Con lugar para los pobres

“Sin lugar para los pobres” titulaba la nota de Alejandro Rebossio del domingo 5 de julio en elDiarioAR donde narra la política de hostigamiento y persecución a los y las trabajadoras de la economía popular (recicladores, trapitos, vendedores ambulantes, etc.) por parte el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros municipios del país, casi sin distinción de color político.

Para las gestiones radicales, del PRO e incluso algunas peronistas, el trabajo en la calle debe ser abordado desde una visión punitiva y si estuviese al alcance de sus manos regulada con el código penal. Pero existen gestiones locales que entienden que este sujeto social, que se inventa el trabajo y sale todos los días a buscarse el mango, es un sujeto de derechos, que debe ser partícipes de las políticas públicas. A estos trabajadores y trabajadoras se los reivindica a través de la economía popular. En un contexto de pérdida trágica de empleo, la cuestión del trabajo en la calle debe ser abordada desde políticas de estado que contemplen la integralidad de esas personas y consagrar derechos laborales qué a causa de la exclusión del sistema son inexistentes. Esta visión no implica negar que, si se cometen delitos, les cabe ser abordados desde las fuerzas de seguridad; pero ese porcentaje de delincuencia encubierta es casi el mismo o menos que los delitos cometidos por delincuentes disfrazados de policías, políticos, y demases. Por lo tanto, una política de Estado no debe ser pensada desde las excepcionalidades sino desde las generalidades.

La importancia de regular y dotar de derechos y herramientas a la economía social, popular y solidaria es fundamental dado que no es una economía marginal en los territorios, menos aún en los conurbanos. La informalidad en la Argentina según datos del INDEC llega al 43% de la población económicamente activa, casi 6 millones de compatriotas trabajan, y mucho, sin ningún tipo de derechos laborales. Muchos y muchas de ellas lo hacen en la calle carentes de estado de derecho que haga respetar el artículo 14bis de la constitución nacional: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.”. Constitución Nacional que pese a los sueños libertarios todavía sigue vigente en nuestro país.

En sintonía con esta visión regulatoria y de acompañamiento al trabajo callejero de la economía social, popular y solidaria, desde la municipalidad de Moreno, distrito gobernado por Mariel Fernández, primera intendenta mujer del distrito, se construyó una experiencia que debe ser observada por otros municipios y estamentos del Estado. El primer precepto de la gestión morenense es que trabajar en la vía pública no es delito, es trabajo. Definición simple, sencilla y real para dar respuestas a problemáticas del siglo XXI. Por lo tanto, si es trabajo debe tener un área municipal que lo aborde, fiscalice, ordene, regule, controle y registre. Desde el Instituto Municipal de Desarrollo Local (IMDEL), organismo autárquico, se trabaja junto con la economía social, popular y solidaria en todas sus formas: emprendedores, vendedores, productores, cooperativas y grupos asociativos; con los actores recién mencionados y desde cuatro esferas que lo contienen: capacitaciones y formación en oficios, asociativismo, economía popular y sector agropecuario, todos con su correspondiente correlato institucional, a través de diferentes dependencias. De esta manera un trabajador de la vía pública debe pasar por el IMDEL para ser registrado, recibir la capacitación correspondiente (por ejemplo, si vende alimentos tener el curso obligatorio y gratuito de manipulación de alimentos con certificación del gobierno de la provincia de Buenos Aires), acordar en conjunto con vecinos y el municipio en que zona o cuadra puede trabajar, que puede vender y en qué horarios. A su vez el instituto cuenta con el rol fiscalizador (poder de policía), y es autoridad de aplicación de una ordenanza municipal que regula la venta en la vía pública, constituyéndose como uno de los pocos municipios que cuenta con regulación. No es un dato menor, que el área que regula y abraza como estado dependa del mismo organismo. Esto es fundamental para abordar y reglamentar este tipo de trabajo. La mayoría de las veces las tareas para un mismo sector distribuidas entre distintos organismos de los estados solo generan complicaciones para quienes trabajan y criterios distintos de intervención, se configuran laberintos institucionales de los cuales nadie sabe cómo salir ni que puerta golpear.

Junto a este abordaje se promueven desde el municipio 14 espacios de comercialización para aproximadamente 1000 feriantes y artesanos, 2 predios feriales, sumado al acompañamiento, fiscalización, ordenamiento y regulación de 19 ferias autogestivas que nuclean 2000 feriantes aproximadamente. A su vez existe una coordinación cotidiana con el Banco Provincia para trabajar con emprendedores y cooperativas líneas de microcréditos a tasa subsidiada y la adhesión a cuenta DNI.

Asimismo, la tarea no es sólo compatibilizar el orden del espacio público y el derecho a trabajar sino también acompañar y promover procesos de formalización y organización de la economía popular. El Instituto cuenta con dos escuelas de oficios y además se promueve la organización de vecinos y vecinas en cooperativas. Hoy dos cooperativas, entre muchas que se promovieron, sirven de ejemplo de esta política. La cooperativa “El Yunke Ltda.” conformada por estudiantes del centro de formación laboral y que hoy realiza obras públicas para la municipalidad, no son una excepción sino una norma en Moreno: las cooperativas de trabajo locales llevan adelante cientos de obras públicas. Otra cooperativa, “Paso del Rey Ltda.”, conformada por gasistas también egresadas del centro de formación laboral y cuya presidenta es mujer hoy es contratada por el consejo escolar para revisar cotidianamente las instalaciones de gas en las escuelas de Moreno. Una tarea muy sensible que cruza la historia reciente de nuestra comunidad marcada por la muerte de Sandra y Rubén por desidia de los gobiernos provincial y municipal en la explosión de la cocina de una escuela en 2018.

Rebossio termina su nota diciendo: “el desafío radica en qué harán aquellos que se quedan sin fuentes de ingresos, si quedarán a merced del mercado, de la delincuencia o de políticas públicas que aporten soluciones.” Dado que tomamos su nota como disparadora de una discusión abierta en la Argentina podemos decir que quienes quedan excluidos del mercado laboral formal y tradicional como lo conocemos ya encontraron una salida: inventarse su propio trabajo. El quid de la cuestión pasa por ver cómo los diferentes estratos del Estado toman a esta masa de trabajadores, si como delincuentes y por ende con el código penal en la mano o como trabajadores y trabajadoras y les abren los brazos a nuevas regulaciones y derechos laborales. Para la gestión que encabeza Mariel Fernández, la economía popular tiene un carácter reivindicativo de las formas en las que el pueblo soluciona los problemas. Se tiene la convicción que es solo con los y las trabajadoras que es posible encontrar las vías de solución a un complejo entramado de problemáticas socioeconómicas que agobian los hogares bonaerenses y argentinos. Se pone en el centro a quienes se han encargado de construir autónomamente actividades económicas que les han permitido subsistir a través de la producción de bienes o la prestación de servicios y comercialización desde la “informalidad”. La economía popular produce alimentos, productos, servicios, saberes; pero ese valor no se acumula en manos de un patrón o de capitalista, sino que se distribuye dentro de la comunidad. El trabajo no es un mero contrato ni una mercancía, sino que es la fuente de la dignidad humana, el corazón de un proyecto de transformación. En algunas latitudes de la patria una nueva forma de gobernar ya llegó.

Los autores son militantes del Espacio Reconquista. Santiago Burrone es administrador del IMDEL e ingeniero agrónomo y Joaquín Noya es coordinador economía popular en IMDEL y profesor de historia.