Se conoció el último dato de inflación antes de que el ministro de Economía, Sergio Massa, se exponga a las urnas en el balotaje del domingo ante el economista ultralibertario que se hizo famoso en televisión por sus arranques de furia contra las subas de precios, Javier Milei. Fue un poco menor al 12% de agosto y septiembre, los mayores niveles mensuales de los últimos 32 años, pero tampoco dio para festejar. Ascendió al 8,3% en octubre y acumula un 142,2% interanual, el mayor índice desde septiembre de 1991, cuando el país salía de su última hiperinflación. En los primeros nueve meses del año suma un 120%.

La comunicación (con alza del 12,6%), la ropa y el calzado (11%) y el equipamiento y el mantenimiento del hogar (10,7%) fueron los rubros que más se encarecieron el mes pasado. En cambio, los sectores donde rigen acuerdos o regulaciones de precios fueron los que aumentaron menos: salud (5,1%), educación (6,6%), transporte (7,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (7,7%) y alquileres, agua corriente, luz y gas (7,8%).

Entre los alimentos que más se remarcaron figuran algunos básicos para la población: galletitas dulces (10%), arroz -cuya variedad faltó en las góndolas- (35%), fideos (32%), pollo (10%), salchichón (12%), limón (23%), lechuga (40%), tomate (24%), arvejas (14%), azúcar (15%), sal (16%), gaseosa (10%), agua (12%), cerveza (15%), detergente y lavandina (12% ambos) y algodón (11%). Varios de estos productos están incluidos en Precios Justos, por lo que en las grandes cadenas de supermercados no deberían subir más del 5% mensual... Pero los pactos se incumplen, se escapan al control del secretario de Comercio, Matías Tombolini, y además no rigen los supermercados chinos y almacenes. Pero por más que la inflación sea alta Massa sigue competitivo ante los comicios porque enfrenta a Milei y sus amenazas a la economía y la democracia. Sólo así se explica que el ministro de Economía pueda vencer.

“Descontábamos un registro más bajo de inflación para este mes”, analiza Melisa Sala, economista jefa de la consultora LCG. “La suba de 8,3% de octubre implica una merma de más de 4 puntos contra el dato de septiembre. La desaceleración se dio en prácticamente todos los componentes: estacionales, regulados y núcleo. Pero fue más significativa en esta última, con una desaceleración de 5 puntos, recortando 3,2 puntos de inflación total. Es que el Gobierno sostuvo un congelamiento amplio de precios de bienes y servicios buscando frenar la escalada que se dio en los meses anteriores que absorbieron de lleno el traslado, cada vez más rápido, de la devaluación post PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias). No obstante, no somos optimistas en cuanto a que el descenso se sostenga en el tiempo; más bien entendemos que se trata de un nuevo piso, siempre más alto que el anterior, de 6% en junio y julio. Una inflación núcleo navegando en 8,8% mensual es muy preocupante: en términos anualizados equivale a una tasa del 175%”, continúa Sala.

“Para noviembre esperamos nuevamente una aceleración de la inflación minorista”, analiza la economista de LCG. “Después de las elecciones del domingo deberían empezar a descongelarse alguno de los precios reprimidos hasta ahora, entre ellos el dólar oficial, cuotas de medicina prepaga, combustibles y los incluidos dentro del programa Precios Justos. Aun de avanzar en un descongelamiento ordenado, sin disparada de los dólares paralelos por la incertidumbre propia que genera cualquier cambio de gobierno, esperamos un registro de inflación por encima de los dos dígitos en noviembre”, finaliza la analista.

Florencia Iragui, también de LCG, completa el análisis: “Mirando un poco el desglosado del Indec (Instituto de Estadística), la inflación desaceleró ya que estacionales acompañaron este mes: +7,6% en octubre v. 14,7% en septiembre, y los regulados también hicieron lo suyo: 6,6% v. 8,3% en septiembre. A nivel general todas la categorías desaceleraron, excluyendo comunicaciones, que subió un 12,6% este mes respecto al anterior. Alimentos que tiene un fuerte peso en el índice general, el 27% del índice, fue la categoría que más desaceleró, aumentando este mes un 7,7% mensual luego de encontrarse dos meses por encima del índice general”.

“Se esperaba 9,3 o 9,5%”, admite Hernán del Villar, de la consultora Alpha. “Más desaceleración de los esperado en estaciónales y regulados. La inflación núcleo, aproximadamente en lo esperado”, agrega Del Villar. En tanto, su colega Hernán Hirsch explica que “básicamente pisaron el dólar, las tarifas, los combustibles y otros precios regulados y además los productos estacionales y la carne vacuna moderaron su alza”.

AR/DTC

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, espera que la inflación de septiembre sea al menos un poco más baja que la de agosto. El índice de precios al consumidor (IPC) del mes actual se conocerá el 12 de octubre, diez días antes de las elecciones. Para ello apuesta a congelar las cuotas de las prepagas (aunque este mes rige una suba del 7,1% para los afiliados de altos ingresos y del 5,5% para los que ganan menos de $708.000, y el aumento cero se aplica entre octubre y diciembre para los que cobran menos de $2 millones); el boleto del colectivo y el del tren (de septiembre a noviembre); las tarifas de energía (pese al pedido de incrementarlas del Fondo Monetario Internacional, FMI); el precio de la nafta (tras elevarse 12,5% en agosto se mantiene este mes y el próximo) y el de los medicamentos (desde el 18 de agosto, es decir cuatro días después de la devaluación y el salto inflacionario, hasta el 31 de octubre). Además impuso un tope de subas del 5% mensual en Precios Justos en los supermercados para agosto, septiembre y octubre.

Este lunes se sumaron congelamientos por 60 días en los precios de autos, motos, celulares y línea blanca (heladeras, cocinas y lavarropas). En total los acuerdos se extienden a 13 sectores, unas 430 empresas, aunque sólo 212 de ellas se comprometieron por escrito. A cambio, reciben beneficios impositivos.

El congelamiento más controvertido quizás sea el de las tarifas de luz y gas. Tras la devaluación, el FMI anunció el acuerdo con la Argentina y le giró US$7.500 millones, pero aclaró que el país debía encarecer aún más la energía, congelar los salarios de empleados públicos en términos reales (en relación a la inflación) y ajustar planes sociales para cumplir una meta de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 1,9% del PBI.

La secretaría de Energía, Flavia Royón, llegó a admitir que se estudiaban alzas para usuarios de mayores ingresos. Pero después de eso, Massa anunció refuerzos de ingresos que amplían el rojo en 0,5 puntos del PBI, incluido el bono a los trabajadores estatales. Es decir, el pacto quedó en papel mojado. Total, recién a fines de noviembre, cuando haya presidente electo, la Argentina tendrá que renegociar con el organismo la próxima transferencia.

El ministro candidato, a cargo del gobierno en los hechos, ya no tiene más incentivos para cumplir con el Fondo y por eso va más allá y ahora analiza con Royón congelar las tarifas. Ya lo hizo también Mauricio Macri tras perder las primarias de 2019 y en campaña a los comicios generales.

En la Secretaría de Energía sostienen que todavía no hay decisión tomada. En las distribuidoras se hacen eco de los rumores de los últimos días de que los aumentos quedarían en la nada. En las generadoras, en cambio, todavía se esperanzan con un incremento.

Un banco internacional advierte que en septiembre la inflación puede dar más baja que agosto sólo si el mes pasado da muy alto, cercano al 14%, pero señala que el acumulado posdevaluación entre agosto y octubre será del 25% y así se llegará a las urnas

El economista cristinista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), considera que con todos los congelamientos y los topes a los aumentos seguramente el IPC de septiembre sea menor que el de agosto. El mes pasado rondó entre el 10% y el 13%, según diversos analistas. Pero Andrés Borenstein, economista de la consultora Econviews que asesoró en la campaña a Horacio Rodríguez Larreta y que acaba de publicar el libro Puede fallar con Gabriel Llorens, duda que septiembre sea mejor que agosto: “No creo. Los congelamientos no son importantes en el IPC. Pero falta mucho tiempo. Quiero saber qué pasa con los alimentos porque los Precios Justos no inciden mucho”, se refiere a que las carnes, las frutas, las verduras y otras comidas corren por fuera del programa. Además, recuerda que el salto inflacionario tras la devaluación del 14 de agosto pegó en las últimas dos semanas de ese mes, pero también impactará en las mediciones del IPC de las primeras dos semanas de septiembre.

En bancos internacionales las aguas se dividen. En uno de ellos considera que septiembre sólo puede dar mejor que agosto si el mes pasado da muy alto, cercano al 14%, pero advierte que el acumulado posdevaluación entre agosto y octubre será del 25% y así se llegará a las urnas. Además, advierte que los refuerzos de ingresos y su impacto fiscal alientan también la inflación, como la depreciación del peso oficial, aunque celebra que ese gasto extra haya sido financiado el pasado viernes con la emisión de deuda, no de moneda. El precio que debió pagarse es la colocación de bonos atados a una inflación que amenaza con dispararse con el cambio de gobierno. En otro banco foráneo, en cambio, consideran que el IPC de septiembre puede ser inferior: “Si da menos, es manipulada por los acuerdos de precios. Para eso también sirven”.

AR/JJD

Las empresas de medicina privada confirmaron a sus afiliados un aumento del 6,97% en octubre pese a que el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, había anunciado un congelamiento al valor de la cuota. Según referentes de las prepagas, mientras no haya decreto formal al respecto, podrán seguir incrementando el precio del servicio.

No se trata del único aumento previsto por estas compañías. Ya para septiembre, las facturas muestran un alza del 7,18%. De esta manera, si el gobierno no emite el decreto correspondiente, entre el noveno y décimo mes del año se acumulará una suba de alrededor de 14%.

El pasado domingo, entre otras políticas para mitigar los efectos de la creciente inflación y devaluación, el titular del Palacio de Hacienda anunció la suspensión por 90 días del aumento de la medicina prepaga para las familias con ingresos inferiores a los $2 millones mensuales. Para las empresas que brindan servicios de salud privada, dicha medida carece de lógica en tanto los costos que enfrentan son cada vez mayores.

En este marco, las compañías analizan la posibilidad de judicializar la decisión de Sergio Massa o cobrar copagos, una alternativa que ya se está aplicando en diversos puntos del país. Otra opción que se está debatiendo es congelar los aranceles de los prestadores, lo cual generó un fuerte rechazo por parte de las clínicas y sanatorios en tanto consideran que se generaría una crisis en todo el sistema de salud.

Desde marzo, los aumentos mensuales de las cuotas fueron incrementándose en función del acuerdo del sector con el Gobierno ─que incluye un esquema de ajuste basado en el Índice de costos de salud, elaborado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Así, de concretarse la suba de septiembre, en los primeros nueve meses del 2023, se habría acumulado una suba del 78,1%.

Estos aumentos, sumados a la fuerte inflación que condujo a una reorganización de los gastos y el consumo de la ciudadanía, provocaron que desde marzo se registrara un desplazamiento desde planes más elevados a otros más económicos que permitan a la clase media mantener un servicio básico de atención de salud privada. Otra consecuencia de las sucesivas alzas fue la caída en la demanda: por primera vez desde la crisis de 2001, se registró una menor cantidad de altas de afiliados que egresos.

ACM con información de agencias.

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció, esta noche, que, tras la suba del 12,5% implementada por las petroleras, el precio del combustible quedará congelado hasta el 31 de octubre. “A partir de un trabajo entre productores, refinadores, la secretaría de Energía, Aduana y la secretaría de Comercio, hemos avanzado en un acuerdo que implica que el aumento del 12,5% será el último aumento hasta el 31 de octubre”, informó en una conferencia de prensa.

Según explicó, de esta manera, el costo de la devaluación impuesta el pasado lunes quedará repartido entre el consumidor, las empresas y el Estado, el cual “va a resignar parte de los recursos que cobra en impuestos a las empresas de combustibles”. Estos beneficios fiscales serán quitados si las empresas violan el acuerdo establecido.

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda destacó la centralidad de la industria de petróleo y gas en la economía nacional. “Parte de la caída que representa la pérdida de exportaciones y de actividad que tuvimos por el impacto de una sequía brutal que nos quitó 21 millones de dólares se ve compensada por el enorme crecimiento que tiene respecto del año pasado el sector de gas y petróleo”, indicó.

Los más de 70 modelos de teléfonos celulares que se ofrecen en la Argentina mantendrán sus precios congelados entre el 15 de diciembre y el mismo día de marzo. Este acuerdo por tres meses entre el Gobierno y los fabricantes será anunciado hoy por el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini. Las partes también pactaron que los aparatos vuelvan al programa Ahora 12, del que había sido excluidos en 2020 para frenar la salida de divisas por la importación de piezas para ensamblarlos en Tierra del Fuego. Este plan incluye tres, seis y 12 cuotas. El Gobierno lanzará además un Ahora 10 para comprar celulares en diez pagos fijas con una tasa de interés que rondará el 48% anual, la mitad que la inflación.

El congelamiento de teléfonos se suma a otros que ha logrado el ministro de Economía, Sergio Massa, en un intento por doblegar el elevado ritmo de alza de precios. A estos acuerdos se suma la política de ajuste fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la decisión de dejar de financiar el rojo con emisión monetaria y el alza de las tasas de interés. Este jueves, cuando se conozca el índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre, se verá si el jefe del Palacio de Hacienda ha conseguido bajarlo a menos del 6%. Su objetivo es reducirlo al 3% para abril. Por ahora, los bancos y los consultores no creen que pueda disminuirlo del 100% en 2022 al 60% en 2023 y pronostican que se repita el mismo elevado nivel en el año electoral.

AR

El Gobierno prevé anunciar mañana un congelamiento de precios por cuatro meses para 1.500 productos de consumo masivo y un acuerdo para que el resto de la oferta del sector se actualice al 4% mensual, muy por debajo del ritmo actual, a cambio de liberarles dólares para importar. Pero los fabricantes del sector reclaman que a ellos no les aumenten los precios y por eso el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, viene manteniendo reuniones con los proveedores de insumos industriales, desde el aluminio hasta el plástico. Así lo reconoció hoy el dueño de la fabricante de aluminio Aluar, Javier Madanes Quintanilla, en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“El Gobierno ha convocado a los proveedores de insumos y vamos a acompañar”, contó Madanes Quintanilla a la prensa. “El tema es que para sostener los precios por 120 días, no debemos alterar las variables como con una evolución fuerte del tipo de cambio”, agregó. El empresario, que viene de enfrentar el conflicto con el Sindicato de Neumáticos en su planta de Fate, opinó que “a corto plazo” el congelamiento puede funcionar, pero no en el “largo plazo”. Un ejecutivo de una multinacional advertía que permanece el “fantasma de una devaluación”.

Entre los invitados a la reunión de la UIA en Parque Norte, el economista y ex diputado Diego Bossio también se manifestó sobre el freezer de los precios: “Un acuerdo de precios puede funcionar en un plan de estabilización serio, no como elemento aislado”. Atrás quedaron los tiempos en que Bossio permanecía cerca del ministro de Economía, Sergio Massa, y ahora aparece cercano al peronismo que permaneció fuera del Frente de Todos y que se nuclea en torno del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

“Yo no creo en los congelamientos, pero sí en los acuerdos”, observó el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rappallini. “Pero tenemos una inflación del 100% y con la represión (de precios) termina saltando todo cuando termina el congelamiento. En principio, el acuerdo sirva para que la inflación no se escape, pero hay que pensar en otras variables como las paritarias, la energía, las tasas de interés”, añadió Rappallini.

AR

Una semana después de la antológica reunión que convocó el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, por el faltante de figuritas del Mundial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió un tweet alertando sobre los altos márgenes de las empresas de alimentos en medio del alza de la indigencia. Un mes después de aquel encuentro con Panini y los kioskeros, Tombolini se sentará a lo largo de esta semana con los ejecutivos de las grandes empresas de consumo masivo para negociar un nuevo acuerdo de precios no sólo hasta fines de año y sino pensando en todo 2023.

“Los congelamientos dictados por la fuerza o la idea de que el poder del Estado alcanza para congelar precios entiendo que no funcionan, no creo en eso como mecanismo”, declaró el ministro de Economía, Sergio Massa, durante el fin de semana. “Sí creo en un trabajo acordado sobre todo con las empresas de consumo masivo. Hay entre 20 y 25 que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos. Es clave sentarse a la mesa con las empresas, establecer los mecanismos para que el Estado les dé certidumbre su programa de importación, ampliación de producción, garantías de provisión de insumos y créditos con mejores tasas para aumentar la inversión. Y en esa mesa tiene que haber un trabajo de acuerdo de más largo plazo que Precios Cuidados para arribar a un programa de Precios Justos que le dé a lo largo de varios meses certidumbre en la etiqueta del packaging al consumidor, porque si no, lo que termina pasando es que lo que acordamos con las empresas después no aparece en la góndola y aparecen las frustraciones”, completó Massa. En 2021, la entonces secretaria de Comercio Interior, Paula Español, había intentado que las compañías imprimieran los precios en los paquetes, pero no lo había conseguido, en parte por la dispersión de valores que se ofrecen no sólo en cada región del país sino en cada barrio de la misma ciudad.

“Es algo más amplio que el programa Precios Cuidados”, adelantó Massa, que no sólo planea incluir alimentos, bebidas y artículos de limpieza sino también medicamentos. “Cuando lo pongamos en marcha será con un número de compañías, de productos, con un trabajo acordado con Comercio, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), (la Secretaría de) Industria y una mesa de acuerdo de trabajo entre los gremios de cada actividad y las empresas. Estamos en un tiempo en el que todos tenemos que ceder un poquito y garantizarle al consumidor que el esfuerzo para bajar los precios tiene que contar con instrumentos puestos sobre la mesa de trabajo por todos y cada uno cediendo algo para que eso ocurra”, dijo el ministro, después de que el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se titulara la semana pasada “Ceder para crecer”.

En el equipo económico consideran que no sólo hay que pactar de acá a fin de año sino para todo 2023. “Este es el momento de sentarse con los formadores de precios para ver qué van a hacer el año que viene -cuenta una alta fuente del Gobierno-. ¿Qué van a hacer con el detergente, la leche, la cerveza? Que ganen por aumento de producción, no de precio. Algunas empresas te dicen que necesitan producir un turno más, otras que necesitan invertir en otra línea de producción, lo que demoraría un año, otras que no tienen dólares para importar insumos ni máquinas. Hay que resolver eso. Si no, todo es infructuoso. Lo que no crecen las grandes empresas, lo aprovechan las pymes, pero tampoco tienen la capacidad para responder tan rápido a la mayor demanda.”

“Las grandes son descaradas: te dicen que no suben los precios, pero después mandan las listas con subas”, cuenta un funcionario que participó hace dos meses de un encuentro entre Massa, Tombolini, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y representantes de las firmas de consumo masivo, como Agustín Llanos (Molinos), Carlos Agote (Mastellone), Gabriela Bardin (Procter & Gamble), Esteban Agost Carreño (Coca-Cola), Gonzalo Fagioli (Quilmes), Adrián Kaufmann Brea (Arcor) y Laura Barnator (Unilever). Pero también hay otras empresas que tallan fuerte en sus mercados: Ledesma, Ingenio Tabacal, Molino Cañuelas, Nestlé, CCU, Danone, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Molfino, SC Johnson, Colgate Palmolive, Mondelez, Clorox, Johnson & Johnson, Swift, BRF, Papelera del Plata y Estancia Las Marías. “Queremos que no respondan con subas de precios cuando los sindicatos consigan aumentos. Si desaceleramos alimentos y bebidas, desacelera el resto y bajás la inercia”, explican en el Gobierno.

Precios Justos para una receta ortodoxa

Los Precios Justos complementarán la receta ortodoxa con la que Massa busca doblegar la inflación: reducción del déficit fiscal y promesa, por ahora cumplida, de no financiarlo más este año con emisión monetaria. En su equipo se sorprendieron de que el índice de precios al consumidor (IPC) fuera menor a lo esperado en septiembre, al bajar al aún alto 6,2%, y por eso el Central desistió de subir otra vez las tasas de interés, a pesar de la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese sentido. Sin embargo, el costo del dinero permanecerá elevado por mucho más tiempo, tanto en los últimos meses del año, en que el IPC permanecería en torno al 6% mensual por el alza de tarifas, como en 2023, a pesar de que las autoridades cobijan la esperanza de bajar el índice al 4% por mes. “Si el empleo formal crece y la inflación desacelera al 60% en 2023, puede que la economía te ayude a ganar las elecciones”, elucubran.

“Es fácil combatir la inflación bajando los aranceles a la importación, pero ahora no tenemos dólares para importar y además eso te afectaría la industria nacional, como hizo (Domingo) Cavallo para terminar con la inflación en 1991”, analizan en el equipo económico. “Es fácil combatir la inflación metiendo una recesión, subiendo la tasa al 120%, como quiere el FMI. Es fácil combatirla anclando el tipo de cambio, como con la convertibilidad, pero la producción pierde competitividad. Tampoco estamos evaluando por ahora devaluar repartiendo ayudas sociales y haciendo un plan de estabilización que congele después el dólar, las tarifas, los precios y los salarios, como el que quiere (el consultor Emmanuel Álvarez) Agis porque toda devaluación te trae un overshooting (sobrerreacción) con impacto en la economía real”, intentan despejar hipótesis que circulan con fuerza por estos días. El Fondo también presiona por una mayor depreciación del peso. En el Gobierno admiten que sólo dos planes lograron bajar la inflación con rapidez en la historia reciente de la Argentina: el Austral, que funcionó entre 1985 y 1986, y la convertibilidad, que duró entre 1991 y 2002.

Como de momento no planean devaluar, apuestan a terminar 2022 con la liquidación de unos US$ 2.800 millones de los sojeros, ahora que no pueden financiarse más a baja tasa en la banca, y con 2.800 millones más que ingresarían de créditos internacionales, incluidos 1.200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros del Banco Mundial y de China, que está atrasada en la financiación de las represas de Santa Cruz. Con eso, el Gobierno espera alcanzar a fin de año la meta de acumulación de reservas comprometida con el FMI. Confía en que la sequía apenas afectará la cosecha de trigo en diciembre. A su vez, para cuidar los activos del Central, se acaba de prorrogar por otro año la medida por la que las empresas argentinas con deudas en el exterior pueden acceder a dólares al tipo de cambio oficial para saldar el 60% de los vencimientos y deben renegociar el 40% restante. YPF es la que enfrenta mayores compromisos, pero también otra estatal, AySA, además de privadas como Tecpetrol (del grupo Techint) y Pampa Energía. También se espera que se frenen US$ 1.000 millones mensuales de compras externas con el nuevo mecanismo de control, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que a partir de hoy reemplaza al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que fue vulnerado por numerosas cautelares judiciales.

AR

El miércoles los ejecutivos de las grandes empresas de consumo masivo empezaron a recibir mensajes de la Secretaría de Comercio convocándolos a una reunión. No les anticiparon el motivo y, aunque es habitual que asistan a ese despacho oficial para discutir precios, el rumor general del “plan de estabilización” con congelamiento de precios, salarios y tarifas que comenzó a circular pocas horas después despertó algunas sospechas. 

La convocatoria de Matías Tombolini era para esta misma semana, pero muchos empresarios le respondieron que estarían de regreso en Buenos Aires recién la próxima. Están en Mar del Plata, participando del 58° Coloquio IDEA, que tiene asistencia récord después de dos años de ausencia en la ciudad balnearia por la pandemia de Covid-19. Un empresario mostró el chat de la invitación oficial, sorprendido de que en Comercio no estuvieran al tanto del evento. “¿Es el coloquio IDEA estos días?”, le repreguntaba la persona a cargo de gestionar la reunión con el secretario.   

Si bien distintas fuentes del Gobierno buscaron bajarle el tono a los anticipos del supuesto plan y aseguraron que el sendero fijado proyecta una reducción de precios “progresiva”, el runrún del congelamiento en puerta ya estaba echado y fue uno de los temas centrales de la conversación informal ayer del Coloquio, aunque incluyó también otros. “¿Vieron a la nueva novia de Larreta?”, inició la charla un empresario al subir a una de las combis de traslado al hotel Sheraton de Mar del Plata, donde se realiza el Coloquio.  

Sin colaboración

En una empresa de alimentos confesaron que no creen que un plan de estabilización que  implique congelamiento de precios sea viable y anticiparon que, llegado el caso, la colaboración de los empresarios no será buena. “No la veo ni ahí. Cuanto mucho podríamos congelar un par de productos, no mucho más”, resumió. En su mirada, la alternativa de máxima es profundizar la estrategia de canastas reguladas ya vigente; ni siquiera restaurar el programa Precios Máximos que se implementó en pandemia. 

Su buena voluntad --se defendieron algunos hombres y mujeres de negocios-- ya está depositada en Precios Cuidados, un programa en el que participan con sus marcas emblemáticas. Reconocieron, de todos modos, que en la última renovación lograron “liberar” algunos productos: el número total de ítems de la canasta se redujo de 1.060 a 450 el viernes pasado. “Es inviable un plan como el que se comenta si no se congelan también salarios. Yo no puedo fijar el precio de mis productos y mantener las paritarias andando”, advirtió una fuente del sector bebidas. 

Por otra parte, varios empresarios coincidieron en la gran fortaleza institucional que se necesitaría para hacer cumplir un programa semejante. “¿Con qué autoridad podrían aplicar un programa así? ¿Quién es el garante político de eso? ¿Es Massa, es Alberto, es Cristina?”, lanzó una mujer de la industria. 

Tal como explica el economista Francisco Eggers en una columna publicada en este medio,  las tres experiencias más notables de “estabilización súbita” de las últimas décadas fueron el plan Gelbard en 1973, el plan Austral en 1985 y la “convertibilidad” en 1991. Intervenciones de shock que se vuelven más factibles cuando la situación general parece insostenible y cuando el gobierno tiene mucha autoridad para imponerse. “A veces se dice que ahora hay una crisis terminal, pero en realidad la inflación es mucho más baja que la que había en las vísperas del plan Austral y de la convertibilidad. Basar un plan en que el Poder Ejecutivo Nacional imponga sus decisiones al sector privado --por ejemplo congelando precios-- en este momento podría ser riesgoso: no contaría con el apoyo del Congreso y es posible que sea frenado por el Poder Judicial”, estimó. 

Para el exministro de Producción Dante Sica, que conversó con elDiarioAR, luego de protagonizar un picante cruce con José Ignacio de Mendiguren sobre el escenario, “no hay forma de que salga bien”. “Con un gobierno que no genera confianza, qué precios se van a congelar”, dijo. Más allá en el tumulto Hernán Lacunza, tal vez el referente económico principal del PRO, consideró que “congelar precios no es un plan de estabilización. Hay que achicar el agujero fiscal y dejar de emitir”. 

Copa de vino en mano en la bodega Costa y Pampa de Trapiche, donde transcurrió una de las actividades de “networking” programadas en el marco del coloquio, el diputado radical y economista Martín Tetaz dijo que para ejecutar un plan de estabilización es primordial “un ancla de precios creíble”. Ese ancla es el dólar que, sin embargo, no tiene margen para atrasarse; el tipo de cambio oficial está por debajo del necesario para el equilibrio externo y hay pocas reservas internacionales.

Para Tetaz, desde la óptica de analista, sería más razonable preparar las condiciones e impulsar el plan recién en febrero o marzo próximo, de modo de tener cierto margen para percibir resultados antes de las elecciones. Por otra parte, consideró que el próximo gobierno debería ejecutar un plan de shock para bajar la inflación al inicio del mandato y, si logra colgarse la cocarda de ese éxito inicial, “podría hacer después cualquier cosa”. Por ejemplo, una reforma laboral.  

DT

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo esta tarde una reunión con directivos de las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo en el que buscó fijar el compromiso de retrotraer el precio de 1.700 productos al 10 de marzo y “garantizar abastecimiento”.

En el encuentro, las autoridades de Comercio Interior informaron que habían detectado, a través del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), 1.700 productos que tuvieron incrementos superiores al 7% en lo que va del mes de marzo, y que, a su vez, habían experimentado subas de más de 50% en los once meses previos. Sobre la base de ese relevamiento, la Secretaría envió a las cadenas de supermercados y a los fabricantes implicados una lista “con el compromiso de revisar en los próximos días entre todos los participantes cada caso puntual, considerar las excepciones y los casos en los que exista alguna justificación razonable”.

El listado de los bienes involucrados y los valores a los que deberán ofrecerse en los comercios no fueron detallados por la oficina que lidera Roberto Feletti (según se explicó a elDiarioAR, porque es información de uso interno que las empresas envían en formato de declaración jurada), lo que dificulta la fiscalización por parte de los consumidores. 

Feletti manifestó la intención de que “se pueda llegar a un acuerdo en abastecimiento y precios, tras las alertas de incumplimento” que se presentaron días atrás en el monitoreo diario que realiza la secretaría. Según detalló, el abastecimiento del programa Precios Cuidados pasó de 80% a 60% en AMBA y los precios registraron subas de hasta 2,4% en un solo día en todo el país, en muy diversos rubros. 

Además, Feletti admitió que productos como el trigo y el girasol tuvieron una escalada mundial de precios, pero observó que “ya se generaron herramientas” para contener el impacto en el mercado interno a través de los fideicomisos privados que abarcan a aceites y derivados, harinas y fideos en las góndolas, y del Fondo Estabilizador del Trigo para la harina industrial. 

“Nadie quiere que comercializadoras y productoras pierdan plata, pero tampoco queremos una escalada de precios que nada tiene que ver con la situación macroeconómica del país y que no había pasado en los casi 6 meses que llevo de gestión”, señaló. 

De la reunión participaron directivos de las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo, autoridades de cadenas de supermercados y representantes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), para acordar el efectivo retrotraimiento de precios al 10 de marzo y garantizar el correcto abastecimiento en góndola.

Según Feletti el abastecimiento de Precios Cuidados pasó de 80% a 60% en AMBA y los precios registraron subas de hasta 2,4% en un solo día, en todo el país.

Feletti anticipó que “en los próximos días” deberían estar disponibles en todo el país las “cuatro canastas” en las que la Secretaría está trabajando. Esto implica la renovación, el 7 de abril, del programa Precios Cuidados para las grandes las cadenas de supermercados; el lanzamiento, esa misma fecha, de la canasta de 60 productos de Precios Cuidados para los comercios de proximidad; y las dos iniciativas de frescos: el programa Cortes Cuidados, que abastece cortes de carne vacuna, y la canasta de frutas y verduras que se lanzará “próximamente”. 

El subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezián manifestó que “hay productos con aumentos que no tienen ninguna justificación”. “Si bien podemos entender y nos comprometemos a revisar algunas excepciones, esa información tiene que estar sobre la mesa para ver cuál es la incidencia de diversos factores. Todas y todos tenemos que apostar al crecimiento del país y moderarnos”, dijo, y agregó: “El objetivo de estas mesas es hablar sobre las problemáticas, llegar a un acuerdo y luego cumplirlo. Tenemos que ponernos de acuerdo en que se retrotraigan los aumentos inexplicables”.

Estuvieron presentes Carla Martin Bonito, de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); Juan Vasco Martínez, de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU); Cecilia Rena y Gustavo Bertone, de Arcor; Mariana Petrina, de L`Oreal; Federico Koron, de Dia; Natalia Giraud, de Unilever; Patricio Dayuta, de Mondelez; Esteban Agos, de Coca Cola; Iván Espósito, de Beiersdorf; Carlos Della Paolera, de Compañía Procesadora de Carnes; Santiago Matteoda y David Vainman, de Molino Cañuelas; Agustín Torres Campbell, de Molinos Río de

la Plata; Inés Kratch, de Procter & Gamble; Sergio López, de Compañía Introductora; Raúl Riba, de Dulcor; Raúl Schmidt y Miguel Ángel Torales, de Granix; Santiago Mias y Gustavo Quatrin, de Cooperativa Liebig; Néstor Sist, de Carrefour; Carlos Corro, de Cencosud; y Juan Pablo Irrera, de Coto.

MT

Si bien se espera que sea inferior al 3,5% que marcó en septiembre y octubre, las estimaciones de consultoras privadas anticipan que la inflación estará por encima del 3% también en noviembre, impulsada por alimentos y por algunas otras subas puntuales como expensas y cuotas de colegios privados. El promedio de las proyecciones del mercado relevadas por el Banco Central arroja una suba de precios del 3,1% mensual, que pese a mejorar los dos datos anteriores estará seguida por seis meses de inflación más elevada, con un pico de 4% estimado para marzo. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial será publicado este martes por el Indec. En el último informe, correspondiente a octubre, la inflación fue de 3,5% y mostró un acumulado de 41,8% en el año. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación minorista cerrará en 51,1% para 2021 —lo que la acercará a los valores récord de 2019 y la ubicará por encima del pronóstico oficial, de 45,1%— y será todavía más alta en 2022. 

Pese a los intentos del Gobierno por contener la situación, los alimentos siguen siendo un motor central de la suba de precios, lo que impacta sobre todo en los hogares más pobres, que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a comprar comida. De acuerdo con la consultora LCG, los alimentos marcaron una suba de 3% en noviembre, lo que muestra que aun en un contexto de congelamiento tuvieron una aceleración de 0,5 puntos porcentuales contra el mes anterior.

Así, por la suba de alimentos, sumada a los aumentos autorizados en noviembre (servicio doméstico, colegios privados, expensas), LCG espera un registro nuevamente superior al 3% mensual, que sucedería a dos meses seguidos con inflación de 3,5%. “En el año, la suba de precio ascendería a 47% y 52% en relación con un año atrás”, apuntó en un informe. 

De acuerdo con las estimaciones de Ferreres & Asociados, la inflación de noviembre se situó en el 2,9%, impactada por los precios de gastos en la vivienda, indumentaria y transporte y comunicaciones. Ecolatina anticipó un dato de 3,2%, con una suba mayor en alimentos, y en la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) proyectaron 3%. El análisis de Equilibra anticipó una suba de 3,3%, mientras que EcoGo estimó 3,9%. 

En C&T estimaron un alza de 2,6% mensual en noviembre, con el mayor impulso proveniente del rubro educación, por el aumento autorizado a diversos colegios y esparcimiento, con gran influencia del turismo por el fin de semana largo. También contemplan la presión de indumentaria, en un “típico” comportamiento del mes de noviembre por la mayor demanda por ropa de verano. “Alimentos y bebidas, al igual que otros productos de consumo masivo, se moderaron fuertemente debido a la baja de precios que se dio sobre fin de octubre a causa del congelamiento de precios, que generó un gran arrastre estadístico en noviembre —precisó LCG—. Pero los alimentos, en especial, retomaron el alza durante noviembre, sobre todo, en la segunda y en la cuarta semana; esto deja un elevado arrastre estadístico para diciembre, lo que anticipa que en diciembre la inflación será más elevada no solo de este rubro sino en general”.

Para diciembre, mes en el que las compras de las fiestas de fin de año suman presión a los precios, el Gobierno acordó con frigoríficos la comercialización de cinco cortes de carne de consumo masivo a precios accesibles en cadenas de supermercados. Según las primeras mediciones, la carne lidera la inflación mensual.

Por otro lado, el 7 de diciembre pasado la Secretaría de Comercio oficializó la incorporación de 111 nuevos productos a la canasta ampliada de Precios Cuidados, al tiempo que dio da baja otros 261 por pedido de las empresas proveedoras. Entre los que se sumaron se cuentan 13 productos navideños, como pan dulce, budines, y sidra.

A poco del cierre del año, quienes participan del REM proyectaron que la inflación general cerrará en 51,1% el 2021, lo que resulta 15 puntos porcentuales superior a la registrada en 2020 (36,1%), y también elevaron el pronóstico de inflación para 2022 a 52,1% y proyectaron un aumento de 40,8% en 2023.

El comportamiento de los precios, que según el ministro Martín Guzmán comenzará a descender en los próximos meses, dependerá de una serie de decisiones que tome el Gobierno. Entre ellas, afectará la estrategia que adopte en el frente cambiario. Según LCG, un salto en el tipo de cambio sin corrección de variables reales solo llevaría a una nominalidad más alta y podría generar una inercia inflacionaria que deje a la economía operando con una inflación superior al 50% de este año y el riesgo de inestabilidad cambiaria y bancaria. 

“Avanzar con el crawling peg no es más que dejar de deteriorar los fundamentals de la economía que la misma directora del FMI apuntó como uno de los objetivos del programa de Argentina. Es una estrategia no exenta de costos, hoy el tipo de cambio moviéndose a menos de un tercio de la inflación funciona como un ancla sobre los precios”, apunta el informe. “Bajo este panorama uno no puede esperar un 2022 con inflación inferior al 60%. Lo curioso es que yendo a esta nominalidad tan elevada el Gobierno insiste en decir que la inflación irá cediendo año a año”, suma la consultora, para quien esta “falta de sinceridad” atenta contra el objetivo de calmar la economía, porque la inflación anticipada tiene costos distintos a la que toma a los agentes “por sorpresa”. 

El Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano pronostica que 57% será el piso para la inflación de 2022, a menos que se introduzca un serio plan de ataque a la inflación, lo que es poco probable, al margen del compromiso que se adopte con el FMI. 

“La necesidad de introducir algunos retoques tarifarios, junto con el deslizamiento de la cotización del dólar para evitar un retraso cambiario significativo, así como los incrementos salariales pactados, son factores que presionarán sobre la inflación desde el ángulo de los costos”, apuntó Víctor Beker, director del CENE. “La emisión monetaria lo hará desde el punto de vista de la demanda, mientras que la inercia inflacionaria, en una economía semiindexada, asegurará que no haya una merma significativa en las tasas de incrementos mensuales de precios. Por lo tanto, inflación de costos, inflación de demanda e inercia inflacionaria se combinarán para asegurar que los precios sigan su actual derrotero”.

DT

Junto con el fin de semana largo, terminó el acuerdo hecho por el Gobierno con los supermercados para mantener estable el precio de la carne. El pacto —sellado de palabra y a última hora— alcanzaba solo al stock que ya había ingresado en los supermercados el viernes pasado y, por lo tanto, con la renovación de la mercadería vuelve la preocupación sobre qué pasará con el precio de uno de los insumos básicos de la mesa de los argentinos, que la semana pasada registró subas de hasta el 20% en el sector mayorista.  

Si bien todavía no hay ninguna cita cerrada, el Gobierno prepara una agenda de reuniones para los próximos días con distintos actores de la cadena de la carne, desde productores y frigoríficos exportadores a carniceros. Requiere la coordinación de los distintos ministerios que participan de la discusión, fundamentalmente el de Producción —donde se integra la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti— y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezado por Julián Domínguez. 

Según anticipó Feletti en una entrevista con Página 12, en las reuniones se comenzarán a discutir distintas opciones para intervenir en el precio de la carne. Una de ellas es la suba de las retenciones. Según evalúa, hoy tienen menos peso que en 2015 por la suba de los precios internacionales y, por eso, menor capacidad de regulación de cupo de exportaciones. Otra herramienta que se baraja es un sistema de fideicomisos como el que se aplicó en el sector del aceite. Es un acuerdo entre privados por el que parte de la renta exportadora se destina a subsidiar el precio de quienes venden en el mercado interno. 

Feletti identifica como el factor central del aumento de precios en productos frescos a la suba de esos productos en el mercado internacional. Según su análisis, se trata de una situación que se mantendrá durante el año que viene y presionará sobre la carne, el maíz y el trigo. Por ese motivo le parece urgente “desvincular” los precios locales de los internacionales y pensar un esquema que se sostenga en el mediano plazo. 

La semana pasada se conformó una mesa interministerial para seguir el tema que incluyó, además de a Feletti y Domínguez, al ministro de Economía, Martín Kulfas, y al de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Si bien los distintos ministros comparten el diagnóstico y la preocupación, hay miradas distintas respecto de cómo morigerar la suba de la carne. De cómo articular, en definitiva, exportaciones, rentabilidades y abastecimiento interno. 

Cerca de Domínguez se resisten a anticipar estrategias y aseguran que solo comunicarán “resultados de gestión”. De todos modos, este fin de semana en una feria rural de Lago Argentino el ministro explicitó sus diferencias con Feletti al momento de referirse al sector. “El productor es una forma de ver la vida y esto es lo que muchas veces cuesta entender a dirigentes de toda la Argentina que tienen una visión muy económica. El productor no es formador de precios, el productor es formador de trabajo. Y hasta que no se entienda eso, el productor termina siendo la parte más débil de toda la cadena y al que siempre joroban”, dijo.

Reunión con mayoristas por Precios Cuidados 

Mientras se ordena la agenda vinculada a la carne, Feletti se reunió este martes a la mañana con empresarios del sector mayorista, que muestra un menor nivel de cumplimiento del programa Precios Cuidados que el de supermercados. Participaron representantes de Micropack, Parodi SRL, Yaguar, Vital, Nini, Maxiconsumo, Diarco y Makro. 

Según informó oficialmente, la Secretaría de Comercio interior le dijo a los mayoristas que será “muy estricta” con el cumplimiento del programa, que incluye 1.432 productos con precios congelados hasta el 7 de enero de 2022. “El objetivo es cuidar los ingresos y el esfuerzo de las familias, sobre todo considerando que se acercan las primeras fiestas que podremos compartir con nuestros seres queridos después de la pandemia”, señaló en un comunicado.  

La Secretaría anticipó que buscará “empezar a discutir” las medidas a tomar una vez que expire el acuerdo. La intención es consolidar una canasta “amplia y diversa” de precios regulados, acordada con los distintos actores de la cadena de fabricación y comercialización.

Además, la Secretaría informó que se trabaja en la generación de un esquema que permita monitorear el cumplimiento del programa para lograr mayor transparencia y precisión de la información. “Es necesario contar con la información necesaria para ir ajustando y modificando la canasta en función de las necesidades que surjan, siempre priorizando el acceso de las y los consumidores a la misma”, apuntó. 

DT

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció formalmente el acuerdo consensuado con la industria farmacéutica para estabilizar los precios de los medicamentos desde el 1 de noviembre y sostenerlos hasta el 7 de enero, en el marco de una política más amplia con los laboratorios.

En una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y representantes de las cámaras que nuclean a los laboratorios, Vizzotti también anticipó la conformación de una mesa de trabajo para implementar las estrategias en análisis con el sector.

Por su parte, Feletti destacó que el acuerdo para fijar los precios de los medicamentos acordado con la industria farmacéutica forma parte de una política ideada para asegurar “consumos esenciales garantidos y una buena expansión de la economía en la salida de la pandemia”.

En ese sentido, aseguró que lo que se pretende es “recuperar estándares de vida y que eso no se vea frustrado por precios de consumos esenciales”, como alimentos y medicamentos, de modo que “el margen de consumo para el resto de bienes sea mucho mayor”.

El secretario de Comercio Interior explicó, respecto a los medicamentos, que se fijó el 1 de noviembre como fecha de inicio del acuerdo para no generar “un daño gravoso” a las farmacias que atienden al público y que “ya se habían estoqueado y tenían notas de crédito” por precios vigentes durante el mes de octubre.

De todas formas, destacó que en los próximos meses se avanzará con la industria farmacéutica en una serie de mesas de trabajo para ver cómo abordar “las problemáticas de costos, abastecimientos y funcionamiento del mercado de medicamentos”.

Además de los funcionarios, participaron Alejandrina Arauz por la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (Capgen); Carlos Escobar, de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme); Marcelo Burstein de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) y Eduardo Macchiavelo, de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa).

Con información de agencias.

IG

El Gobierno y las cámaras fabricantes de medicamentos anunciaron este lunes un acuerdo para congelar los precios de los remedios hasta el 7 de enero de 2022, al tiempo que decidieron retrotraer los valores al nivel que tenían el 1° de noviembre.

En un comunicado conjunto, los representantes de los laboratorios informaron que en el marco “de colaboración y buen diálogo iniciado en el Ministerio de Salud el día jueves último, respecto de la evolución de la economía y de los precios de los medicamentos, CAEME, CILFA y COOPERALA han manifestado a la Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional que las empresas asociadas a cada una de las cámaras han mostrado su disposición a retrotraer los precios de los medicamentos de prescripción de todos los segmentos al precio de venta al público del lunes 1° de noviembre”.

Además, de acuerdo al comunicado, las tres principales entidades, que nuclean a laboratorios nacionales y extranjeros, decidieron “mantener dichos precios estables hasta el día 7 de enero del 2022″, aunque se aclara que cada laboratorio asociado ”ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa“.

En el escrito dado a conocer este lunes, las cámaras del sector dejaron en claro que la industria farmacéutica presente en la Argentina “mantiene su buena voluntad y colaboración con el Gobierno. Asimismo, reitera su compromiso en trabajar por el acceso equitativo, tal como lo viene realizando desde hace muchos años a través de diversos convenios con los distintos actores del sistema de salud”, concluyeron.

Farmacéuticos acompañan la “intervención del Estado”

El director del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar), Rubén Sajem, expresó este lunes el apoyo de la entidad a “la regulación y la intervención del Estado para que los medicamentos sean accesibles para toda la población”.

“A esta situación se llegó por la irresponsabilidad de los laboratorios que estuvieron fijando precios por encima de la inflación durante el último año y medio”, sostuvo Sajem al referirse a la negociación encarada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio Interior con las principales cámaras que nuclean a la industria farmacéutica.

En declaraciones a Télam Radio, el directivo indicó que la medida puede afectar a las “farmacias más chicas y no los grandes laboratorios, que son los formadores de precios”.

Como mecanismo alternativo al congelamiento, Sajem sostuvo que en el sector “preferimos una regulación controlada de los precios con mecanismos como la prescripción por nombres genéricos; es decir, que los médicos no incluyan marcas en las recetas”.

Sajem se refirió de esta forma a la Ley de Prescripción de Medicamentos Genéricos sancionada en 2002, que establece que toda receta y/o prescripción médica u odontológica debe efectuarse expresando el nombre genérico del medicamento y no la marca.

“Es una ley vigente del año 2002 pero hay que tener voluntad de aplicarla y también educar a la población para que se acostumbre a pedir alternativas de la misma droga en las farmacias ya que las marcas más conocidas son hasta 4 veces más caras”, señaló el director de Ceprofar.

“Apoyamos la regulación y la intervención del Estado para que los medicamentos sean accesibles para toda la población. Vivimos épocas donde las personas tenían que comprar tres medicamentos pero debían optar por uno solo porque no les alcanzaba el dinero. No queremos volver a eso”, concluyó Sajem.

La semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, anunció un acuerdo con los laboratorios para retrotraer los precios de “todos los medicamentos” a los vigentes al 1 de noviembre pasado y mantenerlos el 7 de enero próximo.

Este lunes, a través de un comunicado conjunto, Caeme, Cilfa y Cooperala explicitaron la decisión de “retrotraer los precios de los medicamentos de prescripción de todos los segmentos al precio de venta al público del lunes 1 de noviembre y, asimismo, su voluntad de mantener dichos precios estables hasta el día 7 de enero del 2022”.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los precios de los medicamentos aumentaron 65,9% entre septiembre de 2020 y octubre de este año, con un ritmo de incremento por encima de la inflación y de la variación del tipo de cambio.

Según el estudio, en los primeros meses de la pandemia los precios se incrementaron 14,7%, equivalente a un promedio de 1,4% mensual acumulativo; mientras que a partir de septiembre de 2020 y hasta octubre de 2021, la suba fue de 65,9%, a un ritmo de 4% mensual acumulativo.

Con información de agencias.

IG

La Secretaria de Comercio Interior anunció esta noche que alcanzó un principio de acuerdo con los laboratorios para retrotraer el precio de los medicamentos a los valores vigentes al 1 de noviembre pasado y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero próximo.

“El objetivo del acuerdo con las cámaras del sector es mejorar el acceso de la población a los medicamentos, disminuir el gasto en los hogares, que los argentinos y argentinas puedan elegir según su conveniencia e incrementar la transparencia y la disponibilidad de información”, señaló la secretaria que conduce Roberto Feletti tras la reunión que mantuvo junto con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con las cámaras del sector.

“Para ello también se reimpulsará la prescripción de medicamentos por nombre genérico y se conformó una mesa de trabajo permanente para continuar analizando el tema, dada la complejidad del sector”, precisaron en un comunicado.

En la reunión realizada en la sede de la cartera de Salud estuvieron presentes la ministra Carla Vizzotti, junto a su jefa de Gabinete, Sonia Tarragona; el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti; la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat; la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Débora Giorgi; y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian.

También participaron Manuel Limeres, titular de la ANMAT y el Superintendente de Servicios de Salud, Daniel López.

Por el lado de los laboratorios estuvieron Nicolás Vaquer y Carlos Escobar, de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME); Laura Fabra y Alejandrina Arauz, de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (CAPGEN); Eduardo Macchiavello y Eduardo Franciosi, de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA); Juan José Marconi, de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA); María Isabel Reinoso y Ricardo Pesenti , de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA); y Carlos Alberto Sandoval y Miguel Osio, de la Federación Farmacéutica (FEFARA).

DA

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, convocó para este jueves a los representantes de los laboratorios nacionales y extranjeros para debatir sobre una rebaja de precios de medicamentos y un posterior congelamiento, es decir, una estrategia similar a la que siguió con los valores de los alimentos. Este miércoles se reunió con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para analizar la cuestión, después de que el martes conversara con la jefa del Plan de Atención Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich.

Feletti conformó un equipo de trabajo con Salud y el PAMI para revisar los precios de los remedios. Su idea es que en cuestión de días se termine el análisis para establecer después una reducción y un congelamiento, según admitieron fuentes de la industria.

Los medicamentos aumentaron un 3,1% en septiembre y acumularon un alza del 42,4%, por encima de la inflación (37,1%), según el INDEC

Los medicamentos aumentaron un 3,1% en septiembre y acumularon un alza del 42,4%, por encima de la inflación (37,1%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La situación empeoró en octubre. Tanto es así que hasta el canciller Santiago Cafiero se metió este miércoles en la discusión al salir de la reunión de ministros que había convocado el jefe de Gabinete, Juan Manzur: “En la reunión del gabinete nacional, el jefe de Gabinete encomendó un trabajo conjunto en una mesa que se va a llevar adelante hoy entre el PAMI, que compra el 40% y moviliza muchos recursos en la compra de medicamentos, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio. Lo primero es hacer el diagnóstico preciso de cuál fue el motivo del aumento desmedido de muchos medicamentos. Claramente el aumento de los medicamentos es algo que ocupa al Gobierno como en otros bienes y servicios que también han tenido aumentos y, entonces, la Secretaría de Comercio no tiene más que alertar, prender las alarmas y empezar a trabajar sobre eso. Siempre se busca lograr acuerdos. Como lo expresó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, son medidas momentáneas y tienen que ver con la espiralización de aumentos de precios que se estaba viviendo en la Argentina y que estaba complicando la mesa de los argentinos y comiendo el salario. Por eso se tuvo que tomar una medida extraordinaria por 90 días”, se refirió al congelamiento de más de 1.400 alimentos, bebidas y artículos de higiene.

Un día antes, Feletti había advertido: “Vamos a ver el estado de situación, pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga. No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado; no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata”. Frente a esas declaraciones del funcionario, las tres cámaras que reúne a la industria, Caeme (de los laboratorios extranjeros), Cilfa (de los nacionales) y Cooperala (de especialidades medicinales), se unieron más allá de sus diferencias para expresar en un comunicado conjunto inusual que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”. “Desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en Argentina, viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta el 100% del valor para los pacientes, tal como ocurre en los tratamientos oncológicos y especiales y en el programa Vivir Mejor, implementado por el PAMI, con un sustancial aporte de los laboratorios. Caeme, Cilfa y Cooperala ratifican su compromiso para con el gobierno nacional, financiadores públicos y privados de la salud, la comunidad médica y los pacientes de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC (índice de precios al consumidor)”, concluyeron. Eso debería implicar, por tanto, una rebaja respecto a los valores actuales.

AR

Si la inflación es un dato que en la Argentina nunca pasa desapercibido, el próximo informe se espera con especial interés dado que se difundirá el 11 de noviembre, apenas tres días antes de las elecciones. Y también con muchas dudas. El congelamiento de 1.432 bienes básicos definido por Comercio Interior y la distorsión de precios que genera entre comercios y productos produjo una alteración en las muestras de las consultoras privadas, que arrojan pronósticos con una varianza o dispersión muy alta, que van del 2,5% al 4,1%. 

En septiembre la inflación fue de 3,5% y sorprendió incluso a los economistas más pesimistas. El relevamiento de expectativas de mercado realizado por el Banco Centra anticipaba una inflación del 2,8% mensual para ese mes. Para octubre la mayoría de los consultores descuenta que el dato estará por encima del 3% (piso que se logró romper, fugazmente, en agosto) y llevará el acumulado del año al orden del 40%, cerca de la meta oficial del 41,5% integrada en el prepuesto 2022.

En la consultora C&T estiman una inflación del 3,6% para octubre. La variación interanual llegaría a 52,1%, al tiempo que la inflación acumulada desde el arranque del año se ubicaría en 41%. “El mes arrancó con una variación mayor pero fue perdiendo algo de impulso, sobre todo en la segunda mitad del mes, a partir del congelamiento de precios decretado por el gobierno nacional, que se vio especialmente reflejado en alimentos y bebidas” especificó Camilo Tiscornia, director de C&T. Ese rubro, el más sensible para las familias de menores ingresos, creció por momento más de 4% en relación a igual período de septiembre y quedó finalmente algo por debajo del promedio, en 3,3%, según la consultora.  

Al igual que en septiembre, en octubre también presionará sobre los precios la categoría salud y podría ser incluso la de mayor crecimiento. Como en los últimos tres meses, en octubre recogió un incremento de 9% en las prepagas pero se le sumó también el sostenido aumento de los medicamentos, motivo por el que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, busca ahora un acuerdo con los laboratorios farmacéuticos para intervenir en el precio.

También se esperan subas marcadas en indumentaria, aunque menores a las de septiembre, cuando se reflejó más plenamente el salto del cambio de temporada. Se trata de un movimiento estacional habitual para el mes por la salida al mercado de la ropa de verano.

En Consultatio anticipan una inflación del 3,5% y en Empiria, de 3,2%. La consultora LCG estima una suba de precios en torno al 3,2% y especifica que “en la cuarta semana de octubre la suba de precios de los alimentos promedió una caída de 0,29%, desacelerando 2 puntos porcentuales respecto a la semana anterior”. 

Según datos de la Secretaría de Comercio, en la primera quincena de octubre se detectaron remarcaciones de hasta el 25% en productos de alimentación, higiene personal y limpieza, lo que llevó a avanzar con el congelamiento. El monitoreo oficial mostraba una aceleración de la canasta en supermercados de 2,2% para la primera quincena de octubre que, proyectado a todo el mes, se encaminaba a cerrar en torno al 4%. A partir del congelamiento comenzó a revertirse la tendencia, con una caída promedio de 7,6% en los productos de la canasta seleccionada. 

La consultora de Orlando Ferreres & Asociacdos proyecta una inflación del 2,5%, por debajo del promedio. ¿Por qué hay tanta varianza entre los pronósticos? Fausto Spotorno, director de la consultora, explica que es por el muestreo de datos. “Las mediciones privadas, al ser más chicas, varían mucho dependiendo de la participación que tenga en la muestra los grandes supermercados o determinados productos congelados”, precisó. “Nosotros por ejemplo tomamos 100.000 precios mensuales, pero si justo medís mucho una marca y el congelamiento aplica sobre otra, eso puede afectar. Además, hay algunos rubros que son particularmente complicados para medir, como frutas y verduras, que también ayudaron a darle mucha varianza a eso y tiene poco que ver con los acuerdos de precios”, sumó. 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) también tiene una de las proyecciones más bajas. Registraron una variación negativa de precios en la cuarta semana de octubre (la primera variación semanal negativa desde abril del 2020), lo que terminó por arrojar una una inflación mensual de 2,6%. 

Si se mira específicamente el capítulo de alimentos, en Focus Market calcularon una suba de 3,4%. “La variación de precios en el mes de octubre tuvo diferentes temperaturas, con mayor nivel de implementación del congelamiento de precios en grandes cadenas y falta de posibilidad de cumplimiento en autoservicios nacionales, chinos, kioscos entre otros por donde pasa e 70% de la comercialización de consumo masivo en Argentina. Estas bocas reciben un listado de precios de costo más altos de lo que la resolución del congelamiento de precios exige para la venta”, apuntó Damián Di Pace, director de la consultora. 

Al tope de las proyecciones, la consultora Seido estima inflación de octubre del 4,1%, más de medio punto por encima de la marca de septiembre. “La inflación subyacente fue del 4,3% intermensual, superior al 3,3% intermensual anterior, y los precios estacionales aumentaron un 5% intermensual”, anticipa. 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que bajar la inflación es “el objetivo más importante de la política económica” y consideró que se podrá lograr en tanto se avance con un proceso de “tranquilización” de la economía. Por el momento, medidas como la “estabilización” forzada de productos básicos, el retraso del dólar y el congelamiento de tarifas públicas no han alcanzado para fijar un rumbo de desaceleración esperado.

DT

Las cámaras que nuclean a los principales laboratorios de medicamentos señalaron este martes que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, luego de que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantara la posibilidad de poner en marcha “algún tipo de intervención” en este sector.

En comunicado conjunto, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) afirmaron que la industria farmacéutica “viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos” y ratificaron su “compromiso” de mantener los valores promedios “en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del Indec”.

“Caeme, Cilfa Y Cooperala manifiestan que, teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos con distintos principios activos que compiten en un entorno en donde en la dispensa intervienen más de 14 mil farmacias, resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, señalaron en el parte de prensa.

“Desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en Argentina, viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta el 100% del valor para los pacientes, tal como ocurre en los tratamientos oncológicos y especiales y en el programa Vivir Mejor implementado por el PAMI, con un sustancial aporte de los laboratorios”, agregaron.

Por último, los laboratorios ratificaron su “compromiso para con el Gobierno nacional, financiadores públicos y privados de la salud, la comunidad médica y los pacientes, de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del INDEC”.

Feletti adelantó que mantendrá una serie de reuniones para analizar los precios de los medicamentos, a la vez que consideró necesario “algún tipo de intervención” en este sector por entender que “no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado”.

“Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga”, dijo Feletti esta mañana en diálogo con la radio online FutuRöck.

En ese contexto, el titular de Comercio Interior señaló que tiene prevista una reunión con “Luana Volnovich, del PAMI, que es el principal comprador de medicamentos” y para “empezar a ver ahí qué es lo que ocurre”

“Mañana tenemos una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que también vamos a abordar el tema”, sostuvo Feletti.

“No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata”, concluyó el funcionario.

NB con información de agencia Télam.

“Es un tema que tendremos que revisar”, dijo la semana pasada el secretario de Comercio Interior, cuando repasó en conferencia de prensa el nivel de acatamiento de las cadenas de supermercado al programa de congelamiento de precios y se detuvo en los porcentajes de Changomas. Mientras que el resto de las grandes compañías registran un cumplimiento cercano al 100%, la firma de Francisco de Narváez se desmarcó con un 62%, motivo por el que Feletti convocó a sus ejecutivos a una reunión. 

La cita será este lunes a las 18.30 y el secretario quiere saber “cuál es el inconveniente y solucionarlo”, según anticiparon fuentes oficiales a elDiarioAR. Detallaron que Changomas es el supermercado que tiene “menos nivel de acatamiento tanto en precio como en disponibilidad de productos”. 

Los registros de la Secretaría de Comercio derivados de las inspecciones muestran que tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal las cadenas Carrefour, Coto y los supermercados de Cencosud (Disco, Jumbo y Vea) tuvieron un cumplimiento del programa del 100%. Día se ubicó en el orden del 90%, pero con un justificativo: el menor tamaño de sus superficies hace que no cuente con la totalidad de la oferta de la canasta regulada, compuesta de 1.432 productos. En Changomas, en cambio el acatamiento fue de “apenas” el 62% en la provincia de Buenos Aires y del 77,5% en la Ciudad. 

Consultados por este tema, en Changomas no hicieron comentarios. Se trata de la excadena estadounidense de supermercados Walmart, que fue comprada a fines de 2020 por el empresario Francisco De Narváez y debió, en esa maniobra, cambiar su nombre. Tiene una amplia presencia en el país, con más de 90 sucursales en 22 provincias. 

Si bien en este caso el argumento se diluye, en el sector supermercadista suelen aclarar que los incumplimientos pueden explicarse por maniobras de fabricantes que no entregan los productos o no cumplen con la retracción de los precios, lo que altera la cadena e imposibilita que se refleje en la góndola el precio ordenado por el Gobierno. 

Según datos de la Secretaría de Comercio, en la primera quincena de octubre se detectaron remarcaciones de hasta el 25% en productos de alimentación, higiene personal y limpieza, lo que llevó a avanzar con el congelamiento. El monitoreo oficial mostraba una aceleración de la canasta en supermercados de 2,2% para la primera quincena de octubre que, proyectado a todo el mes, se encaminaba a cerrar en torno al 4%. A partir del congelamiento comenzó a revertirse la tendencia, con una caída promedio de 7,6% en los productos de la canasta seleccionada.  

Como la Secretaría no tiene delegaciones, Feletti mantuvo conversaciones con gobernadores para solicitar su colaboración en la aplicación y monitoreo en las provincias, de quienes recibió una respuesta que lo dejó “muy satisfecho”. “La desaceleración de la inflación en la tercera semana de octubre, este nivel de cumplimiento del programa y la adhesión plena de los gobernadores nos da un marco de optimismo”, dijo Feletti en su comunicación desde la Casa Rosada. 

El funcionario, que reemplazó a Paula Español a principios de octubre, dijo que el congelamiento es una medida “transitoria” que busca frenar la aceleración inflacionaria para evitar que la expansión de consumo no sea lesionada por la aceleración de precios. De todos modos, el secretario piensa en alguna medida de orden más permanente. “A futuro hay que construir una canasta alimentaria amplia, regulada, de acceso masivo. Es un país productor de alimentos y el consumo no puede estar sujeto a estas tensiones”, anticipó.

Para el secretario, no es algo tan difícil de instrumentar. Los 1.400 ítems de la canasta básica representan el 10% de la oferta de productos comerciales en góndolas. Además, el 46% es producido por 18 empresas, lo que reduce la cantidad de interlocutores y simplifica la organización del esquema.

De acuerdo con la consultora C&T el rubro alimentos, que por momentos creció más de 4% en relación a igual período de septiembre, quedó finalmente en octubre algo por debajo del promedio, en 3,3%. En Focus Market calcularon que los alimentos registraron una suba de 3,4%.

“La variación de precios en el mes de octubre tuvo diferentes temperaturas, con mayor nivel de implementación del congelamiento de precios en grandes cadenas y falta de posibilidad de cumplimiento en autoservicios nacionales, chinos, kioscos entre otros por donde pasa e 70% de la comercialización de consumo masivo en Argentina. Estas bocas reciben un listado de precios de costo más altos de lo que la resolución del congelamiento de precios exige para la venta”, apuntó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market. Según precisó, esto está generando un desplazamiento de la demanda desde las bocas de venta más pequeñas a las grandes cadenas, perjudicando al eslabón más débil. 

DT

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, indicó este viernes que la cadena de supermercados Changomás es la única que continúa sin cumplir con el congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo masivo (vigente hasta el 7 de enero próximo), al tiempo que calificó como “decisivo” el apoyo en la fiscalización por parte de las provincias.

“El programa se está cumpliendo prácticamente en todas las cadenas excepto el caso de Changomás, con quienes nos vamos a entrevistar el lunes”, explicó Feletti en diálogo con El Destape Radio.

Según había indicado Feletti el último miércoles, mientras cadenas de supermercados como Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Coto y Día cumplieron en más del 90% en la oferta de los productos alcanzados por Precios Cuidados+, Chango Más lo hizo solo en un 62% en sus locales de la Provincia de Buenos Aires y 77,5% en la Ciudad.

Sobre la situación de los almacenes y pequeños comercios que habían planteado dificultades en la implementación, debido a la intermediación de los mayoristas en los márgenes de la cadena de comercialización, Feletti adelantó que en “función de la evolución”, es posible que se vaya a diferenciar “el precio final de la cadena abastecedora del precio final del minorista”.

Por otro lado, respecto de la delegación a los intendentes y gobernadores del país para la fiscalización y el control del cumplimiento (reglamentado hoy a través de la resolución 1050/2021 del Boletín Oficial), Feletti explicó que esto resulta necesario por la ausencia de delegaciones en el interior de la Secretaría de Comercio Interior.

“Nosotros podemos tener una fiscalización efectiva sólo en las áreas metropolitanas de Capital, Gran Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba; por eso es decisivo el apoyo que recibamos de las provincias”, dijo el secretario quien, no obstante, anticipó que se está evaluando capacitar a 300 relevadores de la Secretaría para sumarse al equipo de inspectores.

Respecto del programa, el funcionario expresó que “se está implementado bien” y que “se han recibido en ningún caso denuncias de desabastecimiento, pese a los pronósticos agoreros de muchos”.

“No habría razón técnica tampoco (para el desabastecimiento) porque la mayoría de las plantas están trabajando con capacidad ociosa y no llega al 65%”, agregó Feletti.

Asimismo, el titular de la cartera de Comercio Interior indicó que se realizó un “relevamiento” sobre la cadena de empaque, que en muchos casos compone del 8% al 20% del valor del producto.

Por su parte, indicó que, de acuerdo con las propias encuestadoras que relevan los supermercados, se logró “naturalizar la escalada” de precios detectada en la primera quincena de octubre que afectó a “las latas de conserva, productos de higiene personal, café y manteca”, y que implicó subas de entre el “8% y el 25%”.

“Nosotros queremos que la inflación de la canasta del supermercado esté por debajo del 2%. Eso sería una expectativa y un logro del programa”, subrayó Feletti, y señaló que también será necesario atacar a la inflación de los precios internacionales que inciden sobre algunos de los productos, y desvincularlos “de forma efectiva y concreta” de los precios internos.

Asimismo, Feletti descartó por el momento una ampliación de la canasta y dijo que se busca “consolidar lo que nos parece una canasta bastante amplia, diversificada y de acceso masivo”.

“Es cierto que hay un proceso de concentración monopólica de alimentos que lo dificulta, pero queremos llegar a tener una canasta regulada consensuada que permita que no se presione sobre el salario del trabajador”, añadió.

No obstante, sostuvo que pueden realizarse “modificaciones” en algunos productos.

“El caso que planteó más necesidad de eso y estamos esperando una lista alternativa es Unilever”, detalló el secretario.

Por último, al ser consultado por los problemas en el funcionamiento de la aplicación móvil de Precios Cuidados, Feletti anticipó que entre hoy y el lunes va a ser actualizada para que la misma refleje la ampliación del número de productos y la variación de los mismos entre provincias.

Con información de agencias.

IG

La inflación de 2021 será de alrededor de 50%. Con este dato, la economía argentina sumará un hito más a su derrotero de aceleración inflacionaria, que la ubica hace doce años con un ritmo de aumentos superior al 20% anual. A lo largo de este período, el nivel ‘base’ de inflación fue creciendo, trepando de la zona del 1,5% mensual a la del 3% que vemos actualmente. Peor aún, algunas políticas que antes funcionaban como alivios transitorios, como congelar las tarifas de los servicios públicos o el dólar oficial, parecen estar perdiendo su efecto. Así vemos cómo, para sorpresa del oficialismo, este año, a pesar de que el transporte público, la luz o el gas no aumentan, y aunque el tipo de cambio haya subido todo el año menos que la inflación general (perdiendo un 14% de su valor real en el camino), el empuje de los precios no cede.

En este contexto, el Gobierno sacó una resolución que impide el aumento de precios por 90 días de una canasta de más de 1.400 productos, incluyendo alimentos, bebidas, elementos de higiene y otros bienes de primera necesidad. Estos no podrán remarcarse en supermercados debiendo mantener su valor hasta los primeros días de enero. El programa no es el primero de su tipo que se implementa; por el contrario, muchas experiencias de este estilo fueron aplicadas en nuestro país recientemente y también en el pasado más lejano. A la vez, también hay experiencias de este tipo en otros países que sufrían de elevadas inflaciones. Entonces, ¿qué nos dice la historia de los controles de precios? ¿funcionará esta vez? ¿qué podemos esperar para el día 91, cuando el ‘acuerdo’ termine?

En primer lugar, es importante destacar que la inflación es un fenómeno macroeconómico, que abarca cientos de miles de precios que se negocian entre productores, comerciantes, consumidores, sindicatos, inquilinos y otros agentes a lo largo y ancho de todo el país. Cada uno de estos actores posee información específica sobre sus costos y necesidades, además de tener intuiciones o creencias sobre cómo evolucionarán sus ventas y el precio de reposición de sus productos (en muchos casos, muy asociado al valor del dólar). En este sentido es imposible esperar que el Estado, con la información limitada con que dispone, pueda definir los precios acertando a los valores óptimos que harán funcionar correctamente la economía. Menos aun cuando el listado fue resistido por las empresas involucradas, que no convalidaron los precios anunciados.

Sin embargo, si resalta la importancia que las creencias de la sociedad tienen en el proceso de formación de precios. Una negociación paritaria o una compra a plazo (por ejemplo, en cuotas) no se pactará de la misma manera si se espera que la inflación sea alta o baja para el año próximo. Por este motivo, el Estado puede tener un rol activo coordinando las expectativas de inflación para el futuro. Esto nos lleva a algunas experiencias en que los controles de precios fueron parte de programas desinflacionarios exitosos, que redujeron sostenidamente la inflación sin generar daños a la actividad económica y el empleo. Estos esquemas dieron frutos cuando se aplicaron junto con planes integrales que atacaran el centro del problema. Dicho de otra forma, los controles complementaban paquetes de medidas que establecían precios relativos sostenibles, con tarifas que no requirieran elevados montos de subsidios y un dólar que permitiera mantener la competitividad externa. En esos casos, los controles de precios pueden romper la inercia de los aumentos, funcionando como puente hacia un régimen de mayor calma inflacionaria. Pero ello también implica reducir la necesidad de emitir dinero (los desbalances fiscales-monetarios) y la escasez de divisas que impulsa el alza del dólar (el problema del financiamiento externo).

No obstante, frente a la falta de estas políticas de fondo, el control de precios por sí solo no reduce la inflación. Tal como dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la suba de precios no es un problema que se pueda resolver desde la Secretaría de Comercio Interior. Actualmente, las previsiones de inflación se ubican más de 10 puntos por encima de la proyección del Gobierno, por lo que el problema de expectativas está presente. Sin embargo, los dólares paralelos se comercian 80% por encima del valor oficial, marcando posibles problemas en la administración de las divisas en los próximos meses, y algunos precios públicos permanecen fijados hace más de dos años, por lo que también hay una cuestión de precios relativos por resolver. Por último, todavía se desconoce si se alcanzará un acuerdo con el FMI y qué condiciones pedirá este sobre el rumbo de la política económica en general. En este sentido, qué sucederá con el frente fiscal y externo permanecen como incógnitas. Así, el control anunciado de forma aislada no funcionará para desacelerar sostenidamente la inflación.

Un “acuerdo” de precios resistido por los empresarios y sin un programa macroeconómico integral que lo respalde puede tener dos conclusiones posibles. Un primer escenario es que los precios pactados se cumplan. De este modo, algunos productos de las empresas incluidas podrán encontrarse más baratos en supermercados mientras dure el control. En ese caso, el Gobierno se enfrentará a un dilema en enero, cuando termine la vigencia del acuerdo. Si autoriza aumentos en los productos regulados, se darán saltos de precios para compensar el retraso de los bienes incluidos en relación al resto de los productos y los costos de producción. En cambio, si mantiene los mismos valores, las chances de cumplimiento por parte de los comercios y empresas se reducirán. Alternativamente, es probable que el control no funcione en absoluto, si los productores buscaran formas de eludirlo cambiando la presentación de los productos, el tamaño de los envases o descubriendo “nuevas fórmulas” con más condimentos o nutrientes que escapen al acuerdo establecido.

En definitiva, el acuerdo puede postergar aumentos por un breve lapso, bajo el riesgo de desabastecer ciertas líneas de productos si se prolonga demasiado, pero no puede reducir la inflación. Quienes diseñan las políticas no desconocen estas cuestiones y son conscientes de estos problemas. Sin embargo, apelan a los controles como forma de aliviar, por unos pocos meses, las dificultades económicas de una gran parte de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza. Sin acceso al crédito, el acuerdo es un modo de recuperar el poder adquisitivo de los salarios sin incurrir en un costo para el Estado.

A pesar de eso, una baja duradera de la inflación que mejore sostenidamente los ingresos de las familias requiere más que un “acuerdo” de precios. Diseñar una estrategia que aporte certidumbre requiere mirar más allá de estos controles y conciliar precios relativos compatibles con las posibilidades de la economía.

JW