En el peronismo bonaerense empezaron las charlas, hasta el momento informales y subterráneas, con distintos espacios políticos en un intento de volver a modificar la ley que puso fin a las reelecciones indefinidas de los intendentes. 

Se trata de un tema delicado, muy “antipático” a los ojos de la ciudadanía, por eso muy pocos se animan a defender públicamente su intención de barrer con la norma que fue sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, producto de un acuerdo político con Sergio Massa, en su cruzada contra los “barones del Conurbano”.

Un importante dirigente del peronismo bonaerense aseguró a elDiarioAR que hay “luz verde” en su fuerza política para relanzar el debate, lo que implica que habría tenido el visto bueno del gobernador Axel Kicillof. “Son conversaciones que recién empiezan”, se atajó el mismo dirigente, aunque reconoció que los tiempos son ajustados: si definen avanzar con la modificación de la ley debería ser en los próximos meses para evitar debatir el tema en un año electoral.

La ley 14.836, sancionada en 2016, dispuso que los intendentes tienen un mandato de cuatro años y la posibilidad de una sola reelección consecutiva. Si quisieran volver a presentarse pueden hacerlo, pero deben esperar un intervalo equivalente a otro mandato. 

Hecha la ley, hecha la trampa 

El acuerdo político entre Vidal y Massa logró ponerles un tope a las reelecciones indefinidas. Sin embargo, su reglamentación en 2019 fue ambigua y habilitó interpretaciones engañosas. El decreto de la entonces gobernadora imposibilitaba presentarse a quienes habiendo sido elegidos para un segundo mandato consecutivo hubieran “ejercido por más de dos años, continuos o alternados”. Esa oración llevó a que muchos intendentes renunciaran o pidieran licencia antes de los dos años de su segundo mandato, para que no se les contabilizara. 

Esas tramoyas individuales para eludir la ley se fueron amplificando y derivaron en una estrategia colectiva bajo la interpretación de que, por haber sido reglamentada en 2019, la norma no podía legislar en forma retroactiva. El 28 de diciembre de 2021, en una sesión maratónica, se estableció que el primer período a tenerse en consideración era el de 2019-2023. En los hechos, eso implicó habilitarles la posibilidad de competir por un tercer mandato consecutivo a quienes ya eran intendentes en 2016, cuando se sancionó la ley.

La victoria legislativa no fue solo del peronismo: en aquella sesión la oposición bonaerense expuso sus diferencias internas. El radical Maximiliano Abad, quien era en ese entonces el jefe del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio (JxC), votó a favor de modificar la ley, mientras que su vice, el “vidalista” Alex Campbell, mantuvo una resistencia firme al igual que otros 10 diputados de su bloque. 

Pese a los discursos encendidos, las chicanas y el lobby de Vidal y Massa para defender la ley, la modificación fue aprobada y por ese motivo unos 91 intendentes bonaerenses que debían dejar sus municipios quedaron en condiciones de volver a presentarse. Fue un beneficio transversal que utilizaron en igual medida los dirigentes peronistas, los de JxC y algunos vecinalistas. 

Las negociaciones subterráneas 

El segundo mandato que les habilita la ley vencerá en 2027 y los intendentes ya no podrán usar a su favor el argumento de las fechas de la sanción de la ley. En ese marco, son muchos los que miran con buenos ojos impulsar una nueva modificación o directamente derogar la norma. 

El tema no sólo impacta en el futuro personal de los intendentes. En el oficialismo bonaerense, cruzado por la disputa entre Kicillof y Máximo Kirchner, saben que la imposibilidad de reelección de los jefes comunales abriría internas feroces en los municipios. Un escenario que quieren evitar. 

Se ensayarán acuerdos previos a que el tema desembarque en la Legislatura. Desde el PRO anticipan que las posturas en la oposición no son uniformes. A los matices del macrismo se sumarán los del radicalismo y los de La Libertad Avanza, que en principio se manifiesta en contra de las re-reelecciones, aunque hay otros factores que entrarán en juego durante la negociación. En el oficialismo provincial especulan con los cargos que aún no fueron repartidos. Entre ellos están los cuatro puestos vacantes en la Suprema Corte bonaerense, de los cuales dos podrían quedar para la oposición. Ya hay una danza de nombres, aunque por ahora ningún acuerdo cerrado. 

LA/MG

Eduardo Casal, procurador general de la Nación interino, rechazó la intervención de la Corte Suprema de Justicia como única instancia en la causa promovida contra la reelección de 24 intendentes de la provincia de Buenos Aires por exceder la cantidad de mandatos consecutivos permitidos por ley.

“Es mi parecer que corresponde a la justicia de la provincia de Buenos Aires expedirse al respecto, ya que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza”, dictaminó el procurador Casal.

La opinión del jefe de los fiscales, la cual no es vinculante, no excluye la intervención de la Corte Suprema, pero la supedita a una eventual revisión de los fallos de los juzgados provinciales bonaerenses que intervienen en los comicios para cargos electivos.

De hecho, Casal dejó a salvo que “las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario”. Es decir que como última instancia, la Corte podría intervenir.

El dictamen va en línea con lo que el procurador ya opinó en los casos de las elecciones en San Juan, Tucumán y Formosa.

En la provincia de Buenos Aires, regía un decreto ley de 1958 que disponía que “el intendente y los concejales durarían cuatro años en sus funciones y podrían ser reelectos”, pero esa norma fue modificada por ley en 2016 y limitó los mandatos en esos cargos a dos períodos consecutivos.

El partido PAIS formuló la presentación sobre la base de qué se interpreta como “primer período”, ya que una modificación reciente de la normativa abrió una controversia sobre los cargos elegidos en 2017, 2019 y 2021.

“El pleito exige en forma ineludible interpretar varias cláusulas constitucionales y legales de la provincia de Buenos Aires vinculadas con el régimen establecido en relación con la posibilidad de los intendentes municipales de ser reelectos, asunto que concierne a su procedimiento jurídico político de organización, es decir, a un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local”, sostuvo el procurador.

Según Casal, el planteo formulado por PAIS “no resulta exclusivamente federal, puesto que involucra no solo una cuestión federal sino otra de orden local, ya que sostienen que la norma cuya constitucionalidad discute es contrario, además a lo dispuesto por la Constitución Nacional”.

“Tal circunstancia, a mi modo de ver, impide la competencia originaria de la Corte en razón de la materia”, resumió el procurador interino de la Nación.

LC con información de agencia NA

Los jueces de la Corte Suprema se reúnen este jueves desde las 10 en su habitual encuentro de acuerdo, por lo que se esperan nuevas sentencias del máximo tribunal. La decisión sobre si el gobernador Sergio Uñac podrá presentarse nuevamente como candidato en San Juan está sobre la mesa de los ministros, confirmó a elDiarioAR una alta fuente del Palacio de Justicia.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y el ministro Juan Carlos Maqueda suspendieron a principios de mayo las elecciones en la provincia de San Juan, al hacer lugar a medidas cautelares solicitadas por la oposición en la provincia, que planteaban que la candidatura de Uñac no respeta la alternancia reglamentada en la Constitución sanjuanina. Los planteos opositores buscan impedir que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo, uno como vicegobernador (2011-2015) y tres como gobernador (2015-2027). Tras la suspensión, el tribunal debe fallar sobre este último planteo.

Los tres jueces que integran la mayoría del tribunal ya tienen una decisión tomada con respecto a la candidatura de Uñac, de acuerdo a fuentes consultadas en la Corte. Aunque no adelantaron el resultado, la decisión de suspender la elección y hacer lugar a los planteos de la oposición adelantan un escenario desfavorable para el actual mandatario, sostuvo una de las personas con conocimiento directo del caso.

El cuarto integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se encontraba este miércoles por la tarde analizando el expediente de San Juan, que acababa de regresar de la Procuración General de la Nación con el dictamen del jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal. La opinión del Procurador no es vinculante, pero los ministros de la Corte le enviaron el expediente para que lo analizara. Casal sostuvo que la postulación de Uñac es inconstitucional.

Si bien Lorenzetti aún no opinó sobre San Juan porque no se encontraba en Buenos Aires cuando el trío de la mayoría suspendió las elecciones en la provincia, el ex presidente del tribunal tiene una postura ya conocida en otros casos similares sobre mandatos consecutivos, como los de Santiago del Estero y Río Negro. 

La Corte también suspendió las elecciones en Tucumán para analizar un planteo similar de la oposición en la provincia contra la candidatura del ex jefe de Gabinete y gobernador tucumano Juan Manzur, quien se candidateaba como vicegobernador en busca de un quinto cargo en el Ejecutivo provincial: es gobernador desde 2015, es decir, que va por su tercer mandato, y además había sido vicegobernador entre 2007 y 2015. 

Sin embargo, Manzur renunció a su candidatura para reanudar los comicios planificados en su provincia -serán el 11 de junio-. Uñac, en cambio, ratificó su postulación y pidió celeridad a la Corte.

El fallo de la Corte en ambos casos desató fuertes críticas del oficialismo, que afirmaron que el tribunal se inmiscuye en cuestiones electorales para favorecer a la oposición al peronismo. Los jueces del tribunal hablaron del deber “republicano” de “desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder”.

Lo que se viene

En la Corte, los jueces deberán también decidir sobre otros dos casos sobre reelecciones en el poder: el del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Aquí, las cartas no están echadas y el debate será más intenso y profundo, adelantó una fuente directa del tribunal. 

El caso de Formosa tiene una diferencia clara con el de San Juan y Tucumán, Santiago del Estero y Río Negro. La Constitución formoseña habilita la reelección de gobernador y vicegobernador sin especificar un límite temporal. Dicha norma limita a la Corte Suprema de la Nación de intervenir sobre un planteo de inconstitucionalidad sin poner en discusión el federalismo y la autonomía provincial.

Aún así, Fernando Carbajal, diputado de Juntos por el Cambio (JxC) y precandidato a gobernador en Formosa, solicitó a la Corte que declare inconstitucional la candidatura de Insfran, que gobierna la provincia desde 1995 y apuesta a un nuevo mandato. Formosa debe elegir gobernador este 25 de junio. 

Carbajal sostiene que el artículo 132 de la Constitución formoseña, que habilita la reelección sin especificar límite temporal, es “ambiguo”.

Insfrán instruyó a la Fiscalía de Estado de la provincia para rechazar dicho planteo ante la Corte “en defensa de la autonomía y la democracia”. 

La discusión en el máximo tribunal en torno a Formosa ya comenzó y el debate entre los jueces se centra en si la Corte debe o no intervenir cuando la Constitución provincial habilita la reelección indefinida, confió a elDiarioAR una alta fuente en el Palacio de Justicia.

El procurador Casal ya dictaminó en el caso y sostuvo que la Corte no debe intervenir. 

Intendentes

Antes de que finalice la semana, el jefe interino de los fiscales recibirá otro expediente de la Corte sobre el que debe dictaminar: un planteo para declarar la inconstitucionalidad de la norma que permite la re-reelección de los intendentes, senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires. La presentación solicita también la suspensión de las elecciones primarias hasta que se resuelva la constitucionalidad o no de la ley.

El caso fue presentado ante la Corte por el presidente del partido País, Oscar Alva, quien planteó que de los 135 intendentes en la provincia de Buenos Aires, 91 tienen al menos dos períodos consecutivos en el poder (48 son jefes comunales de Juntos por el Cambio; otros 40 del Frente de Todos; y tres de partidos vecinalistas).

En 2016, el gobierno de María Eugenia Vidal impulsó la sanción de una ley provincial que limitó la reelección de los intendentes a un solo período. Pero a finales de 2021, la Legislatura bonaerense modificó la normativa para que la cuenta corriera a partir de 2019 y no de 2015, como planteaba la ley original. De esta forma, los intendentes y legisladores provinciales electos en 2015 y 2019 pueden volver a postularse en 2023.

Esta última modificación es la que Alva señaló como inconstitucional ante la Corte. El impacto político de un fallo que suspenda las PASO en el mayor distrito electoral del país reconfiguraría el mapa electoral, obligaría a decenas de candidatos a bajarse de sus listas e incidiría directamente en la elección a gobernador de la provincia. Ese es un efecto que los jueces de la Corte también comenzarán a analizar muy pronto.

ED

El partido Política Abierta para la Integridad Social (PAIS) de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes una acción ante la Corte Suprema de Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la re-reelección de los intendentes bonaerenses.

El pedido fue realizado ante el máximo tribunal por Oscar Alva, titular del partido PAIS de la provincia de Buenos Aires, quien también planteó que se dicte una medida cautelar para que se suspendan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en ese distrito. La presentación quedó radicada bajo el expediente 1039/2023.

LC con información de agencia NA

Tucumán tendrá elecciones provinciales el próximo 14 de mayo, jornada en la que se renovarán todos los cargos desde gobernador y vice hacia abajo. En rigor, los tucumanos y tucumanas deberán elegir 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales del interior de la provincia. Desde el retorno de la democracia, en 1983, es la primera vez que en 14 municipios los actuales responsables de las gestiones buscarán que hermanos, esposos, esposas o hijos sean electos en su lugar para garantizar la continuidad de sus proyectos. Es decir, apuestan a los lazos de familia.  

En algunos casos, la mayoría, esta acción obedece a que los intendentes transitan un segundo mandato seguido y la Constitución provincial impide una tercera elección consecutiva. En otros, los menos, se trata lisa y llanamente de estrategia electoral. Aunque el 12 de abril vence el plazo para que las agrupaciones políticas registren las listas de candidatos y candidatas, en cada distrito ya están presentes los afiches y pintadas con los nombres que proponen los oficialismos para la sucesión. Este escenario prevalece en las intendencias peronistas pero también está presente en las que forman parte de Juntos por el Cambio, por lo que las críticas de los partidos tradicionales a esta opción por los lazos de familia no existen, al menos en la superficie.

En principio, podría señalarse que se trata de acciones que se emparentan de manera directa con el nepotismo que, de acuerdo a la Real Academia Española, “es la preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. Para el politólogo tucumano Luis Karamaneff, que en la actualidad desarrolla su actividad profesional en la Ciudad de Buenos Aires, “estas decisiones políticas deben analizarse sin prejuicios porque, aclara, suele señalarse que tienen que ver con las monarquías pero la historia demostró que son mucho más comunes en los sistemas democráticos”. Y pone ejemplos. “A nadie se le ocurriría cuestionar el legado de los Kennedy o los Clinton en los Estados Unidos, o aún con diferencias, sobre la gran influencia que tuvieron en la política argentina dos referentes de fuerte presencia, como son los Kirchner, Néstor y Cristina”, apuntó, consultado por elDiarioAR.

A nadie se le ocurriría cuestionar el legado de los Kennedy o los Clinton en Estados Unidos, o aún con diferencias, sobre la gran influencia que tuvieron en la política argentina dos referentes de fuerte presencia, como son los Kirchner, Néstor y Cristina

Luis Karamaneff — Politólogo

Agregó que más atrás de la llegada de los Kirchner a la Casa Rosada, la historia reciente argentina tiene apellidos que han formado verdaderas dinastías político electorales, como los Saadi, en Catamarca; los Saá, en San Luis; los Posse, en San Isidro (Buenos Aires), y muchos otros ejemplos. “Se trata de familias que se han entregado al mundo de la política y del que muy pocos de sus miembros han quedado al margen, por lo que fue natural que algunos de ellos abrazaran esta vocación. Quizás, las diferencias radiquen en los niveles de compromiso de quienes se candidatean, es decir, si se trata de hombres o mujeres que recién se comprometen por el cargo a que se los propone o porque los respalda una militancia”, señaló. 

En relación al escenario tucumano, Karamaneff no dudó en señalar que la prevalencia de los lazos familiares obedece a la falta de democracia y de vida interna en los partidos políticos, por la existencia de la Ley de Acoples. “Evita las elecciones en el seno de las fuerzas para elegir a sus candidatos, la competencia entre pares y neutraliza la pluralidad. Es algo que les conviene a los candidatos a gobernador, vice y a los intendentes, porque la cosecha de votos beneficia a los de arriba pero abajo se producen duros enfrentamientos territoriales”, manifestó. “Si me preguntaran qué se debería hacer para empezar a terminar con las elecciones de candidatos por ser parientes, creo que un camino sería ponerle fin al sistema de acoples”, agregó.

La ley que establece los acoples fue creada en 2006, tras la reforma constitucional que impulsó el ex gobernador José Alperovich. Permite a un partido político anexar sus candidaturas parlamentarias -tanto para la Legislatura como para concejos deliberantes- a una postulación para una función ejecutiva, ya sea provincial o municipal. Así, como en un sistema piramidal, cuanto más amplia sea la base de postulantes a cargos legislativos, mayores son las posibilidades de que una fórmula gubernamental obtenga más votos. O sea, favorece a los oficialismos.

Por los municipios, caso por caso

En Famaillá, la Capital Nacional de la Empanada, los mellizos Orellana (Partido Justicialista) repetirán la estrategia que les rindió desde los años 90, es decir, alternarse en el poder local. Aunque puede ser reelecto, el actual intendente José Orellana, condenado en diciembre del año pasado por abuso sexual de una empleada cuando era diputado nacional, irá por una banca en la Legislatura provincial debido a que su mellizo Enrique no puede ser reelecto en la Cámara. Así, este último será candidato a reemplazar a su hermano.

José Orellana, intendente de Famaillá, hará enroque con su hermano mellizo. El irá por un puesto en la Legislatura y Enrique competirá por la intendencia. Eso a pesar de que en diciembre pasado fue condenado por abuso sexual cuando era diputado nacional

En Monteros, el intendente Francisco “Pancho” Serra (PJ), que buscará llegar a la Legislatura, ungió a su hijo y actual secretario de Gobierno municipal, “Panchito” Serra, para que intente sucederlo en el cargo. En Lules, el intendente Carlos Gallia (PJ), también buscará llegar al Poder Legislativo tucumano y su espacio impulsa a su esposa Mharta Albarracín, secretaria General de Educación y Cultura municipal, para que ocupe el cargo de intendenta.

En el caso de Aguilares, uno de los distritos más importantes del sur tucumano, la intendenta Elia Fernández de Mansilla (PJ), esposa del actual presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, presentó en sociedad a su hija Gimena Mansilla, como candidata para sucederla. Mansilla padre irá por la reelección en el parlamento tucumano. Mientras que en Alderetes,  el jefe municipal Aldo Salomón (PJ), aun pudiendo aspirar a la reelección, buscará que su esposa, la actual legisladora Graciela Gutiérrez -que ya no puede ser reelecta- se convierta en intendenta.

En Burruyacu, en el extremo noreste tucumano, prevale el apellido Leal. El legislador provincial Jorge Abraham Leal (PJ), buscará retornar a la intendencia que en la actualidad está en manos de su hijo homónimo quien, a la vez, intentará llegar al parlamento provincial. En la otra punta, en Graneros, la intendenta Alejandra Cejas (PJ), eligió a su hija Raquel Graneros, secretaria de Acción Social municipal, para que intente sucederla.

En Trancas, sede de la Fiesta Nacional del Caballo, el intendente Roberto Moreno (PJ), no dudó en depositar en su hermano Antonio, asesor letrado del municipio, las esperanzas para que lo suceda. Pegado a la capital tucumana se encuentra el municipio de Las Talitas, cuyo intendente Carlos Najar (PJ), postula a su hermana, la legisladora Marta Najar, para que continúe al frente de esa administración. Tanto Moreno como Najar, buscarán llegar a la Legislatura.

En La Banda del Río Salí, el intendente Darío Monteros (PJ), se inclinó por su hijo Gonzalo, actual legislador, para postularlo como sucesor. Mientras que en Tafí Viejo, el jefe municipal Javier Noguera (PJ), optó por su esposa Alejandra Rodríguez, referente del Punto ANSES de su ciudad, para que continúe con su proyecto de gestión.

Juan Bautista Alberdi se encuentra en el sur tucumano y la intendenta Sandra Figueroa (PJ) transita por sus últimos meses de gestión. En este caso, su espacio buscará que la suceda el actual secretario de Gobierno y su esposo, Luis Campos. Éste ya había ocupado ese cargo antes de que asumiera Figueroa. Y en la ciudad de Bella Vista, el intendente Sebastián Salazar (de la UCR y en la alianza Juntos por el Cambio) favoreció a la concejal Paula Quiles, su esposa, para que intente sucederlo.

Finalmente, en La Cocha, límite de Tucumán con Catamarca, el actual legislador provincial Leopoldo Rodríguez (PJ) procurará volver como jefe municipal a su ciudad, cargo que detenta en la actualidad su hijo homónimo. Este último buscará llegar al parlamento tucumano.

Las excepciones

En Simoca, Capital Nacional del Sulky, el jefe municipal Marcelo Herrera (PJ), desestimó que un familiar sea quien intente sucederlo y propuso a su actual jefe de gabinete, Elvio Salazar. En Yerba Buena, en donde manda el radical Mariano Campero, los candidatos a sucederlo son Manuel Courel, jefe de gabinete municipal, y Pablo Macchiarola, secretario de gobierno, ambos, del círculo más íntimo de actual titular del ejecutivo.

Con posibilidades de ser reelecto, en la turística ciudad de Tafí del Valle, a 2000 metros de altura, el intendente Francisco Caliva (PJ) irá por cuatro años más. Mientras que en el caso de Concepción, el jefe municipal Alejandro Molinuevo (UCR), quien sucedió en el 2021 al exintendente Roberto Sánchez (UCR), hoy diputado nacional y presidente del radicalismo tucumano, buscará ser electo en las urnas para continuar al frente del Poder Ejecutivo local. Cuando se hizo cargo era presidente del Concejo Deliberante.

La duda

Un gran interrogante es saber qué hará el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, presidente de su Partido por la Justicia Social (PJS), alineado a nivel nacional con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. No puede ser reelecto y por estos días se encuentra enfrascado en la interna de JxC tucumana, puesto que aspira a encabezar la fórmula opositora que enfrente al oficialismo tucumano. Su rival es el radical Sánchez y a menos de 100 días de las elecciones provinciales no han podido llegar a un punto de acuerdo. 

En medio de las marchas y contramarchas de esa interna, desde el alfarismo se señaló a elDiarioAR que Alfaro no está dispuesto a negociar y a reservarse para sí la elección de quien aspirará a sucederlo. Todo indica que para intentar garantizarse fidelidad y la continuidad de su proyecto, buscaría que sea su esposa, la senadora nacional Beatriz Ávila, candidata a intendenta de la capital tucumana.

DC/MG

- Yo voto lo que me diga Diego -, dijo Martiniano Molina y, al rato, votó a favor de la reelección.

La línea de tiempo sugiere que entre la frase y la mano levantada, Santilli -el Diego, al que remitió el diputado, ex intendente de Quilmes- le dijo como votar. Lo curioso es que a las 21.10, media hora después de la aprobación del proyecto, Santilli tuiteó un rechazo sinuoso. Como si, en privado, le hubiese dicho una cosa a Molina y por Twitter escribiese otra. Las dimensiones paralelas de la política.

El micro episodio del sacrificio político del chef concentra el festival de traiciones, zigzageos y desconcierto que atravesó a Juntos en la provincia de Buenos Aires durante la reforma de la ley. Su votación original estaba en duda porque se “legisló” hacia atrás: la ley impedía que en 2023 unos 90 intendentes de los 135 que tiene la provincia puedan competir por otro mandato. Esa novela mostró lo mismo que el doble affaire Presupuesto-Bienes Personales en el Congreso nacional: sin jefe, sin otro plan que salvar la ropa individual, el conglomerado PRO-UCR-CC y satélites, vive ahora en un permanente estado de internismo.

Santilli, para cerrar el círculo, hizo lo que su manual de estilo le indicó que debía hacer: mandar a Molina a votar junto a los intendentes del PRO, sus lazarillos en la campaña. Pero después, temeroso de la lluvia ácida de la ley, se despegó de una reforma que ayudó a coronar. La interna cambiemita, más que en la amplísima mesa chica de JxC o en las roscas de bloque, se juega en esa tribuna enojada que es Twitter.

“Tuiteros somos todos”, como dice @mmlamoyano acá. Son atmósferas con físicas políticas sino antagónicas, muy diferentes pero al final del día lo que circula en Twitter dice más que cualquier comunicado que, obvio, sino se tuitea no existe.

Menos vaporosa que Santilli fue Patricia Bullrich, jefa del PRO, dura entre las duras, que mandó a su diputada a votar a favor de la reforma, por lo cual quedó en el club de los pro-reelecciones junto al bloque mayoría del FdT, salvo el sector de Sergio Massa. Se trata de Florencia Retamoso, esposa de Gerardo Millman, diputado nacional bulrrichista, que se autocelebra -con algo de ironía, tiene una imagen en su perfil- como halcón. Tuitera prolífica, Bullrich no se subió al hashtag #reeleccionesindefinidas tampoco. Arguyó, en una entrevista en TN, que la reglamentación no impedía las reelecciones: eso se corrigió pero, además, se fijó como primer periodo el 2019-2023.

Los silenciosos

Esa enmienda dejó una duda: si cuando se votó la ley en 2016, y se fijó como primer mandato el 2015-2019, y luego se objetó que no se podía legislar hacia atrás ¿no podrá, dentro de 2 años, hacerse la misma impugnación de que en 2021 se estableció de manera retroactiva que la limitación rige para mandatos iniciados en 2017 y 2019?

Como Santilli, Bullrich desplegó una gestualidad política hacia el poder territorial de la provincia de Buemos Aires, a los intendentes tanto del PRO como de la UCR. No solo les aportó un voto que en el sprint final de la noche del martes era oro en polvo -necesitaban dos tercios de la Cámara para tratarlo sobre tablas-, sino que no se subió a la cruzada anti. Sus granjas trolls estuvieron menos interesadas con las cuitas de la legislatura bonaerense. Está cerca -52 kilómetros del Obelisco- pero parece lejana.

En la legislatura, los memoriosos recuerdan que desde fines de 1997, lo que pasa en el parlamento provincial no tiene rebote nacional. En aquella ocasión, tras el triunfo electoral de la Alianza, la UCR y el Frepaso desplazaron de la presidencia de la Cámara de Diputados a Osvaldo Mércuri, un histórico dirigente del PJ.

La presunción de invisibilidad fue la trampa. ¿Cómo explicar, hacia afuera, a una tribuna sin claroscuros, agrietada al extremo, que un sector mayoritario de Juntos vota en sintonía con una parte importante del FdT? El lugar común del son todo lo mismo, se volvió un problema para JxC. Apostó, en este caso, a que una sesión el 28 de diciembre, en La Plata, genere poco ruido.

Horacio Rodríguez Larreta, que se involucró de lleno en la operación, también se comió la curva del “no pasa nada”. “A Horacio se la vendieron cambiada: le dijeron que no pasada nada, que no iba a haber ruido y explotó una bomba”, contó un operador que estuvo encima de la maniobra. Por las dudas, antes del estallido, el jefe de Gobierno le pidió a María Eugenia Vidal que baje el tono de la disidencia con esa ley y lo hizo con un argumento de nudo político convencional. “Necesitamos a los intendentes”, le planteó Larreta a Vidal. En carrera para la presidencial del 2023, el jefe de Gobierno sabe que se debe congraciar con los territorios, como hizo a medias Santilli -que los necesita para jugar la gobernación en 2023- y como hizo Bullrich.

Como no había evidencia científica sobre los perjuicios de habilitar reeleciones, Larreta no tuiteó nada sobre el tema aunque haya sido un factor esencial a la hora de bendecir la jugada de los intendentes del PRO.

Como no había evidencia científica sobre los perjuicios de habilitar otro mandato en la provincia, Larreta no dijo ni tuiteó nada sobre el tema, una manera de desmarcarse aunque haya sido un factor esencial a la hora de bendecir internamente la jugada de los intendentes que, en esos trámites, miden la osadía de los que quieren ser o actuar como jefes políticos. Mauricio Macri, más osado, salió en radio Mitre Córdoba a cuestionar la reforma.

Vidal desoyó la sugerencia de Larreta y desplegó otra conducta. Sin el encantamiento de otros tiempos, castigada por “tibia” por los duros del PRO, la ex gobernadora se abrazó a la que puede considerarse como su última gran cruzada -motorizó el fin de las reelecciones en 2016- y al mismo tiempo emprendió un largo adiós chandleriano a la provincia de Buenos Aires. ¿Quién jugaría contra los intereses de sus propios socios bonaerenses si tuviese planes en territorio bonaerense? El tiempo todo lo cura, y Vidal en general se mueve en tándem con Larreta, pero en una lectura rígida, la rebeldía que patrocinó en público la ex gobernadora, parece sacarla de la provincia y quizá la excluya también de cualquier experimento presidencial.

La intriga, en ese caso, es quien heredará ese sector que tiene once diputados en la provincia, aunque muchos tienen múltiples nacionalidades, al punto que solo ocho votaron como les pidió Vidal. Una radiografía sobre esa tribu aporta anécdotas: varios de los que firmaron la solicitada anti re-ree, luego pegaron el volantazo. Daniel Lipovetzky, una de las numerosas terminales que Daniel “Tano” Angelici tiene en JxC, anunció que no, luego contó que Angelici le sugirió que acompañe, y al final optó por abstenerse. En estos casos esos comportamientos suelen ser los más costosos: el “ni” ayudó al “si”, pero no le simpatiza a los que se bancaron votar por el “si”.

Lo sabe Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincia de la UCR, jefe del bloque y uno de los enlaces con el jefe de Gabinete Martín Insaurralde -que “articuló” acuerdos y empatías para que la ley salga-, en esa cadena de relaciones donde es clave Federico Otermín, presidente de la Cámara. Abad tenía encima el peso público de Facundo Manes, que reprochó un cambio en las reelecciones. El martes, su diputada, Viviana Dirolli, votó a favor de la reforma como lo hizo todo el radicalismo que, en la matemática finita de las reelecciones, era la que más arriesgada: la mitad de los alcaldes que no podían reelegir en el 2023 era de la UCR. En la sesión, Abad -uno de los artífices del acuerdo con el FdT- se molestó cuando el diputado Rubén Eslaiman pidió votación nominal, un viejo truco para evitar la votación en manada y que quede registrado el voto de cada uno de los legisladores.

Mamushka radical

Abad, en la mamushka de internas de Juntos, lamentó un factor más doméstico: lo que pasa en la familia radical. El sector de Martín Lousteau, que tiene a Pablo Domenichini como diputado en PBA, se despegó de la postura general del radicalismo y emprendió una cruzada pueblo por pueblo, para pasarle factura a los legisladores de la UCR que votaron a favor de la reforma para permitir una nueva reelección de intendentes.

Eslaiman reporta a Sergio Massa, objeto de ciertos interrogantes. “Explicame lo de Sergio ¿le dan un ministerio en PBA (Transporte donde asumió Jorge D'onofrio) y cargos en el BAPRO (donde reeligió Sebastián Galmarini), y manda a sus diputados a votar en contra?”, se preguntó, entre malicioso y desconcertado, un diputado de JxC que observa con más pavor las disidencias ajenas que las propias.

“Falta orden. Tenemos que encontrar una dinámica sino va a ser un caos permanente”, animó una autocrítica un legislador cambiemita. “Nadie conduce: no hubo plan. Cada uno hizo lo que quiso y quedaron todos expuestos”, sumó un sigiloso operador de JxC y planteó las preocupaciones a futuro porque, como ocurrió con Bienes Personales en el Congreso nacional, el desorden operativo y la falta de una jefatura, le hizo pagar costos a la oposición. “Al final fue negocio para el peronismo: todo el costo lo pagamos nosotros”, se lamentó una fuente del PRO y atribuyó a la falta de estrategia pero, sobre todo, al crudo internismo dentro del universo opositor.

Algo de eso hubo. El PJ había amortizado el costo político de la reforma, aunque buena parte de sus intendentes habían agarrado el atajo para esquivar la prohibición, y luego se limitó a observar como la bomba le estalló en la cara a Juntos.

PI