Un informe impositivo de Guatemala desbarata el último intento de un Espert al borde del procesamiento por lavado
Un informe de la autoridad tributaria de Guatemala termina por desbaratar la estrategia judicial de José Luis Espert para explicar su vínculo económico con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino que en mayo atrás se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en un tribunal de Texas, Estados Unidos.
En su presentación escrita ante un juzgado federal de San Isidro del martes pasado, cuando fue citado a indagatoria, Espert se aferró a la explicación de que fue contratado en 2019 por la firma guatemalteca Minas del Pueblo, de Machado, para una asesoría de reestructuración de su deuda, a cambio de un compromiso de pago de US$1 millón, de los cuales se efectivizaron al menos US$200.000 en enero de 2020.
La acusación del fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que ese contrato fue una mera pantalla para vehiculizar el lavado de activos. La sospecha parte de múltiples indicios: el exdiputado de La Libertad Avanza no realizó ninguna tarea relacionada al supuesto fin de la reestructuración de la deuda de la minera, ni tenía experiencia en ese tipo de auditorías, ni tampoco hubo ningún esbozo de Machado para recuperar el dinero transferido a cambio de nada. Los registros de mensajes entre Espert y su contador con la evasión como propósito, viajes, cuentas y fideicomisos que permanecían ocultos y una serie de transferencias sospechosas a lo largo del tiempo cierran el cuadro del presunto lavado.
A pedido de Domínguez, la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala envió en junio un informe sobre el estado patrimonial de Minas del Pueblo en los años previos al pago de Machado a Espert. Allí se detalla que, en 2018, la empresa declaró un capital de US$10 millones y una deuda de US$300.000. El año siguiente, en el que el economista ultraderechista y el empresario argentino establecieron el vínculo por un supuesto interés del segundo en apoyar la campaña electoral del Frente Despertar, Minas del Pueblo contabilizó un capital de US$30 millones y una deuda de US$5 millones.
Los números hablan por sí solos. “¿Qué empresa aceptaría pagar US$1 millón a una consultora para reestructurar una deuda de US$5 millones, que a su vez que representa un sexto del patrimonio declarado? ¿Cuál era el apremio por pagar 20% del monto adeudado a un asesor sin ningún tipo de experiencia en la materia?”, se preguntó una fuente con acceso al expediente.
El informe del par del ARCA en Guatemala llegó a Argentina después del dictamen de Domínguez en el que solicitó la indagatoria de Espert ante el juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal 2 de San Isidro. En el texto del fiscal, se detallaron los pasos para dar apariencia de legalidad al trasiego de fondos a Espert desde el fideicomiso Wright Brothers Aircraft, utilizado por Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, para cometer un fraude a gran escala.
En la secuencia aparece el contrato por US$1 millón firmado en 2019, la compra de la casa en Beccar en noviembre de ese año, la transferencia de US$200.000 el 22 de enero de 2020 y la adquisición inmediata de un automóvil BMW de alta gama. Esos movimientos son apenas posteriores a los aportes de campaña de Machado por un monto que, según fuentes vinculadas a la candidatura de Espert, alcanzó un rango de entre unos pocos cientos de miles de dólares a US$2,5 millones, además de la provisión de un avión privado y una camioneta blindada.
También entran en juego la creación de la firma Varianza SA a nombre de Espert y su pareja, Mercedes González, que sería otra pantalla de consultoría para ingresar dinero, según el fiscal. Con el tiempo, la pareja participó de fideicomisos para la adquisición de propiedades y sumó más automóviles de lujo.
En el marco de una estrategia judicial errática de Espert, otro dato anecdótico llamó la atención en la acusación. El 9 de octubre de 2025, agentes judiciales y de la Policía Federal allanaron el domicilio en Beccar, dirigidos por Domínguez. El entonces diputado acababa de bajarse de la cabeza de lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas que se realizarían ese mes. En un archivo muy a mano en la computadora, aparecieron supuestos textos de Espert sobre la actividad minera. Un cotejo posterior permitió dilucidar que esos informes no eran más que copias textuales de contenido fácilmente hallable en internet, por lo que se sospecha que fue un intento burdo de plantar una prueba que permitiera argumentar que el economista contaba con experiencia en el rubro minero.
Una pista en paralelo surge de transferencias a Espert de personas en situación económica muy precaria en los años posteriores, ya cuando el economista se había asociado, primero, a Juntos por el Cambio, y luego a La Libertad Avanza, en bruscos movimientos políticos, difíciles de explicar. En 2024 y 2025, cuando “el Profe” se había reconciliado con Javier Milei y pasó a ser la espada más aguerrida del gobierno en la Cámara de Diputados, se produjeron depósitos hormiga que servirían para cubrir gastos con tarjeta de crédito de la pareja Espert-González por varias decenas de miles de dólares.
En un archivo, aparecieron supuestos textos de Espert sobre la actividad minera. Un cotejo posterior permitió dilucidar que esos informes no eran más que copias textuales de contenido fácilmente hallable en internet
Los intercambios de whatsapp entre Espert, su contador en Buenos Aires, Mariano Cosentino, y el estudio contable de Fernando Escobar en Pergamino reflejan la preocupación por dar legalidad a ingresos irregulares y, en particular, a aquel contrato con Machado de 2019.
La tensión de los contadores creció cuando Machado fue detenido en Bariloche en abril de 2021, acusado de narcotráfico, fraude y lavado a gran escala por un tribunal en Texas.
A partir de entonces, el empresario argentino permaneció en prisión domiciliaria en Viedma hasta noviembre pasado, cuando, al cabo de un dilatado trámite de extradición, fue enviado a Estados Unidos. Con el correr de los meses, Machado llegó a un acuerdo con la fiscalía federal de Texas, mediante el cual se dejaría caer la acusación por narcotráfico y recibiría una pena pactada por los otros dos delitos. El acuerdo debe todavía ser homologado por el juzgado texano. La socia de Machado, Mercer-Erwin, fue condenada a 16 años de prisión en 2023.
Desde que este diario comenzó a publicar una serie de notas sobre el vínculo entre Espert y Machado hace un año, el exdiputado mostró cartas cambiantes. Primero, optó por ignorar el tema en público y minimizarlo en privado. Luego, ante la información sobre la transferencia de US$200.000, se declaró víctima de una operación y logró un enfático respaldo de los hermanos Milei, pero a los días debió admitir que, en efecto, había tenido una relación económica con Machado.
Una vez abierta la investigación judicial en San Isidro, los vaivenes de la defensa se multiplicaron. Primero, Espert adujo que los fondos que le permitieron comprar la casa en Beccar y el BMW eran producto de una herencia y de trabajos de consultoría en países tan distantes como Australia. En el camino, se vio forzado a admitir la existencia de cuentas bancarias en el exterior que había omitido en declaraciones juradas.
En la última movida, la presentación de un escrito en ocasión de la indagatoria, Espert circunscribió el incremento en sus ingresos al contrato de asesoría con Minas del Pueblo.
El cambio de penalistas, en abril pasado, desde Santiago Kent y Alejandro Freeland a Claudio Lamela estuvo vinculado al fallido intento de mudar la causa a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires (Comodoro Py), un territorio en el que Mauricio Macri y Javier Milei manejan terminales. La ratificación de la sede en San Isidro significó una mala noticia para Espert.
Ahora, el exdiputado pidió que el fiscal Domínguez sea desplazado de la instrucción de la causa, para que quede a cargo el juez Mirabelli. “Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial”, posteó Espert en X.
Son movimientos previos a lo que parece altamente probable: el procesamiento por lavado de activos.
El Gobierno resiste esa hipótesis. En mayo, cuando Machado se declaró culpable de fraude y lavado en Texas, Milei intentó hacer creer que, en realidad, el empresario era inocente, por la caída de la acusación de narcotráfico. El Presidente y los activistas digitales del oficialismo se precipitaron a exigir que se le pidieran disculpas a Espert. “Hicieron MIERDA a un tipo inocente”, denunció el Presidente en una intervención soez.
El intento de reivindicación de Espert fue archivado de inmediato, cuando quedó claro que los delitos por los que su financista, Machado, asumió culpabilidad —fraude y lavado— son suficientemente graves como para no hacer ruido.
SL
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