PAMI identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados, ya que se detectó la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío y la más extendida es la sobrefacturación de anteojos. Según el informe al que accedió Infobae, los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros: “Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204”.

A esto se suman las “prestaciones fantasma”, consistentes en consultas y estudios nunca realizados, donde “hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico”.

El esquema también incluyó circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a los jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Los auditores relevaron casos donde se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes, llegando a detectar pagos de “hasta US$1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos”.

En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones, confirmándose un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica.

En Entre Ríos, la situación fue descrita por los auditores como una “facturación sin sustento médico real”, tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin dioptrías.

Estas maniobras, se enmarcan en un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, destacaron fuentes del Instituto.

Uno de los expedientes más avanzados radica en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas. El fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, las cuales “correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia”.

Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, lo que equivaldría a jornadas de hasta “108,7 horas diarias”.

Esta serie de auditorías comenzó bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir halló un déficit que ascendía a los 92.000 millones de pesos. Como contrapartida, la administración ya “recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios”, eliminando gran parte de la estructura jerárquica y centralizando la compra de insumos para evitar la cartelización.

El organismo implementó ahora controles más estrictos y monitoreos permanentes para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El supuesto empresario singapurense que fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei no existe. Esa fue la conclusión que este martes envió Interpol a la Justicia argentina, luego de que se constatara oficialmente que no hay ningún ciudadano en Singapur llamado Julian Peh, nombre con el que se presentó quien ingresó a la sede del Poder Ejecutivo y posó para una foto con el mandatario libertario.

La revelación, que fue confrmada a elDiarioAR por parte del entorno de Juan Grabois, abogado querellante en la causa en representación de afectados, da cuenta de que quien fue presentado como un inversor internacional utilizó una identidad falsa y, según fuentes de la causa, habría sido clave en la operatoria de la estafa denunciada en la causa conocida como $LIBRA. La foto con Milei, que se difundió como parte del respaldo gubernamental a supuestas inversiones en criptomonedas, fue el punto de partida de una trama que ahora tiene nuevos ribetes judiciales.

En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano, que encabeza la investigación, dio curso a una presentación de la querella de Grabois y ordenó avanzar sobre un aspecto central del expediente: el destino de los US$500.000 transferidos por Hayden Mark Davis luego de su encuentro con el Presidente. La hipótesis que se fortalece en tribunales es que esa transferencia fue parte de un esquema fraudulento.

Taiano instruyó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) para que realice un estudio de trazabilidad sobre las operaciones realizadas por Davis tras la reunión en Casa Rosada. El objetivo es claro: identificar a los verdaderos beneficiarios de los fondos que fueron canalizados a través de las plataformas Gate.io y Bitget, dos exchanges internacionales del mundo cripto.

En ese sentido, la resolución judicial apunta a determinar quiénes están detrás de esas sociedades receptoras de los fondos, y cuál fue su vínculo con el simulacro de empresario que accedió a la primera plana del Gobierno argentino. Las plataformas Bitget y Gate.io recibieron directamente la transferencia de medio millón de dólares, y ahora deberán ser auditadas por los expertos de Ufeci, tanto en sus estructuras jurídicas como en sus movimientos financieros.

El pedido de trazabilidad representa un giro en la investigación, que hasta ahora se había centrado en el carácter fraudulento de la empresa $LIBRA y su operatoria de promoción mediante figuras públicas y avales oficiales. Ahora, la Justicia pone el foco en el flujo financiero posterior al acto de respaldo presidencial, en busca de responsabilidades penales y eventuales encubrimientos.

La confirmación de la identidad falsa de Julian Peh no sólo complica aún más la situación legal de los implicados, sino que también profundiza los interrogantes sobre los controles institucionales en la Casa Rosada. ¿Cómo pudo ingresar una persona con nombre ficticio y salir con una foto junto al Presidente? ¿Quién gestionó ese acceso? ¿Y quiénes se beneficiaron con la operación?

El caso $LIBRA se transforma así en una caja de Pandora para el oficialismo, no solo por la eventual comisión de delitos económicos, sino también por la posible vulneración de protocolos de seguridad y legitimación institucional. La resolución de Taiano, con el impulso de la querella de Grabois, marca que la Justicia decidió avanzar sobre las ramificaciones económicas y políticas del caso.

El expediente ahora queda a la espera de los informes de la Unidad de Ciberdelincuencia, que deberán desentrañar la ruta del dinero para establecer quiénes se beneficiaron de una operatoria que, a esta altura, ya no puede desligarse del entorno del Presidente.

El mundo MAGA se está agrietando. Y el líder supremo, Donald Trump, sacó de la galera uno de los temas preferidos del trumpismo, las teorías de la conspiración sobre las elecciones que ganó Joe Biden en noviembre de 2020. Hasta tal punto decidió desenterrar la conspiranoia, que pidió un “fiscal especial” para investigar “el fraude total” de 2020.

Realmente, Trump no puede nombrar un fiscal especial directamente, sino que tiene que ser la fiscal general, Pam Bondi, miembro de su gabinete, y que seguro está dispuesta a acceder a las peticiones de su presidente, a pesar de que los diversos procesos judiciales abiertos tras las elecciones de 2020 no descubrieron ningún tipo de indicio de irregularidad.

Recientemente, el presidente de EE.UU. firmó una orden alineada también con las teorías de la conspiración para investigar lo firmado por Biden. Según el mundo MAGA, Biden estaba incapacitado y sus asesores gobernaban el país usando la lapicera del presidente demócrata.

“Cero cruces fronterizos durante el mes [de mayo] para Trump, frente a los 60.000 de Sleepy [lento], el corrupto Joe Biden, un hombre que perdió las elecciones presidenciales de 2020 por goleada”, dijo el presidente de EE.UU. en Truth Social: “Biden fue tremendamente incompetente, ¡y las elecciones de 2020 fueron un fraude total! Las pruebas son masivas y abrumadoras. Se debe nombrar un fiscal especial. ¡No se puede permitir que esto vuelva a suceder en los Estados Unidos de América! ¡Que comience el trabajo! ¡Lo que este hombre corrupto y sus amigos corruptos le hicieron a nuestro país en cuatro años es indescriptible!”

División MAGA

Lo cierto es que durante las últimas horas circularon varios vídeos de prominentes referentes del trumpismo MAGA, como Tucker Carlson y Steve Bannon, criticando el posible ataque a Irán: el presidente que llegó a la Casa Blanca como pacificador y merecedor del premio Nobel de la Paz agita tambores de guerra en uno de los peores avisperos del planeta: Oriente Próximo. Y toda esta quiebra en la base del trumpismo llega después de las tensiones en abril por los aranceles generalizados, la bronca pública con Elon Musk y la división por el proyecto de ley fiscal que dispara el déficit y la deuda al rebajar impuestos y aumentar el gasto en defensa y luchar contra la migración.

Ya en la campaña electoral, la división republicana tuvo mucho que ver con esa tensión entre los clásicos halcones republicanos representados en Liz Cheney, que hizo campaña por Kamala Harris, y los MAGA que llevan al extremo su aislacionismo que no es más que la ruptura –imperialista– con toda regla multilateral, como ocurrió hace un siglo al tumbar la entrada de EE.UU. en la Sociedad de Naciones impulsada por el presidente Woodrow Wilson.

Implicarse en lo que pasa en el mundo, incluso por la vía militar, al final genera obligaciones que los MAGA no quieren asumir.

Fruto de esa colisión en el trumpismo es el vídeo viral de una entrevista de Tucker Carlson al senador Ted Cruz, en la que el expresentador de la FOX pone en ridículo a Cruz al dejar en evidencia su ignorancia sobre el país que quiere bombardear.

Viajes interestelares, mutaciones humanas y civilizaciones alienígenas son solo algunos de los temas que, décadas atrás, mantenían hipnotizados a miles de televidentes frente a las pantallas en blanco y negro. La serie La Dimensión Desconocida (The Twilight Zone), con guiones que desbordaban de imaginación, no solo ofrecía entretenimiento, sino que, sin que lo percibiéramos del todo, nos enfrentaba a profundos dilemas morales.

Cuando algo se describe como que “parece ciencia ficción”, se lo ubica en el terreno de lo inverosímil o lo extraordinario. Este género no se limita a explorar el futuro: puede situarse en el pasado, el presente o en tiempos alternativos, ajenos a la realidad conocida. Sus escenarios son igualmente diversos: pueden ser mundos físicos, reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres, o incluso los laberintos internos de la mente. En cuanto a sus personajes, el espectro es igual de amplio: desde humanos con capacidades extraordinarias hasta entidades artificiales de apariencia humana —robots, androides, ciborgs— o criaturas completamente alejadas del patrón antropomórfico.

Desde la década de 1970, la rentabilidad de las finanzas en América Latina ha superado ampliamente a la de cualquier otra actividad económica, salvo la explotación de recursos naturales o la prestación de servicios públicos en condiciones monopólicas. A medida que el sector financiero avanzó, la tasa de inversión real se redujo y, después de 1980, nunca volvió a alcanzar los niveles de las décadas de 1960 y 1970 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL). La evidencia basada en cuentas nacionales muestra que, entre 1980 y 2007, el sector financiero en los países en desarrollo creció a un ritmo anual promedio del 9,5%, mientras que el resto de la economía lo hizo a sólo un 3,6%. ¿De qué hablamos? De un modelo en el que las finanzas capturan una porción cada vez mayor de la riqueza.

Sin embargo, hablar de finanzas no deja de ser una enorme generalización. El ámbito de las finanzas incluye, por ejemplo, la actividad bancaria, básicamente captar depósitos de dinero para luego prestarlos. Hoy nadie podría poner en dudas la imposibilidad de desarrollar una economía sin crédito. Un empresario con posibilidades de hacer crecer su negocio por haber tenido la capacidad de desarrollar una oferta aceptada por el mercado debería poder acceder al sistema financiero para conseguir el capital necesario para apalancar dicho crecimiento. Y, a renglón seguido, su negocio debería darle una rentabilidad suficiente como para cancelar su deuda y capitalizar una ganancia. Sin este mecanismo, el crecimiento consolidado de la economía se hace muy esquivo.

El concepto “finanzas” también abarca un vasto universo de instrumentos como bonos, acciones, títulos, letras y obligaciones, entre otros. Estos activos pueden comprarse, venderse, alquilarse, intercambiarse o securitizarse dentro del mercado. La lógica subyacente a estas operaciones es similar a la de la actividad bancaria: cada una de estas especies representa una contrapartida de capital que, en su origen, fue destinado a la economía real. En algún momento, la acción que hoy se negocia en el mercado significó un ingreso de fondos para una empresa, del mismo modo que una obligación negociable representó financiamiento directo para una organización.

Esas “finanzas” también incluyen el mercado secundario, un actor clave dentro del sistema financiero que permite la compraventa de estos activos entre inversores. A diferencia del mercado primario, donde la emisión de bonos, acciones u obligaciones canaliza fondos directamente hacia empresas o el sector público, en el mercado secundario el dinero cambia de manos sin generar nuevo financiamiento productivo. No obstante, su existencia cumple un rol fundamental al aportar liquidez y facilitar la formación de precios, asegurando que quienes invierten en el mercado primario puedan recuperar su capital si así lo desean.

Con el tiempo, sin embargo, este espacio ha cobrado vida propia, desarrollando dinámicas que pueden alejarse de su función original y dando lugar a mecanismos especulativos como el trading algorítmico o la titularización masiva de activos. En algunos casos, esta desconexión ha sido tan extrema que derivó en burbujas y fraudes financieros, como el derrumbe del mercado de hipotecas subprime en 2008 cuando instrumentos complejos sin respaldo tangible colapsaron y arrastraron a toda la economía. Es aquí donde el rol de instituciones regulatorias como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) resulta determinante para que estos mercados funcionen como dinamizadores de la economía y no como trampas que degluten el ahorro de miles de inversores y ahorristas. Sin regulación, todos quedan expuestos a maniobras fraudulentas, asimetrías de información y especulación descontrolada, convirtiendo lo que debería ser un mecanismo de financiamiento eficiente en un escenario de riesgo e incertidumbre extrema.

Las Shitcoins, a diferencia de otros activos financieros tradicionales, no representan una forma de capital productivo ni cumplen una función económica. Son, en esencia, el simulacro de un activo: monedas digitales sin respaldo, emitidas sin regulación y basadas en la promesa de rentabilidad puramente especulativa. Mientras que la titulización extrema ya había logrado el despegue de las finanzas de la economía real, las Shitcoins llevan la desconexión al máximo, al eliminar cualquier vínculo con la inversión o la producción. Su valor no se sostiene en una empresa, en una deuda contraída o en un flujo de ingresos, sino en la simple expectativa de que otro comprador estará dispuesto a pagar más. En este sentido, no sólo no son finanzas, sino que son la parodia de las finanzas: un delirio algorítmico que imita la estructura de los mercados sin aportar nada a la economía.

El caso de $LIBRA es una ilustración perfecta de este delirio algorítmico. Para que una Shitcoin funcione no basta con su mera existencia digital, necesita una figura visible que lo convalide, alguien que le otorgue una apariencia de legitimidad y arrastre seguidores dispuestos a apostar en él. En este sentido, la promoción del presidente Javier Milei no representó un respaldo económico real, sino la construcción de un espejismo especulativo. Bajo el discurso de la libertad financiera y la desregulación total, su apoyo no hizo más que inflar artificialmente el entusiasmo alrededor de un activo sin utilidad ni respaldo, asegurando que el esquema pudiera captar dinero antes de desmoronarse. El único valor generado fue para los organizadores del proyecto, quienes capitalizaron el fervor político y la confianza ciega en el líder para alimentar un mercado puramente especulativo. Como toda Shitcoin, $LIBRA no fue una innovación financiera, sino una burbuja inflada por la propaganda ideológica, destinada a explotar en manos de quienes creyeron en ella.

Si algo caracteriza a la ciencia ficción es su capacidad para explorar futuros posibles, a menudo desbordando los límites de la lógica económica y social. Pero incluso en sus tramas más disparatadas, el género mantiene una estructura de verosimilitud que permite que el lector o espectador suspenda su incredulidad. Las Shit Coins, en cambio, no aspiran ni siquiera a eso: son la encarnación de un sistema que ha sustituido el sentido común por la especulación sin fin. Como en un episodio de La Dimensión Desconocida, los inversores entran a un universo paralelo donde el valor se genera de la nada, pero a diferencia de la ficción, aquí no hay un guion que garantice un desenlace racional. Y si en la ciencia ficción clásica la historia suele estar protagonizada por robots, androides o criaturas de otros mundos, en este caso el relato estuvo a cargo de figuras, en apariencia, completamente antropomórficas que revestidos de modernidad y discursos libertarios, no hicieron más que interpretar su papel en un fraude perfectamente terrenal.

MS/MF

En un operativo realizado por Edenor, se detectaron 20 conexiones eléctricas clandestinas en un edificio de categoría ubicado en el barrio de Las Cañitas, Ciudad de Buenos Aires.

Según informó la empresa, las instalaciones habían sido manipuladas para evitar que los medidores registraran el consumo real de energía.

“Durante una inspección de rutina, nuestro equipo encontró las irregularidades en la sala de medidores. Las instalaciones fueron modificadas para que el medidor no reflejara la cantidad de energía utilizada”, detallaron voceros de la compañía eléctrica.

Lo que llamó la atención de las autoridades fue que algunas de las propiedades involucradas en estas irregularidades se encontraban alquiladas de manera temporal a turistas a través de plataformas como Airbnb.

Tras el hallazgo, la empresa procedió a retirar las conexiones ilegales en un operativo realizado con el acompañamiento de fuerzas policiales. Además, la justicia penal intervino en el caso, que quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6.

Edenor intimó a los propietarios de las unidades a abonar una suma de 7,3 millones millones de pesos, que incluye penalidades por 30.132 kWh no registrados. “Estas conexiones ilegales no solo constituyen un robo, sino que representan un grave riesgo de electrocución y aumentan las probabilidades de incendios y cortocircuitos”, advirtió la empresa.

La distribuidora recordó que la normativa vigente le permite exigir el pago retroactivo de hasta cuatro años por el consumo no registrado, aplicando recargos del 40%, multas y punitorios adicionales. Este tipo de operativos busca combatir el fraude eléctrico y garantizar la seguridad de las instalaciones.

DM

El secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, remarcó este viernes que “es imposible” la alteración de datos una vez finalizado el proceso electoral del domingo por toda la serie de controles establecidos por la ley.

“Es imposible alterar los votos una vez cerrado el proceso electoral. En nuestro país afortunadamente es imposible”, dijo Schimmel en declaraciones a radio CNN, al referirse a las garantías sobre el “acta de escrutinio”, instancia en la que participan las autoridades de la mesa y los fiscales, y el posterior “control de la trazabilidad de la urna que tiene todo un seguimiento hasta llegar a las juntas electorales de cada provincia”.

Además, el funcionario judicial aclaró que el escrutinio provisorio que se realiza el domingo “no tiene validez” legal sino que es informativo, y puso de relieve que el “escrutinio definitivo” y legal es el que realiza cada una de las juntas electorales de los 24 distritos del país, que comienza 48 horas después del comicio.

“Esto tiene una garantía porque se descentraliza la tarea, es decir no va a estar a cargo de la Cámara Nacional Electoral sino de cada una de las Juntas integradas por tres jueces y todo fiscalizado por los partidos políticos”, reafirmó.

“En el escrutinio del domingo vamos a tener un resultado que no va a tener validez” legal, sostuvo, y señaló que el definitivo “empieza 48 horas después”, lapso que el Código Electoral prevé para que las agrupaciones políticas “puedan plantear impugnaciones” si lo consideran necesario.

Por eso, indicó que el escrutinio final y legal se iniciará 48 horas después del balotaje del domingo y explicó que demorará “de acuerdo con la cantidad de mesas en cada distrito”.

“Hay provincias, como la de Buenos Aires, en la que hay 38 mil mesas, por lo que va a demorar más tiempo”, enfatizó.

Ante la consulta de una estimación, Schimmel dijo que podría llevar “5 ó 6 días” si todo está normal, pero agregó que “si hay que abrir urnas se van sumando días y pueden ser un unos 10 o 12 días si hay incidencias”.

Por último, Schimmel recordó que esta elección se hace a “40 años de la democracia” recuperada y pidió a todos los ciudadanos “ir a votar en paz” y, si pueden, “ir con la boleta desde casa”.

El apoderado de La Libertad Avanza se presentó en Tribunales para brindar precisiones por denuncias

El abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza (LLA), se presentó este viernes como testigo ante la fiscalía federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, convocado para brindar precisiones y documentación relativa a sus advertencias sobre posible fraude en las elecciones de octubre pasado.

Viola arribó poco antes de las 11 al quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, sede de la fiscalía a cargo de Ramiro González, e ingresó a prestar declaración, en tanto no se presentará la hermana del candidato Javier Milei, Karina Milei, quien también había sido convocada, informaron fuentes judiciales.

Karina Milei participó ayer del acto de cierre de campaña en Córdoba y regresaba esta mañana desde esa provincia, por lo cual no alcanzó a concurrir a Tribunales, aunque fuentes de esa fuerza explicaron que Viola dará las explicaciones por ambos.

El apoderado no presentará ningún escrito en la fiscalía y expresará la “preocupación” de la LLA en virtud del balotaje del próximo domingo y su intención de que se tomen “la mayor cantidad de recaudos posibles”, explicaron fuentes de la fuerza.

Viola presentó ayer un escrito ante la Cámara Nacional Electoral en el cual pidió “que se refuercen y extremen los controles en los pasos fronterizos” el día del balotaje y en “los días previos y posteriores”, según el texto al que tuvo acceso Télam

El apoderado de la fuerza de Milei requirió también “que se identifique grupos de personas que se trasladen con boletas de cualquiera de las alianzas participantes” y/o “con elementos de propaganda política” para “preservar la legalidad y transparencia del acto electoral”.

Ayer la jueza federal con competencia electoral en CABA María Servini aclaró a La Libertad Avanza (LLA) que ya está permitido por la legislación vigente que los partidos custodien las urnas desde que termina la jornada de votación hasta que son recibidas por la junta electoral, tal como sucede en todas las elecciones.

La aclaración de la jueza llegó en respuesta a un pedido presentado el miércoles por Milei y Viola, quienes argumentaron que, en las elecciones del 22 de octubre pasado, “personas en redes sociales” informaron “irregularidades” que podrían ser calificadas como fraudulentas.

En el texto, LLA solicitó a la Justicia “participar en todo el trámite, ejercer el control y la custodia de las urnas y documentación” del proceso electoral del balotaje del domingo próximo y cuestionó el accionar de la Gendarmería al tiempo que pidió que el trabajo que realiza habitualmente esa fuerza en los comicios sea tomado por la Fuerza Aérea y la Armada.

La respuesta judicial fue que los hechos informados -ya que no se trata de una denuncia formal sino de cuestiones que se hacen saber a la justicia- fueron “puestos en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de los distritos electorales” y que los fiscales “podrán participar de la tarea de custodia” solicitada de las urnas así como del posterior proceso de documentación, tal como lo estipula la ley.

Ante pedido de LLA, Servini respondió que ya está permitido por la ley que se custodien las urnas

La justicia electoral aclaró a La Libertad Avanza (LLA) que ya está permitido por la legislación que los partidos vigilen y custodien las urnas desde que termina la jornada de votación hasta que son recibidas por la junta electoral, tal como sucede en todas las elecciones, en el marco del balotaje que se disputará el próximo domingo.

“Respecto del accionar de las fuerzas armadas y de seguridad federales que participan del comicios, toda vez que las tareas de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad se encuentran a cargo del Comando General Electoral en cabeza del Ejército Argentino conforme a las atribuciones establecidas en el Decreto 238/2023, póngase en conocimiento del Comandante General de las circunstancias advertidas”, añade la resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 1 a cargo de Servini.

La presentación de LLA consta de cuatro páginas en las que “se hace saber” al juzgado a cargo de Servini que es necesario prestar atención “en determinados momentos en los que podría configurarse fraude”, dice el texto y cita: “En la mesa electoral, en ciertos casos faltan fiscales controladores y el aparato oficial coloca algunas boletas de más de su partido o suprime la de sus rivales”.

Añade que “en algunos ámbitos” los “integrantes de cada mesa al cierre de los comicios (a las 18) y realizado el escrutinio correspondiente, entregan la documentación pertinente (acta, certificado y telegrama de escrutinio) y las urnas a las fuerzas de seguridad y se retiran a sus domicilios considerando su misión cumplida y nunca más tienen contacto con la documentación y las urnas que entregaron firmadas”.

“Aquí aparece la Gendarmería en ese momento, durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante, y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”, agrega.

Y acusan también a los “jefes regionales” que intervendrían en la misma maniobra lo que se haría a cambio de alguna “contraprestación”, suman al escrito.

Con información de agencias.

IG

La fundación Poder Ciudadano destacó este jueves “la seguridad del sistema de control cruzado” en el escrutinio de las elecciones que se realizan en el país y remarcó que “hay muchos ojos sobre” el procedimiento, lo que garantiza “la transparencia” del proceso.

“¿Por qué es seguro el procedimiento? Porque hay muchos ojos sobre él. Porque en la base misma del procedimiento democrático están la transparencia y el control cruzado de todas las partes interesadas. Por eso se llama democracia”, destacó la ONG en un hilo en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter) publicado en las últimas horas.

En ese hilo, la organización busca despejar “dudas sobre el escrutinio y la seguridad del sistema de control cruzado”, y graficó “cómo funciona el sistema de conteo de votos en nuestro país”.

En ese marco, Poder Ciudadano resaltó que “las autoridades de mesa y los/as fiscales son fundamentales en todo el proceso electoral”, ya que “están presentes en el armado de la urna, el cuarto oscuro y la mesa de votación”.

“Tanto Autoridades de mesa como Fiscales tienen un padrón para verificar la identidad de cada votante cuando se acercan a emitir su voto. Los y las fiscales, a su vez, tienen la posibilidad de firmar los sobres junto al Presidente/a de Mesa, y, especialmente, están presentes en la apertura de la urna a la hora de contar los sufragios”, se explicó.

Afirmaron además que “su rol es fundamental, controlando el conteo que está en manos de la autoridad de mesa”.

“Los y las fiscales partidarios firman el acta con los resultados avalando que el trabajo fue bien realizado y se llevan una copia de los datos del acta en un instrumento que se llama certificado de escrutinio. Ese certificado será la base del control posterior”, continuó la explicación.

Remarcaron que “al mismo tiempo, se genera un telegrama con la misma información, que se envía al Centro de Cómputos para generar, el domingo por la noche, un resultado provisorio” y aclararon que este resultado es “meramente informativo y no tiene ningún valor legal”

“Sólo sirve para que la gente conozca el resultado, pero será en el próximo paso donde se dará la legalidad a los resultados finales”, destacaron.

Luego, 48 horas después de la elección, se realiza el escrutinio definitivo, que es el único que tiene validez legal, del que participan la junta electoral y los fiscales de los partidos y que “se genera a través del acta que se confeccionó en cada mesa electoral con presencia de los fiscales de los partidos”.

“El acta que es con la que se cuentan los votos en la justicia y puede ser contrastada con el certificado que se llevaron los partidos políticos, dando total confiabilidad a los resultados finales. En caso de diferencias, los partidos políticos pueden pedir un análisis especial de esa Mesa y la Justicia tomará las medidas necesarias establecida por Ley”, explicaron desde Poder Ciudadano.

Y agregaron: “Como puede verse, el procedimiento es seguro porque participan de él las autoridades de Mesa, fiscales partidarios y la Justicia Electoral. Y en esta parte del proceso, que es la que tiene valor legal, NO participa el Poder Ejecutivo”.

“¿Por qué es seguro el procedimiento? Porque hay muchos ojos sobre él. Porque en la base misma del procedimiento democrático están la transparencia y el control cruzado de todas las partes interesadas. Por eso se llama democracia”, concluyó el hilo en X.

Con información de agencias.

IG

“Trampa” y “fraude”. Con esas dos palabras, la jefa de campaña de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el apoderado del Santiago Viola, enviaron un escrito a la jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría. En ese documento detallan un “paso a paso” en el que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales y a cambio de dinero. Sin embargo, las actas de escrutinio van en un bolsín precintado y las urnas salen fajadas de los lugares de votación, y en todo ese proceso interviene el Correo Argentino. La Gendarmería sólo custodia el traslado.

LLA asegura que una vez cerradas las mesas de votación, a las 18, la Gendarmería “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican (el resultado) en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”. Afirman que actuarían en complicidad con los jefes regionales. Las denuncias que habría recibido LLA por este delito son anónimas. En el documento hablan de “una contraprestación de parte de los instigadores a quienes realicen esas prácticas”.

Es preciso aclarar que las actas no van dentro de la urna sino en un bolsín que el Correo Argentino sella delante del presidente de mesa. En ese bolsín va el padrón, el acta de escrutinio, los votos recurridos e impugnados y las actas complementarias. El precinto es inviolable. Por otro lado, en la urna va un certificado del escrutinio que lleva la firma de las autoridades de mesa, además de los sobres y boletas con votos válidos. Esa urna se cierra con una faja que cubre la ranura. La Gendarmería solo custodia, pero no toca los bolsines ni la urna. Además, el suplente asignado a la mesa tiene una copia del acta original, con lo cual el acta tiene con qué chequearse.

Según LLA, estas irregularidades se dieron en mesas porteñas, en la Provincia de Buenos Aires, en Chaco, Tucumán (“las provincias más beneficiadas por el planes sociales”, consignan, de paso, en el documento), Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y “seguramente en otras dos provincias”.

El partido liderado por Javier Milei pide a la Justicia Electoral que refuerce los controles. Aseguran que “el transporte al centro de cómputos se realiza con la documentación y urnas falsificadas sin control de las autoridades y fiscales de mesa que no los acompañan”. Y ofrecen a sus fiscales para que custodien las urnas hasta el centro de cómputos. Solicitan, además, que una vez que las urnas y los bolsines lleguen a las oficinas de correo, las habitaciones se “sellen” en presencia de los fiscales. Es decir: que se bloquen puertas y ventanas, “y cualquier otra abertura”. “Los fiscales podrán custodiar las puertas todo el tiempo que las urnas permanezcan en él”, suman. Algo más: quieren la intervención de la Fuerza Área Argentina y las Fuerzas Armadas. Decidirá Servini de Cubría.

VDM/DTC

Los legisladores se habían reunido en el Capitolio para certificar el triunfo que consagraría a la presidencia a Joe Biden cuando irrumpió una horda de adherentes del derrotado Donald Trump. La ocupación se conoció como “Toma del Capitolio” y no fue hace mucho tiempo: el 6 de enero de 2021, menos de tres años. La turba llegó al Congreso de los Estados Unidos alentada por el expresidente, que había convocado a sus partidarios a “caminar al Capitolio”. Fue el remate de una serie de denuncias de parte del empresario por un supuesto fraude electoral que lo dejaba afuera del cargo. En esa revuelta no sólo hubo caos institucional, hubo muertos: cuatro, entre ellos un policía y una manifestante. Dos años y 64 causas judiciales después, Trump no pudo acreditar sus denuncias.

Javier Milei no se atreve a pronunciar la palabra “fraude”. No lo hizo en ninguna de las entrevistas televisivas que aceptó dar desde que obtuvo el pase al balotaje, hace veinte días. Se remilga el candidato: respira hondo, entrecierra los ojos y habla de “irregularidades”. La última vez fue con Jaime Bayly, tres días atrás: “Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado”, dijo respecto del 22-O. Dejó flotando Milei, además, la idea de que la entidad a cargo del recuento de votos, la Cámara Nacional Electoral, “está influenciada por el poder político”. Adelantó que “no podría aceptar” un resultado desfavorable en el balotaje, previsto para el 19 de noviembre, porque no confía en el sistema de escrutinio. Lo de La Libertad Avanza no es original.

Denunciar fraudes en redes y sin pruebas: una trampa que ya se hizo

Como sucedió en los Estados Unidos con Donald Trump, Jair Bolsonaro en Brasil, y Vox, en España, también echaron mano a esa trampa. En octubre del año pasado, Brasil eligió presidente para el período 2023-2026. Hubo balotaje entre Jair Bolsonaro -en ese entonces Presidente- y su antecesor, Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien resultó vencedor por el 50,90% de los votos contra el 49,10%. La votación, como todas desde hace 26 años, se realizó en ese país mediante urnas electrónicas.

Sin prueba alguna, días después circularon posteos en redes que indicaban que las máquinas habían sido hackeadas “alterando los resultados”. Imposible: la urna electrónica no puede ser hackeada porque no tienen conexión remota de ningún tipo. Pero las fakes viralizadas alcanzaron para sembrar la duda. Bolsonaro nunca reconoció la derrota electoral a manos de Lula da Silva y se lo señala como artífice del intento de golpe de estado que se desarrolló en Brasil en enero.

Pasó lo mismo en España y también en las redes sociales. Con una salvedad: la sospecha sobre la eficiencia del escrutinio se plantó antes del día fijado para las elecciones. En julio y en elecciones anticipadas, hubo “denuncias virtuales” sobre el voto por correo y fraude electoral que ponían en duda los resultados antes (incluso) de que se contaran los votos. Esas afirmaciones fueron amplificadas por partidarios del Partido Popular, de centroderecha, y de la ultraderecha Vox. Aquí, en Argentina, dos días antes del domingo de las generales, Milei plantó la sospecha de fraude. Fue durante una entrevista con Crónica TV.

Aquella declaración televisiva hizo que el fiscal con competencia electoral, Ramiro González, cite al apoderado del partido, Santiago Viola, para que aporte información, haga la denuncia formal o rectifique lo que dijo el candidato. Ahí fue Viola a hablar con el fiscal. elDiarioAR pudo saber que Viola habló de la experiencia que tuvieron en las PASO. Dijo que hubo “robo de boletas en varias escuelas”, que hay “varios videos y fotos que circulan en redes” y que se comprometía a enviar ese material para adjuntar a la investigación. También dijo que le contaron que cuando un votante reclamaba que faltaban boletas, se le indicaba “que votara a otra fuerza”. “Vieron diferencias entre algunas actas presentadas por nuestros fiscales y los datos que fueron transferidos a la junta electoral del distrito correspondiente”, agregó.

Milei: un discurso para la cámara y otro para sus votantes

Hubo un discurso, televisado, casi en cadena nacional, que se transmitió desde el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador. En ese, Milei admitía el segundo puesto y se acercaba a Juntos por el Cambio. Pero hubo otro discurso esa misma noche de las generales. Milei salió a hablarle a su militancia. De pie en el escenario, frente a las banderas que llevaban su nombre, el candidato dijo: “Piensen que hubo 5 mil denuncias de fraude. Nos afanaron las boletas en 5 mil mesas”.

Hasta ahora, La Libertad Avanza no hizo ninguna denuncia en la Justicia. Pero a esa altura de la noche, cuando estaba en proceso el recuento provisorio, en redes sociales ya circulaba la idea -falsa- de un fraude. Instalar la sospecha fue un movimiento en tres tiempos. Arrancó en el canal de streaming Break Point, que transmitió desde el búnker de LLA, con un llamado a la militancia de parte de Eugenia Rolón -la CM que administra algunas redes sociales de Milei-, quien pidió hacer “tendencia en twitter 'Fraude'”. Los diputados electos Lilia Lemoine y Agustín Romo, el legislador Nahuel Sotelo y el ex candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra, replicaron la idea en sus redes sociales. Se acoplaron influencers que adhieren al espacio y referentes del partido. Y por último, Javier Milei reposteó. Esa acción, coordinada y poco orgánica (a esta altura) se trasladó y amplió a otras plataformas como TikTok e Instagram. Fue suficiente para sembrar la duda sobre la legitimidad del proceso electoral. Así lo reconstruyó la ONG Contextual.

Fernando Cerimedo es una asesor con llegada directa a Milei y con verdadera incidencia en la campaña. Este consultor construyó su carrera sobre campañas de desinformación en favor de la ultraderecha en la región. Primero, jugó en contra de la constitución de Gabriel Boric en Chile y después intervino en la campaña por la reelección de Jair Bolsonaro, en Brasil, que hasta le costó una sanción de la justicia. El asesor pretende convertirse en referente para la derecha sudamericana luego de difundir mensajes basados en mentiras también en Argentina. Cerimedo desmintió a elDiarioAR que Roger Stone, estratega de la campaña de Trump, esta colaborando con Milei en su carrera a la presidencia.

La jefa de campaña es El Jefe, Karina, hermana del libertario. Esta semana Karina estuvo en el centro de las “fotos oficiales”. En el subsuelo del Hotel Libertador, sentada a la cabecera de la mesa, junto a Nicolás Posse, jefe de los equipos técnicos de Milei; Guillermo Francos, ministro del Interior en un eventual Gobierno; Sebastián Pareja, senador electo y armador bonaerense; y Guillermo Ferraro, coordinador del equipo de fiscalización, El Jefe dirigió un encuentro para analizar el estado de situación de “la campaña paralela”: la de reclutar fiscales. Por estos días, mientras Milei concentra para el debate de mañana, en La Libertad Avanza la única preocupación es cómo fortalecer su punto débil: lograr 200 mil veedores lo suficientemente leales que custodien las mesas en el balotaje.

VDM/MG

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza no dice “fraude” pero sí ha señalado en diferentes entrevistas televisivas que “hubo irregularidades groseras”. Lo hizo los días posteriores a las PASO y lo repitió dos días antes de las generales, también en televisión. Pero “fraude” es la palabra que instaló la militancia digital, apalancada por referentes duros del espacio liberal-libertario. El día siguiente a los comicios del 22 de octubre, legisladores electos, influencers y votantes agitaron en redes sociales que había diferencias entre el conteo registrado en el telegrama de unas 600 mesas y los datos cargados en el sistema. Lo cierto es que La Libertad Avanza no lo denunció en la Cámara Nacional Electoral dentro de la ventana de 48 horas que corren entre el cierre de mesas electorales y el comienzo de escrutinio definitivo. Tampoco radicó la denuncia formal en la Justicia: la fiscalía con competencia electoral aseguró a elDiarioAR que “no hubo presentaciones” en la última semana. ¿Fraude? Un berrinche de redes.

La Justicia Electoral terminó el escrutinio definitivo de 11 millones de votos que corresponden a 18 de 24 provincias: el 40% del total de electores. No hay, por el momento, diferencias marcadas con los resultados provisorios. La fórmula presidencial de Unión por la Patria -Sergio Massa y Agustín Rossi- aumentó levemente su caudal de votos respecto del recuento provisorio: subió 0,09% y sumó 79.689 votos. El binomio Javier Milei - Victoria Villarruel, por La Libertad Avanza, aumentó 0,01%, es decir, 66.443. Juntos por el Cambio, fuera del balotaje, cayó 0,07%. Aún no se han difundido los datos de Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis y Tucumán. Con el escrutinio definitivo en proceso, y que ofrece resultados casi idénticos que los provisorios, se desvanece la sospecha de que hubo “irregularidades”.

Una “acción coordinada” para instalar el hashtag #HuboFraude

Pero en este escenario hay algo, al menos, curioso: el mismo domingo de las generales, cuando aún no se habían difundido los “boca de urna” y mientras se rumoreaba en el búnker de La Libertad Avanza que el resultado les era desventajoso, en X-Twitter se instaló el hashtag #HuboFraude. Un informe de la ONG Contextual alertó sobre la “acción coordinada” por usuarios cercanos a LLA y referentes de ese partido, que agitaron las versiones de un supuesto fraude. Contextual es una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe (IDDLAC) que trabaja en temas de desinformación y narrativas antidemocráticas en contextos políticos y electorales. La ONG advierte sobre las “operaciones similares ocurridas” en comicios llevados a cabo en España y Brasil, donde también participó la ultraderecha.

“Durante el desarrollo de los comicios, se observó que la palabra fraude estaba más asociada con la disponibilidad de boletas en las urnas o con los telegramas en el escrutinio provisorio. Después de la jornada electoral vimos en las diferentes plataformas que la palabra fraude mostraba una mayor relevancia y había un comportamiento que se veía entre actores que parecía coordinado. Ahora ese término se está relacionando con las posibles diferencias entre los telegramas y el escrutinio definitivo”, explicó Andrés Piazza, director de Contextual, a Télam.

Son tres tiempos que tuvieron un principio. Arrancó en el canal de streaming Break Point, que transmitió desde el búnker de LLA, con un llamado a la militancia de parte de Eugenia Rolón -la CM que administra algunas redes sociales de Milei-, quien pidió hacer “tendencia en twitter 'Fraude'”. Los diputados electos Lilia Lemoine y Agustín Romo, el legislador Nahuel Sotelo y el ex candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra, replicaron la idea en sus redes sociales. Se acoplaron influencers que adhieren al espacio y referentes del partido. Y por último, Javier Milei reposteó. Esa acción, coordinada y poco órganica (a esta altura) se trasladó y amplió a otras plataformas como TikTok e Instagram. Fue suficiente para sembrar la duda sobre la legitimidad del proceso electoral.

“Están agitando un fraude con un papel que no sirve, el telegrama”

El recuento provisorio se hace el día de la elección una vez cerradas las mesas electorales para que la ciudadanía tenga un adelanto de los resultados. La referencia para ese primer conteo son los telegramas. LLA tuvo 48 horas para radicar las denuncias en la Cámara Nacional Electoral -la única con validez- por fraude, la ventana de tiempo entre que empieza el recuento provisorio y el definitivo. “No hubo ninguna denuncia por fraude ni de LLA ni de ningún partido”, aclaran a elDiarioAR desde la Cámara Nacional Electoral (CNE). Otra fuente de la CNE agregó: “Están agitando un fraude con un papel que no sirve, el telegrama”.

Los telegramas se usan para el recuento provisorio. Los errores en el telegrama o los errores de carga en el sistema pueden suceder y se “salvan” en el recuento definitivo. Los días posteriores a las generales se viralizaron fotos y videos “denunciando” diferencias entre telegramas y sistema. Un caso, “denunciado” en X: mesa 2087, Mendoza; el telegrama indica que LLA obtuvo 21 votos; en el recuento definitivo, que es el que vale, corrigieron el error y adjudicaron en el sistema la cantidad que corresponde, 121. La autoridad de mesa, que tiene bajo su responsabilidad completar el acta, puede equivocarse. Para eso existe el conteo en segunda instancia. ¿Pero quién puede parar un viral?

Se presentó a la Justicia el apoderado de La Libertad Avanza

Santiago Viola, apoderado del partido La Libertad Avanza, fue citado por Ramiro González, fiscal con competencia electoral. El fiscal actúa de oficio. Lo hizo cuando LLA fue denunciada por supuesta venta de cargos días antes de las elecciones. Esa investigación sigue en curso. Pero esta vez, a Viola lo llamaron para que aclare qué quiso decir Milei en el canal Crónica HD, cuando lo entrevistó Chiche Gelblung. En esa nota, el candidato sugirió “la posibilidad de que le hagan fraude en las elecciones generales del 22 de octubre de 2023”.

El 20 de octubre, dos días antes de las generales, Viola entró en la fiscalía de González. elDiarioAR pudo saber que Viola habló de la experiencia que tuvieron en las PASO. Dijo que hubo “robo de boletas en varias escuelas”, que hay “varios video y fotos que circulan en redes” y que se comprometía a enviar ese material para adjuntar a la investigación. También dijo que le contaron que cuando un votante reclamaba que faltaban boletas, se le indicaba “que votara a otra fuerza”. Agregó que “vieron diferencias entre algunas actas presentadas por nuestros fiscales y los datos que fueron transferidos a la junta electoral del distrito correspondiente”.

LLA pide “más control” en el balotaje

Sin diferencias sustanciales entre el recuento provisorio y los registros que se tienen hasta ahora en el definitivo, y sin haber hecho denuncia alguna por supuesto fraude en la Justicia Electoral, el partido de Milei pidió ayer a la Dirección Nacional Electoral (DINE) multiplicar los controles y “garantizar una mejor fiscalización de todo el proceso electoral”.

Solicitan, por ejemplo, acceder al seguimiento por GPS de los camiones que trasladan las urnas de los colegios hacia los juzgados para el escrutinio definitivo, y de los vehículos que trasladan los telegramas desde las escuelas donde no hay kit de trasmisión hasta las sucursales electorales digitales (SED) donde sus fiscales de trasmisión verifican el proceso. Quieren aumentar de 10 a 300 la cantidad de fiscales informáticos para supervisar en tiempo real la carga de telegramas. Por lo pronto, solos lo telegramas que presentan más votos que los totales pasan a incidencia. LLA pide, en ese sentido, que cambie el criterio para que todos los que tengan diferencias pasen a incidencias.

VDM/MG

Circulan en redes sociales mensajes que muestran inconsistencias entre las actas de escrutinio de las elecciones generales del 22 de octubre de 2023 y el resultado provisorio informado en la web oficial, y se afirma que eso prueba la existencia de un supuesto fraude en favor del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. 

Sin embargo, este tipo de errores no implican necesariamente que haya habido fraude en la elección y cualquier inconsistencia en los datos cargados en el escrutinio provisorio se puede subsanar en el conteo definitivo, que se realiza con un documento diferente que es el único que tiene validez legal. 

Además, Reverso -alianza que Chequeado coordina junto con AFP- pudo determinar, en base al análisis de los datos completos del escrutinio provisorio, que las inconsistencias afectaron por igual a los 3 candidatos más votados : Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich.

Qué dicen los mensajes

Los mensajes circulan en X (antes Twitter), TikTok, Instagram, Facebook y también llegaron al WhatsApp de Reverso (11-23425734) para su verificación 

Los videos que acompañan los mensajes muestran los resultados provisorios de algunas mesas, en las que el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, no obtuvo votos. En algunos casos, se compara esta información con los certificados de escrutinio aportados por los fiscales, en los que se aprecia que el postulante sí fue votado. Los usuarios aseguran que estos hechos demuestran que se cometió fraude en las últimas elecciones. 

En X, este tipo de mensajes obtuvo más de 37 mil republicaciones y 97 mil “Me Gusta” (ver acá, acá y acá), mientras que en TikTok los videos lograron más de 1 millón de reproducciones (ver acá, acá y acá). También circularon este tipo de imágenes en Instagram, Facebook y a través de WhatsApp. 

El periodista Luis Gasulla afirmó en el programa “La Cornisa”, que se emite por La Nación+, y en su cuenta de X que se identificaron 1.700 mesas “con 0 votos a la oposición y 100% de votos al oficialismo”, y habló de “urnas infladas y microfraude”. 

7 mil mesas con 0 votos para al menos uno de los candidatos

Si bien en los mensajes virales se afirma que las inconsistencias entre los telegramas y las actas de escrutinio son indicios de fraude electoral y que el principal perjudicado fue Milei, el candidato de la Libertad Avanza no es el único que registró 0 votos en algunas mesas. Ni siquiera fue el más afectado por esta presunta irregularidad. 

De acuerdo con un análisis realizado por Reverso en base a los datos del escrutinio provisorio publicados por la Dirección Nacional Electoral, en 7.061 mesas hubo al menos una fuerza política que registró 0 votos. De ese total, en 1.568 ninguno de los 5 candidatos registró votos: es decir, el error afectó a todos por igual. 

En tanto, la fuerza política que registró más mesas sin votos fue el Frente de Izquierda y de Trabajadores (que llevaba como candidata a presidenta a Myriam Bregman), con 6.611. En segundo lugar, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) tuvo 0 votos en 2.406 mesas. 

Las 3 principales fuerzas políticas tienen casi el mismo número de mesas sin votos: Juntos por el Cambio (1.675), La Libertad Avanza (1.669) y Unión por la Patria (1.652). Se trata del 1,5% de las poco más de 108 mil mesas en las que se realizó la votación. 

La cantidad de mesas sin votos para las 3 principales fuerzas políticas es homogénea en todas las provincias. 

La provincia con el mayor registro de mesas que tienen al menos una fuerza sin votos es Buenos Aires: allí Unión por la Patria tuvo 708 mesas sin votos, La Libertad Avanza, 702 y Juntos por el Cambio, 695. 

¿Cómo se cuentan los votos en las elecciones?

Existen 2 momentos clave y muy diferentes a la hora de comunicar los resultados de una elección: el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. 

Al cerrar los comicios, las autoridades de mesa junto con los fiscales realizan el conteo de los votos y con el resultado completan 3 documentos: el acta de escrutinio, el telegrama y los certificados de escrutinio.

El acta es el documento más importante, puesto que se utiliza para la confección del escrutinio definitivo. Debe ser firmada por las autoridades de mesa y por los fiscales. En tanto, el certificado (también con la firma de las autoridades y los fiscales) se entrega a cada fiscal para que luego las fuerzas políticas puedan constatar los resultados durante el conteo. 

Finalmente, el telegrama es digitalizado en los sitios de votación y enviado a la Justicia Electoral y a la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo y tiene a cargo el recuento y la publicación de los resultados preliminares de las elecciones. Esto se  conoce como escrutinio provisorio. 

¿Qué diferencia hay entre el escrutinio provisorio y el definitivo?

El escrutinio provisorio es el primer conteo de votos que se hace apenas termina la elección y está a cargo del Poder Ejecutivo. Su objetivo es informar a la ciudadanía los resultados preliminares, pero no tiene ninguna validez legal. Es decir, no sirve para proclamar una fórmula ganadora o definir el reparto de bancas en el Congreso. 

Esos resultados nunca cubren el total de las mesas porque siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores de confección o quedan sin completar, según explica la Dirección Nacional Electoral (DINE).

En tanto, el escrutinio definitivo comienza 48 horas después de la elección y se realiza en base al acta de escrutinio. Durante el procedimiento, las autoridades a cargo del recuento leen el acta de escrutinio de cada mesa, mientras que los delegados partidarios deben ratificar la información o informar si hay inconsistencias con los certificados de escrutinio que les entregaron los fiscales. 

Si un representante partidario considera que hay errores puede pedir la apertura de la urna en cuestión, pero será el juez con competencia electoral quien decida si hace lugar a esos reclamos.

Es decir, que si bien pueden existir diferencias entre las actas de escrutinio y los telegramas (debido a errores u omisiones en la carga de estos últimos) el único documento que tiene validez legal (y cuyo resultado se verá reflejado en el recuento final) es el acta de escrutinio. 

Silvana Yazbek, abogada y directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), dijo a Reverso que “el único escrutinio con validez legal es el que realiza la Justicia Nacional Electoral, sobre las actas emitidas por las autoridades de mesa y rubricadas por los fiscales presentes en la jornada electoral”. 

En el mismo sentido, la especialista sostuvo que “los telegramas son enviados para el cómputo provisional a los 2 centros de procesamiento de datos, también del Correo. Aunque tenga incidencia en la opinión pública, este recuento nos brinda un resultado preliminar, hasta que finalice el escrutinio definitivo”.

Por su parte, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, señaló a este medio: “Las elecciones en la Argentina son muy seguras y se basan en el control entre los partidos políticos, con una autoridad de mesa independiente, con la organización del Poder Ejecutivo pero muy especialmente con el aval del resultado final que lo da la Justicia Electoral, que tiene los pergaminos necesarios para llevar adelante esto”. 

Secchi señaló que “no vimos grandes problemas en esta elección. No se puede hablar de ninguna manera de fraude: fraude es que se cambie el sentido del voto del elector. Y para nada se está viendo eso en el recuento final de los votos”. 

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Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

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Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Circula en Facebook y en YouTube un video en el que un usuario denuncia, en base a contenidos audiovisuales publicados en diferentes redes sociales, supuestas irregularidades durante la elección general del sábado 22 de octubre de 2023. 

Sin embargo, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) indicaron a Reverso -alianza que Chequeado coordina junto con AFP- que durante las elecciones se realizaron sólo 105 denuncias por irregularidades, una cifra que se encuentra dentro del número promedio de otros comicios. Especialistas consultados aseguraron al respecto que “se necesitan miles de mesas con problemas para lograr un efecto” sobre la elección.

En esta nota te contamos qué supuestas irregularidades señala el video, cuántos casos se denunciaron realmente ante las autoridades electorales y qué puede hacerse en estas situaciones.

Qué afirma el video y cuántas denuncias se presentaron en la Justicia electoral

En el video que circula en redes sociales, un usuario asegura que las imágenes que se comparten demuestran que en la elecciones “hubo fraude”. “Destruyen boletas y las esconden”, señaló. 

El video, publicado durante el transcurso de las elecciones, presenta contenidos de levantados de distintas redes sociales, que denuncian faltantes o roturas de boletas. Reverso pudo verificar que algunos de ellos fueron publicados originalmente durante las elecciones PASO.

Desde el área de Prensa de la CNE dijeron a este medio: “En el sitio web de denuncia del tribunal se han recibido 105 denuncias relacionadas al faltante o rotura de boletas de distintas fuerzas políticas. Las mismas se han remitido de manera inmediata a la fiscalías federales electorales de la jurisdicción correspondiente”. 

Además, aclararon que el Ministerio Público Fiscal de la Nación “también recibió denuncias”, y sostuvieron que, “estadísticamente hablando, la cantidad de denuncias recibidas está dentro del número promedio de otras elecciones; no hubo más que lo normal”.

De las 105 denuncias recibidas, 54 fueron realizadas por miembros de La Libertad Avanza (y 8 de ellas fueron rechazadas por falta de evidencias), 10 por Juntos por el Cambio (3 rechazadas) y 3 por Unión por la Patria (1 rechazada). En tanto, otras 38 presentaciones no detallaron qué agrupación política había sido perjudicada. 

Por su parte, Alejandro Tullio, especialista en elecciones y ex director de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior entre 2001 y 2015, señaló a Reverso: “Hay muchas actitudes individuales que por más que se reiteren no tienen efecto. Por mesa votan 270 personas, se necesitan miles de mesas con problemas para lograr un efecto”.

En caso de que una persona haya encontrado una irregularidad, la CNE recomendó realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia electoral o en forma virtual en la web de la Justicia Nacional Electoral. 

Qué situaciones se muestran en el video y cómo deberían abordarse 

La mayoría de los videos mostrados en el mensaje viral no poseen datos de contexto que permitan verificarlos. No obstante, Reverso analizó las situaciones y consultó a expertos sobre qué significan estos hechos y cómo se debe actuar al respecto. 

En 2 de las secuencias que se comparten en el video se  ve a personas discutiendo con las autoridades de mesa y asegurando que la boleta que querían elegir no se encontraba en el cuarto oscuro. 

Pero ninguno de los videos corresponde a las elecciones generales; ambos  fueron publicados el 13 de agosto de 2023 (ver acá y acá), día en el que se celebraron las elecciones PASO. En esa elección, según indicaron desde la CNE, se realizaron 122 denuncias, “en su mayoría por incumplimiento de la veda electoral”. 

Consultado sobre las situaciones de faltantes de boletas, Tullio señaló a Reverso que “cuando los fiscales de un partido se quedan sin boletas, se requiere usar las de contingencia. Cuando ello ya ocurrió y no hay más boletas, el Comando Electoral levanta una alerta”. Además, precisó que “no hay registro de un uso generalizado de las boletas de contingencia”. 

Otras porciones del video muestran boletas de La Libertad Avanza parcialmente rotas (ver acá). A diferencia de lo que aseguran los usuarios, esos votos se contabilizan como válidos. Como explica  el manual de autoridad de mesa de las Elecciones 2023, elaborado por la CNE, si una boleta tiene tachaduras, agregados, roturas o sustituciones pero el encabezado se encuentra intacto, ese voto será contado como afirmativo en el escrutinio.

Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara, afirmó en esta nota que “el voto emitido con boleta oficializada es válido aunque esté rota, en tanto se vea el nombre de la agrupación y la categoría de cargo”.

En el mismo sentido, Tullio señaló que “la jurisprudencia dice que, si se puede interpretar unívocamente la voluntad del elector, hay que contarlo así”.

Finalmente, el presentador del video también menciona que “se están imprimiendo boletas truchas”. Sin embargo, esta afirmación no ha sido respaldada con pruebas. 

¿Qué se puede hacer, no obstante, si se tienen dudas sobre la autenticidad de una boleta? Como se explica acá, hay algunos detalles a tener en cuenta para analizar si una boleta es oficial o no: verificar que el número de la lista que aparece en la esquina superior izquierda coincida con los registros oficiales; revisar que los cargos de los postulantes sean correctos (por ejemplo, que en las elecciones generales figuren como “candidatos” y no como “precandidatos”, como el caso de las PASO); y que el tipo de elección y la fecha estén bien expresados. 

Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, señaló a Reverso que, cuando aparecen en las urnas boletas no oficializadas, “la autoridad de mesa tiene la competencia para realizar el escrutinio, lo cual implica la calificación de esos votos -como válidos o nulos- según lo que interprete en cada caso. Si algún fiscal disienta con esa calificación, podrá recurrir el voto, y de ese modo será la Junta Electoral Nacional la que resolverá, durante el escrutinio definitivo, si el voto es válido o nulo”.

No obstante, Schimmel aseguró que, “cuando la voluntad del elector [de votar por un candidato determinado] está expresada de forma inequívoca, se prioriza eso por sobre la nulidad por la nulidad misma”. Es decir, que las autoridades en estos casos priorizan la voluntad del votante.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

En una serie de acciones que comenzaron a plasmarse desde temprano, tanto candidatos, como diputados e integrantes del equipo de campaña Javier Milei alimentaron a través de las redes sociales una campaña de deslegitimación y cuestionamientos sobre el normal desarrollo del proceso eleccionario de este domingo 22 de octubre.

Las múltiples acusaciones, desplegadas a través de la movilización de influencers y activistas digitales libertarios, fueron respaldadas por numerosos representantes oficiales de La Libertad Avanza, y sembraron dudas sobre la integridad del resultado en múltiples regiones del país.

Inclusive, Milei amplificó dicha campaña al republicar posteos en X (ex Twitter). Más allá de no ser tuits propios, el candidato presidencial avaló y legitimó esas denuncias.

A lo largo del día, decenas de acusaciones se hicieron eco en plataformas como Twitter/X, con videos e imágenes descontextualizados que fueron esgrimidos como hipotéticas pruebas de un supuesto fraude generalizado.

Las principales denuncias giraron en torno a una supuesta campaña de robo y sabotaje de boletas electorales. Tales señalamientos precipitaron también diversos casos de acoso contra fiscales y representantes políticos rivales, cuyos datos y teléfonos personales fueron publicados en redes.

La participación de referentes de LLA demostró coordinación y organicidad. Fueron partícipes de ella candidatos y diputados como Ramiro Marra, Agustin Romo y Nahuel Sotelo.

Pasadas las 18, Guillermo Francos, asesor de Milei, afirmó que presentaron 4.500 denuncias en todo el país por rotura de boletas. “Vamos a pedir que se cuenten todos los votos”, afirmó en declaraciones que publicó La Derecha Diario, un medio muy vinculado con LLA y con movimientos internacionales y políticos de derecha.

La participación del equipo de Milei quedó evidenciada desde las primeras horas, cuando el responsable de su campaña audiovisual, Santiago Oría, denunció un “tremendo operativo de rompida (sic) y robo de boletas”. No obstante, luego borró el tuit.

El estratega digital Fernando Cerimedo, hombre clave en la estructura de LLA, también se sumó a los cuestionamientos a menos de dos horas de la apertura de las urnas. 

Vale destacar que Milei ya había hecho denuncias ante la justicia antes de los comicios, en las que instaló la idea del fraude. Desde Tribunales le habían respondido que aportase pruebas que sustentaran dichas afirmaciones. Luego de las elecciones primarias (PASO), el candidato libertario había planteado el supuesto fraude en una entrevista televisiva. El 19 de octubre, tres días antes de las elecciones presidenciales de este domingo, lo repitió en un diálogo con el periodista Samuel “Chiche” Gelblung.

Lo ocurrido en Argentina puede alinearse con operaciones similares ocurridas en las elecciones de España y Brasil, dos países desde los que llegaron invitados internacionales para respaldar al candidato libertario. Destacan entre ellos el eurodiputado de la extrema derecha española Herman Tersch y el dirigente brasileño Eduardo Bolsonaro, quien también se sumó a la narrativa del fraude desde sus propias redes sociales. Así como Milei instaló y machacó con el fraude en jornadas previas, referentes libertarios adujeron que los veedores del español Vox y los brasileños relacionados con Bolsonaro habían llegado a nuestro país por la experiencia con la que contaban en “elecciones con fraude”.

La serie de denuncias permiten leer un doble objetivo. Por un lado, estimular desde temprano la movilización de los votantes libertarios, ahondando en la narrativa “anti casta”. En este sentido, apuntan contra la supuesta capacidad del sistema político de enturbiar el proceso eleccionario en perjuicio de LLA. La otra gran meta de la campaña coordinada de acusaciones y denuncias es, muy probablemente, la construcción de un escenario en el cual Milei pueda victimizarse y alimentar su discurso antisistema de cara a un potencial balotaje.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a Elon Musk para obligarlo a testificar sobre su adquisición de Twitter el año pasado, con la que podría haber incurrido en un delito de fraude bursátil. El también director ejecutivo de Tesla no acudió a la citación del pasado 15 de septiembre, en la que debía prestar declaración como parte de la investigación de la SEC sobre su compra de acciones de esta red social, ahora conocida como X, que acabó cerrándose con un acuerdo valorado en USS$44 mil millones.

“La continua negativa de Musk a cumplir con la citación administrativa de la SEC está obstaculizando y retrasando la investigación (...) En consecuencia, la SEC solicita ahora al tribunal que obligue a Musk a comparecer”, alegaron los abogados del regulador ante un tribunal de California. Los representantes legales de Musk habían asegurado que este no se presentó porque la sede judicial de San Francisco (California, EEUU) en la que fue citado no era “el lugar apropiado para testificar”.

Sin embargo, en la demanda se detalla que incluso se le propusieron diferentes fechas para una reunión en las oficinas de la SEC ubicadas en Fort Worth (Texas, EEUU), las más cercana a la residencia actual de Musk, situada en Austin (Texas). “Estos esfuerzos de buena fe se encontraron con la negativa general de Musk a comparecer para testificar”, recalcaron desde la SEC en la demanda.

Además, este lunes el juez federal Andrew Carter, perteneciente al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, denegó la petición del multimillonario empresario para desestimar una demanda colectiva por la que se le acusa de estafar a inversores de Twitter antes de comprar la compañía. Musk supuestamente habría violado la normativa federal de comunicar su participación previa del 5% en la propiedad de esta empresa, lo que le habría permitido contar con información privilegiada a la hora de acometer la adquisición de la red social.

Los accionistas que demandaron al directivo de SpaceX dijeron esta semana que el empresario se habría ahorrado más de US$200 millones con su estrategia para aumentar su participación en Twitter de 5 % al 9,2 % y que ellos vendieron sus acciones a precios “artificialmente más bajos” debido a esta maniobra. Las acciones de Twitter subieron un 27% con la compra de Twitter a manos de Musk, en abril de 2022, pasando de 39,31 a 49,97 dólares.

Los abogados de Musk argumentaron que, como director ejecutivo de Tesla y SpaceX entre otras empresas, entonces era “una de las personas más ocupadas del planeta” y que su incumplimiento de las normas de la SEC, al no comunicar la participación que ya tenía en Twitter, le pasó “inadvertido”.

LC 

Shakira facturó mucho en 2018, pero no pagó seis millones de euros. Así lo cree al menos la Fiscalía en su segunda querella por delito fiscal contra la artista. Según el Ministerio Público, la cantante se habría servido de un “entramado societario” en paraísos fiscales como Luxemburgo “movida por su deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y dejar de ingresar a las Arcas del Estado lo que le correspondía”.

La nueva causa por delito fiscal llega a dos meses de su juicio por el presunto fraude cometido entre los ejercicios de 2012 y 2014. Los detalles de la segunda acción legal de la Fiscalía contra la cantante se han conocido este martes después de que la querella ya haya sido notificada formalmente a la artista. El texto permite conocer a cuánto asciende la cuantía presuntamente defraudada por Shakira, según los cálculos del Ministerio Público.

El fisco mantiene que, en concepto de IRPF, Shakira dejó de ingresar a Hacienda 5,3 millones de euros en 2018, mientras que las arcas de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) se quedaron sin percibir 773.600,24 euros del impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas.

La nueva querella llega en vísperas del primer juicio por fraude fiscal que deberá afrontar la cantante. El próximo 20 de noviembre está señalada la primera sesión de la vista en la que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel. La segunda causa añade complejidad al posible pacto para sustentar el primer caso por delito fiscal, que Shakira rechazó antes del verano pese a ser la vía más habitual en la que se sustentan los contenciosos entre la Fiscalía y las grandes fortunas.

De cara al segundo procedimiento, que se encuentra en una fase muy inicial de instrucción, la Fiscalía se ha abierto a que la cantante pueda declarar por videoconferencia desde Miami, ciudad estadounidense donde reside la artista después de separarse del exfutbolista y empresario Gerard Piqué y abandonar Barcelona.

De acordar el juzgado su declaración como imputada por videoconferencia, Shakira se ahorraría una escena como la que protagonizó en 2019 en su comparecencia en su primera causa por delito fiscal: la artista obvió la orden de la magistrada de Esplugues de Llobregat (Barcelona), quien le había instado a que entrara por la puerta principal del juzgado como todos los ciudadanos, y usó un parking trasero para acceder al edificio judicial y esquivar a la prensa.

Los seis millones de euros en cuestión son 8,5 menos que los 14,5 que la cantante, siempre según la tesis de Hacienda, habría defraudado entre 2012 y 2014 simulando no residir en España pese a vivir habitualmente con Piqué en Esplugues –algo que la artista niega.

Hay paraísos fiscales que se repiten en las dos causas. Es el caso de Luxemburgo, país en el que, a través de una sociedad en 2012 Shakira habría tributado varias de sus actuaciones. En 2018, la cantante habría repetido la estrategia llegando a acuerdos con las autoridades luxemburguesas para conseguir, en palabras de la Fiscalía, “una tributación efectiva muy reducida”. En concreto, de solo el 1,39% sobre el total de ingresos declarados a través de una empresa que carecía de actividad real.

En paralelo a su pacto con Luxemburgo para tributar en el país a cambio de menos impuestos, Shakira “omitió” millonarios ingresos en España. Según el servicio de delitos económicos de la Fiscalía de Barcelona, la cantante no declaró, entre otros, 12,5 millones de dólares percibidos en 2011 y que devengó en 2018 en ocasión de su gira 'El Dorado', que incluyó 53 conciertos en 22 países

A través de una sociedad de Malta –paraíso fiscal que también aparece en su primera causa–, y de varias sociedades pantalla domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, la cantante “canalizó los movimientos de capital” generados por su trabajo en 2018 lugar de hacerlo en España. Además de no declarar el IRPF que le tocaba (26,7 millones de base imponible)., tampoco lo hizo con el Impuesto de Patrimonio.

La denuncia de la Fiscalía menciona hasta 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la investigada utilizó supuestamente para gestionar sus ingresos como artista y su patrimonio inmobiliario y financiero.

Además de tributar en paraísos fiscales para pagar menos impuestos a la Hacienda española, la Fiscalía mantiene que Shakira se dedujo hasta siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter “eminentemente personal”. Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles figuran viajes particulares en jet privado –150.483 euros–, así como billetes de avión para sus dos hijos y su educadora.

Joseph Lewis, el multimillonario británico dueño de la estancia en Lago Escondido en el sur argentino y propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, declaró este miércoles ante la Justicia estadounidense, que lo investiga en una causa penal por fraude financiero y traficar información privilegiada. Fue liberado bajo fianza tras declararse “no culpable”.

La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años, residente en Bahamas, de presuntamente proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados, quienes obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones.

Entre 2013 y 2021, “Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos”, declaró el fiscal Damian Williams.

“Esa gente hizo entonces negocios con esa información privilegiada y ganó millones de dólares en bolsa, porque gracias a Lewis esas apuestas eran algo seguro”, añadió.

Por ejemplo, Lewis es señalado por decirle a una novia que invirtiera en una empresa de biotecnología en julio de 2019, antes que se hicieran públicos los resultados de un ensayo clínico. Tras la conversación, supuestamente entró él mismo en su cuenta bancaria y utilizó casi todos sus fondos disponibles para invertir 700.000 dólares en la empresa, y a continuación vendió las acciones con un beneficio de 849.000 dólares, según la BBC.

“Nada de esto era necesario. Joe Lewis es un hombre rico, pero como alegamos, usó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o para colmar de regalos a sus amigos y amantes. Esa es la corrupción corporativa clásica. Es hacer trampa y va en contra de las leyes, que se aplican a todos, sin importar quién seas”, denunció Williams.

La acusación de 29 páginas enumera los 19 cargos contra el empresario, incluidos varios por “fraude bursátil”, por lo que enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo más grave, precisó la agencia AFP.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el empresario se declaró “no culpable” y quedó libre bajo una fianza de 300 millones de dólares, para la que puso como garantías su yate Aviva de 98 metros de largo y su avión privado, en un acuerdo aprobado por Valerie Figueredo, jueza de instrucción estadounidense . Según el mismo, deberá permanecer en los estados de Nueva York, Georgia o Florida y entregar sus pasaportes.

Más temprano, el abogado defensor David Zornow calificó de “error flagrante” la acusación vertida contra Lewis, según declaraciones al canal británico Sky News. “Es un hombre de 86 años de integridad impecable y logros prodigiosos”, manifestó y añadió que el empresario acudió a los tribunales voluntariamente para responder a los cargos “mal concebidos”, los cuales serían “defendidos enérgicamente en los tribunales”.

En la causa también están acusados Patrick O'Connor y Bryan Waugh, dos pilotos empleados por el empresario para sus jets privados, que también se declararon como “no culpables”.

Lewis es uno de los hombres más ricos del Reino Unido, con un patrimonio superior a los 6.000 millones de dólares, según la revista Forbes: es propietario del Tottenham Hotspur y tiene una participación en la cadena británica de bares Mitchells & Butlers, entre otros negocios.

En la Argentina, el magnate está acusado de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Son sus empleados de Hidden Lake, la firma con la que opera sus negocios en el país, los que impiden el acceso público a este espejo de agua en una estratégica zona de frontera.

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió el año pasado la intervención judicial de esa Sociedad Anónima, por considerarla una “pantalla jurídica” para “frenar la aspiración” de cualquier persona a llegar al lago, pese a que hay fallos judiciales desde 2005 que garantizan ese derecho.

Otra causa vinculada a esa estancia es la que investiga el viaje que realizaron hacia allí en la misma fecha jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº9.

Además, están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos Pablo César Casey y Jorge Rendo de Grupo Clarín.

LC con información de agencia Télam

La Justicia Federal dispuso de 23 allanamientos en el marco de una causa por fuga de divisas presentada por la Dirección General de Aduanas, en la que se denuncia la falsificación de documentación vinculada a giros anticipados de bienes de capital que derivó en un fraude aproximado de US$ 5,5 millones. Hubo dos detenciones.

El titular de la Aduana, Guillermo Michel, junto al Comisario General a cargo de Delitos Federales, Carlos Ñamandú, dieron una breve conferencia de prensa. Michel detalló: “Este procedimiento se llevó adelante por una denuncia de la Aduana con la intervención del Juzgado Penal Económico número 9, a cargo de Javier López Biscayart, bajo la subrogación del juez Marcelo Aguinsky”. La causa quedó caratulada como: “MINERBIT SA Y OTROS S / INF. LEY 22.415”, nº 163/23.

Explicó que se detectaron “falsos importadores con carpetas truchas, que falsificaban la documentación bajo la modalidad SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones)”. “Tenemos detenido al cabecilla de la banda, un contador de Mar del Plata, y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían servicios para que estas empresas truchas abran cuentas en Miami, sin registros de importación alguna”, añadió el Director General de Aduanas.

Por su parte, el comisario Ñamandú dijo que la investigación se inició hace “seis meses y del estudio surgieron 23 allanamientos, que están en pleno curso en este momento”. “Las órdenes de presentación involucran también a distintas entidades financieras y como en todo delito económico se secuestra la documentación para hacer el hilo del dinero”.

El personal aduanero ingresó a las sucursales de BBVA Argentina, Galicia y Supervielle. Además, también concurrieron a otras entidades públicas. El jefe policial acotó que en uno de los allanamientos, en la ciudad bonaerense de San Miguel, se secuestraron “cinco armas”.

De las cinco empresas que habrían participado del ilícito, solo una estaba registrada como exportadora y tenia la capacidad económica para importar. Las otras cuatro simplemente eran carpetas sin actividad económica.

De acuerdo las fuentes, personas físicas y sociedades se habrían encargado de burlar el sistema de autorización de importaciones para la compra de dólar oficial para luego girarlos al exterior. Adulterando las SIMIs, ofrecían sus servicios a empresas falsas.

De esta manera, esas compañías se hicieron de US$ 5,5 millones en cuentas en Miami, Estados Unidos, sin importar nada. Por eso, la Aduana solicitó la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) para que aporte información económico-financiera de registros estadounidenses.

“Estos datos son esenciales para dilucidar la maniobra en su totalidad, incluido el rulo financiero y el entramado de sociedades utilizadas”, señaló la Aduana en un comunicado.

La investigación surgió luego que agentes especializados de Aduanas pusieran la lupa en 9 declaraciones del SIMI -que estuvo vigente hasta el año pasado- que resultaron inexistentes. El SIMI fue el anterior mecanismo utilizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para monitorear compras realizadas en el exterior.

Desde la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda en agosto del año pasado, el SIMI fue reemplazado por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el objetivo de mejorar los controles y facilitar las operaciones de comercio exterior.

Al respecto, Michel señaló que “esto era el viejo sistema SIMI; con el actual que implementó el ministro Massa, el sistema SIRA, donde hay un cruce de bases de datos al momento del giro, eso no ocurre”. Agregó que “el SIMI evidentemente tenía algunos puntos débiles que son los que mejoramos a través del nuevo sistema de importaciones”.

El titular de Aduanas concluyó: “Nuestra prioridad, la del ministro, la de todo el gobierno es que los dólares se destinen a la producción y al trabajo argentino y no a la especulación financiera”.

LC con información de agencias

Donald Trump, el expresidente estadounidense, volvió a comparecer este jueves ante la justicia en Nueva York, para ser interrogado bajo juramento en un caso de fraude en su empresa Trump Organization, una semana después de su imputación en otro caso penal en la misma ciudad.

La fiscal general Letitia James acusa al magnate de 76 años y a sus tres hijos de un “fraude increíble”. Según sus palabras, es por haber manipulado “deliberadamente” las evaluaciones de los activos del emporio familiar, la cual incluye campos de golf, hoteles de lujo y otras propiedades, para obtener préstamos bancarios o reducir sus impuestos.

James, quien ya había interrogado bajo juramento al exmandatario en agosto del 2022, ahora reclama a Trump y sus hijos 250 millones de dólares por los supuestos fraudes fiscales y financieros. Estos interrogatorios a puerta cerrada son en el marco de las diligencias que se llevan a cabo antes del juicio, previsto para el 2 de octubre.

“Iré al centro (de Nueva York) para a encontrarme con una racista”, escribió Trump en su red social Truth Social sobre la fiscal, una afroamericana demócrata elegida en las urnas, según la agencia de noticias AFP.

La caravana del republicano atravesó hoy las calles de Manhattan, acompañada por un escaso número de simpatizantes con pancartas donde se leyó “Trump o Muerte” al grito de “Nueva York te odia”, haciéndose eco de la hipótesis de “caza de brujas” denunciada por el exmandatario, en torno a los cargos por los que se lo acusa.

El expresidente salió de la Trump Tower con el puño en alto, desde donde se dirigió a la oficina de la fiscal general para su declaración. Es la segunda vez en el mes que el magnate se presenta ante los tribunales neoyorquinos, donde tiene su domicilio fiscal.

La semana pasada, Trump se declaró “no culpable” de los 34 cargos que le imputan por un soborno a una actriz porno y quedó en libertad sin condiciones, luego de convertirse oficialmente en el primer exmandatario del país en recibir una imputación penal.

El juez de origen colombiano Juan Merchán le leyó los cargos relacionados con falsificación de registros comerciales en el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016, con el fin de que ella mantuviera en secreto una supuesta relación extramarital ocurrida 10 años antes, la cual Trump siempre negó.

Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado realizar dicho pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada, haciéndola pasar presuntamente como minutas profesionales, de acuerdo a la acusación.

Trump, quien aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones de 2024, calificó el caso de “ridículo”. Esta semana, expresó que no piensa retirar su candidatura a los comicios del año que viene, aunque sea condenado por los cargos penales presentados en su contra.

LC con información de agencia Télam

José Luis —58 años, padre de familia, empleado de una empresa de transporte— lleva muchos meses sin poder conciliar el sueño. Ha perdido más de diez kilos y dice estar “destrozado”. José Luis no se llama en realidad José Luis. Es el nombre ficticio que pide utilizar para acceder a contar su historia, la de alguien arruinado tras invertir el dinero que tenía (y el que no tenía y pidió prestado) en una supuesta estafa con criptomonedas a través de Internet. Seducido por rentabilidades imposibles y por las embaucadoras artes de su supuesto broker, ha acabado perdiendo 175.000 euros.

Su sueño era retirarse y ahora asume que tendrá que dedicar el sueldo de los próximos ocho años a pagar deudas. Tampoco podrá renunciar al turno de noche, que le hace vivir al revés del mundo, pero le proporciona un plus imprescindible. Cada mes dedica 1.260 euros a pagar créditos. “Es casi el sueldo completo”, lamenta. La supuesta estafa ya está en manos de un juzgado de Madrid, que el mes pasado admitió a trámite la querella en la que atribuye cinco delitos a la plataforma de servicios financieros Fincloud, con la que hizo las inversiones, y al supuesto broker que le fue asignado. Entre ellos, apropiación indebida, publicidad engañosa o falsedad en documento público. También se dirige contra la propietaria de Fincloud, el supuesto “chiringuito” financiero Surreptitious Group LLC, con sede en el paraíso fiscal de las Granadinas.

José Luis recibe a elDiario.es en el despacho de Zaballos Abogados, que lo asesora en este proceso. Quiere contar su historia para ayudar a otras personas pero pide ocultar su identidad por la vergüenza que le produce. Ni sus familiares ni sus amigos conocen su situación. Su historia sigue el patrón de otras estafas con criptodivisas que se multiplican en juzgados de toda España y en las que se mezclan promesas de rentabilidades imposibles y verdaderas situaciones de hostigamiento y manipulación. 

El particular “calvario” de José Luis empezó en noviembre de 2021, una tarde que estaba navegando por Internet en su casa de Madrid. No recuerda si fue en Facebook o en Youtube, pero le saltó un anuncio de la plataforma. El de las criptomonedas era un mundo que le atraía. En el pasado había hecho algunas inversiones en otros productos de riesgo y todo había ido bien. ¿Por qué iba a desconfiar esta vez? Su supuesto broker, le envió una fotocopia de su DNI, que situaba su domicilio en España y un extenso currículum donde afirmaba contar con el aval de la Finra, la organización que regula el sector financiero en Estados Unidos. Sus abogados creen ahora que el DNI es falso. Tampoco está acreditado por la Finra, según la documentación aportada al juzgado. 

El supuesto broker se afanó en embaucar al nuevo inversor. Le insistía en que Fincloud era una empresa de confianza. Y para hacerle creer que estaba en España le mandaba vídeos de El Hormiguero, le decía que era aficionado del Betis y comentaba el resultado de los partidos, le preguntaba por su familia… Sin embargo, le llamaba siempre desde el Reino Unido y en las conversaciones, que ha escuchado este diario, suena de fondo el rumor de voces característico de los call center. Pero José Luis se fió y acabó haciendo un depósito inicial de 150 euros. 

“Esta gente es especialista en ganarse la confianza de la gente, que es clave para que acaben cayendo en la trampa. Saben detectar las debilidades de cada uno, que pueden ser apuros económicos, avaricia o inseguridades”, explica Juantxo Domínguez, presidente de RedUNE, una asociación que se dedica a acompañar a centenares de víctimas de estafa. Muchas de las personas afectadas acaban en las redes de estas plataformas porque, como José Luis, ven un anuncio por Internet. Y para que se haga efectiva la estafa, antes hay que “engancharlos”, como dice Domínguez.

No necesitaba el dinero de manera imperiosa, pero me venía bien. ¿A quién no?

Pero también hay personas como Paula, que fue de cabeza al engaño “bien confiada”. A ella la convenció su hermano, que llevaba unos meses invirtiendo y había ganado ya un 35% de lo invertido. Así que jamás se hizo demasiadas preguntas sobre cómo funcionaba aquello. “No necesitaba el dinero de manera imperiosa, pero me venía bien. ¿A quién no?”, se pregunta. Paula jamás hubiera dicho que acabaría perdiendo 5.000 euros cuando entró en MindCapital. “Todo iba bien, veía mi monedero e iba ganando dinero”, recuerda. 

MindCapital es otro chiringuito financiero que también está en manos de los tribunales. El abogado Francisco Jiménez, impulsor de ese procedimiento, afirma que es “otra estafa piramidal” en la que los inversores más antiguos se alimentan de las entradas de capital de los más recientes. El letrado se queja de que el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid que admitió a trámite la querella hace varios meses apenas ha avanzado con las pesquisas. Y eso que este puede ser un caso “más sencillo” porque los presuntos autores son personas físicas que están localizadas en España. Su querella se dirige, entre otros, contra Gonzalo García-Pelayo. Este empresario forma parte de la célebre familia de Los Pelayos, conocidos por arrasar en los casinos en los años noventa utilizando un método matemático para ganar en la ruleta. Pero la jueza ni siquiera lo ha citado para interrogarle. 

Los “ganchos” de las plataformas

Al principio de la estafa, los presuntos brokers siempre llaman para dar buenas noticias. Lo mismo le pasó a José Luis, a quien cada día le enviaban resúmenes sobre la situación del mercado y la supuesta rentabilidad que iba generando gracias a sus inversiones. “Eran dos, cinco o diez euros de ganancia diarios”, explica. Pronto se convirtieron en 1.500 euros y la suma seguía subiendo. Para ganarse su confianza, le propuso retirar 200 euros y reinvertir el resto. Lo hizo sin problemas. “Ahí pensé ‘si meto más, habrá más colchón para operar’”, relata. Era febrero de 2022. José Luis pidió un crédito de 21.000 euros a su empresa. 

Cuando tenía el dinero en su poder y estaba dispuesto a invertirlo, el supuesto broker desapareció. “Le mandé mensajes. Intenté localizarlo en los teléfonos desde los que me había llamado, pero no daban tono. Al tiempo asumí que había perdido el dinero ganado hasta la fecha”, recuerda. Un mes después reapareció y le dijo que había sufrido un accidente. Estas supuestas desapariciones son uno de los ganchos “habituales” en este modelo de estafas, afirma el letrado Francisco Jiménez, que lleva alrededor de sesenta casos parecidos al de José Luis. 

En los meses siguientes, en la supuesta cuenta que José Luis había abierto en la plataforma se iba reflejando la rentabilidad de su inversión y sus supuestos beneficios. El broker guiaba todas sus operaciones a través de TeamViewer, un software que permite controlar remotamente un ordenador. El pasado junio sus supuestas ganancias sumaban más de 109.000 euros. José Luis intentó entonces recuperar ese dinero traspasándolo a la plataforma de compraventa de criptomonedas Coinbase. “Y ahí empezó todo”, rememora. 

Un supuesto trabajador de Coinbase le hizo creer a través de varias llamadas de teléfono y correos electrónicos que, al tratarse de una cantidad muy elevada, tenía que depositar un porcentaje para poder recuperar toda la inversión. Acabó abonando 37.000 euros en diferentes pagos porque lo convencieron de que se había equivocado al hacer las transacciones. Los primeros 11.000 los pidió prestados a su banco y los 26.000 restantes se los dejó su mujer, que se enteró en aquel momento del asunto en el que estaba metido. Según su testimonio, le decían que recuperaría todo una vez desbloqueados los fondos. Su mujer asegura que la manipulación era “brutal”. Las conversaciones por teléfono entre José Luis y su broker eran cada vez más fluidas. Había días que pasaban más de dos horas al teléfono. Nunca hacían videollamadas, que es un hecho sobre el que también llama la atención su abogado.  

Tragando mucha saliva pedí otro préstamo de 48.000 euros e hice la transferencia

Tras esto, recibió una supuesta notificación de la Hacienda británica en la que le informaban de que debía pagar impuestos por importe de 9.000 euros. Los abonó y tampoco recibió el dinero. Entonces se puso en contacto con él un supuesto trabajador de otra plataforma de compraventa de criptomonedas, Blockchain. Le dijo que para solventar la situación tenía que abrir una wallet [billetera electrónica] con la criptomoneda Ethereum e ingresar otros 30.000 euros. Si no lo hacía sus fondos seguirían bloqueados. 

José Luis reconoce que estaba “cegado” y que se sentía dentro de un callejón sin salida. Fue entonces cuando, de forma paralela, el broker le informó de otra supuesta “oportunidad de negocio” que le podría ayudar a recuperar todo el dinero perdido y los préstamos solicitados a través de una inversión con un ciudadano rumano con mucho dinero. “Tragando mucha saliva pedí otro préstamo de 48.000 euros e hice la transferencia a la cuenta española que me habían dicho”, relata. Su abogado sospecha que se trata de otra víctima de la que aprovecharon sus datos bancarios para recibir los fondos. 

Pero antes de que se resolviera el supuesto negocio con el ciudadano rumano le contactaron de nuevo de Blockchain y le dijeron que la criptomoneda Ethereum [la segunda por capitalización de mercado] iba a sufrir una transformación técnica el 15 de septiembre y que debía abonar otros 30.000 euros o todo su dinero corría peligro. José Luis dio credibilidad a ese nuevo “engaño” al encontrar información en internet sobre la transformación de Ethereum para reducir drásticamente su consumo energético fijada para esa fecha. Su pareja acabó prestándole de nuevo ese dinero, endeudándose con su banco. “Tenía miedo de que se lo pidiera a un prestamista y fuera peor”, dice ella. Pero la “pesadilla” siguió. Ahora lo acusaban desde Blockchain de estar blanqueando dinero y de colaborar con la mafia rusa y, para solucionar la situación, le exigían otros 30.000 euros adicionales. Y ahí fue cuando se plantó. Después de haber abonado 175.000 euros.

La gran mayoría de dinero que perdió José Luis no fue tanto por las supuestas inversiones, sino por el dinero que la plataforma empezó a pedirle por retirar su dinero. Pero Paula cortó mucho antes el vínculo con sus estafadores porque lo que iban a hacerle a ella ya se lo empezaban a hacer a su hermano. “Vi que le pedían mucho dinero por trámites que debían ser sencillos y de los que no nos avisaron, así que decidí sacar el dinero”, cuenta. Por eso no perdió una cantidad tan relevante.

De hecho, lo que le preocupa no es tanto el dinero perdido, sino que le puedan hacer chantaje. Cuando decidió retirar el dinero, le pidieron sus datos para realizar un trámite que nunca llegó a buen puerto. Pero su identidad ya estaba en manos de sus estafadores. De la misma manera, también se descargó un programa que les permitió, durante unos meses, controlar en remoto su ordenador. “Quién sabe lo que habrán sacado de ahí y con qué me intentarán sacar más dinero”, lamenta Paula. 

“No quiero dar ni un duro a los gobiernos corruptos”

Sergio es otra de las víctimas de estas tramas internacionales. En su caso ha perdido 35 bitcoins, comprados en diferentes momentos de la montaña rusa de precios que ha vivido esta divisa. Algunos los adquirió a 8.000 euros y otros a 40.000. Sergio, nacido en Argentina y migrado a Catalunya hace algunos años, no sabe la cifra exacta que le han estafado, pero haciendo una aproximación calcula que podrían ser más de 750.000 euros.

El caso de Sergio, a diferencia del de José Luis, no es el de alguien que da su dinero a una plataforma sin conocer nada de las criptomonedas, hechizado por las altas rentabilidades. Él se define como “inversor” y cuenta que desde que llegó a España no ha tenido trabajo. “Me dedico a las criptomonedas y sé que se puede ganar mucho dinero. No quiero dar ni un duro a los gobiernos corruptos”, dice en referencia a que las transacciones con criptomonedas no están gravadas con impuestos.

Si yo gané eso, imagínate los sinvergüenzas que nos estafaban

Este hombre se gana la vida comprando bitcoins y metiéndolos en plataformas de inversión. Algunas son lícitas y funcionan. Otras han resultado ser una estafa. Sergio ha sido víctima de Arbistar, Nimbus, Mind Capital y Algorithms Group, todas ellas investigadas en la Audiencia Nacional. Estas estafas se dieron en diversos momentos durante diferentes años.

Entonces, ¿por qué después de una estafa cayó en la siguiente? “El modus operandi se parece demasiado al de las plataformas reales y, como seguía invirtiendo en sitios que funcionaban, la diferencia no era tan obvia”. Ahora bien, en los casos de estafa hay un detalle que, según los abogados consultados, debería hacer saltar las alarmas: la oportunidad de ganar dinero atrayendo a otras personas a la plataforma. Cuando se entrevé un componente piramidal, “seguramente se trata de una estafa”, dice Sergio.

Llegó a ganar 60.000 dólares en dos meses en comisiones gracias a la gente a la que llevó a las plataformas. “Si yo gané eso, imagínate los sinvergüenzas que nos estafaban”, relata. Sergio está “desesperado” y lleva años intentando recuperar su dinero, aunque no tiene esperanzas. Está inmerso en un proceso judicial. Aunque dice hacerlo más por “rabia” que porque crea que va a obtener algún resultado. 

Ignacio Palomar, director de Servilegal Abogados, especializado en estafas del mundo cripto, confirma los temores de Sergio. “La mayoría de estas plataformas están en el extranjero. En tramas internacionales se complica mucho el proceso y las posibilidades de recuperar el dinero son muy pocas”, resume el letrado. Hoy, a toro pasado, Sergio reconoce que cuando empezó a invertir en criptomonedas, sabía que podía ser estafado. “Estas divisas se usan para blanquear dinero porque no son rastreables. Podía salir mal, pero forma parte del riesgo”, confiesa. Palomar le da la razón: “El bitcoin se crea para evitar el rastreo, para ser una moneda anónima. Por eso es blanco de estafas y sufre una gran desprotección jurídica”

Sergio se muestra muy descontento con cómo se afrontan estas estafas desde los tribunales. “Nadie hace nada para perseguir a esta gentuza”, apunta. Y menciona diversos nombres de una larga lista de personas que, asegura, le han estafado. Destaca el de Javier Biosca, el supuesto cabecilla de uno de los principales casos que investiga la Audiencia Nacional y que apareció muerto en Estepona (Málaga) el pasado 22 de noviembre. Había salido de la cárcel sólo tres semanas antes. “Es una vergüenza que esta gente salga impune. Alguien debería pararles porque, si nadie lo hace, seguirán estafando y jugando con la gente”, dijo Sergio antes de conocer su fallecimiento.

La Justicia electoral de Brasil rechazó el recurso interpuesto por el partido del presidente Jair Bolsonaro, que solicitó que se anularan los votos emitidos en los comicios del mes pasado a través de cinco modelos de urnas electrónicas y, de esta manera, denunció fraude en las elecciones ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, negó la solicitud de verificación extraordinaria del resultado de la segunda vuelta electoral celebrada el 30 de octubre y además multó por unos 4,2 millones de dólares al partido de Bolsonaro.

El magistrado consideró que el Partido Liberal (PL) no presentó evidencia de fraude para justificar la reevaluación de los votos pedida. El PL interpuso el recurso el miércoles y el TSE le dio 24 horas para que ampliara la demanda.

El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, explicó en un comunicado que de los seis modelos de urnas electrónicas utilizados, solo uno es “perfectamente auditable” y sostuvo que en los otros modelos hubo “fallas irreparables”. El denunciante se había reunido con Bolsonaro y fue el mismo presidente en ejercicio quien había redactado la denuncia de fraude. Hasta el miércoles, el político no había vuelto al Palacio del Planalto, la sede del Gobierno. Fueron 19 días los que estuvo recluido en la residencia oficial, de cuyas dependencias casi no había salido desde la derrota electoral en el balotaje.

El recurso presentado por sus aliado está firmado por el abogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa y cita un informe de auditoría técnica realizado por el Instituto Voto Legal (IVL), contratado por el PL, que encontró supuestas “pruebas concluyentes de mal funcionamiento de las máquinas de votación electrónica”.

Las urnas en cuestión, según la denuncia, corresponden a modelos anteriores a 2020. Según Moraes, que consideró “absolutamente falsos” los argumentos presentados, el pedido fue “ostensiblemente ofensivo al Estado Democrático de Derecho y realizado de manera inconsecuente, con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos”, detalló la nota.

Esos movimientos se han manifestado con “amenazas graves y violencia” en bloqueos de carreteras en todo el país, agregó el juez.

“Los votos válidos y auditables de la segunda vuelta de las elecciones de 2022 dan fe de un resultado diferente al anunciado por este TSE el 30/10/22, otorgando una posición preferencial de 51,05% de la población al presidente Jair Bolsonaro”, sostuvo el recurso desestimado por el Tribunal electoral.

En el balotaje, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se impuso a Bolsonaro con 50,90% a 49,10% de los votos válidos, según el escrutinio oficial.

EG desde San Pablo y agencias