El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, quien se encontraba encarcelado desde noviembre último luego de ser condenado en una causa por corrupción y peculado, quedó hoy en libertad en virtud de una medida adoptada en ese sentido por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de esa provincia.

La medida dejó sin efecto una decisión anterior de la Cámara de Casación, que había negado la liberación de Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera, condenado en la misma causa, por considerar que existía peligro de fuga.

El STJ desestimó esta última posibilidad y dispuso que Urribarri y Aguilera sigan en libertad hasta que su condena a ocho años quede firme, ya que se encuentra apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Urribarri fue gobernador de Entre Ríos representando al justicialismo en dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015, y ocupó además cargos partidarios a nivel provincial y nacional y se desempeñó como embajador durante el Gobierno de Alberto Fernández, cargo al que renunció al ser condenado en 2022.

En un fallo que se conoció hoy miércoles, pese a estar en feria judicial, los jueces del STJ Leonardo Portela y Germán Carlomagno consideraron que no está acreditado el riesgo de fuga, mientras el tercer miembro del cuerpo, Miguel Giorgio, votó en disidencia por el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva.

El voto de la mayoría consideró que la aplicación de la prisión efectiva era una medida “desproporcionada”, al no haber en la causa una sentencia firme y no existir tampoco riesgo de entorpecimiento por parte de los condenados, ya que la etapa de investigación ya quedó clausurada y solo resta que se expida la Corte Suprema de la Nación.

Con información de la agencia NA

La Cámara de Casación de Paraná decidió este martes “hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución de fecha 05/09/2024, dictada por el Tribunal de juicio y apelaciones de Paraná, y en consecuencia, disponer la prisión preventiva efectiva de los imputados Sergio D. Urribarri y Juan Pablo Aguilera, hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”. Además, la Justicia entrerriana ordenó “la inmediata detención y posterior traslado” de los imputados a la Unidad Penal N°1.

Aguilera fue detenido poco después de las 11.30 y fue derivado a Robos y Hurtos, para luego ser destinado a la cárcel, según el medio entrerriano “Análisis”. Lo mismo sucedió con Urribarri, quien fue detenido por la Policía en su casa de Concordia y derivado a la Jefatura Departamental de su ciudad, desde donde será trasladado luego a Paraná. En principio ambos pasarán la noche en la cárcel de la capital entrerriana y mañana serían derivados a la Unidad Penal de Gualeguaychú por la falta de capacidad que tiene la UP1.

Los abogados defensores de ambos condenados por delitos de corrupción, en el marco de la causa denominada como Megajuicio, fueron notificados poco después de las 10 y el Servicio Penitenciario provincial fue a buscar a Urribarri a la calle Néstor Garat 291, de Concordia, domicilio legal del condenado, para trasladarlo a Paraná, mientras que su cuñado, Aguilera, fue capturado en su casa de la capital entrerriana.

En abril de 2022, el tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, condenó al entonces embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales.

El entrerriano fue el primer funcionario del Gobierno de Alberto Fernández en recibir una pena por corrupción, si bien los hechos investigados son anteriores a su asunción como embajador. El exgobernador justicialista (2007-2015) sostuvo durante el juicio que fue “objeto de una construcción jurídica y mediática” y pidió su absolución. Después de recibir la sentencia, por medio de sus abogados, apeló en libertad la condena ante la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos.

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull habían solicitado 12 años de prisión. La fiscalía de juicio estuvo encabezada por la procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, pero en diciembre de 2021 fue suspendida de sus funciones en pleno juicio por supuesto mal desempeño, lo que provocó el rechazo de fiscales de todo el país.

Además del embajador Urribarri, otras 12 personas fueron acusadas, entre quienes se encontraban exfuncionarios, familiares y supuestos “testaferros” en empresas privadas contratistas de la gobernación, según la acusación de los fiscales. El tribunal condenó en 2022 al exministro de Cultura de Entre Ríos, Pedro Ángel Baez, a seis años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua por los mismos delitos, y, a la misma pena, al cuñado del exembajador y exfuncionario público, Juan Pablo Aguilera. Los jueces condenaron también a otros cinco acusados a penas más bajas y absolvieron a otros cuatro de los imputados, entre ellos al exministro de Turismo, Hugo José María Marsó.

Los fiscales habían solicitado condenas de entre dos años y seis meses y doce años de prisión, dependiendo del rol imputado: presuntos autores de los delitos o supuestos partícipes secundarios. 

Los casos

El juicio concentró cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante su gestión en Entre Ríos. El legajo principal es conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. La acusación sostuvo que dos publicistas de las empresas Tep y Next habrían aceptado figurar como beneficiarios de contrataciones con el Estado entrerriano a cambio de retornar parte de los pagos al entorno de Urribarri. Las compañías llegaron a concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015.

El segundo caso en juicio fue bautizado “sueño entrerriano” e incluye tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los fiscales aseguraron que a través de gastos de la gobernación se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo, “Global Means”, se centra en la adjudicación de publicidad oficial destinada a 18 medios gráficos del país que quedó a cargo de una empresa que no habría llegado a constituirse como tal ni figuraba en el registro de proveedores del Estado entrerriano al momento de la adjudicación.

La fiscalía sostuvo que entre los cinco casos el presunto desvío de fondos públicos superaría los US$9 millones, “que traducidos a la actualidad significan 1.000 millones de pesos”. “Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo”, sostiene los acusadores.

La acusación

El llamado “megajuicio” en Entre Ríos comenzó en septiembre de 2021 y se extendió a lo largo de 50 audiencias. “Se trata del juicio más largo de la justicia ordinaria en Entre Ríos”, explicó en su momento a elDiarioAR el fiscal Ramírez Montrull.

Urribarri fue designado por Fernández como embajador en Israel en enero de 2020, cuando ya se encontraba procesado. Los casos estaban bajo investigación hace alrededor de seis años. En octubre de ese año, fue nombrado embajador en Chipre, donde inauguró la embajada argentina en ese Estado. Los cargos diplomáticos que ostentaba Urribarri no tienen inmunidad penal por hechos investigados en el país que los nombra. Poco más después de un mes de conocerse la condena, El exzmandatario rpovincial presentó su renuncia a Alberto Fernández y en mayo de 2022 abandonó sus funciones.

Las partes tienen tres instancias revisoras: el tribunal de Casación de Entre Ríos, que acaba de rechazar las apelaciones y dispuso su detención inmediata; el Tribunal Superior de Justicia provincial y la Corte Suprema de la Nación. El proceso hacia una posible condena firme podría demandar años, pero ahora, el exgobernador y su cuñado deberán esperar la sentencia definitiva en prisión.

Miguel Ángel Cullen, abogado de cinco de los acusados del juicio, entre ellos la contadora Corina Cargnel, señalada como supuesta colaboradora del cuñado de Urribarri y condenada por el tribunal a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua, afirmó en 2022 a elDiarioAR que para la defensa “no hay delito” en las acciones atribuidas a sus defendidos y que ninguno de ellos ofició como “testaferro” de los funcionarios. “Demostramos que los dueños de las empresas son quienes figuran como tal y que manejaban ellos mismo las compañías” y que Cargnel “cumplió funciones de contadora, se limitaba a llevar la facturación y obedecer a la patronal”. Cullen informó que durante el juicio las defensas cuestionaron la cadena de custodia de algunas pruebas centrales y que algunos equipos tecnológicos secuestrados a los acusados no se peritaron. El tribunal rechazó esos planteos antes de leer el veredicto durante una extensa audiencia que se extendió por más de diez horas.

“Vimos incansablemente cómo se confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional. Esto se da, es posible por la anulación de innumerable cantidad de normativa”, sostuvo Ramírez Montrull durante los alegatos. 

“Vimos a empleados del ex Ministerio de Cultura gestionando para dos empresas privadas como Tep y Next, y cobrando sueldo ahí también. Vimos a Gustavo Tamay gestionando para Tep y Next. Vimos la intervención de familiares del exgobernador Sergio Urribarri gestionando con proveedores del Estado. Vimos cómo un empresario pagó a la familia Urribarri las suites presidenciales en un hotel de lujo de Mar del Plata. Vimos cómo un empresario proveedor del Estado -Diego Cardona Herreros- pagaba vuelos para la familia Urribarri”, afirmó el fiscal en febrero de ese año.

Palabras finales de Urribarri en el juicio

Urribarri siguió en abril de 2022 la lectura de los fundamentos de la sentencia en su contra a través de videoconferencia. El 22 de marzo de ese año había brindado también de manera virtual sus palabras finales, previo a la sentencia. “Fui objeto de una construcción jurídica y mediática”; “no robé ni sustraje nada” y “no hubo en el proceso racionalidad, no hubo investigación ni objetividad”, dijo.

El exembajador -quien también enfrentaba una causa por presunto enriquecimiento ilícito- afirmó que esperaba los sobreseimientos de todos los imputados y aseguró que la acusación se erigía sobre el hecho de que “el Ministerio Público Fiscal desconoce el funcionamiento del Estado y la administración pública”.

“Se llegó hasta esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades y atropellos y a fuerza de violaciones de garantías constitucionales que ya nadie discute, y con una fuerte presión mediática”, agregó. “La fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente de responsabilidad”, sostuvo en su momento frente al tribunal.

“¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron? Sinceramente quiero creer que no, que no son conscientes porque si hubieran sido conscientes del daño que provocaron a lo largo de estos seis larguísimos años, si fueran conscientes, tendrían, y todavía están a tiempo, que pedir disculpas”, dijo a sus acusadores.

Finalmente, los tres jueces de tribunales rechazaron los planteos de Urribarri y dieron por probadas las acusaciones de los fiscales.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó hoy su honda preocupación por la denuncia formulada por el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri contra el periodista de investigación Daniel Enz, quien publicó en su semanario Análisis los hechos que determinaron la condena del político a ocho años de prisión por la Justicia de esa provincia litoraleña.

La demanda fue presentada por el expresidente de la Cámara de Diputados a través de su abogado, Fernando Burlando, acusando al periodista de la comisión de delitos federales. El exgobernador pidió además que la Justicia accediera al listado de las “llamadas entrantes y salientes” de Enz.

Este martes, Burlando anunció en una conferencia de prensa que había presentado un escrito en los tribunales federales porteños dando cuenta de una supuesta “mesa judicial” que habría montado una especie de complot contra el exgobernador. La denuncia quedó radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuan, que, según Burlando, ya le tomó declaración a Urribarri.

ADEPA subrayó que la demanda es por “ejercer su función como periodista de investigación”. “Los eventuales reproches que puedan realizarse a las fuentes del periodista no pueden serle atribuibles a éste, por lo que la denuncia resulta injustificada en los propios términos en que ha sido realizada”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Y concluyó: “Por ese motivo, preocupa también a ADEPA que, más allá de lo que pueda decirse sobre su competencia, no se haya rechazado in limine una denuncia que constituye un ataque a las bases mismas del periodismo de investigación y a los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución Nacional”.

Enz es periodista de investigación desde hace décadas y dirige Análisis desde hace 34 años. Según dijo a elDiarioAR, Urribarri “habla de la existencia de una supuesta mesa judicial” en Paraná, de la que supuestamente particpan fiscales, jueces y él, como periodista. “Y dice que nosotros todo el tiempo le armamos causas a gente que le apuntamos a la cabeza. O sea, que yo escribo las notas consensuadas con ellos y que después ellos inician la acción judicial. Un disparate total”, sostuvo.

El periodista investigó a Uribarri desde que este fuera elegido diputado provincial en 1991. “Nosotros lo investigamos desde esa época, porque siempre fue un diputado con demasiadas mañas y bastante desprolijidades en su accionar público”.

Enz aún no sabe qué le delito se le imputa. “Y no entiendo esa cuestión de que le pide a la Justicia que intervenga los teléfonos de los fiscales, de los jueces y mi teléfono. Y determinar llamadas y mensajes entrantes y salientes en no sé qué periodo, violando el derecho constitucional de todo periodista y violando el secreto profesional que nos comprende”.

El periodista, que en su carrera investigó a narcotraficantes, políticos y policías, entre otros, considera que el exgobernador hizo esta denuncia como último recurso para postergar su ingreso en prisión. “Creo que recurrió a hacer esta denuncia como el último manotazo para postergar su ingreso a la cárcel de Paraná o de Concordia en función de la condena firme que tiene en tres instancias. Porque su destino final es la cárcel. No tiene salida. La justicia hace casi nueve años que lo está investigando a partir de la denuncia que hiciéramos en Análisis en noviembre del 2015”.

Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

“Entiendo que está desesperado y él incluso declaró allá en Buenos Aires que está deprimido, porque cuando fue a hacer la denuncia a Buenos Aires, pese a que todos los hechos que supuestamente él dice que existieron, existieron acá en Paraná, declaró e insistió en remarcar que yo estoy obsesionado con él, que es un perseguido por mí”, añadió.

“Nosotros llevamos 34 años con la revista. Hicimos más de 500 denuncias periodísticas. Solamente un escaso porcentaje se transformaron en expediente judicial, como le sucede a todo medio. Pero no tenemos nada que ver con nadie del Poder Judicial. Yo no conozco a la mayoría de los fiscales y jueces. No me van a encontrar alguna vez en tribunales salvo que tenga que ir a declarar porque marco distancia y el que quiera verme me puede ver en mi oficina. No ando por los despachos de nadie, ni de la Justicia, ni de la Casa de Gobierno”, insistió.

El periodista, autor de 17 libros de periodismo de investigación, considera que la denuncia no prosperará. “Creo que las cosas se van a poner en su lugar. Me parece que es algo que debería ser rechazado o bien derivado a la justicia federal de Paraná para ver si es que entienden que pueden hacer algo. Pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo y recibiendo mucha solidaridad de mucha gente, mucha gente que no conozco, de muchos colegas de todo el país y del extranjero. Y esperando que las cosas se pongan en el debido lugar”.

CRM/JJD

Los contratos

Ese día de septiembre de 2018, lo sucedido fue lo más parecido a una implosión. En Casa de Gobierno y en especial en la Legislatura, donde se concentraba el eje de la problemática. Lo que pasaba y lo que iría a suceder de allí en más. Nadie imaginaba hasta dónde iban a llegar las esquirlas sobre los contratos legislativos, una vieja modalidad que sucedía hacía más de 30 años -con mayor y con menor intensidad-; con referentes políticos más y menos corruptos. Con legisladores de los dos partidos mayoritarios, en esa suerte de hipocresía de que las cajas políticas -como estas- jamás se tocan, pero donde nadie tampoco se hace cargo de lo que desvían o dejan de desviar. Cada peso que se gastaba, siempre debía estar justificado, por más que ese trámite haya sido una mentira. Podía cobrar tal persona, pero ese hombre o mujer, de antemano debía saber que el dinero no le pertenecía y solamente obtendría una mínima parte de lo que le figuraba en el recibo. Sucedió en cada uno de los gobiernos, desde 1987 a esta parte (incluido el segundo mandato de Sergio Montiel) y era responsabilidad de los legisladores o de las conducciones de cada Cámara y nadie del Poder Ejecutivo podía decir una palabra. “Pero esta vez, a los muchachos se les fue la mano. Instauraron un sistema perverso, de mucho dinero que se desviaba, con cientos de personas por mes, donde eran unos pocos los que se hacían millonarios a costa de ejecutores de guantes blancos y un ejército de recaudadores, que se aceitó y profundizó a partir de la llegada de Sergio Urribarri al poder”, indicó un conocedor. Y no estaba para nada equivocado.

Todo eso empezó a quedar al descubierto a partir del accionar del policía César García, quien se plantó ante una situación irregular que venía observando hacía por lo menos dos meses, en el cajero automático del Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, sucursal Don Bosco. O sea, en plena avenida Ramírez, entre Colón y La Paz. Eran dos mujeres y un hombre que se metían en el habitáculo y permanecían por varios minutos. Era como que se adueñaban por un espacio irregular de tiempo, cubriéndose unos a otros, para que nadie pudiera ver desde afuera cómo iban colocando diversas tarjetas, retiraban cifras importantes de dinero y las iban guardando en el bolso de una de las mujeres. Y quedaba claro que a ninguno le importaba las camaritas que podían haber estado filmando. Daba la sensación de que se sentían tranquilos o impunes y vivían ese momento con totalidad normalidad.

El policía siempre vio a las mismas personas. García no se quedó cruzado de brazos. Anotó datos, horarios y patente. Y acudió a uno de los comisarios de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos que vive cerca de su casa, para contarle lo que estaba observando. El alto oficial prestó atención y le dijo claramente: cuando estuvieran de nuevo, tenía que llamarlo y alertarlo, para actuar en consecuencia. 

El jueves 20 de septiembre de 2018 los tres individuos concurrieron nuevamente a la sucursal bancaria. Era de mañana y había un movimiento intenso en la ciudad y en especial en Avenida Ramírez. Entendieron que nadie los miraba, pero se equivocaron. Apenas entraron al sector de las cajas automáticas el sargento García llamó al oficial de Delitos Económicos para que acudiera urgente. Pero llegó tarde. Cuando estuvo cara a cara con el suboficial se disculpó por la demora. “No importa; acá tengo el número de la patente y la dirección donde está registrada. Hace un mes los pedí al 911 y ese es el domicilio”, le dijo. 

El comisario ya tenía preparada su gente para ver la forma de interceptarlos. Los detuvieron esa misma mañana en la intersección de las calles División Los Andes y O‘Higgins. O sea, a escasas cuadras de la vivienda de uno de los “coordinadores” de la banda, que precisamente no estaba en la camioneta. Los estaba esperando en su casa de calle Isidoro Almeida, ansioso por ver y controlar la recaudación. 

Habían coordinado la situación con quien estaba de turno en la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas, la doctora Evangelina Santana y estaba al tanto de la situación la fiscal Patricia Yedro. Pero cuando los interceptaron, justo la doctora Yedro estaba en una audiencia y le había dejado el celular al fiscal Ignacio Arramberry. Fue el fiscal quien resolvió al respecto. Los dos fiscales son de los más antiguos del nuevo sistema y se mueven casi de memoria.

No hubo ninguna resistencia entre los detenidos. Era como que no importaba demasiado. Sentían que el largo brazo del poder político se iba a ocupar de ellos y lo que sucedía era solo un trámite burocrático. Pusieron el vehículo a un costado de la calle y empezaron a descender uno a uno. Las tres personas que iban en la camioneta eran Esteban Scialocomo (31), María Victoria Alvarez (31) y Flavia Marcela Beckman (49). Los tres tenían el mismo domicilio de calle Almeida.

--¿Nos pueden mostrar lo que llevan en los bolsos? –preguntó el oficial de la Policía de Entre Ríos.

La mujer mayor fue la primera que tomó la iniciativa. Los policías se sorprendieron con la cantidad de dinero y las tarjetas de débito Visa del Banco de Entre Ríos, que llevaban. En total eran 271.920 mil pesos: 26 fajos de 10.000 pesos, más 11.920 pesos aparte. Estaba claro que habían empezado a organizarlo apenas salieron del banco.

--¿Qué explicación tienen de este dinero? –se les preguntó.

--Nosotros trabajamos para el Senado de la Nación. Y creo que lo mejor sería que no nos hagan problemas, porque van a ser ustedes los que quizás puedan tener algunos inconvenientes… -les dijo Beckman, que era como la que había quedado momentáneamente de “jefa” de los tarjeteros. Se sentía una mujer poderosa, que conducía no solamente a ese grupo, sino también a muchos más, en conexión directa con el poder político.  

Los policías dejaron demorados a los tres en un patrullero y acudieron al domicilio de calle Almeida. Cuando llegaron, Hugo Rubén Mena -esposo de Beckman y oriundo de Villaguay, aunque hace mucho tiempo reside en Paraná- estaba sentado mirando televisión, como si no pasara nada. Se sorprendieron cuando vieron en los alrededores de la puerta cuatro cámaras de video que tenía instaladas. 

--Nos agarró la cana –le comentó por lo bajo su mujer, Flavia Beckman, apenas entró.

Mena se agarraba la cabeza y no sabía dónde meterse. Su mujer no dejaba de enviar mensajes, como dando directivas a alguna gente, en torno a lo que iba sucediendo en su casa, en una zona ubicada a por lo menos 10 kilómetros de la Casa de Gobierno provincial. Los policías encontraron en la casa numerosos contratos de ciudadanos con la Legislatura entrerriana firmados por sus beneficiarios y otro lote importante sin rubricar. firmar. Alguien se encargaría de hacerla luego, sin importar quién. Según el detalle, había 12 contratos que estaban ordenados por el exdiputado provincial y por esos días diputado nacional Juan José Bahillo, quien presidió el bloque del Frente para la Victoria durante 2016 y 2017, antes de renunciar para asumir en el Congreso de la Nación. También había 6 contratos a nombre del entonces diputado Pedro Báez (Paraná), como así también entre uno y dos contratos de los legisladores Juan Navarro (Tala), Rubén Vázquez (Paraná Campaña), Gustavo Osuna (Paraná), Leticia Angerosa (Gualeguaychú), Silvio Valenzuela (Uruguay), Daniel Ruberto (Paraná), Marcelo Bisogni (Uruguay) y Juan Carlos Darrichón (Diamante). Lo extraño del caso era que los contratados tenían residencia en la capital entrerriana, pese a que buena parte de los legisladores mencionados son del interior de la provincia. Además encontraron 25 contratos del Senado, que presidía Adán Humberto Bahl. La mayoría no tenía nombre de senador alguno, pero sí indicaban la frase “autoridades del Senado”.

--¿Y por qué tienen esto ustedes? –preguntó uno de los oficiales del operativo.

--Es para hacerle la gauchada a los muchachos. Les cobramos nosotros y luego le entregamos el dinero, porque ellos no pueden ir muchas veces hasta el centro –explicó Beckman.

--¿Y desde cuándo hacen esto?

--Desde hace mucho tiempo. Los ayudamos así, a los que no pueden ir a cobrar.

--¿Y ellos cobran todo el dinero? –insistió.

--Por supuesto.

Mientras transcurría el allanamiento varios de los supuestos beneficiados de las inmediaciones de la casa de calle Almeida empezaron a recibir los pedidos desesperados por parte de Flavia Beckman para que acudieran lo antes posible al lugar. Y a la vez les acotaba: “Cuando les preguntan si nosotros les pagamos la totalidad del dinero que figura en el contrato mensual, ustedes digan que sí”.

La mujer quería obligarlos a que in situ les dijeran eso a los policías y de esa manera liberar sus culpas. Ninguno de ellos acudió a la casa de los Mena-Beckman. Dejaron que se las arreglaran como pudieran con la Policía y la justicia.

El operativo se extendió hasta últimas horas de la noche. Los moradores de calle Almeida no se enteraron nunca que, a la vez que ellos trataban de coaccionar a los contratados barriales para que dijeran que cobraban la totalidad de los sueldos, la delegada judicial, Clarisa Aiello, iba entrevistando uno a uno, en un patrullero, a varios de ellos, a no más de 10 metros del lugar allanado. La Policía buscó a cinco contratados del barrio y los fue llevando a declarar con la delegada, en una escena que era lo más parecido a un confesionario. Cada una de las entrevistas fue quedando registrado en un video, que se iría sumando a la causa judicial iniciada por los fiscales Yedro-Arramberri. Ellos llevaron adelante todo el operativo. Los conductores del Ministerio Público Fiscal, el procurador Jorge García y su adjunta, Cecilia Goyeneche, se enteraron en un recreo en la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional del Litoral, donde por separado estaban dando clases a los alumnos. “Ustedes hagan lo que deben hacer”, les dijo solamente el procurador.

Entre los entrevistados express estuvo la empleada doméstica del matrimonio Mena-Beckman, quien tenía un contrato de Diputados como pago para su remuneración mensual. 

--¿Pero usted no tiene que ir a Diputados? -se le preguntó.

--No, no conozco ese lugar. Solamente acudo a limpiar la casa de los señores.

O sea, una práctica que, lamentablemente, suelen tener varios legisladores y algunos funcionarios provinciales, desde siempre y en cada uno de los gobiernos, aunque miran para otro lado y hablan todo el tiempo de equidad e igualdad ante la ley. Y nadie quiere reconocerlo. Obviamente, le daban un escaso porcentaje de ese sueldo. El resto, subía a la caja recaudadora.

Cuando se fueron los policías Mena recibió un mensaje de alguien que tenía agendado. Era el contador Gustavo Pérez, responsable administrativo del Senado de Entre Ríos y hombre clave en esta historia, en por lo menos los últimos 10 o 12 años, previo a septiembre de 2018. De hecho, se conocían de la última parte del mandato como vicegobernador de Pedro Guillermo Guastavino, etapa en la que Mena ingresó con un contrato en el Senado entrerriano junto a su mujer. 

--¿Gordo, se llevaron todas las cosas? –le preguntó.

--Secuestraron muchos papeles, CPU de la computadora, plata y los contratos. También se llevaron lo del Bebu (Scialocomo). Y lo de Buenos Aires.

--Quedate tranquilo que el uno también está en el tema, para tratar de resolver todo esto. Tranqui nomás –acotó Pérez, sin identificar a quién se refería, aunque se entendía que podía ser alguien de muy alta escala en la organización política.

--Bueno, esperemos.

--¿Talonarios? -preguntó Pérez.

--No mucho; lo de AFIP. Los papeles del monotributo.

--¿Facturas? 

--Supongo que sí. Te paso más data cuando llegue a casa.

--Ah, entonces no es tan grave –acotó Pérez.

--No sé, no sé.

--¿A las cajas estas con talonarios no las llevaron?

¿No allanaron el galpón de enfrente?

--No, de ese lugar no se enteraron.

A los pocos minutos se volvieron a comunicar por el chat de mensajes.

--¿Tenés más data? –insistió Pérez.

--Estaba repasando y llevaron un par de talonarios e informes del monotributo; las tarjetas, contratos firmados; los sin firmar; cuadernillos, lista de la gente y la contadora de billetes. 

--Bueno, descansá un poco y mañana seguimos. Ojo con el celular, escondelo -remarcó Pérez, quien era consciente de que se le venía la noche, pero entendía que contaban con una cobertura política muy superior, que los ayudaría y que quedarían expuestos a ser hundidos, si era necesario. Políticamente y judicialmente. No ayudarlos, era el acabose de los jefes políticos y Pérez estaba aferrado a ese detalle no menor.

Los pormenores del inicio del millonario fraude al Estado entrerriano quedaron al descubierto en los ocho cuadernos contables encontrados en la vivienda que habitaban Mena y Beckman, con anotaciones casi diarias de las recaudaciones. Los cuadernos eran sencillos, casi como de almacén: nombres, importes, número de los cheques, descuentos, aportes, fechas de pago e identidades de cada uno de los cobradores de esos cheques, lo que hubo que instrumentar a poco de iniciado el sistema, cuando algunos pícaros de los contratados se empezaron a fugar con el dinero de los cheques, sin dejarlos en su totalidad en los jefes de la banda.

Apenas cortó la comunicación con Mena el contador Pérez agarró su automóvil y fue urgente hasta la casa de su mano derecha, domiciliado en la zona de la Toma Vieja y le entregó dos discos duros.

--Esto de Mena y compañía me parece que se va a complicar. Acá te dejo toda una documental. Si nos agarran con esto, vamos presos de por vida –le dijo. 

Ese encuentro fue con Alfredo Bilbao, uno de los principales hacedores del mecanismo de recaudación y con fluidos contactos con conocidos abogados penalistas y algunos jueces de Paraná. De hecho, por lo menos seis integrantes de ese selecto grupo, tenían la denominada “peña de los miércoles”, que se extendió incluso con los años siguientes, aunque con la ausencia de Bilbao y se iban rotando los anfitriones. Era una forma de intercambiar informaciones y consolidar algunos códigos -en especial de parte de esos magistrados que podían participar- en determinadas causas, donde no había ningún tipo de excusación. No era necesario quedar al descubierto de esos encuentros amistosos.

Hay quienes sostienen que esos dos discos duros, Bilbao lo dejó en manos de un abogado de su estrecha confianza, para su resguardo y para que nadie lo pudiera encontrar en la investigación judicial. Porque era información clave y determinante para dejar todo el mecanismo perverso al descubierto.

La Policía se fue de la casa de Mena y se llevó presos por el delito inicial de “estafa” a Scialocomo, Beckman y a María Victoria Alvarez, mujer del primero. Todos quedaron detenidos en la sede de la Alcaidía del Poder Judicial, pero no se filtró ningún dato hacia la prensa. Al otro día, muy temprano, la Policía volvió a la casa de Mena y profundizó el allanamiento. Encontraron nuevas cosas para la causa, terminaron de secuestrar los teléfonos celulares y lo trasladaron preso al dueño de la casa. También se llevaron dos vehículos más: un Volkswagen Fox y un Ford Transit, que tras ser requisados, fueron derivados al depósito que tiene la Policía en La Picada. El galpón nunca fue detectado en la investigación judicial. Nadie supo responder por qué. Ni fue realmente lo que sucedió, porque se entendía que podía haber elementos que servirían y mucho a la causa.

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La opinión pública ya se había conmovido con la revelación de dos empleados legislativos del diputado provincial Ricardo Troncoso (Recuperación Radical-Tala), quienes la noche anterior al 20 de septiembre, contaron en detalle cómo el legislador se les quedaba con buena parte de sus respectivos sueldos. Los datos fueron puestos a la luz de la opinión pública en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), con el testimonio de uno de los afectados directos. Carlos Cozzi y su esposa eran empleados legislativos en el despacho del diputado Troncoso desde el inicio de la gestión, a mediados de diciembre de 2015 y los despidieron el 12 de septiembre de 2018. “Troncoso me trajo de secretario y yo le hacía toda la parte de afuera de Casa de Gobierno. Como un chico de los mandados. Los trámites en los bancos y financieras, las cosas del hotel y comprarle desde papas fritas hasta jabón o pescado en Puerto Sánchez”, contó el hombre ante cámara. Cozzi es hermano de Cielo Cozzi de Espejo, pareja de Troncoso en los últimos años y también contratada por el exintendente de Maciá, hombre fuerte del montielismo en la última administración radical y amigo personal del exgobernador Sergio Urribarri. En realidad, la mujer tenía contrato en Diputados de la provincia, como así también en dependencias nacionales, siempre con el aval de referentes de Cambiemos.

“En 2015 empecé facturando 12.000 pesos y me daban 8.000. Después le facturé un poco más y me daba un poco más. Pero siempre tenía un vuelto que darle a él. Un vuelto importante. Terminé con un contrato en el que figuraban 25.000 pesos y me entregaba 15.000”, precisó Cozzi. El trabajador contó también que el mecanismo era instrumentado por el diputado con él, su esposa Marisa y ocho contratados más. “Y llegó a tener 12 contratados”, acotó, al tiempo que describió: “En la oficina estábamos los que trabajábamos, pero había gente que simplemente traía su factura”. En ese grupo estaba su hija. “Ella le facturaba por 12.000 pesos y se quedaba con 3.000, de los cuales tenía que pagar el monotributo y le quedaban 2.000 y pico”, precisó. “Nunca nos dio una copia de los contratos. Nos hacía firmar arriba del escritorio sin leer y siempre con la promesa de que íbamos a quedar en planta. Yo veía toda la chanchada, que algo mal estaba, pero como Troncoso era medio noviecito de mi hermana y nos hacía la promesa de que íbamos a quedar en planta, que me podía meter en el Iafas (Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social) o en cualquier lado, me pedía que aguantara un poquito”, confió Cozzi. Una de las contratadas cumple funciones en el hotel que Troncoso tiene en la localidad de Maciá. Cobra por trabajar en su negocio privado. 

“En promedio se lleva entre 10.000 y 15.000 pesos por cada contrato y en algunos casos 20.000, como el de mi esposa Marisa, a quien últimamente le estaba dando 6.000 pesos de los 26.000 que facturaba”, calculó el hombre. 

También mostró audios de whatsapp que generaron cierta repulsión. En uno Troncoso le preguntaba a la mujer si pudo cobrar un cheque porque tenía que viajar a Maciá. Ella le respondió que no y él replicó ofuscado: “Tenés que mandarme 20.000 pesos. Te dije que te iba a dar 6.000. Mañana llévalos a la oficina para que me lo manden con el correo puerta a puerta porque yo me estoy yendo a Maciá. Me hubieras avisado porque hace una hora y media que estoy esperando acá al pedo”.

Según Cozzi “entre los ocho contratos se debe quedar con cerca de 100.000 pesos por mes. Pero llegó a tener 12 contratos así”. Y contó que “cantidad de veces” le plantearon la cuestión al diputado. “Nos decía que así es porque hay que hacer un aporte a la política. Yo de mi misma plata, y esto es para reírse, le tenía que llevar una parte a una chica puntera de él de Colonia Avellaneda”, confió el hombre. “La verdad que no me quiero meter, pero los comentarios dicen que varios diputados hacen lo mismo. Yo lo viví de cerca y lo sufrí. Además de situaciones de maltrato, trata mal y habla mal todo el tiempo. Tengo hasta grabaciones. Denigra, humilla, basurea”, narró Cozzi.

“Yo veía los cheques. Uno a nombre de un tal Perlo, Goyeneche, Acosta. En los cheques que salían a nombre de ellos Troncoso falsificaba el endoso y en ventanilla cobrábamos. Para él eso estaba bien, era legal y normal nos decía”, concluyó Cozzi.

En las primeras horas de ese 20 de septiembre de 2018, la Fiscalía Anticorrupción abrió una causa judicial contra el diputado Troncoso, tras la difusión del informe periodístico. Horas después, la fiscal Goyeneche se enteraría de las detenciones de las tres personas, pero esa era otra historia.

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No pocos se sorprendieron al enterarse con quiénes estaban vinculadas las cuatro personas detenidas tras el operativo policial y el secuestro de tarjetas de débito y casi 300 mil pesos en efectivo. Eran todos contratados del senador nacional Pedro Guillermo Guastavino, hombre del PJ de Gualeguaychú y exvicegobernador de Entre Ríos entre 2003 y 2007, secundando a Jorge Pedro Busti en su tercer mandato. Precisamente llegó a ese lugar por sus vinculaciones con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. De otra manera no hubiera sido compañero de fórmula del concordiense, quien aprovechó esa relación para sumarlo. El conocido Pemo había sido funcionario de Acción Social en el primer gobierno de Busti (donde incluso tuvo una denuncia penal, junto a otra dirigente de la mencionada área, como Margarita Zerdá de Peñalver); luego estuvo en el IAFAS (lugar en que fue denunciado por irregularidades, por el Tribunal de Cuentas, pero luego se cajoneó el expediente) y llegó a diputado provincial en el último gobierno montielista, donde presidió la Comisión de juicio político de la Cámara Baja. 

Guastavino y los Kirchner habían militado en el peronismo en la década del ’70, en La Plata. En esa ciudad, un 23 de diciembre de 1976 fue acribillada a balazos en la puerta de su casa Patricia Guastavino, quien militaba en la JUP y era hermana del legislador nacional. El cuerpo de Patricia -que el 17 de agosto había cumplido 21 años- llegó en horas de la noche a Gualeguaychú, en medio de un fuerte operativo de seguridad, y fue sepultado en el cementerio de la ciudad. Nadie sabía del paradero de Enrique; estaba desaparecido desde febrero del ’76, en Santa Fe, donde lo había recluido la organización de Montoneros. Pemo Guastavino cayó preso el 8 de septiembre de 1976 y regresó a su ciudad natal después de la guerra de Malvinas. Atrás había quedado un largo periplo de odio y dolor: una casa de torturas en Santa Fe cuya ubicación nunca pudo determinar -donde estuvo desaparecido por veinte días-; la Guardia de Infantería del Ejército Argentino -en donde lo tuvieron hasta que pudo recuperarse de las secuelas físicas por la tortura-; la cárcel de Coronda durante tres años, Caseros, La Plata y Rawson. Habían pasado más de seis años desde aquel día de febrero de 1976 en que vio por última vez a su hermano Enrique, en la Plaza de Las Banderas, en la capital santafesina, cuando fueron interceptados por un Falcon verde y corrieron uno para cada lado. Enrique fue chupado y es uno de los desaparecidos de nuestra historia sangrienta.

--¿Qué explicación tiene usted respecto de estas personas que pertenecen a su equipo de trabajo en el Senado y están todas detenidas? –se le preguntó a Guastavino, desde el programa A quien corresponda, de FM de la Plaza de Paraná.

--Son contratados míos que tenían la función en Paraná de trabajar en territorio en temas que tienen que ver con trámites de jubilaciones, pensiones y otras cuestiones que siempre se demandan para que yo realice en la Nación. Eran contratados monotributistas y ejercían esa función para mí, contratados por el Senado de la Nación. 

De todos modos manifestó su “sorpresa” por la detención de las personas y dijo que inició “el trámite para dar de baja en forma preventiva los contratos hasta que la justicia actuara y se aclarara el tema. La única relación que tengo con ellos es a partir del contrato que se ha firmado con el Senado de la Nación”, acotó, sin ocultar su nerviosismo, aunque de inmediato se hizo asesorar con el abogado Julio Federik, a quien luego puso como defensor en la causa.

En realidad, todos los implicados disponían de contratos en Diputados y el Senado de la provincia, además del Senado de la Nación. Guastavino los tenía registrados desde principios de 2012, pero en Entre Ríos hacía más tiempo que estaban como contratados de la Cámara Alta. Hugo Rubén Mena y su pareja Beckman eran los que aparecían con mayor antigüedad junto a Guastavino. Pero también figuraban la joven Alvarez, hija de Beckman y Scialocomo, que es yerno de la pareja. Además, había otros hijos, yernos o familiares directos de Mena y Beckman. Con el primero estaban relacionados Jazmín Mena Gioveni; Gisella Mena Gioveni; Pablo Balladares; Fernando Sarnaglia y Andrea Demartín, vinculada a un conocido empresario de la construcción. Con Beckman, además de los mencionados, surgían Macarena Alvarez, Alejandro Ferreyra, María Emilia Alvarez y Luciano Giles Retamar. Todos ellos constituían una especie de “grupo de tareas” vinculado al negocio de contratos truchos en la Legislatura y el Senado de la Nación, ya sea con Guastavino como con la exsenadora nacional Sigrid Kunath, también exfuncionaria de Sergio Urribarri, con quien tenía una estrecha confianza. Tanto con el actual embajador argentino en Israel como con su mujer, Ana Lía Aguilera, al punto tal que uno de sus hijos es ahijado de Kunath. 

La justicia siguió avanzando y fue encontrando elementos para llenar casilleros donde iban apareciendo actores con diferentes roles y responsabilidades. El 3 de octubre volvieron a hacerse allanamientos en Paraná. En principio acudieron a la vivienda de calle El Ñapindá 1650, en la zona de la Toma Vieja. Allí reside Alfredo Bilbao, quien figuraba como empresario, a quien se le secuestraron computadoras, notebooks, una carpeta con documentación y un celular Samsung S8. 

Bilbao era quien más aparecía vinculado al grupo de recaudadores que lideraba la dupla Mena-Beckman y se conocía con Pérez desde tiempos en que trabajaban en la sede del Banco Francés de Paraná. Los investigadores pudieron determinar que el “hombre de números y negocios”, como lo definían, también contaba con una oficina en el edificio de Alameda de la Federación 290, esquina Córdoba, en el cuarto piso, donde trabajaba junto a Roberto Ariel Faure. Bilbao se trasladó hasta ese lugar después de que lo asaltaron meses antes y le llevaron una cuantiosa cifra de dinero, al parecer vinculada a la recaudación de los contratos. Pero Bilbao prefirió no denunciarlo ante la Policía o la justicia. Le dieron la orden de que no había que hacerlo, porque ello podría determinar ciertas pistas a la Policía. Pero estaba claro que ese robo no fue casual; los que cometieron el atraco sabían en detalle los movimientos de Bilbao, el dinero que disponía y de dónde provenía.

Tanto Bilbao como Faure también figuraban como asesores de Guastavino en el Senado, con sueldos de entre 61.000 y 52.000 pesos mensuales, respectivamente. En la oficina de calle Alameda y Córdoba ya no había nada cuando llegaron los fiscales. En la oficina de al lado, en ese cuarto piso del edificio, tiene su oficina el abogado Guillermo Mulet, quien por ser vecinos -tanto en el barrio, en la zona de la Toma Vieja, como en el edificio-conocía muy bien a Bilbao. Y cuando le preguntaron al respecto dijo que no sabía nada de los movimientos del recaudador político y menos qué había sucedido con el estudio lindante. Lo cierto es que cuando los policías llegaron al lugar, la oficina de Bilbao estaba totalmente vacía. Nunca encontraron, por ejemplo, aquellos discos duros que Pérez le había llevado a Bilbao a su casa. Ya estaban guardados en una escribanía fuera de Paraná. 

*****

Nunca hubo un caso que calara tan a fondo en las vísceras del poder político. En el aire silencioso de los alrededores de la Casa de Gobierno se respiraba preocupación, incertidumbre y se seguían minuto a minuto las novedades que se iban conociendo. Había cierta tensión en el clima y cientos de ojos que observaban cada movimiento. Estaban preocupados Gustavo Bordet y Adán Bahl, pero también y fundamentalmente, Sergio Urribarri.

Buena parte de la clase política del urribarrismo sabía perfectamente de su aceitado funcionamiento, pero tampoco lo desconocían en otros ámbitos del gobierno entrerriano. Pero era mejor mirar para otro lado o beneficiarse de una u otra manera.

El día 5 de octubre de 2018 ingresó un oficio a la Legislatura mediante el cual se solicitaba que las dos cámaras proporcionaran a los fiscales los contratos originales de 2008 a 2018 y también los legajos de cada persona contratada, las facturas presentadas y registros de asistencia o de contraprestaciones realizadas. La respuesta negativa llegó primero desde la Cámara de Diputados. Se argumentó que el pedido era desproporcionado e inoportuno y hasta se deslizó que hacía mella en el normal funcionamiento del cuerpo un pedido de esa naturaleza emanado desde otro poder del Estado. Desde el Senado, en tanto, se respondió con una resolución escueta de tan solo dos artículos pidiendo indicaciones expresas y detalladas sobre la documentación requerida. En concreto, ninguno de los dos cuerpos proporcionó ninguna documental y la resistencia a brindarla sería una constante a lo largo de la pesquisa.

El impacto que causó en los medios de prensa el inicio de esta investigación fue grande. Tapas de diarios, portadas de páginas webs, televisión, radio y redes sociales se llenaban de novedades relacionadas con la causa que, en rigor, estaba en una etapa investigativa protegida por la reserva. La situación motivó incluso que el procurador general Jorge García emitiera un comunicado en el cual advirtió que los datos publicados constituían “meras especulaciones propias de la libertad de expresión que no reflejan la postura del MPF en esta investigación que recién comienza”.

La semana siguiente se levantó el secreto de sumario y empezaron a conocerse las primeras explicaciones brindadas en sede judicial por algunos imputados. La entonces senadora nacional Sigrid Kunath negó tener algún conocimiento de los hechos investigados y dijo estar “absolutamente sorprendida”, aunque reconoció que “algunas de las personas referidas en la causa han estado contratadas por mí en el Senado de la Nación, en un periodo acotado de tiempo”.

El senador nacional Pedro Guillermo Guastavino también dio explicaciones, pero su argumento se fue desmoronando día a día. No era casual que sus contratados y asesores estuvieran presos y directamente implicados. Y eso se profundizó aún más cuando cayó detenido también el contador Gustavo Pérez, responsable administrativo del Senado entrerriano. Pérez era, además, su contador personal desde el 2007. Lo fue hasta el día en que cayó preso, después de aparecer como el “jefe” de todo el grupo de contadores que le servía de apoyatura logística para el andamiaje del negocio de los contratos legislativos. Y Guastavino no hacía ningún movimiento sin el aval final de Pérez, más allá que disponía, en Capital Federal, de otros asesores contables de importancia, que también opinaban.

(...)

DE

Toda una vida hicimos periodismo. Con errores, con aciertos; con demasiados sinsabores e injusticias, por el simple hecho de pelear por verdades y contra molinos de vientos. Contábamos con dos sillas y una máquina de escribir, cuando comenzamos con la revista Análisis, allá por abril de 1990. Nos teníamos que turnar para escribir, pero en la primera edición, al día siguiente, nos llegaron 13 cartas documentos por lo que habíamos publicado. En el número posterior publicamos toda la documentación que sustentaba lo que decíamos -sobre quienes eran las grandes empresas entrerrianas que estaban colgadas del alumbrado público- y nadie más movió un dedo para cercarnos judicialmente. Se dieron cuenta que llegábamos para desarrollar periodismo en serio; para decir lo que otros callaban, pero con investigación y documentados en cada revelación que hacíamos.   

Así fue siempre la historia de la revista Análisis, que fundé y sigo dirigiendo, en estos 32 años de existencia. Estamos más grandes, más endeudados, pero con la misma pasión y compromiso, como aquella que tenía a los 11 años, cuando me levantaba a las 4 de la madrugada para vender diarios en mi ciudad, Reconquista y vocear cada uno de los títulos o cuando durante cinco años hice un diario mural en mi escuela, que cada mañana pegaba en el pizarrón del aula.

Pasaron por la revista no menos de 5 o 6 generaciones de jóvenes periodistas, que siempre tenían una misma premisa: hacer periodismo para contar historias de los sinnombre, denunciar lo que oculta el poder y ejercer nuestra libertad de expresión e independencia. 

La mayoría de esos periodistas hoy son reconocidos en Entre Ríos, el país o en el exterior. Nunca se censuró a nadie. Cada uno sabía y debía aprender de la libertad, pero también de táctica, estrategia y responsabilidad profesional en cada trabajo periodístico. Un error, nos iba a costar muy caro. Nos haría perder credibilidad ante nuestros lectores y determinaría una andanada de juicios contra el medio y sus periodistas. De hecho, así ocurrió durante casi dos décadas. Nunca un medio, desde el ’83 para acá, tuvo que afrontar tantos juicios orales y públicos por calumnias e injurias, de parte de encumbrados referentes del poder político, militar o policías preocupados porque demostramos cómo estaban vinculados al narcotráfico y miraban para otro lado cuando pasaban los cargamentos de droga. Jamás perdimos un juicio; demostramos que lo que decíamos era verdad. Hoy las demandas son civiles, por cifras millonarias y con una particularidad: se radican en Capital Federal y no en jurisdicción de Entre Ríos, como debería ser. Y el único objetivo es ahogarnos, para que no podamos ejercer más este oficio. 

Cada uno sabía y debía aprender de la libertad, pero también de táctica, estrategia y responsabilidad profesional en cada trabajo periodístico. Un error, nos iba a costar muy caro. Nos haría perder credibilidad ante nuestros lectores

Siempre hicimos el mismo periodismo. Frontal, duro y afrontando las consecuencias. Llovieron amenazas, nos dieron vuelta la redacción de la revista y nuestras casas particulares; convivimos casi toda la historia de la revista con policías de custodia en la puerta. Renunciaron ministros, funcionarios de primera, segunda y tercera línea. Por las investigaciones condenaron judicialmente a exgobernadores como Sergio Urribarri, pero también a dos exvicegobernadores; tres legisladores de partidos mayoritarios; cajeros políticos de mucho poder; el exintendente Sergio Varisco y los jefes narcos que le arruinaron la vida a generaciones de pibes. 

Las revelaciones de la revista Análisis pasaron además por aquellos hombres de la Iglesia que traicionaron su historia y transformaron en víctimas a sus seminaristas o monaguillos, como sucediera con el cura Justo Ilarraz, sentenciado a prisión perpetua o el ciudadano ilustre de Gualeguaychú, Gustavo Rivas, también condenado por abusos cometidos durante cinco décadas. O aquella madre superiora que torturó por años, sin piedad y entre cuatro paredes, a las carmelitas descalzas de Nogoyá. 

Hubo reacciones muy fuertes hacia nosotros en los últimos 10 años; desde el poder de la Iglesia, el poder político y el del narcotráfico. Pero no cedimos un paso. Y queremos seguir soñando con un mejor periodismo y en libertad. 

Cada día hay que marcar situaciones de maniobras políticas, pero también las responsabilidades empresarias y el rol acomodaticio de ciertos sectores judiciales. En especial en provincias argentinas, donde el poder político decide qué se debe investigar y qué no. Por eso es que precisamos más periodistas de investigación; más trabajo en equipo y más apuesta de los empresarios de los medios a un periodismo más profesional. 

El periodismo de investigación en las provincias va desapareciendo y no debería ser así. Es cada vez más complejo hacer este tipo de periodismo, en una comunidad donde nos conocemos todos, pero hay que apostar a su desarrollo y afianzamiento. Más periodismo, más transparencia, más acceso a la información es lo que precisa nuestra sociedad.   

El periodismo de investigación en las provincias va desapareciendo y no debería ser así. Es cada vez más complejo hacer este tipo de periodismo, en una comunidad donde nos conocemos todos.

Quienes tenemos algunos años en el oficio, nos debemos autocríticas también. Tenemos que denunciar al poder, pero también ocuparnos de los más necesitados. Los que no tienen para comer ni dormir; los expulsados del sistema y son cada vez más recorriendo los tachos de basura para alimentarse. No tenemos que dejar que nos gane el silencio, la apatía, la insensibilidad. Ellos también son parte de la historia, de la que debemos ocuparnos.

Quiero agradecer finalmente a mi familia; a mi mujer, a mis hijos; a mi madre, a mi hermano. A mis compañeros de trabajo en la revista, la televisión y la radio; a los miembros de Fopea. A los que han colaborado siempre en cada uno de mis libros, publicados también de modo independiente y sin editorial alguna. 

Quiero recordar a mis grandes maestros. Los que ya no están, como don Emilio Adobato, Guillermo Alfieri y José Carlos Elinson; y los que siguen estando, con su sano consejo, De ellos aprendo cada día. 

Sigamos amando el periodismo; sigamos contando historias; sigamos descubriendo hechos que se ocultan. Sigamos soñando. Para eso estamos. 

Somos simplemente periodistas. Y estamos orgullosos de serlo. 

(*) Discurso pronunciado este martes 7 de junio, ante los integrantes de la Academia Nacional de Periodismo, en la entrega del premio “Pluma de honor 2022”

DE

El Gobierno oficializó este martes la salida del cargo del embajador de Israel, Sergio Urribarri, luego de que renunciara tras ser condenado a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015, cuando era gobernador de Entre Ríos.

El traslado a Buenos Aires del ahora exrepresentante diplomático argentino en Tel Aviv se dispuso mediante decreto 287/2022, publicado en el Boletín Oficial, con la firmas del presidente Alberto Fernández y del canciller Santiago Cafiero.

En el texto se aceptó la renuncia al cargo presentada por Urribarri tras conocerse su condena así como su traslado “desde la Embajada de la República ante el Estado de Israel al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

El exgobernador de Entre Ríos había puesto a disposición su dimisión el 7 de abril después de que se conociera la decisión de un tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos de condenarlo a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.

En esa oportunidad, Urribarri expresó que el fallo de primera instancia era una “clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de derecho”, por lo que anticipó que apelaría la medida con la “convicción de que me asiste la razón”.

La palabra de la destituida fiscal Goyeneche

La exfiscal entrerriana Cecilia Goyeneche reveló en las últimas horas que en uno de los allanamientos realizados dentro de la investigación al exgobernador Urribarri encontraron un disco rígido externo que definió como una “caja negra de la corrupción”. “Tenía muchísima información. Lo tiraron por un ventiluz al techo de una casa vecina en el momento en que entraba el allanamiento”, explicó.

Goyeneche se mostró “sorprendida frente a la cantidad de registros que van haciendo, probablemente por la desconfianza en los colaboradores, como así también por el grado de desparpajo con la que se registra la ilicitud. Me llamó la atención con la impunidad con la que se movían”, detalló en diálogo con Todo Noticias (TN).

Urribarri fue condenado el 7 de abril pasado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la administración pública, en una investigación que encabezó Goyeneche, la exfiscal anticorrupción que fue destituida de su cargo el 23 de mayo, acusada de no haberse apartado de una causa sobre “contratos truchos en la legislatura” al tener una relación cercana con uno de los imputados.

Con información de agencias.

IG

El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos votó este lunes por mayoría (5 a 2) la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. En las últimas horas, votaron por apartar a la funcionaria que llevó adelante la causa por corrupción que terminó con la condena y prisión del exgobernador Sergio Urribarri, el senador provincial Armando Gay (PJ) y el abogado Gonzalo García, mientras que el diputado provincial Gustavo Zavallo (PJ) se inclinó por la no destitución. Ya en la noche del domingo los vocales Gisella Schumacher, Daniel Carubia y Juan Smaldone se habían pronunciado a favor de destituir a la fiscal Anticorrupción, al tiempo que la abogada y presidenta del cuerpo, Verónica Mulone, votó a favor de Goyeneche. Se designó al abogado Gastón Justet como fiscal ad hoc.

La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, había emitido el pasado 10 de mayo un dictamen a favor del amparo que Goyeneche había presentado con el fin de denunciar irregularidades en el jury que se desarrollaba en su contra.

La respuesta de la fiscal Goyeneche: “Este es el primer round”

Goyeneche dijo que el jurado de enjuiciamiento apuró el fallo. “Veo que aceleraron una semana. Tenían miedo de que la Corte intervenga”, indicó. Para la fiscal, la resolución del jury “es la consumación de un golpe dado por la corrupción en un proceso tendiente a mantener el estatus quo en la provincia”. Sin embargo, advirtió que “este es el primer round”.

“Hay recursos. Vamos a recurrir ante la Corte”, agregó y, en ese marco, dijo que la batalla “puede ser larga o no. Va a depender del máximo tribunal. Puede ser una lucha larga de varios meses o años”.

Y precisó que primero recurrirá ante la Corte Suprema provincial. “Me tienen que responder aquí (en Entre Ríos), pero por como viene la mano van a demorar”. Si se rechaza el recurso entonces dijo que irá a la Corte Suprema de la Nación.

Para Urribarri es “un circo mediático”

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, se refirió a la situación de la suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. “Es hora de que se termine de una vez por todas este circo mediático. A sacarse las caretas y si quieren hacer política, háganlo como corresponde: vayan en una boleta. Quién dice que esto no sea el principio de aquello”, lanzó el ex gobernador. “Desde hace meses y particularmente en las últimas semanas, he sido blanco de los ataques sistemáticos de Cecilia Goyeneche, quien se ha paseado por medios de comunicación de todo el país diciendo mentiras y falacias para intentar tapar la realidad”, cargó el exgobernador.

El juicio político

El juicio político que enfrenta Goyeneche estuvo relacionado por su investigación en la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura de Entre Ríos. Según la fiscal, la estafa asciende a 50 millones de dólares a través de contrataciones simuladas de numerosos empleados de ambas cámaras. Pero la funcionaria fue acusada de mal desempeño y le abrieron un proceso con el argumento de no haberse excusado en la causa cuando descubrió que un amigo de su esposo había sido socio de uno de los imputados.

“La razón claramente es una suerte de venganza, revancha y a la vez adoctrinamiento de los potenciales fiscales para que no se investigue la corrupción. Es un castigo”, había afirmado en su momento la fiscal.

De acuerdo a Goyeneche, “los directores de los servicios contables de la Legislatura de Entre Ríos ya preveían al inicio de año cuánto iba a ser el dinero que pretendían sustraer de las arcas públicas. Entonces contrataban personal temporario. Si pretendían sustraer 10 millones por mes al valor de 50 mil por contrato dividían 10 millones por 50 mil y allí decidían la cantidad de contratos que tenían que hacer”, relató. Y agregó: “Llegaron a tener en algunos períodos hasta 600 contratos”. Para ello utilizaban a personas humildes a quienes, en el mejor de los casos, les daban el 10% del valor total.

La condena a Urribarri

El tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, condenó el 7 de abril al embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales.

Con información de Análisis Digital

IG y DA

El embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, hizo público en su cuenta de Twitter que renunció a sus cargos, tras la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el tribunal oral y público de Paraná, Entre Ríos. “Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del Presidente mi renuncia como embajador”, afirmó el funcionario. Esta noche, el presidente Alberto Fernández aceptó su dimisión, aseguró una fuente oficial a elDiarioAR.

Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales. Urribarri fue condenado por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. “El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”, afirmó Urribarri.

Urribarri fue designado por Fernández como embajador en Israel en enero de 2020, cuando ya se encontraba procesado, ya que las investigaciones datan de alrededor de seis años. En octubre de 2020, fue nombrado embajador en Chipre, donde inauguró la embajada argentina en ese Estado. Los cargos diplomáticos que ostenta Urribarri no tienen inmunidad penal por hechos investigados en el país que los nombra. 

El exgobernador tiene tres instancias revisoras: el tribunal de Casación de Entre Ríos, el Tribunal Superior de Justicia provincial y la Corte Suprema de la Nación. El proceso hacia una posible condena firme podría demandar años por lo que todo indica que esperaría ese lapso en libertad.

El ex gobernador entrerriano es el primer funcionario del Gobierno en recibir una pena por corrupción, si bien los hechos investigados son anteriores a su asunción como embajador. El exgobernador (2007-2015) sostuvo durante el juicio que fue “objeto de una construcción jurídica y mediática” y pidió su absolución. Podrá apelar en libertad la sentencia condenatoria ante la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos y hasta dos instancias más. 

Los casos

El juicio concentró cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante su gestión en Entre Ríos. El legajo principal es conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. La acusación sostuvo que dos publicistas de las empresas Tep y Next habrían aceptado figurar como beneficiarios de contrataciones con el Estado entrerriano a cambio de retornar parte de los pagos al entorno de Urribarri. Las compañías llegaron a concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015.

El segundo caso en juicio fue bautizado “sueño entrerriano” e incluye tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los fiscales aseguraron que a través de gastos de la gobernación se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo, “Global Means”, se centra en la adjudicación de publicidad oficial destinada a 18 medios gráficos del país que quedó a cargo de una empresa que no habría llegado a constituirse como tal ni figuraba en el registro de proveedores del Estado entrerriano al momento de la adjudicación.

La fiscalía sostuvo que entre los cinco casos el presunto desvío de fondos públicos superaría los US$9 millones, “que traducidos a la actualidad significan 1.000 millones de pesos”. “Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo”, sostiene los acusadores.

ED y DA

El tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, condenó este jueves al embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales.

Su caso es un nuevo frente de conflicto para el oficialismo. Tras la lectura del veredicto, Urribarri anunció en su cuenta de Twitter que apelará el fallo y que puso su renuncia como embajador a disposición del presidente Alberto Fernández, quien aceptará su dimisión, según adelantó una fuente oficial a elDiarioAR. El entrerriano es el primer funcionario del Gobierno en recibir una pena por corrupción, si bien los hechos investigados son anteriores a su asunción como embajador. El exgobernador justicialista (2007-2015) sostuvo durante el juicio que fue “objeto de una construcción jurídica y mediática” y pidió su absolución. Podrá apelar en libertad la sentencia condenatoria ante la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos y hasta dos instancias más. 

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull habían solicitado doce años de prisión. La fiscalía de juicio estaba encabezada por la procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, pero en diciembre último fue suspendida de sus funciones en pleno juicio por supuesto mal desempeño, lo que provocó el rechazo de fiscales de todo el país.

Además del embajador Urribarri, otras doce personas estaban acusadas, entre quienes se encuentran exfuncionarios, familiares y supuestos “testaferros” en empresas privadas contratistas de la gobernación, según la acusación de los fiscales. El tribunal condenó este jueves al exministro de Cultura de Entre Ríos, Pedro Ángel Baez, a seis años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua por los mismos delitos. También condenaron a la misma pena al cuñado del embajador y ex funcionario público, Juan Pablo Aguilera. Todos han negado las acusaciones. Los jueces condenaron a otros cinco acusados a penas más bajas y absolvieron a otros cuatro de los imputados, entre ellos al exministro de Turismo, Hugo José María Marsó.

Los fiscales habían solicitado condenas de entre dos años y seis meses y doce años de prisión, dependiendo del rol imputado: presuntos autores de los delitos o supuestos partícipes secundarios. 

Los casos

El juicio concentró cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante su gestión en Entre Ríos. El legajo principal es conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. La acusación sostuvo que dos publicistas de las empresas Tep y Next habrían aceptado figurar como beneficiarios de contrataciones con el Estado entrerriano a cambio de retornar parte de los pagos al entorno de Urribarri. Las compañías llegaron a concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015.

El segundo caso en juicio fue bautizado “sueño entrerriano” e incluye tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los fiscales aseguraron que a través de gastos de la gobernación se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo, “Global Means”, se centra en la adjudicación de publicidad oficial destinada a 18 medios gráficos del país que quedó a cargo de una empresa que no habría llegado a constituirse como tal ni figuraba en el registro de proveedores del Estado entrerriano al momento de la adjudicación.

La fiscalía sostuvo que entre los cinco casos el presunto desvío de fondos públicos superaría los US$9 millones, “que traducidos a la actualidad significan 1.000 millones de pesos”. “Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo”, sostiene los acusadores.

La acusación

El llamado “megajuicio” en Entre Ríos comenzó en septiembre último y se extendió a lo largo de 50 audiencias. “Se trata del juicio más largo de la justicia ordinaria en Entre Ríos”, explicó a elDiarioAR el fiscal Ramírez Montrull.

Urribarri fue designado por Fernández como embajador en Israel en enero de 2020, cuando ya se encontraba procesado. Los casos estaban bajo investigación hace alrededor de seis años. En octubre de ese año, fue nombrado embajador en Chipre, donde inauguró la embajada argentina en ese Estado. Los cargos diplomáticos que ostenta Urribarri no tienen inmunidad penal por hechos investigados en el país que los nombra. 

Las partes tienen tres instancias revisoras: el tribunal de Casación de Entre Ríos, el Tribunal Superior de Justicia provincial y la Corte Suprema de la Nación. El proceso hacia una posible condena firme podría demandar años.

Miguel Ángel Cullen, abogado de cinco de los acusados del juicio, entre ellos la contadora Corina Cargnel, señalada como supuesta colaboradora del cuñado de Urribarri y condenada por el tribunal a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua, afirmó a elDiarioAR que para la defensa “no hay delito” en las acciones atribuidas a sus defendidos y que ninguno de ellos ofició como “testaferro” de los funcionarios. “Demostramos que los dueños de las empresas son quienes figuran como tal y que manejaban ellos mismo las compañías” y que Cargnel “cumplió funciones de contadora, se limitaba a llevar la facturación y obedecer a la patronal”. Cullen informó que durante el juicio las defensas cuestionaron la cadena de custodia de algunas pruebas centrales y que algunos equipos tecnológicos secuestrados a los acusados no se peritaron. El tribunal rechazó esos planteos antes de leer el veredicto durante una extensa audiencia que se extendió por más de diez horas.

“Vimos incansablemente cómo se confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional. Esto se da, es posible por la anulación de innumerable cantidad de normativa”, sostuvo Ramírez Montrull durante los alegatos. 

Se llegó hasta esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades y atropellos y a fuerza de violaciones de garantías constitucionales.

Sergio Urribarri.

“Vimos a empleados del ex Ministerio de Cultura gestionando para dos empresas privadas como Tep y Next, y cobrando sueldo ahí también. Vimos a Gustavo Tamay gestionando para Tep y Next. Vimos la intervención de familiares del exgobernador Sergio Urribarri gestionando con proveedores del Estado. Vimos cómo un empresario pagó a la familia Urribarri las suites presidenciales en un hotel de lujo de Mar del Plata. Vimos cómo un empresario proveedor del Estado -Diego Cardona Herreros- pagaba vuelos para la familia Urribarri”, afirmó el fiscal en febrero.

Palabras finales

Urribarri siguió la lectura de los fundamentos de la sentencia en su contra a través de videoconferencia. El 22 de marzo había brindado también de manera virtual sus palabras finales, previo a la sentencia. “Fui objeto de una construcción jurídica y mediática”; “no robé ni sustraje nada” y “no hubo en el proceso racionalidad, no hubo investigación ni objetividad”, dijo.

El embajador -quien también enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito- afirmó que esperaba los sobreseimientos de todos los imputados y aseguró que la acusación se erigía sobre el hecho de que “el Ministerio Público Fiscal desconoce el funcionamiento del Estado y la administración pública”.

“Se llegó hasta esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades y atropellos y a fuerza de violaciones de garantías constitucionales que ya nadie discute, y con una fuerte presión mediática”, agregó.  “La fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente de responsabilidad”, sostuvo frente al tribunal.

“¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron? Sinceramente quiero creer que no, que no son conscientes porque si hubieran sido conscientes del daño que provocaron a lo largo de estos seis larguísimos años, si fueran conscientes, tendrían, y todavía están a tiempo, que pedir disculpas”, dijo a sus acusadores.

Este jueves, los tres jueces del tribunales rechazaron los planteos de Urribarri y dieron por probadas las acusaciones de los fiscales.

ED

El tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, dará a conocer este jueves la sentencia en el juicio contra el dirigente Sergio Urribarri, embajador argentino en Israel y Chipre. El funcionario y aliado político del presidente Alberto Fernández está acusado de los supuestos delitos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión por cinco hechos que acumulan un presunto desfalco calculado en unos US$9 millones por el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, explicó a elDiarioAR Francisco Ramírez Montrull, uno de los tres fiscales que llevaron adelante la acusación.

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Ramírez Montrull también solicitaron al tribunal que inhabilite a Urribarri de forma perpetua para ejercer cargos públicos y le imponga una multa de $180.000, el máximo permitido por la ley provincial para este tipo de casos. La fiscalía de juicio estaba encabezada por la procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, pero en diciembre último fue suspendida de sus funciones en pleno juicio por supuesto mal desempeño, lo que provocó el rechazo de fiscales de todo el país.

El exgobernador (2007-2015) ha negado las acusaciones, pidió a los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón ser absuelto y sostuvo durante el juicio que fue “objeto de una construcción jurídica y mediática”. Algunos de los principales casos en su contra fueron investigados por el periodista Daniel Enz, de Análisis Digital. De ser condenado, Urribarri sería el primer funcionario del gobierno de Fernández en recibir una pena por corrupción. “Nuestra expectativa es la condena y el cumplimiento efectivo, especialmente para las jerarquías más altas y los altos funcionarios acusados, debido a la prueba incriminatoria que se expuso durante el debate”, dijo a este medio Ramírez Montrull.

Los casos

El juicio concentra cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante su gestión en Entre Ríos. El legajo principal es conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. La acusación sostiene que dos publicistas de las empresas Tep y Next habrían aceptado figurar como beneficiarios de contrataciones con el Estado entrerriano a cambio de retornar parte de los pagos al entorno de Urribarri. Las compañías llegaron a concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015.

El segundo caso en juicio fue bautizado “sueño entrerriano” e incluye tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los fiscales sostienen que a través de gastos de la gobernación se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo, “Global Means”, se centra en la adjudicación de publicidad oficial destinada a 18 medios gráficos del país que quedó a cargo de una empresa que no habría llegado a constituirse como tal ni figuraba en el registro de proveedores del Estado entrerriano al momento de la adjudicación.

La fiscalía sostuvo que entre los cinco casos el presunto desvío de fondos públicos superaría los US$9 millones, “que traducidos a la actualidad significan 1.000 millones de pesos”. “Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo”, sostiene los acusadores.

La acusación

El llamado “megajuicio” en Entre Ríos comenzó en septiembre último y se extendió a lo largo de 49 audiencias. La número 50 será este jueves, 8.15 de la mañana, cuando los jueces darán a conocer el veredicto y adelantarán parte de los fundamentos de la sentencia. “Se trata del juicio más largo de la justicia ordinaria en Entre Ríos”, explicó el fiscal Ramírez Montrull.

Además del embajador Urribarri, están acusados otros doce imputados, entre quienes se encuentran exfuncionarios, familiares y supuestos “testaferros” en empresas privadas contratistas de la gobernación, según la acusación de los fiscales. Tres de ellos son hombres cercanos a Urribarri: los exministros provinciales de Cultura, Pedro Ángel Baez, y de Turismo, Hugo José María Marsó; y el cuñado del embajador y ex funcionario público, Juan Pablo Aguilera. Todos han negado las acusaciones.

Vimos incansablemente cómo se confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional.

Francisco Ramírez Montrull. — Fiscal.

Los fiscales solicitaron condenas de entre dos años y seis meses y doce años de prisión, dependiendo del rol imputado: presuntos autores de los delitos o supuestos partícipes secundarios. No pidieron que se ordenara la inmediata detención de Urribarri en caso de ser condenado, por lo que se especula con que el embajador podrá apelar una eventual sentencia condenatoria y evitar el encarcelamiento inmediato. elDiarioAR consultó este viernes por la mañana a su abogado defensor pero hasta el momento no respondió la consulta.

Urribarri fue designado por Fernández como embajador en Israel en enero de 2020, cuando ya se encontraba procesado. Los casos están bajo investigación hace alrededor de seis años. En octubre de ese año, fue nombrado embajador en Chipre, donde inauguró la embajada argentina en ese Estado. Los cargos diplomáticos que ostenta Urribarri no tienen inmunidad penal por hechos investigados en el país que los nombra. De ser condenado con sentencia firme y encontrarse aún en el extranjero, su extradición para lograr una pena efectiva podría convertirse en un proceso lento y complejo. Igualmente, eso no sería inmediato ni en el corto plazo, explicó la fiscalía ante la consulta.

Las partes tienen tres instancias revisoras: el tribunal de Casación de Entre Ríos, el Tribunal Superior de Justicia provincial y la Corte Suprema de la Nación. El proceso hacia una posible condena firme podría demandar años.

Miguel Ángel Cullen, abogado de cinco de los acusados del juicio, entre ellos la contadora Corina Cargnel, señalada como supuesta colaboradora del cuñado de Urribarri, afirmó a elDiarioAR que la defensa sostiene que “no hay delito” en las acciones atribuídas a sus defendidos y que ninguno de ellos ofició como “testaferro” de los funcionarios. “Demostramos que los dueños de las empresas son quienes figuran como tal y que manejaban ellos mismo las compañías” y que Cargnel “cumplió funciones de contadora, se limitaba a llevar la facturación y obedecer a la patronal”. Cullen informó que durante el juicio las defensas cuestionaron la cadena de custodia de algunas pruebas centrales y que algunos equipos tecnológicos secuestrados a los acusados no se peritaron.

Se llegó hasta esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades y atropellos y a fuerza de violaciones de garantías constitucionales que ya nadie discute y con una fuerte presión mediática.

Sergio Urribarri — Embajador en Israel y Chipre.

“Vimos incansablemente cómo se confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional. Esto se da, es posible por la anulación de innumerable cantidad de normativa”, sostuvo Ramírez Montrull durante los alegatos. 

“Vimos a empleados del ex Ministerio de Cultura gestionando para dos empresas privadas como Tep y Next, y cobrando sueldo ahí también. Vimos a Gustavo Tamay gestionando para Tep y Next. Vimos la intervención de familiares del exgobernador Sergio Urribarri gestionando con proveedores del Estado. Vimos cómo un empresario pagó a la familia Urribarri las suites presidenciales en un hotel de lujo de Mar del Plata. Vimos cómo un empresario proveedor del Estado -Diego Cardona Herreros- pagaba vuelos para la familia Urribarri”, afirmó el fiscal en febrero.

Palabras finales

El 22 de marzo y a través de una videoconferencia, Urribarri brindó sus palabras finales, previo a la sentencia. “Fui objeto de una construcción jurídica y mediática”; “no robé ni sustraje nada”; y “no hubo en el proceso racionalidad, no hubo investigación ni objetividad”, dijo.

El embajador -quien también enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito- afirmó que esperaba los sobreseimientos de todos los imputados y aseguró que la acusación se erigía sobre el hecho de que “el Ministerio Público Fiscal desconoce el funcionamiento del Estado y la administración pública”.

“Se llegó hasta esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades y atropellos y a fuerza de violaciones de garantías constitucionales que ya nadie discute, y con una fuerte presión mediática”, agregó.  “La fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente de responsabilidad”, sostuvo frente al tribunal.

“¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron? Sinceramente quiero creer que no, que no son conscientes porque si hubieran sido conscientes del daño que provocaron a lo largo de estos seis larguísimos años, si fueran conscientes, tendrían, y todavía están a tiempo, que pedir disculpas”, dijo a sus acusadores.

ED

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina cuestionó la investigación y suspensión de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, en medio del juicio oral contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Goyeneche coordinaba hasta ahora el trabajo de los fiscales que acusan a Urribarri en una megacausa por corrupción.

El organismo consideró que la apertura de un jury contra Goyeneche, adoptada el jueves pasado por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tras denuncias por mal desempeño, tiene “la evidente pretensión de lograr obstaculizar la investigación de hechos de corrupción generados en ámbitos del poder político provincial, avasallando de manera grotesca al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos”, informó el diario UNO.

El Tribunal dispuso además el apartamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la investigación y que se convoque a un conjuez para que intervenga como fiscal.

“La decisión en cuanto dispone, abrir el enjuiciamiento, suspender en las funciones a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y desplazar al MPF como órgano de acusación, designando en su lugar para hacerlo a un acusador Ad-hoc, vulnera de manera ostensible no sólo la normativa local -sustancial, ritual y constitucional-, sino que se aparta de expresas disposiciones convencionales supranacionales que resguardan, entre otros aspectos, un juicio justo, un proceso realizado mediante los mecanismos previstos en las mandas legales y llevado adelante por los órganos naturales”, señaló un comunicado de los fiscales nacionales.

Además, el Tribunal se declaró incompetente para dar trámite a la denuncia contra el procurador general de Entre Ríos, Jorge García, y derivó el caso a la Cámara de Diputados de la provincia, que deberá decidir si inicia un juicio político en su contra.

Goyeneche coordinaba la acusación contra Urribarri y varios de sus exfuncionarios por supuestas contrataciones irregulares durante su gestión. El exgobernador, actual embajador en Israel negó la semana pasada tener vinculación con el proceso abierto contra la subprocuradora.

“Niego terminantemente cualquier relación con la denuncia contra la doctora Goyeneche y contra la eventual decisión del Jurado de Enjuiciamiento de la que estoy en conocimiento sólo a través de publicaciones periodísticas, y que no es sino la de un instituto cuya conformación se caracteriza por la diversidad de actores institucionales y sociales sobre cuyas decisiones obviamente no tengo ninguna injerencia”, señaló en una carta al diario La Nación.

Urribarri está siendo juzgado en Paraná por cinco causas por contrataciones oficiales y por pago de avisos de campaña con recursos públicos y desvío de fondos públicos durante su gestión (2007-2015) . La fiscalía ha pedido 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para el exgobernador.