Javier Milei se presentó este martes en Córdoba como líder de La Libertad Avanza, para participar de la Derecha Fest, un evento partidario que se autodefinió como “el más antizurdo del país” y tuvo un cariz de hermetismo, con mucha seguridad y sin transmisión en vivo. Con entradas a $35.000, una estética de cruzada cultural y mensajes provocadores contra el kirchnerismo, los medios y el “Estado empobrecedor”, el acto que se llevó a cabo en el Hotel Quórum, a las afueras de la capital, reunió unas 2.500 personas, que escucharon a oradores de referencia para las huestes libertarias, además del mandatario, como Agustín Laje o “El Gordo” Dan.

En ese contexto, con la intención de reflejar lo que pasaba en el encuentro, la periodista de Página/12 Melisa Molina, tras comprar su entrada y pasar los controles de seguridad, pudo ingresar al evento con el QR correspondiente. Pero al rato, miembros de la organización detectaron quién era y en qué medio trabajaba y, fieles a uno de los slogans favoritos de Milei (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”) fue expulsada del hotel.

En su relato, Molina cuenta que pudo ver “la conferencia de las iglesias evangélicas, la del dueño del portal La derecha diario, la del asesor de Donald Trump Alex Bruesewitz. Cuando comenzó a hablar Diego Recalde (productor, director de cine, escritor, guionista, músico y actor) entraron al salón de eventos Agustín Laje y Daniel Parissini (”El Gordo“ Dan). Todavía faltaba que hablen Nicolás Marquez, biógrafo de Milei, y el Presidente. En ese momento se acercó a mí el personal de la Casa Militar, que me conoce la cara porque soy acreditada en Casa de Gobierno, y me dijeron que ”desde Buenos Aires“ no querían que mi medio, por Página12, esté adentro del salón”, detalló.

En su crónica, Molina contó que que la sacaron del lugar “diciéndome que querían hacerme un par de preguntas y una persona que no se identificó más que como ‘un contratado’ me llevó a un terreno baldío donde había algunos autos estacionados”.

Y continuó: “Me dijo que me quede tranquila, que era solo para ponerme una pulsera de prensa. Anotaron mi nombre y mi apellido, me preguntaron cómo había llegado al evento y me tiraron encima dos billetes de 20 mil pesos, que era lo que valía la entrada que yo compré por la página web. No los acepté y me dejaron detrás de unas rejas sin permitirme salir con personal de seguridad privada y de Casa Militar”.

A la periodista no la dejaron volver a entrar. “En medio del descampado, después de correr una valla, me pude ir por el costado de un estacionamiento sin poder escuchar lo que estaba pasando en el salón”, completó su relato Molina.

Qué es La Derecha Fest

Como contó Pedro Lacour en elDiarioAR, detrás de la organización figuran tres actores clave de la galaxia libertaria: el medio digital La Derecha Diario, fundado por el exasesor de campaña Fernando Cerimedo y dirigido por el español Javier Negre; la editorial Hojas del Sur, responsable de títulos como El libro negro de la nueva izquierda, el best-seller de uno de los principales ideólogos de la derecha latinoamericana, Agustín Laje; y la agencia Gaucho, que se presenta como “productora de la batalla cultural”. También auspiciaron el evento figuras del mundo del streaming como Neura, la plataforma que conduce Alejandro Fantino, y donde trabaja Eliana Cere, encargada de conducir la jornada.

El line-up incluyó una combinación de influencers, escritores, militantes religiosos y operadores internacionales. Además de Milei, disertaron Laje y su co-equiper Nicolás Márquez; el cineasta Diego Recalde —que comenzó a sonar como posible candidato a diputado nacional—; el influencer libertario Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan; el consultor trumpista Alex Bruesewitz; y un panel de apologética cristiana integrado por Rigoberto Hidalgo, Evelin Barroso y Gabriel Ballerini. Algunos de los títulos de las ponencias: “No odiamos lo suficiente a los periodistas (y yo soy uno)”, por Negre y Álex Busewitz; “Malvados: anatomía moral de la izquierda”, por Laje; “Peronismo: el kaiser de la Argentina”, por Recalde; “Roma no paga traidores”, por Márquez; y “El brazo armado”, por Dan.

La exposición de Milei arrancó pasadas las 21 bajo el título “La construcción del milagro”. Lo acompañó su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que funciona como garante doctrinaria de la pureza libertaria.

El evento también reforzó la línea “bibliográfica” del mileísmo. Con la feria del libro libertario organizada por Hojas del Sur —más de 50 autores nacionales e internacionales—, el oficialismo apuesta a construir una infraestructura cultural propia, donde el libro no es solo un producto: es un objeto político. En paralelo al universo streaming, a esa narrativa visual se suma la textual: slogans, panfletos y manuales que condensan una visión del mundo con enemigos claros —el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, el periodismo, el globalismo— y un relato fundacional en disputa.

No es la primera vez que el oficialismo monta una puesta en escena con estas coordenadas. En 2024, ¡Viva la Derecha! Fest funcionó como ensayo general, con una estética de recital de rock, insultos a periodistas desde el escenario, reivindicación de militares represores y denuncias contra la “agenda climática” y la “ideología de género”. Muchos de los protagonistas de aquel acto —Laje, Márquez, Negre— repiten en esta edición, ahora con el respaldo institucional del Presidente.

Es que la provocación no es un efecto colateral: es el método. El marketing libertario no apela al consenso, sino a la confrontación. La retórica de la batalla cultural cumple una doble función: blindar al núcleo duro y distraer del frente económico. El uso de la estética beligerante —gráficas incendiarias, consignas anti-periodistas, títulos cargados de odio— apunta a estimular emocionalmente a un electorado que corre peligro de desencantarse, que encuentra en estos eventos una forma de catarsis identitaria.

En este contexto, Milei no busca ampliar, sino reafirmar. Desde lo comunicacional, opera con un código cerrado: no le habla al conjunto, sino a los propios. No casualmente, los organizadores decidieron otorgar entradas sin costo a integrantes de las Fuerzas Armadas, personal de seguridad y excombatientes de Malvinas. “La entrada libre es un reconocimiento para quienes protegen nuestra soberanía y resguardan nuestras vidas y bienes”, justificó Laje en declaraciones a Neura. El gesto proyecta una estética de orden y pertenencia, y buca consolidar el vínculo entre el mileísmo y las fuerzas del orden, cuya reivindicación no es solo simbólica sino ideológica.

En ese sentido, la elección de Córdoba como sede tampoco fue inocente. Bastión electoral de Milei y provincia históricamente refractaria al kirchnerismo, “La Docta” simboliza una alianza sociopolítica entre capas medias conservadoras, tradición industrial y autonomía provincial. Pero también es, hoy, una de las zonas más golpeadas por el modelo económico libertario. Según datos del Indec, el desempleo en el Gran Córdoba alcanzó el 9,2% en el primer trimestre de 2025, con un salto de 1,2 puntos respecto del mismo período del año anterior. Sectores como el autopartismo, la metalurgia y la petroquímica muestran caídas de hasta 40% en su capacidad instalada. El “milagro argentino” del que hablará Milei se escenifica, paradójicamente, en uno de los territorios donde más se lo cuestiona por sus efectos materiales.

La Derecha Fest funciona así como una operación de blindaje político, ideológico y estético. Un dispositivo de afirmación simbólica y construcción de sentido para un gobierno que encuentra en la provocación su principal anclaje emocional. Una fiesta militante que no oculta sus intenciones: disputar el sentido común desde la cultura, reforzar la identidad libertaria desde la narrativa épica, y convertir cada acto en una trinchera desde donde gritar que la casta, la prensa y la izquierda tienen motivos para “temer”.

Una de las varas para medir la dimensión de un editor periodístico está dada por la proyección de quienes trabajan con él hacia un horizonte propio. Si un cronista encuentra tema, estilo y fuentes, comienza a construir una firma. Un editor puede fomentar que su redacción despliegue alas, o puede cortarlas con mezquindad y mala praxis.

El mérito del jefe que habilita nuevos horizontes va más allá de la eventual generosidad. Tiene que ver con la dirección de proyectos desafiantes que enciendan la chispa del periodismo y liderazgos no despóticos ni (enteramente) condicionados por agendas ocultas. En ese punto, a la luz de innumerables testimonios, el legado de Jorge Lanata fue sobresaliente.

Muchos periodistas relatan su propio recorrido con Lanata como un hito. “De él aprendí mucho de lo que hay que hacer, y mucho de lo que no hay que hacer”, decía días atrás una voz que lo acompañó en varios de sus proyectos, sin saber a ciencia cierta que el conductor de Radio Mitre vivía sus horas finales.

Decenas de cronistas que narran un antes y un después de haber trabajado con Lanata refieren admiración, desilusión o desprecio, a veces, todo junto en ese orden. Desde Página 12 hasta los ciclos televisivos y radiales del Grupo Clarín, los trazos del Rey Jorge abrieron oportunidades a sus trabajadores. Entre quienes se reconocen como “discípulos”, hay de todo: buenos periodistas y otros con profesión desconocida.

El diario Crítica de la Argentina (2008-2010) acaso sea la excepción que encuentra un relato bastante uniforme en torno a una frustración, sin costado luminoso del director. Lanata pareció aburrirse demasiado temprano y la empresa terminó en manos de un estafador español, Antonio Mata. “Les ofrecí laburo, no los adopté”, respondía Lanata —ya instalado en el Grupo Clarín— ante los reclamos de los trabajadores despedidos sin indemnización.

El director impensado

La cúpula del Movimiento Todos por la Patria (MTP) acertó al ofrecerle la dirección de Página 12 a Lanata.

Francisco Provenzano —un exradical que se había integrado al ERP en los setenta y padeció la dictadura en la cárcel— empujaba hacía rato un proyecto editorial o, finalmente, un diario (La Tablada—A vencer o morir, Felipe Celesia y Pablo Waisberg, Aguilar, 2013). Con Raúl Alfonsín acechado por los golpistas, en el seno del MTP, el Partido Comunista y otras corrientes cercanas se discutía el perfil de un medio en una Buenos Aires que por entonces contaba con marcas hegemónicas, conservadoras, radicales, populares y financieras, pero ningún diario de izquierda.

Durante la primavera y el otoño de Alfonsín, existían o habían existido publicaciones periódicas de esa vertiente, como El Porteño, El Periodista, Humor y La Voz, y un abanico de revistas culturales. En una de las grandes capitales del mundo con mayor variedad de títulos en los kioskos, fundar un diario era otra cosa.

Una redacción que se pobló de trabajadores y columnistas provenientes de diferentes izquierdas (trotskista, ortodoxa, peronista, radical, progresista), exmiembros de organizaciones armadas y víctimas directas de la dictadura pasó a ser conducida por un joven que había sobrevivido al terrorismo de Estado desde los márgenes y eludía definiciones ideológicas tajantes.  

A Lanata, con un pasado destacado en El Porteño y Radio Belgrano, lo entusiasmaba mucho más la publicación irreverente francesa Le Canard Enchaîné que replicar el modelo de un diario militante. Osvaldo Soriano, otro de los mentores de Página, trajo de su exilio italiano el ejemplo de Il Manifesto, un quotidiano comunista disidente que trazó un puente entre la mordacidad y el partidismo.

Una redacción que se pobló de trabajadores y columnistas provenientes de diferentes izquierdas, exmiembros de organizaciones armadas y víctimas directas de la dictadura, pasó a ser conducida por un joven que eludía definiciones ideológicas tajantes

La combinación entre plumas consagradas, editores experimentados, militantes y jóvenes llegados al periodismo en democracia requería de un talento excepcional en la conducción. A las acechanzas económicas propias de un diario de izquierda se sumaba el problema de la dependencia del MTP, la organización heredera del ERP que colapsó un año y medio después de la creación de Página. En la represión del ataque al regimiento a La Tablada, en enero de 1989, fue desaparecido Provenzano, aquel carismático militante que había convencido a Enrique Gorriarán Merlo de invertir en un nuevo periódico.

Lanata salió del laberinto por arriba, con el ingenio que lo acompañaría hasta sus últimos días. Página encontró un público antes de que una crisis se lo llevara por delante. El menemismo —su vulgaridad, su entreguismo, su agenda reaccionaria, su colorido— fue el puente de plata que le permitió al diario reformatear a la prensa, embelesada con el viaje al Primer Mundo que ofrecía el riojano. Invariantes de la historia argentina.

El director adquirió fama y comenzó a alejarse del medio que cofundó, hasta que renunció en 1994. Con los años, Lanata expresó dos motivos divergentes por los que “Página dejó de existir” cuando él se fue. Primero atribuyó la defunción a la nunca oficializada compra por parte del Grupo Clarín, de la que afirmó haber sido testigo directo. Unos años más tarde, dijo que el acta final fue labrada por la adhesión del medio al kirchnerismo.

Página llevaba siete años en la calle cuando Lanata partió. Desde entonces, el diario siguió editándose durante tres décadas. La disonancia entre la declaración de muerte en 1994 y la publicación diaria hasta hoy es sintomática de un ego fuera de órbita, quizás imprescindible para una biografía tan singular.

En la larga era post-Lanata, Página tuvo alzas y bajas. Leyó y narró como pocos la crisis de 2001 y 2002 frente a una prensa mayormente cómplice, se entusiasmó con la primera agenda de los Kirchner —como buena parte de su lectorado—, transformó la adhesión crítica a Néstor y Cristina en acrítica, alumbró nuevas camadas de periodistas, hace unos años dejó de reemplazar a consagrados que se bajaron del barco o fallecieron, sostuvo pilares propios como feminismo, diversidad y Memoria, Verdad y Justicia, y perdió originalidad, rebeldía y color al quedar demasiado condicionado por intereses de una facción pejotista de Capital Federal.

Con los años, Lanata expresó dos motivos divergentes por los que 'Página dejó de existir' cuando él se fue. Primero atribuyó la defunción a la compra por parte del Grupo Clarín. Unos años más tarde, a la adhesión al kirchnerismo.

Esta semana, ante la muerte de su primer director y un revolucionario del periodismo, Página le dedicó un obituario correcto, sin firma, y una nota secundaria de trazo grueso. Nada Más. “¿Vos me entendés que me estás jodiendo?”, preguntaría Lanata en la reunión de blanco.

Marca propia

Convertido en marca de sí mismo, Lanata creó, vendió y fundió en los años post-Página. Escribió best sellers y alternó proyectos viables (Veintiuno, “Día D”) y fracasos (Data54, EGO). Con la revista Veintiuno y sus sucedáneas consagró lo que los autores Martín Latorraca y Hugo Montero definieron como “periodismo de revelación”. Cada tapa, una primicia; cuanto más estridente, mejor. La experiencia dejó a sus editores impregnados de la creatividad de quien se había transformado en “el Gordo”, pero extenuados por la vorágine.

La tendencia a la espectacularidad y la repentinización dialogó bien con las incursiones televisivas de Lanata, criado en la gráfica.

En el cambio de siglo, el conductor seguía ubicado a la izquierda del mainstream periodístico argentino, un déficit objetivo a la hora de conseguir espacio en la televisión, que supo sortear con esfuerzo y talento. La llegada de los Kirchner a la Casa Rosada interpeló al progresismo. Las aguas se dividieron y el periodista, en breve tiempo, pasó de la disidencia a la oposición frontal.

En marzo de 2008 llegó Crítica de la Argentina¸ promocionado como “el último diario de papel”.

Pompa, circunstancia y error

Por entonces, el canillita ofrecía Clarín —camino a convertirse en el mayor enemigo de los Kirchner—, La Nación, Ámbito Financiero —ya sin Julio Ramos—, Perfil —en el lugar del antikirchnersimo liberal,— Página 12 —en el del kirchnerismo de izquierda—, Popular, Crónica, Buenos Aires Herald, El Cronista, Buenos Aires Económico y La Prensa, además de diarios gratuitos. Electa presidenta Cristina Fernández de Kirchner, encontrar un espacio en un ecosistema que agudizaba la polarización representaba un desafío válido.

Crítica, cuya propiedad inicial se atribuyó al propio Lanata, los abogados Pablo Jacoby y Gabriel Cavallo, y Marcelo Figueiras —dueño de laboratorios Richmond—, llegó con pompa: un documental de tono épico (“un hombre luchará contra la corriente para que una aventura imposible se convierta en realidad”) transmitido por América TV y un concurrido cóctel en las escalinatas de la Facultad de Derecho.

A la cabeza de Crítica se ubicaron Lanata y Martín Caparrós, junto a unos pocos editores de su generación en los cargos altos. La premisa fue que serían los mayores de la redacción, algo que Eduardo Blaustein, primer prosecretario, interpretó como un mecanismo destinado a evitar objetores con los kilates suficientes como para plantarse ante el rumbo fijado por el director (Las locuras del Rey Jorge,, Ediciones B, 2014). Los convocados fueron periodistas que mayormente habían trabajado en Página, Veintiuno y Perfil, y en los proyectos televisivos y radiales de Lanata. Se sumaron cronistas y principiantes de diversa procedencia que apuntaban al texto elaborado y un punto de vista no partidario.

Resultó que Crítica adoptó una defensa acérrima de los “chacareros” en una línea asimilable a la de los grupos Clarín, La Nación y América

El primer número de Crítica, el 2 de marzo de 2008, vendió unos 70.000 ejemplares, cifra atendible para la época. La semana terminaría con menos de la mitad, y la escala descendente se estabilizaría pronto en un décimo de la tirada inicial.

Lanata mantuvo desde el primer día y hasta su despedida, el 5 de abril de 2009, una guerra sin cuartel contra Clarín, que boicoteó a Critica con retaceo de papel y bloqueo publicitario. Otra invariante de la prensa argentina.

El director apeló a todo lo que tuvo a mano para disparar contra el multimedios que dirigía Héctor Magnetto: la presunta apropiación de hijos de desaparecidos por parte de Ernestina Herrera de Noble, la contaminación producida por Papel Prensa en San Pedro, la compra armada de Papel Prensa durante la dictadura, los supuestos pactos subterráneos con el kirchnerismo, el monopolio de la TV paga, la caída en la circulación del diario, el objetivo de quedarse con Telecom… El Grupo respondió con furia.

En simultáneo, con Crítica nació el conflicto entre el Gobierno de Cristina y las patronales agropecuarias por las retenciones móviles a las exportaciones de granos (resolución 125). Un lugar probable para Crítica habría sido el de la sintonía con la agenda progresista del kirchnerismo, sin aceptar el combo de la corrupción, las alianzas turbias y el personalismo del expresidente y la Presidenta. No fue el caso. Resultó que la tapa de Crítica adoptó una defensa irrestricta de los “chacareros” en una línea asimilable a la de los grupos Clarín, La Nación y América.

Con la dosis de provocación cotidiana de la que Lanata era capaz, el error del enfoque en un tema que pasó a arbitrar la política argentina en 2008 fue decisivo, pero no el único. La dirección del diario no supo ver a tiempo que, así como el debate en torno a la 125 abroquelaba a un antikirchnerismo radicalizado y escorado a la derecha, también alumbraba un posicionamiento progresista que podía no sentirse interpretado por el kirchnerismo, pero menos aún por sus enemigos.

La directiva de publicar textos cortos con un lenguaje estándar chocó con la convocatoria a cronistas con estilo elaborado. El diseño de tapa con colorinche y superposición de photoshops fue, según la crítica de Blaustein, “una porquería y una mersada”.

A ello se sumó una marcada imprecisión informativa en notas centrales y una recurrencia a la chabacanería y el sexismo con el fin de atraer un público popular. Habían pasado veinte años desde aquel joven Lanata de 27 que lidiaba con Soriano y Horacio Verbitsky. “Página 12 fue en su momento ‘lo nuevo’ que Crítica no alcanzó a ser nunca”, escribió Blaustein.  

El protagonismo lógico devino en una autorreferencialidad abrumadora, al punto de que se modificaron horarios de cierre para que la tapa fuera presentada en la obra de teatro con la que se tentó el director meses después del lanzamiento del diario. “La rotativa en el Maipo” fue anunciada con la consigna “Lanata se pone el conchero”.

Entre las intenciones aviesas del español Mata —dueño de Marsans, expoliadora de Aerolíneas—, el boicot publicitario a dos puntas de Clarín y el Gobierno de Cristina, los errores de dirección y el virtual abandono de Lanata, la suerte de Crítica se definió antes de lo que merecía.

Aquella temprana renuencia de Lanata a identificarse como un hombre de izquierda, para escozor de muchos de sus lectores y colegas de Página 12, acorta la distancia con el periodista que aceleró una deriva tras el fracaso de Crítica.

Un registro de los textos y la agenda del primer Lanata arroja dos probables conclusiones. Primero, el perfil de Página contó con la lucidez del director, pero fue una obra colectiva que excedió sus devaneos. Segundo, el lugar ideológico de “izquierda” asignado a Lanata fue más una noticia deseada de sus seguidores que una convicción del periodista.

Como fuera, una declaración ante las cámaras resultó chocante hasta para los más lanatistas y fue bienvenida por los más reaccionarios: “Me tienen harto con la dictadura. Ayer la Presidente de este país habló una hora y media por cadena nacional por algo que pasó hace 34 años”, descerrajó un anochecer de 2010.

El periodista transcurrió el bienio post-Crítica en su trinchera de Canal 26 y en proyectos internacionales, hasta que en 2012 se sumó a Clarín.

En el taxi, en la cola del banco, en la mesa de Navidad y en la primera cita se hablaba de los pecados capitales del multimedios, a los que nadie negaba más allá de algunas firmas obedientes

El Grupo Poderoso había convivido a gusto durante las décadas previas con la noción de que dos de sus tapas podían voltear a un Gobierno. La amenaza había dejado de tener efecto.

Desde el “conflicto con el campo”, el multimedios anunció una docena de veces que el kirchnerismo estaba terminado. Cristina fue reelecta en 2011 con uno de los mayores porcentajes de la historia de la democracia. “Hay que inclinarse con respeto ante la voz de los ciudadanos. Quien quiera oír que oiga”, atinó a escribir el editor jefe Julio Blanck al día siguiente de la contundente victoria de la Presidenta en las primarias de agosto de ese año.

Clarín había quedado tirando golpes al aire en el centro del ring, desconcertado ante la intención antimonopólica de la ley de Servicios de Comunicaciónn Audiovisual. En el taxi, en la cola del banco, en la mesa de Navidad y en la primera cita se hablaba de los pecados capitales del multimedios, a los que nadie negaba más allá de algunas firmas obedientes.

Así explicó Blanck la llegada de Lanata a Clarín, en el libro Pensar el Periodismo (2016, Ediciones B), de mi autoría.

“Era una cuestión de concentrar fuerzas… Traer a Lanata al diario o al canal, al Grupo, tenía que ver con la idea de pertrecharte, tener más impacto y consolidar más público. Es evidente que Lanata tiene un predicamento en un público al que los medios del Grupo no llegaban. Si vos pensás qué es lo que buscaste y qué conseguiste, los resultados son extraordinarios”.

Win-win

Los resultados extraordinarios se vieron de inmediato en la televisión y la radio; bastante menos en el diario, un soporte al que Lanata pareció descuidar en su última década.

“Periodismo para Todos” fue una misa antikirchnerista de los domingos por la noche que visitó los niveles de rating de Bernardo Neustadt en los ochenta, y “Lanata Sin Filtro” se erigió en un pilar de la audiencia de Radio Mitre junto a figuras provenientes de la era xenófoba y derechista de Radio 10. Lanata se clarinizó y Clarín se lanatizó. Win-win.

El periodista no volvió a hablar del cúmulo de desgracias que —según él— representaba Clarín hasta pocos años antes. Cuando fue consultado por algún estudiante intrépido, apeló a argumentos pueriles sobre el fuerte y el débil, la Madre Teresa de Calcuta y otras habladurías. No viró sólo sobre la apreciación de la empresa que lo empleaba. Adoptó un credo económico liberal al que había denunciado hasta entrado el siglo XXI, abrazó un individualismo extremo y ofendió a travestis al llamarlas en masculino. Se disculpó luego por algunos excesos.

El giro copernicano desde posiciones de izquierda es más una constante que una excepción en todo proyecto político o mediático conservador. Exmarxistas devenidos en ácidos derechistas hay a raudales. Lanata decía que no se sentía de izquierda, pero su red fundacional, que lo encontró como un notable articulador, sí lo era.

Lo inadmisible desde el punto de vista periodístico fueron los procedimientos de los que se valió Lanata para sostener sus posturas durante su paso por Clarín

Si el tránsito a un lugar opuesto es reprochable, es una cuestión de gustos o convicciones. Para unos cuantos que acompañaron a Lanata en ese camino o que lo recibieron en su nuevo destino, fue un síntoma de madurez y coherencia.

Lo inadmisible desde el punto de vista periodístico fueron los procedimientos de los que se valió Lanata para sostener sus posturas durante su paso por Clarín. La grabación de un falso testimonio en el living del departamento de Elisa Carrió en Barrio Norte, para sindicar a Aníbal Fernández como un narcotraficante, a días de una elección de gobernador (episodio “La Morsa”), fue cualquier cosa menos periodismo.

Tropelías como esa se cuentan de a decenas en los últimos años. La desinformación manifiesta en torno a la muerte de Alberto Nisman, la operación orquestada con el entonces secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, para imputar a un niño de 12 años (“El Polaquito”) de haber cometido un asesinato, un viaje a las Islas Seychelles para elucubrar conclusiones sobre una escala presidencial sin tener en cuenta el huso horario...

Desde la muerte de Lanata, el lunes pasado, se ha advinado qué postura habría asumido el periodista ante lo que sigue de Milei. Las voces más cercanas resaltaron que Lanata había anunciado que le iniciaría una demanda por llamarlo “ensobrado”. El dato es cierto, pero ese recorte voluntarioso omite antecedentes para el olvido.

El martes 26 de junio de 2018, Milei agravió de la peor manera a la periodista salteña Teresita Frías, quien le hizo una pregunta correcta en una conferencia realizada en Orán. La puesta en escena del violento economista se viralizó en las redes. Dos días después, Lanata conoció a Milei en los estudios de Radio Mitre. “En este país donde nadie dice nada, donde está cada día más lleno de analfabetos, me parece que es totalmente reivindicable (decirle 'burra' a una periodista)”, celebró el conductor, en el inicio de un diálogo idílico.

Quizás habría sido distinto de ahora en más, pero hasta hace no mucho, los planetas de Milei y Lanata estuvieron alineados en la antipolítica.

Preguntas

Escribió el periodista e historiador Hernán Brienza en la red Facebook.

“Les hago una pregunta ¿por qué creen que Lanata cambió tanto? ¿Porque se corrompió solo? ¿Porque le gustaba la guita solamente? ¿Por obra y gracias del espíritu santo o del diablo? ¿O la cuestión es mucho más compleja y hubo factores internos, externos, confrontaciones inútiles, incomprensiones, dinámicas miserables, etcétera, etcétera? La respuesta que demos a esto habla mucho de quienes somos nosotros y no Lanata”.

La ortodoxia kirchnerista tiene una reflexión pendiente, no sólo por mínimo apego a la coherencia, sino para explicar su pasado y pensar su futuro. Más allá de los logros redistributivos y la ampliación de derechos, supuestos o reales, lejanos o cercanos, alguna vez deberá abordar el grado de violencia moral e intelectual que supone aceptar la complicidad y el enaltecimiento de figuras y causas que son un canto a la corrupción y/o el arribismo.

Que un funcionario dilapide durante años subsidios al transporte para quedarse con su tajada y la historia termine con un accidente atroz en Once, que se premie a conversos, que el Ministerio de Planificación orqueste desfalcos tan obscenos como para impulsar a un secretario a llevar sus millones a un convento en plena madrugada, que Lázaro Báez haya encontrado el resquicio para esconder millones en Suiza, que una ignota consultora allegada a un vicepresidente haya cobrado una comisión por asesorar en una emisión de bonos de Formosa, que se perpetúen traumas económicos que generan inflación por mero dogma o manejo de cajas y que se invente un índice de precios con patotas en el INDEC son razones más que suficientes como para que un periodista asuma una posición crítica.

De esa mesa se sirvió Lanata.

Luego, en una dinámica de enemistad, entra a jugar el vale todo, que ensombrece a la sociedad, al periodismo y al legado de un editor único.

SL

El nombre de Jorge Lanata es, sin duda, uno de los más resonantes y controvertidos del periodismo argentino. Desde sus inicios, en una Buenos Aires marcada por la represión de la dictadura, hasta convertirse, a partir de los 80, en una voz crítica y polémica, su figura dejó una marca indeleble en la historia de la prensa nacional. Gracias a su estilo mordaz y su capacidad para desafiar a los poderosos de turno, contó con una audiencia leal, aunque también cosechó detractores que lo acusaron de haber abandonado los ideales de independencia que tuvo durante los comienzos de su carrera.

Nacido el 12 de septiembre de 1960 en Mar del Plata y criado Sarandí, en Avellaneda, Lanata mostró desde joven una afinidad por la palabra escrita y una inclinación por abordar la realidad sin filtros. A los 14 años, ya estaba inmerso en el periodismo, colaborando en publicaciones locales y dando los primeros pasos de una carrera que, en sus propios términos, sería “incómoda e implacable”.

En 1987, a sus 27 años, Lanata fundó Página/12, que rápidamente se consolidó como un medio con un enfoque progresista y crítico. Con una redacción joven y vanguardista, el diario marcó un antes y un después en el periodismo argentino, convirtiéndose en un espacio donde la investigación, la crítica social y la denuncia cobraban protagonismo. Esta etapa fue para muchos el momento en que Lanata encarnó un periodismo desafiante y comprometido, capaz de cuestionar al poder sin estar alineado a él.

Su crítica a los grandes grupos mediáticos, especialmente al Grupo Clarín, resonó en una época en la que las relaciones entre política y prensa apenas comenzaban a transparentarse. Sin embargo, la relación de Lanata con Página/12 se deterioró con el tiempo debido a diferencias editoriales y conflictos con la dirección del diario. A mediados de los años 90, Lanata decidió dejar el periódico y explorar otros proyectos periodísticos.

La independencia fallida

Durante los años ‘90 y principios de los 2000, Lanata se mostró como un crítico acérrimo de Clarín, denunciando su influencia en la política argentina y su papel en la concentración de medios. Con frases memorables y editoriales que sacudieron la escena mediática, señalaba los vínculos de Clarín con el poder y la manera en que, según él, moldeaba la opinión pública para sus propios fines. Durante esta etapa, Lanata encarnaba la figura de un periodista que se distanciaba de los grandes grupos económicos y de los medios de comunicación que él consideraba alineados con intereses empresariales más que con una auténtica búsqueda de la verdad.

Uno de los ejemplos más emblemáticos, en ese sentido, fue el diario Crítica de la Argentina, fundado en 2008, proyecto con el que Lanata buscaba retomar el espíritu disruptivo del diario Crítica original de los años 20, ofreciendo un enfoque independiente frente a los poderes de turno. Para ello, se asoció con un grupo de inversores, lo que le permitió lanzar el proyecto. Sin embargo, desde el inicio, la relación con estos financistas fue complicada, generando tensiones constantes en la gestión del diario.

Apenas un año después de su lanzamiento, el diario comenzó a experimentar problemas financieros, y esto afectó directamente a los trabajadores. La falta de recursos llevó a atrasos en los pagos de salarios, lo que causó malestar y descontento entre el personal. A medida que la crisis económica del diario se agravaba, los trabajadores comenzaron a exigir respuestas, tanto de Lanata como de los financistas. Sin embargo, las tensiones entre las partes dificultaron alcanzar una solución.

La situación llegó a un punto crítico en 2009, cuando los empleados decidieron ir a huelga para exigir el pago de sus salarios atrasados y mejores condiciones laborales. Lanata, aunque defendía la independencia editorial del proyecto, se vio en una situación compleja: sin recursos suficientes y con la presión de los trabajadores, las posibilidades de mantener el diario en pie eran cada vez ínfimas. Finalmente, en 2010, Crítica de la Argentina cerró, dejando a numerosos trabajadores en una situación precaria y sin recibir las indemnizaciones correspondientes.

La era Clarín

Pero el punto de inflexión en la carrera periodística de Lanata tuvo lugar en 2012, cuando sorprendió a todos cuando pegó el salto a Canal 13, propiedad del Grupo Clarín, desde donde lanzaría su programa Periodismo Para Todos (PPT). Esta decisión generó fuertes críticas y se convirtió en uno de los puntos más polémicos de su carrera. Para sus detractores, la incorporación de Lanata a Clarín parecía representar una traición a sus principios, el punto de partida de un nuevo capítulo que muchos interpretaban como una alianza estratégica entre el periodista y el multimedio que tanto había repudiado.

Incluso sus seguidores, acostumbrados a su irreverencia y crítica de los poderosos, sintieron desconcierto ante este giro inesperado. Sin embargo, Lanata justificó su decisión argumentando que, en el contexto de polarización política y del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín, era necesario contar con un espacio masivo desde el cual dar su versión de los hechos y exponer casos de corrupción. PPT rápidamente se convirtió en uno de los vehículos más intensos de oposición al por entonces Frente para la Victoria.

En este marco, Lanata tomó un giro antikirchnerista que se intensificó con el pasar de los años. Su postura contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hizo cada vez más explícita, enfocándose en investigaciones que revelaban, en muchos casos, escándalos de corrupción. Para algunos, esta cruzada significaba un nuevo capítulo de independencia periodística, pero para otros evidenciaba un sesgo que favorecía a los intereses de Clarín y al clima de confrontación entre la Casa Rosada y el grupo de medios comandado por Héctor Magnetto. Lanata pasó a ser percibido no solo como un periodista crítico del poder, sino como una pieza clave en la agenda de un multimedio con intereses específicos en el tablero político.

Estas contradicciones añadieron un matiz complejo a su figura. Si bien para muchos Lanata se mantuvo fiel a su misión de denuncia, para otros su rol en Clarín y su postura marcadamente antikirchnerista lo alejaron de su identidad original como periodista independiente. Con el paso de los años, la relación entre Lanata y Clarín se convirtió en una paradoja: el periodista que había denunciado los monopolios de los medios pasaba ahora a ser uno de sus representantes más visibles, mientras su estilo directo y polémico lo posicionaba en el centro del conflicto político-mediático más relevante de la última década en Argentina.

Con PPT, la postura de sus enfoques y su tono implacablemente crítico hacia una única corriente política hicieron que sus detractores comenzaran a ver en Lanata a un agente de polarización antes que un observador relativamente imparcial de la realidad. Para sus seguidores, en cambio, su trabajo en Canal 13 no hizo más que reafirmar su compromiso con un periodismo cuya misión es la de denunciar al poder de turno. La figura del “Lanata independiente”, sin embargo, se difuminaba cada vez más en un país donde “la grieta” parecía comérselo todo.

PL/MG

La causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa acumulando testigos y medidas que de acuerdo con los investigadores consultados por elDiarioAR se estanca en la teoría de un reducido grupo de acusados sin aparentes terminales con la política ni la recepción de fondos para su financiamiento. Sin embargo, el kirchnerismo tiene su propia investigación, que incluye aportes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que implica un mapa de vínculos que conectan con referentes de la derecha y los libertarios e indirectamente con dirigentes de la oposición.

Los expedientes en torno del caso son dos: el primero es el que tiene a su cargo la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo sobre el hecho material del atentado y en el que están procesados Fernando Sabag Montiel -el hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de CFK-, Brenda Uliarte -supuesta instigadora- y otros dos allegados a la pareja; el segundo nació por una denuncia de la AFI contra miembros de Revolución Federal, un grupo de libertarios antikirchneristas y radicalizados, y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. 

Esta última causa se originó dos semanas después del intento de homicidio y apunta a supuestos responsables de generar el caldo de cultivo para el atentado. El viernes, el magistrado indagó a cuatro detenidos de este grupo, acusados de amenazas, entre ellos, Jonathan Morel, uno de los principales referentes de estos grupos gestados en otro caldo de cultivo: la pandemia, la crisis económica y las redes sociales.

La denuncia de la AFI incluyó audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 en la red social Twitter por el grupo Revolución Federal que incluyen la mención a la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de Fernández de Kirchner que se congregaron durante varias jornadas en las inmediaciones de su domicilio para hacerla “pasar a la historia”.

En otro de los audios, Morel dialoga con un soldado voluntario del Ejércio, Franco Ezequiel Castelli, con domiclio en Santa Cruz, publicó la agencia oficial Télam:

Morel: ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?

Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

Morel: Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?

Morel y los otros tres detenidos están imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por delitos con penas de hasta ocho años de prisión, como incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones; organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor; alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

En el kirchnerismo aseguran que la participación de la AFI -que tiene vedado por la ley realizar tareas de inteligencia interna- fue promovida por el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, luego de que la pericia del teléfono celular de Sabag Montiel  a encomendada a la Policía Federal -bajo la conducción del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández- terminara con el contenido del dispositivo borrado y la desconfianza creciente de De Pedro, de extrema confianza de la vicepresidenta.  

En el riñón del kirchnerismo sostienen que el mapa de relaciones entre Revolución Federal incluye a Brenda Uliarte -asistió a una marcha de la organización en la que se arrojaron antorchas encendidas a la Casa Rosada previo al atentado- y a un dirigente de Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, que participó del espacio de José Luis Espert, coqueteó con Javier Milei y tiene fotos con Patricia Bullrich, la principal apuntada por el sector fiel a Fernández de Kirchner como principal apoyatura política de estos grupos sospechados.

Uno de los dirigentes del kirchnerismo que sostiene esos vínculos es el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), quien este viernes dedicó una emisión de su canal de Youtube a mostrar esas relaciones e infirió la conexión de los grupos radicalizados y Carrol con Bullrich. Sin embargo, la dirigente de Juntos por el Cambio dijo a elDiarioAR: “No los conozco -a los detenidos por el expediente contra Revolución Federal- y no tienen ninguna relación con nuestra campaña”.

Carrol es la última incorporación al mapa de relaciones que estudia el kirchnerismo: hace cuatro semanas, Sabag Montiel presentó un escrito ante la jueza Capuchetti sosteniendo que quería ser su propio abogado, lo cual fue rechazado por la magistrada. Luego, el hombre que apuntó y gatilló a la vicepresidenta sostuvo ante el juzgado que ponía a Carrol a cargo de elegirle un nuevo abogado. Sin embargo, la defensa de Sabag Montiel sigue a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida.

Entonces, Carrol copó la escena. Fue invitado al programa de Pablo Duggan en C5N el 19 de octubre y sostuvo “no voy a mover un dedo por Uliarte y Sabag Montiel”. “Yo no los conozco”, “los conocí por la pantalla de Crónica”, “la llamé a Brenda Uliarte y le pedí una entrevista por Instagram Live, después se sumó el novio”, la convocatoria que los reunía era “no planes, trabajar”.

“Después de la entrevista, con ella intercambié mensajes. La invitamos a un cumpleaños de Almeida -otro integrante del espacio de Carrol- que era abierto”, dijo. “Vinieron, eran dos personas raras, no hablaron de política en ningún momento, sino de incidencias personales de ellos”. El encuentro fue unos diez días antes del atentado, agregó el dirigente de Nuevo Centro Derecha.

Carrol afirmó que al día siguiente del atentado, “abogados que, calculo que habían visto el IG live, me llamaron para pedirme el número de ella. Me comuniqué con ella para decirle que había abogados que estaban ofreciendo defenderlo a cambio de fama”.

-¿Cómo se entera de ese ofrecimiento Sabag Montiel si estaba incomunicado?- le preguntó el conductor.

-Yo tampoco lo entiendo.

Financiamiento o contratación

Los empresarios Flavio y Hugo Caputo, hermanos mayores del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, y primos del empresario Nicolás “Nicky” Caputo -mejor amigo del expresidente- aún no explicaron cómo llegaron a contratar al grupo libertario de Jonathan Morel, detenido en otro expediente vinculado, para la fabricación de muebles por unos $6,5 millones que ni siquiera fabricó la supuesta carpintería de Revolución Federal, ya que el trabajo fue tercerizado, como informó el propio líder del grupo político -o antipolítico-, detenido desde el jueves por orden del juez Martínez De Giorgi, quien también ordenó allanamientos en la empresa de los Caputo.

Matías Cúneo Libarona, abogado de ambos desarrolladores inmobiliarios -quien también representó a Luis Caputo en la causa por ocultar que fue dueño de una offshore en Islas Caimán- aseguró a este medio que los empresarios admiten la contratación de la carpintería de Morel pero niegan terminantemente tener relación con el atentado a Fernández de Kirchner. También negaron que el exfuncionario de Macri y el mejor amigo del exmandatario tengan relación con la empresa Caputo Hermanos SA que contrató a Morel. “Con Nicolás ni siquiera tienen relación y Luis o Totó nunca tuvo vínculo con la empresa de sus hermanos mayores”, aseguró un allegado a los empresarios.

Los accionistas de Caputo Hermanos SA presentaron de manera espontánea un escrito ante la Justicia a través de su abogado horas antes de que se ordenaran los allanamientos y detenciones del caso, el jueves último. A través del penalista, la desarrolladora inmobiliaria aportó documentación, facturas comerciales y fotografías que acreditan la compra, existencia y entrega de los muebles adquiridos a Morel.

Flavio y Hugo Caputo afirmaron al juzgado que la hipótesis que “fomentaron” Página/12 y C5N de que Caputo Hermanos SA financió a Revolución Federal a través de la compra de muebles sería “errónea, tergiversada y maliciosa”, según el escrito al que accedió este medio.

La explicación de los Caputo excluyó un dato central: cómo llegaron a contratar a la supuesta carpintería de Morel, si fue por recomendación (y de quién) o por otra vía (y cuál). Ante la consulta de elDiarioAR, su abogado respondió que esa información será aportada por la empresa este lunes ante el juzgado de Martínez de Giorgi.

Nicolás Caputo, primo de los empresarios que quedaron involucrados en el caso, también niega cualquier vinculación con sus primos y la compañía, según aseguró un allegado al mejor amigo de Macri.

La contratación salió a la luz primero en los medios de comunicación y luego la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó al juez Martínez De Giorgi “transferencias realizadas por los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur –ambos administrados en calidad de fiduciario por Caputo Hermanos- principalmente entre enero y agosto del corriente año 2022, por montos de dinero elevados —en total aproximadamente más de $6,5 millones—, que tuvieron por destino cuentas de titularidad de Jonathan Morel” y dos mujeres que serían una empleada de la carpintería y su expareja.

PYME

La carpintería de Revolución Federal está ubicada en la localidad de Boulogne y es donde Morel dijo que fabricaron la guillotina y antorchas que llevaron a Plaza de Mayo para una protesta contra el kirchnerismo con la leyenda “todxs presos, muertos o exiliados”. Morel negó durante la indagatoria del viernes haber participado en el atentado a Fernández de Kirchner. Tras el hecho, además, había dicho en una entrevista con elDiarioAR que los audios entregados a la Justicia por la AFI “están fuera de contexto”. “Una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla”, señaló.

Leonardo Sosa es otro de los fundadores de Revolución Federal y también fue detenido el jueves por orden de Martínez De Giorgi. Ambos militaron en 2015 para la campaña de Macri. “A nosotros los funcionarios nos cagaron la vida con los impuestos y los queremos presos o exiliados”, dijo Sosa a Revista Anfibia previo al atentado del 1° de septiembre.

En el dictamen en el que el fiscal Pollicita solicitó las detenciones e indagatorias de Morel, Sosa y otros dos integrantes del grupo, Gastón Guerra y Sabrina Basile, el magistrado sostuvo que los primeros dos acusados en el expediente iniciado por la AFI organizaron Revolución Federal con el objetivo de llevar a cabo “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor” e incitaron “a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

“Sosa y Morel decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital, y la utilización de determinadas frases insignia o lemas tales como 'van a correr', 'todos presos, muertos o exiliados', 'no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias', 'al kirchnerismo cárcel o bala', 'no se quieren ir? Los vamos a sacar', 'que se vayan todos', entre otras, replicadas en distintos medios y redes sociales”. “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TOD☀S van a sufrir las consecuencias de sus actos”, fue otra de las consignas citadas por Pollicita.

ED

Se utilizó en la década de 1920 para perseguir a socialistas y anarquistas y, más tarde, durante la dictadura cívico-militar, para legalizar las detenciones de desaparecidos acusados de integrar organizaciones armadas. Permitió detener al expresidente Carlos Menem en el caso por contrabando de armas a Ecuador y Croacia y avanzar sobre banqueros acusados de vaciar bancos y cometer estafas. Tiene, ahora, a la vicepresidenta en ejercicio afrontando un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua. El delito de asociación ilícita tiene detractores y promotores, “bibliotecas divididas”, y será uno de los puntos clave que debe analizar el Tribunal Oral Federal número 2 en el juicio oral y público contra Fernández de Kirchner, acusada por la fiscalía de ser la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado nacional a través de la corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

“Persecución política” o “persecución penal” es la línea fina, para algunos, que divide a los pros y contras de esta figura penal, que implica penas de entre tres y diez años de prisión, y que puede juzgarse junto a otros delitos, como defraudación a la Administración pública, en el caso de Vialidad.

La constitucionalista Adelina Loiano suele explicar que cuando se trata de la situación judicial de Fernández de Kirchner el escenario es inédito. Es la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio atraviesa un juicio oral y público y su caso pondrá a prueba cualquier jurisprudencia o doctrina. La funcionaria no sólo está en la línea de sucesión presidencial. Es, además, la principal referente política del país con caudal propio de votos en la ciudadanía

Aún así, el escenario judicial tiene un detrás de escena y una escenografía, y el delito de asociación ilícita es la clave que permitió juzgarla en el caso Vialidad.

Qué es asociación ilícita

El Código Penal es escueto: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”, dice el artículo 210.

Alejandro Alagia es uno de los juristas que se oponen al uso de la asociación ilícita. Es fiscal general y uno de los titulares de la unidad de asistencia para causas por violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado, además de docente titular del departamento de derecho penal de la UBA y doctor en Ciencias Penales por la Universidad San Carlos de Guatemala.

“El origen de esta figura es el Código Penal de 1921, escrito por Rodolfo Moreno, y es tomada de legislaciones europeas, donde aparece con el fin de perseguir a organizaciones gremiales. Si uno rastrea con más profundidad, se puede encontrar la figura de asociación ilícita en la persecución de mujeres y matanza de brujas. Más tarde, en las legislaciones modernas se utilizó también para la persecución de anarquistas y socialistas, y a las asociaciones profesionales, que estaban prohibidas”, explicó a elDiarioAR. 

Alagia afirmó que “durante la dictadura, el uso de esta figura se agravó y cuando se legalizaba la prisión de detenidos-desaparecidos se utilizaba esta figura para mantenerlos detenidos, acusados de pertenecer a agrupaciones armadas”.

“La utilización de esta figura es muy criticada por el Derecho garantista y la mayoría de la doctrina se opone a este delito porque persigue delitos que afectan el ‘orden público’, la ‘seguridad pública' o ‘la tranquilidad pública’. No afecta a nadie, no tiene víctima, no genera daño y se castiga sólo por integrar la asociación. Es un delito de desobediencia, de oposición a la autoridad”, sostuvo el jurista.

La abogada Myriam Bregman, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y opositora al kirchnerismo, también recordó la semana última que más allá de que considera que existió corrupción en la obra pública, la asociación ilícita se utiliza para “perseguir políticamente”. Recordó que se usó en los años 20 para perseguir a los dirigentes de la izquierda y afirmó que cree que la figura debería derogarse del Código Penal. 

Bregman también aseguró que poco se ha hecho desde el Congreso en este sentido: “Durante los gobiernos kirchneristas que tuvieron años y años de mayorías parlamentarias en el Congreso Nacional, no sólo no derogaron esa figura, sino que votaron las leyes antiterroristas a pedido de Estados Unidos en los años 2005 y 2007 y allí ampliaron su alcance con la ‘asociación ilícita terrorista’”, aseveró en una entrevista a La Izquierda Diario.

“La Corte Suprema de Justicia en los casos donde analizó la aplicación de la asociación ilícita nunca se expidió sobre su inconstitucionalidad”, sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en una columna para elDiarioAR, pero aún así, también sostuvo que esta acusación puede ser el punto más débil del caso contra Fernández de Kirchner. La posibilidad de que, en caso de una condena en este caso, la vicepresidenta sólo sea responsabilizada por el delito de defraudación a la Administración pública, reduce su pena a la mitad -tiene un máximo de seis años- y en eventuales revisiones del fallo hasta podría ser absuelta si los jueces consideran que no hay pruebas materiales de su participación en la defraudación.

El penalista Francisco Castex escribió un texto en 2004 en el que analizó las distintas posturas sobre el uso de la asociación ilícita y explicó que este delito tiene dos características principales: organización y permanencia. Exige un mínimo de tres personas que en forma organizada y permanente “se pongan de acuerdo para cometer delitos” y la organización debe ser estable, debe existir un acuerdo previo, y es independiente de la comisión o no de delitos por parte de la asociación.

Críticas

Durante su alegato, el fiscal Luciani reconoció las críticas al uso de la asociación ilícita pero también argumentó por qué considera, con total seguridad, que debe aplicarse al caso de Vialidad. Además de citar a fallos y expertos que avalan esta figura penal, el fiscal citó jurisprudencia de España, donde en los últimos años la Justicia utilizó la asociación ilícita para castigar a los imputados de casos de corrupción con penas incluso muchos más altas que las que contempla este delito en Argentina. 

Uno de esos casos es Gürtel-Bárcenas, con penas confirmadas de hasta 51 años de prisión por asociación ilícita, defraudación a la Administración pública y lavado de activos, que incluyó entre los condenados al tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas.

En dicho caso, la Justicia española estableció que el grupo del PP creó durante años un flujo de sobreprecios y financiamiento ilegal al partido; y al mismo tiempo controló de manera corrupta la asignación de contrataciones públicas para obtener los fondos ilícitos. El mecanismo era “generalizado”. “No se trata de dos o tres licitaciones o contrataciones corruptas o irregulares”, dijo Luciani al compararlo con las 51 obras viales adjudicadas al empresario Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. 

La utilización de esta figura es muy criticada por el Derecho garantista y la mayoría de la doctrina se opone a este delito. No afecta a nadie, no tiene víctima, no genera daño y se castiga sólo por integrar la asociación

Alejandro Alagia — Jurista y fiscal general.

En el juicio de Vialidad, la fiscalía aseguró que la asociación ilícita fue liderada por Fernández de Kirchner y organizada por el entonces ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el empresario Baéz; y el director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. El objetivo era defraudar a la Administración pública, afirmaron los fiscales, y la maniobra se concretó a través de decretos, resoluciones, licitaciones simuladas, contratos irregulares y hasta un “canal de pagos privilegiados” para las empresas del entonces socio de los Kirchner. 

La trama nació en 2003 con la creación de Austral Construcciones y culminó a finales de 2015 con el “plan limpieza” o “plan huída” para borrar las huellas de la operatoria que se extendió por doce años, explicaron los fiscales. La entonces presidenta, afirmó Luciani, “no podía no saber” cómo funcionarios de su gobierno, nombrados por ella, beneficiaban a su socio comercial y amigo de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

El supuesto esquema se completa con otro capítulo judicial contra Fernández de Kirchner: Hotesur-Los Sauces, el caso de supuesto lavado que buscaba comprobar la relación comercial y movimiento de fondos entre los Kirchner y Báez a través de sus hoteles, pero en el que todos los acusados fueron sobreseídos antes del juicio.    

Una de las principales críticas contra la figura es que “basta que se compruebe el acuerdo de voluntades entre sus integrantes” para acusarlos, es decir, que no reprime la comisión de un delito sino la participación en una banda que tiene el propósito de cometerlos. 

Para perseguir al acusado no se exige al imputado la autoría material del delito -en este caso, la defraudación al Estado-, sino sólo la pertenencia a la banda que buscaba cometerlo, explicó Castex en base a fallos judiciales y doctrina. 

La “banda” también tiene características: pertenencia (según la fiscalía, se asociaron entre 2003 y 2015, y se disolvió la asociación cuando Fernández de Kirchner dejó el poder); cohesión (eran miembros leales del kirchnerismo); y organización (el ministerio de Planificación). 

El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola sostuvieron durante nueve audiencias de alegato que el caso Vialidad y el supuesto rol de Fernández de Kirchner y otros acusados como organizadores de la presunta asociación ilícita superan las críticas.

El delito de asociación ilícita ni siquiera requiere el trato directo entre los involucrados, aseguró el fiscal Luciani durante la audiencia del viernes 19, pero sí, aclaró, sus miembros deben conocer el objetivo de la organización y la intención de asociarse para el delito. 

Ese punto, para los fiscales, está probado contra casi todos los imputados.

“Orden público”

La abogada Mariana Barbitta, profesora de Derecho penal de la UBA y presidenta de la  Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), también se opone a usar la asociación ilícita. “La figura tiene problemas constitucionales y uno de ellos es el reproche que se le hace por la falta de precisión en la descripción de la conducta concreta que se busca perseguir penalmente”, dijo a elDiarioAR.

“Nuestra Constitución marca barreras al Derecho penal para que éste sólo pueda inmiscuirse en la vida de las personas cuando una conducta voluntaria afecta un bien jurídico, pero en el caso de la asociación ilícita ese bien afectado es el ‘orden público’. Ahí comienza otro problema: en el Código Penal no hay una explicación clara sobre qué es exactamente el ”orden público“ y para llevar adelante una imputación contra una persona, esta debe comprender de qué se debe defender, tiene que entenderlo”, explicó Barbitta.

“La asociación ilícita no significa nada en concreto, es una figura genérica y asociarse no puede afectar un bien jurídico protegido por sí sólo, salvo que las personas se asocien para robar, por ejemplo. Por eso creemos que ha sido utilizada como elemento de persecución”, agregó la penalista.

Durante el alegato, el fiscal Luciani afirmó que el caso Vialidad cumple con el requisito de alterar el orden público porque “el avance de la corrupción endémica en los gobiernos” también “perturba” esa “paz social”. La supuesta defraudación cometida por doce de los trece imputados del juicio implicó daños al Estado de casi US$1.000 millones, según los decomisos que solicitó la fiscalía.

Menem

En Argentina, el uso de la asociación ilícita tiene un fallo central de la Corte Suprema de 2001, que cuestionó por voto de la mayoría el uso de esta figura penal en el caso de contrabando de armas a Croacia y Ecuador: el “fallo Stancanelli”, gracias al cual el expresidente Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma recuperaron la libertad. 

En noviembre de 2001, los jueces de la Corte habían sostenido que la asociación ilícita no estaba probada en la causa Armas porque no se pudo demostrar “la existencia del acuerdo de voluntades explícito o implícito que caracteriza a la figura”; y porque no “no se ve claramente en qué medida la supuesta organización para efectuar ventas de armas al exterior pueda producir alarma colectiva o temor de la población” como exige la figura penal.

“La asociación ilícita fue la figura que usó el juez (Jorge) Urso para poder meter preso a Menem”, recordó un penalista que estudió el caso. 

La figura tiene problemas constitucionales y uno de ellos es el reproche que se le hace por la falta de precisión en la descripción de la conducta concreta que se busca perseguir penalmente

Mariana Barbitta — Abogada, docente y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA).

El periodista y analista Mario Wainfeld publicó en Página/12 un artículo titulado “Los favores recibidos creo habértelos pagado”, sobre la relación entre Menem y los jueces de la Corte que fallaron en la causa Armas a favor del expresidente -todos miembros de la mayoría automática- y que sostuvieron que no había pruebas de una asociación ilícita. “Acaso lo que más sublevó a la gente común, la liberación de Carlos Menem, sea lo menos grave del fallo, si se lo aísla del contexto. Mirando en detalle la sentencia puede convenirse que mucho más incordiante es que virtualmente se cerrara la causa sobre venta ilegal de armas, se impidiera su elevación a juicio oral y público y se cerrara por vía de un ukase forense el camino a futuras investigaciones sobre corrupción estatal. Pero la percepción generalizada es, en lo central, aguda pues repara que lo que se consagró es mucho más que la impunidad de Menem”.

“En sólo diez carillas seis supremos derribaron un expediente clave sobre la corrupción menemista. No sólo dijeron que nunca hubo pruebas de asociación ilícita en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Afirmaron que las detenciones en esta causa eran ‘arbitrarias’ y que no hubo falsedad ideológica de decretos. E incluyeron, entre otras cosas, una amenaza dirigida a todo juez o fiscal que pretenda procesar a funcionarios o ex funcionarios y hacia los medios de comunicación que informen sobre investigaciones en danza”, publicó Página/12 en otra crónica sobre el fallo.

“El texto mayoritario parece inspirado en las declaraciones públicas con que Menem acusó a la Justicia de perseguirlo como en el ‘76. Compara los procesamientos dictados en la causa armas por los tribunales inferiores con los ‘problemas que han ocasionado a la república las represiones ilegales del pasado’”, relata la crónica de 2001.

Menem terminó siendo condenado por contrabando agravado -máximo de ocho años de prisión- en el caso Armas, pero en 2018 la Cámara Federal de Casación lo absolvió por prescripción.

Banqueros

¿Cómo llegar a la cúspide de una supuesta organización manejada por hombres que sólo dan órdenes y no dejan “los dedos pegados”? En los años 90 y principios de los 2000, la asociación ilícita se utilizó también para alcanzar y detener a banqueros en casos en los que los jueces determinaron que las entidades financieras habían cometido delitos de lavado de dinero, defraudación y vaciamiento. 

En 2020, la misma Sala IV que debe revisar el caso Vialidad en la Cámara Federal de Casación dio por probada una asociación ilícita en el vaciamiento del Banco Mayo, que tenía entre sus acusados a Rubén Ezra Beraja y otros imputados por ese delito y por estafas contra la Administración pública y administración fraudulenta.

El Tribunal Oral Federal N°3 había absuelto a todos los acusados en 2019, pero el fiscal Fernando Arrigo y el Banco Central -querellante- apelaron. El Ministerio Público Fiscal afirmó que Beraja lideró “una organización criminal que se mantuvo en el tiempo, y que durante ese lapso se cometieron distintos fraudes mediando una voluntad asociativa. Postuló que esa voluntad incidió de forma concomitante con el cierre del Banco Mayo, puesto que –a su manera de ver- era el canal por el cual efectuaban sus planes criminales”.

La Casación les dio la razón pero la decisión fue dividida. Los camaristas Javier Carbajo y Gustavo Hornos votaron a favor de condenarlos por asociación ilícita y el resto de los delitos. Sostuvieron que “la sucesión de hechos de fraude cometidos no se erige desconectada, en el caso, de la organización criminal que se había conformado para ello con estabilidad y permanencia, y con la finalidad de cometer ese tipo de hechos en forma indeterminada”.

El juez Mariano Borinsky, tercer integrante de la Sala IV, se pronunció en disidencia por considerar prescritos los hechos, como había planteado el tribunal del juicio. 

Estos mismos jueces tienen pendiente revisar las recusaciones a los fiscales y jueces del juicio de Vialidad y deberán revisar el veredicto del tribunal que se espera para finales de año.

Nota: se corrigió un error de ortografía que consignaba mal escrita la palabra “persecución”.

ED

Horacio Verbitsky renunciará el próximo 11 de febrero al Centro de Estudios y Sociales (CELS), organización que presidió entre 2000 y 2021, y en la que hoy se desempeña como vocal de la comisión directiva. El día previsto para su alejamiento coincide con su cumpleaños número 80 y los 23 años transcurridos desde que ingresó a la entidad. “Me parece suficiente”, reflexionó Verbitsky, consultado por este diario.

El alejamiento de Verbitsky marca un punto de inflexión para una organización de derechos humanos referente en América Latina. Por su significado, la partida del periodista adquiere para el CELS una dimensión similar al fin del ciclo que marcó la muerte de su cofundador e histórico presidente, Emilio Mignone.

La decisión, que se venía debatiendo hacía semanas, se da después de un año turbulento disparado por el anuncio realizado por el propio director de El Cohete a la Luna de que se había vacunado contra el coronavirus sin esperar el turno correspondiente. Desatada la crisis, el periodista debió pedir licencia como presidente de la entidad en febrero de 2021, para unos meses más tarde regresar como vocal en un cuerpo directivo de doce integrantes. Su presencia, no obstante, seguía siendo decisiva en las discusiones y el diseño de las políticas, fuera por acción u omisión, según varias fuentes consultadas.

Desde el desplazamiento de Verbitsky hacia una vocalía, la presidencia del CELS quedó a cargo de la antropóloga Sofía Tiscornia, exdirectora del área de Investigación y experito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La socióloga y periodista Paula Abal Medina ocupa la vicepresidencia, y completan la comisión directiva el abogado Damián Loreti, el sociólogo Luis Fara, la socióloga feminista Dora Barrancos, el sacerdote Marcelo Ciaramella, la cofundadora de la ONG Laura Conte, la abogada de derechos humanos María José Guembe, su par y exsecretario de Seguridad Gustavo Palmieri, el sindicalista Victorio Paulón y la integrante de Memoria Activa Diana Wassner.

Desde el desplazamiento de Verbitsky hacia una vocalía, la presidencia del CELS quedó a cargo de la antropóloga Sofía Tiscornia, exdirectora del área de Investigación y experito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Perfil alto

Verbitsky comenzó a pisar fuerte en el CELS poco después de la muerte de Mignone, el 21 de diciembre de 1998. En sus primeras dos décadas de vida, la organización fundada por los abogados católicos Mignone y Augusto Conte Mac Donell, y sus respectivas esposas, Chela y Laura, se había concentrado en la lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, del cual habían sido víctimas sus respectivos hijos, Mónica Mignone y Augusto María Conte. Si bien las familias fundadoras no eran precisamente de izquierda (Mignone era peronista y Conte, demócrata cristiano), la lucha por los derechos humanos congregó en los primeros años del CELS a abogados de víctimas de ese origen, como los trotskistas Luis Zamora y Marcelo Parrilli.

La lucha histórica de la ONG fue por Memoria, Verdad y Justicia contra las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos, pero la relación de los fundadores con Carlos Menem tuvo sus idas y vueltas. Ello no impidió que la organización ampliara su agenda de reclamos y litigios relacionada a los asesinatos del soldado Omar Carrasco (1994) y del reportero gráfico José Luis Cabezas (1997), y contra la persecución del Gobierno del peronista neoliberal contra dirigentes sociales, sindicales y de desocupados.

En el período inmediato al arribo de Verbitsky, la dirección ejecutiva, a cargo de Martín Abregú, un hombre de confianza de Mignone y promovido por la Fundación Ford, transformó la agenda del CELS desde “la resistencia” a “la democracia”, en la interpretación de los periodistas Santiago O’Donnell y Mariano Melamed, autores de Derechos Humanos ®— La historia del CELS (Sudamericana, 2015). La ONG, en la mirada de Abregú, debía ampliar horizontes políticos y económicos.

El primer reemplazo de Mignone en la presidencia fue Laura Conte, pero el entonces columnista de Página 12 fue convocado para un lugar destacado en la comisión directiva. De inmediato, el CELS comenzó a conocer su carácter.

A esa altura, el perfil de Verbitsky no era una sorpresa para nadie. Llevaba más de diez años a cargo de la columna dominical del diario de izquierda, había escrito best sellers en editorial Planeta que hicieron blanco en el amplio nicho antimenemista como Robo para la Corona (1991) y Hacer la Corte (1993), y había publicado la primera y hasta ahora excepcional confesión del marino de guerra Adolfo Scilingo sobre el mecanismo de desaparición masiva de personas en El Vuelo (1995). Entre los ochenta y fines de los noventa, la figura del cronista y exmontonero había saltado desde el nicho de la izquierda, la militancia política y la intelectualidad a apariciones en almuerzos de Mirtha Legrand y a su papel como columnista en programas televisivos de Jorge Lanata. La ira expresada en su contra por el propio Carlos Menem aportó el plus necesario para que la fama de Verbitsky trascendiera fronteras.

El paso cobró forma en su participación en el sello Periodistas que funcionó a fines de los noventa y agrupó a cronistas famosos sin corte ideológico, desde Mariano Grondona a Santo Biasatti, desde Joaquín Morales Solá a Ernesto Tiffenberg, de Magdalena Ruiz Guiñazú a Fernán Saguier.

“Se consideró que había que pensar una figura que reemplazara a Emilio con un perfil igualmente alto”, explica una persona que pasó por el riñón del CELS sobre el motivo que llevó a Laura Conte y a Chela Sosa de Mignone a optar por el periodista como reemplazo del fallecido fundador.

El influyente

Nombrado presidente en 2000, y con la dirección ejecutiva del hoy procurador fiscal Víctor Abramovich, el periodista pasó a la acción. Por un lado, profundizó la agenda de amparos colectivos y defensas puntuales de líderes sociales y sindicales reprimidos por los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. En 2001, la entidad avanzó hacia la participación política y la protesta en las calles al integrar el Frente Nacional de Lucha Contra la Pobreza junto a organizaciones sociales y dirigentes de centroizquierda e izquierda.

Con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, el CELS se transformó en un actor en la implementación de políticas. El vínculo táctico entre el entonces presidente y Verbitsky para construir una agenda de derechos humanos y legitimidad trazó un puente entre funcionarios y los objetivos de la organización. Las ideas de la ONG fueron decisivas para la derogación de las leyes de impunidad, el desmantelamiento de resabios de la dictadura en instituciones estatales, una ley migratoria garantista y la reforma de la Corte Suprema, según testigos de la época.

Ese esquema le valió a Verbitsky el cuestionamiento de que era en realidad un asesor presidencial que no se revelaba como tal en su tarea a cargo del CELS y columnista de Página 12. A lo largo del tiempo, el periodista rechazó esa acusación y refirió que se había creado un mito en torno a su figura como un monje negro con una influencia irreal. “Puede ser, pero él mismo se ocupó de explotar ese mito”, dijo la persona del CELS antes citada.

Como mínimo, lo cierto es que Verbitsky hacía un juego anfibio como oenegista y como periodista. Por ejemplo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, su columna dominical podía transformarse en un veto de hecho a la designación de un funcionario, una alianza política o el ascenso de un militar, y para poner legajos sobre la mesa, solía utilizar el puntilloso archivo y trabajo de campo del CELS.

Incluso sus críticos dentro de la ONG sostienen que la adhesión política de Verbitsky al kirchnerismo y, en particular, a Cristina Fernández de Kirchner no quitó consistencia a la entidad, porque ésta no ahorró cuestionamientos a los vaivenes represivos de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires, sobre todo bajo la jefatura de Daniel Scioli, ni en cuanto a la política carcelaria, ni sobre el hostigamiento a comunidades indígenas, ni sobre la presunta participación del jefe del Ejército César Milani en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, cargo del que el militar fue absuelto.

En tiempos de los Kirchner, el CELS mantuvo demandas contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la condena civil impuesta por tribunales locales a Jorge Fontevecchia y Héctor D’amico a raíz de una demanda iniciada por Carlos Menem. El dueño de Editorial Perfil estaba vetado por los Kirchner para contactos periodísticos y repartos de publicidad oficial, decisión que el propio Verbitsky y el CELS cuestionaron.

Las mayores críticas al cronista dentro del CELS radican en un supuesto manejo personalista y no excluyen un término que utilizan sus enemigos: “operador”. Así, los distanciamientos y enemistades variados de Verbitsky afectaron el campo de relaciones de la ONG, y ellas incluyeron nombres sensibles, como Estela Barnes de Carlotto y Hebe de Bonafini. Sin romper puentes, la relación entre el CELS y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo encontró severos límites.

Internacionalización

Contra lo que podría suponerse, el excolumnista de Página 12 no objetó sino que potenció la búsqueda de fondos de la “cooperación internacional”, que incluyó a Open Society (de George Soros), la Fundación Ford y la National Endowment for Democracy (dependiente del Congreso de Estados Unidos y señalada como golpista en Bolivia y Venezuela), entre muchos órganos del Primer Mundo ávidos por repartir dólares.

Ello formó parte de una estrategia de expansión internacional que fomentaron Verbitsky y el director ejecutivo entre 2006 y 2020, Gastón Chillier, pese a la relación tirante mantenida entre ambos de comienzo a fin. Al histórico vínculo con Washington cimentado desde los tiempos de Mignone, se sumó el tejido de redes en Ginebra y Bruselas, donde funcionan el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Europea, y la elite global de las ONG de derechos humanos. El presupuesto y la nómina de personal del CELS se multiplicaron varias veces a lo largo de lo que va del siglo. Si no lo hizo, Verbitsky lo autorizó.

El CELS y su presidente ocuparon espacios en medios internacionales en ocasión del cónclave papal de abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, y el de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. La visión de los religiosos jesuitas Orlando Yorio y Franz Jalics de que su superior en la orden, Jorge Bergoglio, como mínimo, no había hecho nada para impedir sus secuestros durante la dictadura generó revuelo. Transformado Bergoglio en Francisco, Verbitsky retomó aquellas versiones basadas sobre testimonios y documentos, y ello mereció una reacción oficial del Vaticano, que denunció un ataque de la “izquierda anticlerical”.

El episodio Bergoglio fue problemático para el CELS. Mignone era un ferviente creyente cuya hija Mónica había desaparecido en mayo de 1976 junto a religiosas y jóvenes católicos que militaban en la villa del Bajo Flores. El propio fundador del CELS escribió sobre la profunda complicidad de la jerarquía eclesiástica con el terrorismo de Estado en el libro Iglesia y Dictadura (Colihue, 1986), pero la abogada Alicia de Oliveira, quien participó de los orígenes del CELS, era enemiga de Verbitsky y una firme defensora de Bergoglio. El giro de 180 grados que emprendió la presidencia de Cristina sobre la figura del Papa en cuestión de horas llevó a que De Oliveira formara parte de la comitiva oficial ante el Vaticano para el acto de asunción del Obispo de Roma. También en el expediente Bergoglio, Verbitsky quedó de un lado y el kirchnerismo, del otro.

Cumbres borrascosas

Los enemigos del periodista se acumularon a lo largo de décadas. Algunos de ellos retomaron una vieja acusación que había agitado el menemismo en su contra por su participación en Montoneros y el señalamiento de que había traicionado a sus compañeros al colaborar con la Fuerza Áerea. Con amplia difusión en los medios del Grupo Clarín, Perfil y La Nación, el periodista Gabriel Levinas publicó el libro Doble Agente (Sudamericana, 2015), en el que señaló que Verbitsky había escrito discursos del integrante de la Junta Militar brigadier Omar Graffigna, en 1979. Sin pruebas sólidas al respecto, la versión se desvaneció tras varias desmentidas, entre ellas las del propio Graffigna, quien se consideró en las antípodas de Verbitsky. Casi nadie en las organizaciones de derechos humanos dio cabida a la especie de Levinas y de la Secretaría de Inteligencia del Estado en la década menemista.

Con Mauricio Macri, el CELS y su presidente aceleraron las críticas y las batallas legales en la Argentina y el exterior. Ello incluyó la derogación relámpago de la ley de medios audiovisuales, el arresto de Milagro Sala, la doctrina de gatillo fácil Chocobar y la represión seguida de muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, entre muchos otros temas. El peso del CELS en estrados internacionales y en la elite global de los derechos humanos fue una piedra en el zapato del Gobierno de Cambiemos, porque, en algún sentido, tenía intenciones de mostrarse liberal antes que conservador.

Adiós a la página

El 28 de agosto de 2017, el columnista publicó en Página 12 la nota “Gianfrancamente hablando”, en la que reveló que allegados a Macri como su hermano Gianfranco, su amigo íntimo Nicolás Caputo, el comprador de su empresa principal Marcelo Mindlin y muchos otros integrantes de la mesa chica habían participado del blanqueo de capitales por montos millonarios que el propio Gobierno de Cambiemos había orquestado.

Días después, el periodista Alejandro Fantino advirtió en el programa Animales Sueltos de la pantalla de América 2 que el Gobierno de Macri había tomado la “decisión política de ir contra las mafias sindicales”, y asoció ese objetivo directamente a la difusión del listado de los blanqueadores. Sus columnistas Mariel Fitz Patrick, Daniel Santoro y Gerardo Young puntualizaron que Víctor Santa María, titular del sindicato dueño de Página 12, era investigado por el fallecido juez Claudio Bonadio por supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero sobre la base de “informes de inteligencia”. Fantino advirtió que el sindicalista iría preso.

En consecuencia, Verbitsky terminó su relación de tres décadas con Página 12 y fundó El Cohete a la Luna, en cuyo primer número amplió la lista de blanqueadores, como los empresarios Alfredo Coto, Javier Madanes Quintanilla (Aluar), Marcela Rocca y Daniel Novegil (Techint), y María Bulgheroni (Bridas).

La presunción de que la ofensiva judicial de Macri y Comodoro Py estaba montada sobre la base de extorsiones y compra de voluntades quedó expuesta en una nota publicada en febrero de 2019 titulada “Extorsión”, que reveló las supuestas operaciones del falso abogado Marcelo D’Alessio, habitué del programa de Fantino y las columnas de Clarín, y el fiscal federal Carlos Stornelli. Una vez más, una columna dominical de Verbitsky en su sitio informativo, que sus enemigos desdeñaban como un blog, arrastraba la agenda periodística durante meses.

Vacunados

Rumbo a los ochenta, el periodista que cinco décadas atrás había trabajado en Confirmado y La Opinión cometió una falla ética que generó decepción y perplejidad en quienes lo respetan, y solazó a sus enemigos. En comunicación con el programa en el que era columnista en radio El Destape, Verbitsky contó entre risas que se había vacunado contra el coronavirus, por una gentileza de su “viejo amigo” Ginés González García, entonces ministro de Salud.

Era 19 de febrero de 2021. Hasta entonces, la vacunación contra el virus, de la que había dosis muy limitadas, era para mayores de ochenta y pacientes con comorbilidades. Faltaban días o semanas para que el grupo etario de Verbitsky recibiera la inmunización.

Cayó un vendaval. El dueño de El Destape, Roberto Navarro, lo despidió esa misma tarde y lo acusó de haber perpetrado “una operación”, a la vez que Alberto Fernández echó a González García. En suma, una veintena de vacunados se había saltado la cola por vínculos con la cúpula del Ministerio de Salud. Entre ellos, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, la familia Duhalde, la familia Aldrey Iglesias (dueña de negocios en Mar del Plata) y el periodista Gabriel Michi.

La discusión en el CELS conmovió los zooms, whatsapps y las paredes de Piedras 547, en San Telmo. En el desenlace que determinó la licencia de Verbitsky cobró peso el reclamo de trabajadores e integrantes de la organización. La dirección ejecutiva, que había asumido Paula Litvachky en reemplazo de Chillier en febrero de 2020, emitió un comunicado en el que expresó que “nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día”. Con otros decibeles, integrantes y trabajadores del CELS utilizaron sus cuentas personales para expresar “vergüenza”.

Verbitsky admitió “el grave error” en una nota en El Cohete publicada dos días más tarde, titulada “Vacunados”. “Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto”, escribió. En público, estas últimas no fueron tantas como otras veces. Una de las muestras de respaldo llegó de buena parte de los periodistas y colaboradores del portal, y otros referentes, pese a que el periodista “debería haber entendido que era un privilegio y que eso, por sí solo, estaba mal”. “Queremos sostener las convicciones que nos trajeron hasta acá, como el compromiso colectivo con la verdad y la información veraz. En ese contexto, no se nos escapa que la mayoría de los ataques esconden intenciones que exceden la persona de Horacio. Aquellos y aquellas que tripulamos El Cohete no queremos ser funcionales al objetivo de colaborar con la destrucción de un periodista”.

“No nos engañemos: Verbitsky no es reemplazable. No hay nadie en el periodismo argentino en condiciones de ocupar su lugar ni de desempeñar su tarea — ni de lejos”, abundaron.

Firmaron Alejandra Dandán, Ricardo Aronskind, Catalina D’Elía, Carlos Ulanovsky, Julia Strada, Pablo Méndez Shiff, Graciana Peñafort, Eduardo de la Serna, Sebastián Premici, Julián Axat, Marcelo Figueras, Adrián Paenza, Jorge Elbaum y otras treinta personas. Entre ellas, tres integrantes de la comisión directiva del CELS: el artífice de la frustrada ley de Servicios Audiovisuales Damián Loreti, el sacerdote de Quilmes Oeste Marcelo Ciaramella y el sindicalista metalúrgico Victorio Paulón.

El paso al costado de la presidencia ayudó a calmar las aguas del CELS, pero las discusiones sobre las decisiones y el perfil político que “obligan a mantener los canales de discusión abiertos” —como dice otra persona del organismo— no cesaron. Hay voces dentro de la entidad que muestran ansiedad por el fin del ciclo Verbitsky y no bajan los decibeles de su ira.

Al menos desde diciembre, la discusión sobre la renuncia del periodista recorre los cuerpos directivos del CELS.

“Hola Sebastián. Sí, decidí dejar el sitio el 11 de febrero, cuando cumplo 80 años de edad y 23 en la comisión directiva. Me parece suficiente”, escribió Verbitsky horas atrás. 

SL

La divulgación de un video en el que un ministro de María Eugenia Vidal coordina con empresarios, espías y otros funcionarios el armado de causas contra sindicalistas trajo aparejado un debate sobre el papel del periodismo, los off the records y la libertad de expresión.

En la mañana del lunes, cuando la denuncia publicada en Página 12 cobró vuelo, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon tuiteó un fragmento de su libro “La Raíz” (2018), en el que se preguntaba si “algún día” se sabría la existencia de la reunión que finalmente expuso el video. El párrafo de la página 168 describe con bastante exactitud quiénes concurrieron a ese encuentro de junio de 2017 y el lugar en que se produjo.  

Dos días más tarde, el periodista de La Nación dio a conocer el nombre del último integrante de la reunión que faltaba identificar: Ricardo Alconada Magliano, un tío segundo o tercero, miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de La Plata, con quien dijo no mantener relación. Cabe aclarar que la familia Alconada tiene varias ramificaciones que transitan hace décadas los campos de la política, la Justicia y la empresa de la capital bonaerense.

Una primera reflexión sería por qué, si el cronista contaba con información tan precisa, no la publicó en su momento. Habría sido un elemento útil para develar a tiempo que la cruzada ética enarbolada por el macrismo, que tenía al diario La Nación como uno de sus principales propagandistas, se trataba en realidad de chapucerías extorsivas organizadas por espías, fiscales, jueces y funcionarios que soñaban con la Gestapo, con el fin de eliminar obstáculos y favorecer negocios personales. Hoy, ya conocidos el caso D’Alessio-Stornelli, el listado de visitas de jueces federales a Mauricio Macri y la trama espionaje omnipresente Super Mario Bros, el contenido del encuentro en el Banco Provincia resulta impactante, pero no sorprende.

Tras cartón, Alconada Mon fue acusado en medios y en redes de regular la información y ser cómplice de los mecanismos ilegales que se potenciaron bajo el Gobierno de Macri. La senadora Juliana di Tullio (Frente de Todos, Buenos Aires) llevó el tema a la sesión del miércoles. “Alconada Mon es un mago”, ironizó. “Va a tener que dar explicaciones en sede judicial; estoy harta de la connivencia de los periodistas y las periodistas que se hacen los estúpidos”, aseveró.

Reglas de juego

Para cualquiera que conozca los procedimientos del periodismo, la respuesta de por qué Alconada Mon se guardó el dato para un párrafo sugerente en su libro sería fácil de deducir. A veces, una información llega bajo la forma de rumor verosímil, pero el periodista no encuentra cómo corroborarla, o la fuente transmite hechos que presenció bajo la exigencia de no publicación. Esta modalidad de “off estricto” (te lo digo para que lo sepas, a condición de que no publiques una letra si no lo corroborás por otro lado) no es tan habitual en Argentina como en Estados Unidos o Alemania.

Si la fuente del cronista fue su tío segundo, es una hipótesis plausible. No cambia la razón que pudo haber llevado a Alconada Mon a manejarse con cautela. Si, por el contrario, el periodista eligió guardarse la información por complicidad, ¿qué sentido habría tenido volcarla en un párrafo perdido en un libro?

Un dato más invitaría a no precipitarse. Las investigaciones de Alconada Mon podrán ser más o menos sólidas, sus razonamientos políticos y prioridades periodísticas se podrán compartir más o menos, pero nadie debería omitir que fue certero a la hora de exponer los negociados de la familia Macri. El autor de “La Raíz” fue artífice de la publicación de los Panamá Papers que tenían a hermanos y amigos del entonces presidente y gran parte de su gabinete como protagonistas centrales, e informó el entramado de offshore y testaferros usado para depositar decenas de millones de dólares producto de supuestas compraventas espurias. Es cierto que La Nación se esmeró por hundir esas investigaciones hasta el límite del ridículo, pero los textos están en la web para quien los quiera constatar.

A tal punto Alconada Mon fue molesto para el Gobierno de Macri, que fue blanco, como Cristina Fernández de Kirchner y tantos otros, de los espías “cuentapropistas” que reportaban a la Agencia Federal de Inteligencia de Arribas-Majdalani y entraban a la Casa Rosada para entregar conclusiones en la antesala del despacho presidencial.

En su momento, al periodista de La Nación también se le reprochó que demoró la publicación de los Panamá Papers hasta abril de 2016 para no arruinar la asunción de Macri en la Casa Rosada. Otra acusación sin fundamento. Las grandes filtraciones en las que participan periodistas de decenas de países requieren coordinar la campana de largada, porque si cada uno publica cuando le conviene, perjudica a los colegas de otras latitudes. Son las reglas de juego.

La reacción

Tras los dichos de Di Tullio, la corporación periodística entró en acción. La Nación, que contaba con la misma información que publicó el lunes Página 12, pero prefirió disimularla, rescató el tema y denunció un “ataque” por parte de la senadora peronista. Tras días de ningunear la jugosa trama de la célula Gestapo —en forma similar a lo que hizo con las investigaciones de Alconada Mon sobre Macri: crónicas enterradas todo lo posible—, La Nación decidió entrarle por los dichos de Di Tullio.

El papel central de la reacción le correspondió al tándem Fopea-Adepa. El dúo de periodistas profesionales y empresarios de medios emitió repudios casi idénticos contra las afirmaciones de la senadora.

En un argumento que bien podría enarbolar la defensa de Pepín Rodríguez Simón, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad inspirada, entre otros, por el periodista de Clarín Daniel Santoro, arriesgó: “La postura de la senadora reflota la disparatada teoría del lawfare, mediante la cual se pretende instalar una sensación de permanente sospecha, sin ningún dato objetivo, sobre el rol del periodismo profesional y por consiguiente invalidar los procesos judiciales abiertos”.

Si el lawfare existe, es un debate del corazón de la política que trasciende fronteras, alcanza estrados judiciales y académicos, y excede el objeto de esta nota. De lo que no caben dudas es de que la libertad de expresión es un valor de la democracia que corresponde tanto a un periodista, una ONG, un sindicato, una senadora peronista, un barrendero y una jugadora de vóley.

Sería absurdo un ecosistema de la opinión pública en el que algunos periodistas tuvieran vía libre para el agravio y la acusación penal —varios de quienes propalan insultos al aire son connotadas figuras de la ONG que dicen defender el periodismo profesional— y los políticos se vieran restringidos a la hipercorrección para responder.

Claro que si una fuerza gobernante o un dirigente pasa del dicho al hecho y orquesta el arresto o la censura de un periodista constituiría una instancia grave e intolerable. No es el caso. Tan sólo se trata de la crítica de Di Tullio a Alconada Mon —para quien firma, descentrada— y su voluntad de que dé explicaciones en sede judicial.

En un país en que la censura prevaleciente viene por el lado de las pautas privadas y estatales, y los intereses extraperiodísticos de los propietarios o gestores, en los últimos años, lo más parecido al cercenamiento de la libertad de expresión fue el arresto arbitrario de dueños de medios opositores al macrismo acusados de evadir impuestos (Fabián de Sousa y Cristóbal López) y la amenaza de cárcel proferida desde pantallas televisivas contra quienes no se cuadraran. Esas aventuras seguramente fueron orquestadas en mesas judiciales similares al de la Gestapo antisindical de miembros del gabinete de María Eugenia Vidal, pero no merecieron ningún comentario de las ONG tan íntimamente vinculadas al mundo PRO.

De todas formas, lo más lesivo del accionar de Fopea no son sus silencios sino la confusión deliberada entre la acusación de una senadora oficialista a Alconada Mon y los procesos judiciales que involucraron a Daniel Santoro en las supuestas tramas extorsivas del fiscal Carlos Stornelli, el fallecido Claudio Bonadio, el falso abogado Marcelo D’Alessio y otros personajes por el estilo. Desde que hace dos años se descubrió la triangulación —voluntaria o involuntaria— entre extorsionadores, Comodoro Py y páginas de Clarín e informes televisivos, Fopea y Adepa dedicaron buena parte de sus manifestaciones públicas a denunciar que estaba en riesgo la libertad de expresión. En la innecesaria defensa de Alconada Mon de esta semana, la primera ONG mencionó que se trata de “un nuevo intento de estigmatizar y criminalizar la actividad periodística”, como si fueran asuntos parecidos. Para uno y otro caso, los razonamientos y las palabras fueron los mismos.

Dos procesamientos de Santoro fueron revocados por cámaras federales por falta de mérito (corresponde seguir investigando) y en una de las causas ya fue sobreseído. Las comunicaciones con extorsionadores, las informaciones que resultaron falsas y las coincidencias periodístico-judiciales están descriptas en los expedientes para quien quiera evaluarlas. No cabe, desde ya, violentar la presunción de inocencia.

La generación de alboroto entre un ataque a la prensa libre, un intercambio altisonante en un ambiente político habitualmente árido y una investigación judicial sobre supuestos delitos cometidos en el marco del ejercicio profesional no hace más que deteriorar el debate sobre la libertad de expresión y desdibujar la función del periodismo. 

SL