Caída de la pobreza exagerada, funcionarios angurrientos y perjuicios para Repsol y los Eskenazi

En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, crece el malestar de los empleados por los sueldos y porque, al mismo tiempo, observan que algunos de los nuevos integrantes de la bancada de La Libertad Avanza usan los autos con chofer para pasar a retirar objetos personales. Los casos de corrupción suelen tolerarse cuando la economía va bien. Pero no cuando empeora.

A poco de comenzar el gobierno libertario, el que venía a ponerle fin a la casta política, han surgido escándalos y la aparición de nuevos se acelera: la criptoestafa $LIBRA promovida por Javier Milei, el cobro de presuntas coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que empresarios vean a su hermano presidente; las valijas sin control aduanero de Leonardo Scaturicce, hombre de negocios ascendentes con vínculo directo con el asesor presidencial Santiago Caputo; sobreprecios en la compra de pañales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI); supuestos sobornos del 3% a la hermana presidencial por la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); vuelos privados y compra de inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y ahora créditos hipotecarios del Banco Nación para un director del Banco Central, Pedro Inchauspe ($527 millones), el secretario de Finanzas, Federico Furiase ($408 millones), el director y agreviso twittero del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez ($475 millones), y el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira ($115 millones), conocido como Juan Doe en la red X.

En la entidad, que antes había sido denunciada por contratos de una empresa de seguridad de Adrián Menem, hermano del jefe de Diputados, no responden por el nuevo caso. ¿Tantos curros en tan poco tiempo de gestión demostraría que la nueva dirigencia que venía a enterrar la casta llegó tan angurrienta como su antecesora? Se van acumulan las denuncias de corrupción de diversos diputados opositores como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Diego Giuliano, Rodolfo Tailhade y la exlibertaria Marcela Pagano.

Pero antes de los últimos destapes, en octubre pasado, el 40% de los argentinos ratificó el apoyo a Milei en una elección con una abstención historica. Enfrente estaba un Partido Justicialista (PJ) cuya líder, Cristina Fernández de Kirchner, está bajo arresto domiciliario condenada por corrupción. La inflación mensual, que era del 12% cuando el Presidente ganó el balotaje en 2023, había bajado al 2,3% y eso provocó que el Instituto de Estadística (Indec) informara este martes que la pobreza bajó del 40% en el primer semestre de aquel último año peronista al 28% en el segundo semestre de 2025. Aunque hay más desempleados y el salario alcanza para menos –eso demuestran los propios datos oficiales–, los menores saltos de los alimentos, el aumento de la asignación universal por hijo (AUH) –no así las otras ayudas sociales como la Tarjeta Alimentar– y la necesidad de trabajar más horas en la economía informal para llegar a fin de mes explican la merma, aunque no la magnitud.

La mayoría de los expertos en estadísticas de pobreza coincide en que hay menos pobres que en el final del gobierno de Alberto Fernández –con Cristina Kirchner de vice y Sergio Massa como ministro de Economía– pero considera que la metodología estadística ha llevado a sobreestimar la cantidad que había en la gestión anterior y a infravalorar la que hay ahora. Es decir, ni era tanto como 40% antes ni era 28% al segundo semestre de 2025, antes de que en los últimos meses la inflación se afinque cerca del 3% mensual –la consultora Equilibra calcula 3,3% en marzo, por impacto de la guerra de Irán en la nafta y todo lo que se transporta, como la carne– y de que se acrecientes los despidos de industrias devenidas importadoras. O sea, digamos que la pobreza no bajó tanto como 12 puntos porcentuales, como indica el Indec, pero sí descendió. Milei dice que la bajó de 53% en el primer semestre de 2024 al 28%, pero se olvida de mencionar que él la empujó a ese 53% con la devaluación inicial de su gestión.

Y no es que la estadística esté manipulada como hacía Guillermo Moreno, condenado por haberlo hecho en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de artilugios más sofisticados en los que habían incurrido otras administraciones antes también. Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de la cual se elabora el índice, sobreestima desde mediados de 2024 los ingresos registrados, es decir, los encuestados declaran más ingresos que los efectivamente cobrados y computados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y se supone que lo mismo sucede con las entradas informales. “¿A qué obedece eso? No sabemos, mi principal hipótesis es que la baja de la inflación ayuda a que encuestados reporten mejor porque sus ingresos ahora son mas estables, varían con menos frecuencia. ¿Qué consecuencias tiene eso en la medición de la pobreza? Exagera la caída, dado que una parte de la mejora en los ingresos de los hogares no obedece a la situación real, sino a que la encuesta ahora los capta mejor”, concluye Tornarolli.

La junta de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec aclaran que el costo del reciente endeudamiento de las familias no se incluye en la canasta de pobreza y que la EPH tampoco considera transferencias no monetarias que fueron restringidas por este gobierno, como los bolsones alimentarios, las raciones en comedores, los medicamentos gratuitos y los otros recortes del PAMI y las obras sociales desfinanciadas.

En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), Agustín Salvia, primero juzga que es cierto que bajó la pobreza, lo atribuye a la menor inflación y la mejor de la AUH, pero advierte que existe una “ficción estadística”: “Hay una mejor captación de ingresos del sector asalariado y no asalariado (cuentapropista) informal, que es el gran motor de la caída de la pobreza. ¿Cuánto es por el crecimiento de la economía informal y cuánto por efecto de la medición? Es lo que ponemos en discusión. Además, tampoco se actualizó la canasta básica de la pobreza con el parámetro de la encuesta de ingresos y gastos de 2017/2018, por lo cual los ingresos disponibles de la población se vienen achicando”. La canasta se basa en los gastos de 2004/2005, cuando pesaban menos las tarifas y los alquileres que ahora suben más que los alimentos.

Mariana González, coordinadora del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), señala que siempre los encuestados declaran menos ingresos de los que tienen, pero la subdeclaración se redujo a partir de 2024, en coincidencia con nuevas preguntas que se agregaron ese año en el sondeo. Por eso, en Cifra-CTA ha dejado de usar la estadística de pobreza. También lo había hecho en la era kirchnerista, a pesar de su sintonía política. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que se desempeña Hernán Letcher, también señala el problema de la composición de la canasta y la captación de ingresos no laborales a partir de más de 20 preguntas nuevas o modificadas respecto a 2023. Aquí abajo se las transcribe.

Pero Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejan la reducción de la pobreza. El jefe del Palacio de Hacienda desbordó optimismo en la reunión de este lunes con la Asociación de Supermercados (ASU), con su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, y los representantes de las grandes cadenas La Anónima, atendida por sus propios dueños Nicolás y Federico Braun; Carrefour, Néstor Sist; Changomás (de Francisco de Narváez, que se quedó con las ganas de comprar la filial del gigante francés porque no le alcanzó el financiamiento de Jorge Brito, dueño del Banco Macro), Juan Quiroga; la española Día, Agustín Ibero; la chilena Cencosud, Alejandro Arruiz; y Coto, Rodolfo Bava. Aunque uno de ellos le reconoció que vende 30% menos, Caputo dijo que la economía crece al 5%, que sin la guerra estaría en 10% y prometió que en dos meses la construcción “explotará” y derramará sobre el consumo. ¿Será por el inicio de obras mineras y gasíferas del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)? Por lo pronto, la economía habría caído 1,5% en febrero y apuntaría a crecer sólo 2,5% en todo 2026, según Equilibra, la firma que dirige Martín Rapetti.

En el empresariado resuenan incógnitas. En primera lugar, si este modelo económico generará trabajo. Por ahora las empresas cierran producción local para abastecer desde China o incluso Brasil, donde tienen menos costos, más apoyo estatal, más escala y no hay cepo cambiario. Con los dólares del campo, Vaca Muerta y la minería se pueden cubrir las importaciones, pero no crear trabajo, que sólo se expande en la informalidad, a imagen y semejanza de Perú, el ejemplo citado por Caputo. La segunda duda es justamente cuándo se liberará el cepo a las compañías. Hay quienes en el equipo económico sugieren hacerlo ahora que sobran divisas, sobre todo de la cosecha de soja y maíz, pero en las charlas de madrugada de Milei y el ministro de Economía el presidente le explica por qué en el mercado cambiario es mejor que la libertad no avance. Le temerá quizás a un salto cambiario en la segunda mitad del año, cuando finalice la recolección de granos.

En el establishment, que se reunirá a fin de mes en el Foro Llao Llao, también preocupa lo que perciben como odio de Milei a los empresarios, empezando por Paolo Rocca. No por nada suenan eventuales presidenciables que salgan del propio mundo de los negocios. Mauricio Macri, cuyo nombre no se descarta para que el PRO retenga la ciudad de Buenos Aires en 2027, habla de Marcos Galperin, que dejó este año el día a día como CEO de Mercado Libre aunque sigue de presidente. En el PJ, el armador Juan Manuel Olmos dice que se necesita un outsider para desplazar al outsider y sondeó al presidente y accionista de Prestige Auto, Daniel Herrero, que tiene la licencia de Mercedes-Benz para vender acá sus autos y fabricar la Sprinter. Olmos también motoriza un armado federal y unas primarias para definir el candidato junto a diputados como Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y Gustavo Bordet. Creen que hay que disipar los temores del electorado a una victoria peronista prometiendo equilibrio fiscal, pero no a costa de hipotecar el futuro destruyendo ahora la infraestructura, la ciencia y la educación.

Habrá que ver si uno de los pretendientes presidenciales peronistas, Axel Kicillof, logra alejar esos miedos, como lo hizo Luiz Inácio Lula da Silva en su primer triunfo electoral en 2002, cuando abjuró de su anticapitalismo de elecciones pasadas. Kicillof no es anticapitalista, pero necesita despejar fantasmas. Ahora que la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio la razón con la expropiación del 51% de YPF, puede demostrar que no estaba equivocado. Una victoria para él, para su entonces jefa, Cristina Kirchner, y para Milei, que logró el fallo a pesar de que estaba en contra de la reestatización. En cambio, entre los perdedores está el estudio litigante Burford, pero también Repsol y los Eskenazi. Si el fondo británico ganaba el juicio por US$16.000 millones -todavía puede apelar a la Corte Suprema de EE UU o recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)-, debía destinar el 30% de lo ganado a solventar la quiebra de Petersen Energía, la empresa que armaron los Eskenazi para comprar en 2008 el 25% de YPF que estaba en manos de Repsol en una negociación mediada por Néstor Kirchner.

Cuando Cristina Kirchner y su viceministro de Economía Kicillof nacionalizaron el 51% de YPF y decidieron que las ganancias de la petrolera se destinaran a la inversión y no a los accionistas, los Eskenazi se quedaron sin plata para pagar el préstamo que Repsol y bancos internacionales les dieron para adquirir el 25% de YPF. Por eso, iniciaron su concurso preventivo en el juzgado de instrucción 3 de Madrid, donde habían radicado Petersen Energía. En ese proceso fue que Burford adquirió el derecho de los Eskenazi a litigar por la expropiación. Como el estudio británico por ahora perdió la batalla legal en EE UU, no podrá dirigir el 30% a pagar las deudas de Petersen Energía: se trata de US$2.126 millones verificados en 2013, más los intereses de 13 años. Más de la mitad se le debe a Repsol. El resto, al Santander, el Credit Suisse y el brasileño Itaú, entre otros. Curiosamente, en Repsol niegan que estén involucrados en ningún proceso vinculado a su etapa en Argentina, después que CFK y Kicillof los indemnizaran en 2014. Los Eskenazi, que se exponen a dejar impagas sus deudas y el consiguiente desprestigio, también se deslindan del caso y lo dejan en manos del administrador concursal.

El asesor financiero Sebastián Maril, que sigue el juicio de Burford desde el inicio, asegura que si el fondo logra revertir la sentencia, los dueños de los bancos Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y Entre Ríos no ganarán dinero sino que podrán saldar las deudas de Petersen Energía con Repsol y las entidades internacionales. A su vez, sostiene que en ese caso -por ahora remoto- si Repsol algún día cobra, podría enfrentar una demanda del Estado argentino con el argumento de que no puede reclamar más después del contrato amigable de indemnización de 2014. “Repsol se va a quedar con lo que le llegue y la peleará para no devolverlo”, pronosticó Maril.

AR/MG