La Corte falló a favor de la fiscal de Entre Ríos que investigó a Sergio Urribarri por corrupción
La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, emitió este martes un dictamen a favor del amparo que la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, había presentado con el fin de denunciar irregularidades en el jury que se desarrolla en su contra. La funcionaria judicial fue la responsable de coordinar la investigación que terminó a comienzos de abril con la condena del exgobernador Sergio Urribarri por desvío de fondos públicos.
De esta manera, mediante una resolución firmada en las últimas horas, la Corte hizo lugar a un Recurso de Queja planteado por la defensa de Goyeneche, quien está suspendida desde el 30 de noviembre de 2021.
“Recibo con alegría la decisión de la Corte Suprema de involucrarse en el asunto. Han visto que (el jury) es una barbaridad. Lo que ha pasado en los últimos meses es insólito y fuera de lugar”, aseguró Goyeneche, en diálogo con Radio Continental, tras conocer la noticia.
“Cuando se destapan hechos de corrupción estructural, esos sectores reaccionan. Al Procurador General le pidieron el jury dos veces y a mí están a punto de destituirme”, remarcó.
De acuerdo a la resolución del máximo tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, esta decisión “cierra toda posibilidad –actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador, agravio que invoca como una afectación del debido proceso constitucional”.
Asimismo, la Corte señaló que “lo resuelto por el a quo desatiende las evidentes diferencias sustanciales entre la actora, en tanto magistrada sometida a un jurado de enjuiciamiento que defiende sus derechos, y el Procurador General provincial, que actúa en resguardo del interés general, institucional y de la legalidad”.
La Corte agregó que “la respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas, y en consecuencia no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”.
Por eso, y de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General de la Nación interino, hizo lugar a la queja interpuesta, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, al tiempo que ordenó que se dicte una nueva con arreglo a lo expresado en su pronunciamiento.
El fallo
El juicio a Goyeneche
El juicio político que enfrenta Goyeneche está relacionado por su investigación en la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura de Entre Ríos. Según la fiscal, la estafa asciende a 50 millones de dólares a través de contrataciones simuladas de numerosos empleados de ambas cámaras. Pero la funcionaria fue acusada de mal desempeño y le abrieron un proceso con el argumento de no haberse excusado en la causa cuando descubrió que un amigo de su esposo había sido socio de uno de los imputados.
“La razón claramente es una suerte de venganza, revancha y a la vez adoctrinamiento de los potenciales fiscales para que no se investigue la corrupción. Es un castigo”, había afirmado en su momento la fiscal, en diálogo con TN.
De acuerdo a Goyeneche, “los directores de los servicios contables de la Legislatura de Entre Ríos ya preveían al inicio de año cuánto iba a ser el dinero que pretendían sustraer de las arcas públicas. Entonces contrataban personal temporario. Si pretendían sustraer 10 millones por mes al valor de 50 mil por contrato dividían 10 millones por 50 mil y allí decidían la cantidad de contratos que tenían que hacer”, relató. Y agregó: “Llegaron a tener en algunos períodos hasta 600 contratos”. Para ello utilizaban a personas humildes a quienes, en el mejor de los casos, les daban el 10% del valor total.
La condena a Urribarri
El tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, condenó el 7 de abril al embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales.
Con información de agencias.
IG
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