El expresidente Alberto Fernández fue indagado este miércoles por el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto fraude al Estado a través de brokers de Nación Seguros. El exmandatario negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

“Fue una audiencia tensa al principio”, dijo la penalista a la prensa al término de la declaración de Fernández, quien dejó el edificio de los tribunales federales de Retiro resguardado por su custodia oficial. La tensión, explicó Barbitta, fue en el marco del planteo de Fernández para que el juez Ercolini se aparte del expediente.

Fernández inició la audiencia de indagatoria planteándole al juez del caso que se maneja con arbitrariedad y que debe apartarse de la causa. “No está ante un juez imparcial, no le garantiza seguridad y tranquilidad”, dijo la abogada a la salida de los tribunales.

Fernández fue indagado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El expresidente es acusado de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La acusación es “infundada, falsa y arbitraria”, dijo la abogada del expresidente. “Fernández no benefició a nadie y el decreto que firmó impedía la intermediación” en la contratación de seguros, afirmó la penalista.

Según la abogada “hubo direccionamiento político” en la decisión de la Justicia de investigar el caso. “Este acto de indagatoria es nulo”, dijo la defensa.

Como presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

“El decreto es jurídicamente impecable y legítimo”, dijo Barbitta ante los medios. “El objetivo del decreto fue cortar la cartelización. Tiene antecedentes con YPF y otros organismos, con el propósito de limitar la posibilidad de que las divisas salieran al exterior”, al contratas a empresas de capitales extranjeros.

Fernández dedicó parte de su escrito a explicar cómo son los procesos de contratación de seguros y que el decreto no posibilitó la intermediación de broker.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además de Fernández, también deben declarar ante el juez Martínez Sosa y su esposa, María Cantero; además de otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello.

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

ED/MG

El fiscal federal Ramiro González prepara un pedido de indagatoria al expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia doméstica, de acuerdo a fuentes directas de la causa consultadas por elDiarioAR. La causa, iniciada tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez, ingresa así en un nueva etapa clave, en la que el juez Julián Ercolini deberá decidir si están dadas las condiciones para indagar al exmandatario.

Fernández ya fue citado por Ercolini en los últimos días a otra declaración indagatoria por presuntos hechos de corrupción en la causa de los seguros.

Fernández está imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja, de acuerdo al dictamen fiscal de imputación. Fernández niega las acusaciones de Yáñez.

El fiscal señaló en aquel escrito que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

Durante los últimos tres meses, el fiscal González ordenó una serie de medidas de pruebas que incluyeron un desfile de testigos y el secuestro de dispositivos y teléfonos de Fernández y Yáñez.

Declararon desde María Cantero, exsecretaria privada de Fernández hasta Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial. También Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola; Sofía Pacchi, amiga de la ex primera dama; y la periodista Alicia Barrios.

Además, fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

El fiscal requirió las filmaciones de las cámaras de seguridad de Olivos de 2021 a 2023 que hubieran registrado movimientos en el chalet residencial de Olivos y en la casa de huéspedes, a donde Yañez relató que tuvo que ir a vivir con su hijo.

González solicitó los antecedentes de la ex primera dama sobre el tratamiento psiquiátrico que se realizó en la clínica INECO y el de fertilidad para quedar embarazada, además de su historia clínica completa.

El inicio de la investigación

La denuncia de Fabiola Yañez sucedió luego de que en el marco de la causa Nación Seguros se detectaran conversaciones entre ella y la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, que daban cuenta de que existían situaciones de violencia de género. Ante esto, la Justicia le otorgó intervención a la Oficina de Violencia Doméstica, pero informó que no realiza evaluación de riesgo solamente en base a constancias escritas o imágenes sobre las que no se puede indagar, por lo que para verificar el hecho se necesitaba la comparecencia de la ex primera dama.

Según las actuaciones del Ministerio Público Fiscal, en este contexto, el 28 de junio hubo una audiencia virtual entre Yañez y la Justicia donde ella expresó que “no deseaba dar impulso a la acción penal”, pero el 6 de enero cambió de idea y declaró. Dijo que la vez anterior había decidido no avanzar “debido a que no se encontraba en condiciones aptas para tomar una decisión en relación con ello ya que le fue solicitado que no lo hiciera”. Explicó que cambió de decisión por “las circunstancias actuales y la difusión pública de estos sucesos” y agregó que sufría “terrorismo psicológico”.

ED/MG

El juez federal Julián Ercolini convocó hoy a indagatoria a Alberto Fernández por los presuntos hechos de corrupción que se investigan en la causa conocida como “Nación Seguros”. El llamado de la justicia al ex presidente tiene relación con los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers.

Fernández, que fue citado el 20 de noviembre próximo, se encuentra imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Junto al ex presidente, van a ser indagados Héctor Martínez Sosa, quien obtuvo el 42% de los contratos en cuestión, y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.

En la causa se indaga una presunta “estructura criminal” que abarca el decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios, millonarias, una financiera aparentemente disfrazada de cooperativa y un potencial direccionamiento de los contratos.

El juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo investigan si el amigo y prestamista de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, que además es el marido de la secretaria personal del expresidente, acaparó el 63% de los contratos de intermediación que selló Nación Seguros con organismos del Estado durante los cuatro años de gobierno del Frente de Todos.

Hace 15 años, Martínez Sosa, uno de los principales brokers de la Argentina, le prestó US$20.000 a Fernández, que acababa de abandonar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y éste nunca se los devolvió.

DM

Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, quien permanece detenido desde el pasado 6 de junio por privación ilegal de la libertad y amenazas, se negó a declarar este jueves ante una nueva imputación por el delito de encubrimiento, según fuentes judiciales.

El referente de la cumbia 420 fue trasladado a las 5 de la mañana desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en Quilmes, donde está alojado, hacia la fiscalía situada en Sarmiento y Balcarce, en la localidad de General Rodríguez.

Los voceros detallaron que Valenzuela se negó a declarar ante el fiscal Raúl Villalba por consejo de sus abogados defensores, Pablo Nicolás Merlo y Juan Pablo Merlo. El representante del Ministerio Público Fiscal lo imputó de “encubrimiento agravado”, ya que uno de los cinco teléfonos que se le secuestraron había sido denunciado como robado.

Se trata de un aparato marca iPhone modelo 12 Pro, denunciado como robado el 21 de marzo de 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según consta en la denuncia judicial.

El martes pasado, Valenzuela recibió un revés judicial por parte de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, la cual revocó un fallo que lo beneficiaba con la excarcelación extraordinaria. Horas más tarde, el juez de Garantías Gabriel Castro le otorgó el arresto domiciliario con tobillera electrónica, aunque esta medida recién se hará efectiva cuando quede firme.

“Nos vemos en breve”, publicó el músico en sus redes tras conocerse el último de los fallos judiciales. El martes pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, integrada por Carlos Risuleo y Oscar Reggi, resolvió revocar la excarcelación que había sido otorgada días atrás por el juez Castro y que quedó en suspenso porque tanto la fiscalía como el particular damnificado se opusieron a la misma.

En su voto, Risuleo tomó en cuenta la “gravedad” de las imputaciones a L-Gante, “las varias causas abiertas anteriores” en su contra, “la magnitud de la pena” en expectativa (de 5 a 15 años de prisión) y su “persistencia de conductas desajustadas” a Derecho.

Sin embargo, esa misma tarde Castro hizo lugar a un pedido de la defensa particular y le concedió al artista la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, aunque dispuso que la medida se haga efectiva recién cuando el fallo quedara firme en la Cámara de Apelaciones de Mercedes, tal como ocurrió con la excarcelación extraordinaria.

Un vocero judicial confirmó que el fiscal Villalba apeló la medida concedida por el magistrado a instancias de la defensa. De igual manera procedieron los abogados del particular damnificado, Leonardo Sigal y Pablo Becerra, por lo que ahora la Cámara de Apelaciones deberá dar su resolución. Sin embargo, tal decisión demorará al menos otras dos semanas dado que el lunes se inicia la feria judicial y recién cuando se reanude la actividad se evaluará la situación procesal del artista.

A su vez, el arresto domiciliario, el cual sería una casa de un country de la localidad de Canning, en el partido bonaerense de Ezeiza, quedó pendiente también de un informe positivo de la Dirección de Monitoreo Electrónico de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Es por eso que L-Gante seguirá detenido por las “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas simples” en perjuicio de Darío Gastón Torres; la “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas simples” de Rosa Catalina Passi; además del delito de “tenencia de estupefacientes”.

La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo pasado por Torres, vecino de la familia Valenzuela, la cual reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, al oeste del Conurbano bonaerense.

En la mañana de ese día, a la salida del local bailable “Río” de esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada “La Mafilia”, el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Cuando Torres se retiró del lugar para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela. Acto seguido, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia, de acuerdo con la denuncia.

Después, pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, quien bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo hizo subir al auto, añadió el denunciante. A los pocos metros, fue interceptada y obligada a subir al mismo auto la joven Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según la denuncia.

Algunos integrantes de “La Mafilia” fueron demorados por la Policía, a lo que Valenzuela regresó hacia donde estaba el móvil, volvió a bajar el vidrio y dijo a los agentes: “Largame a los pibes o a éste te lo mato”, en referencia a la víctima retenida dentro de su auto.

Según las actuaciones judiciales, Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada donde le aseguraron que sus amigos habían sido liberados por la Policía, por lo que procedió a soltar a las víctimas.

Con la prueba ya reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio. Uno de ellos fue en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente fue detenido. En los procedimientos se secuestró su BMW; cuatro réplicas de armas de fuego, cinco celulares iPhone y 40 gramos de marihuana.

Por otro lado, el pasado 28 de junio, Torres y sus abogados denunciaron un aparente acto intimidatorio. Alrededor de las 21:30, le habrían prendido fuego al auto que su esposa tiene asignado en su trabajo como fotógrafa en la Secretaría de Prensa del Municipio de General Rodríguez.

LC con información de agencia Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la indagatoria de Rosana Caputo, hermana del ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, por los pagos a la carpintería del líder de Revolución Federal. “Es necesario convocar a Rosana Caputto a prestar declaración indagatoria”, reclamó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la ex mandataria.

La empresa Caputo Hermanos realizó pagos a Jonathan Morel, referente de la organización de ultraderecha para la supuesta fabricación de muebles para un edificio en Vaca Muerta. Previamente, le habían encargado también unos muebles para un country. Según los abogados de la vicepresidenta, dichos pagos coinciden con actividades violentas de Revolución Federal. “Los muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política”, indicaron.

“La contratación de Jonathan Morel para la realización de la mueblería de Neuquén se dio en los meses en los que Revolución Federal comenzó a actuar públicamente y a practicar e incitar la violencia contra miembros del Frente de Todos”, agregaron. En este contexto, son tres las hipótesis que sostienen la vinculación entre la carpintería, la familia Caputo y el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

La primera es que las transferencias monetarias jamás hayan tenido como finalidad la elaboración de mobiliario, sino financiar a la agrupación de ultraderecha. Una segunda tesis sostiene que es posible que el Grupo Caputo sobrepagara los trabajos con el mismo propósito anterior, mientras que una tercera alternativa es que los encargos efectivamente se hayan concretado, pero que, de todos modos, la contratación de Morel hubiera apuntado a darle sustento al referente en la organización de Revolución Federal.

De acuerdo con los abogados, la cadena de pagos inició cuando la agrupación comenzó a tener visibilidad pública y que, el cese de las transferencias coincide también con el momento en que se desarmó la organización, tras el intento de magnicidio de la ex mandataria. El 25 de mayo, Revolución Federal tuvo su primera aparición púbica y, según el escrito presentado por los magistrados, el día anterior se habían facturado más de $2,4 millones al fideicomiso Espacio Aleño del Grupo Caputo.

ACM con información de NA

Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, negó hoy haber participado en la organización del ataque y aseguró que los mensajes incriminatorios detectados en su teléfono celular fueron disparados como una broma a un familiar, según pudo reconstruir elDiarioAR.

En el teléfono de Carrizo se habían encontrado mensajes en los que rezongaba por cómo había salido el atentado, aseguraba el ataque debió haberse realizado en otro momento y hasta se preguntaba si el arma empleada era la que él supuestamente le había entregado a los atacantes.

En ese intercambio de mensajes, el imputado y su interlocutora discuten sobre si el arma que utilizó atacante fue la calibre 22 que él le habría provisto y finalmente concluyen que no.

Los investigadores sospechan que esa pistola pudo haber sido descartada por Carrizo y la procesada Brenda Uliarte después del hecho.

Hoy, sin embargo, declaró durante tres horas y solo respondió preguntas de su abogado defensor, Gastón Marano, con el objetivo de desentenderse de los hechos y asegurar que esos mensajes son parte de un diálogo “en broma” con una familiar a la que le atribuyó ideología filokirchnerista.

En toda su exposición, en la que se negó a responder preguntas de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo, Carrizo buscó despegarse del ataque perpetrado el pasado 1 de septiembre contra la exmandataria.

Sobre el mensaje en el que se quejaba por el fracaso de la maniobra para matar a Fernández de Kirchner, el imputado declaró que se trataba de una “broma” que le estaba haciendo a una pariente cercana y consideró que los investigadores lo sacaron de contexto, por lo que solicitó que esa persona sea citada a declarar en calidad de testigo.

En un momento de su declaración, Carrizo rompió en llanto y aseguró que conoció a los procesados Fernando Sabag Montiel y a Uliarte en una fiesta hace tres meses y que el hombre que quiso asesinar a la Vicepresidenta le dijo que estaba sin trabajo, por lo que le ofreció sumarse a su emprendimiento de producción y venta de copos de azúcar.

En ese contexto, afirmó que no conoce los recorridos que hacen los vendedores a los que provee de los copos para vender y sostuvo que cada uno sale a ofrecer el producto y luego le pagaban una suerte de canon.

Además, sostuvo que salió a defender a Uliarte en una entrevista con el programa televisivo Telefé Noticias porque ella les dijo a los vendedores de copos de nieve que había recibido amenazas, pero señaló que luego de enterarse de que podía tener vinculación con el ataque a la Vicepresidenta fueron a presentarse ante la Policía para que se los considerara como testigos.

Carrizo aseguró, además, que el 27 de agosto pasado no estuvo en la zona donde vive la Vicepresidenta y añadió que por ese entonces desconocía el lugar en el cual estaba la casa de la exmandataria, a la vez que aseguró que no sabía de la preparación de un atentado antes de que se concretara este intento fallido.

Ayer, la jueza Capuchetti procesó con prisión preventiva a Sabag Montiel y a Uliarte como “coautores” del delito “tentativa de homicidio calificado”, por haber intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta, informaron fuentes judiciales.

La jueza los imputó por el ataque de ese día, concretado cerca de las 21, cuando la exmandataria saludaba a los manifestantes que fueron a expresarle su apoyo al edificio ubicado en el cruce de las calles Juncal y Uruguay de la ciudad de Buenos Aires.

La magistrada entendió que el delito que les endilgó a ambos imputados está “agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas” y que el plan criminal se venía pergeñando al menos desde el 22 de abril, según surge del fallo de 96 páginas al que accedió esta agencia.

Sabag Montiel (35) es el hombre que le apuntó a la cabeza (y gatilló) a la dos veces expresidenta con una pistola Bersa calibre 32 que tenía cinco balas en el cargador, mientras Uliarte (23) es su pareja y aparece en la investigación como quien planificó el ataque junto al agresor, de acuerdo con la resolución.

DA

El futbolista se presenta este jueves en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría para una declaración indagatoria en el marco una denuncia por abuso sexual.

Villa debe contestar las preguntas de la fiscal Vanesa González sobre lo ocurrido en la noche del 26 de junio de 2021 en el country “Venado II” de Canning, partido de Ezeiza, tras un asado del que participaron otros jugadores de Boca.

De acuerdo con el relato de la víctima, Villa había consumido “mucho alcohol” durante el asado y la increpó porque sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras una fuerte discusión, ambos se retiraron del asado y se dirigieron a la casa del futbolista con un empleado de seguridad, otra mujer y un amigo del jugador.

Una vez en la casa Villa encerró a la mujer en un cuarto, la sometió a un abuso sexual e intentó sofocarla, según consta en la denuncia del 13 de mayo de 2022.

Ademas, la mujer detalló intentos de soborno del entorno de Villa y que él la amenazó. En una entrevista televisiva, reveló: “Me dieron plata. Me ofrecieron hasta viajes, todo. Querían silenciarme de alguna forma. El lo intentó manipulándome porque sabía que yo lo quería. Intentó con amenazas diciéndome que tengo muchas cosas por perder. Nada me hacía perdonarlo”.

Días atrás declaró también otra joven que estuvo esa noche en la casa de Villa y relató que, además, había sufrido también ella un ataque sexual por parte del futbolista, aunque le dijo a la fiscal González que prefería no instar la acción penal, es decir que no quería denunciarlo.

Si bien este nuevo episodio no se podrá investigar sin el aval de la víctima, a la fiscal le sirve como medida de prueba sobre la personalidad del imputado, dijeron las fuentes judiciales.

La fiscal ya pidió en una oportunidad la detención de Villa el pasado 7 de junio, pero el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el planteo y le exigió a la fiscalía que profundice la investigación.

DL

El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue indagado este lunes por la justicia en una causa en la que se lo acusa de presunta asociación ilícita y estafas reiteradas que, según la investigación preliminar, habría afectado a ahorristas defraudados mediante el sistema que se conoce como Ponzi o piramidal.

La causa es investigada por la Fiscalía de la ciudad cordobesa de Villa María, a cargo de Juliana Companys, también tendrá su capítulo en la provincia de Corrientes, debido a que deberá declarar también en el juzgado de Goya.

Este lunes, al ser indagado por la fiscal cordobesa, el acusado aseguró “no tener nada que ver con Villa María”, contó Companys.

La funcionaria judicial dijo que la defensa del imputado solicitó la excarcelación, pero “fue negada”.

En esa localidad del este de Córdoba, Cositorto debe responder por ser responsable de 176 presuntas estafas, que denunciaron 94 damnificados, explicó la fiscal.

El CEO de Generación Zoe se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer, tras su arribo al país luego de ser extraditado desde República Dominicana. Companys subrayó que la indagatoria se realizó de manera presencial y no virtual, porque iba a ser demasiado extensa la declaración para los módulos que permite la plataforma Zoom.

Miguel Ángel Pierri, uno de los abogados del líder de Generación Zoe, dijo que “tuvimos una extensa declaración indagatoria, por casi tres horas y media, respondió a todas las preguntas de la fiscalía. Desde el punto de vista de la defensa creo que fue una muy buena declaración”. “Con Villa María no tenemos nada que ver”, sostuvo en línea con lo dicho por su defendido.

La fiscal Companys comentó que fue solicitado el traslado de Cositorto a la localidad correntina de Goya “por una imputación que tiene ahí, y se autorizó ese traslado”. Sobre las penas que corresponden si se encuentra culpable el acusado, la funcionaria advirtió: “La estafa va de seis meses a seis años de prisión y la asociación ilícita va de tres a 10 años y calificada son cinco años como mínimo para los cabecillas”.

Junto a Cositorto también fue indagado Maximiliano Batista, otro de los imputados relacionado a la organización, aunque éste último eligió no declarar.

La fiscal confirmó que continúa la investigación y que dentro de 20 días sería vuelto a citar el líder de la asociación, ya que “podrían surgir nuevas denuncias”.

Por otra parte, una fiscal de la provincia de Salta también citó a Cositorto a una audiencia de imputación programada inicialmente para el próximo 9 de mayo, en el marco de una investigación por 38 denuncias por estafas reiteradas y asociación ilícita radicadas en esa provincia.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, citó para el 9 de mayo al líder de Generación Zoe a una audiencia de imputación. Salinas Odorisio le pidió al Juzgado de Garantías 5 que libre un exhorto para el traslado de Cositorto desde Córdoba a Salta.

La fiscal penal investiga 38 denuncias por estafas reiteradas y asociación ilícita radicadas en Salta en contra del líder de Generación Zoe, quien se encuentra detenido a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, en Córdoba.

Cositorto fue detenido por Interpol el 4 de abril luego de permanecer en calidad de prófugo, y con pedido de captura internacional, desde el 18 de febrero cuando se desplegaron múltiples allanamientos a partir de denuncias de los ahorristas de Villa María que no habían recuperado sus inversiones.

En operativos ordenados semanas atrás por la fiscal Companys en seis domicilios de Buenos Aires se secuestraron documentación, elementos electrónicos y US$ 565.000 y $63.000.

Según lo que se conoce de las distintas causas que involucran a Zoe, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.

Entre éstas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.

Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central donde figuraba como “moroso e incobrable”, agregaron las fuentes del caso.

El juez federal Ariel Lijo también lleva una investigación por presunto lavado de dinero del holding Zoe.

La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.

DA

El expresidente Mauricio Macri se presentó este miércoles a las 12 en el juzgado federal de Dolores, en medio de un enjambre de micrófonos y previo paso por la intendencia que encabeza Camilo Etchevarren, para declarar en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan.

Pasadas las 13, salió del juzgado y fue su abogado Pablo Lanusse quien enfrentó a la prensa en el lugar, con duras críticas al Gobierno. “Enfatizamos una vez más que el presidente (sic) ni espió, ni mandó a espiar ni conocía estos informes que encontró, vaya a saber cómo, la titular de la AFI, Cristina Caamaño”, expresó, después de presentar un escrito ante Bava en el que negó todas las acusaciones, pidió el sobreseimiento de Macri y no respondió preguntas.

Además, el letrado mencionó una frase de Macri hacia el juez: “Lo hice rápido, así me procesa antes de las elecciones”, al tiempo que se quejó del “modo exprés” en que Alberto Fernández relevó al expresidente Macri de guardar secreto. “Si este Gobierno inepto hubiera traído las vacunas en el mismo tiempo…”, ironizó. Y agregó: “Resaltamos la gravedad con la que se demostró el rol protagónico del Gobierno”.

Asimismo, Lanusse calificó las seis acusaciones que pesan sobre el exmandatario como “fantasiosas, antojadizas y arbitrarias pseudo construcciones de los hechos con que quieren procesar a Mauricio Macri. Una causa de la que se acordó después de la catastrófica derrota electoral del oficialismo”, sentenció.

Y arremetió de nuevo contra Alberto Fernández, de quien manifestó que “dice ser profesor de la UBA, de Derecho, no de Arquitectura. A Macri no le encontraron carpetas con transcripciones ilícitas de nadie. Dice tristemente que esto haría presumir que Macri tenía algo para decir... están confundidos o proyectan situaciones cercanas. El Presidente debe dedicarse a gobernar”, remarcó Lanusse. 

Con menos dirigentes y con Michetti

Mientras que la semana pasada Macri fue acompañado por unas 500 personas que asistieron al acto, para esta oportunidad se prevé que la asistencia sea reducida y sin discursos. Entre los presentes frente al juzgado están ex funcionarios como Gabriela Michetti, Hernán Lombardi, Fernando de Andreis y Andrés Ibarra, el senador nacional del PRO Humberto Schiavoni y un grupo de diputados encabezados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y que integran Omar de Marchi, Ezequiel Fernández Langan, Juan Aicega, Julio Sahad, Natalia Villa, Dina Rezinovsky, María Luján Rey, Mercedes Joury, Adriana Cáceres, Carmen Polledo, Pablo Torello, Martin Medina y Jorge Enríquez. Además, estaban Darío Nieto y Maximiliano Guerra.

No asistió en esta oportunidad la presidenta del PRO Patricia Bullrich, quien el jueves pasado estuvo en el acto junto con Macri y fue una de las oradoras, porque está de campaña en Formosa.  

“Confío en nuestro equipo, en nuestro gobierno. Cuando no se encuentran cosas como las que han buscado, finalmente queda a la vista que terminan haciendo cosas que no tienen sentido común. Esto no cierra por ningún lado”, señaló Michetti en Dolores.

El cruce con C5N

En un hecho llamativo, al bajar del auto que lo llevó a Dolores, Macri tomó el micrófono que sostenía el cronista Nicolás Munafó, del canal C5N y lo arrojó hacia el suelo.

Evaluarán la nueva recusación contra el juez Bava

La Cámara Federal de Mar del Plata aceptó evaluar en una audiencia la nueva recusación de la defensa del ex presidente Mauricio Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, contra el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

El tribunal marplatense admitió, además, la producción de prueba sugerida por la defensa de Macri, que denunció “animosidad” del juez y manifestó su temor de “pérdida de imparcialidad”.

La realización de la audiencia está prevista para el 12 de noviembre.

No obstante, fuentes con acceso al expediente no descartaban que el abogado Lanusse pudiera plantear que, hasta tanto la Cámara de Mar del Plata no se pronuncie sobre la recusación, la audiencia no debería celebrarse, algo que no sucedió.

“En atención a la solicitud de producción de medidas probatorias efectuada por el Dr. Pablo Jorge Lanusse, letrado defensor de Mauricio Macri, hágase lugar parcialmente a dicho requerimiento”, dispuso la Cámara, en un fallo unipersonal firmado por el juez Alejandro Tazza.

Parte de la querella solicitó la prisión preventiva

Luis Tagliapietra, uno de los familiares de las víctimas y querellante en la causa por el espionaje a las víctimas del Ara San Juan, reclamó la detención del ex presidente Mauricio Macri y su prisión preventiva. “Es claro que el señor Macri evidencia indubitables intenciones de evadir esta investigación, entorpecerla todo lo posible, teniendo todo su accionar signado por una intencionalidad clara y pública del imputado, utilizando las numerosas herramientas y poderío económico y político”, aseguró y cuestionó que se denuncie una “persecución política, esbozándose como un vil medio para intentar obstruir el curso de esta investigación”.

“En virtud de lo fundamentado en el punto precedente, esta parte entiende que corresponde ORDENAR la detención del imputado Mauricio Macri, inmediatamente a posteriori de su declaración a tenor del art. 294 del C.P.P.N. con el solo efecto de hacer cesar los investigación, esta en carácter preventivo hasta tanto V.S. resuelva su situación procesal.”, sostuvo Tagliapietra en un escrito.

Por su parte, Valeria Carreras, abogada que representa la querella mayoritaria que siguen los familiares de la tripulación del ARA San Juan, conjeturó en las últimas horas que el expresidente Macri “presentará un escrito” ante el juez federal de Dolores Martín Bava, que lo citó a indagatoria en la causa que se sigue por espionaje ilegal, y consideró que el exmandatario se retirará “sin declarar”.

“Macri lleva a cabo medidas para dilatar. Solicitó la recusación del juez sin tener una razón y con malicia y pidió ser relevado sabiendo que no iba a decir nada relacionado con la Ley de Inteligencia”, apuntó Carreras en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

Asimismo, Carreras aclaró que no solicitó la prisión preventiva para Macri porque “condena” ese tipo de prácticas, pero reclamó que la Justicia no le conceda al exmandatario autorización para viajar a Arabia Saudita el próximo 15 de noviembre, tal como lo solicitó.

“Es algo habitual que se le prohíba la salida del país a un imputado. Espero que ni se les ocurre darle una autorización para que pueda salir del país”, remarcó Carreras.

La causa

El expresidente está imputado en seis acusaciones concretas de hechos de espionaje ilegal a familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino en 2017 porque, como presidente, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia, se sostuvo al convocarlo a indagatoria, en una resolución que firmó Bava el 1 de octubre pasado.

Además, la Justicia sospecha que el exmandatario se nutrió de informes elaborados por la AFI para poder conocer de antemano los reclamos que le harían los familiares de las víctimas y que algún organismo del Estado pudo haber utilizado la información para saber con quienes se vinculaban.

En la causa abierta a raíz de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño están acusados además los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani,

Macri fue citado por primera vez para el 7 de octubre, pero no se presentó porque estaba fuera del país y luego faltó a la segunda convocatoria, fijada para el 20 de octubre, oportunidad en la que su abogado presentó por vía remota la primera recusación contra el juez.

La tercera convocatoria fue la del jueves pasado que se suspendió por el pedido de la defensa de Macri, acompañado por el fiscal Juan Pablo Curi.

En esa audiencia del jueves pasado el expresidente llegó a escuchar la lectura de los cargos en su contra, antes de que su defensa pidiera la suspensión por no haberse hecho el pedido de relevarlo del deber de confidencialidad en base a la ley de Inteligencia 25520.

Con información de agencias.

DA/IG

El expresidente Mauricio Macri recusó por segunda vez al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava que lo citó a declaración indagatoria en la causa en la que está imputado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017. Horas después, el magistrado rechazó el recurso presentado por el abogado defensor del exmandatario, Pablo Lanusse, que en su escrito había argumentado presunto temor de “parcialidad”, informaron fuentes judiciales. Macri debe concurrir a una nueva cita a declarar este miércoles, 3 de noviembre, en Dolores.

“Ha quedado descartado en esta incidencia que sobre el suscripto medie una causal que habilite su apartamiento de estas actuaciones -dijo Bava en la resolución a que que accedió Infobae-. No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri. Sólo se ha producido la prueba por requerida por las partes. En suma, del escrito presentado por la defensa del Dr. (Pablo) Lanusse no se desprenden razones sensatas para considerar un temor de parcialidad por parte del suscripto. Nunca las discrepancias con las decisiones de un magistrado a cargo de una investigación, propias de las reglas y el sentido de un proceso penal, pueden conllevar a su apartamiento, so riesgo de afectar seriamente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la garantía del juez natural”, argumentó Bava en su resolución.

La nueva recusación se presentó en base a lo ocurrido la semana pasada, cuando tuvo que suspenderse la indagatoria a Macri que se llevaba a cabo en la sede del juzgado porque no se lo había relevado del deber de guardar secreto sobre información sensible de inteligencia nacional.

La defensa de Macri reiteró su pedido en base al “comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava. Tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento”.

En su escrito, Lanusse se preguntó “como se lo ha hecho la gran mayoría de la sociedad, si este grosero error, auto asumido por el Sr. Juez recusado, fue impericia, desconocimiento del derecho o una celada procesal. Tenemos nuestra respuesta, y claramente se encuentra en la utilización de la citación a prestar declaración indagatoria a mi ahijado procesal con intereses políticos dentro del calendario electoral en el que nos encontramos inmersos. Pero sea una u otra la respuesta, lo cierto es que quedó al desnudo la mala praxis del magistrado Dr. Bava y que ello destruyó su confianza como Juez de la Constitución Nacional, y por el temor fundado de parcialidad y dependencia política que eso genera, se deberá disponer su apartamiento inmediato de esta pesquisa”, argumentó.

El pasado 28 de octubre, a pedido de Bava, el presidente Alberto Fernández relevó a Macri de ese deber de secreto y confidencialidad, y el juez volvió a convocarlo para el 3 de noviembre.

Macri ya había recusado al juez luego de ser citado a indagatoria pero la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al magistrado en la causa por supuesto espionaje de agentes de la AFI en Mar del Plata a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino.

Con información de agencias.

IG

El expresidente Mauricio Macri afirmó que se presentará el jueves 28 de octubre para declarar en la causa que investiga el supuesto espionaje que realizó su gobierno a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, tras su pedido de postergación al juez federal de Dolores Martín Bava.

“Vamos a estar el 28, como he estado siempre”, dijo Macri en el marco de su visita a Santiago del Estero para participar de un acto para dar respaldo a la candidata a gobernadora Natalia Neme, y al candidato a diputado nacional Facundo Pérez Carletti, ambos de Juntos por el Cambio (JxC), de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Sin embargo, el exmandatario dejó claro que en su opinión la causa en la que está involucrado es “un disparate”.

“Jamás espíé ni ordené espiar a nadie en ese tema, ni en ningún otro tema”, añadió Macri, al ser consultado por la agencia Télam.

Mauricio Macri debía presentarse el miércoles pasado a declarar en la investigación por el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan, pero no lo hizo, por lo que el juez federal de Dolores Martin Bava resolvió convocarlo para el 28 de octubre a las 12 del mediodía.

Esta es la tercera fecha que el magistrado de Dolores le fija a Macri, luego que el expresidente no se presentara el 7 de octubre, porque estaba fuera del país, ni el miércoles, cuando decidió recusar al juez que instruye el expediente.

Los familiares de los marinos del submarino manifestaron su “indignación” por las negativas de Macri a presentarse ante la Justicia y reclamaron que el expresidente “asista a declarar como cualquier hijo de vecino”.