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Malas madres

Protesta frente al Hospital Materno Infantil de San Isidro para exigir que se garantice el acceso al aborto.

Mariana García

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Sólo una mujer que haya pasado por una contracción sabe el dolor que produce. El cuerpo no responde. Huesos y músculos se retuercen de una manera inimaginable. Y mientras todo eso sucede, adentro hay un ser que pelea por salir. Cada contracción suele durar entre 30 y 60 segundos y cesa en el momento exacto en que el dolor se vuelve insoportable. Para darle un respiro a esa madre que ya no puede más.

En el parto en cadena, exprés o precipitado, nada de eso ocurre. La contracción no tiene fin. Se dispara y no cesa hasta que se produce el nacimiento. Un parto normal puede durar entre seis y 18 horas. En un parto en cadena, todo se resuelve en menos de tres. No hay tiempo para nada. Desaparece esa ventana que, entre contracción y contracción, permite a la mujer prepararse para el parto, pedir ayuda y llegar a un hospital. El dolor es tan grande que no se puede pensar.

Por eso, los médicos recomiendan que, para evitar los daños que un parto de este tipo puede provocar en la madre y el bebé, es fundamental que la mujer haya completado previamente sus controles prenatales, que sepa con anticipación a qué centro de salud dirigirse y, sobre todo, que tenga a alguien a su lado que la contenga.

Paola Ortiz no tuvo nada de eso. León Nicanoff contó este sábado su historia en esta nota. Paola vivía en una situación de extrema pobreza cuando tuvo un parto en avalancha, sola, en el cuarto que le prestaba su exsuegro a cambio de favores sexuales. Paola no recuerda con claridad qué fue lo que ocurrió: si se desmayó por el dolor o por la sangre que perdió. Lo cierto es que, cuando pudo reaccionar, el bebé estaba muerto. Fue detenida, acusada del asesinato de su hijo y condenada a prisión perpetua. Lleva ya 13 años presa.

Su caso es similar al de Belén, en Tucumán. Ese caso derivó en la investigación que realizó Ana Correa y que luego fue el sustrato de la película que dirigió y protagonizó Dolores Fonzi. Y es similar al de tantos otros que no llegan a una pantalla de cine: como el de Eva, también de Tucumán; el de Fátima, de Bahía Blanca; o el de Flor, de Misiones. Todas acusadas de haber provocado la muerte del bebé o del feto en medio de un parto en avalancha.

A fines de diciembre, aquí también contamos el caso de Vanesa, una mujer de 42 años y madre de seis hijos. Una diabetes descompensada ponía en riesgo su embarazo y su propia vida. Cuando quiso acceder a un aborto, se le cerraron todas las puertas: no había medicación, no estaban los médicos, no había voluntad.

Este 30 de diciembre se cumplieron cinco años de la ley que garantiza el acceso legal y gratuito al aborto. El acceso sigue siendo una cuenta pendiente, agravada durante la gestión de Javier Milei. A lo largo de 2025, las denuncias por barreras de acceso al aborto se triplicaron en comparación con 2024. A la falta de información en los centros de salud se suma la escasez de misoprostol y mifepristona, dos de los medicamentos más seguros para la práctica de abortos.

Pero hay más. El presupuesto 2026 reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 %, mientras que un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y sólo el 8 % del nivel de 2021.

Lo que hay, entonces, son mujeres pobres, con poco acceso a los centros de salud, a las que les cuesta obtener información y métodos para tener relaciones sexuales seguras; que, cuando cursan un embarazo no deseado, no pueden ejercer su derecho a un aborto legal, seguro y gratuito; que son forzadas a parir en soledad, sin apoyo ni contención, aun cuando acaban de perder a un bebé.

No hay errores individuales en estas historias: hay una política pública. Un Estado que se retira de la salud sexual y reproductiva no se vuelve neutral, se vuelve punitivo. Llega tarde, llega mal y llega con patrulleros y expedientes judiciales. Llega para colocarles el rótulo de malas madres.

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