En casi 5 años, la Ley de Etiquetado cambió hábitos de consumo y empujó a la industria a reformular productos
En el frente de un paquete de galletitas hay un octógono negro. Dice: “Exceso en azúcares”. Desde que la Ley de Etiquetado Frontal entró en vigencia, el 94,5% de la población aprendió a reconocer ese sello y el 61% dejó de comprar al menos un producto por tenerlo, según la primera encuesta nacional sobre el impacto de la norma, realizada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la FCE-UBA a fines de 2025.
Sin embargo, este marte el gobierno envió al Senado un proyecto para derogarla. La iniciativa lleva las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, y elimina la norma en su totalidad desde el día de su publicación en el Boletín Oficial, sin período de transición. El proyecto consta de sólo cuatro artículos.
La derogación no implicaría únicamente el fin de los sellos negros de advertencia. También dejarían de regir las restricciones a la publicidad de ultraprocesados dirigida a niños y adolescentes, la obligación de informar azúcares libres en los envases –un dato relevante para personas con diabetes– y las disposiciones vinculadas a la promoción de entornos escolares saludables.
“No se trata solamente del etiquetado”, señala Laura Salzman, presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. “La ley también regula la publicidad y promueve la educación alimentaria nutricional. Lo que se propone es desarmar una política pública completa”.
Los cambios que produjo la ley
La Ley 27.642 fue sancionada en octubre de 2021 con 200 votos afirmativos en Diputados y 64 en el Senado. La norma obliga a colocar octógonos negros en alimentos y bebidas que superen determinados límites de azúcar, sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías, definidos según el perfil nutricional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Desde su implementación, la encuesta de la FCE-UBA registró cambios en los hábitos de compra y consumo. El 97% nota los octógonos mientras que el 94,5% comprende su significado. A su vez el 79% realizó algún tipo de cambio en sus compras, y el 61% efectivamente bajó el consumo de al menos un producto por tenerlos. El estudio concluye que el impacto “atraviesa todas las edades” y no se limita a un grupo generacional específico.
El efecto también alcanzó a los hogares con niños y adolescentes. Un estudio de Malzoni y Secchi, publicado en 2024 en la Revista SAN y realizado sobre 1.150 personas, mostró que el 74,4% de los padres con hijos menores de 16 años reporta pedidos frecuentes de productos con sellos de advertencia, como galletitas, yogures y golosinas. La presencia visible de los octógonos interviene entonces en la decisión final de compra de los padres.
Un análisis de más de 500 productos ultraprocesados realizado por Karen Manzur y Carlos Yáñez de la Universidad Adventista del Plata, publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en 2024, detectó reducciones de hasta 40% en grasas totales y cercanas al 10% en sodio en lácteos y snacks salados.
La evidencia más citada sobre el impacto del sistema proviene de Chile, que implementó una legislación similar en 2016. Un estudio conjunto de la Universidad de Chile y la Universidad de Carolina del Norte, publicado en 2024 en PLOS Medicine, analizó las compras de 2.844 hogares durante seis años y detectó una reducción del 37% en la compra de azúcar proveniente de productos con sellos de advertencia. También registró caídas del 22% en sodio, 16% en grasas saturadas y 23% en calorías.
En Argentina, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición del 2019, el 13,6% de los menores de cinco años tiene exceso de peso. En los adultos, se estima que cerca del 39% tiene obesidad y el 73% exceso de peso, según datos de la OMS del 2025. Las enfermedades crónicas no transmisibles –diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares– producen el 70% de las muertes totales en el país, según un estudio publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en 2024.
“Estamos viendo cada vez más hipertensión, sobrepeso, obesidad y diabetes en chicos menores de 10 años”, advierte Salzman. “Cuando un chico consume permanentemente productos ultraprocesados, deja de consumir frutas, verduras, huevos, alimentos naturales. Ahí hay una responsabilidad social y comunitaria. Hay que discutir hasta dónde llega el poder de la industria alimentaria”.
El etiquetado en la vida cotidiana
Virginia Demo tiene 57 años, es humorista y alcanzó notoriedad masiva tras participar en Gran Hermano 2023. En enero de 2026 ingresó al programa Cuestión de Peso con 89,9 kilos y cuatro meses después recibió el alta con 76,6. En ese proceso, modificó sus hábitos y logró revertir un cuadro leve de hígado graso.
Cuenta que antes sostenía ayunos prolongados y luego consumía alimentos ultraprocesados. Desde papas fritas y gaseosas hasta dulces. Durante el tratamiento comenzó a incorporar herramientas para leer etiquetas y entender el impacto nutricional de determinados productos.
“La tabla nutricional hay que saber leerla e interpretarla. Los sellos, en cambio, son rápidos, simples y claros”, dice. “No hace falta tener tantos conocimientos técnicos para entenderlos”.
También empezó a comparar productos similares. “Hay productos que parecen súper sanos y después ves que tienen exceso de azúcar o sodio. El etiquetado también te ayuda a elegir mejor”, agrega.
Cinthia Gentiletti, de 43 años, que recurre regularmente a la consulta con su nutricionista, también modificó algunas decisiones cotidianas a partir de los octógonos. “Me permitieron hacer elecciones más informadas y ajustar aún más una forma de alimentarme que ya era consciente”, cuenta.
Dice que las mayores sorpresas aparecieron en productos que suelen presentarse como saludables, “especialmente algunas galletitas y ciertos lácteos”. “Confirmé que tenían niveles de azúcar, grasas o sodio mucho más altos de lo que esperaba”, señala. También empezó a comparar marcas dentro de una misma categoría y detectar diferencias nutricionales importantes entre productos similares.
Lo que Demo y Gentiletti aprendieron en su experiencia cotidiana es, para especialistas en nutrición, uno de los objetivos centrales de la ley: ofrecer información comprensible en pocos segundos y sin necesidad de conocimientos técnicos específicos.
Erica Bianquet, integrante del Grupo de Trabajo por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de FAGRAN y del Colegio de Nutricionistas, trabaja con pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad. “Es una herramienta rápida y concreta para tomar una decisión en una góndola, especialmente para personas que no tienen por qué saber interpretar una tabla nutricional compleja”, explica. “No todo el mundo puede ponerse a comparar etiquetas durante veinte minutos en el supermercado. Y eso genera desigualdad”.
La discusión por la derogación
La ofensiva contra la ley comenzó antes del envío del proyecto al Congreso. En diciembre de 2024, la ANMAT modificó aspectos centrales de la ley. El principal cambio fue el criterio para calcular nutrientes críticos. Desde entonces, se consideran únicamente los ingredientes agregados durante la elaboración y no la composición total del producto. Como consecuencia, alimentos como quesos, yogures, mermeladas y jugos perdieron sellos pese a no haber cambiado su perfil nutricional.
“Generó muchísima confusión”, sostiene Bianquet. “Mucha gente asocia que cuando desaparece un sello, el producto mejoró o pasó a ser más saludable. Cuando en realidad la composición no cambió. El mensaje visual dejó de coincidir con el perfil nutricional real del producto”.
Durante la semana del 19 de mayo, los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (LLA) presentaron un proyecto para derogar la ley con respaldo explícito de COPAL, la coordinadora de las industrias alimenticias. Días después, el Poder Ejecutivo envió su propia iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger.
Las empresas que históricamente presionaron contra la ley –entre ellas Arcor, Coca-Cola, Mondelez, Danone y Nestlé, nucleadas en COPAL– encontraron en el gobierno libertario un terreno receptivo. El informe “Mucho más que etiquetas”, publicado por Fundeps en 2026, documenta que las flexibilizaciones administrativas del gobierno coincidieron con reclamos previos de esos sectores empresariales.
Los argumentos en disputa
El Gobierno sostiene que el sistema actual genera “distorsiones” porque aplica criterios uniformes a productos diferentes y no distingue entre excesos leves y altos niveles de nutrientes críticos. También cuestiona la falta de armonización con el Mercosur y afirma que el esquema no incentiva mejoras graduales en las formulaciones.
El legislador Bongiovanni argumentó que en 2023 el 85% de los productos en góndola tenía al menos un sello. “Si todo tiene octógono, el octógono no significa nada”, sostuvo.
“La armonización regional existe, pero no impide que un país tome medidas de salud pública propias”, responde la nutricionista Bianquet. “Hay varios países de América Latina que avanzaron con sistemas de advertencia similares. Hay una discusión de fondo sobre qué pesa más, si los intereses comerciales de ciertos sectores o el derecho de la población a recibir información clara sobre lo que consume”.
“No me parece bueno sacar los sellos. No es lo mismo tener la tabla nutricional que tener los sellos. Porque no todo el mundo tiene conocimientos de nutrición”, resumen Virginia Demo.
Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, organizaciones de nutricionistas y especialistas en salud pública mantienen reuniones con senadores de distintos bloques para intentar frenar la derogación. “Derogarla sería tirar a la basura años de trabajo técnico y sanitario”, concluye Salzman.
LN/MG
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