Claudio Tapia denunció a dos dirigentes de la Coalición Cívica y a un empresario por una presunta extorsión

El presidente de la AFA y titular del Ceamse, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó una denuncia penal por una presunta maniobra de extorsión que, según su planteo, se activó tras negarse a habilitar un negocio vinculado al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. La acusación apunta contra los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, y contra el empresario Leandro Camani, ligado a empresas proveedoras de cámaras y procesamiento de infracciones viales.

La presentación judicial se incorporó a una causa en trámite ante el juez de Garantías Walter Saettone y el fiscal Germán Camafreita. A través de su abogado Gregorio Dalbón, Tapia sostuvo que decidió recurrir a la Justicia luego de una secuencia de hechos que incluyó pedidos comerciales, una negativa administrativa y, posteriormente, una escalada de presiones políticas, judiciales y mediáticas.

El origen del conflicto

Según la denuncia, el conflicto se originó cuando Camani habría solicitado autorización para instalar y renovar cámaras de control de tránsito en ámbitos bajo la órbita de la Ceamse. Claudio Tapia afirmó que rechazó el pedido por considerar que no correspondía o que no se ajustaba a los procedimientos vigentes. A partir de esa negativa, siempre según su versión, el planteo comercial se transformó en una maniobra de presión directa.

El escrito sostiene que comenzaron a circular mensajes intimidatorios y advertencias explícitas: si no se habilitaba el negocio, se activarían denuncias penales, pedidos de informes y exposiciones públicas contra el titular de la AFA y su entorno. Para Tapia, ese punto marcó el quiebre y explicó la decisión de formalizar la denuncia.

Denuncias, medios y presión política

Claudio “Chiqui” Tapia vinculó esa supuesta extorsión con una serie de presentaciones judiciales y denuncias públicas que, a su entender, no fueron hechos aislados sino parte de una estrategia coordinada. En particular, mencionó la denuncia sobre una mansión en Villa Rosa, presentada pocos días antes del sorteo del Mundial FIFA 2026, evento de alto perfil internacional en el que la AFA y su conducción tenían un rol central.

El presidente de la AFA también habló de una “ofensiva comunicacional sostenida”, con publicaciones en medios, programas de televisión y una fuerte amplificación en redes sociales. En ese marco, señaló a la productora Red Cube, vinculada a Camani, como parte de un entramado que habría contribuido a instalar un “relato incriminante” sin contexto previo, con filtraciones de información judicial y exposición de espacios privados.

En su presentación, Tapia incluso denunció filmaciones con drones sobre domicilios particulares y la difusión de datos reservados, lo que motivó el pedido de allanamientos y el secuestro de equipos electrónicos para peritajes informáticos.

La causa más amplia: fotomultas y VTV

El caso se da en un contexto judicial más amplio, atravesado por la investigación sobre presuntas irregularidades en el negocio de las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. El propio Camani es investigado por la fiscalía tanto por su rol como denunciante de supuestas irregularidades como por un presunto financiamiento de maniobras de presión atribuidas a dirigentes políticos.

Camani es titular de la empresa Secutrans, que opera cerca de 100 cámaras en municipios como Hurlingham, Malvinas Argentinas y Escobar. En una presentación judicial, el empresario estimó que solo el 2% de las multas se pagan por canales legales, lo que habría abierto la puerta a una red paralela de “gestores” que anulaban infracciones a cambio de comisiones millonarias.

En ese entramado aparecen cruces de acusaciones entre testigos, denunciantes y defensas, incluyendo declaraciones que involucran a dirigentes de la Coalición Cívica y a exfuncionarios vinculados al área de Transporte bonaerense.

Por qué Tapia decidió denunciar

Según su entorno, Claudio “Chiqui” Tapia optó por presentarse como damnificado para dejar asentado en la Justicia que no cedió ante presiones y para desmarcarse de cualquier intento de vincularlo con negocios ajenos a la AFA o la Ceamse. La denuncia busca, además, invertir el eje de la discusión: pasar de ser objeto de acusaciones públicas a señalar una supuesta metodología de apriete basada en denuncias, operaciones mediáticas y presión política.

La decisión también se inscribe en un momento de alta exposición del dirigente, tanto por su rol en el fútbol argentino como por su proyección internacional dentro de la Conmebol y la FIFA, un contexto que, según su defensa, habría sido aprovechado para maximizar el impacto de las denuncias en su contra.

Investigación en curso

La causa continúa en etapa de investigación, con múltiples líneas abiertas que incluyen presunta extorsión, el negocio de las fotomultas, la VTV, filtraciones judiciales y vínculos entre empresarios, dirigentes políticos y actores del fútbol. Mientras tanto, todas las partes involucradas niegan las acusaciones y anticipan que aportarán pruebas para sostener sus versiones ante la Justicia.

Con información de medios

JIB