La Organización de Estados Americanos calificó el proceso electoral en Venezuela como la “manipulación más aberrante”, a la vez que reclamó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reconozca la derrota y deje paso “al retorno de la democracia” en el país.

Así lo hizo saber en un comunicado el Secretario General de la entidad, Luis Almagro, quien aseguró: “La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones”.

Almagro señaló que “el CNE (Consejo Nacional Electoral) aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado, lo cual a esta altura sería risible y patético sino fuera trágico”.

Por esa razón, consideró que “resulta imperioso” que Maduro acepte las actas en poder de la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y “en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela”.

“De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones” con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea y la OEA, de acuerdo al comunicado.

En otro tramo, el titular de la OEA advierte que “a lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante”.

El Secretario General también pidió la creación de un nuevo CNE para reducir las irregularidades institucionales que, en su opinión, plagaron el proceso electoral que culminó con las elecciones del pasado domingo, cuyo resultado ha sido puesto en duda por varios países ante la falta de detalles sobre el escrutinio.

El lunes, el CNE de Venezuela proclamó el triunfo de Maduro con un 51,20 % de los votos frente al 44,20 % del opositor Edmundo González Urrutia, con un 80 % escrutado y sin desagregar los resultados.

Por su parte, la oposición asegura tener en su poder las actas emitidas en el proceso electoral y han habilitado un buscador para mostrarlas a la ciudadanía.

Machado aseguró que la oposición mayoritaria logró obtener el 73 % de las actas emitidas en las presidenciales, que dan –dijo– la victoria a González Urrutia, con una diferencia “apabullante”, contrario a lo anunciado por el CNE.

“Poner en duda la credibilidad del resultado es una estrategia de Bolsonaro para permanecer en el tiempo, aun después de una eventual derrota”, dice el especialista en Derechos Humanos, Paulo Abrão, secretario de Justicia de Brasil en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta 2020. Por el contrario, si Bolsonaro gana la segunda vuelta, “la tradición demócrata de Lula, y de todo el campo político que está en su alrededor, sabrá reconocer el resultado y enviará un mensaje de estabilidad”, dice Abrão.

¿Cree que Bolsonaro puede llegar a desconocer el resultado?

Existe riesgo de que Bolsonaro no reconozca los resultados. Hay altas probabilidad de que pueda pasar. Si no pasa, sería absolutamente sorprendente. La posición que Bolsonaro ha adoptado, por medio de las denuncias que cuestionan la legitimidad y transparencia del proceso electoral, puede ser un indicio de que Bolsonaro está implementando en Brasil el “plan Trump”. En primer lugar, una campaña de intento de desprestigio del sistema electoral y del sistema de votación, seguido de una campaña de desinformación y noticias falsas para agitar a que los grupos extremistas estén armados y dispuestos a atentar en contra las propias instituciones.

¿Con qué objetivo Bolsonaro busca instalar la idea del fraude?

El objetivo final es, por un lado, intentar promover algún tipo de disturbio social que le permita permanecer en el poder y, como segunda estrategia, tener el recurso retórico sobre una supuesta falta de transparencia para alimentar su base electoral, proyectándose a las elecciones locales en dos años y a las elecciones nacionales en cuatro años. Poner en duda la credibilidad del resultado es una estrategia de Bolsonaro para permanecer en el tiempo, aun después de una eventual derrota

En el caso de que Lula gane el domingo, ¿cuál será el principal desafío como presidente?

Lula podría llegar a gobernar en un país donde la agenda de derechos humanos viene de vivir el mayor retroceso de su historia. Un país donde la agenda ambiental, el desmantelamiento de la Amazonía y la desprotección de las tierras indígenas atraviesan una situación crítica y tendrá que enfrentarse a los grupos ilegales que están instalados en estas regiones. Lula tendrá también un Legislativo conservador, en el cual tendrá que mostrar toda su habilidad para construir una base de sustentación gubernamental muy amplia. Eso significa que este tercer mandato de Lula no será un gobierno del PT y si no un gobierno de un frente demasiado amplio. No será una tarea muy fácil, pero entiendo que las dos palabras claves para comprender un eventual nuevo gobierno Lula son: reconstrucción y diálogo. Reconstrucción de una institucionalidad pertinente y diálogo posibilitar la reconstrucción que incorporo a amplios sectores sociales, para que nunca más la democracia brasileña esté bajo bajo riesgo.

¿Qué escenario se abre para Brasil en el caso de que Bolsonaro sea reelecto?

Si Bolsonaro gana el domingo, tiene que saber que la tradición de demócrata de Lula, y de todo el campo político que está en su alrededor, sabrá reconocer el resultado y enviará un mensaje de estabilidad. Pero al mismo tiempo llamará a la comunidad internacional y a la propia sociedad civil brasileña, a mantenerse movilizada, en posición de resistencia, en contra de los retrocesos para evitar que Brasil pueda alinearse a los gobiernos de la extrema derecha global.

¿Qué lugar ocupa en este momento Brasil en el mundo?

Brasil ha estado ausente del escenario internacional en los últimos cuatro años. La imagen del país nunca ha estado tan despreciada como ahora y eso es debido a los discursos de Bolsonaro en cuanto a las propias posiciones que el país ha tenido en el ámbito internacional. Entonces, creo que de ser reelecto Bolsonaro, tendríamos que avanzar con una combinación de solidaridad internacional y articulación interna entre la política y la sociedad civil para evitar que Bolsonaro pueda implementar una agenda autocrática completa. Nosotros, como sociedad civil, vamos a tener mucho trabajo para que, en el caso que renueve Bolsonaro, los siguientes cuatro años no signifiquen aún más retrocesos para nuestro país.

Movimientos regionales en el BID y la OEA

Paulo Abrão, exsecretario de la CIDH hasta 2020, conoce bien a Luis Almagro. Fue el secretario general de la OEA quien decidió terminar con su continuidad al frente del organismo, bajo el argumentado de que no podía renovar el contrato de una persona con supuestas denuncias de abuso laboral. En ese momento, la comisión de derechos humanos desmintió las acusaciones de Almagro y denunció un “grave embate” contra la autonomía e independencia de la institución por parte del secretario general de la OEA.

En este momento, Luis Almagro está siendo investigado por haber mantenido una relación personal con una mujer de su equipo de trabajo. En un juego de espejos con los motivos que llevaron a la expulsión de Mauricio Claver-Carone del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Almagro podría ser destituido de su cargo.

Hace una semana, el Tribunal Administrativo de la OEA reconoció el derecho de Luis Almagro a no renovarle su contrato. ¿Cómo está su relación con el organismo?

Lo que plantee antes de irme era la ilegalidad de la decisión del secretario general de terminar mi contrato por las razones que él decidió hacer públicas en sus comunicados de prensa. El tribunal lo que determinó la semana pasada es que mi contrato terminó porque así lo indicaba la fecha y no por otro motivo. Eso significa que la sentencia reconoce el argumento de que mi salida fue por un simple vencimiento del plazo, como defendí. Entonces, contrariamente a lo que podía parecer en un principio, la determinación del Tribunal es a mi favor. Para mí es una victoria significativa.

Entonces, ¿por qué cree que Almagro basó su argumento en las denuncias del maltrato laboral?

A mí no me cabe especular las razones. Simplemente mantengo mi espíritu tranquilo de haber podido cumplir con mis tareas, con la conciencia tranquila de haber promovido una gestión equitativa, que ha mirado a todos los Estados con los mismos estándares, que ha buscado equilibrar la la posición institucional de la CIDH sobre los distintos derechos, con equilibrio regional. Creo que valió la pena. Estos cuatro años significaron un fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿En qué estado están esas denuncias?

Hasta hoy, no tengo conocimiento de ninguna denuncia formal en mi contra. Tampoco he sido notificado de ninguna conclusión respecto a ninguna investigación.

¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Luis Almagro?

Durante la pandemia hablamos varias veces. No sé si fue en enero de 2020.

¿Almagro le expreso de manera directa, en algún momento, la voluntad de no darle el respaldo para un nuevo mandato?

No, nunca habló ni conmigo ni ningún otro representante de la Comisión sobre la posibilidad de hacerlo.

¿Piensa que la resolución de la CIDH, denunciando “masacres” de civiles por parte del gobierno de Jeanine Áñez, puede tener que ver con esa decisión?

La Comisión denunció graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia durante el gobierno de Añez que derivaron en masacres contra a su gente. El propio gobierno de facto, en su momento, intentó descalificar la labor de la Comisión Interamericana, adoptando una posición negacionistas de esos hechos. Bolivia alegó que las masacres no habrían pasado, que los hallazgos de la Comisión no confirmaban los hechos, que era un informe sesgado. Por lo tanto, empezó una campaña de intento de descalificación del trabajo técnico de la Comisión Interamericana. Todo eso en vísperas de la reelección del secretario general de la OEA, claro.

¿Cómo analiza la investigación en contra Luis Almagro por haber violado un reglamento interno?

Prefiero no comentar ese tema porque no me no me corresponde.

El motivo de la denuncia es similar al que enfrento Mauricio Claver-Carone, que terminó con su cargo en el BID. ¿Qué piensa sobre el tema?

Existe dentro de las Américas la expectativa de que las dos principales organizaciones del sistema interamericano tengan estándares de funcionamiento rigurosos y mecanismos de investigación independiente. De manera que, desde el punto de vista de un observador externo, la expectativa ahora con la OEA es saber si va a seguir los mismos altos estándares que demostró implementar el BID.

¿Por qué cree que pasa ahora? ¿Incide el cambio de posición de la administración de Biden?

Bueno, es difícil opinar sobre aspectos que que muchas veces tienen origen en intereses que no están al alcance del conocimiento público. Yo no creo que el interés político pueda terminar por afectar a las más altas autoridades de estos organismos. Si violaron o no sus normas internas es una cuestión objetiva. Me parece que el tema de fondo tiene más que ver con una crisis de credibilidad que que estos organismos regionales viven hoy como consecuencia de la promoción de una agenda que ha desprestigiado los espacios multilaterales como lugar de construcción de consensos. Yo creo que aquí hay una una politización, que quizás parte de la concepción del propio sistema interamericano, pero que al mismo tiempo el problema lo tiene que procesar la OEA.

¿Cuál es el rol que la OEA puede cumplir para promover esa integración regional?

La OEA es hoy un espacio fracturado. La tarea importante para el próximo ciclo, incluso a partir de estos cambios gubernamentales de región, pasará por decidir cómo reconstruir ese lugar, cómo reconstruir ese espacio de manera que no pueda haber una instrumentalización coyuntural del organismo para intereses de ciertas agendas políticas.

Después de que a principios de la semana la Cancillería argentina dijera que mantenía la tradición de “no injerencia en cuestiones internas de otras naciones” para referirse a las elecciones en Nicaragua, este viernes el país votó a favor de una resolución en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que cuestiona dichos comicios, en los que se impuso el presidente Daniel Ortega, y advierte que “no tienen legitimidad democrática”.

Con 25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y una ausencia, las 34 delegaciones que participaron en la 51 Asamblea General del organismo interamericano aprobaron una resolución sobre “La situación en Nicaragua”, que se sumó a las expresiones de condena de la comunidad internacional.

“Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, señaló el pronunciamiento promovido por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.

Estados Unidos y Canadá encabezaron la votación a favor, grupo al que se sumó Argentina, mientras que México se abstuvo junto a varios países caribeños. Nicaragua fue el único que votó en contra.

En concreto, la resolución instruyó al Consejo Permanente de la OEA a realizar una “evaluación colectiva inmediata” de la situación en ese país, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que deberá completarse “a más tardar el 30 de noviembre”. Tras ese periodo, esa instancia deberá tomar las “acciones apropiadas”.

Después de los comicios, en los que Ortega fue reelecto con el 75% de los votos tras una serie de detenciones de candidatos opositores, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió el lunes que Nicaragua “cuanto antes recupere el diálogo y la convivencia democrática” y volvió a manifestar su “preocupación” por la detención de dirigentes opositores, ante lo cual reclamó “el respeto de los derechos humanos de toda la población” de esa nación.

De todas formas, la cartera que dirige Santiago Cafiero aclaró: “A horas de haber finalizado el acto eleccionario, mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones”.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó esta semana el comunicado de Cancillería sobre Nicaragua, que calificó de “disparate”: “Les ‘preocupan’ las detenciones pero no se pronuncian sobre las elecciones por tratarse de ‘cuestiones internas’”.

El voto de Argentina

Tras el voto de Argentina a favor de la resolución de la OEA, el vicecanciller Pablo Tettamanti señaló que el país “reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos”, que “representa un valor superior e irrenunciable”. “Junto al resto de los países americanos, y a través de la Carta de la OEA, mi país también ha asumido un compromiso con la promoción y la consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención”, sostuvo.

En ese sentido, enfatizó: “Argentina cree firmemente que la mejor forma de superar nuestras diferencias ha sido y seguirá siendo el diálogo. Nunca las sanciones o los bloqueos, que en nuestro hemisferio sólo han llevado a resultados negativos”.

“La OEA no debe apartarse de los principios y valores que rigen sus instrumentos fundacionales. La capacidad que demuestre esta Organización para retomar el camino de una cooperación entre iguales y basada en el respeto definirá, sin duda, los niveles de consenso, implementación y éxito de sus acciones”, añadió.

Tettamanti manifestó: “Nos preocupa, en ese sentido, la condena anticipada de este proyecto de resolución a una cuestión respecto a la cual estamos solicitando que sea analizada por el Consejo Permanente, sin que hayamos tenido aún un debate en profundidad”.

“Hemos acompañado el actual proyecto de resolución, con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias, en verdadero beneficio de nuestros pueblos”, afirmó el vicecanciller.

En el texto de la resolución aprobada por la OEA se establece que “las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno de Nicaragua”.

La OEA reitera “sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.

La OEA y el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana

Consultado respecto a la evaluación colectiva a la que se hace referencia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en una conferencia de prensa que “es esencialmente el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.

Ese artículo prevé que, “en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional”, cualquier país miembro o el propio secretario general pueden solicitar “la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

Y aunque no se habló de una posible suspensión de Nicaragua, la Carta Democrática contempla esa posibilidad en caso de que se “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.

Almagro aclaró que no corresponde a la secretaría que dirige “prejuzgar cuál va a ser la decisión que va a tomar el Consejo Permanente en esa evaluación colectiva”. En todo caso, destacó que esta resolución demuestra la “voluntad” de la OEA de “de trabajar con Nicaragua y de lograr una solución para el tema institucional” que aflige a ese país. “Nuestra voluntad es acompañar los trabajos”, puntualizó el secretario general.

Previa a la votación de la iniciativa, el representante de Nicaragua, Michael Campbell, rechazó “de la manera más categórica el proyecto de resolución” que, aseguró, “se quiere imponer” en contra de su país en esta Asamblea General. Además, denunció que entre sus proponentes se encontraba “un impostor, que usurpa el lugar de Venezuela”, en alusión a la delegación del líder opositor Juan Guaidó, y advirtió que ello se suma la “ilegalidad y nulidad” de la resolución.

El pasado domingo, el líder sandinista fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo en unos comicios generales que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.

CB con información de agencias