Sin lugar para los pobres: persiguen a vendedores ambulantes, sin techo, trapitos, limpiavidrios y cartoneros

“Al gobierno de la ciudad: no se pasen de la raya”, arrancaba un reciente video del Equipo de Sacerdotes de Villas porteñas, con la voz de Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco en Barracas, el pasado 26 de junio. “Luego de las cartas que enviamos al jefe de Gobierno de la ciudad (Jorge Macri) y que no fueron respondidas, expresamos repudio al hostigamiento a vecinos de nuestras villas: a cartoneros, vendedores ambultantes, personas que viven en la calle y a los que se organizan para ayudarlos. Pedimos que dejen de humillar a los pobres”, proclamaban una semana después de que la Legislatura de la capital aprobara una ley que pena con hasta dos meses de cárcel a los trapitos y limpiavidrios. Pero no se trata sólo de las tierras de Macri. Este tipo de política se va extendiendo por buena parte del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno no sólo impulsó esta nueva ley sino que viene desalojando desde inicios de su gestión a los vendedores ambulantes y manteros en todos los barrios, desde Once y la Villa 31 hasta Parque Centenario y Chacarita, con el secuestro de las mercancías ofrecidas. También desde el arranque de su administración con su operativo Orden y Limpieza manda personal a conminar a las personas de situación de calle para que se vayan a los paradores o al conurbano, pero no dan abasto ante un número creciente de sin techo. Los procedimientos también incluyen incautación de pertenencias como colchones.

En cuanto a los cartoneros, la capital endureció el registro de los habilitados y el control de los que están fuera de ese listado, a quienes les sacan sus carros. Quitó subvenciones al transporte, cerró una de sus plantas de reciclado, planea mudarlas todas fuera de su territorio y creó multas para quienes desarodenan la basura fuera de los tachos. A eso se suma que el precio que se paga por materiales para reciclado ha descendido, en parte por la apertura de la importación de residuos y la recesión de las industrias que los compran. Esta merma y el congelamiento del salario complementario que cobran los cartoneros desincentiva la actividad en todo el país. En ese contexto cerró la fábrica de reciclado de plástico pet de las botellas de Ecopek, de capitales mexicanos, en marzo pasado. Ya no era más negocio.

“Están destruyendo el tejido social”, comenta De Vedia. Advierten que algunos caen en la delincuencia o en las adicciones ante la falta de alternativas para conseguir trabajo. En el Bajo Flores, Nicolás Torres, referente del colectivo Popurrí, comenta que “la gente trabaja lo mismo, pero corriendo, escondiéndose, como si fueran delincuentes”. “La gente que trabaja en la calle, trapitos, vendedor ambulante, trabaja hoy para comer hoy. Sigue trabajando, pero con miedo de que la persigan, de que le saquen la mercadería. Cuando vos le sacás la mercadería, la gente arranca al otro día menos diez y encima se tiene que andar escondiendo porque es un trabajo digno para ellos. Hoy viven asustados y perseguidos por la Policía que debería darles seguridad”, agrega Torres.

Ariel Rivero, referente de la Unión de Vendedores Ambulantes de Once, cuenta que ya no quedaron manteros en Once, incluidos los senegaleses. “Se fueron a ferias del conurbano”, explica. Él y otros 50 vendedores siguen pero deambulando, sin detenerse ni ocupar la vereda, pero igual son perseguidos por la Policía Metropolitana, que les confisca la mercadería. “Hay una ley de vendedores ambulantes (de 2003), es mera subsistencia, no es delito. Antes, con (Horacio Rodríguez) Larreta nos sacaban, pero nos daban predios para vender o nos habilitaban puestos en la calle. A mí me habilitaron garrapiñadas, pero nos lo sacaron porque vendí golosinas... pero es que garrapiñadas no se venden todo el año... Dicen que nos pongamos un local, pero con una docena de guantés no podés.. Dicen que no pagamos impuestos, pero muchos locales tampoco pagan...”

“Es todo una persecución a la clase obrera, a los de abajo”, concluye Rivero. Pero advierte que tampoco les van mejor a quienes se emplean en los comercios formales de Once. “Vienen pibes a trabajar por $25.000 por día, pero entre pasaje y comida llegan a su casa con $10.000. Por eso a veces no comen ni toman un café”, ejemplifica. Lamenta que los policías persigan a vendedores ambulantes en lugar de concentrarse en el robo de celulares o la venta de objetos prohibidos.

En La Plata, se prohíbieron en 2024 los manteros y la venta ambulante en el centro y les propusieron sumarse a cooperativas de barridos o vender en otros lugares más alejados del centro. Este 26 de junio los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera el diputado Juan Grabois, protestaron frente a la municipalidad e incluso provocaron un principio de incendio porque el intendente peronista Julio Alak quiere licitar el servicio de recolección para reciclaje y dejar de contratarlos. A cambio, les ofreció una tarjeta para comprar alimentos, pero los cartoneros la rechazaron. Mientras, se controlan a cuidacoches y limpiavidrios.

En Mar del Plata, otro intendente del PRO, Guillermo Montenegro, arrancó 2025 persiguiendo a ambos al tacharlos de “delincuentes”, desalojando los “acampes” en la vía pública la gente sin techo y terminando con las ferias ilegales en plazas. “Van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, prometió.

En la provincia de Córdoba, donde gobierna el peronista local Martín Llaryora, se aprobó este año una norma para arrestar por seis días a los limpiavidrios, a los que prohibió, y a los “naranjitas” (como les llaman a los cuidacoches), a los que reguló y les impidió el cobro compulsivo. La gestión Llaryora prometió capacitación e inclusión laboral para estos individuos. Después la ley fue ratificada por la ciudad de Córdoba, que gobierna Daniel Passerini. Entonces el arzobispo cordobés, Ángel Rossi, recibió a los naranjitas, se solidarizó con ellos y pidió que se le dé otras tareas urbanas: “Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, advirtió Rossi. En la ciudad se reiteran los operativos contra la venta callejera, con decomisos de mercancías.

En la provincia de Santa Fe, del radical Maximiliano Pullaro, el Senado dio por ahora media sanción a un proyecto para prohibir cuidacoches y limpiavidrios. El intendente Pablo Javkin, de la misma coalición, apoya la medida y ha ordenado demorar a cientos de trapitos por presunta extorsión. En la ciudad de Santa Fe se vetaron a quienes limpian parabrisas en las esquinas desde 2024.

En la ciudad Mendoza, en 2018, el entonces alcalde, el radical Rodolfo Suárez, prohibió trapitos y limpiavidrios, con la promesa de reinsertarlos en el mundo del trabajo. Fue pionera e imitada después por otras localidades. La capital mendocina también combate los “acampes”. En San Miguel de Tucumán, la peronista Rossana Chahla, quiere regular a los cuidadoches. Entre 2024 y 2025, había combatido los puestos informales en las veredas.

Bariloche prohibió en marzo pasado los limpiavidrios, trapitos, vendedores ambulantes y artistas callejeros sin autorización. Al mismo tiempo, Comodoro Rivadavia vedaba a los que limpian parabrisas. En 2025, la ciudad de San Luis desalojó a los vendedores ambulantes y manteros de la peatonal, pero los reubicó en otras zonas de la ciudad. Desde marzo pasado, San Fernando del Valle de Catamarca impide a los ambulantes y mendigos entrar a bares y restaurantes a ofrecer productos o pedir dinero, respectivamente.

En el conurbano, Vicente López y San Isidro aplican la tolerancia cero a los que limpiavidrios. San Miguel y Tres de Febrero desalojan puestos callejeros. En diciembre pasado, en Quilmes se reguló a los cuidacoches al adoptar un sistema de estacionamiento medido al que debían incorporarse estos trabajadores informales. El MTE rechazó la reforma con una violenta protesta que enfrentó a Grabois con la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza.

La idea de controlar todos estos trabajos formales es liderada por la derecha, pero también se enarbola en el peronismo. El desafío radica en qué harán aquellos que se quedan sin fuentes de ingresos, si quedarán a merced del mercado, de la delincuencia o de políticas públicas que aporten soluciones.

AR/MG