El magnate británico Joseph Lewis, dueño del Lago Escondido en la Argentina, se declaró “culpable” ante un tribunal de Estados Unidos por haber utilizado información privilegiada sobre empresas para beneficiar a colaboradores, amigos y parejas.

Así lo confirmó la página oficial de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que precisó que el multimillonario empresario incluso podría ir a prisión.

El fiscal federal Damian Williams indicó, según el sitio web, que “Lewis abusó de la información privilegiada que obtuvo a través de su acceso a las salas de juntas corporativas para alertar a sus amigos, empleados e intereses románticos”.

“Ahora, pagará el precio con una condena federal, la perspectiva de pasar tiempo en prisión y la mayor sanción financiera por uso de información privilegiada en una década”, añadió.

Además, una de sus empresas, Broad Bay Ltd., “que no detectó ni informó esta mala conducta, también ha tenido que rendir cuentas y se declarará culpable y pagará más de 50 millones de dólares en sanciones financieras”, añadió el fiscal.

Ese monto, según precisó, se compone de “una multa de 15.586.021 dólares y 34.413.979 dólares en decomiso”.

Lewis “se declaró culpable ante la jueza de distrito estadounidense Jessica G.L. Clarke”, afirmó la oficina del fiscal.

Asimismo, Lewis aceptó la responsabilidad de una de sus empresas en “un plan para ocultar la propiedad y el control de las acciones en una compañía farmacéutica a través de un patrón de presentaciones falsas y declaraciones engañosas”.

“Como parte de la declaración de culpabilidad de Broad Bay LTD., Lewis y esa empresa han acordado que renunciarán a su control sobre los puestos de la junta directiva y a la participación en las reuniones de cualquier corporación que cotice en bolsa en los Estados Unidos, dejarán de ser propietarios de ciertas inversiones durante un período de prueba de cinco años y cooperarán con la investigación”, añadió el texto.

Lewis fue detenido en julio del año pasado en Estados Unidos y permanece en libertad tras pagar una fianza de 300 millones de dólares, la más alta de la historia judicial de Nueva York.

Con información de agencias.

IG

Joseph Lewis, el multimillonario británico dueño de la estancia en Lago Escondido en el sur argentino y propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, declaró este miércoles ante la Justicia estadounidense, que lo investiga en una causa penal por fraude financiero y traficar información privilegiada. Fue liberado bajo fianza tras declararse “no culpable”.

La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años, residente en Bahamas, de presuntamente proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados, quienes obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones.

Entre 2013 y 2021, “Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos”, declaró el fiscal Damian Williams.

“Esa gente hizo entonces negocios con esa información privilegiada y ganó millones de dólares en bolsa, porque gracias a Lewis esas apuestas eran algo seguro”, añadió.

Por ejemplo, Lewis es señalado por decirle a una novia que invirtiera en una empresa de biotecnología en julio de 2019, antes que se hicieran públicos los resultados de un ensayo clínico. Tras la conversación, supuestamente entró él mismo en su cuenta bancaria y utilizó casi todos sus fondos disponibles para invertir 700.000 dólares en la empresa, y a continuación vendió las acciones con un beneficio de 849.000 dólares, según la BBC.

“Nada de esto era necesario. Joe Lewis es un hombre rico, pero como alegamos, usó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o para colmar de regalos a sus amigos y amantes. Esa es la corrupción corporativa clásica. Es hacer trampa y va en contra de las leyes, que se aplican a todos, sin importar quién seas”, denunció Williams.

La acusación de 29 páginas enumera los 19 cargos contra el empresario, incluidos varios por “fraude bursátil”, por lo que enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo más grave, precisó la agencia AFP.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el empresario se declaró “no culpable” y quedó libre bajo una fianza de 300 millones de dólares, para la que puso como garantías su yate Aviva de 98 metros de largo y su avión privado, en un acuerdo aprobado por Valerie Figueredo, jueza de instrucción estadounidense . Según el mismo, deberá permanecer en los estados de Nueva York, Georgia o Florida y entregar sus pasaportes.

Más temprano, el abogado defensor David Zornow calificó de “error flagrante” la acusación vertida contra Lewis, según declaraciones al canal británico Sky News. “Es un hombre de 86 años de integridad impecable y logros prodigiosos”, manifestó y añadió que el empresario acudió a los tribunales voluntariamente para responder a los cargos “mal concebidos”, los cuales serían “defendidos enérgicamente en los tribunales”.

En la causa también están acusados Patrick O'Connor y Bryan Waugh, dos pilotos empleados por el empresario para sus jets privados, que también se declararon como “no culpables”.

Lewis es uno de los hombres más ricos del Reino Unido, con un patrimonio superior a los 6.000 millones de dólares, según la revista Forbes: es propietario del Tottenham Hotspur y tiene una participación en la cadena británica de bares Mitchells & Butlers, entre otros negocios.

En la Argentina, el magnate está acusado de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Son sus empleados de Hidden Lake, la firma con la que opera sus negocios en el país, los que impiden el acceso público a este espejo de agua en una estratégica zona de frontera.

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió el año pasado la intervención judicial de esa Sociedad Anónima, por considerarla una “pantalla jurídica” para “frenar la aspiración” de cualquier persona a llegar al lago, pese a que hay fallos judiciales desde 2005 que garantizan ese derecho.

Otra causa vinculada a esa estancia es la que investiga el viaje que realizaron hacia allí en la misma fecha jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº9.

Además, están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos Pablo César Casey y Jorge Rendo de Grupo Clarín.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el rechazo como querellante del Ministerio de Justicia en la causa que investiga el viaje de jueces y funcionarios porteños al Lago Escondido, así como la filtración de chats que revelaron detalles de esa travesía a la estancia del magnate británico Joe Lewis.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que “no están dadas las condiciones que fija la ley para obtener legitimación activa con relación a las hipótesis planteadas en esta instrucción”. “Es cierto que se ha aceptado en otros casos a determinadas agencias del Poder Ejecutivo como querellantes”, pero “ello siempre estuvo (y está) supeditado a la necesidad de comprobar la concurrencia de un plus en el interés que representa el Ministerio Público Fiscal”, plantearon los jueces.

El voto de mayoría el -camarista Roberto Boico votó en disidencia- apuntó que para ser aceptado como querellante, el Ministerio debió haber padecido “un perjuicio especial, singular, individual y directo”, y “dichas condiciones no se encuentran reunidas en las circunstancias que exhibe”. Ratificaron así la decisión del juez Sebastián Ramos, quien había desestimado una presentación del ministro Martín Soria.

“Por un lado, se denunció a funcionarios públicos (jueces federales, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y un fiscal de la misma localidad), entre otros, por supuestamente haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían”, recordó el fallo.

“Por otro -añadieron los camaristas-, se denunció el 'hackeo y el espionaje' que habrían conducido -de forma delictiva- a acceder a comunicaciones realizadas desde los teléfonos de aquellas personas”.

“Incluso tomado como punto de partida la hipótesis desarrollada en la solicitud –que pretende deducir eventuales alcances o conexiones de los eventos con actos propios de la actividad funcional de magistrados-, las características de aquellos no permiten observar que pudieran generar un perjuicio directo a las atribuciones o deberes del Ministerio de Justicia”, insistieron.

LC con información de agencia NA

La abogada y ex senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, denunció penalmente a empleados de Joe Lewis y al gobierno provincial tras los ataques a manifestantes en el camino de Tacuifí. Los funcionarios afectados son la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y el jefe de Policía, Osvaldo Tellería. “Entendemos que con su accionar la ministra de Seguridad y Justicia y el jefe de Policía omitieron actuar para garantizar la seguridad de las personas”, expresó.

El pasado miércoles, 9 manifestantes y una fotoperiodista de Télam fueron retenidos durante 2 horas y recibieron ataques de parte de peones rurales de Joe Lewis, el magnate británico contra el que se movilizaban organizaciones sociales, sindicales y políticas en la Séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido. La columna encabezada por el dirigente peronista, Julio Urien, había intentado el pasado lunes ingresar al Camino de Tacuifí, pero se encontraron con el acceso cerrado por un portón y 30 peones rurales a caballo.

Los manifestantes volvieron a intentar circular por el pasaje dos días más tarde y fueron agredidos por allegados a Lewis que custodiaban la entrada. El diputado y jefe del bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, resultaron heridos por los ataques.

“No se cumplió con la sentencia del juez de Bariloche, que obligó al gobierno de Río Negro a garantizar la salud de las personas. Más allá de que hayan podido salir, entendemos que tiene que haber un proceso penal respecto a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes y de los privados que llevaron adelante la represión”, explicó Odarda.

No es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes. En 2022, en el marco de la Sexta Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, los manifestantes también fueron agredidos por más de 40 personas a caballo armadas, comandadas por Nicolás Van Ditmar. El año pasado, quienes participaron de la movilización también denunciaron el bloqueo del Camino de Tacuifí, que se encontraba vallado con alambre de púas y custodiado con cámaras de seguridad pese a que la cámara de Bariloche había ordenado habilitar el acceso.

Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, apeló la decisión ante el Tribunal Superior de la Justicia, lo que, para los manifestantes, implicó complicidad con Joe Lewis. Esta presunción fue revalidada por la falta de escolta policial para quienes se movilizaron la semana pasada.

Odarda también denunció, el pasado 26 de diciembre, a los jueces del Tribunal Superior de Río Negro Sergio Barotto, Liliana Pichinini, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian por mantener una relación directa con el poder político de la provincia encarnado en magnate inglés. “La recusación tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los magistrados y su neutralidad con el fin de asegurar el debido proceso previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, aseguró.

ACM con información de Télam

La séptima edición de la “Marcha Federal por la Soberanía Nacional” en Lago Escondido concluyó tras varias jornadas de tensión en las que se registraron varios episodios de violencia entre manifestantes y puesteros rurales, en las inmediaciones de la propiedad del magnate británico Joe Lewis.

“Cumplidos los objetivos de haber puesto de manifiesto que el Lago Escondido es patrimonio de todos los argentinos, desde la conducción de la 7ma Marcha Federal por la Soberanía Nacional se ha decidido dar por concluida la misma”, informó la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), encargada de la convocatoria.

A través de sus redes sociales, la organización liderada por Julio Urien destacó que tras una serie de negociaciones con la Gobernación de Río Negro se acordó “el traslado de los integrantes de la columna de montaña, por tierra y en micros”, para luego ser recibidos “como verdaderos héroes”.

“Todos los participantes de la columna de montaña se encuentran en perfecto estado de salud. Los integrantes de la columna del camino público de Tacuifí que fueron arteramente atacados mientras transitaban el mismo se encuentran atendidos y fuera de peligro. La columna que se dirigió al aeropuerto privado de Joe Lewis en Sierra Grande, también cumplió su objetivo de visibilizar esta gran problemática”, subrayó FIPCA.

Un grupo de manifestantes, que formaron parte de la columna “Juana Azurduy”, logró llegar al Lago Escondido, frente a la mansión del magnate británico.

La Fundación afirmó que la marcha a Lago Escondido es “una causa de soberanía nacional” y agradeció a las organizaciones que participaron y a quienes apoyaron por “recuperar el sentimiento patriótico”.

Tal como sucedió en anteriores ocasiones, se registraron incidentes durante la caravana hacia el espejo de agua entre militantes y puesteros rurales, los cuales dejaron un saldo de varios heridos.

CRM con información de la agencia NA

Nueve manifestantes y una fotoperiodista fueron retenidos hoy durante dos horas y agredidos por peones rurales que responden al magnate británico Joe Lewis, en un incidente producido durante la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al espejo de agua, prohibido para el tránsito público.

Ocho personas con heridas de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel, informaron voceros de la organización.

Entre los heridos derivados se encuentran el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, informaron voceros de la marcha.

El resto de los manifestantes retenidos por los hombres de Lewis fueron la fotoperiodista de Télam Alejandra Bartoliche y los manifestantes Leandro Rachid, Alfredo Chávez, Julieta Luna, Marcos Cianni, Joel Sverdlik, Alejandra Portantadino y Gabriel Berrozpe, informaron las fuentes.

En protesta por estos hechos, los manifestantes realizaron un corte parcial de la ruta nacional 40, en el kilómetro 1960, a la altura del paraje Tacuifí, donde nace uno de los caminos que lleva al lago.

Pasado el mediodía, un grupo de manifestantes, junto a la fotoperiodista Bartoliche, logró ingresar por uno de los laterales de este camino, lo que motivó la reacción de los peones rurales que responden a Lewis y Nicolás Van Ditmar, su mano derecha, relataron los voceros.

Luego de haber sido retenidos por más de dos horas, los peones decidieron soltar a los manifestantes.

“Caminamos dos kilómetros para llegar a la tranquera. Fuimos en absoluta paz. Periodistas, dirigentes políticos, cada uno nos presentamos como lo que éramos. Un tal señor Puchi nos dijo que nos vayamos. Empezaron a arriarnos con los caballos y a pegarnos rebencazos. Una joven tiene la cabeza rota por un palazo. Otra tiene un chichón y otro tiene rota la nariz”, relató Bartoliche.

En esa línea, la reportera gráfica remarcó que fue maltratada por los peones, quienes le quisieron “sacar la cámara de fotos”. Y denunció: “Los mismos tipos que nos pegaron vinieron con la policía”.

A su vez, una asesora jurídica de los organizadores de la marcha afirmó que fue radicada una denuncia luego de ocurridos los hechos.

“Está presentada la denuncia en el Juzgado de El Bolsón contra las personas que participaron de la golpiza”, dijo la abogada Cristina Lembeye, asesora de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (Fipca)

Asimismo, Télam pudo confirmar que entre los manifestantes que estuvieron retenidos figuran dirigentes de La Cámpora y otros movimientos.

“Hay gente con bandera argentina defendiendo a un inglés que está usurpando tierras y que no dejan llegar a un lago, que es de los rionegrinos y de los argentinos y de todo el mundo que quiere ingresar a ese lago”, dijo a Télam el diputado por el Frente de Todos (FdT) Daniel Gollán, quien está en la marcha.

Y cuestionó: “¿Qué pasa en Lago escondido? ¿Qué se esconde?. A que vienen fiscales, jueces, gente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de medios? El pueblo quiere saber qué pasa”.

El juez Santiago Morán se presentó en las inmediaciones del Camino del Tacuifí “para constatar los hecho de violencia ocurridos en el día de hoy”, informaron a Télam voceros gremiales y policiales.

Además, dispuso trasladarse al hospital de El Bolsón para “constatar la situación en la que se encuentran los heridos tras la feroz golpiza”, añadieron las fuentes.

Previamente, en un clima de tensión y con más de un centenar de efectivos policiales provinciales custodiando el predio, los manifestantes intentaron avanzar por el Camino del Tacuifí, pero su paso fue impedido por una gruesa reja que el magnate mantiene en el sendero.

Los barrotes del portón habían sido untados con grasa de camión y se había colocado alambres de púas para impedir el acceso de los manifestantes.

Los intentos por derribar el enrejado golpeando en varias oportunidades con piedras y hasta utilizando una amoladora no tuvieron éxito y se produjeron incidentes y forcejeos entre los manifestantes y los más de 25 peones rurales montados a caballo y de a pie, que portaban rebenques y gomeras.

Uno de los integrantes de la marcha -Nicolás Villagra- resultó herido en la cara a causa de un piedrazo de parte de los hombres de Lewis, mientras que otro, Alejandro Magni, fue atacado con gas pimienta.

“Los dos están bien. Fueron atendidos por personal sanitario”, indicó Martín “Grifo” Adorno, responsable de comunicación de la movilización. Y agregó: “Lamentablemente, esperábamos recibir algunas agresiones. No obstante, es fundamental llevar tranquilidad a las familias”.

Entre el personal que atendió al herido por el piedrazo, que fue llevado a una posta sanitaria en la localidad de Río Villegas, estuvo el médico y diputado Gollan.

En ese marco, se presentó una persona que dijo ser abogado y representante legal de Lewis y de los vecinos insistiendo en que querían paz pero que esperaban una resolución definitiva de la justicia para que el tránsito sea público.

Luego, representantes legales de Fipca fueron notificados de que el pedido presentado ayer para “habilitar el camino en un marco temporal corto, determinado y fijo de 24 o 48 horas” fue denegado hoy Morán, titular del Juzgado N°3.

“Nos notificaron del rechazo del amparo por parte del juez Morán con una sentencia que posiblemente tenga algún error”, dijo a Télam una de las abogadas de Fipca.

El error del juzgado, según la organización, radica en que la solicitud no fue por el libre acceso a la costa del lago sino que “sólo se pidió” un ingreso por un breve período para “reabastecer con agua y alimentos” a los manifestantes que arribaron a otra de las cabeceras del lago.

“Pedimos que el grupo de apoyo que se encuentra en el portón pueda ingresar hasta la cabecera Este de Lago Escondido a encontrarse con el grupo de montaña que tiene 61 marchantes hace cinco días, y que no pueden retornar por el mismo camino”, detalló la abogada.

Con información de Télam

El pasado domingo, representantes políticos, gremiales y sociales de más de 120 organizaciones iniciaron la Séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido. La movilización, que pretende llegar a las orillas del lago a través de la estancia de Joe Lewis, busca denunciar la presencia de un enclave británico en la zona. De acuerdo a organizadores de la protesta, allí se encuentra “la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia”.

La columna encabezada por Julio Urien, dirigente peronista y titular de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), avanzó este lunes por la ruta 40 hasta el Paraje Foyel, donde se ubica el ingreso al Camino del Tacuifí. La caravana de más de 500 militantes iba a tomar dicho acceso para llegar al lago, pero encontraron el paso bloqueado por un portón y un grupo de más de 30 peones rurales a caballo.

El camino debería estar habilitado para libre circulación en línea con la orden de “abrir y otorgar transitabilidad al Camino de Tacuifí, señalizar el Camino de Montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad”, emitida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche Sin embargo, continúa bloqueado por un portón y señalizado como un “camino rural privado” por la Comisión de Fomento El Manso.

Este martes, las organizaciones que participan de la marcha presentarán un recurso a la Justicia para que libere el acceso al público, según especificó Urien. Organizaciones encabezadas por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se movilizarán hoy para exigir el cumplimiento de los fallos judiciales que ordenan acondicionar las vías de acceso al lago. “La marcha va a ser multitudinaria. Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a la Nación que no sigan haciéndose los distraídos”, comunicó Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE.

Estas organizaciones también denunciaron este lunes la inacción de parte de Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, y la complicidad de las fuerzas de seguridad con Lewis. Los integrantes de la movilización rechazaron la decisión del gobierno provincial de desafectar a la policía de la marcha y aseguraron que la medida allana el camino para posibles enfrentamientos entre las organizaciones y quienes bloquean el paso. “Lewis busca la violencia y quiere una pelea de pueblo contra pueblo”, aseguró Urien tras reafirmar el carácter pacífico de su columna y denunciar provocaciones de parte del personal de seguridad de Lewis.

Además, la izquierda se sumó a la séptima marcha al Lago Escondido. Celeste Fierro, dirigente del MST-FIT Unidad, manifestó: “Joe Lewis tiene una sede del imperialismo británico en la Patagonia y gracias al PJ, la UCR, jueces y fuerzas de seguridad lo mantiene con total impunidad. No solo compró tierras que nunca debió adquirir, sino que burla las resoluciones sobre el acceso público al Lago del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro y de la Cámara de Bariloche”.

En 2022, durante la sexta marcha a Lago Escondido, quienes marchaban sufrieron hostigamiento de parte de más de 40 personas a caballo armadas y comandadas por Nicolás Van Ditmar, que obstaculizaron el libre tránsito.

Mientras estas agrupaciones reclaman la apertura del camino de Tacuifí, la columna “Juana Azurduy”, encabezada por Alejandro Meyer y Sergio Cuestas, avanza hacia el lago por el Camino de la Montaña. 

ACM con información de Télam.

La irrupción de Juan Grabois y un grupo dirigentes sociales en la propiedad Joe Lewis en Lago Escondido llegó a su fin. Al menos por ahora, ya que el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) anunció que se retiraba junto al grupo de más de ochenta personas con los que se filtró en la estancia del magnate británico e instaló un acampe, pero prometió volver. “Estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Vamos a volver a hacerlo todas las veces que sea necesario, acá y en cualquier otro territorio donde se está violando la soberanía”, advirtió.

Los manifestantes fueron retirados por la policía de la provincia y un grupo de fiscales a cargo, entre ellos Francisco Arrien, de El Bolsón. Habían llegado hasta el lugar por un camino de ripio el pasado martes para denunciar la existencia de “un Estado paralelo” y “solo accesible los jerarcas del poder judicial, las fuerzas de seguridad, los medios hegemónicos y los políticos serviles al poder real”. También por “las ocupaciones ilegales de Joe Lewis en el sur”.

La noticia, por otro lado, se produjo luego de que se filtraran una serie de videos en los que se ve a Grabois y su grupo, que llegaron a desplegar hasta nueve carpas a la orilla del famoso espejo de agua y cruzarse con trabajadores del lugar y efectivos policiales de la provincia. La tensa situación fue difundida por Hidden Lake S.A., la empresa que se encarga de administrar la propiedad de Lewis, de 85 años y dueño de la séptima mayor fortuna de Inglaterra.

En los documentos, se lo ve al también líder del Frente Patria Grande decirles “chupamedias del inglés” a los empleados y que “si hay alguno que tiene espíritu de inglés, que se vaya a Inglaterra y a otra cosa”. También se puede ver a Grabois recordarles el “color de piel”. “Yo sé que ustedes tienen un empleador inglés, sé que no es su culpa, sé que están laburando. El inglés los desprecia a ustedes igual que nos desprecia a nosotros”, les dijo Grabois, que estuvo acompañado por Federico Fagioli, uno de los diputados del Frente Patria Grande, que forma parte del Frente de Todos (FdT).

En medio de esa tensa situación, por otro lado, se escucha la respuesta de un empleado. “Yo estoy laburando, loco. Todos los días laburo yo. ¿Por qué no vienen cuando hay un incendio? ¿Por qué no vienen cuando hay un metro de nieve y la gente no puede salir?”.

Reafirmación de soberanía

En una conferencia de prensa desde El Bolsón, Grabois junto al diputado Fagioli y el resto de la delegación, hablaron sobre el acampe en el Lago Escondido. Grabois aseguró que fue “con el objetivo de hacer una acción de reafirmación de la soberanía nacional y lo logramos, por eso están enojados, dicen mentiras, inventan una agresión a una persona que no fue tal”. De esta manera, desmintió las versiones periodísticas y contó cómo fue la situación.

“Los lagos y sus costas son territorio nacional, patrimonio de todo el pueblo. Nadie tiene derecho a cerrar los accesos y menos en el caso del magnate Lewis, que van 20 años de incumplimiento del fallo para abrir el acceso público y seguro para que cualquier familia argentina pueda ir a disfrutar el lago escondido que es de lo más hermoso que tiene nuestro país” dijo Grabois.

El dirigente desmintió las versiones periodísticas que afirman que agredió a una mujer y contó que un grupo debía salir por razones de salud, la policía no los dejaba y tras dos horas de negociación, cuando ya estaban por salir, un auto de la “patota” de Lewis se puso adelante para impedirlo. En ese momento, el dirigente social se dirigió hacia ese auto con intención de correrlo. “Si en ese forcejeo se cayó el celular de una persona que estaba ahí, le pido disculpas a esa persona, pero no es verdad que hubo una agresión”.

Grabois denunció además que Lewis y sus testaferros tienen otras dos propiedades en zona de seguridad nacional. Una pista de aterrizaje “desde donde se hacen vuelos a Islas Malvinas” y la Estancia El Cóndor en estrecho de Magallanes “que cierra el triángulo”.

Y dijo que el gobierno de Río Negro está en “desacato” de un fallo del tribunal superior de justicia de la provincia. “Tenía hasta septiembre para abrir un camino” hasta el lago, dijo. “Esperemos que lo cumpla de inmediato”.

Denuncia

Desde Hidden Lake S.A. anticiparon que denunciarán a Grabois por “violación de domicilio, intrusión, amenazas, daños a la propiedad privada y violencia de género” por haberle pegado un manotazo a una trabajadora que lo filmaba con su celular. Denunciaron que Grabois junto a más de 80 personas “violentaron el ingreso a la propiedad” y afirmaron que “hay un guardia y 300 empleados”.

Más temprano, desde el Frente Patria Grande publicaron un hilo de Twitter donde afirmaron que se les cortó adrede la comunicación y dieron su versión de los hechos. “Suponemos que fue inhibida como forma de amedrentamiento y aislamiento comunicacional. Todos los integrantes estaban bien, aunque durante el día sufrieron distintos tipos de hostilidades por parte de las patotas de Lewis”, apuntaron.

Con información de agencia NA

La justicia federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.

El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó ayer personal de fuerzas federales de seguridad, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

La medida se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la escapada sureña.

La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido.

“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5”, sostuvo la fiscal.

“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo.

“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, afirmó en relación al exespía Leonardo Bergroth y al empresario Tomas Reinke.

En la primera repercusión política tras el allanamiento, el diputado Leopoldo Moreau publicó hoy en Twitter: “La fiscal de la causa que investiga a los jueces y fiscales mafiosos que fueron invitados por Clarín y Telecom allanó durante varios horas la mansión de Lago Escondido. Se llevó mucha documentación y testimonios. Parece que Casal y Casanova fracasaron y no la pudieron intimidar”.

Ayer, en tanto, se conoció que la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando (provincia de Buenos Aires), la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche (Rio Negro) para hospedarse luego en Lago Escondido en octubre pasado.

El allanamiento se llevó a cabo durante el fin de semana y busca establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido de la que participaron también directivos del Grupo Clarín.

Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.

Los investigados en esta causa son los jueces Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A. Tomás Reinke.

La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación, quienes no habrían compartido el vuelo con el resto de los imputados pero sí se reunieron con ellos en el aeropuerto de Bariloche, según surge de los registros fílmicos incorporados al expediente en la investigación preliminar.

En el requerimiento de instrucción, la fiscal detalló que el avión en el que se trasladaron la mayoría de los investigados pertenece a una empresa que posee un nombre de “fantasía”, conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.

“A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habrían viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ´contado´ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, remarcó la fiscal.

Esos señalamientos de la fiscal generaron una batería de medidas de prueba tendientes a determinar cómo se financió el viaje para lo cual deberá comprobarse si los comprobantes aportados al expediente son genuinos o corresponden a una maniobra urdida para tapar que en realidad el viaje no fue pagado por los jueces y funcionarios que lo abordaron.

Etchepare consignó también en su requerimiento de instrucción de la semana pasada que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco a fines de octubre, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de ese mes viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.

El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.

“Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”, remarcó la funcionaria judicial.

Etchepare indicó que “en cuanto a los pasajeros arribados” a Bariloche ese día “no figura en ninguno de los vuelos el expresidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo”.

Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) “la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado”.

“Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia 'Lago Escondido', puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local, principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia”, añadió.

Con información de agencias.

IG

Mientras el Gobierno de Alberto Fernández denunciaba en Bariloche a los jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y sólo a uno de los ejecutivos del Grupo Clarín involucrados en los chats del caso Lago Escondido, en los tribunales de Comodoro Py, distintos expedientes iniciados por dos de los pasajeros del viaje a la propiedad del magnate británico Joe Lewis se movían con sigilo en el marco de la “contraofensiva”. Así lo pudo determinar elDiarioAR de fuentes con conocimiento directo de los hechos.

El juez federal Pablo Yadarola, del fuero Penal Económico, presentó el fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal, luego de que comenzaran a circular por internet conversaciones que había mantenido mediante la aplicación Telegram y en las que figura junto al resto de los involucrados planificando cómo enmascarar el viaje sospechado de dádivas -se investiga si fue costeado por Clarín y Lewis- e influir en la investigación judicial de Bariloche para que la fiscal y la jueza cierren la causa.

La denuncia del juez Yadarola recayó por sorteo en el juzgado federal de Julián Ercolini, otro de los jueces involucrados en el caso Lago Escondido. La causa quedó delegada en el fiscal Eduardo Taiano, también de turno el día de la denuncia. El domingo 4 de diciembre por la mañana, cuando los chats y audios que revelaban la supuesta maniobra fueron publicados por medios de comunicación, Ercolini le solicitó a su colega Marcelo Martínez de Giorgi que asumiera momentáneamente en la causa, ya que el propio juez está implicado en los hechos. 

En ese primer momento, Ercolini apeló a la figura de “ausencia momentánea del juez” para no intervenir en las primeras medidas del expediente. Martínez de Giorgi ordenó a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que rastreara la dirección de IP desde la cual se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono hackeado de D’Alessandro. El juez también consultó a los expertos si el sitio web podría bloquearse o darse de baja. Al día siguiente, ya en tribunales, se envió la causa a sorteo para que quede radicada en un nuevo juzgado federal de Comodoro Py, el número 12, que está vacante y se encuentra subrogando el juez Ariel Lijo, según información judicial.

A través de una página web, el o los hackers solicitaban apenas 600 dólares por la información y a pedido de distintos usuarios dieron “pruebas de vida” de los chats del ministro de Seguridad porteño: publicaron capturas de tres conversaciones de Telegram: la ya conocida sobre el caso Lago Escondido; una comunicación entre D’Alessandro y el empresario Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors; y un tercer chat entre el funcionario y un contacto agendado como “Fede”, sobre los que se publican detalles en elDiarioAR junto a las versiones de los involucrados. “Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal”, afirmó D’Alessandro a este medio.

Aún no está claro quién armó el sitio web “Patagonian Facts”, en el que se publicó el chat completo del grupo de Telegram sobre el caso Lago Escondido; si la información fue comprada por alguien a los hackers o si los mismos que vulneraron la línea de D’Alessandro decidieron hacer público parte de los 908 chats que se jactaron de haber obtenido de la aplicación de mensajería utilizada por el ministro porteño.

El hackeo

¿Qué saben las autoridades hasta el momento sobre el hackeo? Existe otro expediente, precedente al iniciado el fin de semana por el juez Yadarola. El ministro porteño D’Alessandro y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y antecesor de D'Alessandro en el ministerio de Seguridad porteño) denunciaron que sus teléfonos celulares -en realidad sus líneas- fueron hackeados con dos días de diferencia en octubre último. La denuncia quedó a cargo de la jueza María Servini, quien en los últimos días se excusó de intervenir por ser allegada a ambos denunciantes. También hay una denuncia de D'Alessandro en la fiscalía de Delitos Informáticos de la Ciudad.

El 5 de noviembre, Clarín publicó detalles de la denuncia, ratificados por este medio con fuentes directas del caso: información proporcionada por Movistar determinó que los hackers tomaron el control de las líneas de los celulares de ambos durante unas 20 horas e incluso mandaron mensajes e hicieron varios llamados al exterior. ¿Cómo lo hicieron? 

La maniobra de sustracción de la línea telefónica de D’Alessandro se realizó el 19 de octubre a las 15:26 a través del cambio de la tarjeta SIM, mediante la modalidad de autogestión, de acuerdo con la denuncia a la que accedió elDiarioAR. 

Los hackers adquirieron un nuevo chip en El Dorado, Misiones, en la frontera con Paraguay. Realizaron un trámite online de autogestión en Movistar en el que debieron responder una serie de preguntas de seguridad que D'Alessandro y Santilli habían configurado. Tras ingresar las respuestas correctas, lograron apoderarse de sus líneas. Ambos dirigentes están convencidos de que fueron objeto de una operación de inteligencia. Las preguntas y respuestas de seguridad estaban basadas en información de índole personal de difícil acceso, según allegados.

“Esa circunstancia derivó en que se viera afectada mi conectividad y si bien a partir de mis reclamos pude recuperar la misma, para lo cual tuve que instalar un nuevo chip, quienes sustrajeron momentáneamente mi identidad intentaron acceder a información de carácter personal y confidencial tales como mis contactos personales y contenido de mensajes de Whatsapp”, explicó D’Alessandro en su denuncia. 

En los tribunales de Comodoro Py arriesgan otras hipótesis: los judiciales creen que el hackeo podría ser una maniobra en el marco de la interna política de Juntos por el Cambio, es decir, perpetrado por sectores de inteligencia paralela que responden al espacio político que integran Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patria Bullrich, en plena disputa por las elecciones presidenciales de 2023; o una operación de los servicios que responden al kirchnerismo, ya que la publicación de los primeros chats sucedió cinco días antes de la sentencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y uno de los involucrados es el juez que instruyó la causa del juicio: Ercolini. La expresidenta y el Gobierno capitalizaron rápidamente el efecto de los chats. Fernández de kirchner acusó a los integrantes dle chat filtrado de integrar la “mafia judicial”.

Chats a la venta

El viernes 2 de diciembre a las 12:55 del mediodía, un usuario de Twitter dio la primera alerta sobre la venta de información del teléfono de D’Alessandro en el sitio web. Otro usuario creó la publicación el 1° de septiembre a las 23 horas. “Estoy vendiendo la data completa exportada de Telegram del teléfono del ministro argentino +500MB $600 (nota del autor: dólares). Only BTC o Monero” (en referencia a las criptomonedas), publicó en inglés, con una captura de parte de la información del Telegram de D’Alessandro: “908 chats, 4.099 contactos, 24 frecuentes”.

Es la única publicación del usuario en este foro, que se adjudica ser la “continuación” de Raid Forums, otro sitio dedicado a los mismo fines que se abrió en 2015 y fue dado de baja este año, tras la intervención del FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según pudo corroborar elDiarioAR de una fuente directa del caso.

Tras su publicación, otros usuarios interesados en la información, le solicitaron “pruebas de veracidad” y el publicador accedió a publicar una serie de imágenes de la información.

Allí ofreció capturas de los contactos de Telegram del teléfono de D’Alessandro, como el agendado como “Daniel Angelici”, y un intercambio puntual de llamadas y mensajes de Telegram entre el ministro de Seguridad porteño y el empresario de los bingos, amigo del expresidente Macri y ex presidente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), sindicado como uno de los “operadores judiciales” de Juntos por el Cambio.

Una de las IPs utilizadas por el sitio web en el que se puso el contenido del teléfono a la venta pertenece a una entidad radicada en Rusia. A su vez, el dominio que se utilizó para alojar el contenido y venderlo, está registrado en un portal con base en Finlandia.

El sitio web en el que se difundieron los chats entre los jueces, ejecutivos de Clarín, D’Alessandro y otros sobre el caso Lago Escondido utiliza una IP propiedad de Cloudflare Inc., una red de entrega de contenido que opera como intermediaria entre el usuario y el proveedor de alojamiento del sitio web, con sede en San Francisco, Estados Unidos, que tiene antecedentes de haber aportado información a fuerzas de seguridad ante un requerimiento y bloquear contenidos denunciados o dar de bajo el dominio que los publicó, explicó una fuente del caso a este medio. 

Nota: esta nota se completó a las 15:37 del 8 de diciembre de 2022 para informar que la causa iniciada por la denuncia de espionaje ilegal, según información judicial, está desde un comienzo delegada en el fiscal Taiano y tras el nuevo sorteo del expediente quedó radicada en el juzgado federal número 12, subrogado por el juez Ariel Lijo.

ED/MG

Hace ya tres décadas que la multiplicación de las comunicaciones, primero en computadoras y luego en celulares, tiene un correlato en el almacenamiento infinito de esos intercambios y archivos digitales. Antes, las cartas, los diarios y los documentos se volvían amarillentos en algún cajón del placard o en un estante de una hemeroteca. Podía ser difícil acceder a ellos, pero todos sabíamos que estaban allí; bastaba con conseguir la llave o gestionar el permiso del bibliotecario.

En el siglo XXI convivimos con una presunción que equivale a autoengaño. Los metadatos van y vienen, vaciamos el chat, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, cambiamos el celular, pasamos a Telegram cuando WhatsApp comete alguna torpeza, creemos que ganamos la batalla cuando logramos quitarle un permiso al fisgón irredento Google. Alivio, el pasado se evapora. Y sin embargo, la misma tecnología que habilitó el intercambio instantáneo e infinito es la que permite que millones de terabytes conservados en estado gaseoso en alguna galaxia regresen a Tierra como dagas prestas a cortar cabezas. La distancia del rescate, que Samantha Schweblin pensó para otro relato, no está en manos del dueño del archivo —hasta el siglo XX, el receptor de la carta— o el bibliotecario municipal. Hoy, los verdaderos dueños de la nube son los servicios de Inteligencia estatales o paraestatales, Google, Facebook, Elon Musk, las grandes corporaciones, un data entry traidor o, cada vez menos, los hackers quince-veinteañeros que operan desde un garage en algún pueblito de Córdoba, Sicilia o el Kurdistán.

Bienvenidos a la era de las filtraciones: cambió el periodismo.

Los últimos quince años se vieron sacudidos por leaks globales que dieron cuenta de lógicas y tramas del poder. El submundo de dinero negro y realpolitik que marcha a contramano de las cumbres del G20 quedó expuesto, por ejemplo, en los 251.287 documentos del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks (2010) o los Panamá Papers sobre la caja B de los millonarios (2016).

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad

Esas megafiltraciones conmovieron al mundo, pero hay otras, más caseras, que suelen alterar la vida de los países incluso con mayor intensidad. Por ejemplo, el periodista Luis Majul narró que el 23 de febrero de 2017, mientras corría por los bosques de Palermo, se le acercó una persona y le entregó audios de aparentes conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli. Este fin de semana, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil publicaron el supuesto intercambio en Telegram entre el ministro de Seguridad de CABA, cuatro jueces, dos directivos de Clarín, dos exagentes de Inteligencia y un fiscal para fraguar pruebas y apretar gente con el fin de desmentir una invitación del grupo periodístico a una estancia en la Patagonia propiedad de Joe Lewis, magnate amigo de Mauricio Macri. El chat habría sido creado el 17 de octubre, día en que Página 12 informó sobre la excursión.

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad. La soldada Chelsea Manning hizo más por la integridad moral de Estados Unidos que todos sus últimos presidentes, pero no dejó de vulnerar una norma cuando rompió la confidencialidad que suponía su puesto y entregó los documentos del Departamento de Estado a la organización WikiLeaks.

No espiarás

Las nuevas prácticas que enfrenta el periodismo disparan varias preguntas. La central: ¿Qué debe hacer un medio de comunicación cuando recibe una filtración producto de un delito que cometió un tercero, sea la violación de la intimidad o la confidencialidad de un documento?

En primer lugar, no participar del delito. Grabar con cámara oculta un testimonio privado, comprar contenido producto del espionaje, incorporar al equipo periodístico a un agente de la SIDE y participar de una extorsión con información privada en tándem con un fiscal o un juez no sólo son faltas éticas, sino que vulneran la ley. Parece obvio, pero el periodismo argentino, sobre todo el más premiado por sellos que dicen defender la libertad de expresión, ofrece un reguero de ejemplos recientes sobre esas prácticas.

Segundo, corroborar que la filtración sea tal y no un mero artificio. Cuando Clarín informó en marzo de 2015 que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una sociedad radicada en Bélice que tenía depositados US$ 41 millones, la nota en cuestión contenía códigos, nombres y fechas. Todo falso. Similar fue el derrotero cuando el kirchnerismo agitó en octubre de 2005 la denuncia de cuentas en el exterior del entonces candidato a diputado del ARI Enrique Olivera. Y lo mismo ocurrió diez años después, días antes de la elección presidencial de 2015, cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich dijeron haber recibido un listado de políticos, jueces y periodistas que eran espiados por el Gobierno de Cristina desde una central ubicada en San Cristóbal, con amplia repercusión en Infobae y Clarín. Un listado con nombres impactantes que, después de la victoria presidencial de Macri, quedó en la nada.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat de Lago Escondido y éste ratificó la existencia de las conversaciones al declararse víctima de un hackeo.

Separados los tantos, si hay legítimo interés público, hay noticia.

Ciertas obligaciones corresponden al Estado, como el secreto fiscal, pero ningún periodista está obligado a dejar de develar la identidad de un coimero o de un evasor que blanqueó decenas de millones de dólares. El público tiene derecho a ser informado sobre la doble faz de los poderosos que se amparan en artilugios legales o se valen de su capacidad de influencia.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat y éste ratificó la existencia de las conversaciones y repudió el hackeo

Lo mismo cabe para cualquier delito, real o tentativo, que quede expuesto en un diálogo de Telegram, como la intención de fraguar facturas para eludir una acusación por dádivas, “limpiar a un mapuche” o prenunciar la detención ilegal de un funcionario al que consideran molesto, como habrían discutido, sin que nadie presentara la más mínima objeción, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, los hombres de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, y los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, entre otros imprudentes del Lago Escondido.  

El runner de Palermo

El derecho del ciudadano a acceder a la información no se sobrepone al derecho a la privacidad. Aquí entra a jugar la edición periodística.

El intercambio del grupo “Operación de Página 12” que creo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y organizador de la excursión, quedó transcripto en un link abierto en internet. Allí aparecen presuntos delitos como los mencionados, pero también datos privados y opiniones sobre terceros descerrajadas por los integrantes del chat. Hay insultos y expresiones en su literalidad racistas, homofóbicas y machistas que cobran un sentido distinto si son proferidas en público que si forman parte de un diálogo cerrado entre compinches. Nadie habla con los mismos términos en la cocina de su casa, la cancha, la oficina o la Sala de Conciertos de Estocolmo en la ceremonia del Nobel. En las formas del decir, el contexto es un montón. Aunque el morbo sea grande, la divulgación de opiniones reservadas meramente valorativas equivale a traicionar el derecho a la privacidad.

Esta variante lleva a las conversaciones entre la vicepresidenta y Parrilli que le acercaron a Majul en 2017. El trato (“soy Cristina, pelotudo”) que se dispensan personas que se tienen máxima confianza, como los hoy senadores, forma parte de su acuerdo mutuo. Lo único que probó la filtración es que Cristina es malhablada en la intimidad. Transcribir las opiniones y elucubraciones entre la jefa de la oposición con su principal ladero no es ni más ni menos que espionaje político, y alguien podría pensar que un Gobierno presidido por Macri, con maestrías y doctorados en inteligencia ilegal sobre propios y ajenos, pudo haber estado vinculado al runner que alcanzó a Majul en Palermo.

No recortarás

No corresponde publicar filtraciones truchas, ni opiniones meramente valorativas, ni información privada, ni recortar el contenido para beneficiar a los propios y perjudicar a terceros.

WikiLeaks, Swiss Leaks y Panama Papers fueron muestras de cómo La Nación, el medio argentino que encabezó las filtraciones, recortó el contenido más de la cuenta, incluso pese a la intención de los periodistas que trabajaron arduamente en dilucidar los datos. Luego, otros medios incurrieron en prácticas similares en sentido contrario, y muy pocos se animaron a tocar el tabú de los empresarios periodísticos, en un acuerdo transversal. Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee.

En el supuesto diálogo del grupo de Telegram creado el 17 de octubre, D’Alessandro, los Mahiques, Rendo y compañía hacen alarde de su influencia para acallar medios. Se los percibe muy conscientes de cómo aplanar la polémica generada por el viaje pagado por Clarín. Rendo y Casey se ocupan del contenido editorial de su diario y sugieren estrategias para condicionar a La Nación. D’Alessandro, integrante de un Gobierno anclado como ninguno en la pauta publicitaria, mapea medios y periodistas. Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, es citado llamando a varios de los contertulios con el compromiso de mantener a raya al Grupo Indalo. Todos parecen preocupados por Infobae. A los periodistas de El Destape y de Octubre (Página 12, AM 750) los tratan con furia y desprecio. Con el paso de las horas y de los días, los falsos excursionistas de pesca con mosca parecen celebrar el éxito de que el tema no trascendiera mucho más allá de la nota original de Página 12.

Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee

Día y medio después de la publicación del supuesto chat de Lago Escondido, el ministro D’Alessandro reaccionó a la filtración y arremetió en Twitter contra la “mafia kirchnerista”, denunció espionaje y concluyó: “Nadie les cree”. Lo respaldó todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, al unísono. Patricia Bullrich se tomó su tiempo y emitió un tuit con indignación medida. Margarita Stolbizer se distanció y demandó otras prácticas de los políticos en general. El resto de Juntos por el Cambio, incluido Macri, se mantuvo en silencio, aunque la experiencia indica que esa coalición no se quiebra, ni se dobla, ni se inmuta cuando es atravesada por relaciones indebidas con espías, jueces y periodistas.

Horas después, en la antesala de la sentencia contra Cristina en la Causa Vialidad, Alberto Fernández mencionó la excursión como supuesta prueba del lawfare y anunció una denuncia penal para dilucidar la financiación.

Hasta que habló el Presidente, los tres portales más difundidos eligieron no informar sobre el tema. Como si la coordinación subterránea que trasunta el diálogo en Telegram fuera cierta. 

SL

SL

En un mensaje sorpresivo y en cadena nacional, el presidente Alberto Fernandez habló este lunes por cadena nacional para anunciar que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Para Fernández se trata de “promiscuidad antirrepublicana” que puede recibir una sanción penal por los delitos de “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El Presidente habló poco después de que se filtraran chats entre los que abordaron el avión privado que los trasladó hasta aquel paraje paradisíaco de la Patagonia. Pero también lo hizo horas antes de que se conozca la sentencia en la Causa Vialidad en la que su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está acusada de liderar una asociación ilícita destinada al manejo irregular de la obra pública a lo largo de los doce años de gestión kirchnerista. Por ese delito, la fiscalía pidió que se la condene a 12 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes”, dijo el Presidente por cadena nacional. Se refería el viaje que jueces y fiscales habrían realizado a Lago Escondido, en la Patagonia, junto a empresarios del Grupo Clarín.

Fernández anticipó que pidió a su ministro de Justicia que solicite ante el Ministerio Público Fiscal que se investigue el supuesto viaje, mientras que a los legisladores porteños del Frente de Todos les pidió que  evalúen “la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados”. Concretamente, se refirió a Marcelo D’Alessando, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta; y Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una operación que empezó el viernes y ayer tomó volumen. De forma falsa e ilegal se realizó un posteo de un supuesto grupo, cosas editadas y armadas, algo muy peligroso que daña a las instituciones, con el fin de dejar entrever que hay una relación para generar el lawfare y afectar a la que denominan la jefa”, se defendió esta mañana D’Alessando al hablar por radio Mitre.

El viaje a Lago Escondido fue consignado por elDiarioAR el pasado 26 de octubre. Ayer,  Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, difundieron chats donde los participantes habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su viaje. Según trascendió, el acceso a los mensajes fue por medio del hackeo del celular de uno de los participantes.

Los mensajes que se conocieron fueron de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

Ercolini fue quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa vialidad.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, dijo el Presidente quien adelantó que pedirá en el Consejo de la Magistratura un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales que participaron del viaje.

En otro tramo de su mensaje, el Presidente dio por descontado que la filtración obedece a un hackeo y explicó que recurrió a un mensaje por cadena nacional ya que “es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”.

“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”, sintetizó el Presidente.

Mensaje del presidente Alberto Fernández

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. 

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que  avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación

Muchas gracias.

La versión de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.

El episodio fue difundido hoy por el diario Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, en base al hackeo de una línea de celular de uno de los implicados. Los medios accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

El juez Ercolini estuvo a cargo de la instrucción de la causa conocida como “Vialidad”, por la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de defraudación al Estados y asociación ilícita en la adjudicación de obra pública a Santa Cruz durante sus dos gobiernos. Este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer su veredicto sobre el juicio.

El viaje de los jueces fue consignado por elDiarioAR el pasado 26 de octubre, dos semanas después de producido. Los jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura porque habrían incurrido en “mal desempeño de sus funciones”, según la denuncia. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del empresario británico Joe Lewis. A la par, hay una causa contra los jueces por “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias”, abierta por un abogado de Río Negro, en la Fiscalía Federal de Bariloche.

El viaje se concretó el jueves 13 de octubre, y cuatro días después, tras la filtración del encuentro en Bariloche, de acuerdo con la filtración, los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos medios.

Según las filtraciones conocidas hoy, los involucrados intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de “dádivas” (recibir regalos o prebendas que son entregadas “en consideración de su oficio” y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.

Ante una consulta de la agencia oficial Télam en el mismo sentido, desde el equipo de colaboradores de D'Alessandro contestaron que la difusión de los audios de la aplicación Telegram “es un tema muy preocupante” que atribuyeron a un “montaje” o a una “acción de servicios de inteligencia que penetraron el teléfono sin ninguna legalidad”, lo cual configura un “hecho delictivo”, remarcaron.

Según los colaboradores de D'Alessandro, el ministro porteño había denunciado hacía tiempo el robo de su línea de celular -producido el 19 de octubre- a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, que está a cargo de la fiscal Daniela Dupuy. El chat de Telegram hackeado estaba en ese celular.

“En la fiscalía de Cibercrimen se determinó que la línea había sido usada con mensajes en el exterior”, añadieron, y sobre los mensajes de audio filtrados este domingo dijeron que en la reproducción del contenido los nombres que D'Alessandro tenía agendados en su teléfono están escritos de otra forma, como si hubiera existido “una edición”. “Hay grupos que operan así”, señalaron para advertir que el ministro pedirá una investigación “a fondo”.

En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.

En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a quien algunos de los involucrados en la conversación consideran sospechoso de la filtración del viaje; también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del Frente de Todos, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.

Contactados por elDiarioAR, dos de los mencionados en las publicaciones se excusaron de hacer comentarios por el momento. Otros tres aún no habían respondido la consulta. El diario Perfil publicó un descargo que le hicieron llegar colaboradores del jefe de los fiscales de la Ciudad y del ministro D'Alessandro, de acuerdo con la versión, propietario de la línea de celular hackeada que contenía el grupo de Telegram. Ante la consulta de elDiarioAR, en la cartera de Seguridad porteña dijeron que no habrá respuesta por el momento.

Con información de Télam

Cinco jueces que viajaron hace dos semanas en un avión privado a la estancia que el empresario inglés Joe Ted Lewis posee en Río Negro fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura porque habrían incurrido en “mal desempeño de sus funciones”. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del millonario británico. Los acusados son Julián Ercolini, del Juzgado Federal 10; Carlos Mahiques, presidente de la sala II de Casación Penal; Pablo Cayssials, del Contencioso Administrativo Federal 9 y Pablo Yadarola, del Penal Económico 2. Como agravante, para abrazar a su anfitrión –una vez aterrizados en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, en un vuelo de la empresa Flyzar–, los magistrados pasaron por el camino Tacuifí, que Lewis mantiene cerrado hace décadas y vallado desde la pandemia, pero que sus empleados abren para los visitantes VIP, entre ellos el camarista Mahiques, quien hace pocos meses se pronunció a favor del hijo del poderoso anfitrión en el juicio por la ilegalidad de su presencia en esas tierras.

Desde 1996 cuando Lewis desembarcó en la Patagonia hay dos causas en su contra: fue acusado de comprar de manera fraudulenta las 12 mil hectáreas en esa parte paradisíaca de la provincia de Río Negro –donde contruyó una fastuosa mansión y una estancia que cuenta con una catarata artificial, una pista de karting y un zoológico–, y otro proceso por haber bloqueado un camino público de acceso al Lago Escondido, iniciado hace casi dos décadas por Magdalena Odarda, ex senadora justicialista y ex presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). En consonancia con el abogado Almonacid, quien sostuvo que “hay estándares objetivos que se habrían violado a tener en cuenta respecto de las supuestas conductas ejercidas por los magistrados denunciados”, al difundirse el encuentro que sus protagonistas denominaron pretenciosamente “retiro espiritual”, Odarda expresó que “Mahiques debería ser enjuiciado en la Magistratura”. 

Aunque la justicia ordenó abrir en forma permanente el camino al Lago Escondido esto no se concretó, y mientras tanto se sustancia la apelación de la provincia de Río Negro, una vez más del lado de los intereses de Lewis. Detrás de la anécdota, se encuentra la historia de la compra fraudulenta del campo y la violación de legislación argentina, entre otros aspectos, por el aeropuerto inglés que Lewis construyó, ubicado a dos horas de las Islas Malvinas sobre área de frontera.

Lago muy escondido

Junto a “sus señorías'' fueron parte del convite Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el experto en campañas digitales, Tomás Reinke y el ex jefe de Asuntos Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth. 

El Camino de Tacuifí tiene 19.5 km desde la ruta nacional 40 al Lago Escondido. Durante la inspección ocular ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, el día 19 de marzo de 2011, su presidente, juez Alberto Balladín; Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, y la autora del pedido de amparo contra Lewis, la senadora Magdalena Odarda, tuvieron que cruzar los ríos Foyel y Escondido por el agua. El abogado de Lewis les dijo que los puentes pertenecen a la corona británica, que son propiedad privada, y les ordenó que pasaran por el agua caminando. No es que antes no hubiera puentes públicos, Lewis los mandó a dinamitar.

 Desde 1996 esa vía de acceso al Lago Escondido estuvo cerrada con tranqueras, y cuando alguien pretende pasar le responden que usen un extenso camino de montaña muy difícil de recorrer. Desde la pandemia el multimillonario ordenó poner altas vallas con alambres de púa y cámaras de vigilancia que se manipulan desde la estancia. La estructura se puede observar desde la ruta.

El camino está afectado al uso público por sentencia del 2013, pero no se hizo nada para abrirlo. A nivel municipal, el Jefe de Gabinete local, Marcos Barberis, había explicado que se están “observando los accesos para determinar cuáles, catastralmente, están invadiendo zonas públicas o impidiendo el paso”. 

Los tripulantes del avión

 Carlos Alberto Mahiques integra la sala III de la Cámara de Casación que el 15 de septiembre de 2021, junto a Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci, dictó el sobreseimiento de Charles Barrington Lewis y los funcionarios implicados en la compra de las tierras del Lago Escondido, 8.063 has. en el paraje rionegrino de El Foyel. La denuncia originaria de la causa los acusaba de fraude a la ley argentina porque se constituyó una empresa nacional, HR Properties Bs Ab, el 19 de junio de 1996, con capitales y un titular argentinos, pero dos meses después se inscribió en la Inspección General de Justicia (IGJ) como Hidden Lake S.A. De esa manera, la autorización de la autoridad nacional se concedió a una sociedad argentina, pero el dominio de las tierras se inscribió a nombre de otra. Además, fue violada la Ley de Seguridad de Fronteras que prohíbe la venta a extranjeros de tierras en sectores limítrofes. 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había comenzado una investigación por la denuncia de la agrupación barilochense Tierra Libre, que terminó en una acusación penal. Pero la Cámara de Casación la liquidó al confirmar el sobreseimiento de Lewis hijo, en aplicación de la figura de la prescripción. Los denunciantes insisten en que para los funcionarios públicos los hechos son imprescriptibles. Ahora el asunto está apelado ante la Corte Suprema. “El fraude a la ley estuvo, más allá de que los implicados zafaron por el tiempo transcurrido, y lo más reprochable es que Mahiques ahora acepta la dádiva del dueño de la estancia que se benefició con su resolución de Casación”, sintetiza Odarda. Consultado por este diario sobre el viaje, Mahiques no respondió.

 Durante el macrismo, el Procurador del Tesoro Carlos Francisco Balbín había pedido una “acción de lesividad” para que esas tierras volvieran al Estado. El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio no lo aceptó, de modo que el ex senador Fernando “Pino” Solanas y Alejandro Olmos hicieron una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación sigue abierta aunque sin novedades.

Diecisiete para abrir un camino

Diecisiete años lleva la causa para abrir el paso ciudadano que permite llegar al Lago Escondido. El 12 de septiembre la Cámara de Apelaciones de Bariloche confirmó una sentencia que tenía una década de dictada en la causa por el libre acceso al lago, y le dió tres meses a Lewis para la apertura del Camino de Tacuifí. El campo del magnate inglés rodea completamente ese espejo de agua. Los abogados de Lewis junto con la fiscalía del estado provincial de Río Negro apelaron con un recurso de Casación, que fue rechazado por la amparista Odarda, y los abogados Martín Palumbo y Ernesto Montesino, porque “se trata de una sentencia ganada desde hace 13 años que el gobierno de Río Negro no cumple”, según explicaron en su rechazo. En dos oportunidades la Corte Suprema desestimó el planteo de Lewis, de modo que está firme, pero incumplida. 

 Ellos consideran que con las cámaras que puso en el vallado el magnate puede espiar a quienes se acercan al camino, cuyo uso público se ve afectado en sus últimos tres kilómetros que están vedados al argentino de a pie. Es una tradición la marcha por el libre paso al Lago Escondido que se hace cada año, varios de cuyos participantes fueron denunciados ante la justicia. Pero por ahí sí pasaron los jueces que visitaron a Lewis.

Por otra parte, el decreto elaborado durante el macrismo que flexibiliza la ley contra la extranjerización de la tierra habría sido redactado en las oficinas de Lewis en Buenos Aires, según denunció el diputado justicialista Rodolfo Tailhade. De este modo, tanto Lewis como los inversionistas belgas, qataríes y de los Emiratos Árabes –recientemente fue visto en la zona un avión de la fuerza aérea de ese país– estarían en condiciones de seguir ampliando sus propiedades en el sur patagónico. 

 Como viene informando este diario, los empresarios extranjeros de la mano de los locales nucleados en la conservadora agrupación Consenso Bariloche tomaron la ofensiva en sus pedidos de represión y mano dura contra las comunidades mapuches de la zona. En ese contexto, detrás del reclamo por “seguridad” tras una serie de atentados no esclarecidos pero adjudicados a ese pueblo indígena estaría la exigencia de la derogación de la Ley 26.160 de relevamientos territoriales de las comunidades indígenas, que si se llevaran adelante en esa provincia –algo que no sucede– pondría en riesgo sus intereses.

Cambio de viento

En los primeros meses del actual gobierno, durante la gestión de Sabina Frederic y Gabriel Fuks en el ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo había rechazado el pedido de la gobernadora Carreras para el envío de fuerzas federales, mientras sus funcionarios participaban en el territorio de mesas de diálogo. Nada fue suficiente para evitar el asesinato del joven mapuche Elías Garay en la comunidad de Cuesta del Ternero, a 25 kilómetros de El Bolsón, a manos de privados en la disputa por las tierras. La gestión de Aníbal Fernández, en cambio, envió el Comando Unificado de fuerzas federales (que ni siquiera Patricia Bullrich había obtenido) para el desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, concretado el 4 de octubre con denuncias de violaciones a los derechos humanos de las mujeres mapuches detenidas.

 El vocero de la Coordinadora Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, salió al cruce de la que denominó “una campaña racista para justificar la represión en Mascardi”, y acusó a la derecha, personificada en el gobierno provincial, la Gendarmería, dirigentes del PRO y agentes de inteligencia, de estar detrás de los “atentados de falsa bandera”, es decir, cometidos por ellos para inculparlos. Ante elDiarioAR, Carriqueo afirmó que “en realidad rechazan el diálogo porque no les conviene, tiene de su lado a gobernadores que defienden los intereses de estos grupos de inversión, que pretenden apropiarse de la riqueza y recursos naturales de la Patagonia”.

La frase “los verdaderos usurpadores de la Patagonia son los empresarios extranjeros” suele estar en boca de quienes defienden los derechos de los pueblos originarios, pero de tan repetida puede haber perdido sentido. Sin embargo, alcanza con ver el mapa y detectar quiénes son los poderosos vecinos de las comunidades mapuches de la Patagonia, como lo explica en detalle la vocera de la Lof Quemquemtrew, Soraya Maicoño, donde fue asesinado el joven Garay. En el medio, las denuncias cruzadas se multiplican, quienes “recuperan territorio” están cada vez más criminalizados, los privados ostentan la vulneración de las leyes y así tambalea el estado de derecho.

La justicia autorizó el rescate del sanitarista Jorge Rachid, quien participaba de una marcha en reclamo por la “soberanía de Lago Escondido” que se inició el pasado viernes 4 febrero. Ese contingente, de unas veinte personas, cubría el recorrido por un complejo sendero de montaña, único paso habilitado por la estancia Hidden Lake del magnate inglés Joe Lewis para alcanzar el espejo de agua y que demanda entre dos y tres días de caminata. Según denunciaron los organizadores de la movilización, el grupo fue interceptado por entre 40 y 50 personas a caballo y “presumiblemente armadas”, quienes los hostigaron e impidieron continuar con la marcha.

La marcha acampó a la espera de poder continuar camino o bien poder replegarse. El abogado de la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA), organizadora de la llamada “Marcha por la soberanía del Lago Escondido”, Sergio Cuestas, aseguró que los empleados y personeros de Lewis “bloquearon el acceso sobre la servidumbre pública que la propia empresa Hidden Lake construyó para intentar impedir que se habilitar el camino Tacuifí, lo hicieron en territorio provincial, no en sus tierras y además de eso nos amenazaron con hundirnos en el lago o comerse en la parrilla a los que integraban la columna, visitarnos a la noche para que no nos olvidáramos que no había que volver”.

Ante esta situación, los abogados de FIPCA presentaron un pedido de hábeas corpus ante el Juez de Garantías Juan Pablo Laurence, solicitando se brinde seguridad al grupo que quedó aislado y sin comunicación en la zona montañosa. El médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid se encontraba entre los movilizados y su esposa, Gabriela Dueñas, solicitó en las últimas horas que se dispusiera de medios aéreos -un helicóptero- para su rescate, ya que, fue “especialmente hostigado” y “se descompensó”.

Laurence rechazó el hábeas corpus. En su escrito, el juez se refirió puntualmente al estado de salud de uno de los manifestantes que se mencionó en la presentación, por lo cual ordenó dar inmediato conocimiento de la situación a “la Patrulla de Montaña y/o las fuerzas policiales a través de la Regional Tercera local, para que evalúen la situación del mismo y -de corresponder- materialicen la evacuación y el acompañamiento del señor J.R. para su atención médica en El Bolsón”, tal como lo dictaminó la fiscalía.

Asimismo el juez ordenó notificar a la Regional Tercera de Policía -y por su intermedio a las autoridades que correspondan- “para que garantice la seguridad e integridad física del contingente que se encuentra en la cabecera sur del lago”.

Rachid fue rescatado horas más tarde por un helicóptero. Se encuentra en Bariloche, adonde arribó trasladado por una aeronave privada, conseguida por el Grupo de Abogados Solidarios y la FIPCA, organizadora de la marcha.

Hostigamiento

A través de un video, el abogado Cuestas dijo en las últimas horas que “a las 15.30 del domingo cuando llegamos a la cabecera oeste del lago, un grupo de 50 personas nos impidieron acceder a la costa, nos amenazaron, pincharon uno de los kayak y tuvimos que retroceder, la Policía nos dejó solos toda la noche y no conseguimos ningún medio para volver y comunicar lo que estaba sucediendo”.

La Policía de Río Negro rechazó que el personal afectado a la seguridad del grupo, apenas dos uniformados, hubiesen dejado su responsabilidad, tal como denunció Julio César Urien, titular de FIPCA, en diálogo con ElDiarioAR.

Según los organizadores, entre las personas que, a caballo, impidieron el paso de la columna pudo ser identificado Nicolás Van Ditmar, administrador de la estancia de Lewis, y quien en 2011 dijo que defendería el cierre del acceso al lago “con el winchester en la cintura”.

 Mientras tanto, una segunda manifestación aguarda que la Justicia garantice la seguridad correspondiente para iniciar una marcha por el camino Tacuifí. Ese sendero nace en el paraje El Foyel -a unos 75 kilómetros al sur de Bariloche- y es la vía más corta y sencilla de transitar hasta la costa del lago Escondido.

Se trata del camino que, en el 2009, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro obligó a la empresa Hidden Lake y al Estado provincial a abrir y acondicionar para garantizar el derecho de acceso a los espejos de agua. Desde entonces, los sucesivos gobiernos rionegrinos hicieron oídos sordos a la orden judicial, y la empresa del magnate Lewis consiguió que vecinos y terratenientes de la zona por donde pasa el camino lo cerraran con tranqueras, portones y alambres de púa.

El contingente de manifestantes evitó acercarse hasta el inicio del camino Tacuifí “para evitar ser agredido por los patrones de estancia del lugar”, dijo a ElDiarioAR Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto Nacional de ATE y Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro. El grupo, de hecho, se manifestó por la ruta 40 sur a la altura del puesto Villegas de Gendarmería, a unos 20 kilómetros del lugar.

Para Aguiar “creció muchísimo el nivel de conciencia de la sociedad en relación a la presencia de Lewis en la zona, el cierre del acceso al lago, y lo que eso significa en una provincia con 70 mil familias con problemas de acceso a la tierra y la vivienda”.

“Cuestión ideológica”

Por su parte, desde Madrid la Gobernadora de Río Negro Arabela Carreras descalificó como “ideológica” la marcha. Aseguró a Radio Nacional que “los pobladores de la zona de Lago Escondido ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica”. Carreras participa de la comitiva que acompaña al Presidente Alberto Fernández en su gira por Rusia, China y Barbados. En la escala realizada en la capital española, la mandataria admitió desconocer los detalles de lo ocurrido, pero interpretó que “no debe ser distinto a lo que ocurre todos los años cuando pobladores que viven en la zona ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica que se manifiesta”.

En relación a los hechos ocurridos el domingo en el sendero de montaña, integrantes del Grupo de Abogados Solidarios presentaron ante la justicia federal de Bariloche una denuncia por “privación ilegal de la libertad; actos de piratería; sedición atentados contra la soberanía nacional”.

Según relata el texto de la denuncia “el 6 de febrero de 2022, la movilización arribó a la cabecera Norte del que denominaron ”Lago Soberanía“ y conforme informaciones propaladas por distintos medios de comunicación, el contingente fue interceptado, hostigado y privados de su libertad por aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás Van Ditmar; situación que obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera sur del lago, donde pasaron la noche en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas”.

SR

Este texto fue actualizado a las 17:00 del martes 8 de febrero

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió hoy que recibió denuncias acerca de que unas 40 personas de civil que portan armas de fuego amenazan e intentan impedir una marcha de protesta hacia Lago Escondido, en tierras del británico Joe Lewis, a pesar de que, afirmó, “ese es un camino autorizado por la Justicia para poder acceder” a ese lugar.

“Nos ingresaron denuncias de personas que se encuentran en este momento en el camino de montaña rumbo al Lago Escondido, en tierras de Joe Lewis. Más de 40 personas de civil llegaron al lugar con armas de fuego para amenazar y que no continúen la travesía”, dijo la Secretaría de DD.HH. en su cuenta de Twitter.

El organismo añadió: “Cabe destacar que ese es un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago. Ya solicitamos a las autoridades de la provincia de Río Negro que garanticen la seguridad y libre circulación de todos ellos”.

En tanto, organismos de derechos humanos dijeron en un comunicado que “repudiamos la acción agresiva de un grupo armado bajo órdenes de Joe Lewis que ha detenido a la comitiva en tránsito por Alta Montaña para llegar a Lago Escondido”.

“Al llegar al Lago Soberanía esta comitiva fue interceptada violentamente con el fin de hacerlos retroceder. Reclamamos a las autoridades judiciales y del Gobierno de Rio Negro que se les permita su libre circulación. Lago Escondido es argentino, público y no privado, así lo dice un fallo judicial obtenido por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que no se está cumpliendo”.

Los organismos denunciantes son Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte y Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Julio César Urien, líder de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), una de las entidades organizadoras de la movilización hacia Lago Escondido, había explicado que el propósito de la marcha es denunciar que los ciudadanos argentinos no tienen acceso a ese lugar.

“Nosotros decimos que la marcha al Lago Escondido es una causa en defensa de la soberanía nacional, que hoy es un enclave británico de Lewis y donde los ciudadanos argentinos no pueden ingresar”, afirmó.

Bajo la consigna “en defensa de la soberanía nacional”, dirigentes y militantes de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas iniciaron la sexta Marcha al Lago Escondido, en Río Negro.

En la misma semana y con sólo 50 kilómetros de distancia, ocurrieron dos hechos que ponen en evidencia que la discusión por las tierras en el sur está atravesada tanto por intereses políticos y económicos, como por signos claros de racismo y aporofobia o fobia a los pobres. Y que merecieron distinto tratamiento mediático.

A los seis días de iniciada la “recuperación territorial”, como la justificó la comunidad, en Cuesta del Ternero, en el ingreso a El Bolsón, la policía rionegrina intentó desalojar el 24 de septiembre a la comunidad mapuche Quemquemtreu y, por orden de la Justicia, sitió el territorio para impedir el ingreso de ayuda humanitaria a quienes habían quedado en lugar.

Este proceso de “recuperación territorial” se realizó sobre lotes fiscales explotados por un privado -sin escritura ni posesión efectiva en el lugar-, beneficiado por recurrentes subsidios estatales e incentivos impositivos. La explotación forestal de pinos degradó la tierra en el lugar y potenció el riesgo de incendios.

Esa “usurpación”, según la definición de la denuncia presentada por el privado y amplificada por el Gobierno provincial, mereció el rechazo del Intendente de El Bolsón, organizaciones ruralistas y empresarios turísticos.

Al mismo tiempo y a medio centenar de kilómetros de allí, el equipo de colaboradores del magnate inglés Joe Lewis, celebraba la prescripción de la causa por la compra de las 11.000 hectáreas que rodean el lago Escondido.

La investigación por la posible adquisición fraudulenta de las tierras prescribió por el paso del tiempo, sin condenas. Quedó libre de culpas, entre otros, el hijo de Joe, Charles Barrington Lewis, quien había sido imputado. Así lo confirmó el pasado 15 de septiembre la Cámara Federal de Casación.

La causa se había iniciado en 2012 a partir de una denuncia anclada en la Ley que prohíbe la venta a extranjeros de tierras ubicadas dentro de una zona de seguridad de fronteras. Sin embargo, Hidden Like S.A, de capitales ingleses y sin vínculos familiares con Argentina, con una maniobra de triangulación, fue autorizada a adquirir las hectáreas en 1996. Del expediente se desprende con claridad que el grupo Lewis creó una empresa ad hoc con participación directiva argentina, para luego pasar a manos de los verdaderos dueños ingleses.

En 2016, el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, requirió al Ministerio del Interior que inicie acciones judiciales para declarar nula la autorización a la compra de tierras. Ese mismo año, en marzo, el por entonces presidente, Mauricio Macri, descansó con su familia cuatro días en la mansión de Lewis, a la que habían llegado en el helicóptero del magnate. Balbín fue apartado de la Procuraduría y el pedido de nulidad jamás se inició.

Ahora, el tiempo y la falta de impulso por parte del Estado argentino provocó la prescripción, que apenas tuvo repercusión mediática.

Unos kilómetros más al sur, la empresa Laderas S.A -vinculada a Lewis-, adquirió en 2010 tierras por un valor irrisorio en la ladera el Cerro Perito Moreno, en una operación que mereció una investigación para determinar cómo el Estado de la Provincia de Río Negro permitió una nueva triangulación: una antigua familia que habitaba el lugar durante décadas accedió a la titularidad de la tierra fiscal, pero ocho meses más tarde la vendió al grupo Laderas, más allá de las restricciones existentes al plazo de propiedad de los lotes. En el lugar, la empresa proyecta un redituable negocio inmobiliario, cuestionado por el impacto ambiental en una zona de humedales.

A pesar del cúmulo de pruebas, funcionarios provinciales y empresarios privados fueron absueltos o excusados por la Justicia provincial en la causa por “venta irregular de tierras fiscales”.

Las costas poco libres

En Bariloche, reciente sede del antimapuche Foro Consenso, el avance de los privados sobre los espacios públicos en las costas de los lagos, es una problemática recurrente que despertó recientemente la inquietud de las autoridades nacionales.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, pudo constatar desde una embarcación del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH), a fin de septiembre, cómo las construcciones privadas avanzaron sobre el lago Nahuel Huapi, particularmente en los aproximadamente 25 kilómetros de costa que recorre la avenida Bustillo, desde el centro de la ciudad hasta el hotel Llao Llao.

A través de la red social Facebook se organizó el colectivo de Vecinos por playas libres Bariloche, para recordar que “el Código Civil en sus artículos 235, 237, 240 y 1974 protege el libre acceso a las costas y establece que todas las aguas, riberas, playas y sus accesos, con toda su extensión, son ‘bienes públicos’. Es decir, patrimonio ‘inalienable’, ‘inembargable’ e ‘imprescriptible’ de todos los ciudadanos. Por esa razón, ningún emprendimiento privado puede impedir u obstaculizar el uso o ingreso a estos bienes”.

Un recorrido por las playas del Nahuel Huapi muestran otra realidad. Así lo confirmó a elDiarioAR el Intendente del Parque Nacional que lleva el mismo nombre que el lago. Horacio Paradela, apenas asumido en su cargo los primeros meses de 2020, impulsó el abordaje de la problemática a través de un proyecto de ordenamiento integral que desde un año antes figuraba en el plan de gestión del Parque.

El relevamiento dispuesto determinó que aproximadamente el 90% de los muelles en la costa del Nahuel Huapi están en una condición irregular. Ya sea porque no tienen la autorización correspondiente, porque se les sumaron “mejoras” no aprobadas, o por incluir infraestructura que no se corresponde con la normativa vigente (largo o ancho del muelle o instalaciones asociadas como sobretechos y rampas).

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, junto a Paradela y técnicos del Parque Nacional, recorrió el lago en una embarcación, observando unos 10 kilómetros de costa desde la zona de Puerto Pañuelo.

Paradela señaló que se verificó la existencia de “infraestructura de privados que invaden el espacio público, sobre el que tiene jurisdicción el Parque Nacional, y que puede ser una playa o un área rocosa o con pendiente”.

También se constató la existencia de tomas de agua clandestinas, instaladas por privados, y para usos como el riego.

El año pasado, el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Municipalidad comenzaron un trabajo conjunto de ordenamiento de balnearios del lago, que incluye la organización de los espacios de uso de la playa con la seguridad correspondiente, la señalización, y el límite a las construcciones de privados; así como la verificación del cumplimiento de la normativa de las bajadas para lanchas, y la regularización de los fondeaderos de embarcaciones, en muchos casos no regularizados.

En paralelo, “empezamos a hacer el relevamiento costero donde están las situaciones de invasión al espacio público, con alambrados, escolleras y muros”, detalló Paradela.

Desde el municipio de Bariloche, en tanto, se admitió la problemática. El Jefe de Gabinete local, Marcos Barberis, explicó a elDiarioAR que se están “observando los accesos para determinar cuáles, catastralmente, están invadiendo zonas públicas o impidiendo el paso”. Teniendo en cuenta que “se trata de un problema histórico”, según definió, la “única alternativa es la expropiación o un sistema de compensación” a favor de los privados.

Uno de los casos en revisión es el del kilómetro 6 de la ruta a Llao Llao, donde la venta de un lote y el proyecto de construcción derivó en la edificación de una cerca que impide el libre tránsito hasta la costa del Nahuel Huapi. “Estamos negociando con él una servidumbre de paso”, explicó Barberis.

En el kilómetro 23 de la misma ruta, se abrió un proceso de expropiación -aprobada por el Concejo Municipal en 2011, y nunca concretada- contra una empresa del grupo Blaquier, que cerró un acceso a la playa.

Lo mismo sucede 12 kilómetros antes, donde privados de una conocida casa de artesanías y regalos regionales impide el libre paso hasta el lago.

Paralelamente, se multiplican las denuncias de vecinos por el mal estado de las “bajadas” hasta las aguas del Nahuel Huapi. En algunos casos se trata de picadas prácticamente intransitables, que el Municipio debería abrir, emparejar y mantener para garantizar su transitabilidad. “Estamos buscando los lugares más complicados y realizando tareas de limpieza”, respondió el Jefe de Gabinete municipal ante el planteo que realizaron algunas Juntas Vecinales del oeste de la ciudad.

Las Juntas de Pinar de Festa, Parque Pehuén, Pinar del Lago, Ladera Norte, La Cascada y Rancho Grande apuntaron a la situación en el kilómetro 5 de la ruta a Llao Llao, también cerrada por privados.

La presión del mercado inmobiliario de los últimos 20 años, el boom de construcciones de viviendas en zonas costeras, y la histórica falta de control estatal -por complicidad con los privados o ausencia de estructura para la verificación- terminaron por conformar en Bariloche un complejo escenario de violación a la normativa que consagra el derecho de acceso a los espejos de agua y el uso y disfrute de playas. Se trata de usurpaciones que no merecen titulares como “Millonarios al ataque. Son los nuevos usurpadores...”, por parangonar el título “Indios al ataque” que presentó en su programa televisivo Jorge Lanata.

Benetton, Arelauquen y de nuevo Lewis

Otro caso: el grupo Benetton también se quedó con valiosas tierras que habían sido despojadas a una comunidad mapuche. En Cushamen, la comunidad Ñancuchi Nahuelquir habitaba un predio -entregado por el Estado durante la primera década del siglo XX en reconocimiento a su presencia ancestral en la zona- de 625 hectáreas, denominado lote 140, asignado por la Ley 1501. Pero pocos años después, un inquilino que nunca pagó el alquiler vendió parte de la propiedad al comerciante árabe Heikel El Khazen, que fue corriendo a la comunidad.

Además, la viuda e hijos del lonco Rafael Nahuelquir se vieron perjudicados en un engorroso proceso -que incluyó un remate del que no fueron notificados- que permitió al comerciante Julio Telleriarte arrebatarles las tierras que luego pasaron a manos de la Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A., antes de engrosar el latifundio de más de 900 mil hectáreas de Luciano Benetton.

El despojo fue denunciado por el periodista e historiador Osvaldo Bayer, a través de su periódico La Chispa, a fines de la década del ‘50. Desde entonces la situación no se modificó. En 2017, durante una protesta de integrantes de la lof en Resistencia Cushamen -que unos años antes anunció la recuperación de parte de ese territorio-, la represión de Gendarmería derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

En el caso de Lewis no sólo la forma de adquisición de las tierras está bajo sospecha, sino que se suma la imposibilidad de acceder a la costa del lago sin autorización de los administradores de la estancia. En 2009, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó al Estado provincial y a la empresa Hiddeen Lake, abrir el camino Tacuifí para garantizar el acceso público a la costa: 24 kilómetros de recorrido que nace en el paraje El Foyel, cerrado por el multimillonario cuando compró las tierras a la familia Montero, poseedora por usucapión y también reticente a permitir el paso libre al lago.

La sentencia judicial está firme y establece su reapertura con obras que garanticen la transitabilidad, pero hasta la actualidad, nunca se ejecutó, por lo que el lago permanece cerrado al público y sólo pueden disfrutarlo quienes habitan la mansión construida a sus pies.

Una de las impulsoras de la denuncia, en 2005, fue la actual titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, (INAI), Magdalena Odarda, quien en diálogo con elDiarioAR cuestionó a las autoridades rionegrinas por las dilaciones en el cumplimiento del fallo, en contraposición con la urgencia y rigidez aplicada cuando las tierras son reclamadas por los pueblos originarios.

“Pasaron 24 jueces, tiene Resolución del Superior Tribunal de Justicia, no hay apelación posible y hace 10 años estamos en etapa de ejecución de sentencia”, reprochó, informando que recientemente incorporó al expediente la construcción de un vallado con cámaras de seguridad en el camino Tacuifí que la Justicia ordenó abrir.

“Esto está permitido obviamente por el gobierno de Río Negro que es el que está incumpliendo esta sentencia que favorece a los ciudadanos”, dijo Ordarda, e ironizó: “Ese camino sí fue abierto, pero sólo para permitir el paso de la policía y el fiscal en el desalojo de la Lof Gallardo Calfú -el 19 de octubre de 2020-. Para desalojar una comunidad, sí. Pero no para el acceso de los ciudadanos al lago”.

Al estar comprometidos funcionarios públicos, Odarda calificó de “reprochable” la prescripción de la causa que investigaba la compra de las tierras de Lago Escondido, aunque aclaró que “el fallo no impide que el Estado retrotraiga las actuaciones y que con una acción de lesividad pueda recuperarlas”. Al respecto, dijo que “hay elementos para probar que habrían sido adquiridas en forma fraudulenta con una sociedad compuesta por ciudadanos argentinos, pero que al ser inscripta en el registro de propiedad se hizo a nombre de Hidden Lake, contraviniendo toda la legislación relativa a la seguridad de frontera”.

El INAI tuvo una actuación determinante en junio pasado, al reconocer la ocupación “actual, tradicional y pública” de unas 300 hectáreas en el Cerro Otto de Bariloche por parte de la Comunidad Quijada, decisión que derivó en un fallo de la Justicia Federal para que un exclusivo country detenga obras y garantice una servidumbre de tránsito mientras resuelve la discusión de fondo.

Según la denuncia, Arelauquen Golf & Country Club, del grupo belga Burco, alambró en 2007 parte del territorio de la comunidad Quijada -unas 30 hectáreas que incluyen su cementerio- y cerró el camino ancestral Los Álamos, obligando a sus integrantes a ascender en vehículo por la ladera norte del Cerro Otto y bajar a pie o en carro por la sur, por más de una hora, hasta sus tierras. El reciente fallo cimentado sobre la resolución del INAI exige al privado a permitir a los miembros de la comunidad el ingreso directo, por la puerta principal del country.

Los casos se multiplican por centenares en la Patagonia. Casi al mismo ritmo de la disparidad en el tratamiento político/mediático y en la consideración social, ya sea protagonizada por intereses económicos concentrados o mapuches.

SR/WC