Cierres y desfinanciamiento de la producción cultural argentina en el proyecto de Milei

El proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso apunta a reformar numerosos mecanismos e instituciones que fomentan la producción, formación y participación cultural. De aprobarse, la ley afectaría a la producción mercantilizada y sin fines de lucro en las industrias de la música, los libros, el teatro, el cine y las artes en general. Un breve repaso por los aspectos más relevantes de las medidas permite identificar el tamaño de las afectaciones a la diversidad cultural.

Entre las definiciones más fuertes se encuentran el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA).

El primero tiene como finalidad el fomento a la actividad teatral en todo el país tanto con la programación artística como con el sostenimiento de salas. El teatro se ve afectado también por la propuesta de derogación de la Ley N° 14.800 que indica que donde se demuele una sala teatral debe construirse otra similar y de la Ley N° 21.145 que establece beneficios en hospedajes, pasajes y fletes para actores, artistas y técnicos.

Por su parte, el FNA tiene un rol fundamental en el acompañamiento y fomento de las artes plásticas, escénicas, escritura y todo tipo de creación cultural que se financia centralmente por el dominio público pagante generado al vencerse los derechos de autor de cualquier obra. Además, es un fondo que se autofinancia.

El libro es otra de las producciones culturales alcanzadas por las propuestas de modificaciones. La derogación de la Ley de Precio Único generará un desequilibrio en la cadena de valor que pondrá en riesgo la actividad de pequeños y medianos libreros en todo el país que no podrán competir con grandes superficies de venta. Las modificaciones también alcanzan a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que pierde su presupuesto y además se eliminan beneficios impositivos para este tipo de instituciones.

La música también se encuentra afectada ya que el proyecto busca desfinanciar al INAMU al quitarle el aporte proveniente de las multas, tasas y gravámenes que pagan la radio y la televisión (2% del total). Le quitan toda función de fomento que no sea formativa. Es decir, ya no participa de la promoción de la música en vivo o grabada. Además, se elimina la obligación de contratar artistas locales en shows internacionales.

El proyecto apunta fuerte y al corazón de la industria cinematográfica nacional. Modifica la ley de financiamiento y promoción de la producción y exhibición de películas argentinas. Le quita al fondo del INCAA los ingresos que provienen de las tasas y gravámenes de la televisión (junto a la radio y la televisión paga) para dejar solo el 10% de cada entrada vendida. Además, otorga plena discrecionalidad al directorio y quita del mismo la participación de los múltiples sectores participantes de la actividad. Relaja también las condiciones de las películas a financiar: no deberán ser habladas en castellano, podrán tener publicidad y no deberán representar un aporte a la cultura y a los valores sociales. Por último, el proyecto deroga las cuotas de pantalla para el cine nacional y también la media de permanencia para las películas argentinas.

Todas estas modificaciones apuntan a desarticular el entramado de sostenimiento y promoción de la producción cultural local, independiente y/nacional. El federalismo es puesto en cuestión al tiempo que también la participación civil en el diseño y ejecución de las políticas. Casi todos los organismos que quedan en pie son modificados en su funcionamiento para prescindir de asambleas o consejos asesores federales y otorgar pleno poder al PEN en ellos. 

El gobierno de Javier Milei considera al apoyo estatal a la actividad cultural como un gasto de la política (e ideológico). “Si para que vos hagas una producción cultural depende del favor del Estado no vas a tener un arte contestatario, transformaste la cultura en propaganda. Hay que hacer que el Incaa, el Instituto del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes financien a la cultura de una manera en la que la política no se pueda meter”, dijo Sturzenegger en Radio Mitre.

El proyecto busca retirar buena parte del financiamiento a la cultura nacional de una manera en la cual la política se mete hasta más no poder: todo depende del Poder Ejecutivo. Muchas de estas leyes vienen de los años 60, como bien señala Sturzenegger, cuando parecía que los procesos de restauración conservadora en la sociedad argentina encontraban en la promoción de las artes y la cultura en general un punto de distinción. Para Milei, la cultura es casta. Desconoce que la producción cultural promueve la memoria, la crítica social y la representación artística de lo que somos, fuimos y queremos ser como comunidad. Cuanto más diversa, más democrática.

El proyecto busca retirar buena parte del financiamiento a la cultura nacional de una manera en la cual la política se mete hasta más no poder: todo depende del Poder Ejecutivo

La promoción y la formación de músicos, escritores, actores, editores, diseñadores, bailarines y un largo etcétera también beneficia a la industria que no invierte recursos en generar talentos. La formación de espectadores (con la llegada del cine, el teatro, la música en vivo, étc., a lugares donde la inversión privada no lo hace) es otro de los beneficios indirectos que estas políticas tienen para la industria. Sin embargo, el Gobierno considera que esta intervención estatal es lesiva para la cultura.

El proyecto de ley apunta a que sean las reglas de mercado, las de la oferta y la demanda pero también las de lo comercial y lo no comercial, las que establezcan quiénes pueden hacer y acceder a las producciones artísticas. La cultura (y el acceso equitativo a ella en tanto espectadores o productores) nos hace más libres.

AE/JJD