POR CINCO HECHOS DE CORRUPCIÓN

Condenan al ex gobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

Sergio Urribarri, embajador argentino en Israel.

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El tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, condenó este jueves al embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales.

Sergio Urribarri, embajador en Israel y Chipre,  enfrenta este jueves la sentencia en un juicio por presunta corrupción

Sergio Urribarri, embajador en Israel y Chipre, enfrenta este jueves la sentencia en un juicio por presunta corrupción

Su caso es un nuevo frente de conflicto para el oficialismo. Tras la lectura del veredicto, Urribarri anunció en su cuenta de Twitter que apelará el fallo y que puso su renuncia como embajador a disposición del presidente Alberto Fernández, quien aceptará su dimisión, según adelantó una fuente oficial a elDiarioAR. El entrerriano es el primer funcionario del Gobierno en recibir una pena por corrupción, si bien los hechos investigados son anteriores a su asunción como embajador. El exgobernador justicialista (2007-2015) sostuvo durante el juicio que fue “objeto de una construcción jurídica y mediática” y pidió su absolución. Podrá apelar en libertad la sentencia condenatoria ante la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos y hasta dos instancias más. 

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull habían solicitado doce años de prisión. La fiscalía de juicio estaba encabezada por la procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, pero en diciembre último fue suspendida de sus funciones en pleno juicio por supuesto mal desempeño, lo que provocó el rechazo de fiscales de todo el país.

Además del embajador Urribarri, otras doce personas estaban acusadas, entre quienes se encuentran exfuncionarios, familiares y supuestos “testaferros” en empresas privadas contratistas de la gobernación, según la acusación de los fiscales. El tribunal condenó este jueves al exministro de Cultura de Entre Ríos, Pedro Ángel Baez, a seis años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua por los mismos delitos. También condenaron a la misma pena al cuñado del embajador y ex funcionario público, Juan Pablo Aguilera. Todos han negado las acusaciones. Los jueces condenaron a otros cinco acusados a penas más bajas y absolvieron a otros cuatro de los imputados, entre ellos al exministro de Turismo, Hugo José María Marsó.

Los fiscales habían solicitado condenas de entre dos años y seis meses y doce años de prisión, dependiendo del rol imputado: presuntos autores de los delitos o supuestos partícipes secundarios. 

Los casos

El juicio concentró cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante su gestión en Entre Ríos. El legajo principal es conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. La acusación sostuvo que dos publicistas de las empresas Tep y Next habrían aceptado figurar como beneficiarios de contrataciones con el Estado entrerriano a cambio de retornar parte de los pagos al entorno de Urribarri. Las compañías llegaron a concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015.

El segundo caso en juicio fue bautizado “sueño entrerriano” e incluye tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los fiscales aseguraron que a través de gastos de la gobernación se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo, “Global Means”, se centra en la adjudicación de publicidad oficial destinada a 18 medios gráficos del país que quedó a cargo de una empresa que no habría llegado a constituirse como tal ni figuraba en el registro de proveedores del Estado entrerriano al momento de la adjudicación.

La fiscalía sostuvo que entre los cinco casos el presunto desvío de fondos públicos superaría los US$9 millones, “que traducidos a la actualidad significan 1.000 millones de pesos”. “Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo”, sostiene los acusadores.

La acusación

El llamado “megajuicio” en Entre Ríos comenzó en septiembre último y se extendió a lo largo de 50 audiencias. “Se trata del juicio más largo de la justicia ordinaria en Entre Ríos”, explicó a elDiarioAR el fiscal Ramírez Montrull.

Urribarri fue designado por Fernández como embajador en Israel en enero de 2020, cuando ya se encontraba procesado. Los casos estaban bajo investigación hace alrededor de seis años. En octubre de ese año, fue nombrado embajador en Chipre, donde inauguró la embajada argentina en ese Estado. Los cargos diplomáticos que ostenta Urribarri no tienen inmunidad penal por hechos investigados en el país que los nombra. 

Las partes tienen tres instancias revisoras: el tribunal de Casación de Entre Ríos, el Tribunal Superior de Justicia provincial y la Corte Suprema de la Nación. El proceso hacia una posible condena firme podría demandar años.

Miguel Ángel Cullen, abogado de cinco de los acusados del juicio, entre ellos la contadora Corina Cargnel, señalada como supuesta colaboradora del cuñado de Urribarri y condenada por el tribunal a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua, afirmó a elDiarioAR que para la defensa “no hay delito” en las acciones atribuidas a sus defendidos y que ninguno de ellos ofició como “testaferro” de los funcionarios. “Demostramos que los dueños de las empresas son quienes figuran como tal y que manejaban ellos mismo las compañías” y que Cargnel “cumplió funciones de contadora, se limitaba a llevar la facturación y obedecer a la patronal”. Cullen informó que durante el juicio las defensas cuestionaron la cadena de custodia de algunas pruebas centrales y que algunos equipos tecnológicos secuestrados a los acusados no se peritaron. El tribunal rechazó esos planteos antes de leer el veredicto durante una extensa audiencia que se extendió por más de diez horas.

“Vimos incansablemente cómo se confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional. Esto se da, es posible por la anulación de innumerable cantidad de normativa”, sostuvo Ramírez Montrull durante los alegatos. 

Se llegó hasta esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades y atropellos y a fuerza de violaciones de garantías constitucionales.

Sergio Urribarri.

“Vimos a empleados del ex Ministerio de Cultura gestionando para dos empresas privadas como Tep y Next, y cobrando sueldo ahí también. Vimos a Gustavo Tamay gestionando para Tep y Next. Vimos la intervención de familiares del exgobernador Sergio Urribarri gestionando con proveedores del Estado. Vimos cómo un empresario pagó a la familia Urribarri las suites presidenciales en un hotel de lujo de Mar del Plata. Vimos cómo un empresario proveedor del Estado -Diego Cardona Herreros- pagaba vuelos para la familia Urribarri”, afirmó el fiscal en febrero.

Palabras finales

Urribarri siguió la lectura de los fundamentos de la sentencia en su contra a través de videoconferencia. El 22 de marzo había brindado también de manera virtual sus palabras finales, previo a la sentencia. “Fui objeto de una construcción jurídica y mediática”; “no robé ni sustraje nada” y “no hubo en el proceso racionalidad, no hubo investigación ni objetividad”, dijo.

El embajador -quien también enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito- afirmó que esperaba los sobreseimientos de todos los imputados y aseguró que la acusación se erigía sobre el hecho de que “el Ministerio Público Fiscal desconoce el funcionamiento del Estado y la administración pública”.

“Se llegó hasta esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades y atropellos y a fuerza de violaciones de garantías constitucionales que ya nadie discute, y con una fuerte presión mediática”, agregó.  “La fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente de responsabilidad”, sostuvo frente al tribunal.

“¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron? Sinceramente quiero creer que no, que no son conscientes porque si hubieran sido conscientes del daño que provocaron a lo largo de estos seis larguísimos años, si fueran conscientes, tendrían, y todavía están a tiempo, que pedir disculpas”, dijo a sus acusadores.

Este jueves, los tres jueces del tribunales rechazaron los planteos de Urribarri y dieron por probadas las acusaciones de los fiscales.

ED

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