Sergio Urribarri, embajador en Israel y Chipre, enfrenta este jueves la sentencia en un juicio por presunta corrupción
El tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, dará a conocer este jueves la sentencia en el juicio contra el dirigente Sergio Urribarri, embajador argentino en Israel y Chipre. El funcionario y aliado político del presidente Alberto Fernández está acusado de los supuestos delitos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión por cinco hechos que acumulan un presunto desfalco calculado en unos US$9 millones por el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, explicó a elDiarioAR Francisco Ramírez Montrull, uno de los tres fiscales que llevaron adelante la acusación.
Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Ramírez Montrull también solicitaron al tribunal que inhabilite a Urribarri de forma perpetua para ejercer cargos públicos y le imponga una multa de $180.000, el máximo permitido por la ley provincial para este tipo de casos. La fiscalía de juicio estaba encabezada por la procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, pero en diciembre último fue suspendida de sus funciones en pleno juicio por supuesto mal desempeño, lo que provocó el rechazo de fiscales de todo el país.
El exgobernador (2007-2015) ha negado las acusaciones, pidió a los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón ser absuelto y sostuvo durante el juicio que fue “objeto de una construcción jurídica y mediática”. Algunos de los principales casos en su contra fueron investigados por el periodista Daniel Enz, de Análisis Digital. De ser condenado, Urribarri sería el primer funcionario del gobierno de Fernández en recibir una pena por corrupción. “Nuestra expectativa es la condena y el cumplimiento efectivo, especialmente para las jerarquías más altas y los altos funcionarios acusados, debido a la prueba incriminatoria que se expuso durante el debate”, dijo a este medio Ramírez Montrull.
Los casos
El juicio concentra cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante su gestión en Entre Ríos. El legajo principal es conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. La acusación sostiene que dos publicistas de las empresas Tep y Next habrían aceptado figurar como beneficiarios de contrataciones con el Estado entrerriano a cambio de retornar parte de los pagos al entorno de Urribarri. Las compañías llegaron a concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015.
El segundo caso en juicio fue bautizado “sueño entrerriano” e incluye tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los fiscales sostienen que a través de gastos de la gobernación se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo, “Global Means”, se centra en la adjudicación de publicidad oficial destinada a 18 medios gráficos del país que quedó a cargo de una empresa que no habría llegado a constituirse como tal ni figuraba en el registro de proveedores del Estado entrerriano al momento de la adjudicación.
La fiscalía sostuvo que entre los cinco casos el presunto desvío de fondos públicos superaría los US$9 millones, “que traducidos a la actualidad significan 1.000 millones de pesos”. “Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo”, sostiene los acusadores.
La acusación
El llamado “megajuicio” en Entre Ríos comenzó en septiembre último y se extendió a lo largo de 49 audiencias. La número 50 será este jueves, 8.15 de la mañana, cuando los jueces darán a conocer el veredicto y adelantarán parte de los fundamentos de la sentencia. “Se trata del juicio más largo de la justicia ordinaria en Entre Ríos”, explicó el fiscal Ramírez Montrull.
Además del embajador Urribarri, están acusados otros doce imputados, entre quienes se encuentran exfuncionarios, familiares y supuestos “testaferros” en empresas privadas contratistas de la gobernación, según la acusación de los fiscales. Tres de ellos son hombres cercanos a Urribarri: los exministros provinciales de Cultura, Pedro Ángel Baez, y de Turismo, Hugo José María Marsó; y el cuñado del embajador y ex funcionario público, Juan Pablo Aguilera. Todos han negado las acusaciones.
Vimos incansablemente cómo se confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional.
Los fiscales solicitaron condenas de entre dos años y seis meses y doce años de prisión, dependiendo del rol imputado: presuntos autores de los delitos o supuestos partícipes secundarios. No pidieron que se ordenara la inmediata detención de Urribarri en caso de ser condenado, por lo que se especula con que el embajador podrá apelar una eventual sentencia condenatoria y evitar el encarcelamiento inmediato. elDiarioAR consultó este viernes por la mañana a su abogado defensor pero hasta el momento no respondió la consulta.
Urribarri fue designado por Fernández como embajador en Israel en enero de 2020, cuando ya se encontraba procesado. Los casos están bajo investigación hace alrededor de seis años. En octubre de ese año, fue nombrado embajador en Chipre, donde inauguró la embajada argentina en ese Estado. Los cargos diplomáticos que ostenta Urribarri no tienen inmunidad penal por hechos investigados en el país que los nombra. De ser condenado con sentencia firme y encontrarse aún en el extranjero, su extradición para lograr una pena efectiva podría convertirse en un proceso lento y complejo. Igualmente, eso no sería inmediato ni en el corto plazo, explicó la fiscalía ante la consulta.
Las partes tienen tres instancias revisoras: el tribunal de Casación de Entre Ríos, el Tribunal Superior de Justicia provincial y la Corte Suprema de la Nación. El proceso hacia una posible condena firme podría demandar años.
Miguel Ángel Cullen, abogado de cinco de los acusados del juicio, entre ellos la contadora Corina Cargnel, señalada como supuesta colaboradora del cuñado de Urribarri, afirmó a elDiarioAR que la defensa sostiene que “no hay delito” en las acciones atribuídas a sus defendidos y que ninguno de ellos ofició como “testaferro” de los funcionarios. “Demostramos que los dueños de las empresas son quienes figuran como tal y que manejaban ellos mismo las compañías” y que Cargnel “cumplió funciones de contadora, se limitaba a llevar la facturación y obedecer a la patronal”. Cullen informó que durante el juicio las defensas cuestionaron la cadena de custodia de algunas pruebas centrales y que algunos equipos tecnológicos secuestrados a los acusados no se peritaron.
Se llegó hasta esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades y atropellos y a fuerza de violaciones de garantías constitucionales que ya nadie discute y con una fuerte presión mediática.
“Vimos incansablemente cómo se confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional. Esto se da, es posible por la anulación de innumerable cantidad de normativa”, sostuvo Ramírez Montrull durante los alegatos.
“Vimos a empleados del ex Ministerio de Cultura gestionando para dos empresas privadas como Tep y Next, y cobrando sueldo ahí también. Vimos a Gustavo Tamay gestionando para Tep y Next. Vimos la intervención de familiares del exgobernador Sergio Urribarri gestionando con proveedores del Estado. Vimos cómo un empresario pagó a la familia Urribarri las suites presidenciales en un hotel de lujo de Mar del Plata. Vimos cómo un empresario proveedor del Estado -Diego Cardona Herreros- pagaba vuelos para la familia Urribarri”, afirmó el fiscal en febrero.
Palabras finales
El 22 de marzo y a través de una videoconferencia, Urribarri brindó sus palabras finales, previo a la sentencia. “Fui objeto de una construcción jurídica y mediática”; “no robé ni sustraje nada”; y “no hubo en el proceso racionalidad, no hubo investigación ni objetividad”, dijo.
El embajador -quien también enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito- afirmó que esperaba los sobreseimientos de todos los imputados y aseguró que la acusación se erigía sobre el hecho de que “el Ministerio Público Fiscal desconoce el funcionamiento del Estado y la administración pública”.
“Se llegó hasta esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades y atropellos y a fuerza de violaciones de garantías constitucionales que ya nadie discute, y con una fuerte presión mediática”, agregó. “La fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente de responsabilidad”, sostuvo frente al tribunal.
“¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron? Sinceramente quiero creer que no, que no son conscientes porque si hubieran sido conscientes del daño que provocaron a lo largo de estos seis larguísimos años, si fueran conscientes, tendrían, y todavía están a tiempo, que pedir disculpas”, dijo a sus acusadores.
ED
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