El me too del PSOE español no ha hecho más que empezar. Tras las denuncias contra Francisco Salazar, el secretario general del Torremolinos y el presidente de la Diputación de Lugo, un nuevo escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz –la sede partidaria– apunta ahora a Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal. Ferraz impone el cerco informativo ante un nuevo presunto caso de acoso sexual, pero elDiario.es ha podido saber que el también senador y ex delegado del Gobierno de Castilla y León se salió este jueves de todos los grupos de WhatsApp internos de la organización.

Izquierdo anunció en su canal de X que abandona todos los cargos públicos y orgánicos del partido y que así se lo ha anunciado a la Ejecutiva Federal.

Nacido en Mieres (Asturias), Izquierdo fue secretario general del PSOE de Valladolid entre 2012 y 2017. En el 39 Congreso Federal, fue elegido secretario ejecutivo de Formación del PSOE y en el 40, responsable de Estrategia y Acción Electoral.

En la actualidad, era senador por Valladolid y miembro titular de la Diputación permanente de la Cámara Alta, además de portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana y viceportavoz en la Comisión de Interior y vocal en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y en la Comisión Mixta para la Unión Europea.

Fue diputado por Valladolid en el Congreso de los Diputados de la XII a la XIV legislaturas y concejal del Ayuntamiento entre 2007 y 2015, además de portavoz del Grupo Municipal Socialista y procurador de las Cortes de Castilla y León (2015.- 2018).

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, sigue muda desde hace una semana, si bien este viernes tiene prevista una comparecencia pública. Desde su entorno han confirmado a elDiario.es que Izquierdo le remitió su baja por motivos profesionales y personales y que la número 3 del partido se puso en contacto con él, quien sin más le confirmó los motivos que había anunciado en su cuenta de X.

La secretaria de Igualdad y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha convocado para este viernes a las responsables de Igualdad de las federaciones a una reunión presencial, que se celebrará presencialmente, después de la telemática que mantuvieron la semana pasada por el caso Salazar que destapó este periódico y los cinco meses de inacción de la oficina antiacoso. La preocupación es máxima entre los cuadros del partido, que entienden que, tras el escándalo de Salazar, ha empezado un goteo de denuncias que nadie sabe hasta dónde pueden llegar, pero que “provocan una erosión en la credibiliidad del proyecto socialista mucho mayor que la de los casos de corrupción”, reconocen en la organización.

Si la corrupción fuera un robo a un banco, la empresa y el político serían el cerebro de la banda criminal y el funcionario corrupto, el ladrón que irrumpe con la pistola. En los amaños como los conocidos en grabaciones del caso Koldo/Ábalos/Cerdán, se necesita un “triángulo”, como explica Joan Llinares, auditor de profesión y, hasta hace poco, director de la Agencia Antifrau de la Comunitat Valenciana, desmantelada de funciones tras la llegada del Gobierno de PP y Vox.

En ese triángulo se habla mucho del político, “poco de la empresa y casi nada del funcionario”, explica este experto, conocido por destapar la trama del Palau de la Música de Barcelona, en la que se descubrió malversación y coimas de más de 6 millones para Convergència a principio de los 2000.

¿Cómo es posible? “Con la ley en la mano, en el marco teórico es imposible que haya corrupción, porque tenemos una normativa procedimentalista, ya no puedes blindarlo más desde la ley. Llevamos muchos años y esto no para, no disuade”, explica Felio José Bauzá, catedrático de derecho administrativo de la Universitat de les Illes Balears y administrador civil del Estado en excedencia. Aun así, las soluciones apuntadas tras el caso de corrupción en el PSOE, que Sánchez ha presentado en un pleno monográfico en el Congreso, van encaminadas a endurecimientos legales, a la vigilancia del dinero de partidos y a auditorías de empresas. El problema es que la ley las aplican las personas, capaces de moldearlas y encontrar recovecos de sombra, explican quienes tratan con la corrupción, y ese es el principal problema, además de una cultura tolerante con las trampas.

De hecho, la radiografía de una adjudicación deja claro que la corrupción empieza antes de que se redacte la primera línea de un pliego o un contrato. “El proceso se inicia cuando una institución quiere contratar. Tiene que hacer un informe que explica que es necesario buscar en el mercado ese bien o servicio, otro informe que justifica que es algo que no se puede hacer con medios propios y ahí ya vemos un problema, porque en ese momento se informa de una horquilla de precio. Para saber ese precio ya hay que acudir a empresas del mercado. Por ejemplo, el alcalde que quiere comprar 500 sillas tiene que preguntar a una o varias empresas de sillas para poner una cifra”, explica Bauzá, que apunta a que ahora la ley permite que la empresa que te dio el precio de referencia se presente, algo que estaba prohibido antes de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

Esa ley es muy estricta con el proceso y los plazos. Tanto, que solo las grandes empresas tienen departamentos jurídicos y administrativos capaces de presentarse a concurso de la magnitud de construir carreteras o túneles como los de Belate, lo que reduce mucho la competencia, donde reside otro peligro de corrupción.

En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras: Acciona –la que aparece en el auto del caso de Santos Cerdán–, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr. La CNMC reveló que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos de carreteras, hospitales o aeropuertos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. “Pusieron a los mejores estudios de abogados de España a recurrir”, recuerda Llinares, y el caso a la espera de resolución judicial tras los recursos que presentaron las constructoras. Según la CNMC, en España se pierden alrededor de 40.000 millones de euros anuales por la falta de competencia en la contratación pública.

En este tipo de corruptela no es estrictamente necesaria la participación de un político o un funcionario, sino que es una concertación ilegal de precios y estrategias entre ellas que no se detecta desde la administración, pero a veces se recurre a otros trucos de amaño que sí implican a empleados públicos o altos cargos, como en el caso del ministerio de Fomento en la época de Ábalos.

Cómo es la corrupción de un contrato

El líder de un ministerio y su equipo de confianza son quienes deciden las líneas básicas de gasto e inversión y, en el caso de Fomento, qué obras se van a priorizar en España. Decide si se hará un puente en Sevilla o se gastará el dinero de ese año en un túnel en Cantabria. En ese momento, antes de que se inicie el proceso legal, se da indicación a uno o varios altos cargos y/o funcionarios de quién se quiere que gane el concurso. ¿Cómo se puede conseguir ese objetivo? Se puede amoldar las condiciones de los pliegos a las características de la empresa o darle información previa bajo mano. Luego, se aprovecha la parte subjetiva que tienen todos los concursos públicos para darle más puntos que al resto.

En las licitaciones públicas hay una parte objetiva, que es el precio, y que favorece a quien haga la oferta más económica. Pero hay una parte técnica, que es subjetiva a valoración de una especie de tribunal llamado mesa de contratación. “Ahí no hay políticos, sino técnicos. Puede haber un auditor , el secretario, el jefe jurídico y alguien de la rama de conocimiento de lo que se está sacando a concurso”, explica Bauzá, consejero también del Observatorio de Contratación Pública. Se valoran las calidades, el personal que se destina a la obra, las mejoras que se hayan ofrecido respecto a lo que se pedía en el pliego... Ahí es donde el juez Leopoldo Puente cree que se dio ventajas a Acciona, subiendo la puntuación de sus ofertas.

Pero, además, hay otro truco clásico de los corruptos: la empresa se presenta con un precio muy bajo que le supondría casi pérdidas para obtener puntos en el concurso, pero habiendo pactado de antemano con el político o el funcionario que, durante la ejecución de la obra, se va a subir un 20% el precio, tal y como permite la ley en casos extraordinarios. Es algo que el magistrado del caso de los amaños en Fomento también apunta en su investigación. Entre el 10% y el 30% del dinero en una obra pública, según la OCDE, se pierde por malas prácticas y corrupción, según un informe de Competencia.

“Para que pueda suceder todo esto tiene que haber una tecnoestructura putrefacta que da apariencia de legalidad a todo”, dice Llinares, que puntualiza también que, entre el funcionariado, “hay gente muy honesta, que incluso se enfrenta a problemas por serlo, pero hay otros que no han entrado siempre por mérito y capacidad y son incluso muy activos para hacer favores”.

“Es que hemos visto pliegos públicos que se han redactado directamente desde ordenadores de la empresa que ha acabado ganando el concurso”. También ha vivido alguna experiencia personal: “Cuando empecé mi carrera como auditor, en los años 80, me ofrecieron 150.000 pesetas por hacer un informe, y yo ganaba 80.000 al mes”. Los controles han mejorado, las leyes se han endurecido. Pero hay espacio aún para las presiones, los amaños y las tentaciones corruptas entre esa tecnoestructura.

Eider Sarria –funcionaria, experta en auditoría y prevención de conflicto de interés– concuerda en que “cuando ves el procedimiento es inmaculado, el Tribunal de Cuentas lo daría por bueno, pero hay que establecer una buena red de controles previos porque el riesgo se inicia antes, en la preparación de los expedientes y es ahí donde hay que estar atentos”

La arquitectura española de control es interna (los auditores, que los hay en ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado) y externa (Sindicatura de Cuentas y Tribunal de Cuentas). A veces todo falla o, sin fallar, no tiene recursos o capacidad de ver o probar amaño si ningún protagonista alerta. A veces se alerta, pero el sistema silencia al denunciador.

Llinares pone como ejemplo el caso de la privatización de las ITV de la Comunitat Valenciana que ha supuesto la condena a cárcel de Eduardo Zaplana: “El auditores que formaba parte de la mesa de contratación dejó escrito que el contrato podía generar perjuicios económicos a la Generalitat. Ese funcionario desapareció de la mesa. El nuevo auditor que pusieron lo dio todo por bueno y centró la concesión en lo técnico y no en lo económico. Los Cotino –la familia del exdirector de la policía que se hizo con la concesión– se llevaron el concurso y licitaron 40 millones de euros de plusvalía. Además, se subieron las tarifas de las ITV a los ciudadanos. Ese auditor que permitió el contrato está hoy en ejercicio”, resume. De momento, no se han reclamado esos 40 millones de perjuicio para las arcas de la Generalitat que el primer auditor ya previó.

Solo una condena judicial o administrativa puede apartar a un funcionario de su puesto –aunque hay también procedimientos de multa o reprobación– o puede prohibir a una empresa corruptora presentarse a concursos públicos. Pese a que estos días se piden cambios para apartar a las corruptoras, la ley ya contempla como castigo que una empresa que ha amañado concursos quede inhabilitada para presentarse a más licitaciones por un periodo de tiempo o en un ámbito geográfico. Pero es una pena que debe constar específicamente en la condena, y no siempre lo está.

Por otra parte, no se puede apartar a la empresa hasta que haya una sentencia firme, que puede tardar años. En otros casos, pese a que pueda haber indicios de corrupción, si no se puede demostrar judicialmente el amaño, pueden seguir presentándose y llevándose millones de dinero público en contratos con la administración. Tras la DANA, el gobierno de Mazón está sacando contratos de emergencia (que se pueden dar a dedo y con muchas menos garantías de fiscalización) a empresas relacionadas con tramas corruptas en esa comunidad.

El caso de los funcionarios es aún más difícil de probar el ilícito, porque los procedimientos en los que participan se han amoldado a una apariencia legal, y solo si hay mails o mensajes que han dejado rastro se puede hablar de evidencia de su participación consciente en la corruptela.

Posibles soluciones

“La ley requiere de su aplicación por parte de personas. Si no hay conciencia social y ética, es complicado. Los sistemas se han implantado por imposición, por ejemplo por las indicaciones de la Unión Europea en su desembolso millonario de fondos, pero si no hay convicción es complicado que los sistemas de integridad sirvan para el propósito para el que han sido diseñados”, explica la experta Eider Sarria.

Los inspectores Hacienda agrupados en el sindicato Gestha, que también representa al cuerpo de auditores, han propuesto también soluciones. Además de criticar que se hayan desmantelado oficinas Antifraude como la de Baleares con la llegada de Vox a los gobiernos autonómicos, proponen “desconcentrar el poder de decisión de la contratación mediante la decisión tomada en órganos colegiados en todos los casos, para dificultar que se produzcan injerencias políticas o empresariales, es decir, alejar la toma de decisión”. O “que las Fiscalías pidan en todos los procesos penales por fraude y corrupción que las sentencias incluyan la prohibición de contratar en el sector público” en las horquillas que prevé el Código Penal.

Llinares apunta más soluciones: “Que no se tarde 15 años en juzgar o que se acabe lo de imputar a políticos, rozar a los empresarios y no tocar la tecnoestructura que lo hace todo posible. De hecho, cuando vemos financiación irregular de partidos, el caso se queda en el tesorero o el maletinero que llevó los millones, como en el caso Palau o en Gürtel”.

Para este experto dedicado a la prevención de la corrupción, que ha sido sustituido en la Agencia Antifrau valenciana por un afín al PP y a Zaplana, “debe haber una voluntad política real y un pacto, porque requiere una reforma de la estructura administrativa y la ley, con una prevención y agencias antifraude que integren todos los controles. Ahora están dispersos y cada uno va a la suya. Es un fenómeno complejo con muchos factores y ahora se centra en la persona a la que hayan pillado. Hay que promover una nueva cultura y tocar el sistema”.

El Centro de Investigaciones Sociológicas recogió en su barómetro de julio una caída histórica del PSOE. Los socialistas perdieron siete puntos en estimación de voto en un solo mes y se quedaron empatados prácticamente con los populares, que aunque bajaron unas décimas, estaban en condiciones de disputarles esa primera plaza. Vox se disparó y subió más de cinco puntos.

El barómetro del mes de julio, el último del curso político, llegó después de que el Tribunal Supremo envió a prisión al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, acusado de ser el cabecilla de la trama que supuestamente obtuvo mordidas a cambio de adjudicaciones junto con José Luis Ábalos y Koldo García.

Los datos recogidos en ese barómetro señalaron que el PSOE se dejó 7,3 puntos en estimación de voto en un solo mes, una caída nunca antes registrada en la legislatura. El encarcelamiento de Cerdán asestó un duro golpe a las expectativas electorales de los socialistas, que están muy lejos de sus mejores datos y cuatro puntos por debajo de los resultados del 23J. Ahora mismo se quedarían en un 27% de los votos.

El PP, por su parte, no aprovechó esa caída, según el CIS. Los populares se quedaron prácticamente empatados con los socialistas pero por la caída de estos últimos, porque los de Feijóo perdieron ocho décimas respecto al mes pasado. Ahora obtendrían un 26,5% de los votos, lejos del 33,1% de las elecciones generales.

Ese medio punto, que entra dentro del margen de error probable del sondeo, hizo que ambos partidos se encontraran en un empate técnico.

En la tercera plaza, Vox se disparó en este barómetro y pasó del 13,2% de la anterior entrega al 18,9% de esta, una subida enorme en medio de la tensión política derivada del caso Cerdán. Mientras lo de Feijóo no pareció que lograran rentabilizar la situación, el partido de Santiago Abascal rozó el 20%, se situó muy por encima de sus resultados del 23J y se quedó a poco más de siete puntos del PP.

Sumar, por su parte, experimentó una ligera subida de ocho décimas para quedarse en un 7,8% de estimación de voto, muy lejos aún de sus mejores datos. Podemos, por su parte, subió dos décimas hasta alcanzar un 4,4%.

Ya por debajo, el CIS estimó que ERC alcanzaría el 2,1%, el partido de Alvise Pérez un 1,7%, Junts un punto, Bildu un 0,9% y el PNV un 0,8%.

Con esos datos, el CIS mostró que el PSOE solo fue capaz de retener al 65% de sus votantes de 2023, y perdió hacia distintas formaciones, pero sobre todo hacia la abstención. El PP mantuvo al 72,8% y tuvo a Vox como principal vía de escape de sus votantes.

El partido de extrema derecha que dirige Abascal retuvo al 79,2% y vio cómo algunos de sus electores se marcharon al PP, pero sacó un 21,3% de gente de la abstención. Sumar solo retuvo al 45,4% y vio cómo casi un tercio de sus antiguos votantes se fueron ahora a Podemos.

Sánchez empata con Díaz

En cuanto a la valoración de líderes, esta también se vio afectada por el caso Cerdán. Pedro Sánchez cayó al 3,99 y se quedó prácticamente empatado con Yolanda Díaz, que obtuvo un 3,97 de nota, la misma que el mes pasado.

Alberto Núñez Feijóo sí rentabilizó aquí el escándalo de corrupción y subió del 3,51 al 3,83. Y Santiago Abascal, el peor valorado y siempre con muy malos datos en este apartado, pasó del 2,70 al 3,15.

Luchar contra la corrupción en el PSOE y reivindicar el legado de su Gobierno y la necesidad de mantener en pie la legislatura. Ese ha sido el mensaje central de Pedro Sánchez este sábado durante un comité federal en Ferraz, sede del socialismo español, marcado por el escándalo de corrupción en torno a Santos Cerdán y José Luis Ábalos y por las acusaciones de mujeres del partido sobre Paco Salazar desveladas por elDiario.es. En su intervención inicial el presidente español pidió perdón en primera persona, admitió que quien se equivocó fue él por nombrarlos, pero defendió que no todos responden igual y que el Gobierno que preside merece la pena.

“Comparezco ante vosotros, evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta y con las mismas ganas de plantar cara a la adversidad y de volver a superarla. Porque si alguien tenía dudas, lo digo aquí, de nuevo, nosotros vamos a seguir avanzando, no vamos a rehuir este desafío”, indicó Sánchez, que añadió: “Vamos a hacernos cargo de la situación, como siempre hemos hecho. Y vamos a derrotar a la corrupción, tanto dentro como fuera de nuestra organización”, declaró.

Sánchez quiso incidir esta vez en su responsabilidad directa en el nombramiento de altos cargos del partido que hoy están imputadas o incluso en prisión. “Sí quiero pediros perdón porque me equivoqué en depositar confianza en personas que no la merecían. La traición sufrida es dolorosa desde el punto de vista político y personal. Al fin y al cabo fui yo quien confié en ellos y quien no supe descubrir qué había detrás”.

Pero tras esa autócritica rechazó de forma enérgica que todos en política sean iguales. “Nosotros no somos como los otros, ni somos como los corruptos que han manchado nuestras siglas. Que nadie intente igualarnos en la indecencia. Este partido está hecho de gente trabajadora, honrada, humilde, que jamás metería la mano en la caja”, ha dicho.

El presidente dedicó gran parte de su discurso a poner en valor lo hecho por su Gobierno y a defender la necesidad de mantener la legislatura en pie contra viento y marea. “La mayoría de la gente nos mira con esperanzas porque sabe que el Gobierno es el mayor garante del estado del bienestar y que el PSOE es el último gran defensor en nuestro país de un orden internacional basado en reglas. Nuestro proyecto político merece la pena hoy nunca más que antes por el retroceso sin parangón de derechos y libertades”.

También tuvo palabras para las mujeres de su partido tras las conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García aportadas por la UCO y tras las acusaciones desveladas por elDiario.es al hombre que este sábado iba a ser empoderado como adjunto a la Secretaría de Organización del partido. “Nos hemos dotado de un código ético, hemos creado una oficina de cumplimiento normativo. Cuando haya potenciales casos de acoso le pido a las compañeras que usen estos canales, que las vamos a proteger”, dijo al respecto del caso de Paco Salazar.

Sobre el consumo de prostitución que se deduce del comportamiento de Ábalos y Cerdán, el líder del PSOE ha remarcado que “para los y las socialistas ser feminista no es un acto de postureo, que se satisfaga acudiendo a las manifestaciones del 8M o poniéndose el lazo violeta en la solapa. Para los y las socialistas el feminismo es una forma de ser, un compromiso real que exige vivir como se piensa. Y si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber cabida para cualquier comportamiento contrario a ello”, afirmó durante su intervención ante el Comité Federal del PSOE.

En ese sentido, Sánchez planteó someter al comité “una resolución de condena absoluta y de tolerancia cero ante cualquier acción o declaración machista e ir más lejos”. “Porque por supuesto vamos a plantear el refuerzo del protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual, mejorando lo que haya que mejorar del canal de denuncias, reforzando y garantizando la confidencialidad y protegiendo al denunciante de cualquier represalia”, ha dicho. Además, ha propuesto modificar también el artículo 4.5 del Código Ético del PSOE para que se incluya el “firme compromiso con el abolicionismo de la prostitución y la expulsión inmediata de aquellos militantes que pagan por la sexualidad”.

También durante su intervención anunció un paquete de medidas para mejorar la transparencia en el seno del partido tras el escándalo de supuestas coimas y arreglos de contratos que operaba en la Secretaría de Organización. Una de ellas, asegura, busca “reforzar el equilibrio de poderes dentro del partido”, con cargos más colegiados en el partido e implantar la exigencia de doble firma en decisiones importantes. “Con ello evitaremos una excesiva concentración de poder y establecemos mecanismos de control cruzado”, afirmó.

Además, los cargos socialistas deberán presentan sus declaraciones de bienes y actividades ante los Comités de Ética regionales y se abre la puerta a hacer controles aleatorios sobre patrimonio. Este Comité de Ética y Garantías se verá “reforzado” y se recibirán copia de todos los escritos en el canal de denuncia, se emitirán informes sobre ética y se podrá actuar de oficio si hay indicios de actuaciones de acoso. El PSOE, dijo, también “mejorará” el protocolo anti acoso sexual tras la información desvelada por elDiario.es.

El Comité Federal del PSOE reunido este sábado en la sede estatal del partido de la calle de Ferraz de Madrid ha estado marcado por la renuncia de Paco Salazar tras información publicada por elDiario.es en la que varias mujeres lo señalan por “abuso de poder”, “acoso sexual” y “comportamientos inadecuados”. La dirección socialista ha hecho público un comunicado en el que señala que Salazar ha solicitado al PSOE “la apertura de unas diligencias previas de información sobre las noticias conocidas esta mañana, y de la misma forma solicitó ser apartado de sus funciones actuales en la Comisión Ejecutiva Federal”.

“No conocíamos las denuncias de las que hemos tenido conocimiento esta madrugada a través de elDiario.es”. Con estas palabras se han expresado este sábado fuentes de la dirección del PSOE respecto a las acusaciones de varias mujeres por “comportamientos inadecuados” contra Paco Salazar desveladas por elDiario.es.

La dirección socialista especificó además, que en el Comité Federal de este sábado se va a reforzar el comité de garantías y los estatutos del partido y las fuentes consultadas han insistido en que el PSOE “va a abrir diligencias de inmediato, a pesar de que no constan denuncias al respecto en ninguno de los canales habilitados por el partido”. Además, el Comité Federal dio luz verde a la nueva Ejecutiva Federal socialista, remodelada por Pedro Sánchez a raíz de la implicación del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en un presunto caso de corrupción.

En vísperas del trascendental comité federal de este sábado, el presidente del Gobienro español y secretario general del Partido Socialista Obrero (PSOE), Pedro Sánchez, anuncia en un acto improvisado con mujeres que se dispone a reformar ahora los estatutos de su partido para que el consumo de prostitución sea, directamente, un motivo de expulsión. Algo que se concretará con la reformulación del Código Ético y que las feministas del partido llevan años reclamando.

“Desde el PSOE consideramos que el sistema prostitucional es una expresión de violencia contra las mujeres e incompatible con los principios de los derechos humanos y la ética democrática, ya que implica tratar a las mujeres como objetos o mercancías y no como sujetos de derechos. Nos declaramos abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que proponemos, de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres”, expuso Pedro Sánchez durante el acto en la sede del PSOE.

El presidente defendió que “solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE”. Y que, por tanto, “los órganos federales tramitarán estos casos como una falta muy grave de acuerdo a los Estatutos Federales imponiendo, además, la máxima sanción, que es la expulsión del partido”.

El movimiento de Pedro Sánchez llega justo en su momento político más crítico. Porque la dimensión del escándalo en torno a Santos Cerdán tiene un sinfín de implicaciones y ninguna buena para el Partido Socialista ni para el presidente. Más allá de la presunta trama corrupta, que por el momento se salda con un secretario de organización del PSOE entre rejas y con otro imputado junto a su mano derecha, los audios aportados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aportan pruebas sonoras del comportamiento dispensado a las mujeres de personas como José Luis Ábalos o Koldo García, que en algunas conversaciones hablan directamente de elegir a chicas a la carta para mantener relaciones sexuales. Una bomba de relojería para un partido que lleva por bandera la causa feminista y en el que decenas de mujeres con cargos de responsabilidad pública u orgánica han manifestado su repulsa, casi todas de puertas hacia adentro.

Este viernes se conocieron, además, los nuevos nombramientos para la Ejecutiva Federal. Muchos de los nuevos puestos de responsabilidad fueron designados precisamente para mujeres, como la valenciana Rebeca Torró para la Secretaría de Organización o la catalana Monste Mínguez como nueva portavoz. Sin embargo, esos nombramientos se completaron con la creación de varios puestos adjuntos. En el área de la secretaría de organización están de adjuntos a Torró, sin ir más lejos, dos hombres: Paco Salazar, una de las personas ligadas desde 2018 estrechamente a Pedro Sánchez y al anterior núcleo de confianza conformado por José Luis Ábalos y Santos Cerdán, o Borja Cabezón, que también se incorpora a Organización junto a Anabel Mateos.

Por su parte, La Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS) envió una carta al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la que expresan su “profunda preocupación” por la situación del partido, “como consecuencia de las penosas conductas de algunos dirigentes” y le reprochan la “cancelación” de sus opiniones.

“Frente a las políticas que propugnan la cancelación de la opinión y frente a las políticas de igualdad meramente nominativas, es preciso hacer autocrítica dirigida a que el PSOE recupere el compromiso con la agenda feminista y la voluntad de impulsar la pedagogía y el debate público sobre los retos de la igualdad”, señalan en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido remitida ante la celebración del comité federal del PSOE que se celebrará este sábado 5 de julio, informa Europa Press.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) siempre fue un partido acostumbrado a pasar de la euforia a la depresión sin tránsito. Junio de 2025 es, sin duda, uno de los momentos más críticos e inconsolables por los que atravesó la organización en los últimos años, pero no el peor en cuestión de descrédito como apuntó Emiliano García Page –presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha– estos días como motivo del escándalo Cerdán. La historia y la hemeroteca están para recordar los casos Roldán, Juan Guerra, Filesa, los GAL, el uso ilegal de los fondos reservados y la entrada en prisión de la cúpula de Interior de los gobiernos de Felipe González.

Aquel PSOE hoy es otro. Es el PSOE de Pedro Sánchez, sí. Pero es también un PSOE que emergió de unas primarias en las que aquellos, los de entonces, hoy constituidos en sindicato de críticos contra el presidente del Gobierno se volcaron para auparlo a la secretaría general. “Este chico nos vale, aunque no valga”, fue la despectiva expresión de Susana Díaz –senadora por Andalucía– para convencer a los más recelosos de que había que apoyar a Sánchez frente a un Eduardo Madina, al que quienes hoy regalan los oídos tachaban entonces de “auténtico peligro para la estabilidad del sistema”. Dos años después, sería la misma expresidenta de la Junta de Andalucía la principal impulsora de una operación orgánica abrazada por todos los tótems para echar al Sánchez decidido a no ceder el paso a la de Sevilla para la candidatura a la Presidencia del Gobierno. Ahí empezó todo.

Y el aroma de aquel traumático Comité Federal de 2016 en el que Sánchez presentó su dimisión impregna hoy las conversaciones de los que se autodenominan socialdemócratas moderados, pata negra del socialismo o guardianes de las esencias. Con el mismo telón de fondo: la continuidad del secretario general y presidente del Gobierno. “Un déjà vu pero con diferente final”, en palabras del oficialismo. “Ha habido momentos de extrema debilidad del presidente del Gobierno donde han visto una oportunidad para cobrarse facturas del pasado, pero pinchan en hueso”, augura un veterano socialista.

Pedro Sánchez lleva toda la semana manteniendo conversaciones con todos los líderes territoriales. En la ronda de llamadas incluyó a cuadros medios y a socialistas ya apartados de la primera línea en busca de propuestas y soluciones con las que escapar del mazazo que supuso la imputación de dos de los tres secretarios de Organización que designó desde 2014. El mensaje fue unívoco: hay que tomar decisiones drásticas en forma de convención organizativa, congreso extraordinario o reestructuración profunda de la Ejecutiva. Nadie, según las fuentes consultadas, le trasladó la posibilidad de una retirada, de lo que su círculo de confianza deduce que los del sindicato de críticos “ni están coordinados ni tienen predicamento entre los cuadros y las bases”, pese a que en la oficialidad del partido perciben que los movimientos de “los críticos están muy sincronizados por los del PP de Feijóo”.

Que el Comité Federal del próximo 5 no será un paseo militar a los que Sánchez acostumbró al máximo órgano entre congresos, donde rara vez se elevan críticas o se hacen enmiendas a la estrategia de la dirección, está más que garantizado. Pero no se atisba tampoco en el horizonte “ni desbandada, ni rebelión organizada”. Al fin y a la postre, la mayoría de sus integrantes han sido elegidos por la actual dirección y los críticos tienen como único apoyo a la derecha mediática, que cada día les hace de altavoz.

Sánchez tuvo dudas en los últimos días sobre si afrontar una reestructuración de arriba a abajo de la Ejecutiva o limitar los cambios a tres o cuatro piezas muy vinculadas al ya ex secretario de Organización, Santos Cerdán. No decidirá hasta los días previos del Comité Federal, pero en este momento se inclina, según sus colaboradores, “por hacer cambios muy limitados”. Lo que sí tiene claro es que la próxima secretaria de Organización tiene que ser una mujer. Por dos motivos. Primero porque la experiencia y también las estadísticas demuestran que son los hombres, en un porcentaje aplastante, quienes practican la corrupción. Segundo, porque el bochorno, repugnancia y la indignación que provocaron las conversaciones grabadas entre Ábalos y Koldo García sobre la presunta compra de sexo precisa de una decisión con la que las mujeres socialistas puedan reivindicar con mayor contundencia la necesidad de abolir la prostitución y su obsesión por penalizar a los puteros. Esto por no hablar de que en el electorado femenino Sánchez aventajó a Feijóo en 2013 con más de 10 puntos.

El presidente ya baraja algunos nombres, entre ellos el de la actual secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez (quien pertenece al Partido Socialista de Cataluña,PSC), a quien ya ha designado para el control interino de la Organización hasta el próximo 5 de julio, junto a Cristina Narbona, la gerente del partido y Borja Cabezón. Y aunque su militancia en el PSC, un partido jurídicamente distinto al PSOE, puede suscitar algunas dudas, se arguye que no es un impedimento formal porque ya forma parte de la actual dirección. “El antecedente de Carmen Chacón, que también era militante del socialismo catalán y aspiró a la secretaría general del PSOE es una buena muestra de que no existen problemas estatutarios a este respecto”, especulan en el Grupo Parlamentario. El PSC, es hoy, “sinónimo de fortaleza y estabilidad”, añaden los mismos interlocutores.

Prueba de ellos es que Sánchez se reunió el viernes con el president y primer secretario del PSC, Salvador Illa, en la Moncloa, para analizar posibles escenarios ante la crisis del caso Koldo/Ábalos/Cerdán. Una cita que duró más de tres horas y que figuraba en la agenda oficial de ninguno de los dos, pero a la que La Moncloa trató de revestir de normalidad pese a que se produjo en el mismo momento en el que la UCO entró en la sede de Ferraz para clonar el ordenador de Cerdán.

Hasta que llegue el momento del relevo en Organización, que no será hasta dentro de dos semanas, Sánchez trata de buscar en la agenda exterior un escape hasta el Comité Federal, donde la dirigencia espera que el secretario general tome decisiones con las que sortear el escándalo. No será fácil. El presidente no solo tiene que convencer a su dirigencia, sino también a un electorado entre el que su credibilidad está debajo del mínimo. Por ahora, no se atisban medidas ni disruptivas ni drásticas, entre otros motivos porque Sánchez desconoce hasta dónde puede escalar el asunto y las defensas sobre todo de Ábalos y Koldo amagan con documentación comprometida para varios socialistas de la primera línea.

Las dos próximas semanas Sánchez estará dedicado casi en exclusiva a la agenda internacional, donde ha vuelto a irrumpir con fuerza después de abanderar la oposición al incremento al 5% del PIB en gasto militar que exige Donald Trump a los miembros de la OTAN. En plena tormenta política, judicial y mediática ha decidido centrarse este fin de semana en la preparación de la cita que la Alianza Atlántica tiene el próximo martes en La Haya. Después, viajará a Bruselas para el Consejo Europeo, el 26 y 27 de junio para posteriormente hacer de anfitrión en Sevilla de la conferencia de la ONU sobre financiación al desarrollo que tendrá lugar entre el 30 de junio y el 3 de julio.

Todo esto será si de un lado, la Guardia Civil no hace explosionar algún informe más y si los socios de investidura aguantan, algo que hoy en La Moncloa dan por hecho. Hasta cuándo es una pregunta que de momento carece de respuesta. Porque aunque han sido los socios quienes le han pedido que no les haga pasar por el trago de votar una cuestión de confianza, a la que el presidente tampoco estaba dispuesto, la incomodidad de todos ellos con los escándalos de corrupción es manifiesta y la debilidad de Sánchez los debilita también a ellos.

Un Gobierno contra las cuerdas. La implicación del 'número tres' del PSOE en el escándalo de corrupción por el que presuntamente se arreglaban adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales sitúa al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en el momento más delicado de su presidencia. Aunque el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mantuvo en público y en privado hasta el último momento que jamás participó en hechos delictivos, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyo contenido adelantó elDiario.es, lo dejó al descubierto como uno de los supuestos integrantes de la trama corrupta. Y a partir de ahí se sucedió todo. A primera hora de la tarde del jueves, Cerdán renunció empujado por Sánchez. Y el presidente español compareció después en la sede de su partido para “pedir perdón” a la ciudadanía y desechar la hipótesis de un adelanto electoral.

“Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Pero han aparecido indicios y son graves, muy graves. Por eso quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el PSOE y yo como secretario general no debimos confiar en él”, dijo Pedro Sánchez desde la sala de prensa de la sede socialista de Ferraz, el lugar elegido para dar explicaciones como gesto inequívoco de intentar desvincular al Gobierno que preside del escándalo detonado en el seno de su partido. “Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027 porque esto no va de mí ni del PSOE. Esto va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país”, zanjó.

El jefe del Ejecutivo intentó así devolver los signos vitales al Gobierno y a su partido, paralizados desde la noche del miércoles y con la respiración contenida a la espera de respuestas. “Lo de Santos no es como lo de Ábalos, es incomparable, es mucho peor. Esto es un desgarro del que será difícil reponerse porque en Santos hemos confiado todo este tiempo, porque esto ocurre con él a los mandos del partido y como persona de la máxima confianza del presidente. Y porque esto, además, echa por tierra el argumento de una simple oveja negra”, admitía un miembro del Ejecutivo tras conocerse el informe.

Esa sensación de incendio descontrolado se extendió rápidamente por el Congreso entre el grueso de socios parlamentarios del PSOE y entre las propias filas socialistas, donde todo el mundo coincide en señalar la “profunda decepción” con su secretario de Organización y las implicaciones políticas de este caso. Algunos dirigentes de peso y ministros destacados apuntaron incluso a la necesidad “de una profunda crisis de gobierno”, además de una renovación de la cúpula del partido, para hacer sostenible una legislatura ya atravesada por un grave escándalo de corrupción, justo el leitmotiv del aterrizaje de Pedro Sánchez en la Moncloa tras la moción de censura que desalojó al PP por el 'caso Gürtel'.

Pero el presidente rechazó cualquier tipo de paralelismo y renovó su compromiso con “un proyecto de regeneración democrática” que, asegura, continúa vigente. “No existe la corrupción cero, pero sí la tolerancia cero cuando esta se produce. Hay organizaciones políticas que hacen y reaccionan y hay organizaciones políticas que amparan y ocultan. Tengo muchos defectos, pero siempre he estado comprometido en la lucha contra la corrupción. Me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político, en el que confían y del que dependen millones de personas, se puede ver afectado por la conducta de unos pocos. Pero, aunque la decepción es grande, la respuesta será siempre contundente. Y el Gobierno y el PSOE, cuando encuentra indicios de causas judiciales como esta, actúa”, aseguró el presidente.

Descartada de plano la disolución de las Cortes e incluso la crisis de Gobierno demandada entre sus propias filas, Sánchez se limitó a anunciar una renovación de la dirección del PSOE y una “auditoría externa” que arroje luz sobre si, por ejemplo, Cerdán y Ábalos pudieron contribuir con su presunta actividad ilícita a una hipotética financiación irregular del partido. Por ahora, la cita fijada en el calendario es el 5 de julio, fecha del comité federal en el que se oficializarán los cambios en la cúpula socialista, entre ellos el sustituto o sustituta de Cerdán.

“La sangre fría” de Cerdán

A medida que se conocieron los detalles del informe de la UCO que sitúan a Cerdán en el núcleo mismo de la trama corrupta, una de las sensaciones más extendidas en el PSOE durante la jornada fue la del impacto por la “sangre fría” de su secretario de organización. “Lleva dos años diciéndonos a la cara que no sabía nada. Anoche mismo llamó al presidente y volvió a darle su palabra de que jamás había participado en ninguna actividad ilícita y que eso no lo iba a poder sostener ninguna investigación. Y ha mantenido esa frialdad hasta el último instante. La verdad es que es impactante”, admitía abiertamente otro alto cargo del Gobierno consultado por este periódico.

La sucesión de los hechos desde que elDiario.es publicó el miércoles por la noche que el informe de la UCO situaba a Cerdán en una situación insostenible acredita esa actitud de huida hacia adelante. Esa misma noche del miércoles, un PSOE aún comandado por Cerdán lanzó un comunicado en el que rechazaba de plano las acusaciones. “Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”.

Según ha podido saber elDiario.es de personas cercanas al presidente, eso mismo se lo trasladó por teléfono a Pedro Sánchez tras la información adelantada por este periódico. Ya el jueves por la mañana Cerdán acudió al Congreso y atendió a las preguntas de la prensa para mantenerse en su postura. “Estoy muy tranquilo, porque no he cometido ninguna ilegalidad. Estoy completamente seguro de que ese informe no me va a implicar en ningún amaño. Cuando lo conozcamos, daré las explicaciones y convocaré una rueda de prensa”.

Pero en la Moncloa ya había una decisión tomada y esa rueda de prensa nunca se produjo. A la salida del Congreso, el ya exsecretario de Organización se dirigió a su despacho de la sede del PSOE y se reunió con parte de su equipo para “analizar el informe”. No tuvo mucho tiempo de hacerlo porque fue convocado al Palacio de la Moncloa donde, según el propio presidente, fue forzado a su renuncia.

En una carta remitida por el PSOE, Santos Cerdán anunció su dimisión como secretario de Organización y la entrega de su acta de diputado. “En defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno, he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos. También haré entrega de mi acta de diputado. Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna”.

Sobre la base de las grabaciones y los mensajes incautados, el informe de la UCO señala a Santos Cerdán como el encargado de “gestionar el monto y los pagos” de comisiones de las que se habrían beneficiado Ábalos y Koldo García. Solo por parte de la constructora Acciona, Ábalos y Koldo García habrían recibido 620.000 euros “gestionados” por el ‘número tres’ del PSOE.

Entre los elementos que utilizan los investigadores para apuntar a la implicación del ya 'exnúmero tres' socialista figuran cinco conversaciones entre Santos Cerdán, Koldo García y Ábalos que indican la percepción de fondos y el reparto a cambio de las adjudicaciones de obra pública. En una de esas conversaciones entre Cerdán y Koldo García, mantenida en 2021, aluden a unas obras en Murcia y al pago de 550.000 euros. “550 y de ahí descontamos. Lo de Sevilla diré que te lo pongan por escrito y te lo doy”, afirma Cerdán. La Guardia Civil explica que Koldo García grabó a Cerdán y Ábalos hasta en cinco ocasiones entre 2019 y 2023.

El juez cree que en base a esa investigación hay indicios suficientes para sostener que Santos Cerdán, al igual que José Luis Ábalos, pudieron incurrir en delitos de organización criminal y cohecho. Un escándalo de máximo nivel en el partido que llegó a la Moncloa para desterrar los escándalos del PP y que ahora deja al Gobierno al borde del abismo.

Es casi seguro que las fuerzas de derecha se impongan sobre las llamadas progresistas. La duda es sobre los partidos radicales, del Conservadores y Reformistas Europeos de Giorgia Meloni en Italia al Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, pasando por Vox en España o el Partido de la Libertad del holandés Geert Wilders, que acaba de lograr formar gobierno en Países Bajos; los considerados de “ultraderecha”.

Sobre la nueva Comisión recaerán asuntos urgentes como la guerra con Rusia en Ucrania, y otros menos urgentes pero de carácter estratégico como el cambio climático, el desarrollo de la I.A y el devenir económico del grupo ante la amenaza tecnológica de las superpotencias, Estados Unidos y China.

En España, la campaña volvió a centrarse en “la ultraderecha”, sobre todo desde que Milei pasó por Madrid, se abrazó al líder de Vox, Santiago Abascal, y dejó una muestra del nivel de caos que puede armar con solo un par de horas en la capital española. Para aprovecharlo, los gurúes comunicadores del PSOE, lanzaron una campaña con las palabras “zurdos” y “zurdas”, y el mensaje de “este domingo vota con la zurda por el PSOE”, en clara referencia a Milei y su uso habitual de la palabra zurdo como un adjetivo peyorativo.

No es la primera vez que se apela al fantasma de la ultraderecha en España. Podemos lo hizo en Madrid durante la última elección en que Pablo Iglesias puso el cuerpo en la campaña, y el resultado fue tan magro que ni siquiera entraron a la Asamblea local. El PSOE también lo usó, aunque con mejor suerte, en las elecciones generales. Los que lanzaron la campaña “zurdo” creen que todavía hay margen para poner al elector ante esa disyuntiva: “democracia” o “ultraderecha”. Quizás piensen que al plantearla a nivel europeo, tienen todavía alguna chance.

Sin embargo, no es lo que piensa Isabel, una mujer española de cincuenta años, de familia tradicional de izquierdas. “No voy a votar, me cansé”, responde a la pregunta sobre si votará el domingo. “Esta democracia que tenemos…, es que no sirve”, afirma. “Mi abuelo fue un sindicalista muy importante, le han hecho un monumento en su pueblo”, explica para que no piensen que está despolitizada o que podría votar a la novedad, la ultraderecha. “Pero no puede ser, ¿qué ha hecho el gobierno por los monotributistas? Nada, seguimos pagando más que en cualquier otro país de Europa”.

Para Isabel, que trabajó en una tienda de muebles durante muchos años, y hace un par renunció para montar su propia empresa de decoración, el miedo a la ultraderecha es menor al que le produce la cuota del monotributo cada vez que llega a principios de mes. Lo mismo sucedió unos meses atrás en Países Bajos, cuando Wilders logró que los jóvenes se tragaran los temores de votar a un radical antiinmigrantes, con tal de que cumpliera su promesa de bajar los alquileres y mejorar los salarios.

En Estados Unidos no es distinto

Esta semana, el Financial Times publicó un excelente y completo artículo sobre el posible comportamiento de los votantes en el estado de Michigan. Cuenta con varias entrevistas y análisis de distintos expertos que explican por qué algunos votantes tradicionales del partido demócrata podrían dejar de hacerlo en las elecciones presidenciales de noviembre. La respuesta que mejor se acerca a entender el fenómeno es la económica.

La ciudad de Detroit, antes capital mundial de la industria automotriz, está transformándose de una urbe industrial con salarios muy bien pagos a una dedicada a los servicios (restaurantes, entretenimiento y compras) con salarios mediocres, y sin una cultura de comunidad laboral que en el pasado se sentía orgullosa de pertenecer al sector automotriz. Ahora, por el contrario, muchas personas no se ven así mismas detrás de un mostrador o sirviendo bebidas, y menos si lo hacen por un salario que no les permite desarrollarse. La queja de los dueños de los negocios por la falta de personal es recurrente.

En ese contexto, el estado de Michigan muestra el desarrollo de una economía cada vez más desigual. Los ricos cada vez son más ricos, mientras la clase media pierde poder de compra, y la baja apenas puede darse el lujo de salir a comer afuera o pedir pizza por delivery para la familia. Un comisionado de Oakland, que aún cree que Biden podrá ganar, explica el malestar que sufre la clase media de forma muy elocuente. “En una economía impulsada por consumidores ricos, algunos votantes sienten que el sistema mismo ha sido distorsionado en su contra por décadas de políticas que comenzaron con el ex presidente estadounidense Ronald Reagan. Se hizo una promesa a los estadounidenses de que si siguen las reglas y trabajan toda su vida y no se meten en problemas, tendrán la oportunidad de una jubilación segura”.

Lo que está sucediendo es justo lo contrario. La gente trabaja pero no gana lo suficiente para tener una vida digna. En Michigan, pero también en Madrid o en Países Bajos.

El miedo debe hacerse sentir en el cuerpo

Es difícil que la gente entienda el costo asociado a un discurso político. En Argentina, muchos votantes de Milei eligieron a un político que prometía ajustarlos, echarlos de sus trabajos, subirles el precio de los servicios, y tratarlos como productos descartables. De lo supuestamente bueno que tenía para ofrecerles, dijo que llegaría en 15 o en 45 años, que “sus hijos van a vivir maravillosamente bien”.

Muchos de ellos fueron advertidos en numerosas ocasiones, pero primó la necesidad de vivirlo en carne propia, probar con el cuerpo si era verdad o no lo que decía (Milei), lo que decían (los opositores) de él. Es como si fuera una parte constitutiva de la compra (de la elección del producto partidario): vivir lo que prometieron o ver qué gusto tienen sus promesas.

En España y Europa en general, pasa algo parecido a lo que sucedió en Argentina. La gente está insatisfecha con la política, con los partidos de derecha, y también los de izquierda. Nadie parece poder darle respuesta a sus demandas; y no solo a aquellas exacerbadas por la fiebre del consumo, sino otras más elementales y cercanas como gozar de los mismos beneficios de sus padres: una casa, un trabajo buen pago, la idea real de progreso.

En ese marco, muchos están dispuestos a votar a la ultraderecha, a vivir con el cuerpo el costo de sus políticas. Otros, como Isabel, que son más conscientes del costo, prefieren abstenerse. “Si el número de la abstención es verdaderamente alto, quizás la izquierda se de cuenta de que tiene que hacer más por sus votantes”.

DM

El presidente Javier Milei volvió hoy a ser criticado por un integrante del gobierno socialista de España, a horas de su llegada a Madrid. En esta oportunidad la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, acusó al mandatario argentino de representar un “modelo negacionista” que “atenta contra la propia democracia”.

“Hay un modelo muy distinto al nuestro, el del negacionismo. Está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país. Y uno de los ejemplos de ese modelo es Milei, que atenta contra la propia democracia. Y esa exhibición de la mano de la ultraderecha de nuestro país de la mano de Milei es precisamente lo que nosotros vamos a combatir”, señaló Morant.

Se trata del segundo funcionario de la gestión de Pedro Sánchez que sale a criticar a Milei, en medio de las diferencias ideológicas entre ambas administraciones y de las nuevas actividades que el presidente argentino va a compartir en los próximos días con el referente opositor español, Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox.

“No es casualidad que estemos a las puertas de la cita electoral de Europa cuando (Santiago) Abascal recibe a Milei. Nosotros somos la alternativa al negacionismo y a ese socavamiento de la democracia”, subrayó Morant al ser consultada por medios de su país sobre la visita del jefe de Estado argentino.

La ministra aseguró que la gestión de Pedro Sánchez busca “fortalecer la democracia basándose en el conocimiento y la ciencia”, mientras que el argentino representa “el negacionismo de la ciencia, del cambio climático, de la violencia que se ejerce contra las mujeres, de la memoria, y ese está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo”.

Los gobiernos de Argentina y España viene cruzando fuertes declaraciones, luego de que semanas atrás el ministro de la gestión del PSOE de Transportes, Óscar Puente, sugiriera que Milei dio un discurso supuestamente bajo el efecto de “sustancias”.

De inmediato, la gestión libertaria respondió con una dura carta emitida por la Oficina del Presidente, en la que se sostuvo que “el gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”. 

En tanto, días atrás, el diputado español Gerardo Pisarello se expresó en duros términos contra Milei y llamó a repudiar la visita del presidente argentino: “No es bienvenido entre nosotros, por eso convocamos a marchar para protestar por su visita al país”, sostuvo el legislador en un reciente discurso.

MM con información de la agencia NA.

La sede el partido socialista en Madrid, que durante semanas estuvo asediada por grupos ultraderechistas, ha recibido este sábado a miles de personas, 12.500 según datos de la Delegación del Gobierno, que han acudido a mostrar su apoyo al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras sus decisión de anular su agenda pública para “reflexionar” ante la campaña de “acoso y derribo” que dice estar sufriendo junto a su mujer, Begoña Gómez. “Merece la pena”, le animaron militantes y simpatizantes socialistas.

Miles de personas que han empezado a congregarse en la calle Ferraz desde alrededor de una hora antes de que comenzase el Comité Federal del partido han cantado consignas de apoyo a Sánchez. Desde “presidente” hasta “no estás solo” o “no pasarán”. Cuando la vicepresidenta María Jesús Montero apareció en las pantallas, instaladas en la misma calle, y lanzó un rotundo “Pedro, quédate”, la lluvia comenzó a amainar, bajaron los paraguas, subieron las banderolas rojas del PSOE y la multitud comenzó a corear el recurrente “quédate”.

Es la primera de las dos manifestaciones convocadas este fin de semana tras el anuncio del presidente. Este domingo habrá una marcha a las 19:00 desde la estación de trenes de Atocha hasta el Congreso de los Diputados en defensa de la democracia.

Mari Carmen, Reyes y Paquita son amigas. Vienen de Toledo y Sevilla. La primera, 69 años, hace de portavoz. “El sistema de bulos lanzado por la prensa corrupta está haciendo mella en nuestra democracia, vivimos un momento crítico”, advierte. “Independientemente de las ideas que tengamos, esta oposición no es oposición, es extorsión. Se están traspasando todas las líneas rojas”, dice. Ellas han decidido manifestarse “en apoyo a la democracia y a un señor que lo único que ha hecho es liderar un Gobierno de progreso y bienestar”.  

Los miembros del Ejecutivo, el PSOE, sus socios de Sumar, sindicatos y algunas voces del mundo de la cultura han ido mostrando estos días su apoyo a Sánchez. Si en las elecciones del pasado verano, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue capaz de insuflar ánimo a las bases socialistas, en esta ocasión ha vuelto a ser él quién ha reclamado a la militancia que “se movilice a favor de la democracia y el respeto, en favor de la justicia y de Pedro Sánchez”. “No nos podemos quedar quietos ni callados”, imploró.

Dicho y hecho. Juan Gómez, de 58 años, se puso rumbo a Madrid desde Murcia con su familia. “No había excusa”, dice, “quien quiera que este país siga avanzando tiene que estar aquí”. En la pechera de su chubasquero luce una pegatina, como tantos otros militantes y simpatizantes socialistas, en la que se lee “claro que vale la pena, quédate”. “Queremos que siga, pero le apoyaremos en lo que decida, porque ha hecho tanto por este país que no se merece otra cosa”, dice.

A las 11 de la mañana, cuando estaba convocado oficialmente el inicio de la concentración. Tomaba la palabra en el Comité Federal Eneko Andueza, el líder de los socialistas vascos. “Sois, de largo, lo mejor que tiene este partido”, les dijo a los asistentes. 

Mari Carmen, de 59 años, decidió el mismo miércoles, cuando leyó la carta de Sánchez a los ciudadanos, que acudiría, “sí o sí”, a cualquier acto de apoyo que se celebrase. “Lo hago por mi nieto, porque no quiero que la gente joven crea que la política es ”fruta“ o ”frutero“ o lo que sea”, dice sobre la necesidad de que “cortemos las ofensas”.

Aparte de Pedro Sánchez, el único nombre que se coreó este sábado en Ferraz fue el de Salvador Illa. “Illa president”, clamaron sobre el candidato del PSC a la Generalitat de Catalunya, al que las encuestas dan como ganador. 

Cuando el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, tomó la palabra, los simpatizantes socialistas comenzaron a corear más fuerte si cabe “Pedro, Pedro”, intercalado con gritos de “fuera, fuera”. “Vete a la Cope”, “falso” y “Judas” se desgañitaban algunos asistentes. Cuando el líder socialista, muy crítico con Sánchez, le garantizó su apoyo ante “una querella falsa que no puede tumbar a un presidente del Gobierno”: silencio. 

Alejandro, 27 años, defiende “plantarse y no quedarse pasivo ante los bulos”. “Se nota que hay una especie de táctica orquestada con el objetivo de derrumbar al PSOE”, dice el joven, que menciona los audios publicados por elDiario.es este viernes, en las que se escucha al exsecretario de Estado de Seguridad de Rajoy, Francisco Martínez, reconocer que su Gobierno pidió a Villarejo espiar al padre de Begoña Gómez para “matar políticamente” a Sánchez. “Estas campañas”, dice el joven, “no son desde ahora y también las han sufrido otras formaciones, como Compromis y Podemos”. De fondo, Teresa Ribera vuelve a levantar a los simpatizantes socialistas: “Nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales”.

La política española vive inmersa en una eterna cuenta atrás de cinco días que no expiran hasta el lunes. El plazo de reflexión que anunció este miércoles el presidente del Gobierno para decidir si continúa en su cargo o finalmente dimite mantiene al Gobierno en su conjunto y al PSOE en plena parálisis. Desde los reparos por adentrarse en ámbitos considerados “de su más estricta intimidad”, y a la espera de que Pedro Sánchez se pronuncie, la consigna general en su propio partido e incluso en otras formaciones políticas o sindicales es empujar para que el Presidente resista. 

“Estamos orgullosos de él, lo necesitamos para que España siga avanzando, ánimo Presidente”, terminó su entrevista este jueves en la Cadena Ser la número dos socialista y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien aseguró que estos días de incertidumbre el equipo más cercano al líder del Ejecutivo se limita únicamente a “mandarle energías positivas”. 

En la misma línea, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó a pedir una “movilización” de las bases del PSOE y de la ciudadanía progresista para mostrar su respaldo a Sánchez. “Tenemos que reaccionar democráticamente. Pido que todos los que queremos al PSOE y a la democracia hagamos algo de aquí al lunes, que se imponga la democracia al odio”, dijo también en la Ser, donde alertó del riesgo de que España afrontase circunstancias parecidas a las vividas recientemente en Portugal. “No puede pasar aquí, no nos podemos quedar quietos ni callados”, reclamó.

Por el momento, ese llamamiento de Zapatero se ha concretado en convocatorias de movilizaciones en apoyo a Pedro Sánchez difundidas por militantes, simpatizantes o incluso cargos públicos. Hay convocada una manifestación de apoyo este sábado en la sede central socialista de la calle Ferraz coincidiendo con la reunión del Comité Federal que debe aprobar las candidaturas a las elecciones europeas. Una cita marcada por la sonada ausencia del secretario general. “Para defender la democracia y nuestro país frente al odio”, reza esa convocatoria. 

También se anuncia una marcha en la capital para este próximo domingo de Atocha al Congreso de los Diputados a las siete de la tarde bajo el lema “sus chantajes, sus bulos y su mafia no pueden contra la democracia y contra el pueblo”.

Sindicatos, socios de coalición y fuerzas de izquierda

Si dependiera de la reacción de sus aliados políticos y parlamentarios, el líder del PSOE ya podría afirmar a estas alturas que cuenta con respaldo público suficiente para sacar adelante una cuestión de confianza. Sánchez ha recabado, por ejemplo, el apoyo de Comisiones Obreras y de Unión General de Trabajadores (UGT). El secretario general de CCOO, Unai Sordo, pidió al presidente que no ceda ante las pretensiones de “poderes fácticos”, que, dijo, no han asumido “la normalidad democrática”. Por su parte, Pepe Álvarez, llamó a defender “la conservación y mejora de las conquistas alcanzadas durante la gestión de Pedro Sánchez” que están en “el germen de este ataque a la arquitectura del Estado de Derecho”.

Tras superar el impacto de las primeras horas, los socios de coalición del PSOE insistieron en sus mensajes de apoyo y solidaridad hacia Pedro Sánchez y en la petición de que no abandone el cargo. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quiso mandar un “abrazo” al presidente al mismo tiempo que trasladó un mensaje de “firmeza” para que no ocurra lo mismo que con la ofensiva contra Mónica Oltra. Un caso que, dijo el ministro de Cultura, terminó tumbando el Govern del Botànic en la Comunitat Valenciana. 

Un mensaje parecido lanzó la líder de los comuns Jéssica Albiach, en pleno arranque de campaña como candidata en las elecciones catalanas. “Es importante ser resilientes y firmes y entender que no pueden ganar. No les podemos dejar esta victoria”, dijo para pedir al presidente que no dimita. 

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, fue más allá al reclamar una “movilización popular” de las gentes progresistas, lo que él y su entorno denominan “el pueblo de la coalición”, para mandar un mensaje contra las operaciones de la derecha y la extrema derecha. “A los presidentes y a los dirigentes políticos no los pueden quitar maniobras mediáticas y judiciales”, dijo Errejón en una entrevista en La Sexta.

También Enrique Santiago, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, aprovechó para presionar al PSOE con una batería de propuestas para reformar el Consejo General del Poder Judicial como forma de contrarrestar el “acoso a la democracia y a las instituciones a partir del plan de desestabilización organizado por la derecha del PP y la ultraderecha”.

Yolanda Díaz convocó este viernes a sus cinco ministros de manera extraordinaria para analizar los escenarios que se abren tras la decisión de Sánchez. En un encuentro en el que participaron también los portavoces parlamentarios de la coalición, todos los presentes coincidieron en respaldar a Sánchez y pedir la continuidad del Gobierno. “Los casos de acoso y derribo a gobiernos progresistas en todo el mundo llevan a una deriva anti-democrática que tenemos el deber entre todas de frenar. No lo podemos permitir”, sostienen fuentes de la coalición.

Los socios apuntan a una cuestión de confianza

La llamada a la resistencia del presidente ha llegado en las últimas horas incluso desde la mayor parte de fuerzas políticas aliadas en el Congreso y que ya permitieron la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 23J. Todo el mundo reconoce en formaciones como EH Bildu, Junts o ERC que, si la información sobre las intenciones del presidente llega ya a cuentagotas entre su propio equipo de Moncloa, a sus propios partidos esa información es casi inexistente. 

“Lo que nos llega es pesimista, pero no sabemos casi nada”, admite un diputado de uno de los partidos que forma parte de la mayoría de investidura del Gobierno de coalición y que reconoce abiertamente la preocupación que existe entre sus filas por la posibilidad de que decaiga el Ejecutivo y el proyecto político que representa.

Hay quien entre esos aliados prefiere mirar hacia la hipótesis de una cuestión de confianza como vía de escape a un callejón con pocas salidas. “Si no es un movimiento táctico y realmente la razón es la campaña de las derechas españolas en contra de su presidencia usando a su familia –sé perfectamente qué se siente en este caso–, y creo que su liderazgo se ha debilitado como consecuencia de esto, siempre puede presentar una moción de confianza y aclarar todas las dudas que ha generado este movimiento imprevisto”, dijo en redes sociales el líder de Junts, Carles Puigdemont. 

Esa posibilidad la han apuntado también otros socios parlamentarios del Gobierno. “Creo que hablar sobre esto es especular. Si al final el presidente lo hace, nosotros lo que le puedo asegurar es que no daremos alas a los inventos del fascismo. Y si se convoca una cuestión de confianza por esto, nosotros no tenemos absolutamente ningún motivo para no apoyarla”, dijo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en Telecinco. Minutos después, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compañero de partido de Rufián, prefirió poner el énfasis en la necesidad de no entrar en especulaciones. 

Más claro se mostró el líder del PNV, Andoni Ortuzar, que consideró que un movimiento como la cuestión de confianza es la “opción más sencilla” para resolver esta situación. “Cuanto antes lo hagamos todo, mejor”, dijo en declaraciones a Onda Vasca. A su juicio, la opción de disolver las Cortes y convocar elecciones es más complicada porque habría que esperar al 30 de mayo, ya que la Constitución impide poner fin a la legislatura antes del primer año, y además celebrar la jornada electoral a finales de julio. “Ya vivimos hace un año las elecciones en esas condiciones y fue muy complicado para todos”, apuntó. 

Preguntado por este asunto, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, dio a entender que su formación votaría a favor de la continuidad de Sánchez en una hipotética cuestión de confianza, porque “no van a abrir el paso a la derecha”. “Nosotros, no”, dijo. 

Mientras, en la Moncloa y en Ferraz afrontan la espera como una auténtica tormenta política a la que intentan buscar la mejor salida posible. Nadie, a última hora de este jueves, era capaz aún de anticipar en qué sentido se pronunciará el presidente el próximo lunes. Ni tampoco de mandar un mensaje diferente al de que la dimisión de Pedro Sánchez es un escenario más que realista. 

El pacto entre el PSOE y Junts supone “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”, según señala el documento del acuerdo al que tuvo acceso elDiario.es y que fue adelantado por el programa de televisión laSexta. Para ello, en ese pacto se establece una mesa de negociación entre ambos partidos que incluya un mecanismo para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

En el acuerdo político firmado la pasada madrugada, el PSOE y Junts pactan los desacuerdos tras muchos días de tiras y aflojas y hacen un relato diferente de los hechos del denominado procés. Así, mientras para la formación del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont es “legítimo el resultado y el mandato” del 1-O, los socialistas dejan claro su rechazo a la “legalidad y validez del referéndum y de la declaración de independencia”.

En esta negociación política a la que se comprometen de ahora en adelante sobre el encaje territorial de Cataluña se tratará, según el acuerdo firmado, sobre dos grandes asuntos: la “superación de los déficits y limitaciones del autogobierno” y “las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña”. En el mismo acuerdo Junts ya hace una declaración de intenciones cuando adelanta que reclamará un referéndum pactado y un pacto fiscal para Cataluña.

En el documento firmado y que será presentado oficialmente este jueves, los socialistas y los independentistas catalanes constatan que ambas formaciones parten de “posiciones divergentes”, a pesar de lo cual se comprometen a desarrollar “una dinámica para la resolución” del conflicto “en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura”.

En el documento del acuerdo político, que aún no incluye los detalles de la ley de amnistía que será presentada la semana que viene, se expone que el gran ciclo de movilizaciones independentistas tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que tumbó el “estatut· catalán. ”La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. Como reacción, se produjo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista“, se describe.

El texto continúa señalando a los gobiernos del PP. “Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política”, se apunta respecto a las propuestas antes de describir los hechos ocurridos en 2017. “Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 –ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC– con una participación masiva en favor de la independencia de Cataluña. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”.

“Una oportunidad histórica”

En el segundo punto del documento pactado entre Junts y ERC, las formaciones lideradas por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont vuelven a subrayar que, a pesar de “las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto”, la conclusión compartida es “que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse”.

“A pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales”, se prosigue, “estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto”. Sobre esas vías bilaterales basadas en la negociación entre el Gobierno de España y la Generalitat y entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, se insiste de manera reiterada en que “la resolución” del conflicto “debe ser negociada y acordada”, una renuncia implícita a la vía unilateral que caracterizó al desenlace del procés en 2017.

Sin embargo, es llamativo el encabezado del epígrafe de los “acuerdos” que registra el documento. En ese punto las dos formaciones exponen abiertamente las profundas diferencias respecto a la visión política de lo ocurrido en 2017, con un rechazo explícito de los socialistas a la vía unilateral y una mención a la ilegalidad del referéndum del 1O y la de la DUI, y una defensa encendida de ese procés por parte de Junts.

Tras semanas de negociaciones, y a falta de un relato común, el documento refleja lo siguiente: “Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por otro lado, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. Y, sin embargo, “constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”.

Para el proceso de negociación que ahora debe abrirse ambas partes admiten partir de una situación de “desconfianzas mutuas”, ante las cuales acuerdan un mecanismo de mediación. “PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

Respecto a los contenidos específicos que serán materia de negociación de ahora en adelante, el acuerdo se centra en “la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña”. Y se acotan los temas a abordar en una primera reunión que ya se fija para este mismo mes de noviembre.

“Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Una propuesta que el PSOE rechaza de plano: “Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.

En el capítulo de autogobierno, queda reflejado que “Junts propondrá de entrada una modificación de la Ley Orgánica de Financiación” autonómica (LOFCA). que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña“. 

A falta de cerrar un acuerdo global con el resto de formaciones que apoyarán la investidura respecto a la ley de amnistía, en el pacto entre Junts y el PSOE se defiende la medida de gracia “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.

“Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, prosigue, antes de hacer referencia a uno de los principales escollos que han dilatado la negociación en los últimos días. “Se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

“La ley de amnistía está acordada”, ha explicado este jueves el 'número 3' del PSOE, Santos Cerdán, en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha matizado que antes de su registro “la tienen que ver el resto de grupos” que la van a apoyar. “Por eso no la presentamos”, ha matizado. Lo que ha sucedido durante la semana por las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont ha sido determinante para obligar a las partes a hacer una relectura de la ley de amnistía. No obstante, Santos Cerdán ha asegurado que la “ley está acordada”. Ahora son “el resto de partidos” que apoyarán la investidura “los que tienen que revisarlo”, informa Irene Castro.

El acuerdo contempla, finalmente, el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez así como “a la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”. 

Quince semanas de negociaciones

Tal y como adelantó elDiario.es, PSOE y Junts han anunciado este jueves el pacto político que permitirá a Pedro Sánchez garantizarse la investidura en un Pleno del Congreso que se convocará para la semana que viene. La ley de amnistía, el principal pacto entre ambas fuerzas y el que más ha retrasado su cierre final, también será presentada y registrada la próxima semana.

El acuerdo se produce 15 semanas después de las elecciones y a 18 días de que expire el plazo límite –el próximo día 27–, tras el cual serían convocadas automáticamente unas nuevas elecciones generales para enero. Respecto a la amnistía, tras dilatarse las conversaciones en los últimos días a cuenta de varios escollos respecto al perímetro de la medida de gracia, los equipos negociadores desplazados en Bruselas, donde reside el expresident de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont, han rematado los flecos pendientes y han acordado que la oficialidad del pacto de investidura se produzca este mismo jueves, en mitad de una durísima ofensiva política y judicial en los últimos días, aderezada de protestas ultras violentas a las puertas de las sedes socialistas.

El pacto de hoy llega después del proceso de investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, que fracasó en su intento de ser investido presidente el pasado 29 de septiembre, al no lograr más 'síes' que 'noes' en la votación del Congreso en la que solo obtuvo el apoyo de Vox, de Coalición Canaria y de UPN, además del de sus propios diputados.

Sánchez había lanzado este miércoles una llamada al acuerdo de investidura en plena escalada de acoso a los socialistas. “Hechos como los que estamos viviendo nos reafirman, con más fuerza si cabe, en la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición progresista”, dijo.

PSOE y Junts terminaron de cerrar definitivamente el acuerdo político que negocian desde hace tres meses para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez. Según fuentes de la negociación, ese acuerdo será anunciado oficialmente este jueves. Esas mismas fuentes insisten en que la ley de amnistía sigue sin estar cerrada y que, en todo caso, será presentada la próxima semana.

Tras dilatarse las conversaciones en los últimos días a cuenta de varios escollos respecto al perímetro de la medida de gracia, los equipos negociadores desplazados en Bruselas, donde reside el expresident de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont, limaron las últimas asperezas y acordaron que la oficialidad del pacto de investidura se produzca de manera inminente.

Las fuentes al corriente de esa negociación consultadas por este periódico y que dan por cerrado el acuerdo, detallan además que el anuncio de la presentación de la ley de amnistía, que sigue negociándose, tendrá lugar ya la semana que viene, cuando también está previsto que se lleve a cabo la investidura. En los próximos días la presidenta del Congreso, Francina Armengol, debe hacer oficial esas fechas de los plenos para investir a Pedro Sánchez.

Con los trabajos ya muy adelantados desde hace semanas, una presión que arreciaba por tierra, mar y aire, y una vez Junts había dejado claro que ya había trastocado el calendario inicial de Pedro Sánchez, que contaba con que las negociaciones irían más rápido, era cuestión de horas que se formalizase el anuncio.

A la ofensiva judicial del CGPJ y de la Audiencia Nacional se ha sumado en los últimos días las protestas alentadas por Vox en las calles de Madrid y hasta una carta del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en la que pide información al Gobierno sobre la ley de amnistía antes de que se presente. PP y Ciudadanos se han arrogado el mérito de esta inédita petición.

Ahora, una vez se oficialice el acuerdo, deberán avalarlo las bases de Junts, aunque en la dirección consideran que no debería haber problema para que lo hagan porque no solo se tratará de un pacto que ha negociado Puigdemont, el nombre con mayor ascendencia en este espacio, sino que además se ha implicado a Laura Borràs en las conversaciones y confían en que eso pueda frenar las tentaciones de desmarque de los sectores más duros del partido.

Sobre el retraso en las negociaciones durante los últimos días a cuenta de los escollos encontrados sobre la dimensión de la ley de amnistía, los independentistas insisten en que las prisas del PSOE nunca fueron las de Junts. El equipo de negociadores, con Puigdemont al frente, han insistido siempre en que, por más que se especulase con las fechas sobre la presentación de la proposición de ley sobre la amnistía o la convocatoria del pleno de investidura, la presión no les afectaba.

La foto del ministro Félix Bolaños con Oriol Junqueras, con ERC atribuyéndose avances en la ley de amnistía que Junts consideraba que los republicanos no debían apropiarse, ralentizaron las conversaciones. A la competición entre Junts y ERC se sumó un elemento no previsto: la decisión del juez Manuel García Castellón de vincular un muerto por infarto con el “terrorismo” de Tsunami Democràtic.

Pero lejos de hacer zozobrar las posibilidades de pacto, las dos partes negociadoras han mantenido intactas sus intenciones de salvaguardar las conversaciones de cualquier influencia externa para concretar ya un acuerdo que se prevé oficializar este jueves.

El propio Pedro Sánchez había lanzado este miércoles una llamada a ese acuerdo de investidura en plena escalada de acoso a los socialistas. “Hechos como los que estamos viviendo nos reafirman, con más fuerza si cabe, en la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición progresista”, apuntó. El mensaje, remitido en una carta a la militancia del PSOE, sirvió para reafirmar la voluntad intacta del presidente en funciones de rematar con Junts el entendimiento de cara a un acuerdo.

“Si algo demuestran estos días tan aciagos que estamos pasando es la necesidad de que salga adelante, que este país sea gobernado por el PSOE desde la razón y desde los principios que siempre hemos defendido: la libertad, la democracia y la convivencia”, les dijo también en persona a los trabajadores de la sede de la calle Ferraz, a los que quiso trasladar su apoyo ante unas “intimidaciones” que, según apuntó, “no conseguirán amedrentar a los socialistas”. 

Tras semanas de conversaciones, PSOE y Sumar cerraron a última hora de este lunes el acuerdo para formar un nuevo Gobierno de coalición si Pedro Sánchez consigue ser investido presidente en las próximas semanas. A falta de concretar el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independentistas necesarias para esa investidura, Sánchez y Yolanda Díaz terminaron de perfilar este lunes los detalles del pacto en una reunión entre ambos en la que, entre otras cosas, consiguieron superar las diferencias que les separaban en cuanto a la reducción de la jornada laboral, uno de los hitos del acuerdo. La escenificación del pacto entre ambas formaciones tendrá lugar este mismo martes a las 12.30 en un acto conjunto entre el líder del PSOE y la líder de Sumar en el Museo Reina Sofía. 

Pese a que el asunto parecía encallado en los últimos días, y a falta de que se hagan públicos los detalles, finalmente el pacto contempla promover por ley una jornada laboral máxima de 37 horas y media sin reducción salarial, una de las principales reivindicaciones de Sumar a la que finalmente han accedido los socialistas. 

Además, ambas formaciones exponen que ese pacto de coalición incluye un plan de choque contra el desempleo juvenil, el refuerzo del sistema público de salud, el aumento del parque público de vivienda, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento, la universalización de la educación de 0 a 3 años y “una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público”. 

En una nota conjunta hecha pública a primera hora de este martes, PSOE y Sumar consideran que con su acuerdo “se da respuesta así al claro mensaje que lanzó la ciudadanía en las elecciones del pasado 23 de julio: el rechazo a un gobierno de la derecha y la ultraderecha en España, y el mandato de seguir avanzando en derechos y libertades”.

“El acuerdo de gobierno, que servirá para una legislatura de cuatro años, permitirá a nuestro país seguir creciendo de manera sostenible y con empleo de calidad, desarrollando políticas basadas en la justicia social y climática, y ampliando derechos, conquistas feministas y libertades”, apuntan PSOE y Sumar. “El objetivo del pleno empleo para la próxima legislatura será una prioridad que impregnará todo el acuerdo”, añaden.

A primera hora, el portavoz de Sumar Ernest Urtasun se ha mostrado “satisfecho” con el pacto cerrado con el PSOE aunque quiso poner en valor especialmente los acuerdos de corte social incluidos en el mismo. “Va a haber una reducción de la jornada laboral, reforma del despido, un aumento del salario mínimo y va a ser un acuerdo de gobierno verde”, enfatizó, en una entrevista en TVE.

Ahora, entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre, PSOE y Sumar afrontarán diferentes consultas internas para que sus militancias avalen el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones, al margen de la futura ley de amnistía, que aún se negocia con los partidos independentistas catalanes y que al no ser estrictamente un acuerdo de gobierno como tal sino un pacto político de investidura con partidos que no formarán parte del Consejo de Ministros, no será consultado a las bases. 

Un acuerdo de quince versiones

Según coinciden ambas formaciones, a pesar de la evidente sintonía política entre Sánchez y Díaz y de la total predisposición de los partidos que lideran a reeditar un Gobierno de coalición progresista, las negociaciones sobre el contenido del acuerdo político sobre el que PSOE y Sumar se disponen a sustentar la próxima legislatura no fueron fáciles. De hecho, fuentes de la negociación apuntan a que la versión definitiva del documento en el que se detalla ese pacto es el número quince tras catorce borradores previos que se intercambiaron sin acuerdo.

Tanto el presidente del Gobierno en funciones como su vicepresidenta segunda se reunieron de manera recurrente al margen de los equipos negociadores para impulsar un pacto que ambos terminaron de perfilar este mismo lunes, con la reducción de la jornada laboral como uno de los principales escollos.

Nada más conocer el acuerdo, la dirección del Partido Popular urgió a primera hora a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a que convoque el Pleno de investidura de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno en funciones y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, aseguró que si la investidura fuese un partido de fútbol al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le hubiesen sacado la “tarjeta roja” por “pérdida deliberada de tiempo”. Proclamó que “Feijóo será jefe de la oposición” y que eso será “una magnífica noticia para España”. “Porque habrá un gobierno progresista que siga revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo, dignificando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, un gobierno comprometido con el feminismo, ante la emergencia climática, con el avance de derechos y libertades”, afirmó.

Según el líder del PSOE, “eso es lo que va a pasar” con la investidura del Partido Socialista. “El PP pasará a la oposición y el PSOE seguirá gobernando cuatro años más”, subrayó Sánchez, quien sostuvo que el pasado 23J “los ciudadanos dijeron alto y claro que la propuesta derogatoria del PP y Vox salió derrotada y que hay números para que el Partido Socialista pueda seguir gobernando cuatro años más”.

En su intervención en la XII Festa Socialista de Galicia y ante más de 2.500 militantes, el jefe de filas de los socialistas sostuvo que Feijóo no se presenta al debate para ser elegido presidente de un Gobierno de España sino para ser elegido “jefe de la oposición”.

También se refirió al acto convocado “por indicación del señor Aznar” por los populares para el próximo fin de semana en Madrid al asegurar que el único objetivo del PP es “manifestarse contra la investidura del PSOE al grito de España se rompe”.

“A ver, señores del PP, España no se rompe, España no se hunde. España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo del señor Feijóo y de sus mentiras”, apuntó.

Sánchez expresó a los gallegos que les dieron “gato por liebre” al resto de españoles con el expresidente de la Xunta que lidera el PP ahora, porque, añadió: “Pensábamos que daba para más”.

“Debajo de las piedras”

Además, el presidente en funciones se comprometió a “buscar votos hasta debajo de las piedras” para impulsar medidas que mejoren la vida de la gente y ha dejado claro que su formación cumple la Constitución “de la A a la Z”.

“Nosotros no damos carnés de constitucionalistas, la cumplimos de la 'A' a la zeta, de la pe a la pa todos los días. Y ellos no lo hacen”, proclamó Sánchez.

Asimismo, recordó que en la campaña electoral con motivo de los comicios del 23 de julio avanzó que “buscaría votos hasta debajo de las piedras” para aprobar medidas que mejorasen la vida de los ciudadanos como revalorizar las pensiones.

“Y es lo que vamos a hacer. Me comprometí a que buscaría votos hasta debajo de las piedras para dignificar el salario mínimo interprofesional, para aumentar las becas, para comprometernos con la emancipación de los jóvenes, por la concordia entre los pueblos de España y por la convivencia. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de que falle la investidura de Feijóo”, apuntó.

Con información de agencias

El voto de los españoles residentes en el extranjero quitó un escaño al Partido Socialista (PSOE) por Madrid y se lo dio al Partido Popular (PP), según confirmaron fuentes conocedoras del escrutinio a elDiario.es. Los populares logran así 16 escaños por Madrid y 137 en el conjunto del Congreso, uno más de lo conseguido hasta la jornada electoral del 23J. El PSOE se queda con 121, uno menos.

De esta manera, la suma de bloques en el Congreso será de 172 escaños para PP y Vox –siempre y cuando incorporen a Coalición Canaria y UPN al bloque– y 171 para la suma de PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y BNG. A los socialistas ya no les bastaría, por tanto, con la abstención de los siete diputados de Junts en una futura investidura de Pedro Sánchez, sino que necesitan el 'sí' de al menos algunos de esos parlamentarios de la formación catalana.

El decimosexto escaño del PP por Madrid lo ocupará el ex diputado de Unión del Pueblo Navarro Carlos García Adanero. Se trata del diputado que traicionó junto a su compañero Sergio Sayas al partido regionalista al votar en contra de la reforma laboral pese a lo ordenado por la dirección de UPN. Esos dos votos, que hubieran sido decisivos para tumbar la norma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz si no fuera por la equivocación en el voto telemático del 'popular' Alberto Casero, fueron recompensados por el PP con puestos en sus candidaturas. Sayas, que ya fue candidato a la alcaldía de Pamplona el 28M con un mal resultado, encabezó la lista del PP por Navarra el 23J y logró el escaño. Ahora se reencontrará en el Congreso con Adanero que lo consiguió gracias al voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA) y tras ocupar la posición 16 de la lista del PP por Madrid.

El candidato socialista que se quedó sin escaño es Javier Rodríguez Palacios, número 11 de la lista encabezada por Sánchez, y alcalde hasta el pasado 28 de mayo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, que ahora gobiernan PP y Vox.

Fuentes de la dirección del PSOE explicaron que, “a falta de confirmación oficial, el posible cambio de un escaño en Madrid por el recuento del voto CERA no modifica la situación para formar mayorías: Junts tendrá que decidir si une sus fuerzas a PP y Vox, y abre la puerta a un gobierno de la derecha con la ultraderecha o se une al resto de fuerzas políticas para evitarlo exactamente igual que ayer”.

Sin cambios en otros territorios en disputa

En el resto de las circunscripciones donde podía haber cambios, el voto de los españoles residentes en el extranjero no modificó el reparto de los nuevos diputados. Uno de esos era Cantabria donde, a última hora de la tarde del viernes confirmaron el reparto del 23J, ya que el PP no obtuvo los votos del extrajero necesarios para arrebatar a Vox uno de sus diputados.

También había dudas en las circunscripciones de Girona y Tarragona. En la primera el PP quedó a tan sólo 363 votos de obtener un escaño de Junts, que finalmente mantiene el partido independentista, según informa la ACN. En el recuento llevado a cabo este viernes Junts logró 336 votos de residentes en el extranjero y el PP 275, que no fueron suficientes para apoderarse del escaño en disputa. En cuanto a Tarragona, era el PSC quien podía arrebatar un escaño a Junts, ya que se decidió por una diferencia de sólo 1.298 votos en el escrutinio provisional del 23J. Allí tampoco hubo cambios en el reparto de los asientos en el Congreso.

En Euskadi, el PSE-EE ganó en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa entre los votantes en el extranjero, informa Iker Rioja. Pero estos números tampoco alteran allí el reparto de escaños ya conocido a diferencia de hace cuatro años, cuando este recuento dio un escaño al PP, o de las autonómicas, cuando de nuevo PP+Cs logró otro representante más en el Parlamento Vasco. En el caso de Gipuzkoa, Sumar optaba a un escaño del PNV y ganó a los nacionalistas, pero solamente por tres papeletas, con lo que se confirma que la líder de Podemos en Euskadi, Pilar Garrido, queda fuera del Congreso.

En Bizkaia, en el conocido como voto CERA, los socialistas quedaron por delante del PP, con el PNV como tercera fuerza –ganó el domingo en esta circunscripción– y con EH Bildu como cuarta fuerza. Sumar ocupa la quinta posición y Vox la sexta, pero el partido de ultraderecha multiplica por cuatro sus apoyos en el exterior en relación al paupérrimo 2,59% del voto general en urna y por correo.

elDiario.es también pudo saber que el PSOE se impuso como primera fuerza del voto CERA en todas las provincias de Castilla-La Mancha, aunque allí tampoco se altera el reparto de escaños, informa Francisca Bravo.

Los socialistas se imponen en Navarra, Almería o Segovia

2.382 personas de Balears que residen en el extranjero votaron el 23J. La cifra no altera resultados. El PSOE resulta ser el partido más votado de entre esos electores con un total de 815 votos desde extranjero. El PP se coloca en segunda posición (729), luego Sumar MÉS (389 votos) y Vox (303), informa Esther Ballesteros.

El PSOE fue la primera fuerza en Navarra en el escrutinio del voto CERA, que tampoco cambió allí el reparto de diputados. En concreto, los socialistas recibieron 671 votos, seguidos del Partido Popular, con 641 votos, y UPN, con 410. El escrutinio da 330 votos a Sumar; 261 votos, a Bildu; 234, a Vox; 102, a Geroa Bai; 39, al PACMA; 28, a Por un mundo más justo; 9, a Frente Obrero; y 7, al Partido Comunista de los Trabajadores. Además contabilizaban 51 votos en blanco y 31 nulos, informa Europa Press.

Los socialistas también se impusieron en Almería y el PP en Ourense, aunque también sin cambios en los escaños. Y distintos apoderados difundieron además en las redes que el PSOE ganó entre los electores que viven en el extranjero en provincias como Segovia, además de en les Illes Balears, mientras el PP se habría impuesto en Soria.

Además, el PSOE fue el partido más votado entre los cordobeses que votaron desde el extranjero, según la contabilización que se desarroló durante la mañana del viernes en la sede de la Junta Electoral Provincial de Córdoba, informa Alfonso Alba. En concreto, los socialistas fueron el partido más apoyado desde el exterior al haber obtenido casi el 35% de los apoyos. La segunda formación fue el PP, con el 27% de los sufragios. Pero muy cerca estuvo Sumar, que se quedó con el 25% de los apoyos. El cuarto partido fue Vox, con el 12,15% de los apoyos.

En las elecciones del 23J podían votar 2.325.310 electores que residían en el extranjero. Es la primera vez desde 2011 en la que los electores inscritos en el censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pudieron votar en unas generales sin tener que solicitarlo antes a través del llamado 'voto rogado'. Además, la nueva regulación permitió a estas personas descargarse las papeletas de votación por Internet.

Finalmente fueron un total de 233.688 de residentes en el extranjero los que ejercieron su derecho al voto, lo que supone el 10,04% del total, según informó este viernes la agencia EFE. En las elecciones anteriores, las generales de noviembre, 2019 ejercieron su derecho al voto 145.853 residentes en el extranjero, el 6,85% de un censo integrado por 2.130.754 de ciudadanos.

La proclamación definitiva

Los países que más votantes residentes tienen son Argentina (434.599 personas), Francia (237.599), Estados Unidos (157.969), Cuba (152.791) y Alemania (142.537), informa Europa Press. El recuento de este viernes se realizó en las juntas electorales provinciales. Durante este escrutinio, la Junta Electoral Provincial no puede anular ningún acta ni voto, debiéndose limitar a verificar sin discusión alguna el recuento y la suma de los votos admitidos por las mesas, limitándose a subsanar los meros errores materiales o de hecho y los aritméticos.

Concluido el escrutinio, los representantes de las candidaturas podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante esa misma Junta Electoral. Y una vez resueltos todos los recursos, que en último término pueden llegar a la Junta Electoral Central, o bien cuando transcurrió el plazo para su presentación sin que se haya presentado ninguno, se efectuará la proclamación de los candidatos que resultaron electos.

Esa acta de proclamación se extiende por triplicado: uno para quedar archivado en la Junta Electoral correspondiente, otro para el Congreso o el Senado, y el tercero a la Junta Electoral Central, quien en el plazo de cuarenta días publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los resultados generales y por circunscripciones. Además, los representantes de las candidaturas que lo soliciten pueden obtener una copia.

Un día después de celebrar elecciones generales el 23-J, la figura del futuro gobierno de España lucía su contorno rígido pero nítido. El popular Alberto Núñez Feijoo ganó las legislativas, pero perdió las elecciones. El aspirante a vicepresidente de una coalición derechista, el ultra Santiago Abascal, fue el gran perdedor del penúltimo domingo de julio. La suma de los votos de Feijoo y Abascal es insuficiente para formar gobierno. El socialista Pedro Sánchez salió segundo en las legislativas, pero puede ganar la reelección.

El presidente suma los votos de su socia y actual vicepresidenta segunda, la izquierdista Yolanda Díaz, y los de sus aliados electorales catalanes y vascos. También son insuficientes. A menos que el catalán Carles Puigdemont  ordene a sus diputados que se abstengan en la votación del presidente en el Congreso. Sin Puigdemont no hay gobierno, ni de izquierda, ni de derecha. A nadie escapa la ironía de que la gobernabilidad del Reino de España dependa de un líder independentista, fugado del país, refugiado en la ciudad belga de Waterloo, sentenciado como criminal y cuya extradición reclama la Justicia de Madrid.

Los números no mienten pero desmienten

Cuatro veces presidente de Galicia, el candidato opositor fue el primer candidato de derechas español en lograr en su primera postulación que su partido ganara en las legislativas. Pero con 136 bancas es aritmética, parlamentaria y políticamente imposible que el líder del Partido Popular (PP) logre reunir para el bloque derechista los 176 votos de la mayoría. Llega hasta 171, sumados los 33 de la derecha extrema de Vox, el partido que se derrumbó el penúltimo domingo de julio.

Después de cada elección de la democracia española, dos bloques ideológicos antagónicos se enfrentan a la misma, reiterada realidad. En España, ni la izquierda ni la derecha pueden gobernar sin los territorios: dependen de un Sí o un No independentista.

Con 122 bancas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cuenta con hasta 172 votos sumando los 31 de su socio de izquierda Sumar y las voluntades de sus aliados electorales regionalistas vascos y catalanes. Le es indispensable, pero no imposible, la abstención de los 7 diputados de Junts x Catalunya (JxC), el partido separatista cuyo líder está en el exilio.

La Vox a ti debida

Vox perdió 600 mil votos, 19 escaños, casi la mitad, más de un tercio de los que tenía. La posibilidad de llegar a la vicepresidencia del gobierno quedó por completo trunca. Hay algo de sumo interés para Vox, pero que excluyen de la jeremiada de la derrota, porque sería demasiado iluminador de sus malas costumbres. Y que de su dependencia, para ganar y retener votos. y es una de las áreas más rutilantes de sus similitudes con Trump, Bolsonaro y el difunto Berlusconi, de las artes del espectáculo político.

Vox se quedó sin escaños suficientes como para presentar recursos de inconstitucionalidad, con los que templó abundantemente sus dotes de showmanship en la anterior Legislatura, ni para presentar en solitario mociones de censura, como hizo en dos oportunidades. Se descuenta la participación de Vox en toda aventura de investidura del PP, pero los números y el aislamiento ideológico le auguran un futuro período de irrelevancia folk. “¿Has oído la Vox, Giorgia?”, tuiteó el ex premier centro-izquierdista italiano Matteo Renzi, apostrofando a la actual premier post fascista, Giorgia Meloni, que había viajado a España para hacer campaña por su “amigo” y “hermano de Italia”, Santi Abascal.

Las tribulaciones de un gallego en Madrid

Una de las paradojas de Vox, partido de centralismo de estricta observancia, es el haber sido fundado por vascos y catalanes. Junto a los medios y los sondeos, el bilbaíno Santiago Abascal incluyó en la lista de causas de la derrota al auriense candidato del PP, al que reprochó escabullir el último debate presidencial.

Gallego como el caudillo Francisco Franco, a Núñez Feijoo tocó presidir el amargo festejo pírrico de sonrisas perfectamente bien forzadas de la noche del domingo 23-J en la sede partidaria madrileña, y constatar lo que sabía de sobra, que en el Reino no se ganan mayorías absolutas como él las ganó por cuatro veces consecutivas en su Xunta autonómica. En el balcón de victoria de la calle Génova 13,  donde se celebran los triunfos populares, todos de blanco. Menos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid con mayoría absoluta ganada el 28-M, toda de rojo. Debajo del balcón, el pueblo madrileño no gritaba Feijoo, perdedor del verano, coreaba el apellido de la gran ganadora de primavera: “¡Ayuso, Ayuso!”.

El martes, en la reunión de la cúpula del PP en Madrid, todos los altos mandos populares cerraron filas en torno al ganador de los 136 escaños que había creído que iba a ganar 150 ó 160, el gallego que había venido a Madrid para triunfar y derogar al sanchismo, y que la noche anterior, desde el balcón, le había pedido al sanchismo que por favor tuviera a bien derogarse. Y que lo dejara gobernar a él, a Alberto Núñez Feijoo, porque había ganado más bancas. El pedido resulta desconcertante, porque aún si el madrileño Sánchez tuviera la deferencia que le piden, con 136 bancas no es posible gobernar en solitario.

En la reunión popular cumbre, preguntaban los medios a los barones si Feijoo debía seguir siendo el líder del PP, dadas las cirncunstancias. Todos exclamaban: '¡Desde luego!'. Como lo había hecho nocturna en balcón, también se diferenció aquí, diurna, Ayuso, que respondió: “No creo”.

Los dilemas de un catalán en Waterloo

La gobernabilidad del Reino de España está a la merced de un partido que es la quinta fuerza política en Cataluña, y que el 23-J hizo la peor elección de su historia. Este último dato de mal y deteriorado desempeño electoral de JxC es el más importante. Aquel que influirá sobre la decisión final que medite Puigdemont en su 'embajada catalana' de Waterloo, localidad belga donde se libró la batalla de la derrota final napoleónica.

El Partido Socialista de Cataluña (PSC) hizo una brillante elección, y se colocó como primera formación política en la Autonomía. Barcelona no quiere a Vox en Madrid. ¿Lo quiere Waterloo? Si JxC vota consistentemente No a la posibilidad de que el PSOE forme gobierno, habrá nuevas elecciones. ¿Y cómo saldrá en ellas JxC, que ve sus votos menguar, y ganar en cambio, relativamente, a su rival independentista de izquierda, Esquerra Republicana (ER)? Además de la fatiga ciudadana y del gasto público de una nueva elección, ¿quiere quedar en la foto y en la historia como el partido que dio una nueva oportunidad a la derecha? ¿En la misma foto que Vox, un partido en cuya plataforma refulge como una misión histórica, ratificada después del 23-J, el ilegalizar para siempre a JxC? (Y al propio destino judicial del propio Puigdemont, encausado por el referéndum independentista catalán de 2017, ¿no le es más provechoso un gobierno progresista?).

Además, JxC concesiones puede obtener, de un gobierno PSOE-Sumar, a pesar de que en la pasada Legislatura sistemáticamente votó en contra de todas sus iniciativas. Porque, y es otra paradoja, si los catalanes que forman el electorado de JxC no fueran catalanes, fueran castellanos, votarían Vox o PP. Porque la base social de JxC (heredados o recaudados de Convergencia y Unión, el partido de Xordi Pujol), es anti socialista y anti izquierdista por antonomasia, como también es xenófoba.

Las tres regiones de España que ganó enteras el PSOE, las únicas pintadas de rojo en un mapa azul, son Cataluña, el País Vasco, y Navarra. Tres regiones independentistas. Cuando se han contado los votos, se ha cantado el “¡No pasarán!”, se ha prohibido el “De cara al sol”, España, sin embargo no ha ajustado todas sus cuentas. Debe seguir con el ábaco en la mano. En España, ni la izquierda ni la derecha pueden gobernar sin los territorios.

AGB

Más votos y más escaños que en 2019 y el paso cerrado a una mayoría de derechas. Una vez más, y contra todo pronóstico, Pedro Sánchez volvió a obrar el milagro y llevó al PSOE a mejorar sustancialmente sus propios resultados de hace cuatro años, con casi un millón de papeletas y dos escaños más que en las anteriores generales. A expensas de la postura que puedan acabar adoptando formaciones independentistas como EH Bildu, ERC y, principalmente, Junts, el reparto de escaños en el Congreso deja la puerta abierta a una nueva investidura de Sánchez.

“España fue bien clara, España y todos los ciudadanos que votaron fueron meridiana y rotundamente claros: el bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que logramos en los últimos cuatro años fracasó. ¡Fracasó!”, clamó Pedro Sánchez en la calle Ferraz ante de cientos de militantes y simpatizantes eufóricos que respondieron coreando consignas antifascistas, en alusión al retroceso de la extrema derecha: “¡No pasarán!”, interrumpieron al líder socialista.

Aunque el PP fue primera fuerza en votos y escaños, sus resultados quedaron lejos de sus propias expectativas y de la posibilidad de formar un gobierno estable basado en una mayoría parlamentaria conservadora. Y por eso el presidente del Gobierno en funciones planteó este domingo el escenario de una reedición de un Ejecutivo de coalición progresista.

“Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades fracasaron en el día de hoy y el bloque involucionista de PP y Vox fueron derrotados. Somos más, muchos más los que queremos que España siga avanzando, y así segura siendo”, sostuvo.

En Ferraz nadie ocultaba al fin del escrutinio que el resultado de las urnas es recibido como una auténtica victoria política para la izquierda y para el PSOE, en general, y para Pedro Sánchez, en particular. El líder de los socialistas se la volvió a jugar al todo o nada con el adelanto electoral del 23J tras la debacle de las autonómicas y municipales, en una cita que muchos tenían señalada como la del final de la carrera política del presidente.

Lejos de esos augurios, el candidato del PSOE sale reforzado políticamente y, más allá de las dificultades que pueda encontrarse para formar Gobierno, consigue ahuyentar los sempiternos fantasmas sobre su liderazgo y sobre una crisis interna en el partido que diera carpetazo al denominado sanchismo. “Ha mejorado los resultados del PSOE en autonómicas y municipales en casi todos sitios, a ver quién le tose a este hombre ahora”, resumía una persona de la dirección socialista en plena fiesta en Ferraz.

Noche de infarto en Ferraz

Durante toda la noche en la sede socialista de la calle Ferraz se contuvo la respiración. En el equipo más cercano al presidente del Gobierno se mantuvieron intactas durante toda la jornada las altas cotas de optimismo que habían intentado trasladar en la última semana de campaña y a la que casi nadie en el propio Partido Socialista, a excepción de ese pequeño grupo de altos dirigentes, conseguían aferrarse al cierre de las urnas.

Con la publicación de los sondeos de las ocho de la tarde el equipo de campaña del presidente se mantuvo en vilo pendiente del conteo oficial. Pasado el 50% del escrutinio, empezaron los primeros abrazos y las alegrías contenidas que terminaron por explotar con la confirmación de que la izquierda resistía en España y que la ciudadanía no había dado su respaldo a un gobierno de la derecha con la extrema derecha. “Vamos a ser noticia en todo el mundo porque España ha sido capaz de frenar la ola reaccionaria. Esa es la noticia y lo demás nos da igual ahora mismo”, se sinceró un alto dirigente del PSOE cuando el recuento rozaba ya el cien por cien.

“Gracias a toda España porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, limpia, una gran democracia”, reivindicó Pedro Sánchez desde el improvisado escenario de la calle Ferraz, convertida momentáneamente en una discoteca al aire libre en la que sonaron temas como 'Perra', de Rigoberta Bandini, 'Quédate', de Quevedo, 'Cuando zarpa el amor', de Camela, o la banda sonora de 'Verano Azul', en un gesto hacia uno de los lemas de campañas del PP.

“¡Sanchismo, sanchismo!”, despidieron a coro los simpatizantes socialistas a su candidato y presidente en funciones. El sudoku de la gobernabilidad comenzará para todos a partir del lunes. Pero el domingo, todo el PSOE era una fiesta: la de la eterna resistencia de su secretario general.

Se habían equivocado los sondeos de intención de voto, estaban equivocadas las encuestas de boca de urna. El penúltimo domingo de julio fue la revancha de Pedro Sánchez. El socialismo se recuperó y en las elecciones generales del 23-J ganó dos bancas más que en las de 2019. Los populares crecieron más, se acomodaron en el lugar de primer partido en el Congreso, pero no arrasaron. El ultraderechismo perdió casi la mitad de sus escaños. El neofranquismo no pasó.

Como había planteado elDiarioAR, la enérgica estrategia del Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) era la correcta. Después de la derrota abrumadora sufrida por su aliado más-a-la-izquierda Unidas Podemos en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, Pedro Sánchez sorprendió por la velocidad e inmediatez de sus reacciones. Disolvió las Cortes y convocó a elecciones anticipadas.

En las elecciones del 28 de mayo, en las autonómicas la derecha del Partido Popular (PP) se impuso en seis de las diez regiones donde la izquierda había vencido en 2019. En las municipales, con 7 millones de votos el PP quedó 800 mil arriba del PSOE e invirtió los resultados de 2019, cuando ésa había sido la cifra de la ventaja de los socialistas sobre los populares.

Si fraccionamos y distribuimos los números de aquel último domingo de mayo al interior de los dos bloques, de izquierda y de derecha, advertimos una o dos asimetrías secantes en la composición de la derrota y de la victoria. Salta a la vista que el gran perdedor de la jornada, el protagonista de su propia catástrofe, fue Unidas Podemos. Su mal desempeño, parejo al de formaciones izquierdistas ultra y radicales, dejó en minoría a la coalición gobernante que integran. Los resultados decepcionantes de la nueva izquierda contrastan con los muy razonables y en nada desestabilizadores del socialismo obrero.

Los extremos no me tocan

El avance espectacular de la derecha popular en mayo había sido el correlato perfecto del retroceso no menos dramático de las izquierdas extremas. Si el PP ha ganado votos, los ha drenado de un electorado centrista, y aun progresista, entre el cual había un núcleo que siempre se había inclinado por el PSOE.

El centrismo huido al PP el 28-M, regresó al PSOE el 23-J. En mayo, ese centrismo castigó a la coalición gobernante (y en consecuencia, pero no por causa, al PSOE): un voto rechazo contra las derivas internacionalistas y contra los desaciertos tácticos y técnicos de iniciativas legislativas de Podemos -que en virtud de la alianza el presidente del Gobierno debía defender como propias- sobre violencia e identidad de género. Los debates parlamentarios que concluyeron en la sanción de nuevas leyes, consumieron un tiempo escamoteado a otros asuntos de gobierno. A medida que crecía la litigiosidad ambiente, bendita por los medios, las 'batallas culturales' crecieron en la atención de un público que así fatalmente la desvió de los méritos del gobierno de coalición en la economía. la recuperación del poder adquisitivo de los menos pudientes con el mayor aumento europeo del monto del salario mínimo, la inflación europea más baja y muy baja tasa de desempleo.

Un socialismo genuino pero genuinamente centrado

El presidente Sánchez adelantó un calendario electoral que fijaba las legislativas hacia fin del año. De mayo a entonces, había calibrado el presidente del Gobierno Español, toda labor legislativa y gubernamental sufriría el boicot de la derecha del PP y de la ultra derecha de Vox. La ingobernabilidad habría crecido. La imagen del PSOE se habría dañado fatalmente porque la Presidencia sería vista cotidianamente en compañía de la Vicepresidencia desaparecida. Liberado del lastre de la nueva izquierda de agenda social, cultural y de género de Unidas Podemos, el PSOE volvía a ser el partido de centro izquierda económica y política. Que podía recuperar los votos drenados al centrista PP y que podría consolidarse en su oposición democrática a Vox, un partido tan desacomplejado en su relación con la herencia histórica de la dictadura franquista.

Y así fue cómo ocurrió. Si España iba a ser el laboratorio de un gobierno de derecha y de ultraderecha, el experimento salió mal. O fue abortado. La llamada 'España profunda' le dijo no al acuerdo de populares y conservadores. Los socialistas movilizaron sus territorios tradicionales. Andalucía, de donde es Sánchez, antigua fortaleza de la izquierda, ahora gobernada por la derecha, se movió en favor del socialismo. Lo mismo ocurrió en Cataluña, donde cayó la izquierda independentista radical de Esquerra Republicana (ER) y donde incluso los separatistas de centroderecha de Junts per Catalunya (JxC) cedieron votos al partido socialista. Barcelona no quiere a la derecha en el gobierno de Madrid.

El empate catastrófico de un bipartidismo complacido

Las elecciones autonómicas y locales del 28-M resultaron nacionalizadas, como un referéndum sobre el gobierno en general y sobre el presidente en especial. El socialismo, y en particular el sanchismo, fueron castigados por la alianza estratégica con la extrema izquierda y por los acuerdos tácticos con las izquierdas nacionalistas catalana (cripto independentista) y vasca (pro -buena- memoria etarra). El voto de mayo penalizó al gobierno presidido por el PSOE, pero sobre todo a la vicepresidencia izquierdista del gobierno. Unidas Podemos, que en 2015 había podido atisbar, sin excesiva megalomanía, un futuro en el cual sus fuerzas superaban a las del PSOE, fue privado de sus bancas regionales, y desaparecido de la autonomía de Madrid.

Deslastrado de extremismos e intransigencias, el pragmático PSOE pudo volver a consolidar su preeminencia en el bloque político de las izquierdas. En las elecciones generales del 23-J, llegó el turno del castigo para el PP, penalizado por su alianza estratégica con la extrema derecha de Vox. Que no murió el penúltimo domingo de julio, pero fue mutilado de una mitad. Aunque entre uno y bloque haya un empate catastrófico, en cada uno de ellos respiran PP y PSOE. El bipartidismo había muerto, viva el bipartidismo.

AGB

Todas las noches electorales dejan tras de sí un reguero de cadáveres. Lo que no sabíamos es que con el 23J algunos que creían que estarían viviendo la vida loca antes de las diez de la noche empezaron a quedar más y más pálidos al poco de comenzar el escrutinio. Pensaban que la campaña de Txapote, de las mentiras de las pensiones y de las noticias falsas del voto por correo iba a conceder al Partido Popular (PP) una mayoría arrolladora o al menos una que sólo requeriría el apoyo de Vox. El planchazo se oyó en toda España.

Hacia las nueve y media de la noche, DJ Pulpo se bajó de su cabina en la calle Génova con la que pretendía poner a bailar a los seguidores del PP hasta que apareciera en el balcón el gran triunfador de la noche. El juego de las expectativas había estallado en toda la cara de Alberto Núñez Feijóo. Después de marear con distintas cifras, terminó por ajustar el tiro en 150 escaños que Feijóo esperaba que le dieran de una forma u otra la entrada a La Moncloa. Otro aspecto que lo convertiría en vencedor indiscutible era que la suma de PSOE y Sumar se quedaría por debajo de su partido.

Ninguna de las dos cosas ocurrió. El PP se quedó a catorce escaños de esa cifra mágica con 136. La suma con Vox estaba a siete de la mayoría absoluta. PSOE (122) y Sumar (31) reunieron 153, diecisiete más que el PP.

El PP no consiguió la victoria que creía estar rozando con los dedos y con la que borraría el llamado sanchismo de la faz de la historia. Se lo había garantizado su consejero especial en encuestas, Narciso Michavila. “Pedro Sánchez va a perder las elecciones por goleada”, asegura el presidente de GAD3 antes de las elecciones autonómicas y locales de mayo.

En la última semana de campaña, Michavila aventuró que el PP podría llegar a 160 escaños y que en ese caso Sánchez no llegaría a septiembre como líder socialista. Al final, tanto su empresa como Sigma 2, que ofrecieron los resultados de las ocho de la tarde, se estrellaron con sus pronósticos.

Andalucía se empeñó en anular esas previsiones. Después de la victoria de Juanma Moreno en las autonómicas, Feijóo decidió que esa era su meta. De ahí que dijera en sus mítines que el resultado de las elecciones andaluzas “es el que quiero para el 23J”. Los andaluces le dijeron que no. El PP sacó 25 escaños y los socialistas resistieron mejor de lo esperado con 21.

Obligado a convocar elecciones de forma precipitada y en malas condiciones y con un partido aún en estado de shock por los malos resultados del 28M, Sánchez necesitaba que todo le fuera bien en la campaña. Muchas cosas le funcionaron, pero su debate con Feijóo le frenó en el peor momento posible. Parecía que ya no podían pasar más cosas que le resultaran favorables.

Yolanda Díaz se estrenó como candidata a la presidencia en unas elecciones nacionales y le resultaba complicado asomar la cabeza en una campaña dimensionada para un duelo entre Sánchez y Feijóo. El debate a tres le dio mucha vida, aunque pareció que le llegaba tarde, que muchas cosas le habrían ido mejor si hubiera saltado antes de los tacos de salida.

Todo eso puede ser cierto, pero los resultados les sonrieron, en especial al PSOE. Cuando salió a un practicable frente a la sede de Ferraz con su camisa vaquera que ya es un tótem de su campaña, Sánchez destacó que su partido sacó más votos y más escaños que en 2019. “España fue clara. El bloque involucionista fracasó”, dijo. Los militantes socialistas se volvían locos de alegría, como si su partido hubiera sido el más votado. Señal de que no esperaban el resultado del domingo.

Al final, en Génova también quisieron mostrarse eufóricos. Habían disfrutado de un espectacular aumento de votos y escaños, tres millones de votos más que en 2019, y tenían derecho a su fiesta. Feijóo se subió al balcón para comenzar describiendo las cifras de la victoria, momento en que la gente reunida le interrumpió con el eslogan extraoficial del PP, es decir, “que te vote Txapote”.

También le cortaron para gritar en favor de Isabel Díaz Ayuso. Todos los demás dirigentes del PP iban vestidos de blanco. Ayuso apareció de rojo sangriento consiguiendo destacar de forma dramática, quién sabe con qué intenciones.

Feijóo dijo que el primer puesto le concede el poder de “abrir el diálogo e intentar gobernar”. De ahí que reclamara “al partido socialista que perdió las elecciones y a las demás fuerzas políticas que no bloqueen el Gobierno de España una vez más”. Quiere que le regalen el puesto partidos que rechazan totalmente su programa. En resumidas cuentas, que no hagan lo que hizo el PP en abril de 2019 que ni siquiera amagó con prestar su apoyo a Sánchez para que gobernara sin mayoría absoluta.

Ni Feijóo ni Sánchez cuentan con un camino viable hasta la formación de un nuevo Gobierno. El PSOE y Sumar necesitarían no sólo el apoyo de ERC, que se hundió en las urnas, sino también el de Junts, y eso no lo va a tener. El PP necesita que los partidos a los que ni siquiera considera realmente constitucionalistas le apoyen en la investidura. Tendrían que estar un poco locos para hacer eso.

Al igual que en 2015 o 2019, lo más fácil es que haya que volver a votar en seis meses. Es posible que para entonces, partidos, medios de comunicación y empresas de encuestas esperen al día de la votación para estar seguros del resultado. Es posible, pero no lo demos por hecho.