Cristina Kirchner y su hijo Máximo quedaron a las puertas del juicio oral en la causa Hotesur y Los Sauces. La Corte Suprema de Justicia desestimó este lunes un recurso extraordinario presentado por la ex presidenta y el actual diputado nacional, además de otros imputados. Así, quedó confirmado el fallo que revocó el sobreseimiento de la exmandataria y ordenó la realización de un juicio oral.

Las causas investigan presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y admisión de dádivas vinculados a las sociedades Hotesur y Los Sauces, en las que la familia Kirchner es propietaria. En 2021, el Tribunal Oral Federal N° 5 había decidido sobreseer a los acusados, al argumentar violaciones al principio de ne bis in idem (una persona no puede ser juzgada o sancionada más de una vez por el mismo hecho). Sin embargo, esa decisión fue revocada en septiembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal.

El argumento para el sobreseimiento fue que se produjeron violaciones al principio de ne bis in idem (una persona no puede ser juzgada o sancionada más de una vez por el mismo hecho). Sin embargo, esa decisión fue revocada en septiembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal.

Con este nuevo fallo, la causa deberá continuar en la etapa de juicio oral, donde se determinarán los hechos y responsabilidades de los imputados, entre los que también se encuentra la sobrina de Cristina Kirchner e hija de Alicia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado.

La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó un planteo que le llegó porque la defensa de Cristina Kirchner “no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal, y no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte”.

El Máximo Tribunal recordó que “la fundamentación autónoma requiere que el escrito de interposición del recurso extraordinario contenga un relato prolijo de los hechos de la causa de relevancia principal, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal mediante una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna”. En esa misma línea, señaló que “resulta exigible rebatir todos y cada uno de los argumentos en que el juzgador se apoyó”. Dicho de otra forma, no es una refutación suficiente la “mera aserción de un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia recurrida”.

Con información de agencia NA

MC

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló este lunes los fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal en los que le habían revocado el sobreseimiento en su favor en las causas conocidas como “Hotesur-Los Sauces” y “Memorándum de entendimiento con Irán”.

Según las presentaciones, la defensa de la expresidenta planteó, entre otros argumentos, que esas resoluciones fueron dictadas sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, que había cesado en sus funciones por disposición de la Corte Suprema por haber alcanzado el límite de 75 años.

La ausencia de la magistrada en esos fallos, que se definen por el voto de tres jueces, fue considerado como de “dudosa constitucionalidad” por la exmandataria.

Si bien la ley “hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces”, resulta de “dudosa constitucionalidad”, expresó la defensa de la vicepresidenta.

Y cuestionó que los magistrados “no tienen una prerrogativa discrecional para acotar el marco de deliberación y excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos dictados en consecuencia, también debe discutir con sus colegas e intercambiar opiniones para luego dictar sentencia”.

“La Sala que dictó el fallo quedó indebidamente constituida sólo por dos jueces, habiendo sido excluida de la resolución del caso la tercera magistrada a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no registra antecedentes similares y que resulta contraria a la práctica seguida con relación a otros magistrados que se encontraban en idéntica situación a la de la jueza Figueroa”, sostuvieron en las apelaciones los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, que representan a la Vicepresidenta.

La Cámara Federal de Casación Penal había dispuesto el 18 de septiembre que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y otro por el Memorándum de entendimiento con Irán para volver a analizar la actuación de la Justicia en la investigación por el atentado a la AMIA, por presunto encubrimiento, en los que está imputada Cristina Kirchner, revocando así los sobreseimientos de la vicepresidenta en ambas causas.

El jueves último, el Senado aprobó el pliego de la jueza Figueroa, en una votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Con información de Télam.

IG

Hotesur-Los Sauces es un caso que vuelve a quedar en etapa de juicio, pero que lejos está de llevarse adelante en lo inmediato y aún no se tiene certeza sobre cuándo la vicepresidenta, Cristina Kirchner, eventualmente podrá estar en el banquillo de los acusados junto a su hijo, Máximo, ante sospechas de lavado de dinero y otros delitos.

Tras el fallo de Casación que ordenó realizar el juicio, pues se había dictado el sobreseimiento de los más de veinte implicados sin hacer una audiencia, todavía queda un largo camino.

El fallo de la Sala I de Casación con la firma de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

La titular del Senado y los demás implicados tiene dos caminos: hacerlo por la vía normal mediante un recurso extraordinario que debe conceder el propio Tribunal o bien “en queja” ante la Corte si aquel no lo concede.

Es decir, en el caso de que la vicepresidenta o cualquiera de los otros implicados apele, llegará a la Corte y ahí no hay plazos para que el máximo tribunal resuelva. Eso llevará su tiempo.

En paralelo, el Tribunal Oral 5, que había sobreseído a los implicados con la firma de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, ya no será el mismo, porque como ambos ya opinaron que no hay delito sin hacer juicio, serán otros magistrados quienes intervengan.

Sólo quedará la jueza Adriana Palliotti, quien nunca opinó sobre el fondo del asunto.

Por ello, habrá todo un proceso para integrar el Tribunal y los nuevos integrantes también quedarán sujetos a posibles recusaciones o planteos de las partes. La integración es probable se haga una vez que haya fallo de la Corte Suprema, con lo cual no será en lo inmediato.

Además, el Tribunal Oral antes del arranque del juicio tiene pendiente la realización de algunos peritajes en esta causa en la que se sospecha de Cristina y Máximo Kirchner y los demás acusados de haber estado involucrados en maniobras de lavado de dinero.

Qué dicen los fiscales

Los fiscales Diego Velasco y Mario Villar argumentan que las sociedades Hotesur y Los Sauces funcionaron como una “pantalla” para llevar adelante contratos “simulados” y así recibir dinero de privados a quienes la entonces presidenta, Cristina Kirchner, habría beneficiado con licitaciones durante su gestión.

Velasco, el fiscal que tendrá a cargo la acusación durante el juicio, y Villar, su superior ante la Cámara Federal de Casación Penal, mantuvieron que el juicio debía realizarse para analizar los varios contratos que Lázaro Báez por un lado y Cristóbal López por el otro tenían con el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner.

En el caso de Lázaro Báez, ya condenado por la “Ruta del Dinero K” a diez años de prisión, a través de Austral Construcciones tenía como único cliente al Estado Nacional, en el Gobierno de Cristina Kirchner.

Asimismo, los pagos de Austral Construcciones y las empresas Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla por otro, eran mientras Lázaro Báez se convertía en el mayor contratista del Estado.

Sumado a eso, la investigación por la cesión de obra pública vial demostró la concentración de obras en la provincia de Santa Cruz, donde aquel predominaba.

También la acusación de los fiscales apunta a los complejos habitacionales que a la firma Los Sauces pagaban las empresas de Cristóbal López.

Justamente, hay pendientes peritajes para analizar esos contratos que se realizarán ahora que la causa vuelve al Tribunal Oral para realizar el juicio.

Parte de la argumentación fiscal en contra del sobreseimiento que habían dictado los jueces es que debía llevarse a cabo el juicio porque no había prueba nueva incorporada como sí habían determinado los magistrados Daniel Obligado y Adrián Grünberg, al valorar elementos de la causa Oil Combustibles y el caso Vialidad.

La imputación de los fiscales y las pruebas tienen que ver con los contratos y justamente derribaron el argumento sobre que los mismos están bancarizados, algo que los jueces habían valorado como indiciario que no se había cometido delito.

Antecedentes del caso

Hotesur-Los Sauces es un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos grupos empresarios proveedores del Estado: los de los empresarios Báez, Cristóbal López y De Sousa. 

Fernández de Kirchner atravesó hasta ahora un único juicio oral y público hasta el momento, que le valió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en la adjudicación de obras viales a Báez.

El ex dueño de Austral Construcciones ya tiene dos condenas en su haber: la Cámara Federal de Casación bajó su condena de primera instancia (12 años) a diez años de prisión por lavado de dinero agravado por el caso conocido como “la ruta del dinero K”; y tiene otra sentencia de seis años en su contra por el caso Vialidad, por su participación en una defraudación a la Administración pública liderada supuestamente por la entonces presidenta y socia del empresario, que debe ser revisada en el mismo tribunal superior. 

López y De Sousa fueron absueltos por el voto de la mayoría de los jueces en el juicio por la causa Oil Combustibles, con apelación mediante del fiscal, que espera que Casación revoque esa sentencia a favor de los empresarios del Grupo Indalo, quienes fueron juzgados por presunta defraudación a la Administración pública. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 condenó al ex titular de la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cuatro años y ocho meses de prisión por el mismo delito en este mismo juicio.

Con información de NA.

IG

La posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quede imposibilitada de ser candidata en 2023 por decisión del Poder Judicial es, en el escenario actual, una posibilidad lejana, de acuerdo a las normas vigentes y las fuentes judiciales con acceso a sus expedientes consultadas por elDiarioAR. 

Fernández de Kirchner tiene una sola condena, por el caso Vialidad: seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional en la adjudicación de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. 

Para que la pena impuesta en el juicio oral y público sea ejecutada aún resta que el caso sea revisado por dos tribunales superiores, lo que incluye un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso le agrega al expediente un plazo considerable, y aunque no es estrictamente predecible, las fuentes consultadas creen que 2023 terminará sin una sentencia firme en contra de la vicepresidenta. 

“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, aseguró la expresidenta tras escuchar la sentencia en su contra el 6 de diciembre último.

La sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre último podrá ser revisada a partir del 9 de marzo próximo, cuando los jueces presenten los fundamentos de su veredicto. A partir de los fundamentos, las partes del juicio (defensas y fiscalía) podrán solicitar a un tribunal superior que revise las condenas y absoluciones. Para ello, cuentan con 10 días hábiles, aunque pueden solicitar una prórroga.

El fiscal Diego Luciani ya anunció que recurrirá (apelará) la absolución dictada por el tribunal a favor de Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita.

El tribunal que quedará a cargo de revisar la sentencia del caso Vialidad es la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. 

No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa

Cristina Fernández de Kirchner — 6 de diciembre de 2022.

Tribunal de revisión 

La Casación Federal está dividida en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces. Cada sala funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de ciertos fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

La Sala a cargo del caso Vialidad es la número I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Incluso si la Casación fallara sobre el caso, e hipotéticamente confirmara antes del cierre de las elecciones 2023 la condena a la vicepresidenta, Fernández de Kirchner podría ser igualmente candidata. 

La condena no será ejecutable hasta que la decisión de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu quede firme, lo que implica que la sentencia sea revisada también por la Corte Suprema, lo que podría demorar años. Es lo que establecen seis artículos del nuevo Código Procesal Penal que entraron en vigencia en febrero de 2021 de manera anticipada a la totalidad de la norma y por disposición del kirchnerismo en la Comisión Bicameral. 

Los artículos establecen que las penas impuestas a los condenados sólo serán ejecutables una vez que queden firmes. Mientras las partes -sea el fiscal o la defensa- recurran a Casación o a la Corte para pedir la revisión de la sentencia, ésta no quedará firme y Fernández de Kirchner podrá ser candidata. a su vez, tampoco irá a prisión o prisión domiciliaria (cumple 70 este domingo).

Otros casos

Las revisiones de sentencias en juicios voluminosos y de perfil político, con recursos de alrededor de una decena o veintena de involucrados, plantean antecedentes muy diferentes. Además, ninguno incluye a la vicepresidenta en ejercicio y principal referente política del peronismo en la lista de condenados.

En el caso Ciccone, por ejemplo, el tribunal dictó sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou en agosto de 2018 y dio a conocer los fundamentos en octubre de ese año. Casación confirmó las condenas en un período menor comparado a otros casos. Fue en julio de 2019, nueve meses después de los fundamentos. Luego la Corte dejó firme la sentencia en diciembre de 2020, un año y medio después.

El veredicto del caso conocido como la “ruta del dinero K”, que incluyó una condena por lavado de dinero agravado contra el empresario Lázaro Báez y condenas contra otros 20 imputados en el juicio, fue dictado por el tribunal oral en febrero de 2021. Los fundamentos se conocieron en abril de 2021 y las audiencias en Casación comenzaron a mediados del año siguiente, en 2022. El tribunal aún no decidió si confirma o revoca sentencias en este caso, que cumplirá dos años en Casación en mayo próximo.

Fernández de Kirchner también fue sobreseída de manera anticipada en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021 por la Sala I de Casación.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó a la Corte Suprema en junio de 2021, hace 20 meses. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó su dictamen sobre el caso (solicitando que se revoquen los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los beneficiados, y se realice el juicio oral y público por Dólar Futuro) dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos. 

En este caso, la Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Tiempos de Casación

A partir de la publicidad de los fundamentos de la sentencia, los abogados defensores y la fiscalía de juicio tienen 10 días hábiles para presentar sus recursos y solicitar que la Casación revise condenas y absoluciones. 

Luego, de acuerdo con el procedimiento fijado en el Código, Casación debe fijar fecha de audiencias. También tiene un corto plazo, pero rara vez en casos voluminosos el tribunal cumple estos preceptos.

Por ejemplo, desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Ambos sobreseimientos tienen el mismo carácter de sentencia definitiva de una condena o absolución. 

Las decisiones de Casación en torno a estos casos se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después de esta semana, a partir del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

La misma sala que revisará Vialidad en Casación debe decidir si revoca esos dos sobreseimientos y ordena realizar los juicio orales y públicos por los casos Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces; o si por el contrario los confirma. En ese caso, ambos expedientes llegarán a la Corte, donde no hay plazos para intervenir.

ED

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

La Corte Suprema finaliza 2022 sin haber tratado un caso que fijará un antecedente clave para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: su sobreseimiento anticipado en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó al máximo tribunal en junio de 2021 pero el expediente ni siquiera circuló por los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkranzt y Ricardo Lorenzetti, de acuerdo con los registros públicos del máximo tribunal y las consultas de elDiarioAR a fuentes directas de la Corte. 

¿Por qué es clave para la vicepresidenta? En primer término, por los plazos. ¿Cuánto tiempo se tomará eventualmente la Corte para analizar y dejar firme su condena en el caso Vialidad si aún no ha decidido sobre Dólar Futuro, que lleva dieciocho meses en el Palacio de Justicia?

En segundo lugar, si bien existen diferencias amplias entre Dólar Futuro y los casos del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, una decisión de la Corte podrá fijar precedentes sobre estos otros dos sobreseimientos anticipados que aún están pendientes de revisión. 

El caso Dólar Futuro se centró en una supuesta administración fraudulenta por los valores pactados por el Banco Central en contratos de dólar a término celebrados en 2015. Fernández de Kirchner no había sido denunciada pero el juez Claudio Bonadio la procesó y envió a juicio en la causa. 

En abril de 2021, tras varias idas y vueltas, la Sala I de la Cámara Federal de Casación -el máximo tribunal penal- sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta y a los otros trece imputados, entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y al titular del Banco Central, Miguel Pesce. 

El fiscal general Pleé solicitó entonces que la Corte revisara los sobreseimientos dictados por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. 

La Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Si los jueces hacen lugar a la queja y fallan a favor del fiscal, podrían revocar los sobreseimientos y ordenar la realización del juicio. O podrían rechazar el planteo de Pleé por cuestiones técnicas (si correspondía o no presentarlo).

Una fuente de la Corte informó a este diario que, a priori, los jueces no se reunirían durante la última semana del año para firmar fallos y que el último acuerdo del máximo tribunal fue el del miércoles, cuando los cuatro ministros ordenaron que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipable. Ese mismo día, los jueces dictaron un total de 273 sentencias y resolvieron 524 causas.

El fallo a favor de la Ciudad, que demoró poco más de dos años, elevó todavía más la ya instalada tensión entre la Corte y el Ejecutivo: el presidente Alberto Fernández anunció este jueves por la noche que no acatará la orden del máximo tribunal.

A diferencia de la demanda de la Ciudad, el caso Dólar Futuro nunca estuvo entre las prioridades de la Corte durante 2022, afirmaron fuentes cercanas a los ministros del máximo tribunal. El estancamiento del expediente lo confirma. Además, el máximo tribunal no tiene plazos y maneja los tiempos de sus decisiones.

Durante el último año, los jueces del máximo tribunal resolvieron 21.366 causas con el dictado de 8.409 sentencias, según los últimos datos de la Corte. La mayoría de estos expedientes son previsionales (jubilaciones y pensiones).

Movimientos

Los sobreseimientos en Dólar Futuro llegaron a la Corte el 16 de junio de 2021, hace más de dieciocho meses y el caso ha tenido desde entonces escasos movimientos. De hecho, ninguno de los cuatro jueces del máximo tribunal han visto o revisado formalmente expediente, ya que éste no ha circulado entre sus despachos o vocalías, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación en el que puede seguirse la ruta de los expedientes.

Unas 48 horas después de haber recibido la queja del fiscal Pleé, los jueces de la Corte decidieron enviar el caso a la Procuración General de la Nación para que Eduardo Casal, jefe de los fiscales, dictamine sobre el planteo realizado por Pleé. Este paso es opcional para los ministros de la Corte, quienes sí decidieron que el Procurador interino debía opinar. No le fijaron plazos, como sí dispusieron en otros casos. 

Casal presentó su posición sobre el incidente dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos y en el dictamen publicado por el sitio web del Ministerio Público Fiscal. “Es un plazo intermedio comparado con otros dictámenes que han llegado a la Corte”, dijo una fuente de la Procuración ante la consulta de elDiarioAR por el plazo del dictamen. 

La postura de Casal tampoco es vinculante para los jueces de la Corte, quienes pueden seguir o no la línea planteada por el jefe de los fiscales.

El Procurador interino sostuvo que la Corte debe admitir la queja de Pleé y revocar el fallo de los jueces Figueroa, Petrone y Barroetaveña que terminó los sobreseimientos de la vicepresidente y el resto de los involucrados en la causa. 

Desde que el expediente regresó a la Corte, hace 53 días, se encuentra en la secretaría número 3, encargada de los casos penales que llegan al máximo tribunal. Allí, el secretario penal de la Corte trabaja con otros secretarios letrados que se especializan en distintos campos del derecho penal y son quienes intervienen para realizar un informe con una propuesta de resolución ante los jueces del máximo tribunal. Este informe tampoco es vinculante y los ministros pueden obviarlo en su análisis. 

Antes de la Corte

¿Cómo llegó el caso Dólar Futuro a la Corte Suprema? El fallecido juez Claudio Bonadio envió a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados en el caso a juicio oral y público. El debate debía ser realizado por el Tribunal Oral Federal número 1. Luego de que el expediente llegara a dicha instancia, la defensa de Pesce solicitó que se realizara una medida de prueba complementaria que Bonadio se había negado a hacer: una pericia contable.

El tribunal aceptó el pedido y se la encomendó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. El resultado: las operaciones de dólar futuro celebradas durante el 2015 coinciden con los precios de dos mercados institucionales -el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el Mercado a Término de Rosario SA (ROFEX), tal como lo exige el artículo 18, inc. a) de la Carta Orgánica del Banco Central.

Con esa carta, varias defensas interpretaron que se confirmaba su postura: los funcionarios no habían cometido ningún delito. Entonces solicitaron al tribunal los sobreseimientos anticipados en base a la nueva prueba, pero dos de los jueces del tribunal rechazaron el planteo y siguieron adelante con el juicio.

Las defensas fueron en queja para insistir con los sobreseimientos y la nulidad del juicio ante el tribunal inmediatamente superior al tribunal oral federal: Casación.

En abril de 2021, la Sala I de la Casación, integrada por Figueroa, Petrone y Barroetaveña dictaron los sobreseimientos y anularon la realización del juicio oral y público.

En su dictamen, Casal sostuvo que los planteos de las defensas que llegaron a Casación y terminaron con el sobreseimiento de los acusados nunca debió haberse tratado porque la decisión del tribunal oral de seguir adelante con el juicio oral y público no era equiparable a una sentencia definitiva -circunstancia que amerita la intervención de Casación- y porque no restringía los derechos de los imputados, ya que ninguno estaba privado de su libertad y todos tendrían un juicio acorde a las reglas, sostuvo el jefe de los fiscales.

El jefe de los fiscales también dijo que “la decisión de Casación fue contrario a la conocida doctrina” de la Corte. “Los magistrados apoyaron sus opiniones exclusivamente en la valoración fragmentaria y aislada del informe pericial que se llevó a cabo en la instrucción suplementaria, sin relacionarlo ni cotejarlo con los restantes elementos incorporados al expediente y que constituyeron el sustento del impulso que tuvieron las actuaciones hacia la etapa del juicio oral”, afirmó Casal.

ED

La última vez que la Asociación de Magistrados, principal entidad de jueces del país, había celebrado su cena de fin de año, fue en diciembre de 2019, en el Hotel Plaza, en Retiro, muy cerca de los tribunales federales de Comodoro Py. Alberto Fernández acababa de ingresar a la Casa Rosada. Marcela Losardo, recién asumida como ministra de Justicia, era la invitada de honor, junto al entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Hubo fotos conjuntas, mensaje de conciliación y mesa compartida junto a otros funcionarios y representantes del Ejecutivo, como el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. 

Tres años más tarde, unos 500 jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios judiciales volvieron a congregarse este jueves por la noche en un salón del Golden Center, en Costanera norte, para el mayor evento social del poder Judicial, aunque en el fondo, siempre es político. Pero esta vez, no hubo funcionarios del Ejecutivo presentes. 

El mensaje fue de unidad hacia adentro, el abroquelamiento frente al kirchnerismo. Aunque el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hizo una salvedad durante su discurso: la unidad tiene límites. “Los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte”. Los “buenos”, dijo.

Fue el cierre de un año en el que la tensión entre ambos poderes alcanzó un punto máximo con la condena a seis años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación a la Administración pública y su renunciamiento posterior a la posibilidad de ser candidata en 2023.

En la cena de este jueves, los invitados de honor fueron los jueces de la Corte, aunque sólo acudieron los miembros de la mayoría tripartita del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti; Rosenkranz; y Juan Carlos Maqueda, quien asistió al encuentro por primera vez en los 20 años que integra el tribunal. Rosatti pidió durante su discurso un especial aplauso para su aliado y colega.

Faltó Ricardo Lorenzetti, quien había confirmado su asistencia pero a último momento les comunicó a sus colegas que le diagnosticaron Covid-19, según informaron tres fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR. Ante la consulta de este medio, los voceros del magistrado aún no han respondido.

Los cuatro jueces habían estado reunidos presencialmente esa tarde para firmar el fallo que confirmó la condena a la dirigente Milagro Sala a trece años de prisión por el delito de asociación ilícita. Es el tercero de los cortesanos que comunica haber contraído recientemente el virus. Los otros dos son Maqueda y Rosenkrantz.

Sin embargo, en el entorno de Rosatti la explicación de Lorenzetti les sonó a excusa, según pudo saber este medio. Es que si bien el mensaje del presidente de la Corte y de sus colegas fue un llamamiento a la unidad, los cortesanos tienen su propia fisura.

“Que no nos hagan perder de vista que nos debemos a la sociedad”, dijo Rosatti a los comensales, y les pidió ser “un poder Judicial fuerte”. “Esta Corte no negocia fallos” y sus “integrantes no se cuecen con el primer hervor”, afirmó.

Hubo otros ausentes que solían acudir a la cena anual de los magistrados. Pocos jueces y fiscales federales de Comodoro Py son activos en la Asociación de Magistrados (ninguno de los jueces de primera instancia acudió y los fiscales tienen su propia entidad, la Asociación De Fiscales Y Funcionarios Del Ministerio Público Fiscal De La Nación). 

El juez federal Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación, y uno de sus hijos y jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, habían sido de los más saludados en la cena de 2019. En pleno rebote del caso Lago Escondido, que los tiene como protagonistas, esta vez, no estuvieron presentes.

El caso fue la comidilla de las conversaciones sottovoce y unos comentaron su pesar por algunos de los involucrados en el viaje a la propiedad del magnate Joe Lewis y el intento por borrar la supuesta dádiva y la denuncia judicial en Bariloche.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, dijo durante su discurso: “Ningún juez o jueza puede pretender que se repete su decisión jurídica si no ajusta su conducta a los estándares de ética que la sociedad espera”.

Hubo otros invitados que este año recibieron saludos y felicitaciones: los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso, dos de los integrantes del tribunal oral que condenó a Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. Los ubicaron en las mesas próximas a los jueces de la Corte.

Rosatti, Maqueda y Rosenkranz compartieron mesa con Gallo Tagle; el procurador general de la Nación y jefe de los fiscales, Eduardo Casal; y los jueces que representan a sus colegas en el Consejo de la Magistratura, uno de los ámbitos de disputa con el kirchnerismo. Entre ellos estaba Javier Barroetaveña, uno de los integrantes de la Sala I de la Casación Federal, que debe decidir si confirma los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos en los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán u ordena que los juicios orales y públicos suspendidos en 2021 se ejecuten en pleno año electoral. 

En otra mesa próxima el fiscal Mario Villar, también de la Casación, acompañó al nuevo presidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Rafael Toranzos (fiscal federal de Salta). Villar es el fiscal que solicitó en noviembre que la vicepresidenta y sus hijos, además del resto de los acusados en Hotesur-Los Sauces por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vayan a juicio oral y público.

Sólo se escucharon quejas de los comensales funcionarios del poder Judicial, como peritos y auxiliares de los jueces y fiscales, quienes al finalizar la cena cuchicheaban que no habían sido reconocidos por su labor en el discurso de Rosatti y el brindis de Rosenkranz. Será para la próxima.

ED

El día después del juicio por el caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los imputados por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública, encontrará al Tribunal Oral Federal número 2 en una audiencia virtual por un caso de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Sin embargo, el veredicto contra la expresidenta -que se espera para este martes por las tarde- incidirá en otras dos acusaciones cuyos casos atraviesan etapas clave: Hotesur-Los Sauces y el caso de los cuadernos, según la información corroborada por elDiarioAR de fuentes directas de estos expedientes.

Los fiscales que trabajan en los juicios pendientes contra la vicepresidenta ya debaten a puertas cerradas las consecuencias de una posible condena por asociación ilícita, una imputación criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política. Vialidad no es la única causa en la que Fernández de Kirchner es acusada de integrar una supuesta organización montada con fines delictivos.

En Vialidad, el único juicio oral y público en su contra que vio la luz hasta el momento, la vicepresidenta tiene un pedido de pena de la fiscalía de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fiscal Diego Luciani la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita organizada con funcionarios durante sus dos gobiernos y el empresario Lázaro Báez para defraudar al Estado Nacional y desviar fondos del Tesoro hacia las constructoras del entonces socio de la familia presidencial a través de licitaciones direccionadas. 

La asociación ilícita debe cumplir con ciertos requisitos penales: debe estar integrada por una estructura organizada que permanezca en el tiempo y que a lo largo de su existencia cometa reiteradamente delitos. Pero, ¿puede una misma personas integrar o liderar distintas asociaciones ilícitas? Es lo que discuten los fiscales de juicio Luciani, Diego Velázco (Hotesur-Los Sauces) y Fabiana León (cuadernos) de cara a los próximos juicios orales y públicos que podría enfrentar Fernández de Kirchner, de acuerdo con la información obtenida por elDiarioAR.

Los tres fiscales mantuvieron reuniones de cara al veredicto de este martes para analizar los escenarios que deberán habitar cuando comience el juicio de los cuadernos, sin fecha de inicio; y en el caso de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación ordene la realización del juicio de Hotesur-Los Sauces, un fallo que se espera para el próximo 22 de diciembre, pero que podría dilatarse para comienzos de 2023. 

En el caso Cuadernos, Fernández de Kirchner está acusada de liderar una supuesta asociación ilícita para recaudar sobornos o pagos ilegales de empresarios contratistas del Estado. En Hotesur-Los Sauces, la imputación también la colocaba en el rol de la jefa de una asociación ilícita para lavar dinero proveniente de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

En noviembre de 2021, la ex presidenta y el resto de los imputados de Hotesur-Los Sauces fueron sobreseídos antes del juicio por dos de los jueces del Tribunal Oral Federal número 5. Daniel Obligado y Adrián Grunberg sostuvieron en su fallo que tanto Fernández de Kirchner como Lázaro Báez eran objetos de “una múltiple persecución penal referida a un mismo hecho concreto; esto es, la presunta asociación ilícita de la que ambos habrían formado parte, la primera como ‘jefa’ y el segundo como ‘organizador’” en referencia a la imputación en el juicio de Vialidad. 

Ese mismo razonamiento podría ser aplicado por jueces de otros tribunales o de la Casación si la condena en el caso Vialidad incluye el delito de asociación ilícita. Esta posibilidad abre otros escenarios que aún no están claros: ¿cómo incidirá en las imputaciones del resto de los acusados en Cuadernos y Hotesur-Los Sauces? Por ejemplo, el exfuncionario Roberto Baratta (acusado en Cuadernos) y el diputado Máximo Kirchner (sobreseído por el momento en Hotesur-Los Sauces) no están acusados en el juicio de Vialidad. Si la imputación contra Fernández de Kirchner como jefa de una presunta asociación ilícita se cae, ¿sucederá lo mismo con los otros imputados que son juzgados por ese delito por primera vez?

Además, la exclusión de la figura de supuesta jefa de una asociación ilícita en futuros juicios incidirá en el peso de las penas. Este delito tiene un máximo de diez años de prisión, mientras que el cohecho pasivo alcanza los seis años de pena. En el caso de una eventual condena por lavado de activos agravado, el castigo de la ley contempla penas mayores.

ED

Sobreseída o nuevamente en el banquillo de los acusados de un juicio oral y público, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner continuará en el centro de la escena durante el año electoral. Además del inminente veredicto por el caso Vialidad, aún están en  juego los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo a finales de 2021 en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las definiciones deberían llegar el 20 y 22 de diciembre próximos, aunque los fallos podrían demorarse hacia febrero o marzo, explicaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervienen en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre del año pasado. Le permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos pero ambos expedientes llegaron a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que revisa las decisiones que toman los jueces de los tribunales de juicio. Todos los acusados en estas causas siempre han negado la comisión de delitos por los hechos investigados. En el caso de los hoteles, el diputado Máximo Kirchner y su hermana menor, Florencia, hijos de la exmandataria, también fueron sobreseídos y se decidirá si se les revoca ese fallo y deben ir a juicio. En Memorándum, también estuvieron acusados el senador Oscar Parrilli; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

Ambos casos recayeron en la Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Tras un año en la Casación, los tres jueces están en condiciones de decidir si confirman los sobreseimientos y el cierre de ambas causas o si los revocan y ordenan realizar los juicios orales y públicos.

Figueroa, la única mujer integrante de la Sala, tiene una posición tomada en los casos relacionados con Fernández de Kirchner, en los que suele fallar en consonancia con los planteos de la defensa de la vicepresidenta, por lo que su voto podría ser el más predecible, aunque cada expediente es un mundo.

Los jueces Petrone y Barroetaveña, en cambio, han votado en el caso de los cuadernos en posición contraria a las defensas, aunque a favor en Dólar Futuro. Hay que salvar las diferencias entre determinadas causas y otras, advierten en Comodoro Py ante las consultas de elDiarioAR: Dólar Futuro fue un expediente criticado por muchos juristas, incluso lejanos a las posiciones de los kirchneristas. 

El caso Memorándum tiene un perfil similar, ya que se cuestiona que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral- no encuadraría la comisión de delitos sino de decisiones de política internacional con intentos de incidencia en el desarrollo de la causa AMIA. 

Otro cantar es Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El primero está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y tiene un pedido idéntico de pena en Vialidad como presunto integrante de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Los otros dos están sobreseídos por la causa Oil Combustibles y su caso fue apelado por el fiscal de juicio.

Los plazos de Casación vencen el 20 y 22 de diciembre para definir el futuro de los juicios de Hotesur-Los Sauces y Memorándum, respectivamente, ya que las últimas audiencias ante los jueces para que las partes expongan sus argumentos fueron el 23 y 24 de noviembre últimos, y los jueces tienen 20 días hábiles para fallar, aunque estos plazos muchas veces no son cumplidos. Estos son dos los escenarios que enfrenta la vicepresidenta.

Escenario sobreseída

En abril de 2021, esta misma sala de Casación sobreseyó a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados por el caso Dólar Futuro y anuló así el comienzo del juicio oral y público. Esa decisión de los jueces Figueroa, Barroetaveña y Petrone fue recurrida (como se define a la apelación en este tribunal) por el fiscal general Raúl Plee, en representación del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó a la Corte Suprema que revoque el fallo y ordene la realización del juicio.

El fiscal Pleé pudo acudir ante la Corte porque el fallo de Casación es equiparable a una sentencia definitiva, ya que implicó el cierre de la causa Dólar Futuro. Es en este escenario en el que las partes de un proceso tienen herramientas procesales para solicitar la intervención del máximo tribunal.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal del juicio, Diego Velazquez se opuso al cierre de la causa y llevó el caso a Casación a finales de 2021. En dicha instancia, el fiscal general Mario Villar reclamó la realización del juicio oral y público y tendrá la misma opción que su colega Pleé si los jueces de Casación confirman los sobreseimientos de la vicepresidenta y el resto de los imputados por el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner y los empresarios Báez y López. 

El fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte para que los jueces del máximo tribunal decidan si confirman los sobreseimientos o los revocan y ordenan la realización del juicio.

En Memorándum la situación es diferente. El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y la querella, integrada por dos familiares de víctimas de la AMIA y representada por el abogado Tomás Farini Duggan, se opusieron a los sobreseimientos anticipados y al cierre de la causa dictados en octubre de 2021 por el tribunal oral federal. Llevaron el caso ante la Casación. Sin embargo, el fiscal general Javier De Luca, que representa al Ministerio Público en dicha instancia, planteó que la firma del acuerdo con Irán no implicó la comisión de ningún delito, es decir, coincidió con la lectura de los jueces del tribunal de juicio. Eso resta posibilidades a la reapertura del juicio, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Aún así, la participación de la querella garantiza que si Casación confirma los sobreseimientos el caso llegará a la Corte, ya que los familiares de las dos víctimas de la AMIA tienen potestad para oponerse al fallo y recurrir al máximo tribunal. 

En este escenario, en el que la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum  seguirán cerradas y los juicios no se realizarían hasta que la Corte decidiera ordenar lo contrario.

Los cortesanos no tienen plazos para intervenir. Tampoco apuro. El caso Dólar Futuro ingresó a la Corte en junio de 2021 y un año y medio después aún no hay fallo.

Escenario a juicio

En el escenario posible de que la Sala I (por voto de la mayoría de los jueces o por unanimidad) revoque los sobreseimientos anticipados dictados por los tribunales orales federales en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán y ordene la realización de los juicios, ambos casos no quedarán en la misma situación que Dólar Futuro. 

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, explicaron fuentes judiciales de Casación y del Ministerio Público Fiscal ante la consulta de elDiarioAR. ¿Qué implica este escenario para la vicepresidenta y el resto de los imputados en Hotesur-Los Sauces y Memorándum? Si Casación opta por este camino, los acusados deberán atravesar los juicios orales y públicos y no hay posibilidad de frenarlos. Al menos no dentro de las normas.

Este escenario no habilita a las defensas a recurrir el fallo ante la Corte, aseguraron las fuentes consultadas. 

Como caso excepcional, los abogados podrían alegar “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, aclaró uno de los juristas en diálogo con este medio, pero las chances de demostrar realmente que la decisión de los magistrados fue arbitraria es muy baja en estos casos y la Corte suele rechazar de plano los planteos. Además, el máximo tribunal no tiene plazos para fallar.

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo de los juicios, afirmó la fuente, porque el fallo de Casación no se suspende.

Nuevos jueces

Si la Casación optara por este camino en uno o ambos casos pendientes, se reconfigurará el mapa de los jueces en ambos casos: deberán enviar los expedientes nuevamente a sorteo entre los tribunales orales federales de Comodoro Py. 

Los jueces que intervinieron originalmente en estas causas no podrían seguir haciéndolo. El Tribunal Oral Federal número 8 planteó por unanimidad que en el caso del Memorándum no existió la comisión de ningún delito, por lo que los tres jueces ya opinaron y no podrán juzgar el caso. 

Lo mismo sucede con dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5, del caso Hotesur-Los Sauces. De hecho, el fiscal Villar ya solicitó que se aparte a ambos magistrados del sorteo en caso de que se ordene la realización del juicio argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre el fondo de la cuestión. 

Memorándum sin fiscal

En el caso de que Casación ordene la realización del juicio por el acuerdo con Irán, las posiciones encontradas entre el fiscal de juicio y el fiscal de Casación abren la posibilidad de que el juicio deba realizarse sin la intervención de una fiscalía, aseguraron fuentes directas del Ministerio Público Fiscal. Esto se debe a que el fiscal de Casación, en este caso De Luca, planteó la inexistencia de delito por lo que el fiscal Colombo perdió margen para sostener su acusación.

En ese caso, la acusación quedaría en manos de la querella. 

Tiempos

De ordenarse el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y/o por Memorándum, Casación podría apurar o no los plazos en su fallo, indicando celeridad a los tribunales orales federales o, de lo contrario, obviando ese punto, abriendo la posibilidad de que se dilate el comienzo de las audiencias. 

¿Cuánto tiempo más podrá Comodoro Py evitar el inicio de los juicios en este escenario? En ambas causas, las partes ya han presentado sus pruebas y los casos están en condiciones de iniciar las audiencias. 

Sin embargo, hay cuestiones no jurídicas que incidirán, explicaron las fuentes consultadas en los tribunales: 2023 es año electoral y aún resta saber qué rol ocupará Fernández de Kirchner, si será candidata presidencial, armadora política de la sucesión de Alberto Fernández o si se mantendrá al margen.

El veredicto por el caso Vialidad también incidirá, aseguran en los tribunales de Retiro. Los jueces estarán atentos al humor social que cultivará una absolución, condena o condena parcial a la vicepresidenta. Y si los fallos de la Sala I de Casación llegan a término, en decir, a finales de diciembre, ese humor social vendrá de la mano con el rebote que generará en las mismas fechas el desempeño de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol y el factor distracción.

ED

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió hoy, a través de sus abogados, que se ratifique su sobreseimiento y el de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, con el objetivo de evitar el juicio oral y público por el caso de lavado de dinero conocido como Hotesur y Los Sauces.

Se trata de dos causas que están en trámite en un único expediente y donde el Tribunal Oral Federal 5 resolvió no hacer el juicio. Luego del sobreseimiento, la fiscalía apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal y ahora la sala II del Tribunal deberá resolver si ratifica la decisión para la familia o bien se lleva a cabo el proceso.

En la audiencia no estuvieron los propios imputados, sino sus abogados, incluido Ary Llernovoy, por la defensa de exmandataria. No obstante, previo a la audiencia, la vicepresidenta presentó sus argumentos por escrito por lo cual reclama se ratifique el sobreseimiento. 

La defensa criticó con dureza al fiscal general Mario Villar, quien hace pocos días pidió al Tribunal que ordene la realización del juicio al considerar que se trata consideró de una instancia clave para determinar si existió o no delito.

“No tiene ningún sentido llevar a cabo un juicio oral (máxime si su sustanciación puede insumir varios años) cuando a partir de los elementos incorporados al expediente los magistrados arriban a la convicción apodíctica de que los hechos denunciados no resultan típicos, antijurídicos, culpables ni/o punibles”, replicó la titular del Senado en el escrito.

También volvió a un argumento reiterado en la causa sobre los pagos hechos por Valle Mitre S.A, de Lázaro Báez, y M&S. SA y Alcalis Patagonia SAIC -estas dos vinculadas a Cristóbal López- y a la empresa “Los Sauces” fueron “banderizados y ”efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias“.

De esta manera, niegan categóricamente que haya existido maniobras de lavado de dinero. Al igual que minutos más tarde lo hicieron los abogados de distintos acusados, dijo que no existió prueba nueva por la cual analizar reanudar el caso, sino que “está resuelto” en cuanto a que no existió delito.

“Nuevamente vuelve a quedar en evidencia cómo los Fiscales intentan construir una nueva acusación a los martillazos a efectos de revertir un auto de sobreseimiento debidamente fundado que, como tal, debe ser convalidado en esta instancia”, criticó la defensa de exjefa de Estado. 

La decisión de los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone no tiene fecha definida y pueda que sea dé antes de finalizar el año, algo que tiene que resolver es si el juicio no se hace porque ratifican el sobreseimiento, o caso contrario que sí debe realizarse.

Concretamente, las maniobras bajo sospecha son los pagos hechos por Cristóbal López y Lázaro Báez a los Kirchner en concepto de alquiler tanto de hoteles como de complejos habitacionales en Santa Cruz. 

Es el único caso en el que la vicepresidenta está imputada junto a sus dos hijos, aunque ella no solo está en etapa de definición en este caso, sino también en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso AMIA y donde también la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si ratifica su sobreseimiento o bien ordena que se haga el juicio y se determine si es o no condenada. 

En la causa, el Tribunal Oral sobreseyó a la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia y empresarios que contrataban alquileres en propiedades o plazas hoteleras de “Los Sauces” y “Hotesur”, pertenecientes a la familia Kirchner.

Entre los sobreseídos están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa y también Romina de los Ángeles Mercado, y Osvaldo Sanfelice,

El fiscal Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de dos votos del TOF5, los de Daniel Obligado y Adrián Grunberg, contra uno en minoría -el de la jueza Adriana Palliotti- que tomó el tribunal para dictar los sobreseimientos de todos los imputados.

Con información de NA y Télam

Condenada o absuelta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcará a fondo la agenda judicial de diciembre y de los meses subsiguientes, mientras se abre el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. El Tribunal Oral Federal número 2 comunicará el veredicto del caso Vialidad los primeros días de diciembre, de acuerdo con estimaciones de las partes que intervienen en el juicio oral y público por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública consultadas por elDiarioAR.

Antes y después del veredicto en el único juicio en su contra, otras causas centrales para Fernández de Kirchner tendrán movimientos y definiciones: Comodoro Py debe decidir si se realizarán o no los juicios por dos casos en los que la vicepresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de forma anticipada y los debates oral y públicos se anularon. Se trata de los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Un cuarto caso que va camino al juicio oral y público, la causa de los cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública, avanza pero lentamente, y la posibilidad del inicio de las audiencias parece lejano. Aún así, cuadernos se reinstalará en la agenda judicial cuando los ecos de una pericia oficial rebote en el futuro del debate.

Ya no como imputada o sobreseída, sino como querellante, Fernández de Kirchner espera decisiones clave en el expediente en el que se investiga el homicidio agravado en tentativa por el atentado contra la vida. 

Por lo pronto, sus abogados tendrán audiencias este martes, miércoles, jueves y viernes por los cuatro casos mencionados. Este es un resumen de los acontecimientos judiciales que tendrán a la vicepresidenta como protagonista en las próximas semanas, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes judiciales, de los abogados intervinientes, el Ministerio Público y documentos de los expedientes.

Querellante

En la previa al veredicto de Vialidad, la expresidenta espera un fallo de la Cámara Federal porteña en la causa por el intento de matarla, ocurrido el 1° de septiembre último. El camarista Leopoldo Bruglia se encuentra analizando la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti, presentada por los abogados de Fernández de Kirchner en el expediente del atentado fallido, y deberá también definir sobre medidas de prueba solicitadas por la querella. Ambas decisiones marcarán el pulso de la investigación.

Bruglia, integrante de la Sala I de la Cámara de apelaciones, tiene como una de sus prioridades de agenda definir si la jueza Capuchetti seguirá o no a cargo de la causa del atentado. La jueza ya presentó un informe de 43 páginas rechazando su apartamiento del expediente y a partir de este miércoles, cuando se realice una audiencia con la querella, Bruglia estará en condiciones de definir el incidente (al ser una recusación, interviene sólo un juez del tribunal de apelaciones), explicaron dos fuentes con acceso directo al caso.

La querella pidió que la magistrada sea apartada por presunta negligencia y temor de parcialidad, en el primer punto por el reseteo del teléfono del principal acusado, Fernando Sabag Montiel; y en segundo, por considerar que la jueza no profundizó algunas pistas importantes para que la querella, que podrían profundizar sobre más responsables en la planificación del atentado. 

Una de esas pistas en conflicto es la que apunta a Milman y por negarse a secuestrar los teléfonos celulares de las dos asesoras que acompañaba al diputado el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, de acuerdo con un reciente testigo, Milman habría dicho: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. El diputado negó haber pronunciado la frase en un escrito que presentó ante el juzgado.

La Sala I de la Cámara Federal también deberá definir sobre el secuestro de los teléfonos de ambas mujeres, ya que la querella apeló la negativa de la magistrada, aunque con conocimiento de que tiene pocas chances de ganar (las cuestiones relacionadas a medidas de prueba no son apelables por reglamento).

La jueza afirmó en el informe ante la Cámara revisora que investigó todas las hipótesis, “incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración”, de acuerdo con el escrito. También sostuvo que los planteos de la querella sobre supuestas irregularidades al inicio de la investigación se plantearon recién dos meses después, lo que ni siquiera es admisible en el Código Procesal Penal.

Bruglia no tiene plazo para tomar una decisión: si confirmar o apartar a la jueza de la causa, pero en la Cámara estima que será pronto. 

Audiencias en Casación

Esta semana, además, se celebrarán las últimas audiencias de dos casos centrales para la vicepresidenta en otra instancia: la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, que tiene pendiente resolver si Fernández de Kirchner debe o no afrontar los juicios oral y públicos por Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. 

En ambos expedientes, la expresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de manera anticipada por “inexistencia de delito” y ambos expedientes están siendo revisados por los mismos jueces de Casación, integrantes de la Sala I: Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El expediente en el que se acusa a la expresidenta y otros exfuncionarios y aliados del kirchnerismo por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994 a través de un pacto con el gobierno iraní tendrá su segunda audiencia este jueves 24 para terminar de escuchar a las partes a favor y en contra del cierre de la causa previo al juicio oral y público que debía desarrollarse este año en el Tribunal Oral Federal número 8. Tras la audiencia, los jueces estarán en condiciones de decidir el futuro de la causa, que ha despertado críticas incluso de juristas ajenos al kirchnerismo.

Este caso se sostiene por el impulso de la querella, integrada por los padres de dos víctimas del atentado de la mutual judía, ya que el fiscal Javier De Luca entendió, al igual que los jueces del tribunal oral, que la firma del memorándum no implicó un delito.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal número 5 debía juzgar a Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y otros acusados, pero dictó los sobreseimientos anticipados de todos en noviembre de 2021. 

Tras el planteo del fiscal Diego Velazco, el caso llegó a Casación. La segunda audiencia para revisar si el juicio debe realizarse será el martes. El fiscal Mario Villar ya expuso a principios de noviembre y se opuso al cierre de la causa: solicitó a los jueces que ordenen realizar el juicio oral y público por el caso de presunto lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner.

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa ya intervinieron en un caso de este tipo: en abril de 2021, sobreseyeron a la vicepresidenta y al resto de los imputados del caso Dólar Futuro, antes del inicio del juicio, por inexistencia de delito. 

Este caso -también criticado por juristas no alineados al kirchnerismo y aún pendiente de revisión en la Corte Suprema- es un precedente clave para las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces, pero tanto en Comodoro Py como entre las defensas, saben que el talón de Aquiles de Fernández de Kirchner es su relación comercial con Lázaro Báez, el empresario proveedor de obra pública que comparte banquillo de acusados en el juicio por Vialidad y ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos agravado provenientes de la corrupción.

Vialidad

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 por la supuesta adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario Báez, y en el que la vicepresidente enfrenta un pedido de pena de 12 años por parte de la fiscalía, ingresó en su etapa final, previa al veredicto: las palabras finales de los imputados. Los jueces fijaron audiencias para escuchar a los acusados que quieran dirigirse por última vez a los magistrados antes de escuchar el fallo final.

Las primeras dos audiencias de esta etapa serán el próximo viernes 25 para escuchar a Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala; y el martes 29, para Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López. 

Ese día, el tribunal debería fijar fecha para una tercera audiencia, con el objetivo de escuchar a los últimos cuatro acusados y comunicar el veredicto, que se espera para los primeros días o primera quincena de diciembre. Todos los imputados se han declarado inocentes.

Ya sea absuelta o condenada por ambos delitos o sólo por uno de ellos -asociación ilícita y defraudación a la Administración pública-, Fernández de Kirchner podrá recurrir el fallo a la Casación. También podrán hacerlo los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en caso de una absolución total o parcial. Esto significa que Vialidad no terminará en diciembre, aunque el veredicto será la principal noticia que logre opacar el Mundial de Fútbol.

Cuadernos

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública también ingresó en una etapa clave para el futuro del caso pero muy lejos del juicio de Vialidad. 

En la causa, serán juzgados decenas de los empresarios otrora más poderosos del país, exfuncionarios y la vicepresidenta por presunto cohecho o pago de sobornos registrados en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el funcionarios Roberto Baratta, del ministerio de Planificación. 

Fernández de Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado (obra pública, transporte, energía).

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes satélites que vienen más atrasados-. 

Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se suspenda la vista hasta que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. Como consecuencia, todo podría demorarse más, pero dependerá de los jueces del tribunal.

El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos de Centeno, y varias defensas han vuelto a solicitar que se realicen pericias caligráficas de los escritos para determinar cuándo se escribieron, ya que algunos abogados sostienen que no habrían sido escritos como un diario, a lo largo de los años, sino que formarían parte de una operación contra el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los nunca fueron peritados en la causa. Los jueces deberán decidir si ordenan la pericia caligráfica. Ahora tienen un antecedente que algunas de las defensas no dejarían pasar: en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

ED

En una primera audiencia ante la sala I de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal federal del país, el fiscal Mario Villar mantuvo la apelación contra el cierre del caso resuelta por el Tribunal Oral Federal 5 que preparaba el debate. Pidió también que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y los otros imputados en la causa “Los Sauces-Hotesur” y que el caso vaya a juicio oral.

“Se debe revocar esta resolución” y apartar al juez del TOF 5 Daniel Obligado de este juicio, porque ya adelantó opinión cuando resolvió junto a su colega Adrián Grunberg, quien ya no integra el Tribunal, cerrar el caso por inexistencia de delito, dijo el fiscal. La audiencia se realizó mediante la plataforma Zoom ante los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, quienes estaban en una sala de audiencias en los tribunales federales de Retiro.

Para el 22 de noviembre próximo se programó la segunda y última audiencia, donde expondrán las defensas de los imputados y, según anticiparon en una sesión preparatoria, los abogados de la Vicepresidenta Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentarán un escrito sin exposición oral. Ambos letrados se conectaron por la mañana a la audiencia para escuchar al fiscal, al igual que las restantes partes del caso.

Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de dos votos contra uno en minoría -el de la jueza Adriana Paliotti- que tomó el Tribunal para dictar los sobreseimientos de todos los imputados. Para justificar la no realización del juicio, debería haber “una prueba clara” que se imponga sobre la ya existente como sí ocurrió en la causa dólar futuro, ejemplificó el fiscal.

En aquella causa, Cristina Fernández quedó sobreseída por inexistencia de delito, en una decisión que convalidó la misma sala de Casación que ahora analiza “Los Sauces-Hotesur”. Pero en este caso, el fiscal opinó que no hay “prueba nueva ni dirimente”, evaluando que se trata de “hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos” y que, de no haber juicio oral, la fiscalía se verá “privada de representar a la sociedad”.

Después de su exposición fue el turno del abogado Martín Arias Duval, en la defensa de otros dos imputados en el caso: Osvaldo Sanfelice y Alberto Leiva. El letrado pidió que se rechace el recurso de la fiscalía y se confirmen los sobreseimientos por supuesta “asociación ilícita” y “lavado de dinero”.

En ese aspecto, Arias Duval destacó la incorporación como prueba durante la preparación del debate de una pericia que, de manera “concluyente”, determinó que todos los movimientos de dinero fueron “dentro del circuito financiero”, por lo que “no pueden ser tomados como de lavado de activos”.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal de Casación comenzará a analizar este jueves la apelación contra el fallo que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner; a sus hijos y a otros familiares, empresarios y funcionarios en las causas conocidas como “Los Sauces” y “Hotesur”.

La audiencia, que comenzará a las 10.30, se realizará ante la Sala 1, integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, los mismos jueces que esta semana comenzaron a revisar los sobreseimientos en la Causa Memorando con Irán.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal número cinco dispuso por mayoría el sobreseimiento de todos los imputados en la causa, en la que se investigan supuestas maniobras de “lavado” a través de los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz.

Al igual que en la Causa Memorando, la Casación debe resolver si ratifica los sobreseimientos o si, en caso contrario, retrotrae la situación a la previa de aquel fallo y en consecuencia ordena la celebración del juicio oral y público.

El tribunal prevé realizar dos audiencias: una hoy y otra el 22 de noviembre, en las que escuchará las exposiciones de todas las partes previo a tomar una decisión.

La acusación con la que avanzaron las causas Los Sauces y Hotesur se basaban en que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa alquilaban habitaciones de los hoteles como una suerte de “retorno” por el dinero que obtenían mediante la adjudicación de licitaciones y negocios con el Estado.

El Tribunal Oral número cinco, por mayoría, descartó la figura del “lavado de dinero” por la que estaban siendo investigados la vicepresidenta y sus hijos.

La defensa de los tres, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy,  sostuvo que todo el giro comercial de las empresas de la familia Kirchner dedicadas al rubro hotelero se realizó a través de operaciones bancarias registradas, por lo que no pudo existir el delito de lavado.

Para que exista lavado, señalaron los defensores, “los bienes provenientes de un delito que están por fuera del sistema económico legal se integran al mismo a través de una o varias actividades, simultáneas o sucesivas, que tienen por propósito dotar a los bienes originarios -o sus subrogantes- de apariencia de legalidad”. Eso –aseguraron- no ocurrió, ni pudo haber ocurrido en el caso.

Pero el fiscal general Mario Villar postuló que el sobreseimiento fuera anulado y, como derivación de ello, se designara a un tribunal para realizar el juicio oral.

La Casación podría adoptar una decisión antes de fin de año.

Con información de NA

La Cámara Federal de Casación comenzará a revisar a partir del 10 de noviembre próximo el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las causas conocidas como Los Sauces y Hotesur, las firmas que administraban los hoteles y otras propiedades de la ex familia presidencial.

El máximo tribunal penal convocó a una audiencia para analizar las apelaciones contra el fallo que declaró el sobreseimiento de todos los imputados, acusados por el delito de lavado de activos.

La fecha de la audiencia es coincidente con el tramo final de la Causa Obra Pública, en la que los fiscales Diego Luciani y Jorge Mola están terminando con sus alegatos.

La audiencia estará a cargo de la Sala I de la Casación, presidida por el juez Diego Barroetaveña, e integrada también por los vocales Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Las partes pueden optar por una audiencia presencial con exposiciones orales (como ocurrió, por ejemplo, en las causas Dólar Futuro y Memorando de Entendimiento con Irán) o presentar sus argumentos por escrito para la evaluación de los jueces.

Para el caso de que la audiencia fuera oral, el tribunal previó una segunda jornada que eventualmente se celebrará el 22 de noviembre.

Cristina Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos sus hijos Máximo y Florencia, llegarán a esta instancia sobreseídos por una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal número cinco, que a fines del año pasado adoptó tal decisión por mayoría.

Del resultado de esa audiencia dependerá que los sobreseimientos sean confirmados o que, en su defecto, la Casación los revoque y ordene que se sustancie el debate oral y público.

En ese caso, lo más probable es que el máximo tribunal penal ordene que se sortee un nuevo tribunal para realizar el juicio, para preservar la garantía de imparcialidad.

Con información de agencias.

IG

El fiscal Diego Velazco presentó este lunes un recurso legal para que se revoque el último fallo a favor de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el caso Hotesur-Los Sauces, confirmó a elDiarioAR una fuente directa con acceso al expediente. El magistrado solicitó a la Cámara Federal de Casación que revise los sobreseimientos dictados por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, integrantes del Tribunal Oral Federal número 5, y que ordene la realización del juicio.

La expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados, entre quienes se encuentran los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, fueron sobreseídos antes del juicio oral y público por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner, supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. Todos, cargos que Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos han negado. Sus defensas habían planteado una serie de nulidades.

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública.

La querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), no había presentado su oposición a los sobreseimientos anticipados al cierre de esta nota. El organismo antilavado, que depende del Ejecutivo, se encuentra en plena transición tras la salida de Carlos Cruz y la asunción la semana última de su nuevo titular, Juan Carlos Otero, explicaron en el organismo ante la consulta.

La continuidad de este caso no sólo dependía hasta este lunes de Velazco, quien preparó su apelación durante las últimas dos semanas. Tendrá un rol clave en el futuro del juicio anulado el fiscal Mario Villar, quien interviene hasta ahora en este expediente ante la Casación. Su función en este tribunal es acompañar o desestimar la apelación de su colega para que sus planteos lleguen a la Sala I del tribunal de revisión. Allí, los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña deberán analizar los argumentos de los fiscales y decidir si ordenan la realización del juicio.

Son días clave en este tribunal, que debe elegir a su próximo presidente o presidenta. Si uno de los tres jueces de la Sala I es elegido por sus pares no podría integrar la sala momentáneamente, como sucedió con el actual presidente de Casación, Gustavo Hornos. Eso requeriría que otro magistrado del tribunal comience a intervenir en las causas contra la vicepresidenta. Podría ser una decisión clave para el futuro judicial de Fernández de Kirchner, ya que en Casación hay tanto jueces con posturas jurídicas tanto en sintonía como en oposición a las de su defensa.  

Los sobreseimientos

El 26 de noviembre último, los jueces Obligado y Grünberg basaron los sobreseimientos en dos argumentaron centrales: que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y, en segundo lugar, que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011, que es la más benigna, y no incluye hechos de autolavado, es decir, de maniobras para blanquear el propio dinero supuestamente mal habido.

Los ejes centrales del recurso presentado por Velazco para reclamar la realización del juicio buscan contradecir estas dos posturas, entre otras. Una de las claves está en la jurisprudencia que analizaron en la fiscalía para rebatir a los jueces del tribunal oral. 

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales, en 2019. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente, confirmó una fuente directa del proceso de juicio. Sería un punto a favor de Velazco.

La sentencia contra Báez en el juicio que finalizó en febrero es otra carta de la fiscalía, entre otros tantos expedientes, según confirmaron distintas fuentes del Ministerio Público Fiscal consultadas para esta nota. Los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron el criterio del fiscal: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. Los hechos de este caso se extienden hasta 2016.

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción.

Los jueces

En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte, la revisión de los cuatro grandes juicios contra la vicepresidenta quedaron en manos de los mismos tres jueces. Este tribunal está integrado por doce jueces que se dividen en cuatro salas y un presidente. Tanto Dólar Futuro como Memorándum y Hotesur-Los Sauces terminaron en la Sala I. 

Los mismos tres magistrados también tienen a su cargo la revisión del caso Cuadernos, un expediente sobre el que se espera que los abogados de la vicepresidenta, encabezados por Carlos Beraldi, también planteen nuevas nulidades para evitar el inicio del juicio, que aún ni siquiera tiene fecha. Dos ellos, Petrone y Barroetaveña, ya validaron las declaraciones de los arrepentidos de la causa. 

Sin embargo, en Dólar Futuro, tuvieron otra posición. Los tres jueces de la sala coincidieron a principios de año en sobreseer de forma anticipada al juicio a Fernández de Kirchner y al resto de los acusados, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. 

Ahora, tras haber abierto la puerta con aquel primer fallo, deben decidir sobre los sobreseimientos anticipados dictados por dos tribunales orales: Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

ED

En lo que va de 2021, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró los sobreseimientos anticipados en tres casos clave -Dolar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces-, pero no todas las cartas están echadas en los tribunales. Este lunes, el fiscal Diego Velazco presentará un recurso legal para que se revoque el último fallo a favor de la expresidenta por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner, supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. Todos, cargos que Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos han negado.

Estos tres frentes judiciales continúan abiertos por tres razones: dos fiscales y dos querellas se oponen a que sean cerrados antes de la realización de los juicios orales y públicos. Este viernes, durante el acto en Plaza de Mayo por los dos años de gobierno de Alberto Fernández y el Día de la Democracia, Fernández de Kirchner volvió a apuntar en su discurso al Poder Judicial y lo comparó con la persecución de la dictadura militar.

La Corte Suprema, que esta semana fue blanco de las críticas del ministro de Justicia, Martín Soria, aún debe revisar su sobreseimiento y el del resto de los sobreseídos en el caso Dólar Futuro. El fallo a su favor fue apelado por el fiscal de Casación Raúl Pleé. A mediados de año, el máximo tribunal giró el expediente a la Procuración General de la Nación para que dictamine a favor o en contra de la nulidad del juicio contra la expresidenta. La tarea podría quedar a cargo del procurador general interino, Eduardo Casal, cuya renuncia es buscada por el kirchnerismo.

Mientras, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, estará a partir de este lunes en condiciones de analizar el caso por el pacto con Irán, por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA, confirmaron a elDiarioAR fuentes directas de los expedientes. El viernes, los jueces de la Sala I -que intervienen a su vez en Hotesur-Los Sauces, Cuadernos y tuvieron a su cargo Dólar Futuro- rechazaron la recusación contra el fiscal Javier De Luca efectuada por los querellantes Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos víctimas de la AMIA.

Los querellantes recusaron al fiscal De Luca luego de que el magistrado dictaminó -como lo había hecho con anterioridad- que no existió la comisión de ningún delito en la firma del memorándum. Ahora, el expediente se mantiene abierto en Casación por impulso de las querellas de AMIA y DAIA, y los jueces ya están en condiciones de resolver sobre los sobreseimientos anticipados dictados por el Tribunal Oral Federal número 8.

En Hotesur-Los Sauces, Velazco, el fiscal del juicio trunco, pedirá este lunes que la Casación revise los sobreseimientos y busca que los jueces del tribunal revisor ordenen la realización del juicio oral y público contra Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados del caso Hotesur-Los Sauces, entre quienes se encuentran los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.  

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública.

Todos los acusados en este caso fueron beneficiados por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal número 5, el 26 de noviembre último, tras hacer lugar a los pedidos de nulidad de las defensas. 

Lunes clave

El plazo del fiscal Velazco para evitar el cierre del caso vence este lunes por la mañana y una fuente judicial con acceso al expediente confirmó a elDiarioAR que se presentará a tiempo. La querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), no había presentado su oposición a los sobreseimientos anticipados al cierre de esta nota. El organismo antilavado, que depende del Ejecutivo, se encuentra en plena transición tras la salida de Carlos Cruz y la asunción la semana última de su nuevo titular, Juan Carlos Otero, explicaron en el organismo ante la consulta.

La continuidad de este caso no sólo recae sobre las espaldas de Velazco, quien preparó su apelación durante las últimas dos semanas, sino también del fiscal Mario Villar, quien interviene hasta ahora en este expediente ante la Casación. Su función en este tribunal es acompañar o desestimar la apelación de su colega para que sus planteos lleguen a la Sala I del tribunal de revisión.

En Hotesur-Los Sauces, los jueces Obligado y Grünberg basaron los sobreseimientos en dos argumentaron centrales: que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y, en segundo lugar, que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011, que es la más benigna, y no incluye hechos de autolavado, es decir, de maniobras para blanquear el propio dinero supuestamente mal habido.

Los ejes centrales del recurso que le queda a Velazco para reclamar la realización del juicio deben contradecir estas dos posturas, entre otras. Una de las claves está en la jurisprudencia que analizaron en la fiscalía para rebatir a los jueces del tribunal oral. Los sobreseimientos de Hotesur-Los Sauces tuvieron repercusiones muy diferentes a los de los casos Dólar Futuro y Memorándum, dos causas que desde sus inicios fueron cuestionadas no sólo por las defensas sino por otras voces judiciales que pusieron en tela de juicio la prueba y la supuesta comisión de delitos.

Sin embargo, el caso de los alquileres se basa en las sospechas sobre el patrimonio de los Kirchner y sus relaciones con López y Báez. En la Asociación de Magistrados -la entidad que representa a los jueces del país- recibieron en las últimas dos semanas planteos de jueces pidiendo que se denuncie por supuesto prevaricato a Obligado y Grünberg, un pedido que no registra antecedentes, afirmó un fuente con conocimiento directo de los hechos. Los magistrados del tribunal sostienen que basaron su decisión en fallos de la Corte y de pactos internacionales.

Argumentos

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales, en 2019. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente, confirmó una fuente directa del proceso de juicio. Sería un punto a favor de Velazco.

La sentencia contra Báez en el juicio que finalizó en febrero es otra carta de la fiscalía, entre otros tantos expedientes, según confirmaron distintas fuentes del Ministerio Público Fiscal consultadas para esta nota. Los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron el criterio del fiscal: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. Los hechos de este caso se extienden hasta 2016.

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción. 

Sobre tres jueces

En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte, la revisión de los cuatro grandes juicios contra la vicepresidenta quedaron en manos de los mismos tres jueces. Este tribunal está integrado por doce jueces que se dividen en cuatro salas y un presidente. Tanto Dólar Futuro como Memorándum y Hotesur-Los Sauces terminaron en la Sala I, en la que intervienen los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. 

Los mismos tres magistrados también tienen a su cargo la revisión del caso Cuadernos, un expediente sobre el que se espera que los abogados de la vicepresidenta, encabezados por Carlos Beraldi, también planteen nuevas nulidades para evitar el inicio del juicio, que aún ni siquiera tiene fecha. Dos ellos, Petrone y Barroetaveña, ya validaron las declaraciones de los arrepentidos de la causa. 

Sin embargo, en Dólar Futuro, tuvieron otra posición. Los tres jueces de la sala coincidieron a principios de año en sobreseer de forma anticipada al juicio a Fernández de Kirchner y al resto de los acusados, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. 

Ahora, tras haber abierto la puerta con aquel primer fallo, deben decidir sobre los sobreseimientos anticipados dictados por dos tribunales orales: Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

ED

¿Alguna vez pensó cómo hubiese investigado el caso cuadernos si hubiese tenido la oportunidad?

Sí, claro, pero no lo voy a decir por respeto a mis colegas.

Algunas defensas hablan de violación a las garantías constitucionales y al mismo tiempo hay quienes plantean que si no hubiesen sido arrestados, los empresarios nunca hubiesen admitido el pago de supuestos sobornos a los Kirchner... 

No lo sé. Lo que sí te aseguro es que las garantías constitucionales son para ser respetadas y el encarcelamiento de una persona es algo restrictivo que se tiene que hacer en los casos excepcionales que la ley prevé. No sé si fue correcto o no las detenciones que hubo. Más allá del resultado de la causa, el fin no justifica los medios, nunca. 

“Quizás es una buena oportunidad para reglamentar la ley del colaborador eficaz, a la que todavía le falta una reglamentación, falta afinarla, elaborar un manual de buenas prácticas”, afirma el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en una entrevista con elDiarioAR. 

En lo que va de 2021, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sobreseimientos anticipados en tres casos en su contra que le permitieron, por el momento, evitar el inicio de tres juicios orales y públicos. Su defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, dijo en declaraciones públicas que espera el mismo destino para la causa de los cuadernos, en cuyo juicio la expresidenta deberá enfrentar la acusación por presuntos sobornos de quienes fueron algunos de los empresarios más poderosos del país. 

“Me parece que es una de las causas más importantes que existen y que existieron en materia de corrupción, que debe ser investigada a fondo y ojalá se llegue a buen puerto. Es una causa paradigmática por la aplicación de la ley del arrepentido, que tiene una multiplicidad de planteos de nulidad y hay que ver cómo terminan estos planteos en la etapa de juicio”, dijo Rodríguez. 

“De todo esto tenemos que aprender y perfeccionarlo para que no ocurra lo mismo en el futuro. Y con esto no estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor en cuanto al hecho y las pruebas”, dijo Rodríguez. 

No sé si fue correcto o no las detenciones que hubo. Más allá del resultado de la causa, el fin no justifica los medios, nunca.

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) forma parte de un grupo de funcionarios de la Asociación Iberoamericana de Fiscales que se encuentra realizando un especie de protocolo para el uso de la figura del arrepentido en casos de corrupción. “Es una guía práctica, tomando los problemas que hubo en los distintos países de la región, ver cómo los podemos perfeccionar como para tener una aplicación más eficiente en el futuro. Si no aprendemos de lo que nos sucedió, estamos mal”, afrmó.

“Estudiamos las causas en Brasil vinculadas con el Lava Jato y han surgido un montón de experiencias positivas y negativas”, agregó.

Desde 2016, el fiscal cumplió un rol clave en el avance de las causas del caso Odebrecht en Argentina y fue uno de los puentes con los fiscales brasileños para intentar obtener pruebas del supuesto pago de coimas de exfuncionarios a la constructora y sus socias locales, entre ellas Iecsa -entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-; y Roggio, Supercemento y Cartellone. Los empresarios locales niegan haber pagado coimas. 

“En Brasil, el Lava Jato fue la investigación más importante en materia de corrupción en la región de los últimos años. La contracara son las nulidades que hubi después; el juez Moro asumiendo como ministro de Justicia (de Jair Bolsonaro); ahora renunció también el fiscal coordinador del grupo de tareas, Delton Dallagnol (para trabajar con Moro en el ministerio de Justicia). Era una investigación que en principio estaba muy sólida, muy seria, y se fue desvaneciendo”, aseguró Rodríguez. 

¿Cuál es su posición sobre los tres sobreseimientos anticipados a la vicepresidenta en las causas Hotesur, Dólar Futuro y Memorándum con Irán? ¿Esos juicio se tendrían que realizar?

No puedo opinar sobre un caso concreto que no conozco porque sería totalmente imprudente y ligero. La norma general es que debe desarrollarse el juicio oral. Yo tengo ese criterio, que es el criterio que sostuvo, por ejemplo, el fiscal Marcelo Colombo, quien dijo que había que desarrollar el juicio en el caso del Memorándum, más allá de las particularidades que tiene el caso. En el caso Cunitas, antes de desarrollar su juicio oral, la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, determinó la inexistencia de perjuicio económico, basándose en una pericia. Como consecuencia de esa decisión, no se hizo el juicio oral. Ese caso sí lo conozco porque ahí intervenimos. Yo aprecio mucho a la doctora Baigún. La considero una gran colega, pero en este caso yo hubiera optado por el juicio oral, porque si bien esa pericia hablaba de una inexistencia de perjuicio fiscal patrimonial, quedaba pendiente dilucidar un eventual direccionamiento de la contratación pública. Si la causa llegó a juicio oral, por algo llegó. Salvo algo excepcional que se puede dar, debería desarrollarse el juicio oral.

ED