Uber trató de entrar en Polonia, por ejemplo, el lobbista MacGann le contestó a Bartek Kwiatkowski, entonces consultor de Uber: “Bartek, no hay casos de estudio per se, básicamente Uber arranca y después se desata una tormenta de mierda regulatoria y legal”.

La estrategia de guerrilla generó una serie de retos sucesivos, que los ejecutivos describieron en una presentación como una “pirámide de mierda”. “Demandas de conductores”, “investigaciones regulatorias”, “procesos administrativos”, y “litigación directa” formaban los distintos pisos de la pirámide.

Para superar los obstáculos, Uber construyó una enorme maquinaria de relaciones públicas dedicada al lobby y sus actividades relacionadas, con un presupuesto global de US$90 millones solamente para 2016, según documentos filtrados.

La empresa utilizó las mismas estrategias que había pulido en Estados Unidos.

Cuando Uber necesitaba un músculo político para implantarse en una ciudad, reclutaba a exfuncionarios para influir sobre funcionarios. Cuando se le acusaba de violar las leyes, la empresa utilizaba a los propios clientes de la aplicación como lobbistas “desde abajo” y les hacía firmar peticiones para “salvar a Uber”. Y cuando su agenda requería un empujón académico, pagaba a universitarios cercanos para producir investigaciones favorables.

Así como lo hizo en Estados Unidos, Uber ofreció bonus y otros incentivos para enganchar a nuevos conductores de ciudades europeas hacia su plataforma. Después, cortó los subsidios, quitando a los trabajadores un ingreso del que dependían. 

Algunos lobbistas recibieron acciones de la empresa y bonos de éxito cuando entregaron resultados favorables, según los documentos. Estos lobbistas ofrecieron a funcionarios descuentos en viajes de Uber, comidas de “súper alto nivel”, recomendaciones sobre trabajos, trabajos de campañas políticas gratis, contribuciones de campaña, así como otros regalos y beneficios.

Los asesores de Obama

Jim Messina, quien fuera jefa de oficina de Obama, se volvió consultor político en 2013, y tomó a Uber como cliente. Los archivos muestran que a veces tuvo papeles duales: preguntó, por ejemplo, a un lobbista de Uber si debía hablar de los problemas regulatorios de la empresa en España con el entonces primer ministro Mariano Rajoy, de quien llevaba al mismo tiempo la campaña política.

Los documentos filtrados arrojan luz sobre los vínculos que unen a MacGann y Messina con Jane Hartley, la embajadora de Estados Unidos en Francia de 2014 a 2017. Hartley tuvo su prestigioso cargo diplomático después de levantar grandes sumas de dinero para la campaña de Obama.

Cuando la empresa enfrentó obstáculos regulatorios en Francia, MacGann solicitó una reunión con la embajadora. Envió un mensaje a Messina un día antes de la cita, preguntando si tenía algún mensaje para Hartley. “Dile que la amo”, contestó Messina. “Le dimos FRANCIA”.

Adrian Durbin, un vocero de Messina, dijo que Messina nunca hizo lobby para Uber ni habló con ningún jefe de Estado en nombre de Uber. “El trabajo del señor Messina para Uber se limitó a ayudarles a entender el panorama político en algunos países europeos donde la empresa buscaba aumentar sus negocios”, dijo Durbin.

Durbin no contestó las preguntas de seguimiento sobre las conversaciones privadas con jefes de Estado que, según The Uber Files, Messina narraba a ejecutivos de Uber.

Plouffe, ex asesor de Obama, se unió a Uber al frente del equipo de mercadotecnia global y comunicaciones políticas en 2014. Fue el arquitecto de la campaña presidencial de Obama en 2008, quién prometía, entre otras reformas, atacar el lobby y las puertas revolventes entre la política y la industria. Los documentos lo exhiben jugando un papel mucho más importante en el lobby y en encabezar las batallas regulatorias de Uber de lo que se ha reportado hasta la fecha.

Hice lo mejor que pude para oponerme cuando opinaba que las líneas se estaban cruzando, a veces con éxito, a veces no

David Plouffe — Exasesor de Obama y Uber.

Plouffe tuvo reuniones no públicas con varios funcionarios de Estados Unidos, incluyendo el entonces secretario del Trabajo Tom Perez, y la embajadora Hartley. 

Un vocero del Departamento de Estado dijo que Hartley, ahora embajadora en el Reino Unido, no recuerda ninguna plática con Plouffe o Messina sobre Uber. Perez no respondió a reiteradas solicitudes de ICIJ.

Plouffe también se reunió con funcionarios en países donde Uber estaba librando batallas regulatorias, entre ellos India. En ese país, los empleados de Uber recibieron la instrucción de esperarse a ataques de competidores y reguladores cuando la empresa lanzó sus operaciones. “Abracen el caos”, dijo el máximo ejecutivo en Asia en un mensaje.

Plouffe trabajó para Uber desde 2014 hasta enero de 2017. Justo antes de renunciar, compró una casa de 557 metros cuadrados en San Francisco, por US$7.6 millones.

Al mes siguiente, el Consejo de Ética de Chicago impuso una multa de US$90.000 a Plouffe por realizar lobby de manera ilegal con el entonces alcalde Rahm Emanuel, quien había fungido como jefe de oficina de Obama.

“A veces estos debates y negociaciones eran sencillos, a veces eran más retadores, y a veces había personas en la empresa que querían ir demasiado lejos”, dijo Plouffe en su declaración de tres párrafos. “Hice lo mejor que pude para oponerme cuando opinaba que las líneas se estaban cruzando, a veces con éxito, a veces no”.

En mayo pasado, los accionistas de Uber rechazaron una propuesta que hubiera obligado a la empresa a transparentar por completo sus actividades y gastos de lobby.

En respuesta a un cuestionario de ICIJ, Uber se negó a revelar cuánto dinero gastó en lobby internacional el año pasado, y a quién lo entregó.

Contribuyeron: Scilla Alecci, Dean Starkman, Delphine Reuter, Ben Hallman, Jelena Cosic, Fergus Shiel, Mike Hudson, Emilia Diaz-Struck, Miguel Fiandor, Richard H.P. Sia, Hamish Boland-Rudder, Asraa Mustufa, Pierre Romera, Gerard Ryle, Antonio Cucho Gamboa, Joe Hillhouse, Tom Stites, Whitney Awanayah, Margot Williams, Soline Ledésert, Bruno Thomas, Caroline Desprat, Maxime Vanza Lutaonda, Damien Leloup, Adrien Senecat, Elodie Gueguen, Felicity Lawrence, Rob Davies, Jennifer Rankin, Aaron Davis, Robin Amer, Joseph Menn, Douglas Macmillan, Rick Noack, Linda van der Pol, Uri Blau, Dirk Waterval, Karlijn Kuijpers.

The Uber Files es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

En elDiarioAR creemos que la sociedad necesita información confiable guiada por el interés público. Por eso nos comprometemos a publicar artículos elaborados con rigurosidad y profesionalismo, para sostenerlo necesitamos el apoyo económico de las y los lectores. Para apoyarnos, podés asociarte en este link.

ED

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a unos 1.500 personas cuyos nombres aparecen en las sociedades y fideicomisos offshore revelados por la investigación periodística Pandora Papers. Los contribuyentes no habían informado al organismo fiscal sobre sus bienes, cuentas bancarias o estructuras societarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación.  Además, el organismo inició alrededor de cien fiscalizaciones ante la sospecha de que ciertas offshores fueron utilizadas para evadir y ocultar el patrimonio, según informó la AFIP a elDiarioAR.

Pandora Papers es la última filtración global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En Argentina, el equipo está integrado por elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. La investigación salió a la luz en octubre último e implicó el análisis de millones de documentos secretos de catorce estudios jurídicos y contables.

Ante la consulta de este medio, voceros del organismo que encabeza Mercedes Marcó Del Pont declinaron informar si los contribuyentes fiscalizados son personas con perfiles públicos, como empresarios, exfuncionarios y figuras del deporte y los medios de comunicación. Se trata de información con secreto fiscal. En esta filtración, Argentina es el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore.

En noviembre, tras las primeras publicaciones, ICIJ comenzó a abrir la información obtenida de los documentos de Pandora Papers y los organizó en su base de datos abierta al público, el sitio Offshore Leaks. Esta apertura de datos permitió a la AFIP detectar a los 1.500 contribuyentes argentinos mencionados como titulares o directivos de sociedades o fideicomisos offshore que no habían informado al organismo su participación en estas entidades.

La AFIP reclamó a los contribuyentes información y activó unos cien procesos de fiscalización y control de los grandes patrimonios, que quedaron a cargo de las áreas especializadas en operaciones transnacionales y los equipos de fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI), informó el organismo. Las fiscalizaciones buscan determinar si estos contribuyentes participaron de maniobras de evasión y ocultamiento patrimonial.

Este martes, la AFIP envió una carta notificando a los investigados en la que les informó: “Mediante el relevamiento de las bases de datos abiertos sobre beneficiarios finales, se detectó que usted figura en offshoreleaks.icij.org como titular de una sociedad identificada durante la investigación denominada ‘Pandora Papers’. No obstante, se verificó que no realizó ninguna presentación como beneficiario final de dicha entidad, para los períodos fiscales 2019 y 2020 ante este organismo, como establecen los regímenes de información vigentes”. 

Desde 2020, las personas jurídicas y fideicomisos están obligados a informar a la AFIP quiénes son sus beneficiarios finales -es decir, los dueños reales de los bienes-, así como los contribuyentes deben informar sus participaciones en sociedades offshore, fondos comunes de inversión y fideicomisos en el extranjero, además de asociaciones civiles y fundaciones. 

“El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones”, informó un vocero del organismo.

Antecedentes

Utilizar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando sea utilizada con fines lícitos y el propietario la declare a las autoridades fiscales del país en el que reside. El reclamo internacional en torno a las offshore se debe a que estas estructuras garantizan el anonimato de los poderosos y la ausencia de registros de cuentas bancarias y propiedades, y ocultan la identidad de los beneficiarios reales de sociedades sin ninguna actividad real.

Durante la investigación de Pandora Papers, el equipo argentino de ICIJ* consultó a decenas de personas que aparecían en los documentos analizados. La mayoría afirmó que sus estructuras offshore estaban declaradas ante la AFIP o ante las autoridades de otros países -según el lugar de residencia-, pero muy pocos permitieron corroborar si así era. 

Otros admitieron que durante años, sus sociedades habían permanecido en secreto y no tributaron impuestos hasta que fueron regularizadas durante el blanqueo o sinceramiento fiscal de 2016. Un tercer grupo no quiso definir si había o no declarado su sociedad o fideicomiso offshore (trust) ante la consulta.

Sólo seis de los consultados habían accedido a mostrar extractos de sus declaraciones fiscales ante la AFIP para demostrar que de las palabras a los hechos hay documentos. En algunos de los casos, el acceso fue parcial, lo que no permitió corroborar la totalidad de la información. 

La investigación periodística Pandora Papers salió a la luz el 3 de octubre de 2021. Durante los siguientes cuatro meses, elDiarioAR publicó 48 casos investigados por los periodistas del equipo argentino*: exfuncionarios, empresarios, ejecutivos, familiares y asesores de políticos, personas bajo investigación judicial, deportistas y personalidades de los medios vinculados directamente con sociedades, fideicomisos y cuentas bancarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación, desde Islas Vírgenes Británicas hasta estados de los Estados Unidos, como Delaware, Dakota del Sur, Nevada o Wyoming; Nueva Zelanda, en Oceanía; y Luxemburgo y Suiza, en Europa.

La lista incluyó a miembros de las nueve familias y empresarios más ricos del país, a  dueños de medios de comunicación, futbolistas, polistas exportadores de caballos y exfuncionarios del kirchnerismo y el macrismo. Desde Elena Francisca Bonatti Rocca, una de las accionistas de Techint, fallecida; hasta miembros de la familia Werthein y Carlos Herminio y Santiago Blaquier, accionistas y directivos de Ledesma. El empresario José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y uno de los dueños de Edenor; los hermanos Garbarino y su exCEO, Carlos García; y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once.

Qué es público y qué no

La base de datos abiertas de ICIJ incluye datos de los hallazgos periodísticos pero también incorporó la información de Pandora Papers sobre otros contribuyentes que figuran en los documentos de la filtración como accionistas y beneficiarios finales de las offshore y que fueron investigados por la AFIP. Se trata de ciudadanos que acudieron a los proveedores offshore de la investigación global: el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede central en Panamá; Trident Trust; y Fidelity, entre otros. 

El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones.

AFIP.

Los documentos confidenciales de Pandora Papers a los que tienen acceso los periodistas de ICIJ se encuentran en una plataforma encriptada, que incluye correos electrónicos, hojas de registros mercantiles, cuentas de empresas o pasaportes, entre otros. Estos documentos incluyen información de carácter personal de clientes que acudieron a los paraísos fiscales, pero también de sus familiares y empresas.

ICIJ no hace públicos los documentos que crearon los estudios y compañías, pero sí los datos que figuran en ellos: accionistas, intermediarios que ayudaron a crear las offshore y los beneficiarios finales detrás de cada una, siempre y cuando exista esta información. Por ejemplo, no se pueden visualizar los documentos que acreditan movimientos de dinero, los formularios bancarios ni otros datos personales como números de DNI, cuentas bancarias, direcciones y teléfonos.

Tampoco habrá resultados para la búsqueda de personas cuya información no estaba estructurada en la base de datos, pero sí aparecía en los documentos.

Los datos públicos de Pandora Papers se sumaron desde finales de noviembre último a las bases de otras grandes filtraciones que también pueden consultarse en el buscador y que ICIJ empezó a publicar en 2013, como Panamá Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks o Paradise Papers.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

En elDiarioAR creemos que la sociedad necesita información confiable guiada por el interés público. Por eso nos comprometemos a publicar artículos elaborados con rigurosidad y profesionalismo, para sostenerlo necesitamos el apoyo económico de las y los lectores. Para apoyarnos, podés asociarte en este link.

ED/MG

María Cristina Pérez Sabbatiello, viuda del empresario Alfredo Yabrán; y su hijo Mariano Esteban Yabrán, quien actualmente sigue los pasos de su padre en el negocio postal, utilizaron al menos tres sociedades en paraísos fiscales, según surge de los documentos y correos electrónicos de la filtración global Pandora Papers, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y analizados por el equipo argentino* que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. Su abogado respondió que tanto el hijo como su madre tienen “todas sus sociedades declaradas y a derecho”.

A 25 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, Pérez y sus hijos, Pablo, Mariano y Melina Yabrán son los herederos directos del empresario acusado de ordenar el secuestro y homicidio del fotógrafo de la revista Noticias. Tras la venta de su imperio -cuyos resultados económicos nunca fueron confirmados-, y el posterior suicidio de Yabrán, en mayo de 1998, la familia se radicó en Uruguay, donde todavía viven y realizan negocios. La fortuna heredada estaría valuada en mil millones de dólares, según Gabriel Michi, el periodista que más investigó a Yabrán y compañero de Cabezas al momento del homicidio.

En octubre último, el equipo argentino de ICIJ publicó los hallazgos en Pandora Papers sobre otro hombre clave del entorno de Yabrán: el empresario Héctor Colella, su fiel amigo, elegido como sucesor en su carta de suicidio para hacerse cargo de los negocios del grupo. Colella montó una estructura offshore para resguardar más de US$145,7 millones provenientes de la venta de OCASA -la empresa de clearing bancario de Yabrán- al Exxel Group, según los documentos y correos electrónicos de la filtración. El empresario informó que tiene todo declarado ante el fisco de Uruguay y que los fondos son de la venta de OCA (entonces dueña de OCASA) al grupo de inversión estadounidense. Mostró parte de sus declaraciones juradas fiscales.

Las sociedades de Pérez

Pérez divide sus días entre Montevideo y Punta del Este. Vive en su  mansión en el barrio Manantiales de Carrasco, valuada en cerca de 2,3 millones de dólares, según publicó Michi en Caras y Caretas; y en Punta Ballenas tiene a Mis Amores, que replica el nombre de una de las estancias favoritas de Yabrán en Entre Ríos y que está permanentemente vigilada por custodios.

El equipo argentino de ICIJ intentó dar con Pérez y Yabrán durante los últimos días, pero los distintos intermediarios consultados dijeron no poder ayudar a hacerles llegar las preguntas y consultas. Tampoco respondieron los llamados en la empresa Sendit. Este lunes, el equipo se comunicó además con una oficina de Mariano Yabrán en Uruguay y explicó de qué se trataba la nota y solicitó un mail para enviar las preguntas. La persona que tomó nota de la solicitud afirmó que Mariano Yabrán se encuentra de licencia y que respondería en caso de recibir autorización para hacerlo. Hasta el momento, no hubo respuesta.

Pablo Medrano, abogado de la familia, respondió: “Las participaciones en sociedades o las sociedades que ellos poseen están adecuadas a las normas del país que corresponde, y están declaradas. No hay sociedades que no estén declaradas”. El letrado agregó: “En Uruguay, donde son residentes fiscales desde hace varios años, tienen sociedades y estas están declaradas en ese país. Están todas adecuadas a derecho”.

El proveedor offshore OMC Group creó en 2017 un caso interno para investigar a la viuda de Yabrán. Es un procedimiento habitual para la apertura o movimiento de sociedades inactivas.

El 22 de marzo de 2017, una ejecutiva del área de atención al cliente en las oficinas de OMC Group en Panamá solicitó a su compañía, vía correo electrónico, que tramitara la restauración de dos sociedades de Bahamas: Utinia Limited y Granl Smith Company Ltd. En el intercambio de correos, las ejecutivas que intervinieron en el trámite dejan a la vista que la dueña de las compañías es María Cristina Pérez Sabbatiello, viuda de Yabrán.

De acuerdo con un documento excel en el que ejecutivos de OMC Group registraban datos sobre algunos de sus clientes, Pérez declaró que el origen de los fondos manejados por ambas sociedades eran “ahorros personales y herencia”, y que su objetivo era la tenencia de activos, aunque los documentos no aclaran qué tipo de bienes registró Pérez a nombre de las offshore. Utinia Limited es una compañía de Bahamas, creada en 2007. En ese mismo documento excel, el proveedor apuntó que la segunda compañía de Pérez, Granl Smith Company también había sido registrada en Bahamas, el 20 de agosto de 1997, aunque fue vendida (se entiende que a Pérez) en 2015. 

Tras el pedido de la ejecutiva de Servicio al Cliente de OMC Group, una de sus colegas en el área de Compliance le respondió dos días más tarde: “Realizando las búsquedas hemos encontrado un resultado bajo el nombre de la beneficiaria final en el mismo país de su nacionalidad, listada en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina) por presuntamente emitir facturas apócrifas”.

Con el objetivo de corroborar si se trataba de una homónima de Pérez, la ejecutiva de Compliance solicitó confirmar “si se trata de la misma persona o no, y de ser la misma persona agradecemos los comentarios del cliente”. También pidieron copias de pasaporte actualizado, prueba de residencia certificada y carta de referencia. Aún bajo sospecha, agregó: “Pueden proceder con las restauraciones, agradecemos su confirmación y documentación en un periodo de 15 días”.

Unas dos horas más tarde, Servicio al Cliente respondió que no se trataba de la misma persona y solicitó: “Favor desbloquear las sociedades para cerrar la oportunidad de restauración”. Ante la insistencia de Compliance, se le reclamó un documento con el CUIT de Pérez. “Adicionalmente le confirmo que las compañías estarán ”cleared“ por los próximos 7 días, hasta recibir los documentos actualizados”. Una compañía puede quedar inactiva al ser liquidada o porque no se pagaron las tasas anuales de mantenimiento. En este último caso, la sociedad queda en estado “stuck off”. Cuando una compañía se restaura significa que se pone al día con sus deudas de tasas anuales para volver a estar activa y poder ser utilizada.

Por esa necesidad de demostrar que no se trataba de la persona registrada como usuaria de facturas apócrifas en AFIP, Servicio al Cliente entregó copia de un documento fiscal de Pérez, gracias al cual se comprueba que es efectivamente la viuda de Yabrán. En los registros, consta copia de la hoja de registros emitida por AFIP en 2017. El documento resume su situación fiscal en Argentina. La viuda de Yabrán figura con su apellido de casada, domicilio fiscal y legal en la calle Viamonte al 300 y con su actividad inscripta ante el fisco argentino: “Servicios de financiación y actividades financieras”, actualizado a 2016. También consta la baja definitiva de todos sus impuestos en Argentina, ya que es residente en Uruguay.

Dos meses después del pedido inicial, el 31 de mayo de 2017, OMC Group destrabó el trámite de forma definitiva. “Puedes proceder, hemos completado los requisitos”. Ambas offshore, que tenían a la viuda de Yabrán como beneficiaria final, fueron restauradas. Actualmente, ambas sociedades figuran como “stuck off” en el registro de Open Corporates.

Una sociedad en Belice

Mariano, el hijo del medio del matrimonio, es el único que siguió el camino empresarial. Entre otras compañías en las que tiene o tuvo participación, es director ejecutivo de la empresa Sendit, un servicio de courier, en Uruguay, según su perfil de Linkedln. La compañía también opera en Paraguay. El empresario también está relacionado junto a su hermano Pablo con MPT Assets Management Corp., en el país vecino, según pudo comprobar elDiarioAR. La compañía se dedica a “inversiones” y está radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Tiene cuatro empleados en todas sus sedes y genera ventas por US$3,78 millones, según el sitio de Dun and Bradstreet.

En Pandora Papers, Mariano Yabrán aparece como el beneficiario final de la compañía Chardy Business Inc., radicada en Belice en octubre de 2010. Yabrán no figuraba en los documentos de la sociedad ni como accionista -eran acciones al portador- ni como director, cargo que fueron ocupando distintos agentes a los largo de los siete años que existió esta compañía. De hecho, en 2016, Cititrust realizó un chequeo de antecedentes en Interpol y otras fuentes de información oficial de quien fuera directora de la compañía, Isidra Rivera, de Panamá, cara visible de la compañía en los documentos.  

En 2017, el empresario debió declararse como el verdadero dueño de la compañía para poder proceder con su disolución, según surge de un documento que lleva su firma. En otro escrito del proveedor offshore Cititrut, que no tiene fecha pero sí la firma de Mariano Yabrán, el empresario informó a su agente, el estudio Maclachlan & Dennin: “Por la presente confirmamos que todos los activos y pasivos de la Compañía han sido enajenados y liquidados en su totalidad, y que la Compañía no es insolvente”.

Durante sus siete años de vida, entre 2010 y 2017, Chardy Business Inc. tuvo algunos movimientos registrados en Pandora Papers. En octubre de 2012, la sociedad fue restaurada y el registro de Belice emitió un certificado. En septiembre de 2014, el país centroamericano vuelve a emitir certificado de acciones al portador por US$50.000, en ocasión de transferir la sociedad de las oficinas del agente Morgan & Morgan al estudio Maclachlan & Dennin, en Belice.

En otro documento de 2017, se ordena su disolución y se informa que Chardy Business Inc. “nunca ha comercializado ni tiene activos, pasivos, deudas ni obligaciones”. El escrito también lleva la firma de Mariano Yabrán. El cierre de la compañía se oficializó en agosto de ese año.

Además del negocio postal, Mariano Yabrán también se dedicó a bienes raíces con la empresa Greenpol, a través de la que se comercializan proyectos urbanísticos, y manejó el remanente de las empresas de su padre en Argentina, en particular, los campos administrados por la empresa Yabito, según publicó Michi.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Los intermediarios entre las empresas argentinas y el gobierno de Venezuela para la compraventa de maquinaria agrícola, caso conocido como la “embajada paralela”, montaron una serie de sociedades offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas (BVI) diez días después de que los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaron el convenio “fideicomiso binacional” entre ambas naciones que permitió el intercambio comercial.

Desde hace una década, la Justicia federal tiene abierta una causa en la que investiga si los empresarios Roberto Wellisch y Francisco Carrasquero, titulares de la compañía Palmat International, actuaron como presuntos intermediarios para el pago de sobornos que las empresas argentinas debían entregar para acceder a exportar sus maquinarias a Caracas. Entonces, el exembajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous había denunciado esta presunta trama de la “embajada paralela” en ese país, señalando al ministerio de Julio De Vido. 

Sin embargo, la causa quedó en pausa luego de que los empresarios citados a declarar no reconocieran el pago de coimas y de que Estados Unidos y Venezuela no respondieran los exhortos para dar con los movimientos de dinero de Palmat International, señalada como la intermediaria para canalizar supuestos sobornos. Unas 30 empresas exportadoras contrataron a Palmat para poder vender a Venezuela, según reconoció el propio Wellisch a Página/12.

Los documentos de la filtración global que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae* revelan que los titulares de Palmat recurrieron a firmas offshore para gestionar fondos millonarios y adquirir inmuebles en Estados Unidos y que estos movimientos comenzaron luego de la firma del convenio entre Venezuela y Argentina.

Los documentos revelan que los titulares de Palmat recurrieron a firmas offshore para gestionar fondos millonarios y adquirir inmuebles en Estados Unidos y que estos movimientos comenzaron luego de la firma del convenio entre Venezuela y Argentina

El caso

El negocio estaba pensado en el marco de un “Convenio Integral de Cooperación entre la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”. La empresa Palmat International, que se había creado en 1989, en Florida, Estados Unidos, actuaría como la primera firma intermediaria entre las empresas argentinas y las autoridades venezolanas, servicio por el cual cobraba una tarifa. El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini intentaron determinar si esas comisiones implicaban presuntas coimas, una acusación que el ministerio de De Vido siempre negó. 

Entre otras operaciones, la fiscalía analizó como sospechosas las contrataciones realizadas por el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas) y la compañía estatal venezolana Pedro Camejo, ambos dependientes del Ministerio de Agricultura de dicho país que manejaba el dirigente chavista Elías Jaua. 

La firma del convenio bilateral fue el 6 de abril de 2004 y llevó las rúbricas de los entonces presidentes Kirchner y Chávez. La operatoria offshore comenzó diez días más tarde, el 16 de abril, cuando la sociedad Palmat Intertrade fue registrada en Panamá, con un nombre muy similar a Palmat International. 

En diciembre de 2007, Wellisch también adquirió la sociedad Mistal Finance Limited, en las Islas Vírgenes Británicas. Pero no hay más información sobre esta compañía en los registros de Pandora Papers.

Alertas en Panamá

Para montar y gestionar su operatoria offshore, tanto Palmat como Madero Trading, otra intermediaria para el comercio con Venezuela, recurrieron al estudio Alemán, Cordero y Galindo (Alcogal), un bufete radicado en Panamá y especializado en paraísos fiscales.

Sin embargo, en el caso de Palmat fueron los propios ejecutivos de Alcogal quienes encendieron las alarmas cuando notaron que tanto la firma como Wellisch y Carrasquero habían quedado bajo la lupa de la Justicia argentina. 

Jaime Alemán, uno de los fundadores del bufete panameño, envió una nota interna a su equipo en abril de 2010, copiando un artículo periodístico que detallaba las acusaciones que afrontaban Palmat y Alcogal en la Argentina por supuestos sobornos. “En base a lo que dice el artículo, procedimos a renunciar como agentes de esta empresa y reiteramos que no tuvimos nada que ver con los negocios y asuntos de Palmat. Y no es cierto que nos estén investigando por el esquema fraudulento”, afirmó.

Pero Alcogal tomó más medidas. “La sociedad está envuelta en negocios fraudulentos”, detalló Raúl Zúñiga -uno de los ejecutivos del estudio- que volcó los nombres cuestionados en una planilla de cálculo llamada “Listado de alerta”. Incluyó a Palmat International, Palmat Intertrade, Madero Trading, Francisco Carrasquero, Roberto Wellisch y otros cuatro señalados. 

En aquel momento, medios argentinos publicaban que Sadous había enviado en 2005 un cable diplomático a Buenos Aires por el que fue castigado. Detalló los “serios problemas” que afectaban “los intereses argentinos” en los negocios bilaterales manejados a través de un fideicomiso. En el texto habló de “corrupción”. Sadous declaró ante la Justicia pero terminó con un procesamiento por presunto falso testimonio que le inició el exfuncionario Claudio Uberti, uno de los denunciados en la causa de la “embajada paralela” y luego arrepentido de la causa cuadernos.

La segunda intermediaria que consiguió participar del negocio de exportación a Venezuela fue Madero Trading, también investigada por la fiscalía de Pollicita. La empresa aparece en los registros de Pandora Papers, en documentos que demuestran que acudió al estudio Alcogal en Panamá, en marzo de 2009. Madero Trading aparece en un documento interno de Alcogal llamado “Posibles empresas relacionadas con Palmat”.

El equipo argentino de ICIJ intentó consultar a Wellisch sobre su operatoria offshore, pero no respondió los mensajes. Años atrás, ofreció su versión sobre las comisiones que cobró en un comunicado que envió al diario Página/12. “Soy un hombre de valores y conducta ética. Mi empresa tiene treinta años dedicados a la intermediación comercial. Palmat cuenta con conocimientos e infraestructura que agregan valor a las operaciones de nuestros clientes y aliados. Tenemos filiales y oficinas propias en varias ciudades del mundo”, afirmó el empresario, sin precisar en qué ciudades. 

“Palmat fue seleccionada de manera individual por treinta y nueve empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de la Argentina. La relación profesional fue estipulada en contratos, suscriptos directamente y sin intermediación. Fueron absolutamente legales, firmados y registrados en Buenos Aires en forma voluntaria y transparente. Reafirmo, y está plenamente documentado, que realizamos un trabajo profesional, que la relación profesional estuvo enmarcada en contratos legales y se facturó en forma transparente y legal. Se cumplió con el contrato con un trabajo arduo y sin reclamo de ninguna de las partes”, agregó Wellisch.

Miami

La offshore Palmat Intertrade fue inscripta en Panamá el 16 de abril de 2004. Las primeras acciones fueron emitidas a favor del argentino-venezolano Wellisch y de la venezolana Yone Boccardo. Ambos abrieron otras sociedades offshore con el apoyo inicial de Alcogal para adquirir propiedades en Miami, según surge de los registros de Pandora Papers.

La segunda sociedad registrada por Wellisch y Boccardo fue Wilcox Intertrade, en Islas Vírgenes Británicas, en enero de 2008. La mujer figuró como directora y beneficiaria final de la compañía. La offshore fue utilizada para controlar dos propiedades en el condominio Hamptons West de Aventura, en Miami, que compraron con el apoyo de una hipoteca de un millón en el Regions Bank de Estados Unidos. El préstamo fue emitido a nombre de Wilcox, Palmat y de Wellisch. 

Los departamentos están ubicados en un lujoso edificio cinco estrellas que cuenta con un restaurante gourmet, teatro, canchas de tenis, spa y dos piscinas. Las propiedades son dos unidades de 170 metros cuadrados cada una, valuadas en unos 800.000 dólares a valor fiscal, según registros de Miami. La hipoteca fue cancelada en junio de 2018, según los mismos registros públicos que pueden consultarse en la web. La sociedad seguía activa en esa fecha.

En el mismo edificio, Wellisch adquirió en enero de 2009 otro departamento de 140 metros cuadrados, cuyo valor fiscal es de US$325.000.

Palmat adquirió un tercer inmueble en Florida. En agosto de 2008 pasó a controlar el condominio de oficinas y locales Square One Business Center, en el centro comercial en Doral, una zona elegida por los  venezolanos radicados en Miami. La propiedad tiene 320 metros cuadrados y una valuación fiscal de 620.000 dólares, de acuerdo con los registros públicos de Miami. 

Tras la renuncia de Alcogal como agente de estas compañías, Wellisch y los demás intermediarios contrataron al estudio Trident Trust, otro bufete especializado en operaciones offshore. Yone Boccardo informó a las autoridades del estudio en septiembre de 2018 que el propósito de la sociedad era invertir unos dos millones de dólares en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Además, agregó que Wilcox tenía una cuenta bancaria en el BB&T Bank, sucursal en Doral, Florida. El origen de los fondos es “salarios y ahorros”, según declaró.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae) y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

El empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de la icónica fabricante de aluminio Aluar y de la fábrica de neumáticos Fate, que anunció este miércoles 18 de febrero su cierre y despido de 920 trabajadores, recurrió a las estructuras offshore para invertir en propiedades en los Estados Unidos y organizar su eventual herencia, de acuerdo con los documentos de Pandora Papers, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por elDiarioAR.

Madanes Quintanilla llegó a ocupar el puesto 18 en el ranking de los más ricos de la revista Forbes. Su fortuna está valuada en US$590 millones y su empresa es el único productor primario de aluminio del país. Además, el industrial es dueño de la transportadora de electricidad Transpa, la hidroeléctrica Futaleufú y la firma de ingeniería Infa.

Este medio consultó al empresario a través de un vocero pero el CEO declinó hacer comentarios o responder preguntas sobre las sociedades. Tampoco quiso aclarar si estaban o no declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); o si seguían activas o habían sido disueltas.

El registro más antiguo de Madanes Quintanilla en los documentos de Pandora Papers es del estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). En junio de 2014, el industrial aparece como director de la compañía DQ Assets Limited, radicada en Islas Vírgenes Británicas. Comparte el directorio con otra offshore que oficia como “directora”: Angerona Group Administration Limited, también de Islas Vírgenes Británicas pero gerenciada desde Montevideo. 

Desde 2014, las acciones de DQ Assets Limited están a nombre de Sarmul SA, una compañía de Uruguay. Sin embargo, en un archivo excel de Alcogal, se identifica a Madanes Quintanilla como el beneficiario final de DQ Assets Limited, es decir, su verdadero dueño, además de co-director hasta al menos 2018. 

El presidente y accionista de Aluar vuelve a aparecer en documentos y correos electrónicos de otro proveedor de estructuras offshore: OMC Group. Madanes Quintanilla figura como el beneficiario final de una segunda compañía de Islas Vírgenes Británicas: MQ One Limited, según un formulario de inscripción de marzo de 2016, completado por su agente con sede en Montevideo. 

MQ One Limited iba a ser propietaria de un inmueble en los Estados Unidos, de acuerdo con un intercambio de e-mails entre ejecutivos de las áreas de complience y servicio al cliente de abril de 2018. “No está decidido si será una casa o un departamento”, se informó en uno de los e-mails. 

La misma información fue aportada en el formulario, cuando el agente del empresario argentino solicitó que se cree la offshore MQ One Limited y expuso que la compañía tenía como objetivo adquirir inmuebles por un valor de US$3 millones y poseer una cuenta bancaria en los Estados Unidos, y que el origen de los fondos eran “ahorros personales” de Madanes Quintanilla. En los documentos no surge si la propiedad efectivamente se adquirió ni si se invirtieron los US$3 millones.

Las sociedades radicadas en las Islas Vírgenes Británicas suelen ser utilizadas por argentinos para invertir en propiedades o tener cuentas bancarias en los Estados Unidos, según los documentos de Pandora Papers analizados por el equipo argentino que integra elDiarioAR. 

Organizando el patrimonio

El tributarista César Litvin dijo a este medio que el impuesto a la herencia para los no residentes en dicho país puede alcanzar hasta el 40% del valor de los bienes heredados y que la forma de evitar ese costoso tributo a la hora de heredar es que el inmueble o cuenta está a nombre de una sociedad offshore, un procedimiento legal en los Estados Unidos

Como en el caso de la primera offshore, el industrial no figura como accionista de la sociedad sino como beneficiario final. La accionista de esta offshore es Argeona Group Trust, una empresa de Nueva Zelanda que administra fideicomisos.

Esta compañía está directamente conectada con otra estructura offshore. En octubre de 2016, Madanes Quintanilla instruyó que se creara un fideicomiso o trust en Nueva Zelanda: MQ Irrevocable Trust, con el objetivo de administrar su herencia.

El proveedor OMC Group registró que Madanes Quintanilla es el settlor o fideicomitente de MQ Irrevocable Trust. Su rol en la estructura es desprenderse de bienes a su nombre (en Argentina o el extranjero) y cederlos al trust para que sean administrados y controlados por la empresa Argeona.

En el documento inicial sólo se establecieron fondos por mil dólares, pero el Trust quedó como propietario de la compañía MQ One Limited y por lo tanto, de los inmuebles que hubiera adquirido el industrial en los Estados Unidos, según el intercambio de correos electrónicos de 2018.

Los beneficiarios del trust, es decir, quienes eventualmente tendrán los bienes cedidos, son los hijos y descendientes de Madanes Quintanilla. El documento que establece las condiciones del fideicomiso extranjero también establece como beneficiarios a “fideicomisario de cualquier fideicomiso o fondo de jubilación o fundación” de los que sus descendientes sean beneficiarios o miembros; y “cualquier empresa bajo el control o propiedad” de los mismos.

Los trusts son estructura muy observadas en Pandora Papers. Otorgan dos ventajas: permiten ordenar la sucesión de la persona y ahorrarle el pago de impuestos, explicó a elDiarioAR el abogado Martín Litwak, asesor de argentinos y otros latinoamericanos en la creación de estructura offshore. Al desapoderarse de bienes y cederlos al trust, dejan de pertenecerle legalmente y permite reducir impuestos al patrimonio. 

Industrial y nacional

Aluar puede producir 460 mil toneladas de aluminio por año, según informa en su sitio web. La compañía abastece a diversas industrias. Tiene su sede en Puerto Madryn, Chubut, y emplea a 2.158 personas. Facturó US$918 millones, según su balance al 30 de junio de 2020.

En una entrevista con elDiarioAR publicada en febrero de 2021, Madanes Quintanilla dijo estar entristecido por la situación del país, pero descartó emigrar, como hizo entre 2002 y 2007, cuando se mudó con su familia a Barcelona. 

Cuando se le preguntó por las quejas de otros empresarios argentinos por la presión tributaria local y el “impuesto a la riqueza”, el industrial respondió: “No comparto la estructura de cómo se ha hecho. Entiendo la necesidad fiscal y hubiese preferido que hubiese sido más bajo un concepto de redistribución de ingreso que bajo un concepto de transferencia de capital. Debiéramos habernos focalizado en priorizar las inversiones. Me parece que este tipo de imposiciones en un momento donde tenés 11 puntos de inversión sobre producto es peligroso”.

Sin embargo, se mostró dudoso sobre la postura de varios de sus colegas, que optaron por ir a la Justicia contra el aporte extraordinario a las grandes fortunas. “No creo que sea el camino, pero, en fin, veremos. No necesariamente uno tiene que judicializar lo que uno cree incorrecto”.

*Esta nota fue publicada originalmente en enero de 2022.

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

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ED

Los datos de unas 15 mil sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore de la filtración Pandora Pandora ya pueden consultarse gracias a la primera apertura de la información obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

A través del buscador online Offshore Leaks, que se puede consultar en esta nota, cualquiera tendrá acceso a los accionistas y beneficiarios finales que acudieron a dos de los proveedores offshore de la investigación global: el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede central en Panamá; y Fidelity. Los datos se sumaron así desde finales de noviembre último a la publicación de las bases de otras grandes filtraciones que también pueden consultarse en el buscador y que el ICIJ empezó a publicar en 2013.

Estas compañías y estructuras radicadas en paraísos del Caribe o en jurisdicciones europeas, de los Estados Unidos (como Delaware, Dakota del Sur, Nevada o Wyoming) o incluso en Oceanía, como Nueva Zelanda, son utilizadas por funcionarios, empresarios y empresas, monarcas, delincuentes y ciudadanos anónimos para bajar o anular el pago de impuestos en sus países. 

Utilizar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando el propietario la declare a las autoridades fiscales del país en el que reside, pero eso no siempre sucede, y que sea utilizada además con fines lícitos. Pero estas estructuras garantizan el anonimato y la ausencia de registros de cuentas bancarias y propiedades, y ocultan la identidad de los beneficiarios reales de sociedades sin ninguna actividad real.

El sitio que elaboró ICIJ y que puede consultarse online incluye los datos de otras investigaciones como Papeles de Panamá, Offshore Leaks, Bahamas Leaks o Paradise Papers, y permite cruzar la información entre todas las filtraciones. Juntas acumulan y conectan información sobre más de 800.000 sociedades en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación, desde Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Belice; hasta Luxemburgo, Suiza y la Isla de Man; y desde Hong Kong a Uruguay.

Los argentinos

Pandora Papers se basa en casi 12 millones de documentos, que comenzaron a ser revelados el 3 de octubre último. El equipo mundial está compuesto por más de 600 periodistas y más de 150 medios. elDiarioAR, que integra el equipo argentino de ICIJ junto a La Nación e Infobae, ha publicado 45 casos de los más poderosos de Argentina. La data que está abierta en el buscador público ahora permite acceder a datos de cientos de sociedades vinculadas a argentinos. 

Las historias publicadas por este medio incluyeron las estructuras offshore de nueve de las familias y empresarios más ricos del país y dueños de medios de comunicación, pasando por futbolistas y polistas exportadores de caballos, y exfuncionarios del kirchnerismo y el macrismo. 

Algunos de los artículos de elDiarioAR revelaron estructuras, propiedades y cuentas bancarias de Elena Francisca Bonatti Rocca, una de las accionistas de Techint, fallecida; José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y uno de los dueños de Edenor; los hermanos Garbarino; y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once.

Este domingo se publicó un nuevo caso: Carlos Herminio y Santiago Blaquier, accionistas y directivos de Ledesma; y mañana se sumará otro más.

Qué se hace público y qué no

La base de datos de Pandora Papers a la que tienen acceso los periodistas de ICIJ se encuentra en una plataforma encriptada, que incluye correos electrónicos, hojas de registros mercantiles, cuentas de empresas o pasaportes, entre otros. Estos documentos incluyen información de carácter personal de clientes que acudieron a los paraísos fiscales, pero también de sus familiares y empresas.

ICIJ no hace públicos los documentos de creación o de administración de las compañías, pero sí los datos sobre sus accionistas, los intermediarios que ayudaron a crearlas y los beneficiarios finales detrás de cada una, siempre y cuando exista esta información. Por ejemplo, no se hallarán los documentos que acreditan movimientos de dinero, los formularios bancarios ni otros datos personales como números de DNI, cuentas bancarias, direcciones y teléfonos.

Tampoco habrá resultados para la búsqueda de personas cuya información no estaba estructurada en la base de datos, pero sí aparecía en los documentos. 

Además, al publicarse sólo la información de dos despachos tampoco aparecerán los clientes de las otras doce firmas, como quienes acudieron a los servicios del proveedor  Trident Trust, uno de los favoritos de los argentinos en Pandora. El Consorcio irá haciendo públicos los datos de los otros doce proveedores a lo largo de 2022.

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

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ED

Tras las revelaciones de Pandora Papers, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó vía exhorto a las autoridades de Suiza y de Islas Vírgenes Británicas información y movimientos bancarios de una sociedad offshore de Manuel Vázquez, ex asesor del secretario de Transporte Ricardo Jaime, que surgió de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y reveló elDiarioAR junto con La Nación e Infobae el 23 de octubre último.

Vázquez, sus hijos y su esposa son investigados junto a Jaime y otros exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presuntos sobornos del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra obtenida en 2008 por las constructoras Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas niegan haber pagado coimas para ganar la licitación. Hasta el momento, Vázquez tiene un procesamiento por presuntas dádivas y el juez aún no ha decidido sobre la situación de su familia, indagada por última vez en 2019.

Vázquez, acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos de Jaime, fue beneficiario final de la offshore Walsh Partners Corp., con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers. 

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la compañía, radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

En uno de los exhortos ordenados por el juez este lunes, Martínez De Giorgi solicitó a las autoridades de la Confederación Suiza que solicite información sobre la firma offshore al banco Merrill Lynch Bank Suisse para que indique si Walsh Partners Corp. “posee cuentas registradas en esa entidad, ya sea en el carácter de titular o beneficiario, durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009, y en su caso se remita información relativa a sus titulares, beneficiarios y apoderados, números de cuenta y movimientos durante el mencionado lapso temporal”, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

En el exhorto a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas, el magistrado requirió que se arbitren los medios para solicitar a la firma Trident Trust Company “ información relativa a la conformación de la firma Walsh Partners Corp. durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009”. Trident es el proveedor offshore que actuó como agente de la offshore en el archipiélago de bandera británica y ante el que Julián Vázquez solicitó los trámites de la compañía. El equipo argentino de ICIJ publicó el 23 de octubre los correos electrónicos y documentos oficiales obtenidos en Pandora Papers.

“En su caso deberá aportarse toda información con la que cuente relacionada a sus titulares, beneficiarios, apoderados, papeles de trabajo, intercambio de correos con sus responsables, e indicación acerca de si en ese período se llevó a cabo la apertura de cuentas bancarias a nombre de esa firma y, en su caso, en qué entidades y con qué números de identificación”, ordenó el juez del caso Soterramiento.  

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte, pero Pandora Papers reveló documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos mientras Jaime aún era funcionario. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco, aunque esta sociedad no es mencionada en los exhortos del juez hasta el momento.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

ED

La investigación internacional Pandora Papers revela documentos que podrían abrir un nuevo capítulo en la disputa legal que mantienen dos de los herederos del emporio de los jugos Baggio, los hermanos Ruffino Pablo y Juan Alejandro Baggio. Los hermanos se enfrentan desde 2020 por el desvío de casi US$7 millones que salieron de las arcas de la compañía familiar, RPB SA, hacia una empresa fantasma en Hong Kong, viajaron por cuentas de bancos de los Estados Unidos y desaparecieron sin dejar rastros de su destino, según el expediente que tramita en la Justicia de Entre Ríos. 

Mientras en los tribunales la causa se centró sólo en empleados de la empresa y del banco que aprobó las transacciones en Argentina, acusados de supuesta administración infiel y fraude a los empresarios, una sociedad offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas vincula a parte de la familia Baggio con la intención de movilizar inversiones por la misma suma de dinero bajo investigación, US$7 millones, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), cuyo equipo argentino* integran La Nación, Infobae y elDiarioAR.

En el entorno de la familia Baggio, desmintieron que exista conexión entre la offshore y el desvío de los fondos de la compañía con base en esa ciudad entrerriana, una de las principales procesadoras de jugos de fruta envasados del país y exportadora a 72 países, según el sitio web oficial. Los empleados de la empresa y el banco también negaron las acusaciones ante la Justicia.

El caso

La empresa RPB SA lleva las iniciales de su fundador, Ruffino Pablo Baggio (padre), fallecido en 2005. En enero de 2020, uno de los cuatro hijos de Baggio, llamado igual que su padre y apodado “Pino”, denunció a su hermano Juan Alejandro, presidente de la compañía familiar.

Pino Baggio es accionista mayoritario pero no tiene injerencia en la operatoria de la empresa. Cuando falleció el fundador, las acciones de la empresa familiar pasaron en partes iguales a sus cuatro hijos. La única hija mujer, Celia María Baggio, le vendió su parte a “Pino”, quien se hizo titular del 50%, mientras que Juan Alejandro conservó su 25% y el otro hermano Aníbal, el restante 25%. 

Sin embargo, pese a ser el socio mayoritario, “Pino” no dirige la compañía. Su madre, Celia María Munilla (83) conservó el usufructo de la titularidad y eligió a Juan Alejandro para dirigir la empresa. Es el presidente de RPB SA. 

Las preguntas realizadas en vuestro cuestionario son temas familiares, pero la familia me ha informado que los activos mencionados han sido correctamente declarados ante AFIP.

Entorno de Juan Alejandro Baggio. — En respuesta al equipo de ICIJ.

Cuando denunció a su hermano Juan Alejandro en 2020, Pino Baggio entendió que podía estar ocurriendo un vaciamiento de la RPB SA y lavado de activos. “Alejandro robó plata de la empresa, hizo algo ilícito, y sacó dinero lícito que era de la empresa y la pasó a una actividad ilícita, o sea plata negra fuera del país”, sostuvo al ratificar su denuncia en sede judicial.

Ante la Justicia, el denunciante enumeró sus sospechas, como “la demora de casi un mes por parte de los miembros del directorio en detectar el fraude, dado que según los dichos de la jefa de Finanzas de la empresa, ella enviaba reportes diarios de los movimientos bancarios a Juan Alejandro Baggio”. 

Sin embargo, Juan Alejandro Baggio negó cualquier participación en la maniobra de desvío de casi US$7 millones al exterior. La empresa, bajo su mando, resolvió publicar una solicitada en medios de comunicación en la que denunció una “estafa” contra “parte de la familia Baggio” a partir de la desaparición de los fondos.

La investigación quedó a cargo del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, quien sobreseyó a Alejandro Baggio en octubre del año pasado. La hipótesis a la que arribó el magistrado es que habría ocurrido una presunta defraudación por parte de dos directivos del área de Finanzas de la RPB SA, a quienes procesó. 

El dinero salió de Baggio a través de ocho transacciones hacia Hong Kong con la excusa de supuestas facturas y contratos apócrifos. Todo sucedió durante dos semanas en diciembre de 2019. Según el juez, la maniobra habría sido posible por la falta de controles adecuados por parte de dos empleados del Banco Santander, a quienes también procesó. 

De acuerdo con los documentos de Pandora Papers, un año antes de que se concretaran las ocho transferencias a Hong Kong, la viuda del fundador de Baggio, Celia María Munilla, aparece en un formulario como beneficiaria final de LSH Global Ltd, una sociedad inscripta en las Islas Vírgenes Británicas. 

La firma fue registrada por el estudio Overseas Management Corp (OMC) con el propósito de realizar “inversiones líquidas”, según el formulario de septiembre de 2018. El movimiento de capital previsto para esta offshore en esa fecha era de US$1 millón pero en el casillero de “activos estimados” se anotó US$7 millones. La cifra es casi igual al total de las ocho transferencias realizadas desde Baggio hacia una empresa pantalla en Hong Kong, realizadas un año más tarde, en diciembre de 2019. 

Ante el requerimiento del equipo argentino de ICIJ, en el entorno de la familia señalaron que “no existe vinculación alguna” entre “la supuesta información” de la consulta periodística y “el fraude electrónico cometido contra RPB en diciembre de 2019”. Y agregaron que “(por) cualquier información adicional, pueden conectarse con el juzgado interviniente”.

En el formulario de septiembre de 2018 se consignó que LSH Global LTD iba a desarrollar su actividad en Estados Unidos, y el objetivo era operar una cuenta bancaria en el Banco Oppenheimer & Co de Miami. Como origen de los ingresos, se informó “herencia”. 

De los documentos también surge que los registros contables iban a ser llevados por el director de Angerona Trust Company LLC, con domicilio en Wyoming. Angerona Group es un proveedor offshore con sede en esa jurisdicción estadounidense que promociona, entre sus servicios, la confidencialidad de las operaciones financieras. 

El entramado offshore

La viuda de Baggio es consignada en los documentos como la beneficiaria final de la offshore LSH Global LTD, de Islas Vírgenes Británicas. Pero la compañía no es controlada por la mujer. La accionista de la sociedad es otra compañía, Woodland Assets LLC, registrada en Estados Unidos y con domicilio en el estado de Wyoming. La función de esta compañía es manejar o administrar los bienes de la beneficiaria final a través de un fideicomiso. 

El entramado se pone más complejo. En una escritura de ese fideicomiso consta que el beneficiario principal de esos bienes administrados por Woodland Assets es Juan Alejandro Baggio. Como beneficiarios secundarios figuran su esposa y sus cinco hijos, en partes iguales. En el documento, la viuda de Baggio dio su conformidad, con el aval de un abogado de Gualeguaychú que certificó un acta. Es decir, que si bien los activos de la viuda están a nombre de la offshore de Islas Vírgenes Británicas, la mujer cedió a su hijo Juan Alejandro el control y administración de los mismos a través de dicho fideicomiso de Wyoming.

En un tercer documento que forma parte de Pandora Papers, otro abogado de Angerona Trust Company LLC firmó la certificación de los DNI de Alejandro Baggio, así como el pasaporte y DNI de Munilla. 

“Las preguntas realizadas en vuestro cuestionario son temas familiares, pero la familia me ha informado que los activos mencionados han sido correctamente declarados ante AFIP”, fue la escueta declaración que hicieron llegar al equipo argentino de ICIJ en el entorno de Alejandro Baggio.

Las transferencias 

Las ocho transferencias de dinero bajo investigación fueron por un total de USD 6,8 millones. Ocurrieron entre el 5 y el 16 de diciembre de 2019. Fueron pagadas a la empresa Hong Kong HRJ Trade Limited, que figura como emisora de las facturas apócrifas, según la Justicia. El banco receptor fue el Standard Chartered Bank de Hong Kong.  

Cuando los fondos se transfirieron a dicho banco en Asia, el dinero salió inmediatamente en otras 48 transferencias a otras cuentas de segundo y tercer nivel de empresas pantalla en Hong Kong y a más de una docena de firmas de Estados Unidos. Del total, más de US$3,4 millones pasaron por distintos bancos estadounidenses, como el Citibank, el JP Morgan Chase Bank, Bank of America y en U.S. Bank, entre otros. 

El 20 de enero de 2020, cuando el banco de Hong Kong recibió el oficio de la Justicia argentina, en la cuenta receptora de los casi US$7 millones apenas quedaban US$6.423. 

De acuerdo a los registros corporativos consultados por el equipo argentino de ICIJ, Hong Kong HRJ Trade Limited se abrió en ese país en abril de 2019. Declara como actividad la venta al por mayor de autopartes y accesorios de vehículos, y su único accionista es el ciudadano chino Chen Zhijie.

Los supuestos pagos en dólares a esta firma en Hong Kong fueron concretados por la entonces jefa de Finanzas de la empresa de los Baggio, luego de recibir un mail desde una supuesta casilla personal de Juan Alejandro Baggio, que no era la casilla institucional de la empresa que usualmente utilizaba como presidente. En ese correo le pedía absoluta reserva y le decía que debía hacer una serie de  transferencias por unas facturas que le enviaría un supuesto consultor de la firma de auditoría KPMG, Adrián Clamp, para adquirir una sociedad extranjera radicada en Asia.

La ejecutiva, si bien tenía más de 20 años en la empresa, no era la persona encargada de esos pagos al exterior. Por eso debió recurrir a otra empleada que solía dedicarse a este tipo de operaciones, quien le advirtió que el Banco Santander iba a rechazar esos pagos porque las facturas por los supuestos “servicios” prestados estaban mal confeccionadas y eran imprecisas. 

Como supuesto respaldo documental del pago de esas facturas truchas, el “Sr Clamp” le había enviado a la ejecutiva un “acuerdo de adquisición” entre Hong Kong HRJ Trade Limited y RPB SA, fechado el 6 de diciembre de 2019; y un contrato de prestación de servicios por parte de Fengxu Trading Co Limited a empresa de los Baggio, del 19 de ese mismo mes. Estos contratos sólo incluían como concepto “merchandise payment”. 

No hay pruebas para incriminarlos y por eso presentamos una queja en (la Cámara de) Casación. Estamos tranquilos de que se cumplieron con los controles.

Banco Santander. — Sobre los empleados bancarios acusados en la Justicia.

Las ocho transferencias fueron en montos de entre US$487.081 y US$990.655 y fueron aprobadas por el Banco Santander en Argentina. Una novena transferencia despertó sospechas. La coordinadora de Negocio Internacional de la entidad bancaria, recién llegada de vacaciones, la rechazó y le reclamó a la jefa de Finanzas un contrato respaldatorio de las operaciones. Al comprobar que la documentación era “insuficiente”, la ejecutiva bancaria decidió llamar a Juan Alejandro Baggio para advertirle de estos pagos al exterior. 

El presidente de los jugos Baggio aseguró en sede judicial que no estaba al tanto de esos movimientos de fondos al exterior. Y relató que se comunicó con la jefa de Finanzas para consultarla sobre esos pagos apenas se enteró por el banco. Según declaró, él nunca los había ordenado y afirmó que la casilla de correo desde donde salieron las supuestas directivas no era suya. 

Juan Alejandro Baggio también afirmó que se comunicó luego con el Santander para tratar de revertir las transferencias y anular las pendientes. Aseguró, además, que viajó a Buenos Aires para contactar a un estudio de abogados e intentar recuperar el dinero. Pero los US$7 millones ya no estaban en la cuenta en el Standard Chartered Bank de Hong Kong que había recibido originalmente los fondos.

Hermanos enfrentados

En su denuncia, Pino Baggio advirtió que en la empresa de su familia “se le retaceó información acerca de lo ocurrido”. También que le “llamó la atención” que “no se haya detectado que las facturas que justificaban las salidas hayan sido apócrifas; que nada se haya dicho sobre si el Banco Santander y/o la empresa RPB SA practicaron las retenciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias por servicios de auditoría o similares”; y que Juan Alejandro Baggio “no haya efectuado reclamo alguno ante el Banco Santander”.

Sin embargo, su hermano aseguró ante la Justicia estar sorprendido de que el banco hubiera aprobado las transferencias por casi US$7 millones, “sumas no habituales para la empresa”, y que “no hayan consultado a ningún directivo o superior por el monto”, especialmente teniendo en cuenta que las facturas se referían a “gastos de merchandising”. También dijo que le llamó la atención que “estando en pleno período de restricción cambiaria, se aprobara de parte del banco, estos ocho giros de esta abultada suma, pasando los controles del Banco Central que siempre exige por montos menores, un montón de documentación” y que “en este caso no pidió nada”.

El juez Viri finalmente sobreseyó a Alejandro Baggio por considerarlo ajeno a la maniobra de fraude en perjuicio de la empresa, y procesó a la entonces jefa de Finanzas y al entonces gerente financiero de la empresa, quien ya se había reintegrado de sus vacaciones cuando se realizó la octava transferencia desde RPB SA a Hong Kong. También dispuso el procesamiento de dos empleados del Santander por no haber efectuado los controles requeridos. Estas decisiones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Paraná. Todos ellos negaron haber sido partícipes de la supuesta estafa.

Desde el Santander le dijeron al equipo argentino de ICIJ que los dos empleados procesados “obraron de acuerdo a la ley” y que “en ningún momento se violó el protocolo”. “No hay pruebas para incriminarlos y por eso presentamos una queja en (la Cámara de) Casación. Estamos tranquilos de que se cumplieron con los controles”, informó la entidad bancaria.

La Justicia de Entre Ríos, sin embargo, aún no pudo detectar al eventual autor o autores de la operación por la cual se habría cometido la “estafa” contra RPB SA. No se determinó quién o quiénes crearon las casillas del e-mail a nombre de Juan Alejandro Baggio para ordenar las transferencias y para enviar los correos falsos con las facturas y los contratos apócrifos. Tampoco quién o quiénes transfirieron los fondos recibidos desde la empresa argentina en Hong Kong hacia otras cuentas en esa jurisdicción y Estados Unidos. 

Debido a que más de la mitad del dinero terminó en bancos de ese país, RPB SA presentó una demanda en mayo del año pasado en los Tribunales de California, a los fines de intentar recuperar ese dinero.

La coincidencia de la cifra de US$7 millones no es la única en esta historia. En Hong Kong existe otra firma de idéntico nombre a la offshore de la viuda de Baggio registrada en las Islas Vírgenes: LSH GLOBAL LTD. Pero esta sociedad homónima de Hong Kong habría sido creada en 1983. Según su sitio web, se dedica a la fabricación y venta de productos eco sustentables y biodegradables de merchandising. 

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Los dueños de Edenor y accionistas de medios de comunicación del Grupo América, José Luis Manzano y Daniel Vila, aparecen vinculados a un fideicomiso neozelandés y un misterio panameño en los documentos que surgen de Pandora Papers, según reconstruyó el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR.

Manzano, exministro de Interior de Carlos Menem, figura como controlante de un fideicomiso constituido en Nueva Zelanda que lleva su apellido: “The Manzano Trust”, de acuerdo con los registros internos de Asiaciti, una firma especializada en la creación y gestión de compañías y entramados offshore en Oceanía y Asia que fue multada por Singapur debido a las fallas en sus controles antilavado.

En esos registros de la firma Asiaciti, Manzano aparece con su nombre completo e identificado como “beneficiario final o fideicomitente” del fideicomiso, junto a una solicitud para recibir un pago de US$200.000. En marzo de 2017, se registró un formulario oficial del gobierno de Nueva Zelanda donde consta el supuesto pago en el “calendario de liquidación y distribución de fideicomisos extranjeros”. No hay movimientos adicionales sobre esa estructura offshore en los documentos. 

Consultado por el equipo local de ICIJ, un abogado de Manzano confirmó que “el trust [por el fideicomiso] se constituyó en 2017”, aunque indicó que ya “no está activo”. Sin embargo, sostuvo que el empresario mendocino “no es el beneficiario del trust, como así tampoco realizó ningún retiro” de fondos.

De acuerdo con la facturación de Asiaciti en Pandora Papers, en septiembre de 2017, Asiaciti también emitió una factura para “The Manzano Trust” por “la transferencia de un fideicomiso de Nueva Zelanda”. En enero de 2018, Asiaciti registró otro remito por US$1.725 por el mantenimiento anual del fideicomiso y los servicios a sus beneficiarios más impuestos para todo 2018. Existe un tercer remito por el mismo monto con fecha enero de 2019.

Las jurisdicciones de las Islas del Pacífico, como Nueva Zelanda, cuentan con algunas de las leyes de protección de activos más estrictas del mundo, que protegen a los propietarios de fideicomisos y empresas ficticias de los acreedores, reguladores e incluso órdenes judiciales extranjeras. 

En una declaración enviada por correo electrónico a ICIJ, Asiaciti dijo que la firma cumple con las leyes y regulaciones de las jurisdicciones en las que opera y que mantienen un programa de cumplimiento “sólido”. “Sin embargo, ningún programa de cumplimiento es infalible, y cuando se identifica un problema, tomamos las medidas necesarias con respecto a la participación del cliente y hacemos las notificaciones correspondientes a las agencias reguladoras”, agregó la firma.

Manzano divide sus días entre Argentina y Ginebra, Suiza, donde reside temporalmente. A través de su abogado, evitó precisar si “The Manzano Trust” estaba declarado –o si debía hacerlo- ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) u otro organismo tributario. Es dueño de Integra Capital, a través de la cual mantiene inversiones en petróleo, gas, generación y distribución eléctrica, litio y uranio.

A mediados de 2020, Manzano y Vila compraron Edenor, la mayor distribuidora de energía eléctrica del país, que hasta entonces era propiedad de Marcelo Mindlin. En el consorcio, se sumaron Mauricio Filiberti y Global Income Fund Limited, un fondo de inversión radicado en Bahamas. “Siempre es un buen momento para invertir en la Argentina, esta­mos en el sector energético hace catorce años y esta es una buena oportunidad de crecimiento. Creemos en la Argentina”, dijo Manzano en aquel momento a elDiarioAR.

Este año, la dupla empresaria, de excelente relación con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y con el kirchnerismo más puro, amplió también sus inversiones en medios al adquirir El Cronista a Francisco De Narváez.

El misterio panameño

En Pandora Papers, Daniel Vila está vinculado a un documento fechado el 10 de julio de 2015 pero el nexo es incierto. El empresario aparece junto a sus hijos con un poder general para controlar a la sociedad Mayburg International SA, radicada en Panamá. El poder les fue concedido por un abogado del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), especializado en la gestión offshore. Sin embargo, Vila dijo al equipo argentino que desconoce por completo la sociedad y que nunca estuvo en contacto con ese bufete panameño.

Tengo una sociedad de este tipo que utilicé para adquirir una propiedad en Miami y que está declarada ante la AFIP.

Daniel Vila.

Tras una primera consulta, Vila pidió tiempo para consultar a sus asesores legales y contables, tanto internos como externos, para determinar si habían tramitado esta sociedad a su nombre o si tenían registros de ella. La respuesta fue negativa, según el empresario. “Averigüé con todos los asesores que llevan mi contabilidad porque no la recordaba, ni la tenía presente y no encontraron nada. Mi hijo -Agustín, de excelente relación con La Cámpora- la buscó en internet y encontró que actualmente la sociedad está en venta por unos US$40”, sostuvo.

En diálogo con el equipo argentino de ICIJ, Vila ofreció el nombre de otra compañía con la que controló activos en el exterior. “Tengo una sociedad de este tipo que utilicé para adquirir una propiedad en Miami y que está declarada ante la AFIP”, detalló. Se llama Isidris Corp. y en los registros públicos del estado de Florida Vila figura como su agente y director.

A mediados de 2015, cuando se redactó el documento de Alcogal con su nombre, Vila intentaba tomar el control de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras la muerte de Julio Grondona, y mantenía un contrapunto con la familia Vignatti y Cristóbal López por el diario Ámbito Financiero, cautelar judicial incluida.

De acuerdo a ese documento, tanto el empresario como sus hijos Barbarita, Agustín y María Noel quedaron autorizados “para que actúen individualmente” en relación a Mayburg International SA, “en su nombre y representación en cualquiera y todos los países y partes del mundo en relación con sus negocios” y que “lleven a cabo todos o cualquier acto o cosa que pueda realizar la compañía”, incluyendo el manejo de bienes y cuentas bancarias. Tanto Vila como sus hijos, mayores de edad, figuran con sus nombres completos y los números correctos de sus documentos de identidad. Sin embargo, el documento no está firmado.

De acuerdo con el registro mercantil de Panamá, la sociedad Mayburg International SA se creó el 26 de mayo de 2015, un mes y medio antes de que se redactara el documento de Alcogal. El capital inicial de la compañía, según los documentos públicos, fue de US$10.000 y el domicilio “oficial” de la firma en ese país es el del estudio.

En el registro mercantil de Panamá existen dos documentos públicos de la sociedad, su inscripción legal y su estatuto. En ninguno de ellos figuran los Vila relacionados con la compañía.

En una resolución del Ministerio de Economía panameño de agosto de 2018, subida a la Gaceta Oficial Digital de ese país, Mayburg International SA figura dentro de una lista de sociedades y personas jurídicas a las que les suspendieron sus derechos corporativos por adeudar la tasa única.

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

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Alfredo Coto (80), el supermercadista más importante del país, figura en cinco sociedades offshore, según los documentos, cartas y correos electrónicos que surgen de Pandora Papers que analizó el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR. Un representante de la compañía informó ante la consulta del equipo argentino que las compañías están informadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y mostró las declaraciones presentadas ante el organismo para el periodo 2020. El objetivo de las firmas fue invertir en propiedades en los Estados Unidos, según algunos documentos y el vocero de Coto.

El empresario figura en los registros del proveedor offshore OMC Group junto con su esposa, Gloria Alicia García, la mujer con la que comparte el manejo de las 120 sucursales del supermercado emblema de Argentina. Hace casi medio siglo, comenzaron juntos un reparto de carne en distintos mercados y construyeron una marca que actualmente ostenta la planta de distribución más grande de la región, tres frigoríficos -uno dedicado exclusivamente a la exportación- y unos 22.000 empleados. 

“Estas compañías se utilizaron por una cuestión de eficiencia fiscal y sucesoria en Estados Unidos. El modo más eficiente de invertir en ese país es tener una empresa offshore, según los asesores contables y legales”, explicó el representante de los Coto. Una de las principales razones, ahondó, es que “en caso de una sucesión, si un departamento en Florida está a nombre de una persona, el heredero debe pagar alrededor del 40% del valor del inmueble en impuestos. Por esa razón, los inmuebles están a nombre de sociedades”. “En Argentina, la familia Coto ha tributado el 100% de impuesto a las ganancias y bienes personales por estas tenencias”, agregó.

Inversiones en 2017

A partir de septiembre de 2017, Coto aparece en tres compañías en Islas Vírgenes Británicas, todas gestionadas por el mismo proveedor de estructuras offshore: OMC Group.

El empresario comenzó a figurar como accionista del 100% de las acciones de Hengest Investments Ltd. y Stonegrey Investments Limited, ambas creadas en Islas Vírgenes Británicas años antes. En 2011, por ejemplo, Hengest Investments estaba a nombre de una sociedad suiza, Corhold Limited. La compañía había estado asociada a los bancos HSBC y el Itaú de Londrés entre 2011 y 2013. En agosto de 2017, sus acciones pasaron a estar a nombre de otra offshore de Islas Vírgenes Británicas: RTC Nominees Limited. El 1° de septiembre de 2017, las acciones pasaron a nombre de Coto.

Algo similar ocurrió con Stonegrey Investments. Las acciones de la firma estaban a nombre de RTC Nominees Limited hasta que el 19 de septiembre de 2017, pasaron a nombre de Coto.  

El empresario también asumió como director de Hengest Investments y Stonegrey Investments junto a García y, al menos en el periodo fiscal 2020, declaró ante la AFIP la tenencia de las acciones en ambas firmas, según la documentación exhibida por un representante de los empresarios. “Tanto Alfredo como Gloria figuran como directores, accionistas y beneficiarios finales de las sociedades y no utilizaron ningún prestanombre o testaferro para ocultar su participación en las firmas”, afirmó el representante, en referencia a los abogados de estudios contables y legales que prestan sus nombres para figurar como titulares de compañías offshore. 

No hay más datos de estas firmas en Pandora Papers. Un representante de los empresarios dijo al equipo argentino que las sociedades, en términos generales, sin discriminar entre las cinco firmas, tienen como fin poseer bienes inmuebles en Miami. 

Bayonet Point Inc. es otra sociedad de Islas Vírgenes Británicas con una cuenta bancaria en el suizo UBS de Miami. En un formulario de diciembre de 2017, los Coto informaron al agente OMC Group que el propósito de la compañía era tener inmuebles en Miami y que estimaban un movimiento de capital de US$6 millones. ¿El origen de los fondos? Ingresos por negocios. Tanto Coto como García asumieron como directores de la firma junto con su hijo Germán. Las acciones de Bayonet Point se dividen entre Alfredo Coto (4%); Germán Coto (45%) y los otros tres hijos del matrimonio: Alejandra (17%); Sofía (17%); y Matías (17%). Todos tienen sus acciones declaradas ante la AFIP en 2020, según pudo constatar el equipo argentino de ICIJ. Son además, los beneficiarios finales.

Bayonet Point tiene una sociedad gemela en Florida, que lleva el mismo nombre e invirtió en un shopping en Estados Unidos, según los registros de Pandora Papers. Sin embargo, el representante de los empresarios aseguró que los Coto no tienen ninguna relación con esa firma ni con el shopping Phillips Edison - ARC Shopping Center REST Inc.

Acciones al portador

Desde mayo de 2016, García es accionista del 100% de las acciones de otras dos firmas, Mestique Corp. y Edimint Corp.(también aparece en los documentos como Edmint Corp.), radicadas en Panamá. Estas son las sociedades más antiguas del matrimonio Coto en los registros de Pandora Papers. Las firmas fueron creadas en agosto de 2012, con acciones al portador, una modalidad que en aquellos años permitía no informar la identidad de los accionistas de empresas en Panamá. Cada una de las compañías tenía un capital de US$10.000. Los representantes visibles eran abogados de la firma Morgan & Morgan, que figuraban como directores de las firmas.

El 20 de mayo de 2016, Alfredo Coto se identificó como el accionista de ambas compañías en dos cartas que dirigió a los directores de las firmas. En dos textos que llevan su firma, Coto informó que era el beneficiario final de Mestique y Edimint y solicitó que las acciones de ambas compañías dejaran de ser al portador y se emitieran nuevos certificados de tenencia de acciones nominales. En ambos casos, las acciones se emitieron a nombre de Gloria Alicia García, su esposa y socia. En su declaración jurada ante la AFIP, García declaró el 100% de ambas compañías.

En 2015, Panamá había cambiado su legislación y puso fin al secretismo que las acciones al portador garantizaron durante décadas en el país centroamericano, ya que no existía un registro de los accionistas de las sociedades. Un representante de Coto dijo al equipo argentino de ICIJ que Alfredo Coto siempre declaró sus acciones en Mestique y Edimint ante la AFIP, pero no accedió a mostrar la documentación respaldatoria ante el pedido.

“La normativa en Panamá anterior a 2015 permitía adquirir rápidamente una sociedad con acciones al portador y hacer una inversión 24 horas. Si recurrías a una sociedad con acciones nominales (en las que se identifica al accionista ante las autoridades del país) debías esperar un mes y medio”, aseguró el representante de los Coto.

Cuando Coto escribió las cartas solicitando poner fin a los certificados de acciones al portador de Mestique y Edimint, Panama Papers acababa de salir a la luz, en abril de ese año, y Coto había sido uno de los empresarios argentinos que figuraban en los documentos. Aparecía como controlante de la firma Leopold Company desde 2012, según publicó La Nación. Su vocero dijo entonces que la sociedad estaba declarada y “se crearon -en plural- para buscar inversionistas extranjeros para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el exterior, como parte de un plan de expansión”. 

En 2018, dos años más tarde, en un intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de OMC Group, los representantes de los Coto informaron que Mestique y Edimint poseen las acciones de otras dos sociedades radicadas en Florida: Flobeach y Officebeach. También se informó que ambas tienen como objetivo ser propietarias de inmuebles en Miami.

Flobeach es la titular de un departamento en el condominio Trump Royal Condo, en Sunny Isles Beach, frente al mar, según los registros públicos de Miami. Mientras que Officebeach es propietaria de un edificio de oficinas y departamentos en la ciudad de Miami, de acuerdo con los mismos registros abiertos. “La señora Gloria Alicia García recibe rentas de inmuebles, quien también es la beneficiaria final de Flobeach y Officebeach”, escribió en abril de 2018 una ejecutiva de servicio al cliente de OMC Group, agente registrado de las compañías de Islas Vírgenes Británicas.

En todos los casos en los que informaron dónde se encuentran los registros contables de las sociedades, los Coto remitieron a estudios contables en Montevideo, Uruguay.

Roces con el Gobierno

Desde el inicio de la pandemia, los Coto mantienen un enfrentamiento con el gobierno de Alberto Fernández por el control de precios y el impuesto a la riqueza. La última semana de octubre, al igual que Francisco De Narváez, el empresario estuvo en boca de los funcionarios de la secretaría de Comercio Interior por control de precios de 1.432 productos de consumo masivo que se retrotrajeron al 1° de octubre  para contener la inflación . 

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo el martes 26 ver con “preocupación” la existencia de “dos grandes cadenas de supermercados” que no quieren bajar sus márgenes de ganancia. Fuentes del organismo dejaron entrever en off the record que hablaba de Coto y Chagomás (de De Narváez). 

Al día siguiente, sin embargo, Alfredo Coto se mostró de buen humor en la sede de su empresa, en el barrio de Paternal: “Nos hicieron más de 120 inspecciones en cinco días y no encontraron nada”, dijo con una sonrisa en una reunión por la mañana, en el edificio de la calle Paysandú.

Por la tarde, Feletti anunció los resultados de las inspecciones de precios en las grandes cadenas de supermercados. En provincia de Buenos Aires, Coto acató con el 99% de los precios congelados y con el 98,7% en la Ciudad de Buenos Aires, según dijo el funcionario en conferencia de prensa.

En abril de 2020, Coto también había sido foco del oficialismo. Coto y García se manifestaron en la puerta de uno de sus supermercados en La Matanza para impedir que el intendente Fernando Espinoza clausurara la sucursal por supuestos incumplimientos en el control de precios, una acusación que el empresario negó ante las cámaras que se acercaron al lugar.

Estas compañías se utilizaron por una cuestión de eficiencia fiscal y sucesoria en Estados Unidos. En Argentina, la familia Coto ha tributado el 100% de impuesto a las ganancias y bienes personales por estas tenencias.

Representante de Coto.

Coto también fue uno de los empresarios críticos del impuesto a la riqueza impuesto por el kirchnerismo en el Congreso. Alejandra Coto, una de sus hijas, y accionista de una parte de Bayonet Point, interpuso un recurso de inconstitucionalidad para solicitar a la Justicia que frene el cobro de ese impuesto en su caso.

La AFIP buscaba cobrarle $642 millones correspondiente al “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. La Justicia rechazó la cautelar y le ordenó pagar $19 millones extra en concepto de tasa de justicia. Ante la consulta sobre la decisión judicial, el representante de la compañía declinó hacer comentarios.

“Hay que sacar la plata de algún lado. Yo tengo muchas propiedades en la Argentina, muy bien ubicadas y me lo toman como un activo, que ahora ya no es un activo. Si van a cobrar impuesto sobre eso, estamos embromados”, dijo Alfredo Coto en abril de 2020 en declaraciones a Radio La Red, según reflejó Infobae. “Si vamos a correr al aparato productivo, esto se acabó. Se caza en el zoológico, no hay más…”, agregó.

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Gustavo Fabián “el Turco” Elías es uno de los empresarios más poderosos de la provincia de Buenos Aires. Desde Bahía Blanca, catapulta central de su crecimiento económico en los años 2000, tejió una alianza con el sindicalista Hugo Moyano que le valió el mote del “cerebro detrás del líder de los camioneros” y que le permitió acaparar dos negocios medulares en los puertos bonaerenses y porteños. Años más tarde, incursionó en medios de comunicación: es el dueño de La Nueva Provincia, principal de su ciudad, y de La Brújula. También es, junto a su hijo Juan Ignacio, miembros de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

Cada uno de esos negocios portuarios se ideó desde una empresa particular: Ivetra y Transporte y Logística SA. Ambas tuvieron ramificaciones offshore en Panamá, según surgen de los documentos de Pandora Papers a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizó el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto con La Nación e Infobae. En el entramado offshore de las empresas de Elías, aparece, además, el empresario Diego Zuckerberg, quien tomó notoriedad en las últimas semanas cuando el jefe de Gabinete, Juan Manzur, intentó ubicarlo como vicejefe de Gabinete tras su desembarco en la Casa Rosada, como publicó La Nación.

En Argentina, Transporte y Logística SA e Ivetra también contaron con el exjuez Daniel Llermanos -abogado de cabecera de los Moyano- como apoderado. La primera de estas empresas fue la que selló la alianza entre Elías y Moyano, según contó el propio Elías en una entrevista en el programa Sustentable TV. “Somos amigos, es un hombre que se dedica al gremialismo y lo ejerce con pasión y para mí es un buen tipo”, dijo entonces Elías sobre el líder sindical. El empresario también era el dueño de la empresa de logística Chenyi SA, donde una hijastra de Moyano trabajó desde 2003. 

En 2007, el empresario montó en el puerto de Bahía Blanca una playa de estacionamiento de camiones con instalaciones para que los camioneros no pasaran horas esperando el ingreso al puerto, pudieran descansar, comer, usar los servicios y hasta tomarse la presión. Fue la puerta de entrada a Moyano, a quien Elías le ofreció replicar el modelo en otros puntos del país. La prestación era abonada por las empresas de logística, acopiadoras y exportadoras. Entonces, el líder de la CGT ostentaba otra alianza central para él y los suyos con Néstor Kirchner y el gobierno de turno.

Con Ivetra, Elías fue más allá. En 2011, Elías se quedó, sin licitación, con el monopolio de un seguro: “Transporte Argentina Protegido” (TAP). Las empresas que operan en el puerto de Buenos Aires y Dock Sud debían pagarle US$67 por contenedor que se moviera por fuera de la terminal portuaria, más la emisión de un “certificado de estacionamiento y verificación” por otros US$14 por contenedor. El negocio implicó millones de dólares al año para la compañía. El negocio de Ivetra se cortó en 2016, con la llegada del macrismo, y terminó denunciado por Elisa Carrió y Graciela Ocaña.

Mientras ambas compañías recaudaban millones en Argentina, tanto Ivetra como Transporte y Logística SA tuvieron sus empresas mellizas en Panamá. Dos espejos, con nombres muy similares y controladas por su hijo y colaborador, Juan Ignacio Elías. 

En Centro América, los clones de ambas empresas se bautizaron Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas, según los documentos de Pandora Papers.

No hubo nada ilícito en esas operaciones y esas sociedades panameñas nunca tuvieron actividad comercial, ni bancaria.

Ambas sociedades fueron creadas por el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), referente en América Latina para montar y operar estructuras offshore, y contaron también con cuentas bancarias vinculadas, según consta en los registros de la nueva filtración global.

Ivetra Panamá

La primera de esas sociedades fue Ivetra Panamá, que Alcogal creó en 2013, en pleno apogeo del negocio portuario de la compañía local. La firma nació con acciones por US$10.000 que quedaron a nombre de Juan Ignacio Elías y Carlos Daniel González, aunque ese mismo año emitieron un poder a nombre de Marcelo Javier Leite para que la representara con facultades amplias.

La presencia de Carlos Daniel González como accionista de Ivetra Panamá también resultó un movimiento en espejo. Porque ya había ocurrido en la Argentina. Entre 2012 y 2013, Elías y sus socios en Argentina renunciaron al directorio de la empresa y Carlos Daniel González asumió como su nuevo presidente. Según trascendió entonces en la prensa, los nuevos dueños querían “limpiar” la imagen de la empresa. La alianza entre Moyano y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había roto y ser amigo del líder camionero ya no era bueno para los negocios que requieren el visto bueno del gobierno.

Los documentos que ahora salen a la luz muestran, sin embargo, que los vínculos entre los Elías e Ivetra continuaron, al menos vía Panamá, donde unieron fuerzas con González en busca de nuevos negocios hemisféricos. Así, en 2014, la firma panameña emitió un segundo poder, esta vez a favor de un abogado de ese país, Miguel Ángel Clare, para que firmara un acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) panameño.

Consultado por el equipo argentino de ICIJ, Juan Ignacio Elías indicó a través de un vocero que no respondería preguntas ni aportaría documentación respaldatoria. “No hubo nada ilícito en esas operaciones y esas sociedades panameñas nunca tuvieron actividad comercial, ni bancaria”, abundó el vocero, que explicó que los Elías declinaron dar mayores precisiones para no quedar “envueltos en algo que podría politizarse con fines electoralistas”.

Más espejos y reflejos

La otra sociedad panameña vinculada a los Elías, Transporte y Logística Overseas, también se constituyó en 2013, con la asistencia de Alcogal, con un capital inicial de US$10.000 y con Juan Ignacio Elías como uno de sus accionistas, aunque con otro socio. En esta compañía apareció Antonio Domingo Diez. 

En los documentos que integran Pandora Papers, sin embargo, poco más sale sobre Transporte y Logística Overseas. Sólo que, cinco años después de su creación, en 2018, se anularon los certificados de acciones originales a favor de Elías y Diez y se reemplazaron por otros dos de US$5.000 cada uno. 

En la Argentina, mientras tanto, la sociedad original llamada Transporte y Logística SA es propiedad de Elías y Gustavo Damiani –también su socio en Ivetra SA-. Llermanos también fue apoderado de esta compañía.

Consultado por el equipo local de ICIJ, Llermanos marcó un límite temporal: “Fui accionista de Ivetra SA con una participación menor hasta fines de 2011, aunque luego continué unos meses como abogado. A mediados de 2012, nos contactó Samuel Liberman, un empresario argentino que quería que Ivetra hiciera en Panamá lo mismo que hacía en Buenos Aires tras leer artículos elogiosos sobre nuestra labor en el suplemento de ‘Comercio Exterior’ de La Nación, que exponían la eficiencia de Ivetra para controlar la calidad de los contenedores y reducir así los riesgos en los traslados”.

“En el caso de Transporte y Logística, la empresa había desarrollado en la Argentina un sistema de capacitación para choferes de camiones con simuladores que permitían reducir los accidentes de trabajo y viales. Querían desarrollar lo mismo en Panamá y países aledaños –abundó Llermanos- Por ese motivo, se desarrollaron ambas sociedades, pero nunca llegaron a operar, ni a abrir cuentas bancarias. No llegaron a cerrarse los acuerdos en Panamá, pero desconozco por qué. Para entonces ya me había retirado como abogado”.

Un casi vice de Manzur

En el entramado offshore de los Elías aparece otro empresario contratista del Estado, Diego Zuckerberg, quien tomó notoriedad en las últimas semanas cuando el jefe de Gabinete, Juan Manzur, intentó ubicarlo como vicejefe de Gabinete tras su desembarco en la Casa Rosada, como publicó La Nación.

Durante 2013, el mismo año en que se constituyeron los clones de Ivetra y Transporte y Logística en Panamá, también se constituyó otra firma en el mismo país llamada Ballfields Overseas SA. Juan Ignacio Elías figuró como el destinatario de las facturas que emitió Alcogal para cobrar sus servicios de mantenimiento de la Ballfields Overseas SA. 

En los registros de Pandora Papers figura que las autoridades de Ballfields Overseas SA otorgaron un poder general a favor de Diego Sebastián Zuckerberg, el empresario que Juan Manzur quería como su vicejefe de Gabinete. 

“Fue hace mucho tiempo, no se hizo nada”, contestó Zuckerberg a principios de octubre cuando La Nación le preguntó por sus sociedades offshore. No contestó si las había declarado.

El vínculo entre los Elías y Zuckerberg se repite en Argentina. Zuckerbergy Juan Ignacio Elías integraron el directorio de LimaVictor SA, una empresa que administra vuelos privados, junto al empresario Cristiano Rattazzi. Zuckerberg también compartió el directorio de otra compañía  con el abuelo de Juan Ignacio –y padre de Gustavo-, Alfredo Anselmo Elías. Se trata de la firma Tech Track SA.

El empresario allegado al jefe de Gabinete de Alberto Fernández presidió Dienst Consulting, una empresa de tecnología en salud. Lleva años al frente de su propia operatoria offshore. Figura como beneficiario de Enlighted Beach Investments, creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008.  

Lo mismo sucede con los Elías. Gustavo Elías apareció en Panama Papers, la investigación global que ICIJ difundió en 2016. Figuró con la sociedad Laytrak SA, constituida en 2010, en las Islas Vírgenes Británicas. Y allí también apareció como director de Tranway Finance Ltd, creada en 2001. Su hijo Juan Ignacio Elías también apareció como uno de los apoderados de la firma panameña Orkin Management Corporation, establecida en julio de 2008, con un capital de US$10.000 y mandato hasta 2011.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

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Miembros de nueve de las diez familias más ricas de Argentina participaron en sociedades offshore para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Reino Unido, administrar herencias, invertir en negocios energéticos, integrar empresas extranjeras o comprar un avión, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino de Pandora Papers, que integra elDiarioAR. 

Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los diez más ricos de Argentina, según publicó la Revista Forbes en 2020. Todos recurrieron a compañías, fundaciones y fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda. El equipo argentino consultó a los involucrados durante las últimas cuatro semanas y les solicitó documentación sobre sus estructuras radicadas en paraísos fiscales.

Algunos aseguran que declararon sus activos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore ante las autoridades. De las nueve familias consultadas, sólo Hugo Sigman y Silvia Gold, los sextos más ricos según el ranking de Forbes de 2020, accedieron a mostrar las declaraciones juradas ante la AFIP y el fisco español para confirmar que sus estructuras están declaradas ante los organismos.

Algunos de los consultados, además, respondieron que decidieron radicar sus sociedades en paraísos fiscales por recomendación de sus asesores financieros y de los grandes bancos globales con los que operan.

Bulgheroni

Alejandro Bulgheroni y su familia encabezan el ranking de los más ricos de Argentina en 2020, según Forbes, con una fortuna de US$5.400 millones. Junto a su hermano Carlos, fallecido en 2016, lideraron la empresa Pan American Energy (PAE), la principal compañía privada de petróleo y gas del país.

Ambos hermanos figuran como beneficiarios finales de Starcross Assets Limited, una firma de Islas Vírgenes Británicas, según un formulario de la firma Trident Trust Company, que actuó como agente registrado en el archipiélago del mar Caribe.

“Starcross Assets Limited era una compañía incorporada y administrada por JP Morgan Chase”, respondieron desde PAE ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. De hecho, según el formulario que surge de Pandora Papers, la firma operó con JP Morgan Trust Company de Bahamas.

La offshore se creó en 2008 y sus accionistas son otras dos compañías offshore creadas en Bahamas, que, según explicaron en PAE ante la consulta, son “compañías del JP Morgan”. “Posteriormente al fallecimiento de Carlos Bulgheroni, en septiembre de 2016, JP Morgan disolvió Starcross Assets Limited”, agregaron en la petrolera. La firma fue dada de baja en 2017.

Para esa misma época es que los Bulgheroni aparecen mencionados en el formulario como los verdaderos dueños de la compañía de Islas Vírgenes Británicas en un formulario datado en junio de 2017.  

A pesar de que ambos hermanos figuran en el documento como los dueños de la compañía, en PAE afirmaron que “Starcross Assets Limited actuó como fideicomiso en beneficio de Carlos Bulgheroni”, quien, según PAE, buscaba obtener un crédito de US$10 millones para invertir en negocios en Europa.

“El mencionado crédito sólo se efectivizaría en la medida que fuera necesario, conforme al devenir de los nuevos desarrollos de negocio vinculados al trading de gas natural y la construcción de infraestructura en Europa. JP Morgan Chase participó en el financiamiento de los citados emprendimientos”.

De acuerdo con el formulario de Pandora Papers, los fondos de la compañía offshore provenían de “combustibles y gas natural”. Los activos fueron valuados en U$12,6 millones, pero PAE dice que la firma no tuvo cuentas bancarias.

“El crédito nunca se efectivizó y consecuentemente Carlos Bulgheroni nunca recibió nada del fideicomiso”, agregó la compañía. “Alejandro Bulgheroni y Pan American Energy no tienen vinculación alguna con la consulta realizada”, concluyeron.

En el formulario, Alejandro y Carlos Bulgheroni figuran con domicilios en Buenos Aires. Ante la consulta sobre si Alejandro y Carlos Bulgheroni declararon ser los beneficiarios finales de Starcross, PAE respondió: “Carlos Bulgheroni se había radicado en Italia a principios de los 2000 y fue allí donde realizó los emprendimientos de negocio mencionados. Argentina no tiene vinculación alguna con Starcross Assets Limited ni tampoco con el desarrollo de los mencionados proyectos en Europa”.

Galperin

En 2020, el fundador de Mercado Libre era el empresario más rico de Argentina en patrimonio individual: US$4.200 millones. También es el más joven de la lista de Forbes. Marcos Galperin fue designado en 2010 director de Mail.ru Group Limited, una sociedad creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos que surgen de las bases del proveedor offshore Trident Trust Company.

Mail.ru Group, es una empresa rusa de Internet. Se inició en la década de 1990 como un servicio de correo electrónico y a partir de 2013, según comScore, los sitios web propiedad de Mail.ru colectivamente tenían la audiencia más grande en Rusia.

En la lista de directores de Mail.ru Group Limited, Galperin comparte directorio con diez personas radicadas en distintos países, entre ellos Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Hong Kong y Corea del Sur. Galperin renunció como director de la sociedad el 24 de octubre de 2013.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Galperin respondió a través de voceros de Mercado Libre que nunca fue accionista de Mail.ru y que sólo ofició de “director independiente”, es decir, como ejecutivo. “Tuvo interés en conocer más sobre una empresa de tecnología líder en Rusia, un mercado emergente importante donde Mercado Libre no tiene ninguna participación ni presencia. También conocía a los fundadores a través de un accionista común, Tiger Global”, respondieron en Mercado Libre.

Sobre la compensación que recibió por oficiar de director independiente entre el 5 de noviembre de 2010 y el 25 de octubre de 2013, respondieron que “Marcos Galperin declara sus ingresos” y que “durante el período que se desempeñó como director independiente en Mail.ru Galperin, no residía en Argentina”.

El empresario se radicó en Uruguay entre 2002 y 2016, volvió a fijar domicilio fiscal en Argentina tras la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia y regresó a Uruguay a principios de 2020.

Rocca

La familia dueña de la multinacional ítalo-argentina Techint, cuyo fuerte es el mercado global de caños de acero para la industria petrolera y gasífera, es la tercera fortuna más grande de Argentina, con US$3.400 millones. Los negocios que lidera Paolo Rocca incluyen a Ternium y Tenaris; Tecpetrol y Tenova (energía); Techint Ingeniería & Construcción; y Humanitas (servicios de salud). A partir de 2020, Forbes sólo tuvo en cuenta parte del patrimonio de los herederos de Techint, aunque no informó las razones.

En Pandora Papers, Elena Francisca Bonatti Rocca, integrante de la gran familia de Techint, figura como principal beneficiaria de un fideicomiso creado en Nueva Zelanda, Margot Trust, según los documentos del proveedor Asiaciti Trust. La estructura se armó en marzo de 2013 para adquirir a su nombre un departamento ubicado en la calle Onslow Square, en Londres, valuado, según uno de los documentos, en 2.950.000 de libras esterlinas (otro documento eleva el valor de la propiedad a casi 4 millones de libras).

El origen de los fondos que se utilizaron para adquirir el departamento en Londres es la participación de Elena en el imperio de su familia: Techint. La mujer es hija de Roberto Bonatti, también director de Tenaris, principal compañía de la multinacional.

El protector del fideicomiso es el abogado de Techint Fernando Mantilla. En caso de fallecimiento de Elena, los beneficiarios de Margot Trust pasarían a ser otros dos miembros de la familia; y en caso de sus fallecimientos, dos fundaciones de la familia Rocca: Fondazione Hercanos Agustín y Enrique Rocca; y Fundación Hospitalaria.

En agosto de 2013, Elena y Mantilla instruyeron que se abra una cuenta bancaria en el BSI (Banca della Svizzera Italiana), en Ginebra, Suiza, a nombre del fideicomiso.

La estructura del fideicomiso offshore es compleja. El administrador del fideicomiso es la compañía Auckland Sourcing Trust Limited, de Nueva Zelanda. El fideicomitente es BSI Trust Corp Limited, una compañía del banco suizo en la isla de Malta. A su vez, esta compañía de Malta es la propietaria/fideicomisaria de otra estructura: Agomar Settlement, cuya beneficiaria principal también es Elena Bonatti y el abogado Mantilla, su protector.

El 30 de junio de 2017, los administradores del fideicomiso deciden alquilar la propiedad en Londres. También aplicaron ante las autoridades del Reino Unido para poder recibir renta por la propiedad y no pagar impuestos en ese país, según el formulario que surge de Pandora Papers.

Techint rechazó responder las consultas del equipo argentino de ICIJ sobre el fideicomiso de Bonatti, si el departamento en Londres había sido declarado ante la AFIP y si Bonatti había o no ingresado al blanqueo de capitales de 2016, como publicaron algunos medios. En cambio, se limitaron a afirmar que Elena Bonatti era residente italiana -aunque en los documentos figura con un domicilio sobre avenida Las Heras- y que falleció en febrero de 2021, “después de una larga lucha contra el cáncer”.

Techint sostuvo que “motivada por esta lucha contra la enfermedad, a fines de 2019 Elena Bonatti donó a la provincia de Corrientes el Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, con una inversión de US$15 millones”. El centro médico se radicó en Curuzú Cuatiá “con profesionales médicos capacitados en Europa y tecnología de última generación para pacientes con y sin cobertura médica”.

La obra, afirmaron en Techint, tiene 2.150 metros cuadrados y “emplea 30 colaboradores entre profesionales médicos, técnicos en diagnóstico por imágenes, psicólogos, asistentes sociales, además de enfermeros y personal administrativa”, “con equipamiento médico de última generación, también donación de la señora Elena Bonatti”.

Pérez Companc

La cuarta familia más rica de Argentina, con un patrimonio de US$2.700 millones, también aparece en los documentos de Pandora Papers. Los siete hijos de Jorge Gregorio “Goyo” Pérez Companc, dueños de Molinos Río de la Plata, controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por U$28 millones. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad: Leariver Finance Limited.

Los fondos, según registraron los dueños de la compañía de alimentos, provienen de Santa Margarita LLC, la offshore dueña de las acciones de Molinos y el resto del grupo de Pérez Companc, según un formulario del proveedor de servicio offshore Trident.

Voceros de la familia respondieron al equipo argentino de ICIJ que las inversiones se canalizaron a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas por “recomendaciones de los asesores en los Estados Unidos para una inversión inmobiliaria en dicho país” y aseguraron que todos los hermanos declararon ante la AFIP “su tenencia indirecta en la sociedad Leariver Finance Limited”, desde su constitución en 2014.

Un segundo formulario de Trident aportó información más completa, incluso con anotaciones a mano. Allí se señaló que la compañía sería un “vehículo de inversiones” y un “portfolio de acciones” en otras dos sociedades, “SM La Playa Holding #1 Inc” y “SM La Playa Holding #2 Inc”, que han invertido en Miami en condominios en Sunny Isles.

“Las 3 sociedades sólo tienen cuentas bancarias y se utilizaron para invertir en la sociedad La Playa Beach Associates”, dueña del terreno en Miami donde se construyeron los condominios. Actualmente, tanto Leariver Finance Limited como SM La Plata Holding #1 y #2 continúan activas.

Gregorio Pérez Companc anunció en 2009 en la Bolsa de Buenos Aires que había cedido gran parte de su patrimonio en vida y de manera directa a sus siete hijos. Para completar la transferencia, la familia creó la sociedad Santa Margarita LLC, con sede en Delaware, un territorio considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Esa estructura estuvo bajo la lupa de la AFIP durante siete años porque les habría permitido a los Pérez Companc no tributar impuesto a las ganancias por sus inversiones en el extranjero, como reveló elDiarioAR en diciembre de 2020.

Roemmers

Con un patrimonio de US$2.400 millones, Alberto Roemmers ocupa el quinto lugar del ranking de los más ricos de Argentina, según Forbes. La familia del empresario tiene el 44% del laboratorio Gador y es propietaria de Investi Farma y Rofina, una de las mayores distribuidoras del mercado farmacéutico.

Uno de sus tres hijos, el empresario y escritor Alejandro Roemmers, adquirió un avión Gulfstream G-550 en abril de 2017 por US$15 millones a través de una ingeniería offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de Pandora Papers. Alejandro cobró notoriedad en febrero 2018, cuando festejó sus 60 años con una fiesta de tres días para 600 invitados en Marruecos, que incluyó un concierto privado del cantante Ricky Martin. 

Meses antes de la megafiesta, el empresario creó el 3 de abril de 2017 la compañía Air 31 Holding Corp, en Islas Vírgenes Británicas, que lo tuvo como único accionista. Los formularios de Trident Trust Company, el proveedor de servicios offshore, detallaron que el objetivo de la compañía era controlar a otra firma offshore de Delaware, Air 31, que sería, a su vez, la controlante directa del avión.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, representantes de los Roemmers afirmaron “Alejandro Guillermo Roemmers no es residente fiscal en Argentina desde 2016. Es residente panameño” por lo que no debió informar la adquisición del avión a la AFIP.

Su hermano Alfredo Pablo Roemmers también aparece en los documentos de la nueva filtración. Fue accionista, beneficiario final y director de Black Stone Group Ltd., una sociedad de Belice inscripta en septiembre de 2015. El propósito de la compañía era “llevar a cabo el negocio de una sociedad de inversión”, según el acta de inscripción.

Voceros de la familia respondieron que la firma de Belice fue creada a los efectos de optimizar las inversiones financieras y que fue declarada por el empresario ante la AFIP. “Sus activos y ganancias tributaron los impuestos correspondientes (ganancias, bienes personales y aporte solidario), oportunamente”, aclararon. ¿Por qué eligió un compañía de Belice? “Esta estructura es aconsejada por los bancos para administrar más eficientemente las inversiones en distintas plazas financieras”, explicaron.

Sigman y Gold

El matrimonio era en 2020 dueña de la sexta fortuna más importante del país, con US$2.000 millones. Ese año, cedieron en vida sus acciones en el Grupo Insud a sus hijos, según informaron ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. La multinacional tiene acciones en las farmacéuticas Elea-Phoenix, Biogénesis Bagó, mAbxience, principales activos del grupo. También invierten en cine con K&S; libros (Capital Intelectual y Siglo XXI); y revistas (El Diplo). Sus operaciones centrales están en Argentina y España.

A través del laboratorio mAbxience, fabrican el principio activo de la vacuna AstraZeneza contra el Covid-19, que se envasa en México. Además, Biogénesis Bagó está en negociaciones con China para producir la vacuna Sinopharm en el país.

Sigman eligió Panamá para gestionar el portfolio de inversiones de su holding farmacéutico, el Grupo Insud GmbH, según los documentos que surge de Pandora Papers. La compañía manejó al menos US$120 millones de su nave insignia durante tres años, explicó un vocero ante la consulta.

Además, el matrimonio formó una fundación offshore para planificar la herencia de su imperio farmacéutico, una operación que luego canceló. A través de la fundación, el matrimonio cobró dividendos por más de 75 millones de euros en 2015.

Ambas estructuras fueron declaradas por el matrimonio ante la AFIP y el fisco español, lo que avalaron con documentación fiscal ante el pedido del equipo argentino de ICIJ. La historia completa fue publicada el 7 de octubre último.

Werthein

En Pandora Papers hay cuatro sociedades ligadas a distintos integrantes de la familia Werthein, la séptima fortuna argentina, con US$1.900 millones. Participan en el mercado de seguros (fueron dueños de La Caja), inversiones agropecuarias y la marca Cachamai. Vendieron sus activos en Telecom y Standard Bank a ICBC, según publicó Forbes. En julio último, el grupo alcanzó un acuerdo con AT&T para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., dueña de DirecTV, SKY Brasil y DirecTV Go.

En Pandora Papers, Darío Werthein, quien estuvo involucrado activamente en la adquisición de Vrio Corp., figura como miembro del directorio de Ducal Investments Limited. La sociedad se creó en Islas Vírgenes Británicas el 12 de mayo de 1998 y fue gestionada por el estudio panameño Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Al menos hasta enero de 2011, Darío Werthein recibía las facturas del estudio panameño que gestionaba los trámites de la sociedad, Alcogal.

La compañía tuvo distintos cambios de directorio entre 1998 y 2005 y allí asumieron, alternadamente, Dario Werthein; su esposa, Jacqueline Parisier de Werthein; y Marcelo Wegbrait (ejecutivo del Grupo W).

Carnold Overseas Limited fue creada en Islas Vírgenes Británicas, en abril de 1998. La firma Whitepine SA fue su accionista. Asumieron como directores en distintos momentos, entre 1998 y 2013, Leo Werthein, Darío Werthein, Cynthia Werthein, Alberto Martín Iribarne y Norma Gold de Werthein. Un documento de diciembre de 2010 señala que el beneficiario es Darío Werthein; que el origen de los fondos es “la herencia de su padre Leo Werthein”; y que el propósito de la compañía es hacer “inversiones financieras”. 

Hinslet Overseas Ltd. fue creada en noviembre de 1997, también en archipiélago de bandera británica. De acuerdo con un borrador elaborado por los asesores de la sociedad, Norma Gold Werthein, madre de los empresarios, es la beneficiaria final y el origen de los fondos de la compañía es una “herencia”. La firma tuvo como objetivo hacer “inversiones financieras”. Como apoderados de hecho figuran los hijos de Norma, Darío, Judith y Cynthia Werthein.

La cuarta offshore vinculada a la familia es Chai 18 Limited, creada en Islas Vírgenes Británicas. Isaías Werthein (padre de los empresarios) es su beneficiario final. El propósito de la compañía es “inversiones inmobiliarias” y controla un inmueble en Fisher Island, “el barrio más rico de Estados Unidos”, según un artículo de El País.

Fuentes allegadas al Grupo Werthein se limitaron a señalan que las firmas Ducal Investments Limited y Carnold Overseas Limited “fueron creadas para oportunidades de negocios en el exterior que finalmente no se concretaron” y que “ninguna tuvo ningún movimiento”. Sobre la sociedad Hinslet Overseas Ltd. afirmaron que “fue creada para una cuestión sucesoria de Norma Gold Werthein con sus hijos, que ella es la beneficiaria y sus hijos, únicamente apoderados”. Respecto a Chai 18 Limited, fue creada por Isaías Werthein (padre de los empresarios), quien ha fallecido y que la familia “desconoce qué destino tuvo”.

Eurnekian

En 2020, Eduardo Eurnekian ocupó el novelo puesto del ranking de Forbes, con una fortuna de US$1.100 millones. El holding se extendió por distintos rubros, como medios de comunicación, gas y petróleo, construcción, financiero y real estate, pero su principal compañía es Corporación América, que opera 52 aeropuertos en siete países.

En los Pandora Papers figura uno de sus herederos y colaboradores en el holding, su sobrino Martin Francisco Eurnekian Bonnarens, director de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Según los documentos, el empresario figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, una firma creada en mayo de 2005 en Panamá, “dedicada a la inversión financiera y el real estate”.

Los directores de la offshore son ejecutivos de Corporación América y su accionista controlante es otra sociedad, Southern Cone Foundation (de Liechtenstein). Esta sociedad radicada en Europa, en un territorio considerado paraíso fiscal, es a su vez la controlante última de CGC, la compañía de petróleo y gas de Eurnekian.

“Mayville Capital Corporation fue constituida por Martin Eurnekian en 2005, período durante el cual no era residente fiscal en Argentina”, se limitaron a informar voceros de Corporación América ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Martin Eurnekian también figura como uno de los accionistas de otra firma, Viskert Enterprises, una compañía de Islas Vírgenes Británicas administrada por el estudio panameño Alcogal. Esta compañía fue creada el 12 de julio de 2012. El apoderado de esa firma es Carlos Lecueder, empresario y contador público uruguayo, quien dirige un estudio que presta servicios a argentinos, según surge de Pandora Papers.

Lecueder impulsó la construcción de las torres del World Trade Center (WTC) en Montevideo, emplazada en el Complejo del Buceo. Corporación América había presentado proyectos para ampliar y modernizar el Puerto del Buceo. La compañía opera el aeropuerto de Carrasco.

“Fue una sociedad holding, accionista de un centro comercial en Uruguay. La participación de Martin Eurnekian en dicha sociedad fue minoritaria y a título personal. La misma fue adecuadamente informada a las autoridades impositivas correspondientes. Se desconoce cualquier vínculo con el complejo del Buceo en Montevideo”, respondieron voceros de Corporación América ante la consulta.

Sobre si el director ejecutivo de Corporación América había declarado ante la AFIP ambas sociedades, voceros de la compañía respondieron que “Martin Eurnekian reside en Uruguay desde 2004”, por lo que “no es residente fiscal argentino” desde ese año. El empresario regresó temporalmente al país sólo en 2018 y 2019 “por cuestiones personales”, período en el que “declaró sus activos e ingresos ante la AFIP de conformidad con la normativa impositiva”.

Viskert Enterprises tuvo a Eurnekian entre otros 16 accionistas, todos con domicilio en Uruguay. La sociedad se disolvió el 28 de marzo de 2018, pero Corporación América sostuvo que para ese año, el empresario ya no era accionista de la sociedad.

De Narváez

El empresario Francisco De Narváez y su familia tenían una fortuna valuada en 2020 en US$920 millones, ocupando el puesto número diez del ranking de los más ricos. Conformaron un conglomerado de al menos cinco fideicomisos, creados en diciembre de 2004, y por los que el empresario y su familia tuvo denuncias de la AFIP por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2006, pero la Justicia falló a favor de los particulares en al menos tres casos entre 2015 y 2016, según los fallos aportados por los De Narváez.

La familia es heredera de la cadena de tiendas Casa Tía, que a fines de los 90 se vendió por US$630 millones, según informó su abogado. En 2020, Francisco De Narváez adquirió los supermercados Waltmart. El empresario había incursionado en política durante el kirchnerismo, espacio al que se opuso. Llegó a ganarle una elección legislativa a Néstor Kirchner y fue electo diputado. Recientemente, se acercó al presidente Alberto Fernández con quien tuvo una reunión en Casa Rosada. 

Los trusts (fideicomisos, en inglés) llevan los nombres Galeodea, Cingula, Marquise, Sunrise y Flint, según los documentos de Pandora Papers y hay decenas de resoluciones donde se autorizan distintos movimientos de dinero (que oscilan entre los US$200.000 y los US$10 millones). Los beneficiarios son Francisco De Narváez, Luis Carlos de Narváez Steuer y otros ocho familiares.

A través de estas estructuras movilizaron fondos millonarios a favor de sus beneficiarios. Los documentos surgen de los proveedores Treuco Trust Company (de Nueva Zelanda) y CitiTrust o Asiaciti como agentes registrados. Eran gestionados desde Suiza, donde también se registraron cuentas bancarias. En los Pandora Papers, además, figura una sociedad llamada Flint Investments Pte. Ltd., radicada en Singapur.

“Todos esos trust están debidamente declarados y vienen de una tradición familiar que viene de la época de mis abuelos. Sus beneficiarios son mis hijos y los hijos de mis hijos”, respondió Francisco De Narváez ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Los fideicomisos, agregó el empresario, “obedecen a la administración de la fortuna familiar”.

Todos los fideicomisos fueron constituidos en 2004 y con bienes de Doris Steuer, madre de Francisco, Carlos, María y Juanita De Narváez, informó el abogado de Francisco De Narváez. Ese año, la hija del fundador de Casa Tía había fallecido. 

Los beneficiarios de cuatro de estos fideicomisos, los hijos y descendientes de Doris, fueron recibiendo dinero de los fideicomisos a partir de esa fecha, agregó el abogado. “Las percepciones de dinero fueron declaradas ante la autoridad fiscal argentina por parte de los beneficiarios”, aseguró. “Al recibir estos fondos, sus beneficiarios fueron cuestionados por la AFIP”, ya que la familia De Narváez entendía que no estaban alcanzados por impuestos, lo que originó reclamos y procesos tanto administrativos como penales.

El abogado aclaró que los procesos judiciales y fiscales fueron concluidos, sin sanciones de ningún tipo para la familia y adjuntó copia de las resoluciones judiciales a favor de los De Narváez.

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ED

Manuel Vázquez, ex asesor del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos, fue beneficiario final de una offshore con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la offshore Walsh Partners Corp., radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte. Pandora Papers revela ahora los documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a varias compañías multinacionales y brasileñas.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Actualmente, Vázquez padre se encuentra con prisión domiciliaria y está siendo juzgado junto a Jaime -preso en la cárcel de Ezeiza- por la compra de material rodante inservible para el ferrocarril Belgrano Cargas entre 2005 y 2012. Tanto Manuel como su hijo Julián también son juzgados por el mismo tribunal oral y público como presuntos prestanombres de Jaime en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, una acusación que niegan. 

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Ricardo Jaime aún era secretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ya era un funcionario cuestionado.

Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Tras recibir el correo de Julián Vázquez, una administradora del área Corporativa de Trident derivó el elocuente mail a otros miembros de la firma para pedir instrucciones y recibió la siguiente respuesta: “Por favor, ¿podrías confirmarle que su correo electrónico ha sido recibido y le daremos asesoramiento?”.

Al día siguiente, la ejecutiva de Trident cumplió y respondió a Julián Vázquez: “Estamos revisando los documentos de la compañía y le estaremos mandando un email con las instrucciones que hay que seguir para realizar los cambios requeridos”.

En el formulario en el que fueron registrados como beneficiarios finales de Walsh Partners Corp, los Vázquez y Marta Margarita Domínguez fijaron domicilio en una dirección de la calle Arroyo, en General Pueyrredón, Acassuso, Buenos Aires. El trámite les costó US$1.700.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

Los documentos bancarios dejan claro que los verdaderos dueños de la sociedad Walsh Partners son los Vázquez. En el formulario que surge de los documentos obtenidos por ICIJ, aparece el nombre de Enrique Fahrion certificando de puño y letra las copias de los pasaportes de los tres dueños de la compañía.

No hay más rastros de esta compañía ni de la cuenta bancaria suiza en Pandora Papers. Pero siete meses después de solicitar la activación de la sociedad, el 10 de agosto de 2009, los Vázquez habían abandonado la offshore. Ricardo Jaime había renunciado cinco semanas antes al gobierno de Fernández de Kirchner. En otro correo de ese día, la ejecutivo Patrizia Zuppinger instruyó a una colega que debía proceder con la liquidación de la sociedad en cuestión y le ordenó cortar vínculo con esa compañía: “No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia”. 

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

De Islas Vírgenes a La Plata

Walsh Partners tuvo una hermana en la ciudad de las diagonales. Julián Vázquez y su hermano Mariano, también investigado por la Justicia como supuesto colaborador de su padre, fundaron el 18 de mayo de 2009 Walsh Partners Holdings SA, una compañía creada para el “comercio aéreo en general y transporte terrestre”; “fabricación y comercialización de aeronaves, motores y/o repuestos de los mismos”; “servicios y operaciones inmobiliarias”; y “explotación de medios de radiodifusión”; además de “financiera”. Y prepararon el terreno para un fideicomiso: “La sociedad podrá ser fiduciante, fiduciaria o beneficiaria”.

“La sociedad radicada en la ciudad de La Plata jamás tuvo actividad, ni cuenta bancaria, ni adquisición de activos de ningún tipo. Se conformó, pero nunca se utilizó y tampoco se reempadronó”, respondió su abogado. “La utilización del mismo nombre fue una sugerencia de la misma entidad financiera y jamás existieron operaciones entre ambas sociedades”, agregó.

Mónaco

La sociedad Cantbury Overseas SA se creó el 2 de junio de 2010 y se inscribió al día siguiente en el registro mercantil de Panamá, según consta en los documentos públicos de ese país, consultados por el equipo argentino de ICIJ. 

En los registros abiertos no hay rastros de los Vázquez, pero en la documentación privada que revela Pandora Papers existe un poder otorgado por la compañía offshore a Julián y Mariano Vázquez (hijos de Manuel) y su madre, Marta Margarita Domínguez. Los tres, al igual que su padre, son investigados en la Justicia por el caso soterramiento (Odebrecht).

El 21 de julio de 2010, el estudio panameño Alcogal, gestionó un poder para que la familia Vázquez pueda abrir, mantener y operar una cuenta bancaria en el CDM Mónaco, una entidad bancaria dedicada a clientes extranjeros en el principado europeo. También intervino, como corresponsal, el estudio David Mulchi & Asociados, con sede en Madrid, y dedicado a la asesoría y consultoría jurídico-tributaria, económica y comercial.

Ante la consulta, los Vázquez se limitaron a responder que Cantbury Overseas SA “no tuvo ningún movimiento de fondos, ni adquisición de activos, ni operatividad”.

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Arrepentido de arrepentirse

En febrero de 2019, Manuel Vázquez había declarado como arrepentido en la causa por supuestos sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, publicó Perfil. Dijo entonces ante el fiscal Franco Picardi que el empresario Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, habría sido el encargado de negociar los supuestos pagos ilegales con el entonces secretario de Transporte por la obra que lideró la constructora brasileña Odebrecht, socia de Calcaterra. El empresario negó la acusación ante la Justicia. 

Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos.

Alcogal.

Vázquez dijo entonces al fiscal Picardi que los empresarios habrían pagado US$20 millones en sobornos por la obra del Sarmiento. Sin embargo, tres meses más tarde Vázquez padre se desdijo de sus propias palabras ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

¿Qué pasó entre febrero y mayo de 2019? En abril, Martínez de Giorgi procesó a Vázquez por presuntas dádivas en el caso Odebrecht pero sobreseyó a los miembros de su familia: sus dos hijos y su esposa, quienes formaban parte de una consultora “ficticia”, denominada Caesa, que según la Justicia fue utilizada para blanquear coimas. Los tres se declaran inocentes. 

Todos los clientes de la consultora de Vázquez eran contratistas del Estado en el área de Jaime, mientras Vázquez era su asesor. Por eso, el fiscal sostiene que la consultora podría haber sido una pantalla para las coimas destinadas al entonces funcionario.

Vázquez dijo ante la Justicia que su esposa e hijos no tenían nada que ver con la empresa. El fiscal estableció que sí y pidió que se los procese como cómplices. 

Antes de que el abogado Gramajo asuma la defensa, Vázquez se encontraba asesorado por otra abogada, quien asistió al ex asesor de Jaime durante su declaración como colaborador en la causa del Sarmiento. Según su abogado actual, esa abogada “representaba intereses contrapuestos en la misma investigación, defendiendo al señor Soba Roja” (otro imputado, actualmente fallecido). “Por ese motivo, interpuse una nulidad (de la declaración ante el fiscal). La Cámara Federal hizo lugar y ordenó recibirle declaración indagatoria nuevamente al señor Vázquez”, dijo su actual defensor, Gramajo.

Entre diciembre de 2005 y, al menos, enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, según consta en el expediente del soterramiento. Iecsa estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra. Le pago unos $600 mil a la consultora de Vázquez mientras que la española Comsa, otra socia de Iecsa y Odebrecht en la obra del soterramiento, también le facturó a la empresa “ficticia” de Vázquez $263.097. Las empresas sostienen que pagaron por servicios de consultoría.

La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer.

Andrés Gramajo. — Abogado de los Vázquez.

El 4 de octubre de 2007, Vázquez recibió un correo del encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, quien le confirmó una transferencia de US$100.000. Se envió bajo el rótulo “adquisição de propiedades” desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, utilizada para el pago de coimas de la empresa brasileña, según la investigación del Lava Jato.

Cerca de un veredicto

Jaime y Vázquez enfrentan actualmente un juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal número 6. El proceso ingresó en los últimos días en la etapa de alegatos y se espera un veredicto cerca de fin de año. En 2015, ambos firmaron un juicio abreviado en los tribunales, en el que admitieron haber recibido dádivas de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que, casualmente, explotaba el servicio del Sarmiento, como publicó Infobae.

El juicio actual se centra en otras dos causas judiciales contra Jaime y Vázquez: el presunto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte -en el que su exasesor está acusado de supuesto testaferro-; y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, transacción en la que intervino el español Vázquez y que el juez de instrucción, Julián Ercolini, consideró una estafa al Estado argentino.

Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto,

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Entre los bienes adjudicados por la Justicia a Jaime que vinculan a los Vázquez hay un avión Learjet de alrededor de US$4 millones, adquirido en 2008 con un “préstamo” de otra sociedad offshore (Elkrest) de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el expediente judicial. 

“La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer”, dijo el abogado de Vázquez. Cupeiro, un célebre automovilista de carretera que fue socio de Zulemita Menem en la concesionaria Toyota de Nuñez, falleció en febrero último. Su familia no respondió las consultas del equipo de ICIJ en las últimas semanas.

“La adquisición de la aeronave constituía un negocio en sí mismo, puesto que a través de su explotación comercial, la inversión se vería recuperada en un mediano plazo. Fue ese el motivo por el cual Manuel Vázquez decidió, con fondos propios, ingresar en este negocio y solicitó la colaboración de su hijo Julián para cuestiones administrativas”, agregó el letrado, quien sostuvo que la compra del avión fue una inversión entre empresarios.

“Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto, en razón de la disputa suscitada entre distintas empresas para su explotación, una de ellas, MacAir Jet. Finalmente, fue la empresa Aerorutas quien se hizo cargo de la explotación de la aeronave”, concluyó el abogado.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Al menos seis empresarios investigados en el caso de los cuadernos de la corrupción acudieron a estructuras offshore para resguardar sus fortunas, organizar sus herencias o realizar otros negocios, según surge de Pandora Papers. Enrique Pescarmona, Claudio Glazman, Osvaldo de Sousa, Jorge Balán y Aldo Roggio están procesados en el expediente y camino a juicio oral y público. Además, enfrentan, entre los cuatro, embargos millonarios de la Justicia sobre sus patrimonios. Todos recorrieron a estudios jurídicos o contables que operan en paraísos fiscales para abrir cuentas bancarias o gestionar parte de su patrimonio, según surge de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

El empresario del transporte Mario Cirigliano, cabeza de la compañía de colectivos de pasajeros Grupo Plaza, también acudió al mundo offshore. Fue procesado por el juez Claudio Bonadio en dos causas: la tragedia de Once y cuadernos. En el juicio por el hecho que le costó la vida a 51 personas y una por nacer en el ferrocarril Sarmiento, fue absuelto. En cuadernos, fue finalmente sobreseído. Su hermano y socio, Claudio, sí fue condenado por la tragedia de Once.

Pescarmona

Enrique Pescarmona, a cargo durante años de la conducción de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa), debe enfrentar un juicio por cohecho activo y pago de dádivas. En abril de 2018, había dado un paso al costado en su empresa tras varios años de default, pero cuatro meses después debió declarar ante la Justicia por el caso cuadernos y se convirtió en uno de los empresarios arrepentidos del caso. Pescarmona declaró que su empresa entregó pagos ilegales por US$2,98 millones al Ministerio de Planificación, luego de haber sido marginado de licitaciones y de que el kirchnerismo obstaculizara sus negocios en Venezuela.

Entre 2008 y 2013, Pescarmona dijo haber pagado sucesivas coimas en el hotel Feir's Park y en un inmueble de la calle Libertad al 1500. El exministro Julio De Vido y el principal funcionario acusado de solicitar y recibir las supuestas coimas, Roberto Baratta, niegan los dichos de los empresarios.

El empresario figura en Pandora Papers junto a sus hermanas en un complejo y extenso entramado de sociedades offshore. Los Pescarmona controlan las firmas Insider Holdings Ltd., creado por el estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) en Islas Vírgenes Británicas. Según los formularios de ese bufete, la compañía canalizó “honorarios como directores de sociedades anónimas y renta de inmuebles” de sus beneficiarios finales. En marzo de 2018, en la época en la que el empresario se corrió de la conducción de Impsa, sus 25.000 acciones en Insider Holdings Ltd se redistribuyeron entre él y sus tres hijos.

Las sociedades obedecen sustancialmente a razones operativas ligadas a la actividad comercial internacional.

Familia Pescarmona.

El entramado offshore de Pescarmona se extiende a través de firmas panameñas y de Islas Vírgenes, abiertas entre 2007 y 2016, y que se controlan unas con otras. Entre ellas, figuran en los documentos Avondale Busines SA, Servicios Integrales Internacionales SA, -con cuentas en el MMG Bank Corporation-, Sealong Overseas SA, Yelverton Trading SA, Sitrack.com Panamá Ltda y Vinsyl Financing Corp.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, desde la familia Pescarmona respondieron que “las sociedades obedecen sustancialmente a razones operativas ligadas a la actividad comercial internacional”. “Han sido declaradas conforme la legislación aplicable para cada caso”, informaron. Pero se negaron a mostrar las declaraciones juradas: “Dado el carácter confidencial y privilegiado de la documentación sentimos no poder compartirla”.

De Sousa

Osvaldo De Sousa enfrentará un juicio en un expediente derivado del caso cuadernos por el pago de sobornos de empresas constructoras supuestamente entregados a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Osvaldo es hermano de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López en Grupo Indalo.

En cuadernos, quedó complicado en la Justicia a partir de unas planillas aportadas por el arrepentido Ernesto Clarens, el financista del kirchnerismo. La constructora de Indalo, CPC, aparece en los listados de Clarens con seis pagos por $14 millones entre septiembre de 2011 y agosto de 2012. Un fallo de la Cámara Federal consideró a Osvaldo De Sousa “autor material de los pagos”, algo que el empresario nunca admitió.

Osvaldo De Sousa abrió una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y una cuenta en Suiza para desarrollar un emprendimiento en Bolivia en 2015, tras desvincularse en malos términos del Grupo Indalo. Según los documentos, fue presidente y único accionista de la firma Lemor Investments Limited.

De Sousa explicó al equipo argentino de ICIJ que la compañía controló una cuenta bancaria en el Gonet & Cie Bank, de Suiza, en donde depositó US$600.000 como garantía para obtener, a su vez, un préstamo. El empresario dijo al equipo argentino de ICIJ que el dinero provenía de la venta de su parte accionaria en el Grupo Indalo.  

“En agosto de 2014 me desvinculé de Indalo. Cristóbal López me obligó a firmar un contrato de no competencia de seis años que me impedía trabajar en la Argentina”, explicó. “Debían pagarme en seis cuotas, pero sólo pagaron dos. Parte de ese dinero lo deposité en el Gonet & Cie Bank para desarrollar mi actividad en Bolivia”, agregó. “Tanto la sociedad de Islas Vírgenes como la cuenta en Suiza fueron declaradas ante la AFIP”, dijo De Sousa, quien exhibió documentación para acreditarlo. 

Según De Sousa, en 2016 debió desarmar esa estructura financiera. Cuando Cristóbal López quedó bajo la lupa, la entidad suiza ya no quiso tenerlo como cliente, y repatrió los fondos a través del Banco Galicia. Dos años después, el propio Cristóbal López lo señalaría ante la Justicia como el autor material del pago de coimas al kirchnerismo. 

Roggio y Cirigliano

Aldo Roggio y sus tres hijos y accionistas de su grupo empresario crearon tres sociedades offshore en 2016 para operar cuentas bancarias en Suiza y los Estados Unidos. Fue dos años antes de declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos. 

La familia constituyó en 2016 las firmas offshore Gotland International Limited, Graymark International Limited y Linhill International Limited en Islas Vírgenes Británicas. Meses después, en marzo de 2017, abrieron cuentas bancarias en Zúrich, Nueva York y Miami. 

En agosto de 2018, en tanto, Aldo Roggio confesó ante la Justicia que pagó sobornos al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, equivalentes al 5% de los subsidios del Estado que recibía una de sus empresas. “Fue por expreso pedido que él (Jaime) me efectuó en su despacho al inicio de su gestión”, declaró el empresario, y se definió como “un rehén”.

Roggio fue el primero de los empresarios en confesar las coimas en transporte y abrió así otro capítulo de la megacausa cuadernos, por presuntos sobornos en el otorgamiento de subsidios al transporte. En ese expediente, Mario Cirigliano -quien construyó un poderoso grupo transportista junto a su hermano Claudio- fue indagado por el juez Bonadio. El juez lo procesó en marzo de 2019, pero en julio de ese año la Cámara Federal porteña revocó esa medida y lo sobreseyó. 

El 2 de enero de 2015, Mario Cirigliano creó la fundación de interés privado Kelsy Patrimony Foundation en Panamá, a través del estudio Alcogal, para ordenar la sucesión de su patrimonio.

El reglamento de la fundación ordenó que en caso de su fallecimiento fueran distribuidos entre su esposa y sus hijas, en primer lugar, y sus descendientes, en segundo término, los activos que se hayan incorporado al “patrimonio fundacional”.

En caso de fallecimiento de los beneficiarios primarios y secundarios, el dinero iría a la Fundación Nuestro Ángel, creada por el propio Cirigliano, presidida por su esposa y destinada a la asistencia de niños y jóvenes con autismo. “La legislación argentina no le permitiría disponer de esa forma de su patrimonio ante su fallecimiento”, explicó el empresario ante la consulta sobre por qué decidió acudir a una estructura en Panamá. “Cirigliano cedió su patrimonio de forma irrevocable a Kelsy”, agregaron. 

La fundación panameña funciona como un fideicomiso offshore. “Todo esto está debidamente declarado ante el fisco argentino y de los países en donde corresponde”, dijo a través de su abogado, pero no quiso ahondar en qué activos dejó en Panamá. Adujo “motivos de seguridad”.

Glazman

Claudio Javier Glazman está acusado de cohecho en la causa cuadernos. El empresario inmobiliario y entonces director de la empresa Sociedad Latinoamericana de Inversiones (SLI), fue uno de los primeros detenidos en la causa y declaró haber realizado 13 pagos por un total de $1,5 millón a funcionarios de Planificación, entre 2009 y 2010, para “persuadir” al Ministerio de realizar el remate público de tres terrenos del Estado que el empresarios buscaba destinar a sus emprendimientos inmobiliarios. 

Glazman aparece en los Pandora Papers en dos documentos ligados a la misma compañía: Real Estate Uy SA creada en Panamá el 9 de agosto de 2012. De acuerdo con los registros de Alcogal, inicialmente tuvo 2.000 acciones de la firma junto a otros cinco accionistas, entre ellos, un familiar. Poco después, otros diez socios pasaron a formar parte de la sociedad.

“Real Estate Uy SA fue constituida para adquirir una sociedad uruguaya, Mirtan SA, que poseía un terreno en Punta del Este, pero el emprendimiento inmobiliario no prosperó. En mayo del 2018, Glazman transfirió la totalidad de las acciones que tenía en su poder”, dijeron sus abogados al equipo argentino de ICIJ. “Todas estas operaciones se han consignado oportunamente ante la AFIP”, aseguraron. 

Balán

El empresario del rubro energético Jorge Juan Mauricio Balán, titular de la compañía Industrias Juan F. Secco SA, fue procesado en 2018 por cohecho activo por haber realizado dos pagos ilegales al Ministerio de Planificación, y también deberá afrontar un juicio oral y público. Es uno de los imputados colaboradores en el expediente.

Industrias Secco creció en el rubro energético durante el menemismo y actualmente tiene contratos no sólo en Argentina sino en Uruguay, Perú y Colombia para construir centrales eléctricas, provee usinas portátiles y planifica logística y movimientos para empresas, según publicó La Voz.

En Pandora Papers, Balán aparece en un documento fechado en 2014, en el que inscribió a la empresa Apheze SA, en Costa Rica, con el propósito de invertir en bienes raíces en Uruguay. El documento es un formulario de la intermediaria OMC (Overseas Management Company) y allí se indica que Balán oficiará de presidente y que OMC proveerá el servicio de secretario, tesorero y fiscal.

Los accionistas de la compañía son Balán y su esposa. “La sociedad fue debidamente registrada en el país de origen, porque así lo establece la normativa de aplicación”, respondió el empresario ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. “El único activo de dicha sociedad es un inmueble ubicado en Punta del Este”, agregó Balán, quien explicó que canalizó la inversión a través de una sociedad porque “en el caso de una eventual venta, es mucho más ágil, rápido y sencillo la venta de acciones que la transferencia de un inmueble”.

“La inversión fue debidamente informada ante la AFIP en 2014 y los años subsiguientes”, y el empresario aseguró que pagó impuesto a las Ganancias y bienes personales.

Apheze SA se disolvió a finales de 2017, luego de que el matrimonio vendiera el inmueble en Punta del Este.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR). En Uruguay, Guillermo Draper (Búsqueda) integra Pandora Papers.

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ED

Empresarios y ejecutivos de tres de los principales medios de comunicación del país -Clarín, La Nación y Perfil- aparecen mencionados en Pandora Papers con sociedades en Islas Vírgenes Británicas y una empresa en Uruguay, según los registros de dos proveedores del mundo offshore analizados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra elDiarioAR. 

Parte de la cúpula del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y José Antonio Aranda; y el co-fundador de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, aseguraron ante la consulta del equipo argentino de Pandora Papers que sus estructuras estuvieron siempre declaradas en Argentina. Alejandro Saguier, accionista de La Nación a cargo del área de administración, afirmó que declaró su sociedad offshore en 2016 con el sinceramiento fiscal que promovió Mauricio Macri y que desde entonces se encuentra en regla con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Al cierre de esta edición, los empresarios no habían accedido aún a mostrar sus declaraciones juradas con secreto fiscal. 

Clarín

Dos de los accionistas y autoridades de Clarín, Héctor Magnetto y José Antonio Aranda, junto a la fallecida directora del medio, Ernestina Herrera de Noble, figuran en el directorio de una sociedad  radicada en Islas Vírgenes Británicas desde principios de la década de 1990, según los documentos. Se trata de Mather Holdings Limited (creada en 1990). Ejecutivos del grupo también figuran en el directorio de Silkwood Investments Limited (radicada en el archipiélago del Caribe en 1991). Ambas compañías se entrelazan con una serie de sociedades creadas en otras jurisdicciones, como Delaware (considerada un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos) y una pequeña isla del Caribe, cercana al archipiélago de bandera británica: San Cristóbal y Nieves. Las sociedades también se relacionan con cuentas bancarias en los Estados Unidos y conducen a otra compañía offshore cuyos beneficiarios finales son dos hijos de Magnetto y dos hijos de Aranda. 

Tanto Mather Holdings Limited como Silkwood Investments Limited estuvieron en la lista de argentinos con cuentas supuestamente secretas en el JP Morgan de Nueva York, que denunció en 2008 Hernán Arbizu, un exejecutivo del banco. Voceros de Clarín, sin embargo, respondieron que las cuentas en ese banco estaban declaradas ante las autoridades. “Esto fue confirmado por inspecciones impositivas e investigaciones judiciales de nuestro país, que ratificaron la legalidad de las operaciones”, afirmaron.

La estructura en la que figuran los accionistas de Clarín es la más compleja del capítulo de los empresarios de medios de Pandora Papers. Parte de las acciones del grupo son controladas indirectamente por el fideicomiso creado por Herrera de Noble en Nueva York, según informa la compañía en su sitio web oficial. Este fideicomiso o trust (su equivalente en inglés) controla a su vez a parte de las sociedades offshore y “también está debidamente declarado en la República Argentina”. Ante la consulta, los accionistas controlantes de Clarín no respondieron qué activos están a nombre de las compañías radicadas en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Nieves, ni qué tipo de función cumplen en el grupo.

La documentación sobre Mather Holdings Limited y Silkwood Investments Limited surge de un intercambio de correos electrónicos, en distintos años, entre Trident Trust Company (que actuó como agente registrado de las offshore) y el estudio Fox Horan & Camerini LLP, de Nueva York, que tramitó una serie de certificados de incumbencia de las compañías (para avalar la conformación de los directorios). “Los representantes legales de los señores Magnetto y Aranda confirmaron que todas las sociedades mencionadas, durante toda su vigencia, han estado declaradas en la República Argentina por el sujeto obligado correspondiente, de acuerdo con la legislación tributaria vigente”, respondieron desde el grupo ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor.

En Mather Holdings Limited, desde julio de 1991 hasta enero de 2010, Herrera de Noble figura como directora de la compañía. Magnetto aparece como el secretario y Aranda, el tesorero, en uno de los documentos, y como directores, en otros. El 4 de enero de 2010, la directora de Clarín dejó de figurar en el directorio de la offshore y asumieron nuevos directores, quienes se desempeñaban como ejecutivos de Clarín: Julio César Trapes, Alfredo E. Kahrs y Susana Aida Leo. 

Las acciones fueron emitidas al portador -es decir, sin identificar a los accionistas-, hasta que el 3 de junio de 2009 las acciones fueron transferidas a otra firma, Mather Holdings LLC. En 2014, un notario de Nueva York certificó el registro de directores de la sociedad. 

“Mather es una sociedad que forma parte de The 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust, fideicomiso creado por la fallecida directora de Clarín, Ernestina Laura Herrera de Noble. Ni Héctor Magnetto ni José Aranda fueron accionistas de esa sociedad, sino miembros del consejo de administración de la misma, tal como los designara en su momento la propia señora de Noble”, respondió el Grupo.

La segunda compañía del grupo en Pandora Papers, Silkwood Investments Limited, tuvo como director a Raúl Antonio Morán (ejecutivo del Grupo Clarín) y las acciones están a nombre de otra firma: Silkwood Investments LLC. La misma estructura que se pensó para la primera sociedad. 

Silkwood Investments Limited tiene ramificaciones. Tuvo las acciones de otra compañía vinculada a los hijos de Magnetto y de Aranda: Med Star Investments Corp. El objetivo de la compañía radicada en la Isla de Nieves, en el mar Caribe es ser “vehículo de inversión”. “Silkwood y Med Star también estuvieron siempre debidamente declaradas en la República Argentina, al igual que sus subsidiarias en forma directa o indirecta”, acotó el grupo ante las consultas sobre qué inversiones y activos se canalizaron a través de estas compañías.

Saguier

Alejandro Sagueir, accionista del diario La Nación, figura en los documentos de la filtración como director de Danias Holdings Ltd, una firma de las Islas Vírgenes Británicas, inscripta el 9 de agosto de 2012. Tanto él como su esposa figuran en los documentos como accionistas con 50.000 acciones “en tenencia conjunta con el derecho de supervivencia”. La compañía aparece en los registros de Trident Trust Company, una firma especializada en estructuras offshore, en particular en el archipiélago caribeño.

“La sociedad era titular de una cuenta en el JP Morgan. En junio del 2016, ingresé al sinceramiento fiscal cumpliendo con toda la normativa correspondiente”, explicó Saguier ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. El empresario también agregó que tanto él como su esposa eran además los beneficiarios finales de la compañía.

Danias Holding Ltd fue cerrada en enero del 2017. En cambio, la cuenta en el JP Morgan sigue activa y está declarada a nombre del empresario “cumpliendo con todas las obligaciones impositivas vigentes”, agregó Saguier. 

Alejandro integra el directorio de SA La Nación, junto a sus hermanos Fernán, Julio y Luis, quienes lanzaron el canal LN+ en 2016. Ingresaron en la década de 1990 al diario con la compra de numerosas acciones a la familia Mitre, con la que tienen lazos familiares. La madre de los hermanos Saguier es Matilde Noble Mitre de Saguier, también accionista y directiva de la empresa. Es sobrina de Roberto Noble, fundador del diario Clarín. 

En 2016, Macri promovió una ley de blanqueo de capitales para argentinos que tenían activos no declarados en el exterior, a la que adhirieron varios empresarios. La ley permitió extinguir la acción penal contra quienes se sinceraran ante el fisco y declararan sus bienes en el exterior.

Fontevecchia

El periodista y empresario Jorge Fontevecchia aparece en Pandora Papers como accionista y presidente de Akriluy Corporation SA, una empresa radicada en 2008 en Montevideo, Uruguay. “Se creó para que, transitoriamente, fuera la holding del grupo para las sociedades y operaciones en el exterior, básicamente en Brasil”, afirmó el co-fundador de Editorial Perfil y actual CEO de Perfil Network, ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Fontevecchia, quien actualmente dirige la rama audiovisual del medio, asumió como presidente de Akriluy Corporation SA el 10 de octubre de 2008, dos meses y medio después de la creación de la sociedad. Además, figura también como accionista de la compañía uruguaya, según un acta que surge de entre los casi 12 millones de documentos de Pandora Papers. 

La compañía fue capitalizada con 400 millones de pesos uruguayos el 30 de diciembre de 2008, una suma entonces equivalente a unos US$21 millones, según una publicación en el Diario Oficial del gobierno uruguayo. “Fue incluida en mis declaraciones juradas ante la AFIP durante 2008 y 2009. En el transcurso de 2010, (la empresa) fue aportada íntegramente a Grupo Perfil Inversora SA, nueva y definitiva holding del grupo, 100% de mi titularidad”, explicó Fontevecchia. Grupo Perfil Inversora SA “fue constituida en 2009 y también fue siempre incluida en mis declaraciones juradas”, aclaró. 

Fontevecchia resaltó además que tanto Akriluy Corporation SA como Grupo Perfil Inversora SA nunca fueron SAFI (sociedades innominadas con fines tributarios), una figura que permite Uruguay, sino que se trató de sociedades anónimas domésticas.

Akriluy Corporation SA estuvo abierta durante una década, según surge de los documentos de Pandora y de los registros públicos en Uruguay . Se había constituido el 12 de junio de 2008 con un capital inicial de 200.000 pesos uruguayos, entonces equivalentes a US$10.500. Los socios fundadores eran dos integrantes del estudio contable Pereira & Castagno, de Montevideo, una firma dedicada a crear sociedades comerciales. El objeto principal de la compañía era “participar en otras sociedades comerciales en Uruguay o en el exterior”. Como actividad secundaria, se inscribió para “realizar y administrar todo tipo de activos de inversiones en títulos, bonos, cédula, debentures, letras, valores inmobiliarios, en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros”, según el acta que surge de Pandora Papers.

Luego, tras el desembarco de Fontevecchia pasó a tener un capital de 1.600.000 pesos uruguayos (unos US$84.200) y en una asamblea celebrada el 31 de diciembre de 2008, se decidió que “el capital social será de 400.000.000 de pesos uruguayos y estará formado con títulos representativos de una o más acciones nominativas de $1 cada una”, dice el boletín oficial uruguayo, que se publicó recién el 16 de abril de 2009. Esa suma equivalía en 2008 a más de US$21 millones.

“El aumento (del capital de la empresa) obedeció al aporte de las acciones de Perfil Exterior Ltd., que es dueña de los negocios de Brasil y Portugal, cuyo patrimonio neto era de US$17 millones”, amplió el empresario y periodista.

“Decidimos organizar en un solo holding todas las empresas del grupo, incluyendo Argentina, además del exterior. Constituir una sociedad nueva que llevara el nombre Perfil llevaba tiempo, entonces se compró una sociedad vacía, de las que se venden hechas, sin actividad previa, para ese interregno. Grupo Perfil Inversor S.A. es también una sociedad con operaciones en Uruguay, como la revista Caras Uruguay y la venta y distribución de todas las publicaciones de Perfil Argentina en ese país”, ahondó el co-fundador de Perfil en sus respuestas al equipo argentino de ICIJ.

Fontevecchia compartió Akriluy Corporation SA con Luis Angel Moretti, abogado, quien figura como el segundo accionista y el vicepresidente de la sociedad. Fontevecchia y Moretti son los únicos miembros del directorio de la compañía. Los estatutos de la sociedad llevan la firma de Moretti, quien se desempeñó durante años como abogado y editor responsable de Editorial Perfil.

Tras la revelación de Panama Papers, en 2016, Fontevecchia escribió sobre el tema en una de sus columnas semanales en Diario Perfil: “Obviamente simpatizamos con el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), pero nuestro afecto a esos valores que compartimos no nos debe hacer dejar de publicar informaciones relevantes que nos incomoden, como sucedió la semana pasada, que faltaba la mención de que los propios medios también tenemos empresas offshore”.

Luego, el periodista y empresario publicó en su medio los nombres de las sociedades offshore con las que opera su grupo. “En nuestro caso: Perfil Exterior de British Virgin Island, controlante de Caras Portugal y Angola; Grupo Perfil Inversor de Uruguay, controlante de Caras Brasil; y Perfil Asia de Hong Kong, controlante de cuatro revistas en Shanghai”. 

Akriluy Corporation SA surge en Pandora Papers porque se encuentra entre los registros de la firma OMC Group, uno de los 14 proveedores cuyos documentos aparecen en la filtración global. Fontevecchia explicó que acudió a este estudio en enero de 2017 para la liquidación y disolución de la sociedad uruguaya Perfil Exterior Ltd. (controlada de Akriluy Corporation SA). El periodista y empresario acreditó su identidad y domicilio en Buenos Aires ante el bufete con copia de su DNI y una factura de servicios a su nombre. “Se disolvió y fue absorbida por su controlante, Grupo Perfil Inversora SA”, explicó Fontevecchia. 

Magnetto y Aranda

Silkwood Investments Limited, una de las dos compañías de Islas Vírgenes Británicas que surge en Pandora Papers con apellidos de la cúpula de Clarín, tuvo a su nombre acciones de otra compañía de los hijos de Magnetto y de Aranda: Med Star Investments Corp. 

Según los documentos de Pandora Papers, Med Star Investments Corp fue creada el 29 de septiembre de 2010 en la Isla de Nevis, en el mar Caribe. OMC Group y Overseas Management Company actuaron como agente registrado de la firma. Los hijos de ambos accionistas controlantes de Clarín aparecen como los verdaderos titulares, según el formulario. Ante la consulta, representantes del Grupo redujeron su respuesta a que la sociedad Med Star Investments está debidamente declarada pero no explicaron su objetivo ni sus activos.

Los beneficiarios finales de Med Star Investments Corp. son Horacio Ezequiel Magnetto, Marcia Ludmila Magnetto, Antonio Román Aranda y Alma Rocío Aranda. Cada uno figura con el 25% de la sociedad y se identificaron como empresarios argentinos, con domicilios en Buenos Aires. Los cuatro integran directorios de empresas del Grupo Clarín, según las publicaciones en el Boletín Oficial.

El formulario de Med Star Investments Corp. señala que la actividad de la compañía es ser un “vehículo de inversión” y que el origen de los fondos de los beneficiarios finales son “las ganancias recibidas por uno de los mayores conglomerados de medios de la Argentina”. El documento confirma que la sociedad tiene una cuenta bancaria en el JP Morgan Chase Bank (Estados Unidos). 

Las acciones, sin embargo, estuvieron a nombre de compañías offshore, en dos etapas distintas. En 2010, las accionistas eran Nighway LLC y Pocono LLC (con domicilio en Nueva York). Entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 2016, la accionista fue Romanoof Corp. En agosto de 2019, según el formulario más actual, las accionistas eran la ya mencionada, Silkwood Investments (Islas Vírgenes Británicas) y otras dos de Delaware, Alagon Investments LLC y Robin Bay LLC. El directorio de la compañía estaba integrado por miembros del estudio con sede en Nueva York que ofició como intermediario. Recién desde 2020, los beneficiarios finales de este tipo de estructuras tienen la obligación de declararlas ante la AFIP.

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Los hermanos Omar y Daniel Garbarino, investigados en la Justicia por presunto lavado de dinero, recurrieron a sociedades y fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar millones de dólares en bienes y dinero, según surge de Pandora Papers. El histórico CEO de la compañía, Carlos Eduardo García, quien dejó el cargo en septiembre, también recurrió a la misma estrategia para ocultar durante años parte de su patrimonio. Incluso, los tres fueron identificados con nombres en clave por los ejecutivos de los estudios que realizaron los trámites, de acuerdo a los documentos y correos electrónicos que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que integra elDiarioAR junto con La Nación e Infobae*. 

Garbarino SA pasó de ser la principal cadena de venta de electrodomésticos del país a venderse por el simbólico valor de un peso, en junio de 2020, cuando la familia que dio nombre a la empresa vendió sus acciones a Carlos Rosales, un exfuncionario del gobierno de Daniel Scioli y protesorero del club San Lorenzo. La compañía afronta dificultades económicas y financieras, está al borde de un concurso de acreedores y con una conciliación obligatoria para detener los numerosos despidos de sus trabajadores.

Los hermanos Omar Carlos (69) y Daniel Carlos Garbarino (65) han sabido custodiar al máximo su bajo perfil. A pesar del éxito de su compañía previo a la debacle, una empresa que creció especialmente durante el kirchnerismo, gracias a las facilidades de crédito y el incentivo al consumo, sus rostros son desconocidos para el público. 

Al menos entre 2011 y 2014, ambos empresarios montaron sociedades y fideicomisos en Islas Vírgenes Británicas y Bahamas para resguardar parte de su patrimonio. A través de su abogado, los Garbarino rechazaron responder las preguntas del equipo argentino de ICIJ y dijeron que “todo se ajusta a sus declaraciones a los organismos fiscales”. Ante el pedido para acceder a sus declaraciones juradas, respondieron con una negativa.

Su otrora CEO, Carlos García, también afirmó que todo está en regla con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tras regularizar su situación, blanqueando los activos que permanecían ocultos, en uno de los últimos procedimientos de exteriorización de depósitos que se habilitó en Argentina. No dio mayores precisiones y tampoco dio acceso a sus declaraciones juradas.

Diez días antes de ordenar la formación de estas estructuras en paraísos fiscales, en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer un listado de 1.200 empresas investigadas por la supuesta utilización de facturas apócrifas para evadir impuestos. Garbarino SA integraba la nómina. No hay registros de que haya avanzado una causa por este caso en contra de la compañía.

En 2016, Panama Papers sacó a la luz otra estructura offshore de los hermanos Garbarino: habían utilizado a dos compañías suizas de papel, Helvetic Services Group y Swisser AG, y una offshore panameña para traspasar todas las acciones de la compañía, como informó La Nación. La revelación terminó en una inspección de la AFIP y una denuncia penal del organismo por presunto lavado de activos contra los responsables de la compañía, que aún permanece abierta en el juzgado federal de Julián Ercolini, como informó elDiarioAR en julio último. 

El primer entramado offshore de Garbarino permitió sacar de la empresa unos US$30 millones con destino desconocido, según la denuncia de la AFIP. En el expediente, ni los Garbarino ni ningún representante de la empresa han sido imputados ni citados. El fiscal Carlos Rívolo rechazó la denuncia del organismo, pero la AFIP continúo como querellante. 

Pandora Papers revela ahora otra estructura offshore de los empresarios que lideraron el mercado de electrodomésticos durante años. 

Clientes apurados

El 30 de octubre de 2014, una ejecutiva del proveedor Integritas, una compañía de Trident Trust Group que presta servicios a clientes para operar offshore, envió un correo electrónico a una colega desde la sede de Miami: “¿Podrías enviarme una lista de nuestras compañías de papel (shelf companies) en Islas Vírgenes Británicas?”. 

Al día siguiente, tras recibir la lista de su colega de Trident, otro gran proveedor de servicios offshore, la ejecutiva respondió: “¿Podemos reservar el uso de Tokitada Worldwide Limited y Seawater International Limited? La semana que viene enviaremos los documentos relacionados con los accionistas y directores”.

Seawater International Limited y Tokitada Worldwide Limited estaban radicadas en Islas Vírgenes Británicas. Los ejecutivos las vincularon a otras dos compañías offshore –esta vez de Bahamas-, como directores: Stagrintie Limited y Rintiegast Limited.

Según surge de los correos electrónicos que integran Pandora Papers, él o los clientes estaban apurados. Los empleados de Integritas pidieron acelerar el intercambio de documentación para terminarlo rápido. “Es extremadamente urgente”, le comunicó uno de ellos a sus colegas unos días más tarde, el 10 de noviembre de 2014.

Ese mismo 10 de noviembre de 2014, dos fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas se hicieron cada uno con el 100% de las acciones de esas compañías offshore. El fideicomiso “802153 Trust” absorbió la sociedad Seawater International Limited. Su mellizo, el fideicomiso “802154 Trust”, se hizo con Tokitada Worldwide Limited. 

Al día siguiente, el 11 de noviembre de 2014, Omar y Daniel Garbarino firmaron sus respectivos contratos con los fideicomisos y se convirtieron en sus controlantes, beneficiarios principales y protectores. A través de esos fideicomisos, controlan a Tokidata y Seawater, las dueñas de sus activos.

Daniel Garbarino se quedó con Seawater International Limited: es su beneficiario final, según consta en un formulario del proveedor offshore Trident Trust. En junio de 2017, la offshore tenía una cuenta en el Banco Santander Miami con US$8 millones, según declaró en un formulario del proveedor.

Herederos

Si bien los fideicomisos son controlados por ambos empresarios, tanto Omar como Daniel establecieron cómo se distribuirán sus bienes después de su muerte. En distintos documentos, dejaron instrucciones a los proveedores offshore. Los activos de Omar, controlados a través de esta estructura, se distribuirían entre sus cuatro hijas (23% cada una) y el 8% restante, entre otras dos mujeres.

Daniel Garbarino estableció que luego de su muerte, los beneficiarios del fideicomiso serían su esposa y los tres hijos del empresario.

Las sociedades offshore Tokitada Worldwide Limited y Seawater International Limited cumplieron su ciclo y fueron disueltas el 22 de diciembre de 2017. Pero los documentos no explican por qué se tomó esa decisión.

Sin embargo, los hermanos Garbarino continuaron siendo clientes de Trident e Integritas, al menos hasta principios de 2019, según un formulario que completaron con sus datos personales y copia de sus pasaportes argentinos. El documento de enero de ese año conecta a los hermanos con otras dos sociedades con reminiscencias futboleras: Platte River Management y Platte River Management II. Ambas son sociedades radicadas en Bahamas, igual que sus predecesoras.

“Escorpio, Airies y Fonfria”

De los documentos también surge que tanto Daniel como Omar Garbarino ya habrían tenido este tipo de estructuras offshore antes de 2014, no sólo en Islas Vírgenes sino también en Bahamas. La misma operatoria fue realizada por su CEO y hombre de mayor confianza en la estructura de Garbarino, Carlos García. Los tres acudieron a los mismos proveedores, mismas estructuras y mismas jurisdicciones. 

Daniel Garbarino es el principal beneficiario de un segundo fideicomiso, The Edenberg Trust, radicado en 2011 en Islas Vírgenes Británicas, y sobre el cual el empresario tenía control total, según los documentos que firmó puño y letra y surgen de Pandora Papers. 

El fideicomiso offshore de 2011 se creó para administrar especialmente propiedades inmuebles, según uno de los documentos, pero no detallan de qué bienes se trata y los montos de los activos en cuestión. En caso de muerte del empresario, los beneficiarios serían su esposa y tres hijos, los mismos beneficiarios del fideicomiso de 2014.

Una cadena de e-mails que intercambiaron los ejecutivos de Trident e Integritas sugiere que habría más estructuras offshore. Entre finales de 2012 y mediados de 2013, los tres hombres clave de Garbarino decidieron mudar unos fideicomisos de Bahamas a Islas Vírgenes Británicas, según un intercambio de correos electrónicos. En Integritas, los tres argentinos eran identificados con apodos: “Escorpio, Airies y Fonfria”, según surge de los e-mails, aunque no especifican en los mensajes quién recibía cada sobrenombre. 

“Esto deberá enviarse por correo electrónico a Gabriel Patrich, quien verá a los clientes (Escorpio, Airies y Fonfria) la próxima semana en Buenos Aires”, escribió uno ellos. Patrich es el ejecutivo del banco Santander en Miami que hizo de intermediario con Integritas y que certificó las identidades de los Garbarino y a Carlos García.

“Continúe con el proceso para convertir las escrituras de los fideicomisos de Bahamas a fideicomisos de BVI (British Virgin Islands) para Scorpio, Airies y Fronfria”, ordenó otro ejecutivo.

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió el proveedor a ICIJ.

El exCEO

Carlos Eduardo García, histórico CEO de Garbarino durante las últimas dos décadas, dejó la compañía en septiembre último. En 2012, formó un fideicomiso en Bahamas para atesorar activos por más de US$6 millones con el objetivo expreso, escrito de puño y letra por quien completó el formulario, de “evitar la sucesión de bienes en su país natal y para proteger sus activos de potenciales acreedores”, según consta en un documento del proveedor Trident Trust Company. 

Los fondos provenían de la entidad PHC Fonfria Guarantee Limited, por lo que se infiere que su apodo dentro de Integritas era Fonfria, aunque su fideicomiso se denominó “301-638 Trust (Escorpio Management SA)”. “No tuve ni tengo relación alguna con Escorpio Management SA”, respondió García ante la consulta. 

El intermediario entre García y Trident es la misma compañía que utilizan los hermanos Garbarino: Integritas Trust Company Limited, oficina de Bahamas, y el mismo ejecutivo del banco Santander de Miami, quien acreditó la identidad del ex CEO. Los activos resguardados en el fideicomiso offshore incluyen dinero en efectivo, acciones o bonos y “otros activos” no identificados en el formulario.

En diciembre de 2012, el ejecutivo del banco Santander de Miami firmó una carta dirigida al proveedor Trident Trust en la que dejaba constancia certificada de la identidad de García y su rol en Garbarino, además de su dirección en Buenos Aires, la que, según el ejecutivo bancario, visitó personalmente.

El 27 de enero de 2014, una ejecutiva de Trident informó en un correo electrónico que el cliente no deseaba continuar con el fideicomiso. En 2013, habían informado la intención de trasladarlo a Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con los intercambios de correos electrónicos entre los integrantes de Trident.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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