Durante la última década, mientras los medios de comunicación luchaban por ganar dinero en un mercado digital cambiante, gobiernos de todo el mundo han aprobado leyes para exigir que las grandes tecnológicas compensen a los medios por su contenido. En cualquier país que intentara legislar la relación entre noticias y plataformas digitales, solía aparecer Richard Gingras, exvicepresidente de noticias de Google, argumentando que Alphabet es un adalid de la web libre y no el monolito aterrador que describen sus críticos.

 Su presencia en países de todo el planeta revela hasta qué punto llega la influencia de Google. Ha negociado con legisladores australianos, testificó en comités parlamentarios en Canadá y estuvo codo a codo con periodistas en la ‘desconferencia’ organizada por Google en Sao Paulo, a la que solo se podía entrar con invitación. Aunque los gobiernos de diferentes países se han aproximado a estas leyes de formas distintas, Gingras y otros profesionales de asuntos públicos de Google que trabajan en doceneas de países han luchado contra las leyes de negociación con los medios de forma muy similar.

“Yo no lo llamaría un manual, eso es demasiado estructurado”, dijo Gingras sobre los esfuerzos de lobby de la compañía, en una entrevista con reporteros de esta alianza periodística. Pero “no somos del todo estúpidos”, añadió. “Si te pegan con una tabla las veces suficientes, quizás aprendas a agacharte”. 

Meta también lanzó su propia campaña contra la legislación en múltiples países. Una investigación colaborativa encontró que las batallas de políticas públicas de Google y Meta para parar o demorar las leyes de negociación con los medios y proteger sus ganancias han sido vigorosas, sostenidas y, en muchos países, exitosas. Las pelearon cultivando relaciones con medios, organizando eventos que eran casi fiestas, cerrando acuerdos privados con dueños de medios de comunicación, volcando a la opinión pública contra la prensa y apoyándose en el poder del gobierno de Estados Unidos. La investigación forma parte del proyecto La mano invisible de las Big Tech, una coalición de 17 medios en 13 países, liderada por Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que investiga el lobby de las grandes tecnológicas en el mundo.

Google envió una declaración oficial en respuesta a preguntas sobre sus estrategias de lobby: “Como muchas compañías, interactuamos regularmente con constructores de políticas públicas en un amplio rango de asuntos, incluyendo la forma en las que las políticas públicas pueden afectar a quienes usan nuestros productos. Reportamos de manera transparente nuestras interacciones con funcionarios, de acuerdo con las regulaciones locales”. En su propia declaración, Meta dijo: “Al igual que muchas empresas en distintas industrias y geografías, interactuamos con funcionarios, grupos comerciales y organizaciones para compartir información sobre nuestros productos y servicios y poder contribuir en discusiones que puedan impactar a Meta o las experiencias de los usuarios en nuestras plataformas. Continuaremos colaborando con estos grupos y promoviendo el debate público siempre con el objetivo de establecer el mejor marco posible para toda la internet”.

Sintiendo la presión

La maquinaria de política pública de Google enfrentó su primer desafío importante en la década de 2010. Entonces, la Unión Europea promulgó una directiva que permitía a los Estados miembros aprobar leyes de derechos de autor que obligaran a agregadores dominantes de noticias, como Google y Meta, a compensar a los medios por el contenido informativo en sus plataformas.  

La UE sostiene que las normas fortalecen “la capacidad de negociar de los editores de prensa cuando negocian el uso de su contenido por parte de servicios en línea”, y que su objetivo es “promover el mejor entorno posible para desarrollar modelos de negocio innovadores”. España fue uno de los primeros países en pasar leyes de derechos de autor que abordaran la relación entre medios de noticias y plataformas como Google. En respuesta, Google excluyó a la prensa española de la pestaña de noticias de su buscador. “Con gran tristeza, el 16 de diciembre (antes de que la nueva ley entre en vigor en enero) retiraremos a los medios españoles de Google News y cerraremos Google News en España”, escribió Gingras en una entrada de blog, apuntando ya a una estrategia que la compañía y Meta usarían en futuras negociaciones.

La ley francesa de 2019 fue un nuevo golpe, pues obligaba a Google a pagar para mostrar “snippets” —sumarios con fotos de artículos de noticias— en los resultados de búsqueda. Para evitar pagar, Google eliminó los fragmentos de titulares e imágenes y dejó únicamente los titulares en los resultados de búsqueda.

Pero las compuertas se abrieron con la aprobación del Código de Negociación de Medios de Noticias (NMBC, por sus siglas en inglés, News Media Bargaining Code) de Australia en febrero de 2021. El código permite obligar a las plataformas tecnológicas y a los editores de noticias a negociar. Aunque ese poder nunca se ha utilizado, la amenaza fue suficiente para presionar a Google y Meta a firmar acuerdos con las empresas de medios de comunicación para utilizar sus contenidos.

Algunos grandes medios de comunicación impulsaron el código con ahínco, mientras Google, Meta y sus partidarios lo criticaban con fuerza. Nick Clegg, entonces jefe de asuntos públicos de Meta, calificó el código como “la solicitud encubierta de un subsidio, basada en distorsiones sobre cómo funciona internet”.

Mientras tanto, algunos legisladores australianos planteaban que era una herramienta necesaria para reequilibrar el mercado de publicidad en línea. Josh Frydenberg, ex Tesorero de Australia, dijo en un discurso sobre el proyecto que el código “abordaría los desequilibrios de poder de negociación que existen entre las plataformas digitales y las empresas de medios australianas”.

En el siglo pasado, la publicidad fue una de las principales fuentes de ingresos de la prensa, pero desde que los anuncios se trasladaron a internet, empresas como Google y Meta se han quedado con la mayor parte de los ingresos. El año pasado, el mercado mundial de publicidad en línea alcanzó el billón de dólares en ingresos por primera vez.

Google y Meta ha dominado por mucho tiempo el mercado de la publicidad digital. Según cifras de Check My Ads, Google se quedó con el 39 por ciento de las utilidades de toda la industria de la publicidad en el planeta en 2023, mientras que Meta obtuvo el 18 por ciento.

 En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. Dijo que Google controlaba el 91 por ciento del mercado de sistemas de publicidad digital para medios de comunicación (publisher ad server market, el conjunto de tecnologías que les permiten a los medios digitales ofrecer, vender y mostrar avisos publicitarios). La empresa dice que, cuando se toma en cuenta el total de la industria de publicidad digital, la proporción que está en sus manos es más cercana al 10 por ciento.

Mientras tanto, los periódicos y medios periodísticos han visto desaparecer su modelo de negocio basado en los anuncios. Las redacciones menguantes, los salarios a la baja y las condiciones laborales precarias muestran que hay menos recursos para hacer un periodismo que busque que los poderosos rindan cuentas. La organización Reporteros Sin Fronteras asegura que los medios de noticias de todo el mundo enfrentan en 2025 más presion económica que nunca antes.

“No podemos subrayar lo suficiente lo grave que se ha vuelto la situación para el periodismo comunitario”, dijo Chris Ashfield, presidente de la Saskatchewan Weekly Newspapers Association, un gremio de periódicos locales de esa provincia en el oeste de Canadá, ante legisladores canadienses en septiembre de 2022. “Los ingresos publicitarios han caído hasta el punto de que la mayoría de los periódicos comunitarios operan con una nómina esquelética”.

Durante la década de 2010, la fuerza laboral periodística en Australia se redujo casi un 19 por ciento. En Canadá, entre 2008 y abril de 2025, han cerrado 566 medios locales en 372 comunidades. En Brasil, 1.460 medios han cerrado desde el año 2000, según investigaciones de Atlas da Notícia.

País

Proyecto

Año de introducción

Estado

España

Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital

2014

Aprobada en 2014

Francia

Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital

2015

Aprobada en 2015

Australia

Código de Negociación de Medios de Noticias

2020

Aprobado en feb. de 2021

Brasil

Proyecto de Ley de Noticias Falsas

2020

Rechazado en may. de 2023

Canadá

Ley de Noticias en Línea

2022

Aprobada en jun. de 2023

Indonesia

Reglamento Presidencial sobre Derechos de los Editores

2024

Promulgado en feb. de 2025

Sudáfrica

Investigación de mercado sobre Medios y Plataformas Digitales

2023

Primer informe publicado en 2024

India

Ley de India Digital

2023

En curso

Japón

Regulación sobre la Responsabilidad de las Plataformas Digitales de Apoyar el Periodismo de Calidad

2024

Emitida en feb. de 2024

Malasia

Ley Integral de Seguridad en Línea

2024

En consideración

Nueva Zelanda

Proyecto de Ley de Negociación de Noticias Digitales Justas

2023

Presentado en sept. de 2023

Taiwán

N. D.

2023

En fase de estudio de mercado

Estados Unidos

Ley de Competencia y Preservación del Periodismo

2023

Rechazada en 2023

Para abordar el problema, el regulador de competencia de Australia lanzó en 2018 una investigación sobre el dominio de mercado de Google y Meta. Eso ayudó a que el gobierno del país introdujera el proyecto del Código de Negociación de Medios de Noticias (NMBC, News Media Bargaining Code) a finales de 2020.

Ese código exigía a las compañías compensar a los editores por los “snippets” de noticias con foto y titular que aparecían en Facebook o en los resultados de Google y otros productos, fragmentos que —argumentaban los medios— daban a los usuarios suficiente información como para evitar visitar las webs de los medios. Google y Meta no estaban de acuerdo. Argumentaron que los códigos “romperían el buscador de Google” y dijeron que sus plataformas en realidad ayudaban a los medios, pues hacían que los usuarios de Google visitaran sitios de noticias 24.000 millones de veces cada mes.

También convocaron a diversos críticos del proyecto, incluido el inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, quien no estaba de acuerdo con la idea de que Google y Meta “robaran” contenido de los medios.

Decir que Google y Meta “robaron” dinero de publicidad de los medios de comunicación “simplemente es un mal análisis”, dijo Gingras en una entrevista par esta investigación. “Lo más importante es que el mercado de publicidad es dramáticamente diferente”.

En febrero de 2021 se aprobó el NMBC. Google y Meta podrían eludir el requisito de pagar las tarifas obligatorias negociando directamente con las plataformas, y eso es precisamente lo que hicieron con algunos medios. Justo después de su entrada en vigor, el NMBC pareció tener el efecto deseado. Un estudio del Australia Institute reportó que los anuncios de empleo para periodistas aumentaron un 46 por ciento y se crearon varios cientos de puestos, aunque el estudio señaló que era difícil calcular la contribución directa del código a este crecimiento de las plazas de empleo para periodistas, por el carácter secreto de los acuerdos.

Otros gobiernos empezaron a presentar su propia legislación. Brasil incluyó la compensación a medios en su proyecto de ley de ‘Fake News’, de 2021. Canadá realizó consultas en 2021 y presentó el proyecto que se convertiría en la Ley de Noticias en Línea en 2022. El Reglamento Presidencial de Indonesia sobre Derechos de los Editores se emitió en 2024. Incluso California, donde nació Google, presentó la Ley de Preservación del Periodismo de California (CJPA) en 2023, tras la radicación, ese mismo año, de un proyecto de ley federal de Competencia y Preservación del Periodismo. 

El manual de Google

En medio de esa tormenta regulatoria, Google y Meta necesitaban responder a todas esas iniciativas. Y hacerlo rápido.

“Google es una empresa global”, dijo Madhav Chinnappa, exejecutivo de Google News en una entrevista con esta alianza periodística. “No le sirve tener 193 maneras distintas de relacionarse con la industria de las noticias”. Aseguró que el conjunto de estrategias que la empresa utilizó para argumentar contra la legislación en cada país fue fruto de aprender y perfeccionar una forma de abordar la situación. “De hecho, lo que quieres es que exista un manual, porque te da mayor coherencia”.

Aunque las grandes corporaciones de noticias hicieron un lobby agresivo en busca de e códigos de negociación o leyes de derechos de autor, sus campañas a menudo carecían de la financiación y el alcance global con que cuentan Google y Meta. Cuando el estado natal de Google debatía con intensidad la CJPA, la compañía gastó 10,7 millones de dólares en lobby en California en un solo trimestre de 2024. Eso es casi 50 veces el gasto trimestral promedio de Google en el estado desde 2021. La News Media Alliance, un gremio que representa a alrededor de 2.200 empresas periodísticas en Estados Unidos y apoyaba ampliamente la CJPA, también aumentó su gasto en lobby en California en el mismo trimestre, pero apenas desembolsó 70.000 dólares.

En Brasil, Google gastó casi 400.000 dólares en anuncios en Facebook y Spotify, en periódicos, radios y vallas publicitarias para criticar el Proyecto de Ley de Noticias Falsas, que incluía una disposición para que las Big Tech compensaran a los medios de comunicación. Incluso, según lo afirmó una investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ajustó sus algoritmos de búsqueda para direccionar a sus usuarios hacia contenidos negativos sobre esa propuesta de legislación —aunque Gingras niega que eso sea cierto. Cuando se acercaba el voto del proyecto de ley en el Congreso, las visitas de los representantes de las Big Tech aumentaron.

Entre marzo y junio de 2023 hubo más visitas de lobistas que en los 18 meses anteriores, según datos recopilados por Agência Pública, miembro de esta alianza periodística, para esta investigación. Días antes de la votación, Henrique Mattos, entonces jefe de alianzas de noticias en América Latina, defendió en una entrada de blog la idea de un fondo privado establecido por Google, afirmando que podría “beneficiar a toda la industria y no solo a medios selectos o grupos específicos”, como haría la llamada “ley de las Fake News”.

Pero aquello fue solo otra táctica, dice Carla Egydio, lobista de la Asociación de Periodismo Digital (Ajor), el mayor grupo de medios en línea del país. “Nos dijeron: ‘miren, creemos que la solución de Australia no es muy buena. Pensemos en otro modelo, como el fondo en Taiwán, un fondo privado’. Esto nos lo dijeron en privado muchos ejecutivos y también de manera colectiva. Pero nunca mostraron un plan concreto”, afirmó. Para ella, el fondo fue en realidad una táctica para desviar el debate.

Canadá aprobó la Ley de Noticias en Línea en 2023 y la Directiva de Derechos de los Editores de Indonesia se implementó en febrero de 2024. Pero la “ley de las Fake News” brasileña murió; y tanto la CJPA de California como proyecto de ley federal de compensación periodística, presentado por la senadora demócrata Amy Klobuchar y el senador republicano John Kennedy, fueron abandonados después de la presión y ofertas de financiación de Google y Meta para financiar proyectos en las salas de redacción.

Grupos mediáticos como NewsCorp, en Australia, Grupo Globo, en Brasil, o Postmedia en Canadá, tienen grandes plataformas con las que pueden influenciar a los políticos y la opinión pública. En Canadá, por ejemplo, los grandes periódicos representados por News Media Canada publicaron una página en blanco como portada en 2021, con el texto “imagina si las noticias no estuvieran aquí”, en un esfuerzo para animar a los legisladores para que obligaran a las Big Tech a pagar por contenidos noticiosos antes de que la ley de códigos de negociación fuera presentada oficialmente en el país. En Brasil, antes de la votación, TV Globo transmitió un panel prorregulación hecho en la Universidad de Río de Janeiro con varios ministros (magistrados) de la Suprema Corte, el Ministerio de Justicia y el presidente de la Cámara de Diputados.

Pero las tecnológicas también pueden ejercer presión a través desu control de los entornos digitales. La posición dominante de Google en el mercado de búsquedas significa que la amenaza de bloquear enlaces a sitios de noticias de su buscador, por ejemploi, podría representar una seria amenaza para las empresas periodísticas.

 En Brasil y Canadá, los proyectos se volvieron controversiales. Voces críticas —desde think tanks hasta organizaciones civiles, comentaristas, youtubers e investigadores— empezaron a tacharlos de ser “impuestos al link” y de simples maniobras para obtener algún dinero.

Uno de los argumentos más eficaces fue que los códigos de negociación podrían perjudicar a los medios pequeños. Tras la aprobación de la ley australiana, representantes de las tecnológicas dijeron que la ley benefició desproporcionadamente a News Corp Australia, la empresa de medios más grande y rica del país. El conglomerado propietario de News Corp Australia, antes presidido por Rupert Murdoch, también es dueño de Fox News, New York Post, Wall Street Journal y el británico The Sun.

News Corp fue un gran impulsor del código australiano e hizo lobby para lograr su aprobación. El papel activo del gigante mediático en el impulso de esta ley en Australia se convirtió en un argumento clave para Google y Meta en otros países, donde argumentaron que la legislación sólo beneficiaba a los grandes medios.

Representantes de Google, Meta, X (antes Twitter) y Mercado Libre escribieron en una carta abierta al gobierno de Brasil que el elemento de códigos de negociación del proyecto de ley de ‘Fake News’ “podría, en última instancia, beneficiar solo a los grandes medios tradicionales, perjudicando al periodismo local e independiente y limitando el acceso de las personas a fuentes diversas de información”.

Las Big Tech impulsaron argumentos similares en Canadá, Australia, Indonesia y California. Gingras dijo eso mismo en una entrevista: “Los códigos de negociación en Australia, Brasil y Canadá no fueron impulsados por los medios pequeños. Los impulsaron Globo, News Corp y Postmedia”.

Divide y vencerás

 “En aquel entonces, la narrativa era que solo beneficiaría a los grandes medios”, dijo la directora de una ONG de apoyo al periodismo que, en su momento, firmó una petición conjunta pidiendo retirar el código de negociación del proyecto de noticias falsas en Brasil. “Nos decían que era la estrategia de Rupert Murdoch y que los medios pequeños en Australia no recibieron nada”.

Pero luego, representantes de medios brasileños lograron reunirse con sus homólogos australianos. Y lo que escucharon fue distinto: en Australia los medios más pequeños se habían agrupado, y fue la ley de negociación de compensaciones a los medios la que obligó a Google a negociar con ellos. “No sabíamos realmente qué estaba ocurriendo en Australia porque no teníamos contacto directo con nadie allí. Y todo lo que veíamos —los contenidos, los estudios que nos llegaban—, cuando lo mirabas bien, provenía de una organización financiada por Google”, dijo el ejecutivo brasileño.

Los medios pequeños tenían motivos para preocuparse. Los grandes tenían una voz más potente y una línea más directa con los legisladores. News Media Canada, por ejemplo, que representa a algunos de los mayores medios del país, fue un fuerte partidario del proyecto y presionó con frecuencia sobre el tema.

Mientras tanto, los medios más pequeños no tenían personal ni financiación para pagar a un lobista a tiempo completo. Así que esos medios canadienses se unieron para formar una coalición llamada Press Forward. El grupo expresó inquietudes y pidió cambios para asegurarse de que los grandes medios propiedad de fondos de capital riesgo o financiados por el gobierno no fueran los únicos beneficiados.

Google intentó alinearse con el grupo, llegando incluso a ofrecer informalmente pagar un lobista para los medios en una conferencia de Google en Montreal en 2022, según informó el National Post. Tras considerar la propuesta, Press Forward decidió finalmente rechazarla.

Maria Saras-Voutsinas, presidenta del National Ethnic Media and Press Council of Canada (NEMPCC), dijo que, cuando se introdujo por primera vez la Ley de Noticias en Línea de Canadá, temía que sus miembros volvieran a quedar fuera en favor de los medios tradicionales. Su organización apoya a reporteros y editores de más de 75 medios en terceras lenguas en todo el país, muchos con de ellos con equipos muy pequeños.

Pero, pese a que decían que la ley canadiense afectaría a las publicaciones más peqieñas, Google y Meta también tendían a cerrar acuerdos con medios grandes. Por medio del programa Google News Showcase, la compañía firmó acuerdos de licenciamiento con 11 de los medios de comunicación más grandes de Canadá.

Saras-Voutsinas dijo que su grupo tenía un acuerdo de formación con Meta antes de que se introdujera la ley canadiense, pero sin dinero asociado. Cuando pidió a la compañía financiación para sus miembros, “esa conversación murió”, afirmó. “En cuanto hubo una solicitud… muerta”. Dijo que pasó algo similar con Google.

Solo se enteró de que otros medios estaban recibiendo subvenciones o acuerdos lucrativos con las empresas cuando eso salió a relucir durante el debate del proyecto. “Te hace sentir como un pececito diminuto en un mar enorme”, dijo. “Que, por desgracia, es como nos sentimos en todo ese proceso”.

El NEMPCC terminó aliándose con News Media Canada para apoyar que la ley fuera aprobada. Lo mismo ocurrió en Australia. “Fue una lucha como la de David contra Goliat”, dice Nelson Yap, copresidente de la Public Interest Publishers Alliance, que representa a medios pequeños en todo el país. “Necesitábamos formar una asociación para poder conseguir acuerdos. No podemos pagar lobistas, pero somos 24 medios y representamos a parte de la comunidad”. Para aumentar la presión, estas empresas periodísticas lograron que algunos senadores escribieran cartas en su nombre a Google y Facebook. Fue solo tras mucha presión que todos los miembros de la alianza consiguieron un acuerdo.

Construyendo relaciones

En mayo de 2023, Google celebró su “desconferencia” Newsgeist en São Paulo, Brasil. Liderada por Google News Initiative, Newsgeist es una conferencia a la que solo se puede acceder con invitación, que reune representantes de los medios y la industria tecnológica. Hacía solo algunos días que los congresistas habían puesto en pausala votación del proyecto de ley de noticias falsas, y la ley era el tema que estaba en la mente de todos el mundo.

Periodistas de medios pequeños y grandes se mezclaron, mientras debatían el futuro de las noticias en Brasil entre charlas relámpago de cinco minutos, partidas de Werewolf, un juego de rol, y descansos para comer. En la agenda, que había sido construida a partir de propuestas de los asistentes, hubo algunas sesiones sobre el proyecto. Pero la programación del día comenzó con una crítica de Paula Miraglia, propietaria de un medio digital, criticando a Google por poner a los ciudadanos en contra de la ley de “Fake News”.

“Es incompatible afirmar que están del lado del periodismo si tienen una injerencia tan fuerte en el proceso legislativo y regulatorio de un país. No pueden jugar por los dos bandos”, dijo. “En el futuro, miraremos atrás y veremos a las tecnológicas causando daños equiparables a los de las industrias del petróleo, el alcohol y las armas: daños igual de graves. Y esas industrias, para bien o para mal, al menos fueron mínimamente reguladas en algún momento”.

Al día siguiente, Google se reunió en privado con representantes de Ajor, la mayor asociación de medios digitales del país. Los asistentes dicen que la asociación, que recibía gran parte de su financiación de Google y otras grandes tecnológicas, fue presionada para oponerse al código de negociación propuesto en el proyecto y, en cambio, abogar por un fondo privado creado por Google.

Después de que la asociación decidiera defender la regulación, su financiación se redujo progresivamente, según fuentes internas reservadas. Esta investigación halló que, a menudo, donde había una propuesta de código de negociación en ciernes, Google organizaba un Newsgeist.

En mayo de 2022, Google celebró Newsgeist en Montreal, Canadá, apenas un mes antes de que el gobierno presentara oficialmente la Ley de Noticias en Línea. La primera vez que Newsgeist se celebró en Europa fue en 2015, un año después de que España aprobara una ley de derechos de autor con compensación a medios.

En 2019, Singapur acogió el primer Newsgeist en Asia, el mismo año en que el país presentó un proyecto de ley de noticias falsas que regularía el contenido informativo en las plataformas tecnológicas. “Este tipo de eventos más exclusivos que organizan las plataformas y algunas de las alianzas que desarrollan en relación con esos eventos forman parte, claramente, del modelo de captura de la plataforma”, dice la doctora Julie Posetti, vicepresidenta de investigación global del International Center for Journalists, una organización sin ánimo de lucro que apoya a periodistas. Señala que estos eventos hacen que los periodistas se sientan como “insiders con relaciones con los actores corporativos dentro de estas empresas”.

Nunca se ha celebrado un Newsgeist en Australia, aunque Gingras asistió a paneles y encuentros con asociaciones de medios digitales e instituciones académicas por todo el país en 2017 y 2018, antes de que el NMBC se presentara oficialmente. En una entrada del blog de Google de junio de 2020 titulada “Poniendo en claro el registro sobre las noticias”, Gingras escribió sobre “recientes afirmaciones inexactas acerca de cómo trabaja Google con la industria informativa y nuestro intercambio de valor con los editores”. Y rechazó la premisa del código. “Enviar gente a los sitios de los editores, y no mantenerles ‘encerrados’ en productos de Google, como algunos afirman, es una forma clave en la que aportamos valor a la industria de noticias. Cada mes enviamos a usuarios de Google a sitios de noticias 24.000 millones de veces”, escribió.

Gasto estratégico

Google y Meta han estado financiando redacciones durante más de una década. En 2015, un año después de que España aprobara su ley de derechos de autor, la Digital News Initiative comenzó a funcionar en Europa.

Bajo el liderazgo de Gingras, el programa más tarde se convirtió en Google News Lab, luego en Google News Initiative (GNI) y se expandió globalmente en 2018. Google dice que ha entregado 300 millones de dólares estadounidenses al año a miles de redacciones a través de la GNI.

La iniciativa dio que hablar en el sector en un momento de caída de ingresos, y es uno de los logros de los que Gingras se muestra más orgulloso. “Invertimos enormes cantidades de dinero durante ocho o nueve años para impulsar la innovación. Estoy muy orgulloso de ello”, dijo en mayo a un entrevistador del Nieman Lab de la Universidad de Harvard.

Meta también ha aportado millones de dólares a medios, financiando programas de verificación de datos y de formación desde 2016. Eso fue antes de que la empresa se apartara del contenido de noticias, llevándose su dinero consigo.

Pero un investigador y varias fuentes internas afirman que hay algo más que filantropía detrás de la financiación de las compañías. “Un factor por lo menos importante, al que yo atribuía a esta financiación en aquellos días, era gestionar la presión regulatoria”, dijo Charis Papaevangelou, investigador de la Universidad de Ámsterdam que estudió durante tres años los patrones de financiación de Google y Meta.

La investigación de Papaevangelou halló que, aunque Google financiaba medios en todo el mundo, la mayor concentración de beneficiarios de subvenciones entre 2020 y 2022 se encontraba en Estados Unidos, Brasil y Canadá, todas áreas que contemplaban o debatían activamente códigos de negociación en ese periodo. Empleados de Google que estuvieron involucrados en el primer fondo, el DNI, rechazan que se tratara de una táctica de lobby. “La DNI no fue una respuesta directa a la presión política. Se trataba de entender por qué había esa presión y abordar los problemas de fondo”, dijo Madhav Chinnappa, que trabajó en Google entre 2010 y 2023 y ayudó a fundar la GNI. Otras fuentes internas que hablaron para esta investigación coinciden.

“Google intentó desempeñar un papel positivo invirtiendo dinero en innovación y fomentando una nueva generación de actores y nuevas empresas de noticias para promover la diversidad de opiniones. No necesariamente para retribuir a los editores o hacer lo correcto, sino para dar una respuesta a las crecientes críticas a medida que aumentaba la presión regulatoria”, afirma un antiguo ejecutivo de Google procedente del sector de la información. “Pero en algún momento quedó claro que, especialmente en Europa, la regulación llegaría de todos modos. La mayoría de los editores buscaban en realidad algún topo de subsidio, sin ninguna contrapartida real”.

Gingras señala que, aún cuando trabajaba como director de medios de comunicación, nunca estuvo de acuerdo con que Google “destruyó nuestro negocio”. “Pienso que, si somos honestos, las empresas de medios casi nos suicidamos por falta de visión”, dijo.

“Esto puede ser un poco provocador, pero de alguna manera tenemos una deuda con Google. Google ha sido el principal proveedor de tráfico gratuito. Google les dio a las empresas de medios la posibilidad de monetizar sus audiencias — e incluso de convertirlas en valiosos suscriptores; si tan solo hubiéramos sido capaces de pensar de esa manera desde el día uno”.

Pero algunos investigadores tienen otra visión sobre los objetivos de los programas periodísticos de Google. “Mi conclusión es que, en última instancia, se trataba en gran medida de intentar aplacar cualquier esfuerzo por forzar a estas empresas a rendir cuentas, y presentarlas como actores tecnológicos benignos, amigos de los periodistas, amigos de los medios de interés público. Esto formaba parte de una estrategia para influir, en última instancia, en reguladores y legisladores”, afirma Julie Posetti.

 Las críticas también se escuchan dentro del sector. Cientos de redacciones indonesias han recibido financiación de la GNI para formaciones y programas de periodismo. Pero Firdaus, presidente de la Indonesian Cyber Media Union, sostiene que los programas de capacitación son un mero lavado de imagen.

“Pero es mejor que nada”, dijo Firdaus. “Somos medios pequeños… somos muy pobres”. Aun así, la amenaza de que se retire la financiación es una preocupación seria para algunos medios.

En Brasil, ejecutivos de Google sugirieron, en una entrada de blog del 29 de abril de 2023, apenas un par de días antes de que se votara el proyecto de ley de “Fake News”, que su aprobación pondría en peligro los acuerdos de la empresa con los medios. Leonardo Attuch, propietario del popular portal de izquierda Brasil 247, expresó a funcionarios del gobierno su preocupación de que se recortara la inversión de Google en los sitios progresistas. Dijo también que solo medios grandes, como Globo, se beneficiarían de los códigos de negociación.

El sitio de Attuch, que es seguido atentamente por miembros del gobierno, fue un crítico elocuente del proyecto de ley. Pero a medida que continuaban los desafíos regulatorios y de derechos de autor, Google incrementó su financiación directa a medios. En octubre de 2020 lanzó Google News Showcase. El director ejecutivo, Sundar Pichai, dijo que la compañía gastaría 1.000 millones de dólares en noticias en todo el mundo mediante contratos de licencia individuales bajo Showcase.

Para el lanzamiento, el 1 de octubre, 200 medios ya habían firmado contratos, con publicaciones de Australia, Argentina, Alemania y Brasil entre las primeras. Solo un día después, la empresa pausó el despliegue en Australia, amenazando con retener la financiación a sus socios australianos por “consideraciones regulatorias” mientras se debatía el NMBC.

La financiación a través de Showcase también fue una táctica de lobby en Brasil. Allí, Google solicitó que se modificara una cláusula sobre compensación informativa en la Ley de Noticias Falsas para acomodar pagos ya realizados a sus socios mediáticos.

Contratos revisados por estas alianza periodística también revelan que los acuerdos de Showcase contienen ciertas condiciones, como el reconocimiento de que el tráfico de la Búsqueda de Google era una remuneración suficiente por el contenido utilizado en su producto estrella. “El tráfico que Google envía a las propiedades en línea del Editor es una remuneración suficiente por la indexación, la exhibición y otros usos similares del contenido de las publicaciones del Editor en relación con los servicios de referenciación automatizada de Google (p. ej., Búsqueda y productos y servicios similares)”. (Ver historia Arrendando al enemigo)

La empresa sigue cerrando más acuerdos. Se están negociando contratos de Showcase con medios en Indonesia como parte del código de negociación de ese país, y en Brasil se están renovando contratos trienales de Showcase. 

La influencia del gobierno de EE. UU.

Días antes de que el presidente estadounidense Donald Trump revelara su esperada lista de aranceles del “Día de la Liberación” en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó un informe de 397 páginas que detallaba las políticas de otros países que, consideraba, perjudican a la economía estadounidense. En el informe de la USTR aparecían, de manera destacada, los códigos de negociación de noticias de Canadá y Australia.

En octubre de 2024, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), cuyos miembros incluyen a Google, Meta y Amazon, envió quejas a la USTR por las leyes de regulación tecnológica en varios países. El documento se refería a los códigos de negociación y otras medidas fiscales en decenas de países, incluidos Brasil, Canadá, Indonesia, Sudáfrica y Australia.

El documento las denomina “Transferencias forzadas de ingresos para noticias digitales” y afirma que tales leyes son una “intervención gubernamental injustificada” que “impone importantes externalidades negativas a los proveedores de servicios en línea, así como al ecosistema más amplio de internet, especialmente cuando el número de adultos estadounidenses que obtienen sus noticias de las redes sociales sigue aumentando”. “El ejemplo de Australia se ha extendido a otras jurisdicciones, un desarrollo reciente que merece atención y reacción por parte del gobierno de Estados Unidos antes de que se acelere”, concluye el informe.

Desde la elección de Trump, la administración ha presionado a países para que reversen regulaciones tecnológicas que, según sostiene, apuntan de forma injusta a empresas estadounidenses. Luego de anunciar que anularía un Impuesto a los Servicios Digitales del 3 por ciento para la mayoría de las compañías, el primer ministro canadiense Mark Carney insinuó que la Ley de Noticias en Línea también podría ser rescindida.

Las amenazas arancelarias de Trump, al menos en parte, retrasaron el trámite de la más reciente iteración del código australiano (NBIC, News Bargaining Incentive Code). El gobierno australiano comenzó a redactar el nuevo incentivo en 2024. Los cambios propuestos impedirían que las tecnológicas quedaran exentas de la ley negándose a difundir contenido informativo.

“Las plataformas tendrán la opción de pagar un impuesto o dar dinero a los editores; lo debería brindar más seguridad al sector”, dijo Margaret Simons, directora del Centro para el Avance del Periodismo de la Universidad de Melbourne. El anuncio de la nueva política propuesta llegó varios meses después de que Meta reveló que no renovaría ninguno de sus acuerdos con medios australianos.

Google también ha empezado a retirarse de sus acuerdos con los medios. En junio, anunció que cancelaba 24 de los acuerdos firmados en virtud del código tras una “revisión interna”, pese a que había prometido a las empresas de medios financiación para cinco años.

Pero las amenazas arancelarias de Trump aparentemente retrasaron el nuevo incentivo, “como una precaución ante cualquier pronunciamiento que pudiera interpretarse como un castigo a empresas estadounidenses”, según informó The Sydney Morning Herald.

Nuevos registros del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, obtenidos por esta investigación, muestran que el embajador del país en Estados Unidos, Kevin Rudd, se reunió con las grandes tecnológicas para discutir el nuevo incentivo en varias ocasiones en marzo de 2025. Correos internos revisados por esta investigación también muestran que las máximas lobistas de Meta en Australia, Cheryl Seeto y Mia Garlick, se reunieron con personal de la oficina del entonces asistente del tesorero Stephen Jones en Canberra sobre el nuevo incentivo en marzo, semanas antes de que el gobierno laborista comenzara su campaña de reelección.

Varias fuentes mediáticas han señalado que el gobierno, que fue reelegido por otros tres años en mayo, sostiene en privado que mantiene su compromiso de seguir adelante con el incentivo. La entonces ministra de Comunicaciones dijo a esta alianza periodística que el gobierno continuaría trabajando para implementar el incentivo a pesar de las amenazas comerciales. “Este es un gobierno que se relaciona con nuestro aliado más cercano y querido, independientemente de qué administración ocupe la Casa Blanca, y seguiremos haciéndolo”, dijo Michelle Rowland, quien desde entonces ha sido nombrada fiscal general de Australia.

“Hemos dejado muy claro públicamente a Estados Unidos que eso no está sobre la mesa”, dijo. Se prometió un documento de consulta sobre la nueva iniciativa para la primera mitad de 2025, pero a inicios de agosto aún no se había publicado.

El gobierno de Indonesia emitió su Reglamento Presidencial sobre Derechos de las Empresas Periodísticas en 2024 y lo promulgó en febrero. La norma regula la relación entre empresas y plataformas digitales para apoyar el periodismo de calidad en el mundo digital.

La Cámara de Comercio Americana en Indonesia se reunió con el Ministerio de Comunicaciones del país para discutir la ley antes de su firma en 2024. Antes hubo otras reuniones sobre regulaciones a compañías de plataformas digitales de organizaciones alineadas con el gobierno estadounidense que promovieron los intereses de ese país en la región.

La amenaza: “Con un clic podrían hacerlo desaparecer”

“Si pudiera volver atrás en el tiempo y tener 0 dólares de [la Ley de Noticias en Línea] y a Meta de vuelta en el sector, lo preferiría”, dijo Jeff Elgie, director ejecutivo de Village Media, una empresa que posee 33 sitios de noticias locales en Ontario, Canadá. Elgie fue una de las cosas más críticas de los códigos de negociación durante su proceso legislativo. También mantiene una cercana relación con Gingras. Elgie sostiene, hasta hoy, que la ley C-18 causó daños. Elgie dice que su oposición a la ley no tiene nada que ver con su relación con Google y con Gingras.

Después de que Canadá aprobara su Ley de Noticias en Línea en junio de 2023, Meta dijo que bloquearía las noticias en sus plataformas para evitar someterse a la normativa. A comienzos de agosto de ese año, los canadienses que intentaran acceder a contenido informativo en Facebook o Instagram veían una pantalla en blanco, y un aviso que decía que “en respuesta a la legislación del gobierno canadiense, el contenido de noticias no puede verse en Canadá”, vinculando la medida a la regulación y no a una decisión corporativa de la plataforma.

Como resultado directo del bloqueo, medios de noticias canadienses reportaron una caída del 43 por ciento en sus interacciones en redes sociales. “En el futuro, esperamos que el gobierno canadiense reconozca el valor que ya aportamos a la industria informativa y considere una respuesta política que defienda los principios de un internet libre y abierto”, dijo la principal lobista de Meta en Canadá, Rachel Curran, en un comunicado sobre la decisión de la empresa de bloquear noticias el 1 de agosto de 2023.

Meta ya había hecho esa amenaza varias veces. En Australia, Meta bloqueó enlaces de noticias en Facebook e Instagram durante cinco días durante las negociaciones del NMBC, provocando que el tráfico de los sitios de noticias del país cayera temporalmente un 13 por ciento. Tras lograr concesiones del gobierno, Meta restableció el contenido informativo.

En Estados Unidos, senadores tenían previsto incluir la ley federal de Compensación y Preservación del Periodismo en una ley de gasto de 2022, pero desistieron después de que Meta amenazara con bloquear las noticias si se aprobaba. La empresa hizo lo mismo en California en 2024, cuando el estado debatía la CJPA. Meta hizo amenazas similares en Indonesia en 2023. El director de políticas públicas de Meta en el sudeste asiático, Rafael Frankel, sostuvo que Meta “a su pesar” tendría que aplicar la misma política en Indonesia. Y en Brasil, aunque no hizo amenazas públicas, fuentes internas afirmaron que Meta decidió que no cumpliría si se aprobaba un código de negociación.

La medida ha tenido consecuencias reales. Incluso un bloqueo de corta duración en Australia llevó a que algunas personas se perdieran información vital sobre la COVID-19 y desastres naturales.

En los Territorios del Noroeste de Canadá, donde muchas personas dependen de Facebook para informarse, la gente se perdió información crucial sobre la propagación de los incendios forestales en 2023, durante una de las temporadas más destructivas registradas en el territorio. Google también amenazó con retirar las noticias. Realizó “pruebas” cortas de un bloqueo mientras se debatían los proyectos en Canadá, Australia, Europa y Estados Unidos para “evaluar” cómo podría afectar al tráfico una desindexación permanente del contenido informativo.

Wahyu Dhyatmika, presidente de la Asociación de Cibermedios de Indonesia, dijo que un representante de Google le explicó lo fácil que sería desindexar noticias en la región. “Es con solo hacer clic en un botón”, aseguró. “Registraron todas las URL que tienen noticias, creo que tenían unas 3.000 o 4.000, y con un clic podrían desindexarlas y hacerlas desaparecer”.

Sin embargo, tras años de amenazas de retirar el contenido informativo, Google nunca lo ha hecho por completo porque “nunca hemos tenido que hacerlo”, dice Gingras. Chinnappa dijo que no debería verse como una amenaza la promesa de Google de retirarse de un, sino como un ejemplo de que la empresa sigue la ley. “Google intenta cumplir las leyes en cada país en el que opera”, afirmó, “si las leyes son demasiado onerosas, entonces no operará”.

Gingras está de acuerdo. “Si básicamente estás diciendo que tenemos que pagar por cada link cuando no hay dinero de por medio de una búsqueda de noticias, entonces vamos a tener que usar menos links”. Google, dijo Chinnappa, “nunca quiere retirarse de un país, especialmente de un país democrático”.

En España, el único país donde Google dejó de ofrecer su servicio Google News, dedicado a las noticias, los editores digitales vieron una caída inicial del tráfico en 2014. Pero un estudio halló que solo el cuatro o cinco por ciento del tráfico externo venía de Google News. Hace cuatro años cambió la ley de derechos de autor en España y se restableció Google News. Showcase se relanzó en el país poco después y muchos medios digitales celebraron su regreso.

Documentos internos revisados por esta investigación muestran que Google también planeó bloquear enlaces a noticias en Canadá tras la aprobación de la Ley de Noticias en Línea. “Hemos sido claros en que una legislación impracticable podría llevar a cambios que afecten la disponibilidad de noticias en los productos de Google en Canadá”, escribió el asesor jurídico interno de Google, Kent Walker, a la entonces ministra de Patrimonio de Canadá en un correo del 23 de junio de 2023, un día después de que se aprobara la ley.

La empresa finalmente dio marcha atrás en su idea de desindexar las noticias canadienses tras permitírsele negociar un acuerdo para quedar exenta de la ley. La compañía prometió gastar 73 millones de dólares al año durante cinco años para apoyar el periodismo en Canadá. Google eligió al Canadian Journalism Collective (CJC) para distribuir los fondos, una nueva organización creada apenas un mes antes de que Google la seleccionara.

Al formarse, la organización estaba liderada por algunos de los críticos más férreos de la Ley de Noticias en Línea, como Erin Millar, directora ejecutiva y cofundadora de Indiegraf, una organización para apoyar medios emergentes, y Jeff Elgie, de Village Media. Ambos tenían relaciones profesionales previas con Google o Gingras, y ambos habían recibido financiación significativa de la compañía. El pasado invierno, Gingras fue nombrado presidente de la junta de Village Media. 

Reescribiendo la narrativa

Tanto Meta como Google sostienen que las noticias no les aportan casi ningún valor. “Las consultas sobre noticias en el buscador de Google son menos del dos por ciento del total de búsquedas”, dijo Gingras a un grupo de senadores canadienses en 2023. “Los ingresos que obtenemos directamente de las noticias en nuestros productos son incluso inferiores a eso”.

 Meta afirma que las noticias representan el tres por ciento del contenido en Facebook. A principios de este año, cuando Google intentó bloquear las noticias para el uno por ciento de usuarios en Europa durante dos meses y medio, reportó que sus ingresos no cambiaron y que el uso del buscador cayó menos de un uno por ciento.

Pero las cifras varían mucho según quién las calcule. Un estudio reciente de la consultora económica suiza FehrAdvice dice que la inclusión de periodismo en los resultados de búsqueda contribuye a que la oferta de Google en Alemania tenga interés y sea confiable y completa. Concluyó que, en promedio, el contenido periodístico aumenta el valor de Google en un 24 por ciento. Un estudio previo de la misma compañía encontró que, en Suiza, el valor percibido de la búsqueda aumentaba un 16 por ciento con la inserción de noticias.

El equipo de noticias de Google cree que su trabajo es un aporte positivo para la industria de los medios digitales. “Estamos dispuestos a hacer más por las noticias de lo que nos aportan”, dijo Gingras a los senadores canadienses en 2023. Pidió a los legisladores que reconocieran “el valor que aportamos, tanto en términos de tráfico como de los muchos otros medios que hemos utilizado para apoyar a la industria informativa en Canadá”.

Pero aunque la compañía no haga dinero por publicidad en búsquedas de noticias, el periodismo probablemente tiene más valor para Google del que la empresa reconoce. La información completa y precisa es “mucho más importante para el producto y la propuesta de valor de Google que para Meta”, dijo Sophia Crabbe-Field, investigadora del Centro para la Democracia y la Libertad de Expresión de la Universidad McGill.

Al excluir el periodismo, Google podría crear un vacío significativo de información para sus productos de búsqueda. Aun así, en muchos países, Google y Meta tuvieron éxito en cambiar el foco del debate sobre los proyectos de ley, que pasó de ser el monopolio del mercado de publicidad a la supuesta amenaza para la libre expresión y llevar a la censura.

“Esto demuestra lo exitosas que pueden ser las grandes tecnológicas al crear estas narrativas, incluso en torno a algo como el periodismo, que es un bien público”, dijo Crabbe-Field, autora de un informe de 144 páginas sobre la Ley de Noticias en Línea y sus consecuencias. “Las Big Tech quieren presentarse como las proveedoras de una web libre”, añadió. “No necesariamente tienen en primer plano nuestro interés democrático y nuestra libertad en su comportamiento”.

En Brasil, el argumento de la libertad de expresión prendió en torno al proyecto de noticias falsas, dice el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Artur Romeu. “La campaña orquestada entre las grandes tecnológicas y facciones de la extrema derecha brasileña no solo buscó suspender la votación del proyecto de ley de noticias falsas, sino que también intensificó los ataques recurrentes al periodismo”, afirmó.

Influencers de derecha afines al expresidente Jair Bolsonaro acusaron a los medios de querer “mamar del dinero público” y censurar la libertad de expresión de los ciudadanos. Bolsonaro ha atacado regularmente a la prensa, y grupos conservadores y evangélicos del país fueron centrales para tumbar el proyecto. El foco principal de esos ataques fue Grupo Globo, el mayor conglomerado mediático de América Latina.

Bolsonaro solía sostener carteles con la frase “Globo lixo” (Globo basura), un hashtag asociado a los días de mayor ruido en redes contra el proyecto, según hallazgos de Netlab, un grupo de investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y el propio Bolsonaro compartió un artículo de opinión del presidente de Google en Brasil, Fabio Coelho, criticando el proyecto. “¿Está Globo detrás de esto?”, preguntó a sus aliados más cercanos en una lista de WhatsApp curada a mano, de acuerdo con Crusoé, un sitio de noticias.

Eduardo Bolsonaro, hijo de Bolsonaro y congresista, afirmó que la “extrema prensa” quería que el proyecto se aprobara porque “odiaba” internet. Usó su canal de YouTube para llamar al proyecto “Ley de la Censura” y repitió que la norma solo beneficiaría a grandes actores como Globo.

“Mientras señalaban un supuesto ‘sesgo corporativo’ en los medios, en realidad buscaban proteger los intereses comerciales de las plataformas, que están en claro conflicto con el interés público”, dijo Romeu. Una narrativa que, aseguró, “no solo instrumentaliza el odio hacia la prensa como estrategia política, sino que también lo profundiza en la sociedad”. 

El valor futuro de las noticias

En todo el mundo se siguen presentando proyectos de ley y desafíos legales para intentan abordar los desequilibrios entre las noticias y las plataformas en el espacio digital. El 20 de junio, el Consejo Federal suizo propuso cambiar la ley de derechos de autor del país para exigir que las plataformas tecnológicas compensen a las publicaciones por el contenido periodístico mostrado en sus sitios, y al mismo tiempo intentó impedir que las empresas abandonen el negocio de las noticias. Además, el valor de las noticias para las tecnológicas podría estar cambiando a medida que las compañías compiten por crear sistemas de IA cada vez más sofisticados.

Los modelos necesitan entrenarse con grandes volúmenes de datos de calidad. La información verificada, del tipo que producen los medios de información, proporciona eso. Empresas de IA, desde OpenAI hasta Perplexity y Amazon, ya han comenzado a firmar acuerdos de licencia con marcas periodísticas conocidas como The Guardian y The New York Times para contenido pago o de sus archivos.

Mientras Australia se embarca en el proceso legislativo de su nuevo código de negociación, editores y creadores de políticas públicas se preparan para dar una lucha mayor que la de 2021. “La IA debe abordarse como parte de la discusión para dar forma a la legislación, porque esos modelos están obteniendo nuestro contenido único y monetizándolo, y queremos una parte de eso”, dijo Andrew Schreyer, presidente de la alianza de editores Country Press Australia en una entrevista.

Otras jurisdicciones también tienen la IA en su radar. La regulación de Indonesia de 2024, que exige que plataformas y medios negocien, hace que los medios sean optimistas respecto a que la norma existente sea una vía de entrada para futuros acuerdos de IA y pueda generar nuevos negocios para el sector editorial.

El Senado de Brasil también aprobó una ley de IA que incluye pagos por el uso de contenido periodístico y artístico en las IA, pero la norma aún debe votarse en la Cámara de Diputados, donde ya enfrenta oposición. Allí, la fallida pugna por aprobar un código de negociación dejó un legado, según la lobista de Ajor, Carla Egydio. “Esta situación con la ley de noticias falsas abrió la posibilidad de un diálogo. Hoy el campo dialoga más que en 2023. Y creo que eso es un resultado muy positivo”.

La Ley de Noticias en Línea de Canadá se aplica a plataformas de cierto tamaño que “ponen a disposición contenido informativo”. Documentos internos muestran que el gobierno federal se planteó si los chatbots de IA deberían quedar incluidos bajo la ley, aunque el gobierno no ha dado pasos para implementar ese elemento.

El 6 de agosto, The Sydney Morning Herald informó que ejecutivos de algunos de los principales medios australianos habían presionado al gobierno para frenar a las empresas de IA que entrenan sus modelos con contenido noticioso. La noticia se conoció después de que un think tank alineado con el gobierno propusiera que esas empresas obtuvieran una exención de derechos de autor para la minería de datos. Según el reportaje, los medios consideraban pedir al gobierno que les ayudara a cerrar acuerdos comerciales con empresas de IA una vez finalizado el esquema de incentivos.

En Dinamarca, la entidad de gestión colectiva de publicaciones de prensa (DPCMO, por sus siglas en inglés) ha estado negociando acuerdos individuales con redes sociales y plataformas de IA, desde Google hasta ProRata.ai. En julio, la DPCMO anunció que iniciaría acciones legales contra OpenAI, empresa matriz de ChatGPT. Una semana antes, contempló litigios por reclamaciones de derechos de autor sobre contenido periodístico en LinkedIn.

Anya Schiffrin, directora de la especialización en Tecnología, Medios y Comunicaciones en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, dice que la batalla por la compensación no ha terminado. Algunos legisladores debaten insertar claúsulas conocidas como must-carry, que obliguen a los medios a ofrecer contenido de noticias para evitar que deban evitar la regulación, dice.

“Todavía hay muchas otras ideas, como créditos fiscales para las noticias, créditos fiscales para la publicidad local”, señala. Lo ideal habría sido que las plataformas aceptaran pagar. “Lo mejor habría sido contar con plataformas decentes. Lo segundo mejor habría sido que pagaran por las noticias y las difundieran. Considerar la obligación de llevar noticias (must-carry) es como la cuarta mejor opción. Pero ahí es donde estamos”, afirma.

En cuanto a Gingras, desde que dejó Google a principios de este año se convirtió en un adalid de las noticias locales, tras sumarse al consejo de Village Media. Tampoco ha dejado de intentar influir en la legislación. Fundó un think tank llamado CNTI —Center for News, Technology and Innovation—, que recibió una generosa subvención de 2,5 millones de dólares de Google luego de constituirse. Y el CNTI ya ha publicado al menos un análisis de las políticas propuestas en 30 países para financiar al periodismo, igual que reportes sobre el uso de IA y la seguridad del periodismo.

“Las políticas públicas sobre la prensa siempre son peligrosas” —dijo Gingras a esta investigación— porque los gobiernos “quieren controlar los ecosistemas de información. Incluso los buenos gobiernos”.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

María Ibarzábal Murphy no es una funcionaria cualquiera. Su rol como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo estaba lejos de pasar desapercibido en el día a día de la gestión libertaria. En los papeles, su función era la de “modernizar” el Estado y ordenar la arquitectura jurídica del Gobierno. En la práctica, era la verdadera secretaria Legal y Técnica de Javier Milei y la persona que intentaba convertir en derecho todo con lo que Santiago Caputo sueña en su despacho. Si el asesor presidencial es el ideólogo de las grandes apuestas normativas del oficialismo, Ibarzábal fue la alquimista que las vuelve técnicamente posibles. Desde hace unos meses y tras la renuncia de  Javier Herrera Bravo, Ibarzábal Murphy empezó a ser también en los papeles la secretaria de Legal y Técnica de Milei. Y este domingo, en medio del festejo de La Libertad Avanza por el triunfo en las elecciones legislativas, el mandatario le dedicó un agradecimiento especial: “Le quiero dar las gracias a alguien que la gran mayoría de ustedes no conoce, pero qué es el cerebro legal detrás de todo esto: a María Ibarzábal”, dijo Milei.

Quién es María Ibarzábal

De caminata rápida y perfil bajo, esta abogada que ronda los 40 años se mueve cotidianamente de una punta a la otra del primer piso de la Casa Rosada. Su oficina en el Salón Martín Fierro, lindante con la de Caputo, es el epicentro de la ingeniería legal del Gobierno. Allí, gracias a un equipo de jóvenes letrados que trabajan a muy pocos metros de ella, en el Salón de los Próceres, se delinean estrategias que buscan tensar al máximo los márgenes de la institucionalidad establecida.

Desde el polémico decreto que limitó el acceso a la información pública hasta la intención de Milei de hacer desaparecer los registros de quienes ingresaron al blanqueo, pasando por los distintos vetos presidenciales, no hubo gesto controvertido por parte del oficialismo en el que Ibarzábal no haya estado detrás. Incluso supo orbitar, cuando todavía no era parte del gabinete libertario, los estudios de abogados en los que se cocinaron la ley Bases y el DNU 70/23.

Si bien desembarcó en Balcarce 50 en tiempos de Nicolás Posse, su línea directa siempre fue con Milei —la Secretaría que dirige es una de las pocas que está por encima de la Jefatura de Gabinete— y, sobre todo, con Santiago Caputo. Es él quien la eligió para el cargo y quien confía en su capacidad para sortear los límites constitucionales sin que el plan libertario pierda legitimidad. Es que el trabajo de Ibarzábal es tan concreto como profesionalmente desafiante: destilar cada idea en una norma posible, filtrar cada propuesta hasta que encaje dentro del ordenamiento jurídico sin perder su filo político.

Pero nadie llega a su posición sin conocer las reglas del juego. Antes de sumarse a la gestión libertaria, Ibarzábal pasó por el estudio Cassagne, uno de los más influyentes en materia administrativa, donde se moldean los argumentos legales que defienden los intereses de las grandes corporaciones. A lo largo del último año, un secreto a voces retumbó en los pasillos del poder: que tanto el proyecto de ley Bases como el polémico DNU 70/23, firmado por Milei a los pocos días de llegar a la Casa Rosada, fueron confeccionados con la colaboración de ese y otros grandes estudios jurídicos del país, como Bomchil, Marval, Bruchou y O'Farrell & Mairal, a los que la actual funcionaria habría estado vinculada.

Sin embargo, Ibarzábal tampoco es una recién llegada a la función pública. Durante el gobierno de Mauricio Macri, trabajó junto a Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro. Además, aunque su apellido no resuene en las declaraciones públicas del vocero Manuel Adorni, los nombres de varios de sus familiares dan cuenta de una cercanía estrecha con lo que fuera la gestión de Cambiemos. Es prima de Emilio Basavilbaso, exdirector de la ANSES, y hermana de Santiago Ibarzábal Murphy, quien ocupó un alto cargo en el mismo organismo.

Dar la cara

En abril, la incursión de Ibarzábal en la primera línea del mileísmo fue, en parte, una respuesta al fracaso inicial de la primera versión de la ley Bases. Cuando la estrategia de imponer el proyecto sin concesiones se desplomó en el Congreso, el Gobierno decidió cambiar de táctica y también de interlocutores. Fue entonces cuando la abogada empezó a ganar cada vez más protagonismo en tándem con el hoy vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, ahora en la cuerda floja por estar en la mira de Karina. Mientras él encabezaba las conversaciones con legisladores, ella se convertía en su sombra. Computadora en mano, aprobaba o rechazaba modificaciones en función de su viabilidad legal.

El momento de mayor exposición de Ibarzábal tuvo lugar en mayo, cuando participó de un plenario de comisiones en el Senado. Su presencia allí tuvo como objeto principal la explicación de las modificaciones a la Ley 19.549 de procedimiento administrativo incluida en la extensa normativa. La funcionaria no se anduvo con vueltas: señaló que la reforma tenía como espíritu que “la relación del Estado con los particulares no puede ser regida por criterios y parámetros del siglo pasado”. En esa línea, defendió la idea de que la estructura estatal está “sobredimensionada” y que “la gestión es ineficiente”, además de argumentar que “las reformas tienden a modernizar el procedimiento y a generar mayor seguridad jurídica con el único fin de incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado”.

La réplica opositores no tardó en llegar. Fue el senador Oscar Parrilli quien apuntó sin rodeos contra los dichos de Ibarzábal al señalar que la redacción del proyecto “la hicieron estudios jurídicos que se han dedicado a litigar contra el Estado y que muchas veces se han encontrado con fallos de la Justicia que han invalidado su reclamo”. Y dirigiéndose directamente a la funcionaria, insistió: “Esto es para acorralar al Estado. Este es el lobby de las empresas que litigan contra el Estado que se colaron atrás de esta ley”.

Varios meses más tarde, es evidente que el papel que cumple Ibarzábal puertas adentro de la Casa Rosada va mucho más allá del título que figura en su nombramiento. En un gobierno que desafía constantemente los límites del derecho, ella es quien traduce el caos en normas, quien encuentra el atajo cuando la Constitución parece un obstáculo. Cada vez que un decreto o una reforma enfrenta resistencia, su oficina en el Salón Martín Fierro se convierte en un laboratorio donde la alquimia jurídica opera en tiempo real, bajo la atenta supervisión política del joven Caputo.

PL/MC

La Argentina está ingresando de modo vertiginoso a un Estado de Excepción, que coloca en manos del presidente la suma del poder público. La reforma que busca imponer Milei abre a un escenario de autocracia mesiánica, que desconoce la división de poderes del Estado y pretende borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica, ambiental y de género, de la mano de un modelo represivo, de criminalización de la protesta social. Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la “gran piñata”, de la gran repartija de los “dulces” que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados. Y esto sucede de modo tan obsceno como visible, comparable solo con el menemismo, que encontró a una sociedad exhausta por la hiperinflación (1989-1990); y con la última dictadura cívico-militar, que se propuso una reestructuración social y económica, de la mano del terrorismo de Estado.

En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado recientemente por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques (Ley 26.631, de 2007) y la Ley de Glaciares (Ley 23.639, de 2010). Dos leyes de presupuestos mínimos de protección que conllevaron grandes luchas ambientales, involucrando no sólo al conjunto del movimiento socioambiental (asambleas territoriales en las diferentes provincias) y a ONGs ecologistas (Greenpeace, FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas), sino también a amplios sectores de la sociedad argentina, que apoyaron la defensa de nuestras “fábricas de agua” (los glaciares y su ambiente periglaciar), amenazadas por la expansión de la megaminería; y la defensa de los bosques, arrasados por los desmontes y el avance de la frontera del agronegocio.

Digámoslo una vez más.  Nunca, como en estas dos leyes marco hubo tanto apoyo de la ciudadanía, gracias al debate público y a la conciencia de la realidad palpable de la destrucción y despojo de nuestros ecosistemas. También es cierto que el lobby empresarial jamás cesó de atacarlas y conspirar contra ellas, a fin de flexibilizarlas y torcerlas en su favor, utilizando para ello los bloques parlamentarios afines. Sin embargo, pese a ello, no pudieron lograrlo hasta ahora. Hoy, en el marco de un gobierno libertario-empresarial, primero a través de un DNU que deroga la Ley Nacional de Tierras Rurales (ver abajo) y desregula el sistema energético a ultranza; segundo, con esta propuesta de Ley Ómnibus, que apunta de lleno a la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones tienen la posibilidad de una formidable revancha social, asestando un golpe de gracia a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques.

En el caso de la Ley de Bosques, en primer lugar la desfinancia casi a cero al sacarle al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos el porcentual de las retenciones de exportaciones del agronegocio. Pero, fundamental y con una confusa técnica legislativa, este proyecto de ley pretende autorizar los desmontes en las áreas de protección I (roja, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y II (amarilla, sectores de mediano valor de conservación), esto es las áreas más importantes y vitales, desmontes que actualmente están expresamente prohibidos. Más aún; ése es el núcleo de la Ley de Bosques: si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida de nuestros ecosistemas ya en peligro, ¿qué sentido tiene entonces una Ley de Bosques? De aprobarse esta propuesta de ley, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, para garantizar el avance de los negocios (soja, cultivos transgénicos, ganadería, monocultivo forestal, entre otros).

Respecto de la Ley de Glaciares, la propuesta de reforma habilitaría la actividad minera en ambiente periglaciar (expresamente prohibida por la ley). Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección. Las asambleas de provincias -como San Juan- defienden a rajatabla el ambiente periglaciar, el que es significativamente más reducido en las provincias áridas del centro y norte del país -y por eso más frágil-, que en el sur argentino, más pródigo en hielos.

El proyecto de Ley Ómnibus también tiene otros aspectos abiertamente destructivos, ya que facilita la quema de tierras para “limpiarlas” en favor de cualquier “actividad productiva”. El proyecto de ley reformaría la precedente, Ley 26.562 de control de actividades de quemas, ya que habilita que si al cabo de 30 días, la autoridad competente no se expide en relación al pedido de autorización de quema “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Con un Estado desguazado, con escasos o nulos controles, esto significa la institucionalización de la quema indiscriminada, tal como hizo Bolsonaro años atrás en Brasil, hecho que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. También habilita y liberaliza la quema de Pastizales, ecosistemas valiosísimos e imprescindibles, bajo el eufemismo de realizar “cortafuegos” y “acciones preventivas”, hoy acciones vedadas o solo permitidas a las autoridades competentes y de forma excepcional. Aquí lo hemos vivido ya en varias provincias, lo más reciente son los incendios en Corrientes (verano de 2023), que afectaron no solo a los Esteros de Iberá, de los cuales arrasaron con más de 100.000 hectáreas, entre esteros, bañados y pastizales. Esta modificación potenciaría los incendios de manera impensada y absolutamente ilimitada.

Otro elemento de la ley ómnibus es que propone adherir al tratado de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) para privatizar las semillas y criminalizar el intercambio de semillas criollas. 

Por último, la propuesta de Ley Ómnibus dispone ingresar de lleno al capitalismo verde -que es compatible con el negacionismo climático-, que habilita a las corporaciones el derecho a seguir contaminando, a través de la compra de “bonos verdes” en el mercado de carbono. Sobre la transición hacia energías renovables, no hay nada. Solo el afán por insertar a las grandes corporaciones (del tipo que sean, pero fundamentalmente extractivas) en el negocio del carbono, en lo que hemos llamado el “Consenso de la Descarbonización”, un acuerdo capitalista que pretende combatir la crisis climática sin tocar el modelo de negocios actual, exacerbando el proceso de explotación extractivista de los bienes naturales y manteniendo una relación depredatoria con la naturaleza. 

En este vértigo destructivo y desdemocratizador en el que nos sumerge el gobierno libertario-corporativo, el 29 de diciembre entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia del día 20 de diciembre que, por sus impactos, también conlleva una fuerte regresión ambiental. Por ejemplo, dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha ley colocó un freno al proceso de extranjerización de tierras que desde los ‘90 venía operándose en el país, acelerado luego por la crisis de 2001-2002. La ley apunta a limitar la extranjerización de las tierras, instalando un más que razonable régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo.

Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Aunque no es retroactiva (Lewis y Benetton, entre otros, hicieron mucho provecho de esta falta de regulación), la derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Corporaciones transnacionales forestales como ARAUCO, que ya tienen cientos de miles de hectáreas en nuestro litoral, estarían también detrás de esta flexibilización. Este proceso de extranjerización se traduce en la pérdida de nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua (cuencas hídricas, lagos, ríos). A su vez, implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Respecto del sector energético, el DNU abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (con su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas), lo cual anticipa mayor pérdida de soberanía y de control de los bienes comunes. Asimismo, establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más indignante es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, mientras se reducen o suprimen los subsidios al consumidor en las tarifas de combustible y energía, se siguen subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. Un llamado explícito al despojo y el saqueo, que suena como música en los oídos de las corporaciones transnacionales.

A 40 años de recobrada la institucionalidad democrática, más allá de sus deficiencias y errores, asistimos a una vertiginosa embestida en términos de desdemocratización, que pareciera dejar desamparada a la ciudadanía, ante la salvajada de reformas y derogaciones propuestas por el presidente libertario. Frente a ello, cabe preguntarse dónde se encuentran en este país las reservas democráticas que puedan contrarrestar esta arremetida autocrática e inconstitucional, que transfiere nuestros bienes públicos y naturales y deroga nuestros derechos (civiles, sociales, económicos, ambientales, laborales, entre otros), en favor de las corporaciones privadas.

Hoy una parte importante de la ciudadanía se encuentra cada vez más movilizada en diferentes ciudades del país (a través de marchas, paros generales o parciales, cacerolazos), convocados por diferentes organizaciones (sociales, sindicales, territoriales). Sabemos que la movilización social es absolutamente necesaria, pero no suficiente si no va acompañada por la intervención política urgente del Poder Legislativo, rechazando el DNU y las reformas de esta Ley Ómnibus, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inconstitucionalidad de tales medidas. Una pregunta atraviesa esta indignación colectiva que gana las calles, cada vez más militarizadas: ¿acaso nuestra institucionalidad es tan frágil que puede venir un nuevo presidente y llevarse puesto en tres semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? Esta es la madre de todas las batallas. Ojalá las fuerzas políticas de la oposición y la Justicia argentina estén a la altura de esta responsabilidad histórica.

ED

El Gobierno presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados el anunciado paquete de medidas, o ley ómnibus, que pretende que le aprueben y cuyo título es “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”. Entre las principales medidas, declara la emergencia económica hasta 2027 —lo que le otorgaría a Javier Milei una mayor concentración de poder— y la privatización de las empresas públicas; crea un blanqueo y propone importantes modificaciones al sistema electoral, como la elección de diputados nacionales por distrito único y la eliminación de las PASO.

A diferencia del mega DNU que dictó el presidente de la Nación la semana pasada, para que este texto —que agrupa decenas de proyectos de ley y que tiene 664 artículos— entre en vigencia debe ser aprobado por el Congreso, porque establece en su mayoría medidas cuya índole (impositiva, penal, económica y de los partidos políticos) impide que sean legisladas por decreto, de acuerdo con la Constitución nacional.

Esta batería de medidas propuestas mediante un solo proyecto de ley ya había sido anunciada por Milei días antes de asumir en la Casa Rosada y este miércoles fue presentada formalmente por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Uno de los últimos artículos del proyecto incluye una artimañana administrativa: la aprobación del DNU 70/2023 que dictó Milei la semana y que dispone 366 medidas eludiendo el control de su contenido por parte del Congreso.

Qué dice la ley ómnibus de Milei

El artículo 3º declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional” por hasta dos años más. En los hechos, supone otorgarle al presidente de la Nación una importante concentración de poder durante todo su mandato.

El paquete de leyes faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquellos que cuenten con financiamiento internacional”.

Además, deroga la actual ley de Defensa de la Competencia y propone una nueva y señala que “las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación” y que “el encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa”.

“En los casos de entradas nominativas el encargado de ventas de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrá limitar sus precios”, dice la ley ómnibus.

La iniciativa también incluye un blanqueo al que se denomina “Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social”, que tiene como fin “lograr el pago voluntario de las obligaciones” y prevé “la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren.

También incluye un “Régimen de Regularización de Activos” y un impuesto para tal fin. Y elimina las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Argumentos y más medidas

Las 11 primeras páginas de las 351 que conforman el voluminoso PDF de la ley ómnibus están dedicadas a la argumentación y la presentación de las propuestas. Con la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de sus ministros, el Gobierno justifica la necesidad de impulsar este paquete de reformas en la “dramática situación económica y social en la que está sumido nuestro país”, una “grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado”.

Para resaltar el ideario del gobierno de La Libertad Avanza, el proyecto indica que “esta crisis es el producto de haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada que no solamente ha fracasado en nuestro país sino en todos los países en donde se ha implementado a lo largo de la Historia”.

La ley ómnibus de Milei establece entre sus primeros capítulos el establecimiento de una “política pública de calidad regulatoria” con el fin de lograr la “la desburocratización, digitalización y simplificación de la normativa administrativa”, y faculta al Poder Ejecutivo nacional a “concentrar en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas, hoy disperso en diversas normas que regulan aspectos generales”, según los fundamentos.

El superproyecto de Milei dispone “la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado”, sancionada en 1989 en los albores de la presidencia de Carlos Menem y aún vigente, “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.

Un punteo de medidas, tal como están definidas en el proyecto oficial

• Se incorpora la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales en controversias y reclamos administrativos, judiciales y/o arbitrales de co-contratantes de la Administración, siempre que pudieren ser procedentes y que el acuerdo resulte claramente conveniente para los intereses del Estado nacional, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación.

• Se permite renegociar o rescindir contratos de la Administración cuando por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos públicos, resulta necesario renegociar y en su caso rescindir determinados contratos.

• Se actualiza la Ley de Defensa de la Competencia simplificando y transparentando el proceso de selección de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia y se faculta a la nueva Agencia de Mercados y Competencia a investigar conductas anticompetitivas de organismos públicos.

• En aras de mejorar la provisión de seguros, se da libertad a las compañías de seguros para definir sus productos sin autorización previa del ente supervisor, generando dinamismo en el sector.

• Se libera la restricción para el código de descuento donde las mutuales tenían una ventaja monopólica devolviéndole al individuo la libertad de establecer restricciones crediticias con quien quiera.

• Se crea un nuevo régimen para la regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social con el fin de promover un sinceramiento de la economía y promover la inversión privada.

• En términos tributarios también se implementan programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos.

• Se establece un mecanismo más ágil para las operaciones de crédito y se habilita la eliminación de deudas intrasector público, donde el gobierno tiene al mismo tiempo activos y pasivos que pueden ser cancelados sin afectación patrimonial pero con amplios beneficios, de transparencia y reducción de costos de gestión.

• Se fortalece el sistema de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, así como el del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), promoviendo además una articulación efectiva con las jurisdicciones.

• Se promueve el crecimiento del mercado pesquero a través de una mayor apertura y se establece un sistema de licitación para las especies cuotificadas, a la vez que se resguarda el cumplimiento de estándares técnicos, ambientales y de seguridad.

• Se impulsa la adhesión a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991).

• En lo relativo al sector de la energía, se propician reformas sobre la legislación vigente, cuyos vectores generales consisten en: (i) una visión integrada e internacional del sector energético, conforme los recursos naturales existentes y por desarrollar de la República Argentina; y (ii) la aplicación del principio de subsidiariedad, propiciando la participación de los privados en el sector.

• En particular, se propician cambios normativos para promover: (i) el libre comercio internacional de gas natural, gas natural licuado, gas licuado propano y butano, petróleo y sus derivados; (ii) que terceros no productores puedan desarrollar el procesamiento de gas, la extracción de líquidos del gas natural, la licuefacción del gas natural, el transporte de gas, petróleo, sus derivados y combustibles líquidos en general; el almacenamiento de gas, gas natural licuado, petróleo, sus derivados y combustibles líquidos en general; (iii) la profundización de la libre comercialización, competencia y ampliación de los mercados de energía eléctrica, hidrocarburos (gas y petróleo) y los biocombustibles en todas sus formas (presentes y futuras); y (iv) un marco jurídico para el desarrollo de infraestructura por el sector privado en las áreas de hidrocarburos y transporte de energía eléctrica.

• En materia energética se prevé una agenda integral en el marco del Acuerdo de París a los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI), con la creación de un mercado de derechos de emisión de GEI, con amplia y decisiva participación de las empresas privadas, el sector público y de otros organismos para el efectivo logro de las metas fijadas; y en el acceso al financiamiento climático.

• En materia de seguridad, se establece un régimen para la organización de manifestaciones con el fin de garantizar la libre circulación y normal desarrollo de las actividades económicas y laborales de todos los habitantes de la Nación, en respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y asociación.

• Se agravan asimismo las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y se regula el derecho a la legítima defensa, brindando mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad.

• Se incorpora un novedoso instituto para nuestro país, de uso común en muchas otras naciones del mundo, que es la posibilidad para los cónyuges de solicitar la disolución del vínculo matrimonial con la sola presentación ante el mismo órgano administrativo que celebró el matrimonio civil, sin necesidad de intervención judicial.

• También se limita la facultad de los jueces para reducir los intereses a pagar, libremente pactados por las partes de un contrato, evitando la distorsión que implica que un deudor, luego de años de no cumplir con sus obligaciones, obtenga en sede judicial una reducción de los intereses pactados. El deudor seguirá teniendo la posibilidad de solicitar la reducción judicial, pero antes de entrar en mora. No se avasallan los derechos de los deudores, sino que se evita el abuso de los morosos contumaces para con los acreedores de buena fe.

• Se modifica el artículo 1º de La Ley de Sociedades N° 19.550 para incluir las modernas teorías societarias y se incluye como sociedad unipersonal a las sociedades de Responsabilidad Limitada, a fin de facilitar la radicación de empresas extranjeras.

• Se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación. El Fondo de bosques nativos pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin.

• Se realiza una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias.

• Se establece un sistema de elección de diputados nacionales en base a circunscripciones uninominales, eliminando las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), transparentando el financiamiento y fortaleciendo las instituciones democráticas de los partidos políticos y mejorando el funcionamiento del sistema electoral.

• Se establece un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para proyectos nuevos o ampliaciones de existentes con incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y protección eficiente. Los sectores de agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología cuentan para las grandes inversiones —esto es, por encima de determinados montos mínimos— con dificultades intrínsecas para su desarrollo.

• Cambio drástico en los organismos de cultura. Ver nota acá.

• Eliminación de la ley de Defensa de la Actividad Librera. Ver nota acá.

• Se impulsan cambios en el sistema educativo, con un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior.

• Finalmente, respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.

• Se sugieren cambios en la organización del transporte de cargas y multimodal a los fines de agilizar y digitalizar los procesos. A su vez se libera la carga del propietario de los requisitos del transporte de cargas.

• En la Ley de Tránsito se amplían las bocas para la VTV, se indica la necesidad de eliminar los peajes físicos y se habilita la modalidad de conducción autónoma.

• Finalmente, se implementan cambios en el régimen de concesiones y obras públicas a los fines de mejorar su funcionamiento.

JJD

Trescientas sesenta y seis medidas dispone el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Javier Milei. Esto significa que son 366 decisiones que no pasarán por el Congreso. Esto cayó pésimo en algunos líderes parlamentarios de la oposición a los que, justamente, La Libertad Avanza deberá acudir para sancionar leyes en el futuro, dada su exigua cantidad de bancas en ambas cámaras. Estos referentes advirtieron que el DNU podría ser judicializado, debido, entre otros aspectos, a que no está justificada la excepcionalidad de las acciones, un requisito que establece textualmente la Constitución nacional.

El presidente de la UCR y senador nacional, Martín Lousteau, se declaró “de acuerdo” en que se deben cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes del Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía, pero advirtió sobre las consecuencias de un DNU “que tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos”.

“Con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos. Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma”, planteó el legislador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un hilo de Twitter (X), sostuvo que “el respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad” y que “es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad”, en una obvia alusión a Javier Milei. “Así no funciona una democracia plena”, dijo Lousteau.

El referente del radicalismo —que en Diputados tiene 34 bancas y en el Senado, 13, siendo allí la segunda bancada más numerosa detrás del peronismo— señaló que “el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente”. “Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos”, aseveró.

El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse

Martín Lousteau — presidente de la UCR y senador nacional

En la otra cámara, y de otro espacio opositor, Miguel Pichetto también señaló que Milei debería haber mandado una ley en vez de legislar tanta cantidad de medidas por DNU. “Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación. Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, dijo en Twitter el presidente del bloque Cambio Federal, que integra con Emilio Monzó, Nicolas Massot, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros.

Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias

Miguel Pichetto — diputado nacional

También del radicalismo, el diputado por San Luis Alejandro Cacace dijo que “está de acuerdo en un 95% del contenido del DNU” pero que no está con “que se haga por DNU”. Y el presidente de la Coalición Cívica-ARI (el partido de Elisa Carrió) y diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, señaló que “el dictado de todo DNU es para una situación excepcional” y que “lo anunciado por el presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º”.

“Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas. La Coalición Cívica, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente. Este trabajo requiere seriedad, rigurosidad técnica y profundidad, por tal motivo se emitirá un dictamen con el objetivo de preservar derechos subjetivos de los ciudadanos”, planteó Ferraro, en otro hilo de Twitter.

JJD

¿El Presidente puede gobernar por decreto? Sí. ¿Pero puede hacer todo lo que quiera? No. Javier Milei dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con 366 medidas que componen su reforma del Estado. Pero otras iniciativas las tendrá que proponer sí o sí al Congreso mediante proyectos de ley porque la Constitución no le permite legislar por decreto en determinadas materias.

¿Qué dice la Constitución? En su artículo 99º, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, dice que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.

Esto significa, por ejemplo, que Milei si podría derogar la ley de Alquileres, tal como lo dispone el DNU que anunció por cadena nacional, porque se trata de una modificación al Código Civil y Comercial y eso no está prohibido por la Constitución. También podría modificar o eliminar otras normas que no tampoco forman parte de las materias vedadas por la carta magna. Por ejemplo, las leyes de Góndolas y la ley de Abastecimiento, cuya derogación también figura en el megadecreto que anunció el presidente de la Nación.

En cambio, a pesar de que Milei se ha declarado antiabortista al igual que su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, y muchos integrantes del espacio de ambos, como el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, el Gobierno no puede drogar por decreto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permitió que en la Argentina el aborto deje de estar penalizado y pase a ser legal y que fue sancionada por el Congreso hace tres años.

La legalización del aborto supuso esencialmente una modificación del Código Penal y por lo tanto, para ser nuevamente modificado, necesariamente se debe discutir en el Congreso y, eventualmente, ese cambio ser sancionado por las dos cámaras.

Como las iniciativas en materia electoral también deben pasar sí o sí por el Congreso, Milei tampoco podrá —como ya se anunció desde el Gobierno— eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ni instaurar la boleta única como herramienta de voto en reemplazo de la tradicional boleta partidaria por decreto (esta última iniciativa, de todas maneras, ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados, a instancias de Juntos por el Cambio y varios espacios opositores al gobierno de entonces, de Alberto Fernández, que se opuso).

En su artículo 77º, la Constitución establece, además, que toda modificación electoral y al régimen de los partidos políticos deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de las cámaras. Es decir que para eliminar las PASO para siempre e instaurar la boleta única se requerirá en Diputados del acompañamiento de al menos 129 de su 257 integrantes y en el Senado, de al menos 37 de los 72.

Cómo es el camino del DNU

Cuando el Presidente dicta un DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, si así lo establece el texto, y solamente pierde vigor cuando es rechazado por ambas cámaras, en sendas sesiones. Pero antes de llegar a los recintos, el DNU debe ser remitido por parte del jefe de Gabinete, dentro de un plazo de 10 días, a la llamada Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la integran 8 senadores y 8 diputados y se encarga de evaluar la validez del instrumento sin juzgar su contenido: es decir, si no legisla sobre materia penal, por ejemplo, y si cumple con los requisitos de excepcionalidad para que esas modificaciones no hayan sido decididas por el Congreso.

Esa comisión debe pronunciarse por su validez, es decir por aprobación o por rechazo, en 10 días hábiles. Si no lo hace, deben tratarse en los recintos, sin poder realizarle modificaciones ni enmiendas ni nada: sólo pronunciarse por su validez, aprobándolo o rechazándolo. Pero pueden no tratarlo y, entonces, que el DNU siga vigente por tiempo indeterminado, o quede vigente para siempre.

Para que caiga tiene que ser rechazado por los plenos de las dos cámaras, lo que no ha ocurrido nunca en la historia institucional argentina. Inclusive, si el oficialismo tuviera el número, basta con que una de las dos cámaras lo convalide para que quede firme.

“La extinción del Congreso como corazón de la democracia”

“Derogar 300 leyes y modificar más de 300 leyes mediante DNU es un intento de suma del poder público vedado por el artículo 29º de la Constitución, que transforma al Poder Ejecutivo en la Comision de Asesoramiento Legislativo del siglo XXI. Es la extinción del Congreso como corazón de la democracia”, dijo el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en un hilo de Twitter (X).

En otro largo hilo, la exsecretaria de Legal y Ténica del gobierno del Frente de Todos, Vilma Ibarra, dijo que el DNU de Milei “es un avasallamiento a la división de poderes” y que “nos encontraremos ante una decisión inconstitucional, antirrepublicana y que inicia un camino de autoritarismo que nos debe causar una profunda alarma”.

“Cada vez que un presidente dicta un DNU debe dar fundamentación suficiente y dictamen jurídico para explicar por qué hay necesidad y urgencia que impiden esperar el tiempo que demanda la sanción de una ley. Es una obviedad decirlo, pero en el mega-DNU anunciado se debería fundamentar puntualmente respecto de cada ley que se deroga o se modifica el porqué de la urgencia y la necesidad, conforme lo exige el artículo 99º inciso 3 de la Constitución. El DNU no está previsto para modificar o derogar normas de fondo. Aun durante la pandemia, cuando ello debió hacerse por necesidad y urgencia, se trató de normas temporales. Para derogar o modificar leyes está el Congreso”, dijo Ibarra en otro hilo de Twitter.

Por la magnitud del DNU de Milei, que modifica centenares de leyes de un plumazo, juristas e inclusive legisladores advierten que el instrumento podría ser judicializado. Es el caso del experimentado diputado Miguel Pichetto, quien cuestionó el decreto presidencial y señaló que “las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la Justicia” porque “no está justificada ni la necesidad ni la urgencia”, y advirtió que Milei “podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”.

“Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación”, planteó Pichetto, excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.

JJD

Erróneamente, se ha creído que los juegos en línea en la Argentina estaban considerados como una actividad ilícita cuando en realidad no era así. De hecho, en la ley Nacional de Juegos de azar promulgada en el año 2011, se consideran legales todos los juegos relacionados con los casinos para las personas mayores de edad.

Sin embargo, y el gran problema que se presenta con respecto a las Regulaciones de juego en línea en Argentina es que su legislación depende de cada provincia. Es decir, aún no existe ninguna ley a nivel nacional que regule las actividades de los casinos digitales, sino que las mismas, corren por cuenta de cada gobierno provincial. Esto sin duda dificulta un poco las cosas, pues a algunas provincias no les interesa regular esta actividad, otras lo hace a medias y otras la permiten por completo.

¿Qué factores retrasan la regulación de las actividades de los juegos en línea?

Hay varios elementos que retrasan la regulación de los casinos y casas de apuestas digitales. Una de las razones principales es la falta de voluntad política para llegar a un consenso en común y promulgar leyes que regulen los juegos online. Uno de los casos más emblemáticos se protagonizó a finales del año 2021 en la provincia de Córdoba, en donde un debate para aprobar una legislación a favor de los casinos en línea subió de tono y se extendió por más de 8 horas. Finalmente, con 46 votos a favor se aprobó la ley N.º 10.793.

Otro factor que ha incidido en el retraso de una regulación es la iglesia católica, la cual es muy reacia hacia la aprobación de leyes que beneficien los juegos en línea. De hecho, en varias oportunidades la Arquidiócesis de Córdoba ha mostrado su postura negativa ante la legalización de los casinos digitales.

No cabe duda que urge un marco jurídico sobre los juegos en línea en la Argentina, pues de esta manera no solo se protege al jugador, sino que además, se puede combatir de forma efectiva los sitios ilegales y por consiguiente, se ataca también el lavado de dinero. Por otra parte, regular este sector generaría ingresos a las arcas públicas en forma de tributos.

¿En cuáles provincias están regulados los juegos en línea?

Actualmente, de las 23 provincias del país, 15 disponen de leyes y normativas que permiten la operación de los juegos en línea. Estas son: Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Misiones, San Luis, Chaco y Misiones. En el caso de Córdoba, la ley permiten operar los casinos y las casas de apuestas en línea solamente con ciertas licencias y requerimientos.

Es importante reseñar que en algunas provincias aún no operan los casinos y casas de apuestas online, ya que deben cumplir con procesos de licitación. Otro hecho a destacar es que varios casinos físicos crearon extensiones en línea para ofrecer juegos en línea y están a la espera de las respectivas licitaciones para iniciar sus plataformas.

Beneficios que aportan la regularización de los juegos en línea

No cabe duda que la promulgación de leyes que favorecen la operación de plataformas digitales de juegos y apuesta traen beneficios tanto al jugador, operador y las autoridades gubernamentales tales como. Protección al jugador, recaudación de impuestos y juegos transparentes.

Desde que se conocieron los resultados de las PASO y el gobierno que encabeza Alberto Fernández se topó con una derrota cuya magnitud no esperaba, el oficialismo trabaja a destajo para torcer el rumbo en el corto y mediano plazo. Con cambios en el Gabinete y una batería de medidas que intentaron inyectar algo más de dinero en el bolsillo de los argentinos, el Frente de Todos se puso como meta aminorar el impacto negativo de las Primarias con el objetivo de conseguir los votantes necesarios para, al menos, no perder el control del Senado este domingo, cuando se desarrollen las elecciones generales que dejarán sentenciada la conformación del Congreso desde el 10 de diciembre hasta fines de 2023.

En paralelo, a sabiendas de que modificar el resultado de las PASO parece ser una misión imposible, los legisladores oficialistas activaron en sus despachos los proyectos de ley que el Gobierno quiere que se conviertan en realidad antes de que termine el 2021, con una Cámara Alta todavía con quórum propio y una Cámara Baja donde se puede negociar voto a voto para alcanzar las metas.

Con dos prioridades excluyentes, más allá de las dificultades para mantener el dólar paralelo a raya y la inflación, que sigue en valores no deseados: votar el presupuesto 2022 según los lineamientos diseñados por el ministro Martín Guzmán, y alcanzar lo antes posible un acuerdo con el FMI, el Gobierno maneja varios proyectos que quiere convertir en ley antes de que el 10 de diciembre cambie el mapa legislativo, si los resultados de las Primarias se reafirman este 14 de noviembre.   

De acuerdo al oficialismo, se trata de proyectos “previstos para que tengan rodaje parlamentario en el corto y mediano plazo, con el objetivo de generar incentivos para el crecimiento económico y la recuperación del empleo”.

Las leyes que busca aprobar el Gobierno

Ley de Presupuesto

Para el Frente de Todos, es el “instrumento que va a permitir despejar las incertidumbres en materia de responsabilidades y obligaciones de la Argentina con sus acreedores y multilaterales. Con la firmeza de defender el interés argentino, el camino es cumplir con sus obligaciones entendiendo que necesitamos un proceso de crecimiento”.

Guzmán lo presentó a mediados de septiembre, en medio de la crisis que vivió el oficialismo tras la victoria de Juntos por el Cambio en las PASO. En ese borrador, se prevé un dólar a $131,10 para fin de 2022; una inflación anual del 33%; un crecimiento de la economía del 4%; una baja del déficit fiscal hasta el 3,3%; y un recorte de subsidios energético sobre la base de la segmentación de tarifas, según publica TN.

La realidad es que el ministro no tiene fecha prevista para dar precisiones en la Cámara de Diputados y dentro del Frente de Todos hay quienes resisten algunos de los puntos de la iniciativa. Pero el Presupuesto 2022 es clave en la negociación con el FMI para reprogramar la deuda de US$44.000 millones que la Argentina tiene con el organismo de crédito.

De acuerdo a una entrevista que Guzmán brindó al diario Perfil días atrás, “hay un plan integral macroeconómico. Siempre los proyectos de ley de presupuesto constituyen el corazón de la programación macroeconómica. También se pensó en términos plurianuales, orientado con lo que llamo tranquilizar la economía. Alguien que quiera una indicación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional podría mirar ahí”.

Ley de Hidrocarburos

Objetivo: “Generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo, con lo que representa ese sector en términos de generación de empleo; de desarrollo económico en la Patagonia; de Cadena de valor y en término de generación de divisas”.

Ley de promoción del turismo y la gastronomía

Objetivo: “Es un momento en el que el turismo receptivo es una enorme oportunidad y genera la posibilidad de promover la mano de obra local y aprovechar bellezas naturales de Argentina para consolidar su posición en el turismo receptivo”.

Nuevo régimen jurídico para el sector autopartista y automotriz

“Es una ley que se trabajó con toda la cadena de valor y que va a permitir aumentar el volumen y el saldo exportador y generar incremento de la oferta de empleo del sector”.

Renovación del 2022 del Régimen de promoción de la construcción

Objetivo: “La inversión pública, que va a ser más del 2.5 del producto en materia de obra pública, más la inversión privada, promovida por un régimen impositivo, va a hacer crecer el empleo en el sector construcción”.

Ley agroindustrial

Objetivo: “Permite agregar valor. Ley construida con 32 entidades del sector agropecuario que permite pensar que a los productos primarios que se exportan se le agregue valor y capital humano, pudiendo así aumentar exportaciones y corregir distorsiones en términos de precios”.

Además de estos proyectos, el Gobierno buscará a enviar al Congreso una iniciativa con la meta de crear un régimen temporal a 4 años para el ingreso al Monotributo de trabajadores informales, calculados en unos 4,5 millones de personas, con el objetivo de facilitar el acceso de los trabajadores precarizados al registro laboral, sin los costos para el Régimen Simplificado para los Pequeños Contribuyentes, de acuerdo a la información que publica TN.

Incluye la exención de todo pago del Monotributo durante los primeros 3 años, mantiene la gratuidad del componente impositivo para los contribuyentes de la categoría A, la más baja, así como el fin de la obligación a contratar una cobertura social. Y mecanismos para el acceso al crédito productivo, mediante la creación de dos fideicomisos que permitan fondear préstamos a tasas subsidiadas para esos sectores.

También se intentará avanzar con la propuesta que se repitió en campaña, para transformar los planes sociales en empleo registrado en el sector privado, en sintonía con un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que apunta a crear “un puente al empleo” y dar “la posibilidad que los beneficiarios de la asistencia estatal mantengan por 12 meses ese ingreso, sumado al sueldo definido en el contrato laboral con la empresa contratante”, al tiempo que dispone “de una serie de rebajas en los aportes para promover la contratación de los beneficiarios de planes sociales”.

Asimismo, el Gobierno buscará ampliar el alcance de la ley de “Compre Nacional”, sancionada en 2018, con el objetivo de que, tanto el Estado nacional como los provinciales y municipales, se manejen en mayor medida con proveedores nacionales, poniendo el foco en las Pymes y en la innovación, a la vez que busca generar unos 30.000 empleos directos.

IG