La Cámara Federal de Casación Penal se reunió hoy sin la jueza Ana María Figueroa para designar al subrogante por los próximos seis meses de la vocalía que ocupaba el magistrado Eduardo Riggi, ahora jubilado. Los jueces del máximo tribunal penal federal del país se reunieron durante casi dos horas en el primer piso de Comodoro Py en el acuerdo presidido por el juez Mariano Borinsky, que reemplazó a Figueroa en su rol de presidenta.

Sin abordar la cuestión de la jueza, cuyo pliego fue aprobado la semana pasada en el Senado, los magistrados votaron para sortear la vocalía 9 entre los letrados Daniel Petrone y Javier Carbajo, quien terminó siendo designado. Con esta decisión, se completaron todas las vacantes, lo cual ya fue comunicado a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

Participaron de la reunión los jueces Borinsky, Gustavo Hornos, Daniel Petrone, Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Alejandro Slokar, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña. Los otros dos integrantes de Casación, Guillermo Yacobucci y Juan Carlos Gemignani, están de licencia.

El acuerdo plenario había sido convocado el 21 de septiembre pasado y fue la primera reunión de los jueces tras la promulgación del decreto presidencial para extender por cinco años la permanencia de Figueroa en su cargo, pese a haber alcanzado la mayoría de edad para continuar ejerciendo.

La jueza ocupaba la presidencia de Casación, lugar que quedó a cargo de Borinsky, quien era vicepresidente primero. Slokar, por su parte, resultó sorteado para subrogar la vocalía 10 que tenía a cargo la magistrada.

Las decisiones contrarias del Máximo tribunal y el Senado en torno a la magistrada representa un “conflicto de poderes” que deberá dirimirse en el ámbito del Poder Judicial que corresponda, como la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.

ACM con información de agencias.

Tras la salida de la jueza Ana María Figueroa, ordenada por la Corte Suprema el miércoles último, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, darían a conocer el fallo pendiente por el caso Hotesur-Los Sauces antes de fin de mes, mientras avanza en paralelo otro caso central para Cristina Fernández de Kirchner que la misma sala debe definir: memorándum con Irán, un segundo expediente pendiente en el tribunal, confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con conocimiento directo de la causa.

En ambos casos la decisión gira en torno de si la vicepresidenta debe o no ser juzgada en juicios orales y públicos por dos causas en las que estaba procesada, fue sobreseída de manera anticipada al inicio del juicio y evitó así atravesar los procesos.

Los casos son muy diferentes pero intervienen los mismos jueces, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Este medio pudo confirmar que los jueces prescindirán del voto que dejó firmado la jueza Figueroa, que se esperaba a favor de CFK, lo que significa que Petrone y Barroetaveña tienen votos en el mismo sentido y no necesitan convocar a un nuevo juez para desempatar. 

En la causa memorándum con Irán, el juez Barroetaveña ya emitió su voto y el juez Petrone se encuentra analizando su posición en el caso, que tiene en su despacho desde hace un mes. Aquí también prescindirían del voto que dejó firmado Figueroa, al menos por ahora, y deberán analizar pronto si requieren convocar a un tercer juez en caso de estar en desacuerdo entre ellos.

En el primer caso, Hotesur-Los Sauces, la expresidenta debía ser juzgada por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. La causa gira en torno de los alquileres pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Fernándes de Kirchner fue sobreseída por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021.

En el segundo caso, la vicepresidenta también fue sobreseída antes del juicio, unas semanas antes de la decisión del TOF 5. El fallo que la benefició fue dictado en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal número 8, que debía encarar el juicio oral y público por el memorándum con Irán pero estableció la inexistencia de delito en el caso por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA. Este expediente es uno de los más cuestionados contra la expresidenta y el resto de los acusados.

Fernández de Kirchner ya evitó atravesar el juicio oral y público en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. La Sala I, integrada por los mismos jueces -Figueroa, Barroetaveña y Petrone- fallaron a favor de la defensa por inexistencia de delito en abril de 2021. Este también era un caso cuestionado por propios y ajenos.

Hotesur-Los Sauces

“Mientras que el objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur-comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, había establecido el Tribunal Oral Federal número 5 en un fallo de 2019.

En el mismo escrito agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”. 

Sin embargo, Daniel Obligado, uno de los jueces del tribunal, cambió su parecer sobre el caso en 2021 y junto con un tercer juez, Adrián Grünberg, fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos sus hijos, el diputado y entonces jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Florencia. También sobreseyeron a la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, acusados de pagar los alquileres a las empresas de los Kirchner con fines delictivos, entre otros procesados en el caso. La jueza Adriana Pallioti votó a favor de la realización del juicio.

Las razones que llevaron a los jueces Obligado y Grünberg a sobreseer de manera anticipada a la vicepresidenta fue la supuesta incorporación de nuevas pruebas a su favor en la causa, desde pericias a fallos antiguos en otras causas. El fiscal Diego Velazco recurrió la decisión y el fiscal Mario Villar solicitó la realización del juicio. 

Memorándum

Este caso se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. 

El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, planteó que el juicio debía realizarse más allá de los planteos de las defensas sobre inexistencia de delito. Sostuvo que la decisión de una eventual absolución debía ser una decisión que el tribunal debía tomar después de analizar pruebas y testimonios en el juicio. Sin embargo, a diferencia del caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito por el memorándum. 

Si el máximo tribunal penal confirma el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

ED/JJD

Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, resultó sorteado este miércoles para subrogar la vacante que se generó con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de cesar en sus funciones a la magistrada Ana María Figueroa, según fuentes judiciales.

El magistrado es actual Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Penal y compone la Sala II del máximo tribunal penal del país. Integrará también la Sala III, en calidad de subrogante, según se informó oficialmente.

Resta definir qué ocurrirá con las causas en las que la jueza intervino en su paso por la Sala I, que integran también los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

La Sala I debe decidir el futuro de los expedientes de las causas Memorándum con Irán, Hotesur-Los Sauces: se trata de casos en los que los respectivos tribunales orales decidieron sobreseer a todos los imputados, sin necesidad de realizar el juicio oral.

Como esas decisiones fueron apeladas, dichos casos pasaron a la Cámara Federal de Casación Penal para ser revisadas. Allí se llevaron a cabo las audiencias de rigor -ambas el año pasado- aunque nunca se alcanzó una decisión.

Quién es Alejandro Slokar

Slokar es Profesor Titular de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Titular de la Cátedra 1 de Derecho Penal I de la Universidad Nacional de La Plata.

El juez también se desempeñó como profesor de posgrado en múltiples universidades de Latinoamérica, como Santiago de Cali (Colombia), del Zulia (Venezuela), Católica de Concepción (Chile) y San Agustín (Perú), donde además fue distinguido con el grado de Profesor Honorario.

Tiene más de 42 años de trayectoria en el Poder Judicial, adonde entró en el 2011 al cargo de Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, el cual presidió en 2016 y 2022.

Su currículum incluye también años de investigación académica, siendo Secretario del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA; investigador de la UBA y del CONICET y becario del Ministerio de Educación y Ciencia de España, donde terminó sus estudios de doctorado. Obtuvo el grado Magister por la Universitat Autónoma de Barcelona en 1993.

Durante la Presidencia de Néstor Kirchner, se desempeñó como Secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en ese entonces a cargo del actual titular de la Corte Horacio Rosatti.

Es autor de múltiples publicaciones en el país y en el extranjero, entre los que se destacan en coautoría con Raúl Zaffaroni los tratados “Derecho Penal. Parte General” y el “Manual de Derecho Penal”, editados y adaptados para México y Brasil desde el 2000.

LC con información de agencia Télam

La Corte Suprema de Justicia le puso punto final al limbo en que se encontraba Ana María Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal: por resolución ordenó que cese en sus funciones. Hasta este miércoles, la magistrada permanecía en el cargo pero sin dictar resoluciones, tras haber cumplido el 9 de agosto los 75 años, la edad a la que los jueces deben retirarse a menos que le pidan formalmente al Poder Ejecutivo extender cinco años más su permanencia en el cargo.

Figueroa había realizado el trámite para seguir y el presidente Alberto Fernández envió el pliego correspondiente al Senado. Pero allí la gestión se frustró debido a que la principal interesada en que Figueroa continuara, Cristina Fernández de Kirchner, no logró juntar la mayoría necesaria para aprobarlo.

La propia jueza Figueroa decidió quedarse en Casación tras haber cumplido la edad a la que, por imperio de la Constitución, los jueces deben jubilarse. Para hacerlo, había invocando un reglamento confeccionado por el Consejo de la Magistratura en 2017, en el que se establece que podría seguir en el cargo “provisoriamente” hasta que el Senado se expidiera sobre el pedido para seguir cinco años más o pase el año parlamentario, siempre que su pedido haya sido remitido al Senado, como sucedió en su caso.

Pero la Corte Suprema le puso fin a la incertidumbre, al disponer que cese en el cargo. La resolución fue dispuesta por unanimidad, es decir con las firmas de sus cuatro integrantes —Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y posteriormente fue notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal.

Figueroa esperaba un acuerdo de la Cámara alta para renovar su mandato por cinco años, pero la oposición bloqueó la posibilidad con el argumento de que su reválida era un objetivo de la vicepresidenta de la Nación para “garantizar su impunidad” en causas judiciales en las que está involucrada.

La magistrada era un voto clave en los expedientes Hotesur-Los Sauces, el Memorándum con Irán y la causa Cuadernos. Ya había fallado en favor de la expresidenta en causas sensibles y es una convencida del lawfare o “guerra judicial”, la carta de la defensa de Fernández de Kirchner en las apelaciones y recursos que terminan en Casación.

Figueroa no renunció a su cargo, pero hasta el momento de su desplazamiento tampoco ejercía funciones. 

Ahora, el cargo de Figueroa queda vacante y debe ser ocupado por un juez subrogante que será elegido entre sus colegas de Casación. Sin embargo, la suerte de la vicepresidenta en dichas causas no depende estrictamente de este reemplazante, ya que intervienen otros dos magistrados que integran la sala del tribunal que integraba Figueroa.

Este reemplazante intervendrá en la causa Cuadernos, en los futuros recursos que lleguen a Casación.

Juntos por el Cambio: “Un freno a la impunidad para un país ordenado”

Ante el fallo de los jueces supremos, el interbloque de Senadores Nacionales de Juntos por el Cambio emitió un comunicado titulado “Un freno a la impunidad para un país ordenado”, donde celebran el cese de funciones de la ahora exjueza Ana María Figueroa.

Los senadores opositores sostuvieron que el pliego de Figueroa “no podía ser tratado ni aprobado por haber cumplido el límite máximo de edad previsto por la Constitución”, por lo que la Corte Suprema “no hizo más que ratificar” la carta magna, “sin privilegios para ningún magistrado ni beneficios para ningún político”.

La bancada de la coalición en la Cámara alta apuntó también la exmandataria, al manifestar que “siempre estuvimos firmes en la postura de no validar un espacio de impunidad para la Vicepresidenta de la Nación”.

“Lamentablemente -agregaron-, durante todos estos meses el kirchnerismo se empecinó con el pliego de Figueroa y paralizó el funcionamiento del Senado”, por lo que apuntaron al oficialismo como responsable de perjudicar “el tratamiento de leyes que efectivamente respondían a las demandas ciudadanas”.

“Es momento de que el oficialismo deje de lado pretensiones particulares y se anime a debatir medidas que aporten soluciones a los argentinos”, cerró el texto.

LC con información de agencias

ED/JJD

En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, se libra una nueva batalla de poder y control. Este martes, los jueces se reunieron en un plenario para tratar la situación de la presidenta del tribunal, la jueza Ana María Figueroa, confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales. La magistrada cumplió 75 años el último 9 de agosto, edad límite para permanecer en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado, como demanda la Constitución.

Figueroa inició el trámite para permanecer en su cargo y el presidente Alberto Fernández autorizó su continuidad, al igual que la Comisión de Acuerdos del Senado, pero todo se trabó en el recinto de la Cámara Alta, ante la imposibilidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de conseguir los votos necesarios para tratar el pliego de Figueroa y darle continuidad en el tribunal.

Para Fernández de Kirchner, la permanencia de Figueroa es central. La jueza ha fallado a su favor en causas sensibles y es una convencida del lawfare o “guerra judicial”, la carta de la defensa de la vicepresidenta en las apelaciones y recursos que terminan en Casación.

Figueroa interviene en tres expedientes centrales para Fernández de Kirchner: en Hotesur-Los Sauces aún resta saber su voto —que ya dejó firmado— sobre si la expresidenta y sus hijos deben o no ir a juicio oral y público; en Memorándum con Irán debe decidir sobre la misma cuestión, si CFK debe afrontar el juicio, ya que, al igual que en la primera causa, fue sobreseída de manera anticipada por el tribunal oral; y en Cuadernos intervendría eventualmente cuando sea el momento de revisar la sentencia de juicio, entre otras cuestiones del caso que lleguen a Casación.

Figueroa no renunció pero actualmente tampoco ejerce funciones. Sin embargo, este martes recibió a sus colegas en un plenario. En el encuentro, por momentos tenso, algunos de los jueces le dijeron que “no se traba de algo personal” pero le pidieron que se tomara una licencia extraordinaria para que otro juez asuma en su cargo hasta que el Senado tome una decisión sobre su continuidad.

La jueza les comunicó que lo analizaría. La licencia debe ser aprobada por la Corte Suprema y le daría tiempo al Senado a resolver el trámite parlamentario. Es decir, daría tiempo a que el kirchnerismo negocie lo que deba negociar para conseguir los votos necesarios para sesionar y aprobar el pliego. Mientras tanto, otro juez puede tomar decisiones en lugar de Figueroa, lo que no es un buen escenario para CFK, dependiendo de qué magistrado tome ese lugar.

Este miércoles, el plenario de jueces continuará para cerrar el análisis de situación. En la Corte hacen silencio ante las consultas sobre el caso.

Los colegas que critican su decisión de no renunciar hablan de las trabas administrativas y judiciales que estaría generando esta especie de limbo, en el que la jueza no renuncia pero tampoco cumple funciones. Eso implica expedientes trabados, explicaron en los tribunales federales.

Otros, sin embargo, resaltan que Figueroa está en su derecho, ya que el trámite para renovar su pliego está en proceso y hay antecedentes de otros jueces a los que se les permitió permanecer en el cargo a la espera del Senado. 

La jueza también invocó un reglamento del Consejo de la Magistratura de 2017, en el que se establece que podrá seguir en el cargo “provisoriamente” hasta que se expida el Senado o finalice el año parlamentario.

El cargo de Figueroa es clave en Casación, por mucho más que las causas contra Fernández de Kirchner: su vacante implica el 30% extra de salario para el juez al que le toque ocupar su lugar momentáneamente; su ausencia amplía el poder de acción del juez que asuma en su lugar y despeja, para casi todos, la necesidad de lidiar con una díscola en el tribunal. También deja vacante la presidencia del tribunal, aunque sería ocupada por el vicepresidente, Mariano Borinsky.

Su retirada definitiva, en caso de renunciar, dejaría otra vacante en un tribunal clave en causas de alto impacto político y económico.

Con información de Noticias Argentinas (NA).

ED/JJD

La Cámara Federal de Casación Penal declaró hoy “inadmisible” el recurso de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmó al fiscal Carlos Rívolo en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra.

La decisión fue alcanzada por mayoría con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, mientras que el magistrado Alejandro Slokar se opuso por considerar que “prima facie aparecen satisfechas las condiciones de admisibilidad” para evaluar la solicitud de los abogados de la ex mandataria.

“La vía intentada no resulta procedente, en atención a que la parte no rebate de manera completa y acabada todos y cada uno de los argumentos tenidos en cuenta en la resolución recurrida, limitando la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio”, sostuvo Yacobucci.

Su colega Ledesma se expresó en la misma línea. “Comparto la posición del juez Yacobucci en punto a la inadmisibilidad de la vía intentada toda vez que en el caso existe doble conformidad judicial, a la vez que la querella no ha logrado demostrar la invocada cuestión federal que permitan habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio”, aseguró.

La querella de la ex presidenta de Unión por la Patria había solicitado el apartamiento del fiscal Rívolo luego de acusarlo de haber filtrado el dato de que la una secretaría del diputado nacional Gerardo Milman había pedido ampliar su declaración testimonial en la misma causa que investiga la tentativa de homicidio. Según explicaron los abogados de Fernández de Kirchner, el presunto accionar del fiscal podría haber puesto en riesgo a la testigo Ivana Bohdziewicz en tanto allegados al ex legislador cercano a Patricia Bullrich intentaron averiguar qué contaría la secretaria ante la justicia.

ACM con información de agencias.

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa cumplió hoy 75 años, edad límite para desempeñarse en el cargo sin aval del Congreso, y se encuentra a la espera de la aprobación del Senado para definir si continúa en sus funciones por un nuevo quinquenio. Así lo informó en una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En el escrito, la jueza explica que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya remitió un mensaje a la Cámara Alta solicitando “el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar un nuevo nombramiento en los términos del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional” para extender su mandato. Dicha solicitud “se encuentra en estado parlamentario conforme expediente 59/23, con resolución favorable por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación”, por lo que la magistrada espera la culminación del trámite.

A partir de este jueves, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal quedará a cargo del vicepresidente del cuerpo, Mariano Borinsky, a fin de que ninguna decisión administrativa firmada pueda ser invalidada en caso de no conseguirse la prórroga en la Cámara Alta.

Esta mañana, también, la consejera Jimena de la Torre envió una nota al presidente del cuerpo y otra a la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, María Fernanda Vázquez, para reclamar que se inicie el proceso para cubrir la vacante de Figueroa. “Solicito se arbitren los medios necesarios para cubrir la vacante judicial que se ha generado a raíz de lo antes indicado y, por consiguiente, se convoque a concurso público para cubrir la magistratura de la Cámara de Casación Penal en cuestión”, indicó en tanto Figueroa no está habilitada para permanecer en el cargo.

Con información de agencias.

Con las elecciones primarias a la vuelta de la esquina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a ser eje de la agenda judicial en los tribunales federales de Comodoro Py. La feria de invierno finaliza este viernes y el lunes los jueces y fiscales retoman la actividad, y aunque la intensidad de los expedientes en su contra ha mermado desde la condena por el caso Vialidad, hay cuestiones pendientes que, en algunos casos, se vienen demorando desde hace meses, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiarioAR.

La resolución central en torno a la expresidenta que aún sigue sin resolverse es si la Justicia hará o no el juicio oral y público por los casos Hotesur-Los Sauces. Fernández de Kirchner fue sobreseída de manera anticipada por el Tribunal Oral Federal número 5 en noviembre de 2021. Los recursos de los fiscales Diego Velazco y Mario Villar impidieron que esa decisión quede firme. La causa llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación para su revisión.

Además de este caso, hay otras causas alrededor de Fernández de Kirchner en las que se esperan decisiones. Además de una decisión clave en la causa por el Memorándum con Irán, la vicepresidenta aguarda que la Cámara Federal de Apelaciones porteña tome una decisión en la causa por el atentado en su contra. Los jueces de la Sala I deben decidir si ordenan secuestrar el teléfono celular del diputado Gerardo Milman, vicejefe del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja. 

El aliado de Patricia Bullrich, precandidata presidencial por el principal partido de oposición, quedó involucrado por un testigo en la causa y desde hace meses la querella que representa a CFK viene solicitando el secuestro de su dispositivo celular para un peritaje informático. Nadie cree que los jueces den a conocer la decisión antes de las PASO del 13 de agosto.

En la ruta del dinero K, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña también deben tomar una decisión, aunque menor: una organización vinculada a Juntos por el Cambio solicitó que se la acepte como querellante en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. 

En este expediente, el empresario y ex socio de los Kirchner Lázaro Báez ya fue condenado por lavado de activos pero CFK fue sobreseída a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, un capítulo que hizo ruido político porque coincidió con la proclamación de Sergio Massa como precandidato a presidente por Unión por la Patria. Massa es cercano a Marijuan y CFK bendijo a Massa en el contexto del dictamen fiscal a su favor. Sin embargo, en el despacho de Marijuan aseguran que el fiscal no tiene contacto desde hace años con Massa.

Hotesur-Los Sauces

Desde hace casi un año y medio los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, tienen pendiente revisar dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Este último es el más avanzado. Los tres jueces ya escribieron sus votos, pero éstos son proyectos que deben discutirse entre ellos para intentar llegar a un fallo, deben fijar una fecha de reunión y ordenar los fundamentos, explicaron en el tribunal. Luego si no hay consenso entre los tres magistrados, debe haber un voto de mayoría: dos contra uno.

En ambos casos, deben decidir si la expresidenta fue correctamente sobreseída o si, por el contrario, revocan los sobreseimientos y ordenan la realización de los juicios. Los expedientes son muy distintos entre sí, pero están en la misma sala y misma situación. 

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. No sólo CFK está sobreseída de manera anticipada: también sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Además de los empresarios y socios de la familia Kirchner en el negocio hotelero/inmobiliario. Es el caso más sensible para la vicepresidenta.

En un principio, las decisiones en ambos casos se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron, pero luego se volvieron a extender y se volvieron a extender. La jueza Figueroa el expediente bajo estudio entre principios de diciembre y mediados de 2023. Actualmente, la causa está en el despacho de Barroetaveña, nuevamente.

Ahora rige una fecha clave para la definición que poco tiene que ver con la causa. Es la fecha de cumpleaños de Ana María Figueroa, presidenta de la Casación y una de las juezas que debe votar si debe o no realizarse el juicio oral y público por Hotesur-Los Sauces.

Figueroa cumplirá 75 años este 9 de agosto. Si para esa fecha el Senado no se aprueba nuevamente su pliego, no podrá seguir en el cargo y deberá jubilarse, como rige en la Constitución. Figueroa exteriorizó su voluntad para continuar ejerciendo como jueza, envió su pliego nuevamente al Senado -ya había sido tratado para su nombramiento- y no recibió ninguna impugnación, explicaron en la Casación a elDiarioAR, pero si el Senado no logra sesionar y luego aprobar su pliego con ese fin, la jueza pondrá su renuncia a disposición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, como marca la ley. Entonces, el Presidente tendrá la última palabra. 

Existen precedentes de jueces que no renunciaron, siguieron en el cargo y recibieron la aprobación de su pliego con fecha posterior a su cumpleaños número 75, pero Figueroa no es cualquier juez y lo sabe. Está en el ojo de los medios y la oposición. 

El natalicio de la jueza es, entonces, una fecha límite para la Sala I: antes del 9 debería emitir el postergado fallo, que algunas fuentes directas de la causa entienden que ni siquiera es un fallo complejo porque no deberían pronunciarse necesariamente sobre el fondo de la cuestión. Bastará con que determinen si en el expediente se produjeron pruebas nuevas que habilitaban esos sobreseimientos a CFK y al resto de los imputados en el caso. 

Si los jueces de Casación determinan que no había pruebas nuevas para justificar los sobreseimientos, los revocarían u ordenarían realizar el juicio. Se espera un voto dividido. 

Tiempo electoral

El cumpleaños de la magistrada está muy cerca de las elecciones primarias del 13 de agosto y pocos creen que el tribunal fallará tan cerca de una definición electoral en un caso de alto voltaje político, a pesar de que la vicepresidenta no es candidata. 

Antes de la feria de invierno se sumó un nuevo capítulo político: el Senado, presidido por Fernández de Kirchner, debía tratar el pliego de la jueza Ana María Figueroa para ahorrarse esta disyuntiva y no sólo liberar de las trabas temporales al tribunal sino asegurarse la continuidad de la magistrada para su intervención en otras causas sensibles: Memorándum con Irán y Cuaderno son dos de ellas. 

La sesión en el Senado fracasó por falta de acuerdo y Juntos por el Cambio se encargó de que no pudiera llevarse adelante. Ahora, se negocia una nueva sesión para antes de las PASO con el único objetivo de intentar llegar al 9 de agosto con el pliego de la jueza aprobado. 

El voto de la magistrada no cambiará aprueben o no su pliego. Nadie puede discutirle a Figueroa su coherencia y ella suele reírse cuando los medios anticipan sus votos y fallos porque saben que es “predecible”: es una detractora del lawfare o guerra judicial y está convencida de que se practicó en los tribunales federales durante el gobierno de Mauricio Macri para perseguir a sus detractores políticos en el kirchnerismo. Por lo tanto, se vaticina un voto de tres a favor del sobreseimiento de CFK.

Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

ED

La Cámara Federal de Casación Penal declaró este martes la nulidad de todo lo instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, a quien antes había recusado, en el proceso que investigaba el presunto uso irregular del avión presidencial por parte de los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta.

La Sala II del máximo tribunal penal también ordenó apartar a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes intervinieron en el expediente como tribunal de apelaciones, según fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por mayoría a través de una acuerdo liderado por el juez de Casación Alejandro Slokar, quien se refirió al derecho que tienen los imputados a ser juzgado por un juez imparcial, además de la expresa prohibición legal que impide a quien denunció un hecho intervenir luego como juez, como fue el caso de Bonadio.

“Menester es destacar que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial constituye una garantía esencial del debido proceso legal”, escribió el magistrado en el fallo en el marco de la causa que investiga el supuesto uso irregular de la flota de aviones presidencial para el traslado de muebles hacia el sur del país entre 2003 y 2015, ahora está radicada ante el juzgado que encabeza Sebastián Casanello.

En este expediente, se dio la situación de que el denunciante fue luego el juez del caso, según surge del criterio exhibido por la Casación: ocurrió que la causa de los aviones se inició por una extracción de testimonios ordenada por el juez Bonadio en la causa “Cuadernos”, después de llamar a declarar a los pilotos de los aviones presidenciales.

“Resulta a todas luces evidente que con toda la asertividad posible el juez denunciante prefijó la totalidad de los extremos que constituirían a posteriori las piezas inaugurales de la presente causa, individualizando la prueba relevante e incluso tipificando las conductas con la adecuación legal que ponderó de aplicación, la cual -no sin sorpresa- replicó ulteriormente en el dictado del auto de mérito”, sostuvo el juez Slokar.

“No puede omitirse que el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante -luego ocurrido por vía de recusación- vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido, a la par que atributo esencial de la función a fin de procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”, continuó Slokar. “En definitiva, es en virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo, que debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa”, sentenció.

La jueza Ángela Ledesma, quien adhirió a la solución alcanzada por la mayoría, opinó que “la actuación del magistrado denunciante como juez del caso ha transgredido la garantía de imparcialidad del juzgador, principio estructural básico para dotar de validez al procedimiento penal en un Estado de Derecho”.

Además, los jueces de Casación dispusieron el apartamiento de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens, quienes en el pasado, luego del apartamiento de Bonadio, habían confirmado el procesamiento de la expresidenta en la causa. En el caso de Llorens, en 2022 se pronunció a favor de la detención de Fernández de Kirchner y propuso notificar al Senado para que avance en el juicio político de la expresidenta, una postura que no fue resolutiva por ser minoritaria.

En la resolución de Casación de este martes, el juez Guillermo Yacobucci no se expidió sobre el fondo, en el entendimiento de que el recurso era “inadmisible al no dirigirse contra sentencia definitiva o equiparable”.

La causa por los vuelos irregulares es uno de los procesos por los cuales Bonadio había convocado a la expresidenta a una seguidilla de ocho declaraciones indagatorias en un solo día, el 25 de febrero de 2019: tuvo origen en la causa “Cuadernos”, desde donde el magistrado denunció la formación del proceso y se quedó con el expediente.

LC con información de agencia Télam