Hace casi un año, Stacey (el nombre es ficticio por razones de privacidad) oyó sonar la alarma de su coche Tesla en tres ocasiones en plena noche. Para entonces, esta mujer de Sidney llevaba cuatro años sufriendo maltrato doméstico a manos de su expareja, Enrico Pucci, un empresario condenado por abusos contra sus trabajadores y otras irregularidades.

Cuando sonó la alarma, estaba “demasiado asustada” para salir a la calle porque pensaba que él podría estar dañando su vehículo, según los documentos policiales presentados ante el tribunal. A la mañana siguiente, el coche parecía intacto, pero Stacey se dio cuenta de que el tablero digital se había reiniciado y se había añadido un perfil de “control parental”.

Tres días después, Pucci, que ahora tiene 50 años, la siguió en un coche y empezó a gritarle por un hombre con el que ella estaba saliendo. “Pensabas que te saldrías con la tuya. Estoy en tu coche. Estoy en tus mapas”, le gritó, según los informes policiales.

En los días siguientes, Stacey descubrió que el perfil de control parental, al que ella no tenía acceso, podía controlar casi por completo el coche, incluyendo su velocidad, la climatización, el bloqueo y el horario de toque de queda, determinando cuándo se podía conducir el vehículo.

Entre el 6 y el 12 de noviembre de 2025, Pucci alteró de forma remota la temperatura del coche, alternando entre el frío extremo y el calor extremo. “La víctima no pudo circular a determinadas velocidades y, en las ocasiones más recientes a lo largo de este periodo, [el acusado] activó el 'modo valet', que reduce inmediatamente la velocidad a 40 km por hora, lo que provocó importantes problemas de seguridad para la víctima en la ruta”, indicaban los documentos policiales.

“La víctima no tuvo ningún control sobre su vehículo desde que se percató de que se había añadido el perfil de control parental el 1 de noviembre de 2025”. “El acusado fue el único que tuvo acceso a los controles del vehículo a través de la aplicación de Tesla. Esto provocó a la víctima un estrés considerable, daños psicológicos y temor por su seguridad física al conducir su propio vehículo”, señalan esos mismos informes.

Este miércoles, Pucci fue declarado culpable de 30 cargos relacionados con la violencia doméstica contra Stacey, incluido el uso de la aplicación del coche Tesla para acosarla. El juez lo condenó a dos años y tres meses ante el juzgado local de Parramatta, en el oeste de Sidney, con un período sin libertad condicional de 15 meses, después de que se declarara culpable de los cargos la semana anterior a una vista prevista para agosto.

Durante sus consideraciones a la hora de dictar sentencia, el juez indicó que Pucci había mostrado un “comportamiento abusivo” hacia su expareja a lo largo de cuatro años. Esto incluía “múltiples métodos para dominar” a la mujer, entre ellos el uso de la aplicación de Tesla para controlar su coche y la creación de oportunidades de empleo falsas para “generar dependencia”, al tiempo que “la obligaba a dejar pasar otras oportunidades”.

“Si se analiza en su conjunto, [esto] constituye una conducta de carácter coercitivo y controlador, que refleja un patrón de comportamiento destinado a afianzar el poder y la sumisión”, afirma el magistrado.

“Todo quedó en silencio”

Los documentos policiales detallaban años de maltrato. En un incidente que dio lugar a una condena por agresión simple, Stacey le dijo a Pucci en marzo de 2020 que deseaba separarse mientras se encontraban en el coche con el hijo de dos años de la víctima.

“El acusado amenazó con que esa sería la última vez que la víctima vería a su hijo si ponía fin a la relación”, indicaban los documentos. “El acusado le quitó el teléfono a la fuerza y escribió un mensaje al exmarido de la víctima en el que afirmaba que ella no podía cuidar de su hijo y que deseaba renunciar a él”. “El acusado sacó a la fuerza a la víctima de su coche y la arrastró hasta un pilar cercano, la inmovilizó contra él y le dijo: ”Despedite de tu hijo“. Pucci se fue en coche con el hijo de la víctima, dejándola sin teléfono ni coche”.

Según los documentos, el empresario regresó unos minutos más tarde, agarró a Stacey por el brazo y le dijo: “Espero que comprendas lo que te pasará si volvés a romper conmigo”. En 2021, tras casarse, Pucci estranguló a Stacey hasta el punto de que ella recordaba haber oído ruidos guturales y haber “luchado” por su vida, según indican los documentos. “Todo quedó en silencio y la víctima perdió el conocimiento”, se lee en los documentos. “Creyó que iba a morir”.

Stacey compró un coche Tesla cuando aún eran pareja, según los informes aportados en el proceso. Al tener dificultades para manejar la tecnología del vehículo, Pucci se ofreció a ayudar a Stacey y le dijo que necesitaría que el coche estuviera a su nombre para “poder tomar el control de la aplicación de Tesla y 'ayudarla'”. “La víctima accedió, con el único propósito de que le ayudaran con la tecnología del vehículo”, indican los documentos.

En noviembre de 2025, un mes después de que la relación hubiera terminado, Pucci utilizó la aplicación del coche Tesla de Stacey para acosarla, lo que se tipificó como un delito de uso de un servicio de telecomunicaciones para acosar o hostigar. Esto incluyó siete intentos por parte de Pucci de desconectar el coche de su puerto de carga a través de la aplicación de Tesla.

Historial de abusos

Pucci recurrió la sentencia por los 30 delitos y está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal a finales de octubre. Los delitos incluyen ocho cargos de acoso o intimidación con la intención de causar miedo o daño físico, seis cargos de agresión simple, dos cargos de estrangulamiento sin consentimiento, un cargo de uso de un servicio de telecomunicaciones para amenazar de muerte y un cargo de uso de un servicio de telecomunicaciones para amenazar, acosar u ofender.

En 2017, el tribunal federal determinó que una empresa de limpieza de Sidney, propiedad de Pucci, había tratado a algunos trabajadores extranjeros vulnerables como “esclavos” tras negarse a pagarles durante meses y dejarlos sin mobiliario, comida ni tratamientos médicos esenciales. El Defensor del Trabajador logró que un tribunal federal impusiera una multa de casi 450.000 dólares a Grouped Property Services (GPS) Pty Ltd. Pucci, actual propietario y único administrador de la empresa, fue multado con 3.000 dólares por despedir a una mujer cuando esta le preguntó por qué no se le había pagado.

Su hermano, Rosario Pucci, antiguo propietario y director de la empresa, fue descrito por el tribunal federal como “íntimamente implicado” en la explotación y multado con otros 74.300 dólares. En 2022, Enrico Pucci había sido inhabilitado para dirigir sociedades durante el período máximo de cinco años debido a su “implicación en la quiebra de tres empresas”, que adeudaban casi 10 millones de dólares a sus acreedores.

Se llaman Theresa Aletheia y Danielle Lussier. Eran monjas de las Hijas de San Pablo, una orden religiosa de Estados Unidos que abandonaron en 2022, después de que una de sus compañeras sufriera agresiones sexuales por parte de su director espiritual. También ellas denunciaron abusos, en su caso espirituales y morales, por parte del clérigo y, desde entonces, dedicaron su vida a acompañar a supervivientes de abusos y pederastia en la Iglesia.

El director espiritual fue apartado de la congregación, pero siguió ejerciendo como sacerdote, mientras algunas de las religiosas abandonaron la orden, hastiadas por la falta de condena y, sobre todo, por la ausencia de empatía de la institución.

Al menos en lo jurídico, desde la publicación del informe 'Spotlight' por parte del Boston Globe, la sociedad civil estadounidense comenzó a tomar conciencia de una lacra que en otros países todavía está por descubrir. De hecho, en Estados Unidos, una treintena de diócesis y al menos tres congregaciones se declararon en bancarrota en los últimos años tras verse obligadas a abonar indemnizaciones a las víctimas que llegan casi a los 3.000 millones de dólares.

Ahora, Aletheia y Lussier dieron un paso más y están a punto de crear su propia congregación, con ese mismo objetivo: que los supervivientes de los abusos en el seno de la Iglesia tengan un lugar donde denunciar, sanar y poder encontrar la dignidad que las personas en las que habían confiado antes les negaron.

Las monjas pidieron permiso al obispo de Lexington (Kentucky, Estados Unidos), John Stowe, para crear esta nueva congregación, que bautizaron como las 'Hermanas del Pequeño Camino de la Belleza, la Verdad y la Bondad'. Esta sería la primera orden religiosa cuyo carisma será, precisamente, la atención a las víctimas de abusos en la Iglesia católica.

Tal y como señala Religion News Service (RNS), Aletheia y Lussier ya constituyeron una asociación privada de fieles, el primer paso formal antes de lograr el reconocimiento, primero diocesano, y, posteriormente, en el ámbito vaticano. Este otoño boreal, las dos religiosas tienen previsto reunirse con varias mujeres interesadas en unirse a la comunidad.

Según la RNS, el obispo de Lexington considera “muy importante” el proyecto de estas dos mujeres, que sufrieron abusos espirituales y pueden empatizar con las víctimas. Fue precisamente esa experiencia la que les hizo sentir que el Espíritu les impelía a ayudar a otras personas que hubieran sufrido violencia a manos de responsables de la Iglesia. “Creo que un grupo de hermanas que experimentaron alguna forma de abuso, un abuso espiritual, pueden identificarse con las víctimas y, al mismo tiempo, no ser amenazantes y tomar en serio lo que escuchan de ellas”, señaló Stowe.

“¿Cómo podemos ayudar a la gente de la iglesia a reconocer estos patrones sin que tengan que pasar por la experiencia de sufrir?”, preguntó Aletheia. “Porque esa es la enseñanza más clara. Pero, ¿podemos evitar esa enseñanza para la mayoría de la gente? Obviamente, creemos que sí, pero estamos tratando de averiguar qué significa eso en la práctica”. Las hermanas dedican la mayor parte de su tiempo a reunirse con personas que sufrieron diferentes formas de abuso: emocional, económico, espiritual y sexual.

Hasta el momento, recibieron decenas de solicitudes procedentes de todo Estados Unidos a través de su web. Aunque la congregación, en el futuro, solo podría estar formada por mujeres, las víctimas (y sus 'feligreses') son mujeres y hombres. Una de ellas, John Bellocchio, aseguró haber sufrido abusos por parte del ex cardenal Theodore McCarrick, el primer purpurado destituido por el papa Francisco en 2019 tras un juicio canónico. “Simplemente me escucharon, que alguien lo hiciera me ayudó”, señaló Bellocchio. “Tuve que reconstruir mi vida de fe y lo estoy haciendo poco a poco. Las hermanas son una parte fundamental de eso”.

Toda la información en www.religiondigital.org

La Justicia resolvió este viernes elevar a juicio oral y público el caso que investiga los supuestos abusos sexuales presuntamente cometidos por el empresario Marcelo Porcel en perjuicio de al menos diez adolescentes, compañeros de colegio de sus hijos.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 50 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de la defensa para suspender el proceso y los demás planteos efectuados, tales como el cambio de carátula y la nulidad de las declaraciones en Cámara Gesell.

Porcel se encuentra en libertad y procesado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de trece años, aprovechando la situación de guarda de contenidos en forma reiterada a diez damnificados, que concurren realmente entre sí, que concurren en forma ideal con el delito de corrupción de menores de trece años, en al menos diez oportunidades, en concurso ideal con el delito de producción de representaciones de un menor de dieciocho años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en un caso”.

Otro de los puntos desestimados por el juez Carlos Bruniard se vincula con la consideración del abogado Roberto Rallín respecto a que “la acción penal no existe porque los hechos no generan persecución penal”; “la posición de la querella de obtener una ‘sentencia condenatoria ejemplar’ es contraria al fin legal que ene una pena incompatible con las garantías constitucionales”; la realización de un debate por jurados populares y la petición del sobreseimiento porque porque no hay pruebas suficientes y porque las conductas atribuidas no son delitos penales.

El magistrado, además, denegó el pedido para que las testimoniales que el acusado había solicitado debían realizarse antes de la elevación a juicio: declaraciones del contexto familiar o social de Porcel, comparecencias de vigiladores, ex empleadores, personal doméstico y especialistas propuestos.

La querella, a cargo del letrado Pablo Hawlena Gianotti, ahora espera el sorteo del Tribunal que llevará adelante el debate y la fecha para su correspondiente inicio.

El empresario fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”.

Hay al menos diez víctimas, pero son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos, y todas tienen el patrocinio de Pablo Hawlena Gianotti, mientras que al acusado lo defiende el abogado Roberto Rallin.

El acusado formó parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping del ex Buenos Aires Design en Recoleta. Además, está vinculado a una firma agropecuaria fundada por su familia y estuvo al frente de la empresa Campazu S.A., con proyectos en Nordelta y Punta del Este.

Los denunciantes son alumnos del Colegio Palermo Chico, donde también asisten los cuatro hijos de Porcel.

Con información de la agencia NA

La tercera vez que sometieron a Anna Liedtke a un cacheo ilegal sin ropa, las guardias de prisión la obligaron a arrodillarse, le taparon la boca para que no gritara y la violaron, según consta en una denuncia penal presentada en Israel. Liedtke escuchó a hombres guardias riéndose y dice que fueron testigos de la agresión y que también pudieron haberla grabado. Según cuenta, todo ocurrió en una zona separada del pasillo de la prisión por una cortina corrida parcialmente. Las agresoras la habían dejado medio abierta.

Liedtke, que tiene 25 años, se unió en otoño de 2025 a la flotilla que zarpó de Europa hacia Gaza con ayuda humanitaria. El 8 de octubre, las fuerzas israelíes interceptaron su barco en aguas internacionales y la trasladaron a la fuerza a Israel, donde permaneció detenida durante cinco días.

Según Liedtke, los abusos y la violencia ejercida en cárceles israelíes contra los participantes de la flotilla, incluida la violación, tenía como objetivo intimidarlos. “Está claro que quieren doblegarnos y silenciarnos, haciendo que esto resulte tan traumático que nunca volvamos a hablar de Palestina”, explica en una entrevista con The Guardian.

Pero a los pocos días Liedtke se lo estaba contando a los médicos y a sus amistades, y en diciembre se había convertido en la primera activista de la flotilla en hablar en público sobre la violación sufrida durante su detención en Israel. Más de una decena de personas denunciaron agresiones sexuales, la mayoría de forma anónima.

“Si guardamos silencio, se lo harán a otra persona”

Los abogados que representan a Liedtke en Israel registraron una denuncia exigiendo una investigación de las autoridades. Las leyes israelíes definen a la violación como cualquier penetración no consentida. “No hay motivo para que me avergüence”, dice en su primera entrevista sobre la denuncia. “Si guardamos silencio, se lo harán a otra persona”.

La denuncia fue enviada al fiscal general israelí, al asesor jurídico del Servicio Penitenciario de Israel, al Departamento de Investigación de Guardias de Prisión, y al director de la prisión de Givon. En palabras de Muna Haddad, abogada de Liedtke, se trata de enfrentarse a la “cultura de impunidad” en los abusos contra los presos que existe en Israel.

No es solo mi experiencia personal, es algo sistemático, y no puedo dejar de insistir en que es mucho, mucho menos de lo que sufren los palestinos

“El deseo de Anna es que se haga justicia y agotar todas las vías para que rindan cuentas los responsables de estos actos; también queremos sensibilizar a la opinión pública y ver cómo responde el sistema israelí a nuestra exigencia de abrir una investigación”, dice Haddad, que trabaja como abogada en Adalah (una ONG por los derechos humanos de la minoría palestina en Israel).

“La violencia sexual y la violación son vulneraciones recurrentes que llevan perpetrándose contra los presos palestinos durante casi tres años”, añade Haddad. “Ahora estamos frente a una escalada en la que Israel está dispuesto a extender ese comportamiento también con los ciudadanos extranjeros que actúan en solidaridad con los palestinos”.

Prepararse mentalmente

Liedtke no ha dejado que la hagan sentirse avergonzada y ha convertido la agresión en parte de su activismo, voz de quienes siguen en cárceles israelíes o de quienes serán víctimas en el futuro. “No creo que denunciarlo vaya a poner fin a la violación durante las detenciones, pero como mujer comprometida políticamente siento la responsabilidad de hablar de esto y, de esa manera, luchar en contra”, dice. “No es solo mi experiencia personal, es algo sistemático, y no puedo dejar de insistir en que es mucho, mucho menos de lo que sufren los palestinos”.

Israel normalizaron la tortura de los palestinos en sus cárceles, mientras las autoridades del país celebran los abusos contra activistas extranjeros y denunciaron el intento fallido de procesar a sus soldados por una agresión y una violación bien documentadas

En mayo, la ONU incluyó a Israel en una lista negra por el uso de la violencia sexual durante los conflictos, citando los abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad, entre ellos, violaciones a presos varones. En julio, Reino Unido expresó su preocupación ante el Consejo de Seguridad del organismo internacional por las agresiones sexuales en los centros de detención israelíes.

La policía australiana está investigando denuncias de violación y tortura presentadas en mayo por participantes de la flotilla, y, en Francia, la fiscalía ha iniciado una investigación de crímenes de guerra por supuestas torturas y malos tratos a ciudadanos franceses cuando estaban bajo custodia israelí.

Antes de zarpar desde el sur de Italia el 30 de septiembre en un antiguo ferry y junto a otros 100 activistas, Liedtke recibió información de miembros de flotillas anteriores sobre lo que les podría ocurrir. Trató de prepararse mentalmente para la posibilidad de ser violentada durante la detención en Israel, y hasta de sufrir agresiones sexuales, pero luego comprendió que era casi imposible. “Puedes saber que te van a agredir sexualmente, y puedes decirte a ti misma ‘vale, lo harán’; pero en el momento en que ocurre, es como si nunca lo hubieras pensado, porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo”, dice.

Su consejo para otros activistas es tan político como práctico. “Tienes que estar convencido de que esta es la misión correcta, y entender que nada puede prepararte”, dice.

“Les dije que me estaban haciendo daño”

El 8 de octubre, en torno a las 4:30 de la madrugada, la despertó el capitán. “Esto no es un simulacro, vienen los israelíes”, anunció. Abordaron el barco, mandaron a los activistas al comedor y pusieron rumbo hacia el puerto israelí de Ashdod, donde llegaron aquella tarde. A Liedtke se la llevaron para procesarla. Dice que una persona que hablaba alemán con fluidez la llamó ‘puta nazi’.

La primera agresión sexual llegó poco después, durante un cacheo sin ropa, dice Liedtke. Según su abogada, la ley israelí exige el consentimiento de la detenida antes de un registro sin ropa. Si la persona detenida se niega, un oficial de rango superior debe acudir para escuchar las objeciones y autorizar por escrito cualquier control que se haga a partir de ese momento. Los registros deben limitarse a una inspección visual del cuerpo desnudo y llevarse a cabo en una sala cerrada donde solo puede haber oficiales de sexo femenino.

Liedtke explica que se negó a someterse al registro corporal, pero que incluso así la obligaron a quitarse la ropa en una zona parcialmente oculta solo por una cortina. Su cuerpo desnudo quedó a la vista de los soldados varones que pasaban por allí. “Algunos de ellos nos miraban directamente mientras pasaban por delante”, dice.

Se negó a firmar los documentos de la deportación rápida porque eso equivalía a admitir que había entrado en Israel de forma ilegal, cuando a Liedtke la habían trasladado allí por la fuerza y desde aguas internacionales.

Más tarde, esa misma noche, la llevaron con esposas y una venda en los ojos a la prisión de Ketziot, donde volvieron a cachearla sin ropa, completamente desnuda y sin dar su consentimiento. “Les dije que no quería hacerlo, y que ya me habían registrado unas horas antes, ¿por qué tenían que volver a hacerlo?”, dice. A las personas que sí aceptaron el cacheo les permitieron quedarse con la ropa interior, añade.

Le dieron la ropa de la cárcel y la trasladaron a una celda sucia y sin agua potable. No pudo dormir en toda la noche por la música a todo volumen y los registros constantes de su celda, incluso con perros. Desde otras partes de la prisión se oían gritos.

El 10 de octubre, la trasladaron una vez más. En esta ocasión, a la cárcel de Givon, donde volvieron a llevarla a una zona parcialmente oculta por una cortina y le dijeron que se desnudara. Liedtke se negó y las guardias le arrancaron la ropa, manoseándola y obligándola a ponerse de rodillas. Una de ellas le introdujo los dedos en la vagina y luego en el ano. “Había dos mujeres soldado, y luego tres, que me dijeron que me quitara la ropa”, explica. “Empezaron a tocarme, les dije que no, les dije que no quería que me tocaran y que me estaban haciendo daño; entonces me agarraron por las manos para que no pudiera moverme, me empujaron al suelo y, aunque seguí intentando gritar, me taparon la boca para que no pudiera hacerlo”.

Al dolor de la agresión física se sumó la humillación. “Recuerdo que los soldados varones se reían, se quedaban allí de pie riéndose; sé que pudieron verlo todo porque la cortina no estaba cerrada completamente”. Liedtke cree que el ataque también puede haber quedado grabado por el gran número de cámaras de seguridad y corporales que se emplean en las cárceles. Ciudadanos particulares y funcionarios de Israel ya han difundido vídeos y fotos documentando los abusos y torturas a palestinos y activistas detenidos.

“Se fue desatando un nudo”

Los activistas fueron deportados a Jordania el 12 de octubre. Liedtke, que había pasado todo ese tiempo en huelga de hambre, tenía más ganas de fumar que de comer. El grupo fue recibido por médicos y psicólogos en un hotel de Amán, donde Liedtke dio el primer paso para hacer público lo sucedido. “Asegúrate de incluir en tu informe que al menos una mujer fue agredida sexualmente”, dijo a una amiga y compañera periodista.

De vuelta en Alemania, decidió hablar de la violación en una conferencia sobre presos políticos organizada en diciembre. Cuando lo hizo, la sensación de amenaza dio paso a una de alivio inesperado. “Como si poco a poco se fuera desatando un nudo”, dice.

Otras mujeres de su barco se pusieron en contacto con ella para decirle que habían tenido “la misma experiencia”. Los mensajes de apoyo han superado con creces los ataques de desconocidos.

Ahora mismo estoy bien, hay días en los que no recuerdo nada y otros en los que pienso que esto nunca va a mejorar, pero creo que es normal

“Me preocupaban los comentarios crueles, sobre todo porque se trataba de mujeres guardias; me preocupaba que la gente cuestionara si realmente había sido una violación”, dice. “Había gente en Internet discutiendo sobre lo que había vivido, sobre cómo lo definirían ellos, pero no fue algo que me afectara mucho”.

Liedtke indica que vive con el trauma del ataque. “Ahora mismo estoy bien, hay días en los que no recuerdo nada y otros en los que pienso que esto nunca va a mejorar, pero creo que es normal”, dice. Le reconforta el compromiso político por el que en un principio decidió unirse a la flotilla y la alegre bienvenida con que recibieron en Gaza a uno de los barcos de la flotilla que apareció vacío en una playa de la Franja. “Ha merecido la pena, todo lo que he pasado ha merecido la pena para aportar al menos un poco de esperanza, la de que la próxima flotilla llegará”.

El Ejército israelí “rechaza las acusaciones de abusos” por parte de las fuerzas que interceptaron la flotilla de Liedtke, ha declarado un portavoz, que ha derivado el resto de preguntas al Servicio Penitenciario de Israel (SPI). “Las acusaciones descritas en su consulta son negadas categóricamente y carecen por completo de fundamento”, han dicho desde este servicio. “El SPI rechaza cualquier acusación de violación, agresión sexual o abuso sistemático por parte de su personal”.

Traducción de Francisco de Zárate.

La Justicia ratificó el procesamiento del empresario Marcelo Porcel, acusado por los presuntos abusos sexuales y corromper a diez adolescentes, compañeros del colegio de sus hijos, al tiempo que ordenaron colocarle una tobillera electrónica.

La resolución fue dictaminada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López, en el caso que investiga los hechos ocurridos durante reuniones que el implicado llevaba a cabo en su vivienda.

Los camaristas desestimaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la medida establecida, sin prisión preventiva, por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 50, a cargo del magistrado Carlos Bruniard.

Marcelo Porcel había sido procesado por ser considerado autor de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la situación de guarda, cometido en forma reiterada a diez damnificados, que concurren realmente entre sí y en forma ideal con el de corrupción de menores de 13 años en al menos diez oportunidades que concurren materialmente entre sí, y a su vez idealmente con el de producción de representaciones de genitales de un menor de 18 años con fines predominantemente sexuales”, mientras que se le impuso un embargo contra sus bienes por la suma de $111.564.950.

Conforme al fallo, el empresario aprovechó los encuentros realizados en los distintos domicilios, a fin de desplegar “un entramado de relaciones y vínculos, naturalmente signado por una inexorable asimetría”, por lo que hacía uso de su posición económica y confianza para atacar a los damnificados.

Los camaristas resaltaron que las actitudes del implicado deben ser analizadas “de manera conjunta”, a raíz de que dan cuenta de “la unidad de acción exhibida en la fuente de captación de los niños y de oportunidad de desplegar en el trato con ellos el designio sexual abusivo”.

En este sentido, el sindicado les ofrecía alcohol, actividades recreativas y regalos a los adolescentes en medio de las reuniones donde les realizaba masajes e impulsaba situaciones de exhibición corporal.

Además, las entrevistas efectuadas en Cámara Gesell resultaron claves porque presentaron “coherencia interna y concatenaciones lógicas en su configuración”, en tanto que los menores evidenciaron “incomodidad y malestar” y se descartó la posibilidad de que esos testimonios sean fabulados o se encuentren motivados por intereses espurios.

“Sobre la producción de imágenes sexuales, los jueces validaron la imputación referida a fotografías halladas en teléfonos celulares secuestradas durante los allanamientos. Según la resolución, se trató de imágenes de uno de los adolescentes desnudo mientras se duchaba, tomadas ‘sin anuencia previa e incluso sin que aquél lo advirtiera'”, agregó el portal Fiscales.

Los jueces ordenaron la colocación de una tobillera y la entrega de botones antipánico a los denunciantes para la posible emisión de alertas en caso de que Porcel incumpla las restricciones de acercamiento vigentes.

Los tres miembros de la Cámara solicitaron que se comuniquen esos impedimentos de contacto a las comisarías pertinentes a los domicilios de los adolescentes y notificar a Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Cancillería respecto a la prohibición de salida del país contra el involucrado.

El empresario fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”.

Hay al menos diez víctimas, pero son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos, y todas tienen el patrocinio de Pablo Hawlena Gianotti, mientras que al acusado lo defiende el abogado Roberto Rallin.

El acusado, que hasta no fue indagado ni imputado, formó parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping del ex Buenos Aires Design en Recoleta.

Además, está vinculado a una firma agropecuaria fundada por su familia y estuvo al frente de la empresa Campazu S.A., con proyectos en Nordelta y Punta del Este.

Los denunciantes son alumnos del Colegio Palermo Chico, donde también asisten los cuatro hijos de Porcel.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La dirigente sindical Dolores Huerta reveló ser una de las mujeres y niñas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual por parte de César Chávez, el ícono sindical que visibilizó las dificultades de los trabajadores agrícolas mientras dirigía el sindicato United Farm Workers.

Las acusaciones contra Chávez, fallecido hace más de tres décadas, provocaron llamamientos a modificar los monumentos en honor al hombre que en la década de 1960 ayudó a conseguir mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores agrícolas y que fue venerado durante mucho tiempo por muchos líderes demócratas en EE.UU..

En un comunicado emitido el miércoles, Huerta declaró que guardó silencio durante 60 años por temor a que sus palabras perjudicaran al movimiento de trabajadores agrícolas. Huerta describió dos encuentros sexuales con Chávez: uno en el que fue “manipulada y presionada” y otro en el que fue “obligada contra su voluntad”, informa The Associated Press.

“Guardé este secreto durante tanto tiempo porque construir el movimiento y asegurar los derechos de los trabajadores agrícolas era la obra de mi vida. La formación de un sindicato era el único medio para lograr y garantizar esos derechos, y no iba a permitir que César ni nadie más se interpusiera en mi camino”, dijo.

Huerta, una leyenda de los derechos laborales, se unió a Chávez en 1962 para cofundar la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que posteriormente se convirtió en United Farm Workers of America. Para muchos, eran como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks por su labor en defensa de la igualdad racial y los derechos civiles, informa AP.

The New York Times informó este miércoles que descubrió que Chávez había manipulado y abusado sexualmente de jóvenes que trabajaban en el movimiento. Huerta también reveló al periódico que fue víctima de abuso cuando tenía treinta y tantos años.

Huerta declaró que ambos encuentros sexuales con Chávez resultaron en embarazos, los cuales mantuvo en secreto, y que se encargó de que los niños fueran criados por otras familias: “Nadie supo la verdad completa sobre cómo fueron concebidos hasta hace apenas unas semanas”.

Huerta dijo desconocer que Chávez hubiera abusado de otras mujeres y condenó sus acciones, pero destacó que el movimiento de trabajadores agrícolas es más grande que una sola persona: “Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes logradas para los trabajadores agrícolas con la ayuda de miles de personas. Debemos seguir participando y apoyando a nuestra comunidad, que necesita defensa y activismo ahora más que nunca”.

La familia de Chávez declaró en un comunicado que están devastados por la noticia y que desean paz y sanación a las víctimas, a quienes elogian por su valentía al denunciar los hechos: “Conservamos nuestros propios recuerdos de la persona que conocimos. Alguien cuya vida incluyó un trabajo y contribuciones profundamente significativas para muchas personas”.

Nacido en Yuma, Arizona, Chávez creció en el seno de una familia mexicano-estadounidense que recorría California recolectando lechugas, uvas, algodón y otros cultivos de temporada. Falleció en California en 1993, a los 66 años de edad.

Chávez es reconocido en todo EE.UU. por su labor organizativa inicial en los campos, una huelga de hambre, un boicot a la uva y la victoria final que logró al conseguir que los productores negociaran con los trabajadores agrícolas para mejorar sus salarios y condiciones laborales.

La Fundación César Chávez expresó el miércoles su apoyo inequívoco a las víctimas del líder sindical y anunció que —con el respaldo de la familia Chávez— la organización redefinirá su identidad de cara al futuro.

“Estamos comprometidos con la justicia restaurativa y la sanación de quienes han sufrido daños, así como a garantizar que nuestra organización refleje la dignidad y la seguridad que toda persona merece”, afirmó la fundación en un comunicado.

El sindicato de los Trabajadores Agrícolas Unidos (United Farm Workers) se desmarcó rápidamente de las celebraciones anuales en honor a su fundador, calificando las acusaciones de inquietantes. En un comunicado emitido el martes, el sindicato afirmó que las acusaciones de “abuso de mujeres jóvenes o menores” resultaban lo suficientemente preocupantes como para instar a personas de todo el país a participar en eventos a favor de la justicia migratoria o en actos de servicio, en lugar de asistir a los eventos habituales de marzo para conmemorar el legado de Chávez.

“Son pedófilos”, dijo el intento de presidente. “Alejen a las drag queens de los niños”, gritaron en Estados Unidos. “La bandera de seis colores representa perversión”, repiten en Rusia. “La transexualidad es un trastorno mental”, aseguran en Perú.

¿Y la realidad cuál es?

La primera vez que puse un pie en los Bosques de Palermo comencé a conocer historias. No eran las mías. Eran historias desgarradoras, de esas que la gente ama escuchar. De esas que hacen que nos miren con lástima. El trabajo en la calle era -y sigue siendo- una forma de hacernos saber que valemos menos. Que ese lugar no molesta. Que ahí no estorbamos. Que ahí no le importamos a nadie.

Empecé a conocer historias. Entre ellas, las de mis amigas. Amigas de veinte años que ya estaban paradas en esos bosques oscuros desde hacía más de seis. Conocí a Corazón, una chica trans de trece años. Conocí a Diane, que mostraba orgullosa las fotos de su fiesta de quince, que se pudo pagar ella sola trabajando ahí. Un mundo miserable que conocí de golpe. El verdadero lado del mundo. Y ahí, en ese lugar, en esa realidad… ¿Quién reclamaba por lo que tanto se nombra?

Nos fascinamos cuando aparecen nombres famosos en las listas de Epstein. Nos indignamos. Compartimos titulares. Jugamos a detectives morales por redes. Pero… ¿qué pasa con los nombres que no están en ninguna lista? ¿Qué pasa con el abuso cotidiano? Con el abuso normalizado. Con el abuso que no escandaliza porque las víctimas somos nosotras. Porque cuando sos trava, parece que no importa. Parece que el abuso viene incluido. Que la violencia es parte del paquete. Que nos la merecemos.

Ayer leí en redes que en Estados Unidos, Eva Cordero, una travesti que trabajaba como modelo, ya había denunciado a Epstein en 2007. Tenía dieciséis años. Relató abusos. Relató violaciones. Pero nadie le creyó. Los titulares se burlaban. La ridiculizaban. El New York Post la nombraba como “un hombre”, quitándole toda humanidad, toda credibilidad, toda seriedad.

Otra vez: el sistema defendiendo al poderoso y aplastando a la víctima.

Y entonces miro para atrás, a mi propio país. Y pienso: ¿y el caso Candelmo? ¿O acaso no estuvo preso el pedófilo que la abusó? Pero los medios -como siempre- hicieron de ella una caricatura. De él, un “acá no pasó nada”. Un pobre tipo. Un error. Un malentendido. Siempre lo mismo.

Así como con los políticos que viven del Estado hace cuarenta años y la gente los vuelve a votar, hay abusadores que, pase lo que pase, vuelven a ser elegidos. Vuelven a la tele. Vuelven al poder. Vuelven al escenario. Vuelven a la fama. No hay prueba que alcance.

Un pedófilo puede volver a tener su programa de televisión como si nada. Puede volver a ser respetado. Puede volver a ser invitado. Puede volver a ser aplaudido. Porque el mundo ya es así. Miramos para otro lado. Siempre.

Miramos para otro lado cuando una nena desaparece. Cuando una trava denuncia. Cuando una víctima habla. Cuando alguien rompe el silencio. Miramos para otro lado porque duele mirar de frente. Porque incomoda. Porque obliga a revisar nuestras propias miserias.

Ahora, los que no miran para otro lado son los que intentan desviar la atención. Proyectar en el resto. Acusar para no mirarse.

Hace unos días se casó por iglesia un matrimonio trans. No pasaron ni dos horas. Dos. Y la gente -gente de mierda- empezó a poner el grito en el cielo. Ese cielo lleno de pervertidos absueltos de sus peores pecados. “Anulen ese matrimonio”, dijeron.

Jamás levantaron la voz tan rápido. No lo hicieron con el padre Grassi. No lo hicieron con los miles y miles de curas abusadores que van moviendo de pueblo en pueblo, regalándoles nuevas víctimas. No lo hicieron con las denuncias. No lo hicieron con las pruebas. No lo hicieron con los testimonios. No lo hicieron nunca.

Tampoco lo hicieron cuando Mónica Cremona, la monja que ayudó a tantas trans a vivir mejor, a tener un techo, un plato de comida, un refugio, fue expulsada injustamente de la Iglesia.

Ahí, silencio.

Pero ahora sí. Ahora se escandalizan. Por dos personas que se aman. Porque la gente es rancia. Inculta. Ignorante. Cruel.

Fue en 1960 cuando Coccinelle fue rebautizada por la Iglesia Católica de Francia con su nombre de mujer y pudo casarse frente a miles de personas. Sesenta años después, seguimos discutiendo lo mismo.

¿Qué les molesta tanto? ¿La unión de dos personas que se quieren? ¿O defender el “sagrado matrimonio” ¿Matrimonio? ¿Cuántas manos con anillos de oro en los dedos sacaron billetes de sus bolsillos para comprar cuerpos? ¿Cuántos “señores respetables” pagaron por abusos clasistas disfrazados de “servicio”? ¿Cuántos maridos ejemplares fueron clientes de prostíbulos? ¿Cuántos se persignan frente a un cura y después terminan de rodillas en un piso sucio?

Hipócritas. Juran fidelidad. Juran valores. Juran familia. Juran moral. Y viven mintiendo.

¿Cuántos de esos “grandes señores” tendrán perfiles en foros clandestinos como escorts-xp donde se avisan entre ellos dónde hay menores, dónde hay mujeres que cobren poco y “hagan mucho”, dónde hay cuerpos vulnerables disponibles, hasta donde hay animales para practicar su zoofilia?

Porque eso existe. No es teoría. No es exageración. Es público. Es obsceno. Lo puede leer cualquiera. Y nadie parece escandalizarse lo suficiente.

Ver el mundo desde mi vereda es distinto. Ver el mundo como lo vemos las travestis es aberrante, pero es sincero. Nosotras sabemos lo que es el odio sin haberlo provocado. La ilegalidad sin haberla elegido. La marginalidad sin haberla pedido. Sabemos lo que es el abuso. Sabemos lo que es la impunidad.

Escucho que el país se paraliza por una reforma laboral y me pregunto, honestamente, qué se sentirá tener un trabajo registrado. Qué se sentirá tener aportes. Vacaciones. Aguinaldo. Derechos.

A muchas de nosotras jamás nos contrataron en ningún lado. Jamás mi currículum fue suficiente. Jamás mi talento artístico llenó una heladera o pagó las cuentas.

¿De qué reforma hablan? Si mi único patrón fue el billete. Ese que había que conseguir como fuera. Ese que no preguntaba edad, ni dignidad, ni miedo. En este mundo tan injusto me sorprende la indignación selectiva. Lo que sí escandaliza. Lo que no.

Pienso en los relatos de mi amiga Ana Lupez. En el libro que hicimos juntas. En cada abuso que sufrió de chica. En las violaciones en la cárcel de Devoto cuando era menor de edad. Menor.

Y después estoy yo -la pesada de siempre- tocando puertas de diputados, de legisladores, buscando al menos un reconocimiento. Una reparación histórica para Ana y sus amigas. Un gesto. Pero cuando no hay campaña electoral, se nota. Y mucho. No conseguí nada. Ni una mención. Ni una audiencia seria. Ni una intención real de reparar.

Porque acá, si no sos funcional, no existís. Si no servís para la foto, no importás. Si no das votos, no valés.

A veces me pregunto para qué sirve seguir quejándose. Si la batalla ya está perdida. Si la única respuesta posible es la rebeldía, la barbarie, las guillotinas simbólicas, las horcas imaginarias en Plaza de Mayo.

Pero no. La sociedad está demasiado ocupada haciendo memes. Peleando con trolls. Comentando pavadas. Discutiendo sobre pendejos con máscaras de perro. Arruinando “Guantanamera”, el himno sentimental del pueblo cubano, transformándolo en un canto de cancha sin respeto, sin memoria, sin historia. “Alta coimera”. Esa es la guerra de hoy: un meme, un canto, una burla, una payasada detrás de otra. Mientras desde arriba se nos cagan de risa.

Vivimos en un país sin seriedad, donde el poder nos viola todos los días y después nos pide paciencia.

Entonces, ¿qué nos queda? Resguardarnos como podamos. Cuidarnos entre nosotras. Resguardar a los pibes. Alejarlos del hambre. Alejarlos del abuso. Alejarlos de los poderosos y de los no tanto. Porque los pedófilos están en todos lados. Con denuncias. Con causas. Con expedientes. Tomando sol en Punta del Este o escondidos en una casilla del barrio más precario. Impunidad para todos. Justicia para nadie.

Pienso en la ESI. Esa gran herramienta que intentan destruir. Claro. ¿Qué abusador va a querer que los chicos sepan nombrar lo que les pasa? ¿Qué pedófilo va a querer que lo descubran?

Pienso en lo que dije al principio. En esas palabras que repiten como un mantra: pedófilos, perversos, enfermos, desviados. Y me pregunto: ¿Quiénes son realmente los pedófilos? ¿Quiénes son los que deberían alejarse de los niños? ¿Quiénes son los pervertidos? ¿Quiénes son los del “trastorno mental”?

Mientras escribo esto y me despido de esta columna, pienso en el futuro. En uno incierto. En valijas. En huidas. En maniobras que vuelven. En empezar de nuevo. En lo que a muchas personas les toca ahora y a nosotras, las travestis, nos tocó siempre.

Migrar. Sobrevivir. Rearmarnos. Inventarnos otra vez.

No escribí para gustar.

No escribí para agradar.

No escribí para ser correcta.

Escribí para no callarme.

Para dejar constancia.

Para que después nadie diga “no sabíamos”.

Sabían.

Siempre supieron.

Y eligieron mirar para otro lado.

El británico Philip Young y otros cinco hombres fueron acusados este lunes de un total de más de 60 delitos sexuales cometidos contra su hoy exesposa, Joanne Young, durante un periodo de 13 años, incluidos violaciones y administración de estupefacientes, informó la policía de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

Philip Young, de 49 años, fue imputado de 56 cargos, que supuestamente se habrían cometido entre 2010 y 2023, entre ellos múltiples violaciones, administración de sustancias para someter a su esposa, 'voyeurismo' y posesión de imágenes indecentes de menores y de imágenes extremas, indicó el cuerpo policial.

Según informa The Guardian, Young fue concejal conservador en el Ayuntamiento de Swindon entre 2007 y 2010, encargado de la cartera de Cultura, Regeneración y Desarrollo Económico. Ahora era director de operaciones en una consultora.

Los otros cinco acusados son Norman Macksoni, de 47 años, imputado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, igualmente de 47 años y sin domicilio fijo, acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y Conner Sanderson Doyle, de 31 años, imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales. También Richard Wilkins, de 61 años, imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales, y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de tocamientos sexuales.

Tanto Philip Young, en prisión preventiva, como el resto de los acusados, que están en libertad bajo fianza, deberán comparecer el martes ante un tribunal de Swindon, en el suroeste inglés.

El superintendente detective Geoff Smith dijo en un comunicado que se trata de “un avance significativo en una investigación compleja y extensa” y destacó que la víctima cuenta con apoyo especializado desde el inicio del proceso.

Joanne Young, de 48 años, renunció a su derecho al anonimato, lo que significa que la prensa puede informar sobre su identidad y otros detalles personales en lo que se prevé que será un juicio de interés público en el Reino Unido.

elDiario.es/EFE

“A mí me engañaron porque me prometieron que iría a una escuela de niñas a estudiar hostelería y terminé como una esclava durante casi 30 años sirviendo y limpiando sin descanso”. “Yo logré escaparme luego de 16 años, pero me buscaron y volví por nueve años más hasta que pude volver a irme”. “Era menor cuando me entregaron el cilicio y la disciplina y me dijeron que debía flagelar cada día para emular el dolor de Jesús”. “Durante décadas han reclutado adolescentes en todo el mundo, de clases altas y de clases bajas, con métodos engañosos, a espaldas de sus padres y a espaldas del Vaticano”. 

Estos son algunos extractos de los testimonios que se escucharán en la primera cumbre global sobre las denuncias de abuso espiritual, servidumbre y manipulación psicológica que afronta la institución católica Opus Dei y que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se reunirán especialistas y denunciantes de América Latina y Europa. La iniciativa surgió de la organización global Ending Clergy Abuse (ECA), después de la audiencia privada e histórica con el papa León XIV en el Vaticano el pasado 20 de octubre: fue la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica en funciones recibe a una ONG que lucha contra el abuso eclesiástico. 

“La Iglesia tiene la responsabilidad moral de apoyar a los sobrevivientes y prevenir daños futuros”, dijo entonces Tim Law, cofundador y miembro de la Junta Directiva de ECA, de Estados Unidos. En aquella jornada, Robert Prevost también dio una audiencia privada al periodista peruano y exintegrante de ECA Pedro Salinas, quien investigó los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana que derivaron en la disolución de la orden por parte de Francisco. A él lo conocía muy bien de sus años de misión en Perú. 

“Prevost fue un aliado firme contra los abusos”

“Desde 2018, cuando era obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal, fue evidente su compromiso activo con la búsqueda de la verdad en el Caso Sodalicio y, a la vez, discreto pero eficaz, con las víctimas de abuso institucional y su determinación de combatir a la entonces secta católica. Ese compromiso continuó incluso cuando luego fue designado cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos”, afirma Salinas a elDiario.es. El periodista de investigación y exmiembro del Sodalicio, autor de Mitad monjes, mitad soldados y de La verdad nos hará libres será uno de los anfitriones de la jornada sobre el Opus Dei en Buenos Aires. “A diferencia de otros prelados cobardes y apocados e indolentes, Prevost fue uno de los aliados más firmes que tuvimos en esta historia en Perú y luego con su elección como Papa, donde continuó recibiendo ataques difamatorios por parte de los remanentes del Sodalicio de Vida Cristiana”, remarcó Salinas, que por sus denuncias sufrió una persecución mediática y judicial que podría llevarlo a la cárcel.

En 2021, 43 mujeres denunciaron ante los medios de comunicación y ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que habían sido engañadas y sometidas a explotación por el Opus Dei como sirvientas sin remuneración y en condiciones de semiencierro durante décadas desde que eran adolescentes en la Argentina. 

La denuncia, aunque no fue respondida formalmente por la Santa Sede, impulsó la decisión del papa Francisco de modificar la jerarquía y quitar privilegios a “la Obra” fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 y presente en 68 países del mundo en los cinco continentes. Además, el jefe máximo de la Iglesia Católica exigió un cambio de estatutos a la institución que en 2025, tras su muerte, fueron entregados a su sucesor, el papa León XIV.

En medio de la expectativa sobre qué hará León XIV con el Opus Dei se celebrará la cumbre en Buenos Aires. La capital argentina fue elegida, ya que es allí donde pesa una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en ese país durante los últimos 40 años. La acusación se elevó en octubre de 2024 tras dos años de investigación secreta de la Procuraduría contra la Trata y Explotación (PROTEX) y la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, quienes consideraron que “hubo un sistema de reclutamiento y explotación de mujeres pobres: servidumbre para miembros de élite y sacerdotes”. Entre los acusados se encuentra el sacerdote Mariano Fazio, el segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo en la actualidad.

Entre los invitados a disertar en la cumbre estará el periodista inglés Gareth Gore, autor de Opus, la productora Mónica Terribas, directora de la serie de MAX El minuto Heroico, y la periodista argentina Paula Bistagnino, quien sacó a la luz el caso de las mucamas del Opus Dei. También estarán los abogados de ECA Pedro Salinas y Lucas Lecour y el abogado de las 43 denunciantes argentinas, Sebastián Sal. El último bloque tendrá los testimonios de exmiembros de la organización cuestionada de España, México, Perú, Irlanda y Argentina, que piden que la Santa Sede escuche sus testimonios antes de definir el futuro de la organización. 

Los testimonios que sentaron al Opus Dei en el banquillo

Susana Lencina era la criada adolescente de una familia en Rosario cuando su patrona la subió a un coche para que la llevaran a la escuela de mucamas del Opus Dei en Buenos Aires. A Tita Villamayor la fueron a buscar con su prima en un pueblo rural de Paraguay a los 15 años con la promesa de una escuela en la capital, Asunción, y pronto la llevaron a la Argentina y la pusieron a trabajar.

Beatriz Delgado logró escaparse después de servir 16 años sin salario y en condiciones de encierro, pero la encontraron y la obligaron a regresar contra su voluntad por nueve años más. A Alicia Torancio la sobremedicaron con pastillas psiquiátricas y la dejaron en una habitación para que ninguna de sus compañeras pudiera verla. Cuando falleció su padre, Norma Martínez no tenía dinero para el entierro y no la ayudaron; le dijeron lo mismo que cuando pedía ver a su familia: que practicara el desprendimiento y que su familia era la Obra. 

Las de Susana, Tita, Beatriz, Alicia y Norma son solo cinco de las 44 historias que la justicia argentina escuchó en los últimos dos años antes de presentar una histórica acusación por trata de personas y explotación laboral contra las autoridades regionales de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, que pone a las máximas autoridades de la organización en la región Río de la Plata en el banquillo.

El uso de la violencia sexual y basada en el género (VSBG) para reprimir las protestas pacíficas forma parte de un “patrón creciente” y “alarmante” en Latinoamérica, según denunció este miércoles la organización humanitaria REDRESS.

Esta ONG, con sede en Londres, reveló en su primer informe sobre esta cuestión casos de agresiones cometidas por “actores estatales” en manifestaciones recientes en Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, donde las víctimas son sometidas a “desnudez forzada, violación, requisas invasivas, acoso sexual, tocamientos inapropiados, violaciones anales y vaginales con objetos”.

Esta represión política y social, subrayó, a menudo coincide con esfuerzos más amplios encaminados a reducir el espacio cívico mediante la criminalización de manifestantes, detenciones masivas y leyes que evitan que las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos.

El informe, elaborado con la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law (AUWCL) y la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Violencia de Género (ReLeG), explicó que la VSBG se utiliza particularmente como arma contra mujeres, personas LGBTIQ+ y otros grupos marginados.

Las víctimas, lamentó, suelen guardar silencio por vergüenza, temor a represalias, estigma social o falta de confianza en el sistema de justicia, mientras que la impunidad “generalizada” lo agudiza y perpetúa el ciclo de violencia.

La investigación también advirtió sobre “el fracaso sistémico” de las autoridades a la hora de incorporar una perspectiva de género en las políticas y prácticas de seguridad, “en claro desprecio por las normas de derechos humanos internacionales y regionales”.

El informe recordó que la “larga historia de racismo, clasismo, colonialismo y represión política” de las dictaduras latinoamericanas ha creado un escenario donde “la impunidad prospera y la protesta pacífica es frecuentemente vista como una amenaza, en lugar de un derecho democrático”.

“La violencia sexual y de género en las protestas es una herramienta deliberada de represión política y social. Refleja una discriminación estructural profundamente arraigada, destinada a deshumanizar, silenciar y desalentar la participación de mujeres y personas de diversas orientaciones sexuales o identidades de género en la vida pública y política”, indicó la directora jurídica de REDRESS, Alejandra Vicente.

Entre los ejemplos más recientes, el documento se remitió a las protestas poselectorales de 2024 en Venezuela, donde se reportaron amenazas de violación por parte de agentes estatales, tocamientos en senos, glúteos y genitales de personas detenidas, así como desnudez forzada y requisas invasivas.

“A un hombre -expuso- se le aplicaron descargas eléctricas en los genitales por ser percibido como opositor político. Las autoridades también negaron a las mujeres detenidas el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos al impedirles amamantar”.

También en Colombia durante la huelga general de 2021, organizaciones de la sociedad civil documentaron numerosos casos de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

“Un incidente involucró a tres manifestantes y una periodista que fueron agredidos sexualmente durante requisas policiales. En otro, tres jóvenes fueron encerrados en una celda con otros reclusos mientras la policía animaba a los presos a violarlos; uno fue obligado a practicar sexo oral”, agregó el informe.

EFE.

El 2 de julio el jurado dictó un veredicto de culpabilidad por algunas de las acusaciones contra el magnate de la música Sean Combs, acusado de abusos sexuales horribles contra mujeres con la ayuda de su numeroso personal y su gran poder económico. También se lo acusa en numerosas demandas civiles de abusos sexuales contra adultos y menores.

Parece que todo el mundo se olvidó rápidamente de Combs cuando los detalles de décadas de horribles abusos sexuales del financiero Jeffrey Epstein a al menos 100 niñas y mujeres, con la ayuda de su extenso personal, su gran poder económico, los bancos y sus conexiones con la élite, se convirtieron en el siguiente escándalo de primera plana.

En junio, el productor cinematográfico Harvey Weinstein fue declarado culpable en un nuevo juicio celebrado en Nueva York por algunos de los horribles abusos sexuales que cometió contra mujeres durante décadas, una vez más, con la ayuda de su numeroso personal, abogados de prestigio, la industria cinematográfica, algunos exagentes del Mosad y, por supuesto, su gran poder económico.

En febrero, un tribunal federal de apelaciones confirmó las condenas y la pena de 30 años de prisión del cantante R Kelly por extorsión y tráfico sexual. El año pasado también se confirmó su otra condena a 20 años por producir imágenes de abuso infantil y seducir a menores con fines sexuales. Por supuesto, su gran poder económico y su amplia red de ayuda también fueron factores que le permitieron abusar de niñas durante tanto tiempo.

Una de las razones por las que la epidemia de violencia contra las mujeres es tan poco reconocida es porque los casos como estos se tratan de forma individual y, muchas veces, se consideran aberraciones impactantes en lugar de parte de un patrón generalizado que opera en todos los niveles de la sociedad. Otra razón es que, en el sentido más literal, no es noticia: hay oleadas de odio y violencia contra otros grupos que van y vienen, pero la violencia contra las mujeres es global y duradera, una constante más que un acontecimiento. Otra es que las fuerzas del orden y el sistema legal muchas veces se interesaron más en proteger a los agresores y la sociedad muchas veces normalizó e incluso celebrado la violencia contra las mujeres.

Imaginemos que no tuviéramos una palabra para referirnos al cáncer y no reconociéramos las diversas formas en que se manifiesta, de modo que solo tuviéramos noticias ocasionales y espeluznantes sobre crecimientos extraños y a veces mortales en diversas partes del cuerpo de diversas personas, sin relacionar las versiones en el cerebro con las versiones en la próstata y los senos. Si no reconociéramos los denominadores comunes, no podríamos desarrollar diagnósticos y tratamientos ni abordar las causas fundamentales. De hecho, el feminismo ofreció un diagnóstico, de forma constante, durante décadas y siglos: que la causa es la misoginia y que la violencia tiene por objeto perpetuar la desigualdad, la explotación y la subordinación de las mujeres. Pero las historias de casos aislados evitan este reconocimiento al tratar algo omnipresente como excepcional y aislado.

Lo único excepcional de los delitos de Epstein era su magnitud y, tal vez, la complejidad de los sistemas financieros, de transporte y de otro tipo que utilizaba a nivel internacional para traficar, controlar, abusar y silenciar a sus víctimas. La naturaleza de los delitos es ordinaria y común. En Estados Unidos, se produce una violación cada 68 segundos, una mujer es golpeada por su pareja cada nueve segundos y, aunque cada año se asesina a más hombres que mujeres, “más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidio son asesinadas por su pareja actual o anterior”, según datos oficiales de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). A nivel mundial, cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o un miembro de su familia. Un alto porcentaje de la trata de personas en todo el mundo corresponde a mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

En lugar de centrarme en casos de gran repercusión mediática en mis primeros párrafos, podría haber encontrado ejemplos entre los cientos de casos de abuso sexual de mujeres, niñas y niños por parte de ministros de la Iglesia Bautista del Sur. La National Public Radio de EEUU (NPR) informó en 2022 que “el Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur (SBC) gestionó mal las denuncias de abuso sexual, obstaculizó a numerosas víctimas y dio prioridad a proteger a la SBC de cualquier responsabilidad”. O en las grotescas acusaciones de acoso sexual y tocamientos por parte de Andrew Cuomo mientras era gobernador de Nueva York, seguidas de su persecución a quienes alzaron la voz. También podría haber mencionado que tanto los internados estadounidenses como los canadienses para niños indígenas están recibiendo denuncias a medida que antiguos alumnos que sufrieron abusos sexuales en ellos encuentran el espacio para hablar.

La pretensión de descubrir si Donald Trump es o no un depredador sexual si se publican los archivos de Epstein es en sí misma una especie de encubrimiento, ya que ya sabemos que lo es, aunque estoy totalmente a favor de averiguar exactamente qué es lo que tanto le interesa ocultar. Fue declarado culpable de agredir sexualmente a E Jean Carroll en un juicio civil en 2023 y fue acusado de manera creíble de manosear, agarrar y agredir a numerosas mujeres. Su comportamiento más que espeluznante con las adolescentes de los concursos de belleza que dirigía está bien documentado, al igual que su cercanía con Epstein.

Ahora, al igual que todos los hombres mencionados en los primeros párrafos de este ensayo, Trump cuenta con una máquina de protección en marcha, sin precedentes. Nuestro propio Gobierno federal, financiado con nuestros impuestos, aparentemente se esfuerza por proteger a Trump de lo que sea que haya en esos archivos. Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, suspendió la actividad en el Congreso para proteger a Trump de las medidas demócratas destinadas a obligar a los republicanos a votar sobre la divulgación de los archivos de Epstein. Muchos altos funcionarios no sirven al pueblo, sino a Trump.

Según informa The Hill, el senador Dick Durbin, miembro del Comité Judicial del Senado, “afirma haber recibido información según la cual la fiscal general Pam Bondi 'presionó' a unos 1.000 agentes del FBI para que revisaran decenas de miles de páginas de documentos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein y avisaran de cualquier mención al presidente Trump”. Mil trabajadores se vieron apartados de sus funciones oficiales, un esfuerzo extraordinario que solo consigue que Trump parezca tener mucho que ocultar.

Pero, en otro sentido, toda la sociedad está ocultando algo: que esta violencia está en todas partes y que moldea profundamente —o desfigura— nuestra sociedad. Las estadísticas que cité anteriormente se refieren a las víctimas de delitos específicos. Pero todas las niñas y mujeres se ven afectadas por la realidad de que muchos hombres quieren hacernos daño y que estos delitos nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotras.

Esta violencia afecta a las decisiones que tomamos sobre dónde ir y cuándo, qué trabajos aceptar, cuándo hablar y qué ropa ponernos. La amenaza de violencia y la violencia real de algunos hombres contra algunas mujeres y niñas establece la vulnerabilidad, el miedo y la falta de empoderamiento de las mujeres de una manera mucho más amplia. La sociedad nos exigió en gran medida que cambiemos nuestras vidas para evitar esto, en lugar de cambiar la sociedad para hacernos libres e iguales. Esta violencia es un motor de desigualdad que beneficia a todos los hombres, en la medida en que ser “más iguales que otros” en este sentido es un beneficio.

Las historias aisladas —“aquí hay un hombre malo al que hay que hacerle algo”— no abordan la realidad de que el problema es sistémico y la solución no es la policía ni la cárcel. Se trata de un cambio social, y las sociedades habrán cambiado lo suficiente cuando la violencia contra las mujeres deje de ser una pandemia que se extiende por continentes y siglos. Los problemas sistémicos requieren respuestas sistémicas, y aunque estoy totalmente a favor de que se publiquen los archivos de Epstein, quiero un debate más amplio y un cambio más profundo.

Rebecca Solnit, escritora, columnista, historiadora y activista, es autora de 'Los hombres me explican cosas'.

El Arzobispado de Madrid acaba de disolver la asociación Hijas del Amor Misericordioso, una falsa congregación que acumula denuncias por comportamientos sectarios, abusos espirituales y sexuales y que está detrás de los retiros de moda entre algunos católicos jóvenes llamados Effetá. Las HAM, como se conoce a las miembros del grupo en el circuito religioso, son pieza clave para entender el boom de estos encuentros de fin de semana cuyo futuro es ahora incierto y que forman parte de una tendencia en auge, el llamado catolicismo cool o guay que pisa con fuerza en España.

Este tipo de encuentros son uno de los máximos exponentes de este fenómeno creciente y se trata de retiros secretos cuya primera regla es que nada de lo que en ellos ocurre debe contarse. Sin móviles ni relojes, los participantes –llamados caminantes, que para ir a Effetá deben tener entre 18 y 30 años– se someten durante dos días a largas horas de escucha de experiencias traumáticas superadas por el “encuentro con Dios” intercaladas con dinámicas y rituales, algunos impactantes. Personas que han pasado por ellos hablan de una gran intensidad emocional y hay quienes incluso aseguran haber experimentado una conversión casi instantánea.

Las convivencias han ido consolidando como una de las herramientas clave del apostolado de las HAM, que según las denuncias analizadas por el Tribunal de la Rota que ha conducido la investigación, solían captar a jóvenes en retiros espirituales como Effetá, presente en diferentes centros religiosos, desde parroquias a universidades privadas. Además de las jornadas para jóvenes, el movimiento –que, según defiende, no tiene detrás ninguna estructura jerárquica– tiene su versión para adolescentes, La llamada de Samuel, la de entre 16 y 18 años, Bartimeo, y la destinada a adultos mayores de 30, Emaús.

En su intento (similar) por enganchar a la juventud, el Vaticano acoge precisamente estos días a mil influencers que crean contenido religioso en redes sociales y que se suman a otros fenómenos como el de Hakuna, junto a Effetá, los dos representantes por excelencia de la versión española del “catolicismo guay”. Conocido por ser un grupo de música que agota entradas y acumula millones de escuchas en Spotify, Hakuna es también un movimiento de católicos que propone actividades como retiros, formaciones, voluntariado, viajes, comunidades de creyentes, las llamadas Horas Santas... y con el que también las Hijas del Amor Misericordioso han trabajado estrechamente.

Esta tendencia que ha surgido con fuerza en los últimos años y que apuesta por un formato alejado de las propuestas más clásicas de la Iglesia está ocurriendo a nivel global y ya en 2019 la estadounidense Katherine Dugan lo calificó por primera vez de “cristianismo guay” en su libro Misioneros millennials: cómo un grupo de jóvenes intenta poner de moda el catolicismo. En él describe cómo en un contexto de progresivo abandono de la religión, se ha dado también un aumento de la devoción entre algunos jóvenes que con “fuerte vocación evangelizadora” promueven un catolicismo moderno, estéticamente atractivo y arraigado a la cultura pop.

El catolicismo 'cool' representa un empeño muy claro en cambiar las estrategias para hacerlas más adaptables y sensibles a un público joven, a sus gustos y sus contextos y entronca más claramente con sectores religiosos conservadores y de defensa de la tradición

Rafael Ruiz — Sociólogo y doctor en Ciencia de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid

El sociólogo y doctor en Ciencia de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Rafael Ruiz explica que el “catolicismo cool” engloba “una amplia variedad de fenómenos” que tienen dos rasgos clave: por un lado, “un empeño muy claro en cambiar las estrategias” con las que atrer a la población a la religión para “hacerlas más adaptables y sensibles a un público joven, a sus gustos y sus contextos”. Y, por otro lado, una procedencia en términos generales de este tipo de movimientos “que entronca más claramente con sectores religiosos conservadores y de defensa de la tradición”.

“Es un cambio innovador e importante en las formas, pero no tanto en los contenidos. Descansa sobre un eje que mantiene a estos fenómenos unidos al conservadurismo”, explica Mónica Cornejo, profesora de Antropología de las Religiones en la UCM. De hecho, hay testimonios en Effetá que tocan temas como la homosexualidad, el aborto o el sexo “desde la culpa”, según explicó a elDiario.es una participante. Hakuna, por su parte, “no tiene un discurso claramente alineado” con el rearme antiderechos a nivel global, pero “conecta de manera indirecta”, dice Ruiz, que pone el ejemplo de su participación en el festival “de la Resurrección” que organiza la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), muy activa contra el aborto y la eutanasia.

Es un cambio innovador e importante en las formas, pero no tanto en los contenidos. Descansa sobre un eje que mantiene a estos fenómenos unidos al conservadurismo

Mónica Cornejo — Profesora de Antropología de las Religiones en la UCM

Del Opus Dei a Las Rozas

A Hakuna, Ruiz lo define como “un auténtico fenómeno de masas” que tiene mucho que ver con este “reencantamiento católico de la juventud” que convive con la secularización española y que ha estudiado junto a otros investigadores en De qué hablamos cuando hablamos de Hakuna: claves para entender el catolicismo cool en España, publicado en la Revista Española de Sociología. Su germen son las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro de 2013, cuando fue impulsado por el exnumerario del Opus Dei José Pedro Manglano para expandirse después por colegios y centros madrileños de la obra, particularmente el Centro Universitario Villanueva.

Actualmente, Hakuna tiene presencia en decenas de ciudades españolas y también de fuera y desde que Manglano abandonara el Opus Dei en 2020, tiene su centro de operaciones en un antiguo convento de Las Rozas que fue la antigua sede de las HAM, ahora disueltas. Aunque la prelatura fundada por Escrivá de Balaguer y Hakuna tomaron caminos distintos entonces, Ruiz sí identifica “una suerte de estilo próximo” entre ambos. “La santidad en la vida cotidiana es exigida por el Opus Dei en el trabajo o en la familia, mientras que en el caso de Hakuna, en línea con este giro que protagoniza, se vuelca en el ocio y se aproxima a los gustos de los jóvenes”.

En Hakuna, esta coolización (hacer algo moderno o popular) de la religión viene muy mediada por el uso de las redes sociales y por el uso de una estética y un lenguaje que entronca con la población más joven. “Hay un dominio claro de la cultura de Internet y el estilismo y la iconografía de los carteles, los eslóganes o las proclamas están muy adaptados al marketing del siglo XXI, con narrativas muy cuidadas y sugerentes que conforman una identidad visual muy instagrameable”, explica el sociólogo, que hace referencia también a cómo las letras de las canciones del grupo “pueden conectar con cualquiera” porque aunque “tienen sentido desde la fe”, parecen seculares.

En Effetá la estrategia es diferente, pero también con elementos que pretenden generar un gran atractivo entre la población a la que se dirigen. “En este caso es todo lo contrario, no se usa la transparencia en redes, sino el secretismo. Y eso tiene mucho poder”, señala Ruiz. Con todo, hace falta solo una búsqueda rápida por TikTok para encontrar vídeos que mencionan el retiro y de un momento del fin de semana que sobresale por encima del resto, el único en el que se permiten los móviles y que muestra a los jóvenes en la ceremonia de cierre, eufóricos y abrazados, entonando el pegadizo himno del movimiento con banderas e imágenes de Jesús.

El orgullo de ser católico

En este sentido, Cornejo destaca otro elemento clave del “catolicismo guay” que es el de la experiencia: “En este tipo de fenómenos se pasa de la liturgia y la doctrina como centro de la religiosidad a otras alternativas más vinculadas a la vivencia de la religión, la emocionalidad y el encuentro con Dios y no tanto la rigidez de las ceremonias tradicionales”. La experta cree que este extremo es “fundamental” para explicar el éxito de estas propuestas, que toman prestado este modus operandi de las iglesias evangélicas de Estados Unidos, donde “la experiencia y la conversión rápida han funcionado muy bien”.

Para los especialistas consultados es difícil evaluar el éxito de estos fenómenos en términos cuantitativos, pero sí coinciden en señalar un efecto que tiene que ver con cierto orgullo identitario de mostrarse como católicos. “Hay mucho trasfondo de ponerlo en valor, de llevarse bien con esa identidad y de no avergonzarse”, dice Cornejo. “Frente a una tendencia que veníamos observando de testimonios de jóvenes que veían su religiosidad percibida como algo extraño o con prejuicio que les llevaba a ocultarla, estos movimientos con su visibilidad han logrado cierta normalización”, describe también Ruiz.

El tiempo, cree el sociólogo, será el que acabe dando más claves sobre estos fenómenos en expansión con los que algunos sectores eclesiásticos son críticos. “Una de las cuestiones que se observan es que el exceso de identificación de la propuesta cristiana con la cultura del marketing, de la alegría o el neoliberalismo puede acabar orillando otra parte del cristianismo que plantea una crítica al sistema en el que vivimos y tiene más que ver con la justicia social o las desigualdades”, esgrime Ruiz, que también advierte de los posibles prejuicios que suelen asociar juventud a superficialidad y “en lo que hay también que poner el foco”.

Herejías, abusos sexuales, abusos espirituales y de autoridad. Estas son algunas de las acusaciones que han recaído contra las Hijas del Amor Misericordioso, una de las realidades eclesiales –no una congregación religiosa, como falsamente se presentaban– con mayor pujanza en los últimos tiempos y que acaba de ser intervenida y disuelta por el Arzobispado de Madrid.

La decisión del cardenal José Cobo llega tras una investigación llevada a cabo por el Tribunal de la Rota y bajo el auspicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe que ha detectado presuntos comportamientos más propios de una secta al apartar a los fieles de sus familias. La Guardia Civil investiga, además, varias denuncias entre las que está un caso de posibles abusos continuados.

El arzobispado, por lo pronto, ha expulsado de la organización –controlada ahora por una comisaria general designada por la archidiócesis para reorganizar toda la estructura– a la ya ex superiora, María Milagrosa Pérez Caballero.

Las HAM –como se las conoce en el circuito religioso– son unas de las responsables del boom de las conversiones masivas de influencers en la localidad bosnia de Medjugorje y son claves para entender la organización de retiros del denominado cristianismo guay, como Effetá o Emaús. También han trabajado de manera estrecha con otras realidades pujantes, como Hakuna. De hecho, la casa de la localidad de Las Rozas (Madrid) donde lleva a cabo sus actividades el movimiento liderado por el sacerdote, ex del Opus Dei, José Pedro Manglano, fue la antigua sede de las Hijas del Amor Misericordioso.

Las HAM han sido responsables de organizar y predicar estos retiros, consolidándolos como herramientas clave de su apostolado. Sin embargo, con la intervención de la Archidiócesis y la suspensión de las actividades pastorales, el futuro de estas iniciativas bajo la gestión de las HAM es incierto.

De hecho, en la investigación llevada a cabo por el Tribunal de la Rota (y que se inició en febrero) se han destapado “numerosas denuncias” contra esta organización que pone el foco, sobre todo, en jóvenes, a los que capta en ejercicios espirituales y retiros de Effetá y Emaús organizados en diferentes parroquias de la comunidad autónoma.

El comunicado de Madrid es rotundo: la intervención se produce “tras verificar múltiples denuncias por abuso de poder, abuso de conciencia e incidencias afectivo-sexuales”. Desde ahora, las HAM tendrán prohibida toda actividad pastoral y la admisión de nuevas novicias, y se ha nombrado como comisaria a Pilar Arroyo Carrasco.

La nueva comisaria asumirá el gobierno general de la entidad por un periodo inicial de un año, que será “prorrogable”, ha informado la archidiócesis de Madrid, y tendrá la misión de “revisar y reconducir aspectos clave de la congregación”, incluyendo“ la estructura de gobierno, el plan de formación, la vida comunitaria, el acompañamiento espiritual”, además de “revisar estatutos, reglamentos y la gestión económica”.

Aprobadas por Rouco Valeral

Fundada por el padre Mansilla en 1983 (el religioso abandonó el movimiento en 1997, en desacuerdo con las posturas teológicas y pastorales que había adoptado) las HAM fueron aprobadas en 2007 como asociación pública de fieles por el entonces arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Hasta hace poco, tenían unas 60 vocaciones, así como una rama laica que sumaba a unas 300 personas, acompañadas por un grupo de sacerdotes, los Hijos del Amor Misericordioso, también bajo la lupa, y que podría estar formada seminaristas de la diócesis de Getafe, que viven apartados del resto de seminaristas, y que publicaban sus reflexiones a través del canal de Youtube HAMilías, que lleva tiempo sin actualizarse. Tampoco lo hacen las famosas ‘Diosidiencias’, una videoserie que las ‘monjas’ del HAM también publicaban en la red.

Las medidas adoptadas por el Arzobispado de Madrid también se aplicarán en las diócesis de Toledo, Sevilla y Getafe, donde las HAM tienen presencia conventos o casas de espiritualidad situadas en Los Molinos (Madrid), Escalona (Toledo) y Carmona (Sevilla). De hecho, el Arzobispado de Toledo, donde las HAM tenían previsto instalarse en el convento de las Madres Capuchinas, asegura que desde el pasado mes de diciembre, cuando internamente comenzó a investigarse a esta asociación, se les dijo que no podrían ubicar su noviciado en la capital castellano-manchega. En abril, se les urgió a abandonar el convento de Escalona, dándoles de plazo el final del verano.

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El actor Michael Ward, ganador de un premio Bafta y conocido por sus papeles en series y películas como Top Boy, Small Axe y Blue Story, fue acusado de violación, según informan varios medios británicos como la BBC.

Ward tiene 27 años y está acusado de dos delitos de violación y tres delitos de agresión, confirmó la Policía Metropolitana. Los hechos habrían ocurrido en enero de 2023.

Ward, que interpreta a Jamie en la serie Top Boy, de Netflix, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados del Támesis en Londres el 28 de agosto. El portavoz de la policía informó que sus agentes continúan prestando apoyo a la mujer que presentó la denuncia.

Micheal Wardes un actor y exmodelo inglés nacido en Jamaica. Sus películas incluyen Blue Story (2018) y The Old Guard (2020). En televisión, apareció como Jamie en el programa de Netflix Top Boy y The A List. Fue galardonado con el premio BAFTA Rising Star de 2020.

“Yo pienso que hasta que Sidders no esté detrás de las rejas no voy a poder sanar porque también tengo miedo por otros niños y niñas”. Lo dijo Daniela Silva, una víctima de abuso sexual del cura y docente Raúl Anatolly Sidders, en diciembre de 2020. Murió en septiembre de 2024, a los 32 años, a la espera del juicio contra su victimario sin saber que días antes del comienzo del proceso, el fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcaría un peligroso precedente: anulación y prescripción. Ahora Sidders está en libertad.

Daniela denunció a Sidders en agosto de 2020, en plena pandemia, por hechos ocurridos entre 2004 y 2008. Su relato no fue el único, surgió en medio de una ola de denuncias de exalumnos del colegio San Vicente de Paul de La Plata que llevaron al capellán primero a prisión común, luego a domiciliaria. El de 10 de julio debía comenzar su juzgamiento, pero a menos de una semana el Tribunal en lo Criminal Nº 5 de La Plata determinó la “extinción de la acción penal por la causal de prescripción”, “sobreseer al imputado Anatoly Raúl Sidders” y otorgar su “inmediata libertad”, tras apoyarse en el fallo de la Corte Suprema que dejó libre al condenado Juan José Ilarraz, el exsacerdote condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente a siete menores en un seminario en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Daniela murió por una enfermedad intestinal. Ella atribuía su origen al daño psicológico que le habían generado los abusos. “Llegó a incitarme a prácticas sexuales. Llegó a decirme que yo tuviese relaciones sexuales con un alumno y que mientras nosotros lo hacíamos, como yo no sabía, él nos iba a indicar todo cómo teníamos qué hacer. Él me enseñó lo que era la masturbación, lo que era una felación. Es difícil, yo esto lo tapé durante años. Traté de taparlo con años de silencio, y el silencio me provocó muchísimo muchísimo malestar en mí. A los 12 años tuve mi primer intento de suicidio y también a los 12 años, antes del intento de suicido caí internada por desmayos emocionales provocados por esto que me pasaba con Sidders”, describía Daniela en su testimonio, que fue revelado por Prensa Obrera junto a otras múltiples denuncias similares.

“El silencio me comió por dentro, literalmente. Me llevó a tener problemas en los intestinos por no hablar y hoy por hoy estoy operada de los intestinos y postrada en una cama porque todavía no sané ni por dentro ni por fuera”, compartía mientras los recuerdos le inundaban la mente. “Él me decía que no diga nada, que era lo que Dios quería para mí, que yo tenía que saber complacer un hombre porque el mandato de Dios era que la mujer tenía que saber complacer un hombre y que no se podía negar, y que preservativos no había que usar porque el fin de las relaciones sexuales era la procreación. Eso teniendo yo 10 años. Podría haber sido madre tranquilamente si le hacía caso a él”.

A Daniela la desvelaba el peligro que rondaba sobre nuevas víctimas porque ella no fue la única. “Por ejemplo un día dio una clase, dibujó un camino hacia las puertas del cielo y en el medio un abismo. Decía que los homosexuales se iban a caer en ese abismo. También nos llamaba yeguas, zorras, putas. Así nos decía, palabras textuales. Nos decía que nosotras las mujeres para lo único que servíamos era para comer, cagar y coger. Yo toda mi vida pensé que estaba sola y que nadie me iba a creer. Hoy sé que la gente me cree, que no estoy sola”, contaba.

El caso Iarraz: prescripción, sobreseimiento y un peligroso antecedente

El 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra Justo José Ilarraz, exsacerdote acusado de haber cometido abusos sexuales contra seminaristas menores de edad en la ciudad de Paraná entre 1988 y 1992. El fallo del Máximo Tribunal estableció un precedente de peso sobre los límites de la imprescriptibilidad en causas de delitos sexuales cometidos en el pasado por miembros de la Iglesia Católica.

La decisión judicial marcó que el principio de legalidad penal no puede “flexibilizarse” aún cuando se trata de hechos aberrantes. En esa línea, subrayó que los tratados internacionales que garantizan la tutela judicial efectiva y los derechos de la niñez deben respetar la arquitectura constitucional argentina, sin derogar sus principios fundamentales.

El caso se remonta a 2012, cuando exalumnos del Seminario Arquidiocesano de Paraná denunciaron a Ilarraz por abusos cometidos cuando tenían entre 12 y 15 años. El acusado ya había sido sancionado canónicamente a través de un procedimiento eclesiástico que le prohibió permanecer en la arquidiócesis y tener contacto con los seminaristas. No obstante, tras abandonar la vida religiosa en 1998, fue reincorporado en 2000 y trasladado a una parroquia en Monteros, Tucumán, hasta su expulsión definitiva en 2012.

El tribunal entrerriano había rechazado la prescripción planteada por la defensa, al considerar que la gravedad de los hechos y la responsabilidad estatal de garantizar los derechos del niño justificaban su imprescriptibilidad. Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores agravada y abuso deshonesto. Pero para la Corte Suprema, esa postura entra en colisión con el principio de legalidad consagrado en los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Destacó que la imprescriptibilidad de los delitos debe estar prevista por ley y que la analogía con crímenes de lesa humanidad es inadmisible, dado que estos se caracterizan por una naturaleza y contexto radicalmente distintos.

“El reciente fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una clara intencionalidad política que es garantizar la impunidad de los curas abusadores, en particular, y en general de todos los abusadores”, dijo a elDiarioAR la abogada de la familia de Daniela Silva, Pía Garralda.

“El tema de la prescripción ha generado mucho debate porque la particularidad que tienen este tipo de delitos es que, generalmente, no son denunciados al momento de los hechos. Sobre todo si las víctimas son menores de edad, porque identificar un ultraje sexual para niñes que todavía no tienen la madurez suficiente lleva tiempo. Por eso se considera que la prescripción tiene que ser distinta”, explicó. Y detalló: “Esto es así hasta el año 2011, cuando se sanciona la ley Piazza que establece un plazo de prescripción distinto, que es a partir de los 18 años de la víctima. Posteriormente, en el año 2015, se sanciona una nueva ley que establece que los delitos de abuso sexual empiezan a prescribir a partir de que se realiza la denuncia y/o ratifica la denuncia si las víctimas eran menores de edad y los denunciantes fueron las personas a cargo. El problema es con los casos previos al 2011 donde la Corte ha hecho esta interpretación priorizando una cuestión de paso del tiempo sin considerar que estos delitos particulares tienen que tener una atención especial respecto a los plazos en que la víctima puede empezar a denunciar, especificamente en los casos en que los abusadores son integrantes de un credo porque hay toda una institución detrás”.

Al respecto, Carlos Lombardi, abogado, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, agregó a este diario: “Mientras los delincuentes, los acusados, los procesados como abusadores sexuales, en este caso del clero, puedan contar con esa herramienta procesal van a hacer uso del mismo. Es más, una vez que se decretan los sobreseimientos o las figuras penales de no sanción, justamente por aplicación de la prescripción, ellos mismos y sus abogados, y estoy diciendo la Iglesia, el cura de turno acusado de abusador sexual y sus defensas, enarbolan la bandera de la inocencia”.

“Es algo relativo, porque son inocentes no porque no cometieron los hechos, sino por una estricta razón legal que es justamente que el Estado no puede perseguir por el paso del tiempo este tipo de delitos”, subrayó.

Para Lombardi es importante tener como primera consideración que en este tipo de casos “hay una fuerte contradicción entre lo que es el valor Justicia y el principio de lgalidad”. Explicó: “El fallo que sobreseé al cura Sidders es legal, sí. ¿Esa sentencia es justa? No. Porque a pesar del paso del tiempo las víctimas y las personas afectadas siguen soportando y sufriendo los daños ocasionados por los delincuentes sexuales mientras que al delincuente sexual el paso del tiempo no le afecta en lo más mínimo”.

Los fallos Ilarraz y Sidders sientan precedentes claves para numerosos casos similares que también discuten la vigencia de la acción penal por abusos sexuales contra menores cometidos antes de la vigencia de las reformas legislativas de 2011 y 2015.

“Chiruzas”, “yeguas” y “matar bebitos”: los polémicos mensajes de Sidders en TV

Raúl Anatolly Sidders tiene 65 años, se desempeñó 32 como cura. También fue dcoente en el colegio platense y conductor de televisión en un programa local que se llamaba “Ave María Purísima”. En esa emisión, apareciá con sotana negra, boina rural y hacía extensos monólogos con críticas a mujeres y diversidades. A su alrededor había una ronda de niños y niñas. Varias veces, incluso, aparecía una niña sosteniéndole el mate o una canasta con algún panificado. Durante un programa, Sidders apuntaba contra las minorías, diversidades, la democracia y los feminismos con duros insultos, lo que le valió una denuncia del Inadi.

“Unas 40 o 50 loquitas, son esas que estudian periodismo ahí en la Universidad Nacional de La Plata, que nosotros les pagamos el estudio para que ellas no estudien, y estaban en la puerta de la Catedral porque era el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Entonces, estas minas aprovechaban para ir a putear y amenazar que iban a quemar la Catedral contra la violencia... No hay peor violencia que aquella de las que pretenden matar a los bebitos que están por nacer, porque estas minas, unas chiruzas, como decía mi abuela, ¿no? cuando hablan de salud reproductiva, en el fondo, lo que están diciendo es que el bebito que está por nacer es una enfermedad, entonces como el bebito debe ser una enfermedad para las yeguas estas hay que sacárselo de encima...Amenazaban a la policía, pero bueno, nosotros somos católicos, creemos en un solo Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo”, decía.

Este tipo de editoriales le valieron una denuncia ante el entonces Inadi por parte de Marta Úngaro, hermana de Horacio Úngaro, desaparecido en la Noche de los Lápices; Adelina Alaye, Madre de Plaza de Mayo; y Julián Axat, defensor penal juvenil, por discriminación y manipulación televisiva.

Esto derivó en que el Arzobispado platense levantara del aire el programa y se borraron de Youtube prácticamente todos los registros que daban cuenta de los discursos misóginos y discriminatorios, entre otros.

MM/MG

Un cura fue detenido tras recibir varias denuncias de abusos sexuales en su contra en la provincia de Jujuy. Se trata de Bruno Atilio Luis, quien fue párroco en “Nuestra Señora de Nieva”, hasta el 9 de marzo cuando este martes fue imputado por cinco hechos de abuso sexual que habrían ocurrido en 2023.

En las últimas horas, el inculpado designó un abogado defensor y fue formalmente acusado de la presunta comisión de los delitos de “abuso sexual simple agravado por ser miembro de un culto religioso (un hecho) y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser miembro de un culto religioso (cuatro hechos), en concurso real”.

En medios locales, trascendió que el inculpado habría aprovechado su investidura religiosa para ofrecer refugio y contención a la víctima, una mujer oriunda de Chile, para luego atacarla en cinco ocasiones.

Tras tomar conocimiento, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, a través de la agente fiscal María Emilia Curten Haquim, solicitó una ampliación de la denuncia. Posteriormente ordenó la inmediata detención del acusado y un allanamiento para la recolección de pruebas.

Por otra parte, se pudo establecer que el cura Bruno Atilio Luis se desempeñaba como párroco de la iglesia “Nuestra Señora de Nieva”, ubicada en el barrio Ciudad de Nieva de la capital jujeña, hasta el pasado 9 de marzo, cuando fue reemplazado en sus funciones.

MM con información de la agencia NA.

Cientos de mujeres fueron violadas y quemadas vivas durante el caos desatado tras la entrada de un grupo rebelde apoyado por Ruanda en la ciudad congoleña de Goma la semana pasada.

Las reclusas fueron atacadas en su ala dentro de la prisión Munzenze de Goma durante una fuga masiva, según un alto funcionario de la ONU.

La jefa adjunta de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU con base en Goma, Vivian van de Perre, declaró que mientras varios miles de hombres consiguieron escapar de la prisión, la zona reservada a las mujeres fue incendiada.

Las imágenes tomadas poco después de que los rebeldes del M23, apoyados por Ruanda, alcanzaran el centro de Goma mostraban enormes columnas de humo negro que se elevaban desde la prisión en la mañana del 27 de enero.

Aunque los detalles del incidente son escasos, la atrocidad parece ser la peor del reciente conflicto liderado por el M23 en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Sin embargo, las fuerzas de paz de la ONU no han podido visitar la prisión para investigar más a fondo debido a las restricciones impuestas por los rebeldes del M23, lo que significa que la identidad de los autores sigue sin estar clara.

El martes se supo que unos 2.000 cadáveres seguían a la espera de ser enterrados en Goma después de que los combatientes del M23 tomaran la ciudad, capital de la provincia de Kivu Norte, el 27 de enero.

Van de Perre, que ahora se encuentra en Goma con miles de tropas de mantenimiento de la paz de la ONU desplegadas para proteger a los ciudadanos, declaró: “Hubo una gran fuga de 4.000 presos. También había unos cientos de mujeres en esa prisión”.

“Las violaron a todas y luego prendieron fuego al ala de mujeres. Después murieron todas”, añadió.

Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió de que los grupos armados rivales estaban utilizando la violencia sexual como arma de guerra en Goma.

La ciudad, donde viven más de un millón de personas, está bajo el control total de las fuerzas del M23. Pero en un acontecimiento imprevisto a última hora del lunes, la milicia anunció un “alto el fuego” unilateral.

Hasta entonces, se temía que Ruanda estuviera decidida a arrebatar más territorio a su vasto vecino, ya que las fuerzas del M23 se dirigían constantemente hacia el sur, en dirección a Bukavu, capital de la provincia de Kivu del Sur, a 190 kilómetros de Goma.

La coalición político-militar Alianza del Río Congo, de la que forma parte el M23, anunció en un comunicado que “no tiene intención de tomar el control de Bukavu ni de otras localidades”.

En respuesta a la noticia del inesperado alto el fuego. Van de Perre declaró: “Espero que siga así, porque ellos [el M23] ya se estaban moviendo en dirección a Bukavu con refuerzos y armamento pesado, que se puede ver pasar [por] las calles de Goma.

“Si se retiran, es una buena noticia. De lo contrario, tendremos un nuevo enfrentamiento con la posibilidad de miles de muertos más”.

Dijo que el M23 podría haber recapacitado repentinamente tras la llegada de refuerzos de Burundi a Bukavu y la utilización de un aeropuerto cercano por parte de la fuerza aérea congoleña.

“Los burundeses han enviado 2.000 soldados más a Bukavu y son muy buenos combatientes. Creo que el M23 se está replanteando sus próximos pasos”, explica la jefa adjunta de la misión de la ONU.

A pesar de las pruebas, Ruanda niega estar respaldando al M23 o que sus fuerzas hayan cruzado al este de R.D. Congo.

Sin embargo, Van de Perre, que forma parte de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU conocida como Monusco, afirmó que sus colegas habían visto a soldados ruandeses durante las patrullas, un comportamiento tan descarado que sugiere que no les preocupan las repercusiones internacionales.

Van de Perre instó al Consejo de Seguridad de la ONU a aumentar la presión sobre Ruanda. “Realmente necesitamos volver a la mesa de negociaciones. Y eso sólo es posible si los miembros del Consejo de Seguridad y otros países importantes ejercen suficiente presión sobre Ruanda y R.D. Congo”, afirmó.

Anteriormente, otro alto funcionario de la ONU había especulado con que el vecino de la RDC quería anexionarse un trozo de RDC mayor que la propia Ruanda. “Se trata de una política a largo plazo para conseguir que la zona más amplia de Kivu pase a la esfera de influencia ruandesa y, más adelante, quede bajo control administrativo total”, afirmaron.

Antes de que se anunciara el alto el fuego a última hora del lunes, Van de Perre dijo que estaba preocupada por los informes de que los grupos se estaban preparando para un contraataque. “Ya tenemos noticias de que en algunos lugares la gente se está reuniendo y organizando”, declaró.

Van de Perre afirmó que mantiene un “diálogo constante” con los oficiales del M23 a cargo de Goma y que las condiciones humanitarias en la ciudad eran terribles.

Dijo que era difícil cruzar la ciudad. “Ellos [el M23] nos permiten llevar comida y agua a nuestras bases, pero aparte de eso apenas podemos movernos”.

La policía de fronteras croata está quemando ropa, teléfonos móviles y pasaportes de solicitantes de asilo que consiguen llegar al país desde Bosnia, según denuncia la organización humanitaria No Name Kitchen (NKK). Un informe de NNK, al que ha tenido acceso el diario The Guardian, con fotografías de las pertenencias quemadas, junto con testimonios de agresiones sexuales y palizas propinadas por la policía, recoge las últimas supuestas pruebas de la brutalidad contra las personas que intentan cruzar las fronteras de la Unión Europea.

NNK es un movimiento independiente con presencia en zonas fronterizas de los Balcanes y el Mediterráneo, donde proporciona ayuda humanitaria a personas que sufren devoluciones violentas y otras formas de abuso.

Cada día, miles de personas procedentes del sur de Asia, Oriente Medio y el norte de África y, cada vez más, China, intentan cruzar los Balcanes con el objetivo de entrar en la UE. Las instalaciones para acogerlos son escasas, y estas personas se ven obligadas a pasar la mayor parte del duro viaje en campamentos improvisados o estaciones de tren. La policía fronteriza croata detiene a muchas de ellas y las registra. Hay testimonios de que a algunos les roban y los obligan con violencia a dar marcha atrás y regresar a Bosnia, donde miles de solicitantes de asilo se pueden quedar en la intemperie a temperaturas a menudo bajo cero.

Estas devoluciones constituyen una clara violación del derecho internacional, que establece que los solicitantes de asilo tienen que tener la posibilidad de presentar su solicitud una vez que se encuentran dentro de las fronteras de un país. NNK ha detallado la ubicación de ocho grandes “pilas de quema” en las que agentes de la policía croata presuntamente incineraron los efectos personales de las personas y los documentos que necesitan para solicitar asilo una vez que llegan a la UE.

Según los activistas, algunos teléfonos móviles quemados podrían contener pruebas de los abusos cometidos por la policía croata, ya que los solicitantes de asilo consiguieron tomar fotografías y hacer videos de estas acciones.

NNK tenía conocimiento de estas pilas de quema, ya que algunas personas expulsadas de Croacia a las que habían ayudado las habían descrito, pero hasta ahora no había podido verificar estos relatos. Los activistas viajaron a la frontera entre Bosnia y Croacia a finales de 2023 y principios de 2024 para recabar pruebas de los montones quemados mencionados en los testimonios.

La organización identificó los lugares en zonas conocidas por las devoluciones y pudo documentar la destrucción de documentos de identidad, bolsas con pertenencias, cientos de teléfonos, zapatos, gafas, documentos oficiales, baterías portátiles, dinero y otros objetos cotidianos. Las imágenes recabadas coinciden con los relatos de las personas expulsadas.

También recabó testimonios que denuncian violencia por parte de la policía de fronteras. En diciembre de 2023, una mujer marroquí de 23 años, embarazada, dijo que había sido agredida sexualmente por agentes croatas antes de que los guardias quemaran sus pertenencias, junto con las de otros miembros de su grupo. La mujer, que viajaba con su esposo, otra mujer y tres niños, dijo que un guardia fronterizo la sometió a un cacheo invasivo al desnudo, que incluyó el interior de sus genitales, y la amenazó con violarla. El cacheo “fue lo peor que me ha pasado”, dijo la mujer: “Hubiera preferido que me pegara a que me registrara de esa manera”.

Según el relato de la mujer, después de que los guardias dejaran marchar al grupo, que dio media vuelta en dirección a Bosnia, los agentes quemaron los objetos que les habían confiscado.

Según otro testimonio, de noviembre de 2023, un grupo de cuatro hombres marroquíes fueron presuntamente golpeados por agentes de policía que luego quemaron sus pertenencias.

Según este testimonio, la policía obligó a los hombres a caminar descalzos sobre las cenizas calientes, amenazándoles con porras. Los activistas de NNK afirman que el hombre marroquí con el que hablaron sufrió quemaduras en las plantas de los pies.

Croacia niega los abusos

A pesar de los testimonios de trabajadores humanitarios y periodistas, Croacia niega sistemáticamente haber expulsado a solicitantes de asilo a Bosnia o utilizado la violencia contra ellos. Recientemente, NNK presentó sus pruebas a la relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Jill Edwards.

Un portavoz del Ministerio del Interior croata ha afirmado que el gobierno tiene una “política de tolerancia cero ante cualquier posible actividad ilegal cometida por su personal” y que cuenta con un mecanismo independiente para supervisar la conducta de la policía. En cuanto a los testimonios de la mujer embarazada y del grupo de cuatro hombres marroquíes, el portavoz ha señalado que “es totalmente inconcebible que se produzca un incidente así sin que se denuncie inmediatamente a la policía”.

El portavoz señala que a menudo son los traficantes de personas los responsables de la violencia y los robos en la frontera, y que la policía ha documentado “muchos casos de denuncias inventadas”.

“En cuanto a las afirmaciones de que la policía croata está quemando artículos que ha confiscado a los migrantes, nos gustaría señalar que, para evitar ser devueltos a Croacia como solicitantes de protección internacional, los migrantes a veces destruyen documentos y abandonan sus pertenencias personales cuando intentan cruzar ilegalmente la frontera”, indica el portavoz.

En 2019, la entonces presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarović, pareció reconocer estas devoluciones en una entrevista con la cadena de televisión suiza SFR. Aunque lo había desmentido durante meses, en ese viaje a Suiza reconoció que la policía había usado la fuerza, pero negó que las devoluciones fueran ilegales.

En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la policía croata era responsable de la muerte de una niña afgana de seis años, Madina Hussiny, que junto con su familia se vio obligada a regresar a Serbia cruzando las vías del tren. Murió arrollada por un tren.

DM

Traducción de Emma Reverter

Los miembros del autodenominado “El Grupo”, una comunidad espiritual de la Compañía de Jesús para catequesis, retiros y oraciones en Madrid, recibieron el pasado lunes una carta oficial con membrete de su organización. En ella, los guías espirituales les relataban que los rumores que habían oído y por los que habían preguntado eran ciertos: el conocido cura J. M. había sido denunciado en el pasado por abusos mientras fue religioso allí, cuando había tenido contacto permanente con cientos de niños, jóvenes y adultos, a muchos de los cuales acompañó en retiros y a solas.

“En el año 2015, el entonces Provincial de la Compañía de Jesús recibió dos denuncias contra J. M. por comportamientos no adecuados en el contexto del acompañamiento espiritual durante su etapa como cura de la Comunidad de Grupos Católicos Loyola –como se conoce también a esta comunidad, con sede en el barrio de Salamanca–. Posteriormente se recibieron cuatro nuevos testimonios”, dice la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

¿Qué es un “comportamiento no adecuado”? La Compañía de Jesús ha contestado a las preguntas de este medio diciendo que fue “una denuncia de comportamiento impropio” y que “hay que entender que el concepto de abusos engloba conductas muy distintas”. Añaden que “no tenía recorrido judicial” y repiten que “en este caso se trataba de conductas inadecuadas en la relación de acompañamiento”, sin especificar más ni referirse a los otros cinco testimonios de los que habla la carta.

Los hechos que se denunciaban eran anteriores al año 2009, año en el que el religioso había dejado esta comunidad, y afectaba a menores de edad, pero también a mayores de edad. ¿Qué había hecho la Compañía de Jesús? En la carta recién enviada, fechada el día 23 de este mes, el grupo de oración explica que en 2015 se abrió una investigación “que culminó en un Decreto canónico con unas medidas por 5 años”.

Entre las medidas se encontraba “la prohibición explícita a J. M. de actividad pastoral con menores, también la participación en actividades de los Grupos Loyola así como cualquier acompañamiento espiritual”. elDiario.es ha preguntado a la Compañía adónde se le trasladó, sin haber obtenido respuesta concreta. De los mayores de edad, pese a que también se habían relatado abusos o “comportamientos impropios”, no se le apartó específicamente.

Un secreto a voces

Es el caso de Miguel (nombre ficticio, ya que prefiere no ser identificado), miembro de la comunidad en los años en los que J. M. orientaba a jóvenes: “A mí me pasó siendo ya universitario, mayor de edad, a principios de los 2000. Estando de retiro, me acompañé con él individualmente en jornadas de silencio. En un par de sesiones me abrazó de una manera fuera de lo común, me respiraba encima como jadeando. Me metió la mano por debajo de la camiseta y empezó a palparme la espalda. Encima eran jornadas de silencio, en las que no está permitido hablar, con lo cual el contexto era muy propicio para alguien así”.

Por aquel entonces, el religioso no había sido denunciado oficialmente a las autoridades eclesiásticas y tenía vía libre en todas esas sesiones, pese a que era un secreto a voces. “Muchos lo sabían”, relata Miguel. “De hecho, recuerdo que se lo dije a un religioso y no hizo absolutamente nada, realmente no hubo ninguna consecuencia”.

En la misiva enviada a su comunidad, los jesuitas admiten que en 2021 se revisó el caso y todo siguió igual, pese a que la conciencia social de los abusos era mayor, las denuncias públicas se multiplicaban y el Vaticano había pedido más controles. “Se revisaron las medidas y a día de hoy se mantiene la prohibición pastoral y de acompañamiento con menores, así como la participación en actividades y se le pide que el contacto que mantenga sea personal y no apostólico”. Preguntada la Compañía qué quiere decir cuando permite el contacto personal o dónde está ahora, no da una respuesta concreta.

Tanto el reciente plan de la Iglesia contra los abusos como el propio protocolo específico de la Compañía de Jesús, colgado online, obligan a ayudar a denunciar o a reparar a las víctimas de diversas maneras, también económicamente. Según la misiva oficial, “en uno de los casos la Compañía de Jesús facilitó a la víctima el proceso de reparación que solicitó”. Del resto, nada se sabe. Los jesuitas tampoco han respondido las preguntas concretas a este respecto.

La carta recoge también las palabras textuales del actual Provincial, el líder de la Compañía desde 2023, en las que pide perdón y justifica la actuación de la organización: “Aunque ahora duela esta revelación y la sombra que representa, no anula mucho de lo que en la vida de J. también ha sido entrega, servicio y el deseo de acertar al compartir el evangelio. Como provincial actual de J., en nombre de la Compañía de Jesús os pido perdón, como ya en su momento hicimos con las víctimas”, relata la carta.

También pone de manifiesto que el abusador asumió implícitamente la culpabilidad: “De acuerdo con la voluntad expresada por los denunciantes, J. nunca ha sabido el origen de las acusaciones, pero mostró desde el primer momento una firme voluntad de revisar sus conductas del pasado y las raíces profundas de éstas, lo que ha supuesto un proceso de revisión personal”.

Con eso y con todo, no ha sido expulsado de la Iglesia ni denunciado, y continúa su vida espiritual sin que haya habido más consecuencias públicas o legales. “En todo momento se ha atendido a la voluntad de las víctimas, en lo que respecta al anonimato, y a los procesos de reparación cuando lo han pedido. Pero no nos corresponde a nosotros dar más información sobre ello”, concluyen fuentes oficiales de los jesuitas de manera genérica.

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Es, junto a Marcial Maciel, fundador de los Legonarios de Cristo, uno de los mayores depredadores sexuales en la historia de la Iglesia. Como el mexicano, el peruano Luis Fernando Figari también fundó una congregación religiosa, el Sodalicio para la Vida Cristiana (SVC), que durante décadas llenó los seminarios (y las arcas) de la Iglesia católica con un más que dudoso carisma y acusaciones constantes de abusos sexuales, de poder y blanqueo de capitales.

Las víctimas, al menos medio centenar, comenzaron a denunciar en 2001, sin que nadie les hiciera el más mínimo caso. Dos periodistas, Paola Ugaz y Pedro Salinas, casi entran en la cárcel tras una investigación, 'Mitad monjes, mitad soldados', en la que desentrañaban la trama sexual y económica del fundador y sus secuaces. Ahora, gracias a una investigación encargada por el Papa Francisco a sus colaboradores Charles J. Scicluna y Jordi Bertomeu, el Vaticano dictaminó la expulsión de Figari del Sodalicio, cuya disolución podría ser decretada en las próximas semanas. Y es que, a diferencia de Maciel, los detectives vaticanos pudieron demostrar que Figari abusó de menores antes de fundar el Sodalicio. “Y no se sostiene que Dios entregara un carisma fundacional a un depredador”, revelan fuentes cercanas a la decisión.

La 'misión especial de investigación' encargada a Scicluna y Bertomeu fue “un empeño personal del Santo Padre”, aseguran fuentes vaticanas, que confirman que desde la primera denuncia, en 2001, hasta 2024, las víctimas no lograron que se reconociera su status. Algo que el Vaticano ya rectificó. “Es una decisión histórica”, valora Pedro Salinas, uno de los periodistas que destapó la trama de Figari y el Sodalicio, y que espera que a Roma “no le quede más remedio que dictaminar la disolución de este grupo”, y la pérdida de la inmunidad de la que todavía goza Figari, recluido en una casa de ejercicios de Italia para no enfrentarse a las peticiones de la Fiscalía peruana, que ahora podría reabrir el caso por la vía penal, que hasta el año pasado parecía prescrita. “Durante años, se ha revictimizado a los supervivientes, y Figari y los suyos se han crecido, manipulando a la justicia peruana para encubrir sus delitos”, asumen fuentes de la investigación, que instaron al Vaticano a tener “instrumentos más ágiles para cortar de raiz tanta corrupción”.

Lo cierto es que desde este miércoles, Luis Fernando Figari fue expulsado de la organización que él mismo fundó en 1971, el Sodalicio de la Vida Cristiana, tal y como anunciaba, en un comunicado, la Conferencia Episcopal peruana. En el mismo, se informaba “del Decreto emitido por el Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica - Santa Sede, que informa la expulsión del Sr. Luis Fernando Figari Rodrigo, de la sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana”.  

Según el decreto, los dos investigadores vaticanos, a quienes Francisco les dio el pasado 6 de agosto “la potestad de disponer, pro bono Ecclesiae, la expulsión del Sr. Luis Fernando Figari Rodrigo, de la citada Sociedad de Vida Apostólica”, confirmaron pruebas de actuaciones “incompatibles y por tanto inaceptables en un miembro de una institución de la Iglesia” por parte de Figari. A su vez, insistieron en el “escándalo y grave daño al bien de la Iglesia y de cada uno de los fieles”, por lo que tomaron la decisión “con la finalidad de restablecer la justicia dañada por el comportamiento tenido por el Sr. Luis Fernando Figari Rodrigo a lo largo de muchos años, así mismo para proteger en el futuro el bien individual de los fieles y de la Iglesia”.

La investigación vaticana arrancó en julio de 2023, después de que la Santa Sede tomara en consideración los informes llevados a cabo por Paola Ugaz y Pedro Salinas. En concreto, Francisco envió al país a sus dos colaboradores con un mandato especial para “investigar, escuchar y presentar un informe” sobre el caso del Sodalicio. Dicho informe, demoledor, ya provocó el 2 de abril la renuncia del arzobispo de Piura (al norte de Perú), el español José Antonnio Eguren, por haber encubierto sistemáticamente acusaciones de casos de abusos y otras irregularidades por parte de altos responsables del Sodalicio. Ante las denuncias, la organización quiso zanjar la polémica, admitiendo algunos abusos de su fundador y de tres de sus principales colaboradores: el fallecido Germán Doig, y Virgilio Levaggi y Jeffrey Daniels, que fueron expulsados de la misma. Sin embargo, la Fiscalía peruana archivó las denuncias al no poder extraditar a Figari, a quien se le hacía responsable de al menos 36 abusos.

La respuesta del Sodalicio no se hizo esperar. En un comunicado, su actual superior, José David Correa, trata de justificar que en 2019 él mismo pidió al Papa la expulsión de Figari. “Luis Fernando Figari es el fundador histórico del Sodalicio de Vida Cristiana, pero no es un referente espiritual para nuestra comunidad ni para la Familia Sodálite”, recalca el Sodalicio en lo que fuentes de la investigación interpretan como un último intento de parar su propia disolución, que habría de ser, necesariamente, el siguiente paso a dar por las autoridades del Vaticano.

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