El Senado busca aprobar la ley de propiedad privada y extender la permanencia del juez Pesino

Con la Cámara de Diputados prácticamente sin temas pendientes para el primer semestre, el Senado se prepara para una semana clave antes del receso invernal. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo convocará a una sesión el jueves 16 de julio con una agenda que combina proyectos prioritarios para el Gobierno y expedientes cuya definición tiene plazos inminentes.

Uno de los principales temas será la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. El proyecto obtuvo dictamen en mayo, pero su tratamiento fue postergado en varias oportunidades por las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios y por el impacto político que tuvieron otros debates en el Congreso.

La iniciativa forma parte de las prioridades legislativas de la Casa Rosada. De hecho, el presidente Javier Milei la incluyó entre los primeros proyectos que pidió aprobar al inaugurar el período de sesiones ordinarias.

La otra prioridad de la sesión serán los pliegos judiciales, entre ellos el del juez Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Pesino cumplirá 75 años el próximo 27 de julio, la edad límite que establece la Constitución para el ejercicio del cargo, salvo que el Senado apruebe una nueva designación por cinco años. Si ese acuerdo no llega antes de esa fecha, deberá dejar el tribunal, aunque el magistrado presentó una acción judicial para intentar evitar ese escenario.

La continuidad de Pesino adquiere además relevancia para el Gobierno porque integró, junto con la jueza María Dora González, la sala que dejó sin efecto una cautelar que mantenía suspendidos más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Esa resolución permitió que buena parte de esos cambios comenzaran a aplicarse mientras continúa la discusión judicial de fondo.

En la reunión de Labor Parlamentaria también quedó prevista una nueva sesión para el 6 de agosto, cuando podrían tratarse el proyecto conocido como “Hojarasca”, acuerdos internacionales, la iniciativa sobre falsas denuncias y, si obtiene dictamen, la reforma de la Ley de Salud Mental.

La reforma electoral sigue sin los votos

Más complejo aparece el panorama para la reforma política, uno de los principales objetivos del Gobierno para este año. El proyecto incluye la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una modificación que todavía no reúne las mayorías absolutas que exige la ley.

Fuentes legislativas reconocen que existen consensos en varios capítulos de la reforma, pero no sobre el mecanismo de selección de candidatos. La resistencia de sectores de la UCR y del PRO continúa siendo el principal obstáculo para el oficialismo.

Mientras tanto, la Casa Rosada mantiene negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para intentar ampliar los apoyos. Algunos mandatarios, como los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), manifestaron su rechazo a las PASO, aunque las mayores resistencias siguen concentradas en espacios que habitualmente acompañan al Gobierno.

En el oficialismo estiman que el debate podría llegar al recinto durante septiembre, si logran reunir los votos necesarios.

Otras iniciativas demoradas

Además de la reforma electoral, otros proyectos continúan sin avances en el Senado.

Uno de ellos es la modificación del régimen de Zonas Frías, que ya cuenta con media sanción de Diputados pero aún no comenzó a discutirse en comisión. El proyecto enfrenta objeciones dentro del bloque radical, especialmente entre los senadores mendocinos y el bonaerense Maximiliano Abad, una situación que dificulta al oficialismo construir una mayoría.

Según estimaciones del Gobierno, la reforma permitiría un ahorro anual de unos $272.000 millones, al reducir el universo de beneficiarios de los subsidios al gas y focalizarlos en los hogares de menores ingresos.

También permanece demorado el denominado Súper RIGI. En este caso, el obstáculo no es político: el proyecto todavía no fue girado formalmente desde Diputados al Senado, pese a haber obtenido media sanción. Todo indica que su tratamiento quedará para la segunda mitad del año.