Para 2030 habrá 1,2 millones de alumnos menos en el nivel primario y la caída de la matrícula obliga a repensar la escuela

La escuela primaria argentina entró en una transformación silenciosa pero profunda. Según proyecciones oficiales y datos del sistema educativo, para 2030 habrá un 27% menos de alumnos que en 2023: 1,2 millones de estudiantes menos sentados en las aulas. El fenómeno, empujado por la caída sostenida de la natalidad, impactará de lleno en la organización del sistema educativo y plantea un dilema de fondo: qué hacer con los recursos disponibles en un escenario de menor demanda escolar.

Los datos surgen del informe Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, elaborado por Argentinos por la Educación, a partir de proyecciones de la Dirección Nacional de Población y del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación. El estudio muestra que, si se mantienen constantes los cargos docentes actuales, el promedio nacional podría descender a 12 alumnos por docente en el nivel primario hacia el final de la década.

Pero esta nueva realidad en las aulas no será igual en todo el país. Es en Buenos Aires donde se concentrará la mayor reducción en términos absolutos, con más de 510 mil alumnos menos (-30,5%), seguida por la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. En términos relativos, las mayores contracciones se proyectan en Tierra del Fuego, Santa Cruz y CABA. En contraste, provincias como Santiago del Estero, Misiones y Corrientes registrarán descensos más moderados, aunque igualmente significativos, agrega el informe que estuvo a cargo de Martín De Simone (Banco Mundial), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación).

Este reordenamiento demográfico también modificará el mapa de las aulas. De mantenerse la cantidad de cursos actuales, los clases con más de 25 alumnos prácticamente desaparecerán, mientras que crecerán con fuerza las aulas pequeñas: casi la mitad de los cursos tendrá entre 15 y 19 estudiantes y más de 1 de cada 5 tendrá menos de 15. El fenómeno se replicará en todo el país, incluso en las jurisdicciones históricamente más pobladas.

Desde una perspectiva comparada, Argentina ya se ubica en una posición intermedia en América Latina en cantidad de alumnos por docente, por debajo de países como México o Colombia y cerca del promedio de la OCDE. La proyección hacia aulas más reducidas, sin embargo, no garantiza por sí sola una mejora en los aprendizajes. Especialistas advierten que la relación entre tamaño de clase y calidad educativa no es lineal y que aulas demasiado chicas pueden incluso afectar el aprendizaje entre pares.

El impacto fiscal y laboral es otro eje central del debate. El informe estima que, si se mantuvieran los ratios actuales, en 2030 sobrarían más de 50 mil cursos y sería necesario reasignar unos 71 mil cargos docentes, con un valor equivalente cercano a los $966 mil millones anuales, alrededor del 15% del presupuesto educativo vigente. En un contexto de ajuste fiscal y tensiones con los gremios, la discusión sobre cómo redistribuir —y no necesariamente recortar— esos recursos se vuelve inevitable.

“La caída de la natalidad abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, se puede destinar más recursos por estudiante”, señala Martín De Simone, uno de los autores del informe. El riesgo, advierte, es que la inercia institucional y la falta de planificación hagan que esa ventana se desperdicie.

Las diferencias entre gestión pública y privada también serán determinantes. Mientras que el sistema estatal cuenta con presupuestos definidos por ley, el sector privado depende directamente de la matrícula y enfrentará mayores dificultades para sostener estructuras pensadas para otra escala demográfica.

Cecilia Adrogué, investigadora del Conicet y la Universidad de San Andrés y profesora de la Universidad Austral, señala: “Es importante mencionar que los efectos serán bien diferenciados según se trate del sistema de gestión pública o el sistema de gestión privada. En el primer caso, el presupuesto no está determinado por la demanda sino por las partidas presupuestarias asignadas, mientras que en el segundo, la matrícula es la que determina los recursos disponibles y estarán frente a un desafío mayúsculo para poder solventar con menos alumnos una estructura que les quedará grande”.

Para Leyre Sáenz Guillén, magíster en economía y especialista en educación, “reducir la discusión de la caída de matrícula a ‘menos alumnos por aula es mejor’ es demasiado simplista: eso supone una relación lineal entre tamaño de clase y aprendizaje, cuando hay evidencia que muestra que hay heterogeneidades según el tamaño de las secciones y que menos no siempre es mejor. Los estudiantes aprenden tanto de sus docentes como de sus compañeros. El riesgo de empujar el sistema hacia aulas demasiado chicas es perder parte de ese aprendizaje entre pares. Como presenta el informe, este es un buen momento para poner sobre la mesa políticas con mucha más evidencia de impacto para mejorar la calidad educativa”.

Entre las alternativas que plantean los especialistas aparecen la reorganización de cursos con baja matrícula, la reasignación de docentes a tutorías, programas de acompañamiento y extensión de la jornada escolar, así como una mayor inversión en materiales pedagógicos, infraestructura y formación docente. Todas coinciden en un punto: la transición demográfica exige planificación de mediano plazo y acuerdos políticos amplios.

Lejos de ser un problema exclusivamente educativo, la caída de la matrícula expone un desafío estructural del país. Menos nacimientos implican menos alumnos hoy, pero también menos trabajadores mañana. En ese marco, la escuela aparece como uno de los primeros ámbitos donde la Argentina deberá decidir si la escasez se traduce en ajuste o en una oportunidad para mejorar la calidad del Estado.

MG