Ley de Glaciares: los 18.000 inscriptos en la audiencia pública que ponen al Gobierno en una encerrona

Hay casi 20.000 inscriptos en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares y el Gobierno está en una encerrona. Obligado a abrir una convocatoria a la sociedad por miedo a una futura judicialización, el oficialismo se enfrenta ahora a la decisión de definir un mecanismo de selección que no abra, nuevamente, la puerta a otro tipo de guerra judicial. Martín Menem quiere apurar los tiempos y sesionar el 7 u 8 de abril, pero la oposición presiona para convocar más días de audiencias públicas. La puja es por la lectura jurídica del día después: el poroteo en Diputados se inclina en favor del Gobierno y las provincias mineras, pero las empresas advierten que, sin “seguridad jurídica”, será difícil invertir. 

La oposición y las organizaciones ambientales se saben en desigualdad de condiciones y apuestan todas sus fichas a una estrategia: dilatar el debate a la espera de que la buena racha legislativa de Javier Milei termine y los aliados automáticos de hoy, que son mayoría en ambas cámaras, empiecen a rebelarse. No tienen los números para dar la batalla en el recinto, y lo saben. No todavía al menos, pero trabajan con un Excel de indecisos que, esperan, se amplíe si la imagen del presidente cae. 

La oportunidad apareció cuando el número de inscriptos para participar de las audiencias públicas superó las 18 mil personas. “Si Menem quiere que la audiencia se cumpla como marca la Constitución Nacional y no convertirla en un mero trámite administrativo, que se haga público el registro de participantes y se garantice la participación de todos. Que dure meses la audiencia pública si es necesario”, advirtió la diputada peronista Sabrina Selva, que viene trabajando en equipo, con el lilito Maximiliano Ferraro, el socialista Esteban Paulón, la radical jujeña María Inés Zigarán y otros diputados, para voltear la reforma. 

Los diputados presentaron una nota al presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc (LLA), y de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, exigiéndoles ampliar el número de jornadas para la audiencia pública. El argumento es que, si se convoca sólo para el 25 y 26 de marzo, solo llegarán a participar unas 200 personas. “El Acuerdo de Escazú obliga a que esa participación sea abierta, informada y real, no meramente formal”, les advirtió Ferraro.

Menem, sin embargo, no tiene ningún interés en aplazar más el debate. El único motivo por el cual el presidente de la Cámara de Diputados aceptó convocar a una audiencia pública fue porque sabía que la amenaza de la oposición estaba basada en hechos reales: el Acuerdo de Escazú, que establece que la ciudadanía debe participar del debate cuando se afectan leyes ambientales, así lo obligaba. “Patricia quiso meter el gol rápido, pero en Diputados vamos a hacerlo”, se jactó un dirigente del riñón de Menem, quien está trabajando en intervenirle el Senado a Patricia Bullrich a pedido de Karina Milei. 

Es la otra interna libertaria de la que casi no se habla: la secretaria general de la Presidencia comenzó a desconfiar de Bullrich poco después de la media sanción de la reforma laboral. A Karina le disgustó el protagonismo de la ex candidata del PRO durante el debate, y no le perdonó el video que publicó, con Bullrich caminando por el Congreso al ritmo de Madonna, poco después de la aprobación del proyecto en el Senado. La hermana presidencial le dio vía libre a Menem para expandir su ámbito de influencia en el Senado, y los pases de factura ya comenzaron. Ahora, con la Ley de Glaciares. 

Pese al interés de Menem de diferenciarse de Bullrich, el riojano también responde a la directiva de Casa Rosada de sancionar la ley cuanto antes. Quiere sancionarla la segunda semana de abril y no aceptará sumar nuevos días para la audiencia pública. Todavía se está analizando el criterio, pero el objetivo del riojano es priorizar a las personas jurídicas –es decir, a los representantes de gobiernos, organizaciones ambientales e instituciones jurídicas– a costa de no convocar a la gran mayoría de los inscriptos. 

“Vamos a hacer como las colas en los recitales de Taylor Swift: el primero que llega es el que entra”, ironizó un dirigente libertario. 

Lobby minero

El proyecto de reforma de la ley de Glaciares es impulsado por las provincias mineras de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, que apuestan a flexibilizar la legislación vigente para habilitar nuevas inversiones en zonas periglaciares (que se caracterizan por la presencia de suelos congelados permanentes debajo de superficies rocosas). La iniciativa lo que hace es dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar cumple o no con una función hídrica relevante, es decir: si se puede habilitar una actividad productiva en la zona o no. 

Los gobiernos provinciales denuncian que la ley sancionada en 2010 propone una definición demasiado amplia e inexacta del ambiente periglacial, lo que ha impedido desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciales que no cumplen una función hídrica relevante. Las organizaciones ambientales, así como muchos de los glaciólogos y científicos que integran el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), advierten que debe existir una legislación nacional de presupuestos mínimos que defina el área a proteger. Porque, de lo contrario, cada provincia establecerá su propio criterio, que irá modificando en base a los millonarios proyectos mineros en carpeta. 

El temor de las organizaciones ambientales es que la reforma lleve, de hecho, a una competencia entre las provincias para ver quién flexibiliza aún más sus condiciones ambientales para atraer inversiones. 

Las provincias mineras, mientras tanto, reivindican su derecho “constitucional” sobre los recursos naturales y advierten que, en tiempos de cierre de empresas y crisis de empleo, las inversiones mineras –se habla de casi 50 mil millones de dólares como parte del RIGI– resultan cruciales para la actividad económica local. De eso conversaron, incluso, todos los gobernadores cordilleranos que participaron de la Argentina Week en Nueva York.

MCM/CRM