¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, ha dado un paso este domingo venciendo al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un triunfo que ninguna encuesta predijo, De la Espriella ha obtenido 10,3 millones de votos (43,7%), por encima de Cepeda, con 9,6 millones de votos (40,9%). Los dos se medirán el 21 de junio en la segunda vuelta.

La candidatura de De la Espriella generó entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despertó inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de De la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se ha presentado por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de De la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de De la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario. Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei”.

Para Yann Basset, el reto de De la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Aliado de Vox

De la Espriella recoge el testigo de Rodolfo Hernández, el ingeniero que se presentó hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años. Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de De la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

El expresidente Álvaro Uribe ha anunciado su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88%, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.

La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50%.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones informó que, con el 99,99% de las mesas informadas, de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%).

Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien desde hace meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral y hoy dijo: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo” y añadió que esperará el escrutinio que debe hacerse en los próximos días.

“Más de diez millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, expresó por su parte De la Espriella, a quien sus seguidores identifican con el felino, al conocer los resultados.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ocupó el tercer lugar y es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12% que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con un millón de votos, que representan el 4,26%.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se situó en el quinto lugar con 225.517 votos (0,95%).

Dudas de la izquierda

En su discurso tras conocer los resultados, Cepeda fue menos enfático que Petro y planteó dudas sobre las cifras de la Registraduría.

“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas”, dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

De la Espriella, que compareció ante sus seguidores sobre una embarcación en el río Magdalena, en la ciudad caribeña de Barranquilla, les respondió: “Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar”.

Movimientos de cara a segunda vuelta

Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no titubeó y anunció inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, expresó Valencia, quien dijo que trabajará para que Colombia “no caiga en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan”, en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, manifestó que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha “desaparecieron” por la campaña de De la Espriella, que consideró “sucia, machista, homofóbica”.

Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, dijo que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es “una decisión seria”.

El candidato Fajardo, por su lado, aseguró que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es “importante” para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda.

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho”, dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.

El exsenador Roy Barreras, que apenas recibió 14.108 votos (0,05%) y quedó en el penúltimo lugar entre 11 candidatos, anunció su apoyo a la candidatura de Cepeda y le pidió al aspirante izquierdista buscar los “tres millones de votos” que considera que el centro político obtuvo este domingo para vencer a De la Espriella.

EFE

Por primera vez, la izquierda tiene la posibilidad de ocupar el poder ocho años en Colombia. La continuidad de las políticas de Gustavo Petro tienen altas posibilidades de mantenerse de la mano del candidato Iván Cepeda, si los electores así lo deciden este domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la vereda del frente, intentarán disputarle los votos el abogado Abelardo de la Espriella, un empresario de extrema derecha que nunca ocupó un cargo público; y la senadora de derecha Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

Petro, que asumió en 2022 como el primer presidente progresista y exguerrillero de la historia moderna del país, aumentó sus niveles de aprobación “hasta alcanzar el punto más alto en años”, señala el estudio del Center for Economy and Policy Research (CEPR)Colombia durante el gobierno de Petro: avances sociales en un contexto de restricciones monetarias y fiscales.

La investigadora y coautora del informe, Paola Jaimes Santamaría dice que “más allá de la polarización política, muchos sectores sienten que con Petro hubo mejoras materiales reales y que el Estado comenzó a llegar a lugares donde antes no llegaba”. 

Derechos sociales y económicos

El informe del CEPR destaca que entre 2022 y 2025 la pobreza multidimensional –que mide indicadores referidos a educación, salud, condiciones de vivienda, acceso a servicios y empleo– se redujo en aproximadamente 23%, con un descenso “notable” en las zonas rurales. 

“Petro intentó conectar política social con desigualdad territorial y rural, no solamente con transferencias monetarias”, apunta Jaimes Santamaría, quien también valora el “esfuerzo” por llevar más inversión pública a municipios históricamente marginados y el “avance” en la entrega de tierras a comunidades campesinas y étnicas, algo –dice– “muy ligado a las desigualdades históricas y al conflicto armado en Colombia”.

Para el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), Alfredo Serrano Mancilla, una de las claves de sus logros es que perseveró en los cambios y aún cuando no los pudo conseguir –no tenía mayoría en el poder Legislativo– “no tiraba la toalla”, entendiendo la política “como la posibilidad real de cambiar las cosas”.

En materia de derechos económicos, los expertos destacan la reforma tributaria, que incrementó los impuestos para los más ricos, y el aumento del salario mínimo cercano al 40%, considerando que en la década 2012 y 2022 el aumento real fue del 9%. La experta subraya que este avance ocurrió “sin un deterioro del mercado laboral”, ya que “la economía mantuvo estabilidad macroeconómica, el desempleo cayó y la inflación bajó”.

El politólogo de la Universidad de Rosario Yann Basset destaca la aprobación –pendiente de implementarse– de la reforma de pensiones, que amplía el papel del sistema público y construye un pilar para una pensión básica. Sin embargo, opina que el balance en economía es “controvertido” porque el Gobierno “no ha atendido el tema fiscal”: termina con un déficit “casi récord desde la pandemia” –6,4% del PIB– y un aumento de la deuda pública. Aun así, añade, “no se materializaron los pronósticos más alarmantes de la oposición de una hiperinflación o crisis económica”.

Según la investigadora del centro de pensamiento Global Americans Sonia Verdú, sin embargo, “la popularidad de Petro está basada más en una postura ideológica populista que en una transformación real” porque las desigualdades sociales “no se han acortado significativamente”.

La fallida “Paz total”

La promesa estrella de Petro fue la llamada 'Paz total', que proponía reforzar el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la entonces activa guerrilla de las FARC. La propuesta incluía negociaciones con guerrillas como el ELN; reparación de las víctimas; una reforma agraria y el abordaje del consumo de drogas como un asunto de salud pública.

“Su política no ha funcionado, pues no ha logrado la desmovilización de ningún grupo armado importante”, dice Basset. Según él, las guerrillas “se han aprovechado de la negociación para reforzar su control territorial”.

Los analistas aseguran que el problema en el país, que desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, registra casi 2.000 líderes sociales asesinados, “es estructural” y que es difícil avanzar cuando el Estado tiene capacidades “limitadas” en muchas regiones rurales y persisten economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado

Paola Jaimes Santamaría — Investigadora asociada del Center for Economic and Policy Research

Petro partió el diseño de la Paz Total “con un diagnóstico correcto y un diálogo con todos los grupos al mismo tiempo”, explica la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. En la práctica, sin embargo, algunos procesos “avanzaron más lento de lo esperado, hubo fragmentación entre grupos armados y en varios territorios los ceses al fuego no produjeron mejoras sostenidas de seguridad”, menciona Jaimes Santamaría. Luego, en febrero de 2025, llegó la designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa, el primer militar en ocupar el puesto en 30 años, para presionar a las guerrillas, una receta similar a la del expresidente derechista Iván Duque.

“Con esta decisión, la idea de negociación ha perdido mucha legitimidad política”, señala Bonilla. En su opinión, el mandatario fue “muy ambicioso” con su propuesta, que califica de “retórica, polémica, con bajo diseño institucional, poco presupuesto y mala organización”.

Venezuela y EE.UU., centro de la diplomacia

Uno de los desafíos más importantes para la política exterior de Gustavo Petro ha sido el vínculo con la vecina Venezuela. Cuando llegó al poder en 2022, con las relaciones entre ambos países rotas, emprendió un deshielo –reapertura de fronteras e intercambios comerciales– con el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Durante la crisis de las elecciones de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude y las autoridades electorales nunca mostraron las actas de la declaración oficial del triunfo de Maduro, se alineó con Brasil para no reconocer el resultado, pero sin romper lazos con Caracas. 

“En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa”, señala Verdú. Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder, en enero 2025, marcó el tramo final de su mandato y dio un giro al contexto regional: “Conllevó una pelea política y diplomática que culminó con una visita de cuestionable éxito a la Casa Blanca”, añade. Por el camino, hubo tensiones y amenazas, desacuerdos abiertos sobre política antidrogas y los ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe.

En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa

Sonia Verdú — Investigadora del centro de pensamiento Global Americans

“Intentó combinar una postura más autónoma con una estrategia pragmática y evitar una ruptura frontal con Estados Unidos, mientras buscaba ampliar márgenes de maniobra diplomática dentro de América Latina”, opina Jaimes Santamaría.

Segunda vuelta asegurada y en disputa

Las encuestas anticipan un triunfo de Iván Cepeda, sucesor de Petro, pero no tan holgado como para evitar una segunda vuelta, que se prevé muy disputada y polarizada contra quien sea su rival: De la Espriella o Valencia, aunque los sondeos dan ventaja a la candidata uribista.

“Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado, algo que históricamente no se había visto tanto en la política presidencial colombiana”, afirma Jaimes Santamaría. A diferencia del actual mandatario, que ha sido una figura más “confrontacional”, dice, Iván Cepeda presenta un estilo político más dialogante, por lo que una continuidad de la izquierda, no necesariamente implicaría, simplemente, “más Petro”, sino “probablemente, alianzas más amplias para sacar adelante ciertas reformas”, añade.

Verdú pronostica que si gana Cepeda, habrá que esperar si continúa con el legado de Petro o llega a implementar políticas con mayor impacto social, que si bien han sido “exitosas en sistemas como el europeo –concluye–, no han sabido encontrar su lugar en América latina sin sacrificar modelos de democracia y estabilidad económica”.

Una investigación publicada por el medio de comunicación 'Canal Red' y el portal Hondurasgate reveló supuestos audios filtrados del presidente hondureño, Nasry Asfura, y del exmandatario Juan Orlando Hernández en los que aluden a su participación en un presunto plan de Estados Unidos, Israel y Argentina para aumentar su influencia en la región y contra países latinoamericanos gobernados por líderes progresistas. 

El supuesto plan incluye crear un canal de difusión de noticias falsas con la intención de desinformar y desestabilizar a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México.

La denuncia implica a Asfura –quien el miércoles cumplió 100 días en el poder–, al presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano; a la designada presidencial (vicepresidenta), María Antonieta Mejía, y al expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump el 1 de diciembre después de que en 2024 fuera condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico.

En uno de los audios, el expresidente Hernández le dice a Asfura que necesita que le envíe 150.000 dólares para el alquiler de un apartamento en Estados Unidos, en el que instalaría una oficina para poner una unidad de periodismo digital para publicar información sobre el exmandatario hondureño Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

A la petición de Hernández, Asfura –cuya candidatura fue respaldada públicamente por Trump– habría respondido que le haría una transferencia desde la cuenta de un amigo.

“A ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame, ¿qué vamos a hacer con eso, qué ganamos?”, habría expresado Asfura, a lo que Hernández habría respondido: “Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras”.

En la supuesta trama también es señalado el presidente argentino, Javier Milei: “Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya”, señala uno de los audios.

Al respecto, horas atrás, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo que había escuchado los audios y le habían llamado “la atención”: “A un expresidente de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico, se lo libera, no se entendió muy bien por qué, y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México financiada por gobiernos extranjeros, particularmente el argentino”, remarcó la presidenta en conferencia de prensa este miércoles.

Asimismo, medios mexicanos detallaron que, de acuerdo al contenido difundido, Hernández también sostiene que Milei habría contribuido con financiamiento para la iniciativa. “Pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350.000 dólares”, aseguran que dice en otro de los audios investigados.

Por su parte, Petro, en un posteo de X cuando se publicó la investigación, denunció: “Así se mueven las redes de la extrema derecha comunicacional. El dinero sale de la cocaína y de Israel”. Sheinbaum, por su parte, el miércoles aseguró en rueda de prensa: “No nos van a hacer nada, por más campañas, por más falsas noticias”.

“Podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro Gobierno en Honduras, con recursos de un pueblo amigo. No va a haber mella, no va a haber. Porque puede haber días de confusión, pero si nosotros nos mantenemos con nuestros principios [...] nadie va a afectar el proyecto de transformación. Así de clarito”, manifestó.

En otro de los audios filtrados, del pasado 14 de marzo, Hernández explica que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tuvo “todo que ver” en su indulto, concedido días antes de las elecciones de ese país centroamericano, y en la negociación que lo hizo posible. “Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel”, añade el expresidente.

Según Hondurasgate, las 37 grabaciones –que liberó en su totalidad en su portal y detalló su proceso de verificación– provienen de WhatsApp, Signal y Telegram y se grabaron entre enero y abril de 2026.

“Audios falsos”

Asfura, quien esta semana viajó a EE.UU. para reunirse con empresarios y estará el viernes en Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta de ese país, Laura Fernández, no se ha referido hasta ahora al escándalo. Sí lo hizo, en cambio, el presidente del Parlamento hondureño, que reaccionó también el miércoles con un mensaje en X en el que indicó que una voz de los audios, que se le atribuye a él, es falsa, y que se trata de una “burda fabricación”.

“No había querido referirme oficialmente al tema de los audios falsos que viene divulgando la conexión de la izquierda internacional en redes y medios afines. Para todos los hondureños que durante años nos han escuchado en entrevistas, foros y discursos, resulta evidente que esas voces no son las nuestras”, indicó Zambrano.

Agregó que algunas voces “incluso fueron fabricadas con acento colombiano o nicaragüense”. “La burda fabricación de esta campaña es tan evidente que llega a ser cómica. Sin embargo, para poner punto final a esta ridiculez y evitar que nos sigan distrayendo de los verdaderos problemas de Honduras, el Congreso Nacional acaba de aprobar el envío de estos audios a laboratorios especializados en Estados Unidos”.

“Una vez que tengamos los resultados del peritaje internacional, procederemos de inmediato a incoar las acciones legales correspondientes contra quienes han incurrido en delitos contra el honor de varios hondureños”, subrayó.

Con información de EFE.

Explosivos, drones cargados con detonadores y bloqueos viales. Disidencias guerrilleras de las FARC arreciaron, el pasado 25 y 26 de abril, contra distintas zonas del suroeste de Colombia y dejaron una veintena de muertos y medio centenar de heridos. Se trata de una de las embestidas armadas más sangrientas contra civiles en una década. Y ocurre en plena campaña electoral, a menos de un mes de las presidenciales, cuando ninguno de los tres candidatos con opciones para llegar al poder puso sobre la mesa un remedio claro a la herida abierta más compleja del país: ¿cómo dejar atrás la guerra?

El Gobierno de Gustavo Petro respondió con 1.200 soldados desplegados en el sur del país. Las operaciones ya obtuvieron un primer resultado: la semana pasada fue capturado Alex Vitoncó Andela, alias Mi Pez, cabecilla de la Nueva Marquetalia —la principal disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— y señalado como uno de los mayores responsables de los atentados. Entre ellos, la detonación de un cilindro bomba contra un bus intermunicipal que arrastró a otra veintena de vehículos y colapsó un tramo montañoso de la Vía Panamericana, la principal carretera que bordea el suroeste colombiano.

La última ofensiva guerrillera expuso todas las fallas de la política de seguridad de Petro: organizaciones criminales que negocian con el Estado mientras siembran el terror en la población. Los colombianos lo sufren: según la encuestadora Invamer, el 66,2% se siente inseguro con la ‘Paz Total’ que propugna el mandatario. Entre el electorado, además, muchos extrañan la primera década del siglo. Es decir, los años de mano dura en el Ministerio de Defensa, cuando los secuestros disminuyeron un 90% y la estrecha colaboración con Washington aseguraba el flujo de ayuda a través del denominado Plan Patriota. El problema, no obstante, viene de lejos.

La cocaína terminó con la revolución

Armando Borrero, especialista en defensa y seguridad nacional, recuerda que aquel modelo militar desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe —que comprometía algunas garantías civiles para restaurar el orden público— ya mostraba sus límites al final del mandato, en 2010: “Las FARC se estaban reestructurando. El reclutamiento de guerrilleros, después de haber perdido casi el 50% del que había sido el mayor ejército irregular de América Latina desde la revolución mexicana, con 18.000 hombres en armas, se recuperaba de forma acelerada”. En ese momento Juan Manuel Santos subió al poder e impulsó el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC. El Estado y la insurgencia juzgaron que era el momento preciso para avanzar en una solución negociada.

Una década después, los números hablan por sí solos. Los secuestros se dispararon un 80% en 2025 respecto al año anterior. Los ataques a la Fuerza Pública subieron un 85%. Más de 119.000 personas permanecieron encerradas en sus territorios sin poder salir a comprar alimentos o acceder a servicios de salud debido a las amenazas o bloqueos. Un informe de la acreditada Fundación Ideas para la Paz concluye que la ‘Paz Total’ no solo no redujo la violencia, sino que creó una “tormenta perfecta” humanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Aun así, la apuesta de Petro fue inédita: negociar simultáneamente con todos los grupos violentos. Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcos, paramilitares o urbanas. Todos con el narcotráfico como único horizonte común. Nadie lo había intentado antes. Los resultados, opina Borrero, revelan un error de diagnóstico de fondo: “El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales. El Clan del Golfo, por ejemplo, está dirigido por el Cártel de Sinaloa mexicano. Y el ELN es más venezolano que colombiano, como lo evidencia un documento del Ministerio de Defensa bolivariano en el que consagra que la insurgencia forma parte de su sistema de defensa”.

En el suroeste pocos conocen la paz

En este contexto, el suroeste colombiano es la región que lleva años absorbiendo parte de la sangría que el resto del país prefiere mirar de soslayo. Durante los últimos años, el patrón criminal fue el mismo: asesinatos selectivos contra líderes sociales y combatientes desmovilizados. Una sangría quirúrgica. Invisible y casi rutinaria. Pero algo está cambiando.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 24 en 2022 a 27 el año pasado. Y la masacre de hace unas semanas supone un campanazo de alerta: es la matanza más letal contra civiles en esa región en una década. “La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas”, explica el analista Jorge Mantilla, doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, en Chicago. Y agrega: “Un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápidas que el Estado colombiano”.

El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales

Armando Borrero — Especialista en defensa y seguridad nacional

A menos de tres meses de acabar su cuatrienio, criticar la política de ‘Paz Total’ de Petro es fácil. Explicarla, mucho menos. Sobre todo porque procesos previos como Ralito y La Habana —que desmovilizaron paramilitares bajo Uribe y a las FARC bajo Santos— ya habían dejado suficientes enseñanzas y cabos sueltos por recoger.

Sarah Zukerman Daly, de la Universidad de Columbia, advierte que todo proceso de paz serio debe comprometer a los mandos medios: los combatientes que ejecutan las órdenes de las cúpulas en el terreno. Colombia falló ahí. Y en los intentos recientes —desde Ralito hasta la Paz Total—, recuerda el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, esos mismos cuadros fueron los primeros en rearmarse.

Del Guaviare a Guinea-Bisáu

Cada grupo criminal tiene detrás una cadena económica que empieza en un cultivo de coca y termina en una decisión política. Colombia ya acumulaba 230.000 hectáreas sembradas cuando Petro llegó al poder en 2022 (récord heredado de Duque). Ese año, el nuevo presidente de izquierda suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato —sin alternativas viables—, argumentando daños a las comunidades cocaleras. El resultado: 23.000 hectáreas más en un año (media Catalunya tapizada de verde), hasta 253.000 en 2023, según el monitoreo colombiano.

El mismo acuerdo de La Habana que Petro heredó, que tiene rango constitucional, comprometía al Estado a sustituir esos cultivos por desarrollo agrícola en los territorios más devastados por la guerra. No hubo, sin embargo, ni recursos ni empuje político para cumplirlo. “Lo cierto es que competir con productos como el cacao es muy difícil. Se ha vuelto un problema casi irresoluble”, admite Borrero. “Pero el país no puede seguir siendo rehén de la coca”.

La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas, un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápido que el Estado colombiano

Jorge Mantilla — Doctor en Criminología, Derecho y Justicia de Universidad de Illinois Chicago

Sin la presión de las fumigaciones, las disidencias de las FARC y otros grupos narcos fortalecieron sus lazos regionales. También afianzaron rutas para sacar la droga desde regiones como el sureño Guaviare hacia Venezuela, de Venezuela a Brasil, de Brasil a Surinam. De Surinam a Guinea-Bisáu. Y de Guinea-Bisáu, etiquetado como el primer “narco-Estado africano”, a Europa.

El mejor cliente, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos. De poco bastaron los bombardeos de Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico: una parte sustancial de la cocaína colombiana fluye hacia el gigante del norte (el mayor consumidor del mundo y el socio histórico en la lucha antinarcóticos).

Además, con Petro enfrentado políticamente a Trump desde su toma de posesión, la relación con la Casa Blanca no ha hecho sino tensarse. Uno de los resultados llegó en 2025: por primera vez en tres décadas, Washington retiró a Colombia de su lista de países aliados que combaten el narcotráfico. Con una salvedad reveladora: eximió al país de las sanciones económicas citando “intereses nacionales vitales”. Bogotá recibió el castigo, pero la superpotencia evitó romper el lazo estratégico.

Un ejército moderno no basta

La política de paz de Petro tiene, sin embargo, letra pequeña. Los medios colombianos se centraron en el evidente debilitamiento de las capacidades militares y de inteligencia durante este cuatrienio. Sin embargo, también miraron de refilón algunos matices: 2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico de su predecesor, el derechista Iván Duque. Un incremento sin precedentes, según las Fuerzas Militares. Armando Borrero matiza los números: “La reacción fue tardía y selectiva. El Gobierno persigue a quienes traicionaron las mesas de negociación. El Ejército va detrás de Iván Mordisco (el jefe disidente que abandonó la mesa en 2024) pero no de los hombres de Calarcá, que siguen negociando”.

Se trata de dos jefes del mismo origen guerrillero con distinto trato. Con un costo que el Gobierno prefiere no mencionar: en cuatro de los 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco murieron 15 menores de edad. “Ninguno de los modelos en realidad ha funcionado”, zanja Gutiérrez Sanín. “Pero la escala de daño humano y deterioro del tejido social durante la Seguridad Democrática de Uribe fue inmensa. Los falsos positivos (cerca de 7.000 civiles asesinados por militares y disfrazados de guerrilleros muertos en combate) son solo un aspecto”.

2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico del predecesor de Petro, el derechista Iván Duque

Por eso el campo ha sido el epicentro de casi todos los capítulos de la violencia desde hace más de medio siglo. Cinco millones de personas han sido desplazadas de allí (solo Ucrania en guerra abierta supera esa cifra). Es una de las raíces enquistadas del problema, al que ningún Gobierno ha encontrado solución. Borrero lo explica sin rodeos: “En muy pocas regiones hay una comunidad campesina estable, integrada, y eso es un factor de violencia fuerte. Muchas zonas nunca terminaron de constituirse como comunidades”.

Y donde el Estado no logró asentarse, otros ocuparon el terreno. No es una omisión menor: más de seis décadas de conflicto y 220.000 muertos. El narcotráfico, los grupos armados y el clientelismo político se repartieron ese vacío. El poder en Bogotá, entre tanto, lleva años mirando el mapa desde lejos. Con otros líos acumulados. La impunidad completa el cuadro: el 95% de las causas penales se quedan sin resolver.

Mantilla va más a fondo. En los esfuerzos de pacificación, la negociación terminó girando casi siempre en torno a los grupos armados mientras las poblaciones quedaban al margen. “Se permitió que fueran los violentos quienes asumieran la representación de las comunidades”, explica. El costo sigue siendo visible. “A Colombia, más que construir Estado, le sigue costando construir legitimidad”. La evidencia es reveladora: el Clan del Golfo mantiene control sobre más de 200 municipios con apenas 9.800 combatientes. Unos 50 hombres por municipio frente a un Ejército de 270.000 soldados activos.

Fracaso sin bandera

La conclusión para los expertos es que el problema del Estado no es militar, sino de legitimidad. Eduardo Pizarro León-Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país latinoamericano fue una de las primeras naciones en alcanzar un acuerdo de desmovilización con una guerrilla, en 1990, con el M-19 (el movimiento de raíz urbana donde militó el presidente Gustavo Petro). 36 años después, el ciclo de violencia sigue abierto.

Los estudiosos de la guerra coinciden en que nunca hubo un proyecto estatal serio para ocupar el territorio ni garantizar el monopolio oficial de las armas. Las brechas regionales no hicieron sino crecer. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra más del 80% del suelo cultivable. Mientras tanto, buena parte de Occidente cerró sus guerras internas tras la caída del Muro de Berlín. Las guerrillas centroamericanas depusieron las armas, el IRA en Irlanda firmó la paz, ETA se disolvió en España. En Colombia, sin embargo, el conflicto halló otro combustible indomable: la cocaína. Pizarro concluye que el fracaso de la 'Paz Total 'no es de Petro: “Es de toda la nación colombiana”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se mostró muy crítico con el papel de las Naciones Unidas en el panorama de conflictos actuales y considera que es un actor “impotente” ante estados como Estados Unidos o Israel, que “imponen sus condiciones”. Petro considera que los Estados Nación ya no son figuras tan relevantes en el juego político porque “son cada vez menos autónomos para gestionar su población”. Ahora, ante “genocidios y conflictos de altura”, lamentó que haya presidentes latinoamericanos que sean “cortesanos ante un nuevo rey que es Estados Unidos imponiendo sus condiciones”.

En cambio, él apuesta, dice, por “mirarnos de tú a tú” y ha recordado la reunión que tuvo en el Despacho Oval con el presidente Trump. Asegura que el mandatario estadounidense “vive rodeado de burbujas formadas por quienes le acompañan, con agendas diferentes y que compiten entre ellas”. Insinuando que Trump se encuentra altamente influenciado “por Netanyahu y por personas cercanas como Marco Rubio”, apunta que esas burbujas “se desinflan” cuando el presidente “tiene la oportunidad de hablar con otro ser humano”, tal como ha apuntado en una entrevista concedida a RTVE y la Agencia EFE, en el marco de las jornadas Movilización Global Progresista, en Barcelona.

En esa reunión, explica, tuvo la oportunidad de hablar con Trump y proponerle “un gran pacto por la vida”. A pesar de que considera al líder estadounidense “alguien de derechas, con una vida aria y una idea capitalista, sentí que congeniábamos y que aceptaba”. Ahora bien, Petro mismo ha reconocido que esa sensación duró poco. “A las pocas horas tiraba las bombas sobre Irán”.

El presidente colombiano tuvo palabras muy duras para el presidente norteamericano a quien acusa de haber desestabilizado el mundo y creado “un bloque destructivo para la humanidad” siempre, insiste, “jalonado por Netanyahu, que tiene amigos más poderosos que el propio Trump”.

Gustavo Petro repasó el tablero internacional y, tomando los conflictos iniciados por Estados Unidos en Oriente Medio y Venezuela, puso el foco en el petróleo: “atrae a los misiles y a la muerte”. Concretamente, apuntó que este bien ha sido “la maldición” de Latinoamérica y el Caribe. “Si tienes petróleo, la soberanía creada por la espada de Bolívar, desaparece. Sin petróleo, Venezuela volverá a la libertad”, ha asegurado.

Sobre el país latinoamericano, Petro identifica tres vías para solucionar la actual solución: la primera es dejar que Nicolás Maduro, sobre quien asegura que la acusación de narcotraficante es “injusta”, tenga un juicio libre en Venezuela o en alguna corte internacional. La segunda es “devolver el poder al pueblo”. Y eso no pasa por celebrar elecciones libres inmediatamente, lo cual consideraría un “error”, sino crear un “cogobierno” del chavismo con la oposición durante dos años para dar tiempo a los venezolanos a que creen “una alternativa”.

Y la tercera es, para Petro, una condición indispensable: que esas alternativas se desliguen del petróleo. “Entre el petróleo que tiene Venezuela y el carbón que tenemos en Colombia, podemos matar a toda la humanidad si decidiéramos mandarlo al aire”, asegura. Ha apuntado que tiene pensado verse con Delcy Rodríguez, aunque todavía no tienen una cita concertada (“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma”), para pactar una salida conjunta entre ambos países a la dependencia del crudo.

Gustavo Petro apuesta por apartar el petróleo de los gobiernos ya que, considera, “los estertores del petróleo, pueden ser los estertores del capital”, ha dicho en referencia a un momento en el que el mundo ya está sufriendo las carencias de este bien a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz. “La humanidad tiene que ecoger entre vivir o codiciar. Si queremos una sociedad en que nuestros hijos puedan ser y ser más felices que tú, debes escapar del camino dominante”, ha remachado.

Por ello, el presidente apuesta por una “redefinición del mundo” que no deberían pasar por las decisiones de los Estados ni de los partidos políticos, sino por “una demanda de libertad de los pueblos que vaya hacia una democracia global”. En ese sentido, ha tomado de ejemplo Latinoamérica, de la que presume por haber “parado al fascismo”. En cambio, ha mirado con preocupación hacia Europa, donde asegura que “Hitler sigue vivo” a través del “odio racial al extranjero”.

La entrevista ha dedicado su parte final a evaluar el propio mandato de Petro en Colombia, que está a punto de terminar. El presidente no opta a la reelección y abandonará el cargo habiendo dejado una gran promesa sin cumplir: culminar el proceso de paz. “No es un fracaso personal, es un fracaso nacional”, ha asegurado. Preguntado por qué hizo mal en estos años en el poder, Petro contestó que su principal error fue “nombrar a gente que no sirve”. “Fue una gran tontería que me ha costado mucho confiar en un gobierno plural en el que incorporé a gente de centro que, en realidad, estaba a la derecha de Uribe”.

Ahora bien, de lo que sí sacó pecho es de haber empezado a cambiar la manera en cómo Colombia se presenta ante el mundo y, en especial, ante los mercados. Uno de sus grandes legados, dice, será haber impulsado otros comercios para que la economía de su país no dependa sólo del crudo y, también, de la cocaína. “Había pocas soluciones. O impulsamos el cacao o hacemos que los europeos dejen de consumir cocaína. O eso, o hacemos que se legalice”, dijo

La entrevista a Gustavo Petro se dio en el marco de la Movilización Global Progresista, unas jornadas políticas celebradas en Barcelona que coinciden con dos cumbres más: la primera bilateral España-Brasil y la cuarta edición de la cumbre para la Defensa de la Democracia. Entre los tres actos, el presidente Pedro Sánchez se dará cita con una decena de mandatarios de izquierdas de primer nivel. Más allá del líder colombiano, también se encontrará con el brasileño Lula Da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el portugués António Costa, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el uruguayo Yamandú Orsi, la irlandesa Catherine Connolly o el albanés Edi Rama, entro otros muchos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le manifestó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un “gran honor” conocerlo y que “ama a Colombia”, en una dedicatoria escrita en una tarjeta oficial de la Casa Blanca que le obsequió al finalizar una reunión bilateral de más de dos horas en Washington.

“Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”, dice el mensaje que acompaña una fotografía de ambos mandatarios sonrientes, publicada por Petro en la red social X. El presidente colombiano compartió además la imagen de un ejemplar del libro Trump, the Art of the Deal, firmado por el mandatario estadounidense con la frase: “Sos genial”.

Con tono irónico, Petro acompañó la publicación con un comentario: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

El encuentro, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, concluyó pasadas las 13:00 hora local y tuvo como objetivo relanzar la relación bilateral tras un año marcado por tensiones diplomáticas. Sin embargo, la visita no incluyó una recepción de alto perfil: Petro no fue recibido en la puerta del Ala Oeste ni contó con la tradicional guardia de honor militar, a diferencia de otros mandatarios latinoamericanos como el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

El presidente colombiano llegó a la Casa Blanca a bordo de un vehículo del Servicio Secreto estadounidense con la bandera de Colombia. Desde la administración norteamericana, la portavoz Karoline Leavitt aseguró en una entrevista con Fox News que Trump ingresó a la reunión “con muy buena disposición”.

La cita fue la primera reunión cara a cara entre ambos presidentes y se produjo cuando Petro transita la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia prevista para el próximo 31 de mayo.

El tema central del diálogo fue el narcotráfico. Washington sostiene que la producción de cocaína se incrementó durante el Gobierno de Petro, mientras que el mandatario colombiano defiende su política de sustitución de cultivos ilícitos como una estrategia exitosa y de largo plazo.

Por parte de Estados Unidos participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. La delegación colombiana estuvo integrada por la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el embajador en Washington, Daniel García-Peña.

La reunión se dio tras un año de fuertes desencuentros entre ambos gobiernos. La administración Trump retiró a Colombia la certificación como país cooperante en la lucha contra las drogas, revocó el visado de Petro e incluyó al mandatario y a parte de su familia en la denominada “Lista Clinton”, lo que implica sanciones financieras por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Petro, por su parte, ha sido un crítico abierto de la política migratoria y medioambiental de Trump, así como de su postura frente a la guerra en Gaza. No obstante, el pasado 7 de enero ambos mantuvieron una conversación telefónica y acordaron retomar el diálogo, lo que derivó en el encuentro de este martes. Para concretarlo, el presidente colombiano debió recibir un visado especial del Gobierno estadounidense.

Con información de la agencia EFE

Iván Cepeda, candidato de la izquierda oficialista y líder en los sondeos para las elecciones presidenciales de mayo próximo en Colombia, es un político de temperamento sereno y habla pausada. En el Congreso —donde ocupó un escaño en cuatro ocasiones consecutivas—, lideró la defensa de las víctimas de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado en el país latinoamericano. Considerado por algunos analistas como el interlocutor ideal para reunir las dispersas bases electorales del progresismo, este bogotano de 63 años ganó las primarias de la coalición del Pacto Histórico para recibir el testigo del actual presidente, Gustavo Petro.

De momento anunció que, por cuenta de los niveles de polarización en la contienda, no asistirá a debates. Sí atendió a elDiario.es en Madrid, donde hizo escala para presentar su candidatura y denunciar la agresión ilegal de EEUU a Venezuela, pese a que su Gobierno no reconoció los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro. “Colombia no es una colonia ni protectorado de EEUU”, decía claramente en la rueda de prensa previa a la entrevista. “Hacemos un llamado de alerta de que EEUU está intentando influir en nuestras elecciones. Buscan influir en la opinión pública catalogando a nuestro presidente como narcotraficante”.

Cepeda Castro cree que Europa y América Latina viven un momento decisivo en el que es necesario ser conscientes del peligro que representa Trump. “Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son muy graves”.

Una primera pregunta inevitable, ¿cuál es su análisis de la agresión estadounidense a Venezuela y su interpretación de la visión trumpista en política exterior hacia América Latina?

Es muy importante entender a qué nos estamos enfrentando. Un problema no se puede abordar si no hay una comprensión clara de qué dimensión tiene, qué tan profundo es y cuáles son sus consecuencias. Desde esa perspectiva, no es correcto entender todos y cada uno de los hechos y eventos que hemos venido constatando a lo largo de este segundo periodo de Donald Trump como si se tratara de hechos que son sencillamente inconexos, que provienen de estados anímicos o que son simplemente el resultado de una política que es desordenada y caótica. Trump no es un hombre desquiciado y lunático, sino la expresión de una realidad política.

Estamos hablando de una estrategia. Afortunadamente, ya la tenemos escrita para que podamos sacar las conclusiones necesarias. Esa estrategia es una estrategia de una característica muy clara: es la entronización de un modelo totalitario, yo diría neofascista, de comprensión del hemisferio occidental, entre otras cosas.

Cuando asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado

¿Cree que una vuelta tan burda al expansionismo o imperialismo estadounidense puede tener algún efecto, no ya en la izquierda, sino en esos sectores que no están tan ideologizados?

Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son tan graves. Entonces, yo espero que se entienda que no son palabras, no son declaraciones y no son reacciones anímicas. Es una política que está en ejecución y todos deben entenderlo, no solo la izquierda ni los sectores con un mínimo sentido de la dignidad nacional. Ese camino a lo que lleva es al desastre, al desastre económico, político y social, así que es nuestro deber oponernos a eso.

Venimos de un periodo de fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos tras años de una alianza que parecía inquebrantable. ¿Cómo va a abordar usted esa relación con Washington y la Casa Blanca de seguir esta política exterior?

Si llego a ser jefe de Estado, mi primer deber es cumplir la Constitución y nuestra Constitución es muy clara: Colombia es una nación soberana. Haré respetar su soberanía. Colombia es una nación que está a favor de la integración latinoamericana, que obedece al principio de respeto por la soberanía de otros pueblos y, por supuesto, que cultiva relaciones de cooperación, de buen entendimiento y de colaboración entre las naciones. Ahora bien, esos son los principios, pero habrá que ver las realidades a las cuales nos abocaremos. Si hay un intento de intervención militar en Colombia, tendré que tomar las decisiones que correspondan a esas circunstancias.

¿Ha recibido usted por parte de la Administración Trump algún ataque o teme que sea atacado durante la campaña, tal y como lo ha sido el actual presidente, Gustavo Petro?

Con el secretario [de Estado, Marco] Rubio, ya ha habido episodios, especialmente cuando se desarrolló el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez. Un proceso en el cual yo he tenido el rol de víctima, el presidente Trump y el secretario Rubio hicieron declaraciones claramente intervencionistas a favor del expresidente, en contra de la Justicia y catalogando ese juicio como una especie de atentado o montaje judicial en su contra [Cepeda inició una demanda contra Uribe, quien fue condenado en primera instancia, posteriormente absuelto y ahora el caso se enfrenta a su último recurso].

Es curioso cómo la extrema derecha, que hace una defensa tan firme de la soberanía de las naciones, está ahora aplaudiendo en cierta medida una intervención ilegal en otro país. ¿Qué opina de eso y cómo se ha posicionado la oposición en Colombia?

Hemos escuchado voces intentando propiciar una intervención en Colombia, comenzando por la del propio expresidente Álvaro Uribe, quien este mismo miércoles ha dicho que es necesario un cambio de gobierno lo más rápidamente posible. Es decir, no a través de las elecciones.

El Gobierno de Petro no reconoció los resultados oficiales de 2024 que dieron la victoria a Maduro en Venezuela. ¿Cómo abordaría usted esa relación bilateral y la crisis política y humanitaria en Venezuela?

En este momento, si es a eso a lo que nos referimos, hay que buscar una solución incruenta, política y diplomática. Esa ha sido la convicción de mi Gobierno. Se han hecho esfuerzos múltiples en ese sentido para encontrar un diálogo entre la oposición y el Gobierno o lo que se llama el chavismo. Creo que mi Gobierno debe darle continuidad a sus esfuerzos, por supuesto.

Pero hasta ahora no han tenido resultados.

Sí, es cierto, pero en esto de los diálogos, se lo dice una persona que ha estado 15 años sentado en mesas de negociación, hay que ser perseverante.

¿Cómo respondería usted ante una injerencia estadounidense en las elecciones de Colombia claramente en contra de su candidatura?

Pues a través, obviamente, de reacciones políticas. Y una reflexión sobre eso: es muy equívoca la idea de que agrediendo mi candidatura, como lo ha hecho la extrema derecha colombiana, se va a lograr debilitarla. Más bien lo que he visto es que aumenta el nivel de simpatía y el fortalecimiento. Las mentiras, las manipulaciones, las distorsiones de lo que somos y de lo que queremos hacer se hacen muy evidentes. Intentar presentarme a mí como una especie de vocero de las organizaciones armadas es un gravísimo equívoco y lo han visto ya los sectores de extrema derecha.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de la lógica económica. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia

¿Teme que Colombia pudiese ser el próximo objetivo de Estados Unidos en caso de que el resultado electoral no fuese el favorable para la Administración Trump?

En la medida en que eso afecta a mi pueblo y va a afectar a la región, por supuesto. Pero más que temor, mi posición es totalmente firme: haremos todo lo necesario para evitarlo y buscaremos todas las alianzas y procesos políticos que lo eviten. Pero obviamente, cuando yo asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial y ha sido un proceso en el cual he recibido solicitudes y exigencias de los movimientos sociales con los que tengo una relación muy estrecha, casi orgánica—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado.

¿Cómo caracterizaría el tipo de izquierda que usted representa para darle contexto a un analista europeo?

Nuestra historia es la de una serie de corrientes políticas que se han ido identificando en torno a unos propósitos muy claros. Queremos hacer de Colombia hoy por hoy una nación realmente democrática, pacífica y en paz; una nación que tenga la condición de ser una nación equitativa y que tenga la posibilidad de desarrollar al máximo nuestro potencial.

Eso se expresa en la idea de que podemos ser una potencia mundial agroalimentaria. Somos una izquierda que está claramente identificada con las transformaciones sociales, con la equidad social, con ser cada vez una nación más democrática y también una nación más próspera. Obviamente, en el sentido en que todo eso coincide con un humanismo y con un respeto de la naturaleza.

Usted ha dicho que tendrá una línea continuista con el actual presidente. ¿Cuál es el legado de esta presidencia en términos sociales? ¿Qué puede destacar?

Hay un conjunto de logros que son el resultado del cumplimiento de nuestro programa. La reforma agraria ha tenido como resultado que, por primera vez, en Colombia se han entregado o se aspira a entregar 700.000 hectáreas porque ya están en poder del Estado. También ha tenido una reforma laboral, una reforma tributaria con el respeto del principio constitucional de progresividad en los impuestos y una reforma de las pensiones. Las políticas públicas han sido claramente sociales, como por ejemplo la el aumento considerable del salario mínimo, que en la última decisión del Gobierno ha crecido un 23%, es decir, un alza histórica. Podría enunciar otras, pero es en ese terreno en el cual nuestro Gobierno ha tenido un signo distintivo evidente con otros.

A menudo se ha calificado de fracaso la política de paz total del presidente Gustavo Petro de negociar paralelamente con todos los grupos armados. ¿Cuál es su análisis al respecto?

Lo que pasa es que en Colombia tenemos un conflicto armado que ha ido mutando en el tiempo. Tuvo un retroceso importante con el acuerdo de paz de 2016 y ha tenido procesos de diálogo que han ido desarrollándose en este tiempo. Pero esos procesos se enfrentan a realidades también que son muy graves: Una de ellas es que el narcotráfico se ha globalizado como economía, es decir, lo que hemos visto en este cuarto de siglo es la emergencia de un narcotráfico que tiene hoy múltiples mercados internacionales. Ya no es solamente Estados Unidos o Europa. También estamos ante una muy fuerte economía ilegal de la explotación del oro, porque el oro se ha ido convirtiendo poco a poco en prácticamente el fundamento de la divisa internacional sustituyendo al dólar.

Todos esos cambios tienen un impacto territorial donde está el conflicto armado en su situación más álgida por precisamente la emergencia de esas economías o su fortalecimiento. Se han transnacionalizado no solamente los mercados, sino también las redes criminales. Desde la Patagonia hasta Alaska, hoy tenemos muchas más organizaciones, redes, ejércitos que están involucrados en las economías ilícitas y eso ha impactado severamente a Colombia.

En este sentido, que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa.

¿Plantea algún cambio notable respecto al actual mandato presidencial de Gustavo Petro?

Más que continuismo, diría que propongo una clara línea de profundización de los cambios sociales. Hay un acento muy importante. Comencé hablando en mi campaña de una revolución ética. ¿Qué entiendo por eso? Entiendo que en Colombia y en el mundo hay un estado de degradación moral evidente.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que se consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de una lógica económica. Eso tiene una grave consecuencia que en mi país está agudizada por el efecto de una muy prolongada violencia. Y es que el ser humano termina deshumanizándose. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia y el despertar de la conciencia se puede dar si entendemos que es necesario salir de ese estado de tolerancia e insensibilidad moral. Eso se logra, por ejemplo, escuchando a las víctimas de la violencia, haciendo la memoria de lo que han sido las sociedades y escuchando la verdad.

Que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa

Parte de esa degradación moral es la corrupción. El haber convertido el Estado en objeto de la privatización ha provocado que cualquier privado pueda disponer del bien público y eso ha estimulado que el Estado se convierta sencillamente en un botín. En Colombia no tenemos corrupción, tenemos la megacorrupción. Tenemos la toma de la corrupción en el Estado, en todas las ramas del poder público, en todos los niveles, desde el Gobierno hasta las alcaldías. Debemos producir como parte de esa revolución ética una rebelión ciudadana contra la corrupción. Y ahí va a haber un acento distinto.

En la relación bilateral con Estados Unidos, Gustavo Petro ha adoptado un estilo más confrontacional con Donald Trump que otros líderes de la región ¿Cuál será su estilo?

Mi comportamiento y conducta política la fijo no intentando diferenciarme del presidente. Soy una persona que se orienta por el respeto en la política. Respetar a todos, comenzando por los adversarios. Así que por mi parte no habrá ninguna clase de dinámicas de insulto, palabras destempladas o concursos de quién dice la peor cosa del otro. Pero soy una persona que fija posiciones claras y argumentadas; posiciones que, una vez las asumo, las convierto también en norma. Es decir, si yo tomo la decisión de ser candidato presidencial es porque voy a hacer cumplir la Constitución y desde esa perspectiva vamos a asumir todas las decisiones, siendo por supuesto muy respetuoso en las formas, pero muy claro en el fondo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, hablaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.

Fuentes de la Cancillería colombiana confirmaron a EFE la conversación entre los presidentes, que duró más de 40 minutos. En la misma Donald Trump invitó a Gustavo Petro a visitar los Estados Unidos.

En un discurso ante miles de personas que llenaron este miércoles la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una concentración en “en defensa de la soberanía” tras las amenazas de su par norteamericano, Gustavo Petro dio algunas pistas sobre el contenido y el tono de la conversación.

“En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro”, manifestó Gustavo Petro en aparente referencia a la conversación con Trump.

Gustavo Petro convocó esta conversación en medio de una guerra verbal con Donald Trump, quien el pasado domingo comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”.

En referencia al presidente colombiano, Donald Trump dijo entonces que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Maduro, respondió: “A mí me suena bien eso”.

El presidente colombiano reaccionó con otra amenaza, de volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero del M-19, para defender la soberanía de la “amenaza ilegítima” de Donald Trump.

Según dijo Gustavo Petro en su discurso, “políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz” de Colombia, “engañaron a Trump” al vincular al mandatario colombiano con mafias para ponerlo en su contra y provocar una crisis con Estados Unidos.

“Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamémosla diplomática por ahora, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, subrayó el presidente.

Según el mandatario, sus enemigos “parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos”, como ocurrió el sábado en Caracas cuando fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Donald Trump dijo, tras la llamada telefónica, que contempla reunirse con Petro en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela. 

JIB

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este lunes al pueblo colombiano a marchar en las calles el próximo miércoles para defender la soberanía de su país ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió Petro en X.

El mandatario colombiano invitó además a todos los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera de Colombia en la entrada de sus casas o lugares de trabajo

La iniciativa surge en medio de la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Donald Trump, presidente estadounidense, calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente.

En las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la “amenaza ilegítima” del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.

En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y en referencia a Petro dijo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: “a mí me suena bien eso”.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra.

El mandatario, que tiene un enfrentamiento verbal con Trump prácticamente desde que éste comenzó su segundo periodo en la Casa Blanca, hace casi un año, señaló que tiene “una enorme confianza” en que el pueblo colombiano lo defenderá.

“La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, subrayó.

Según Petro, si Estados Unidos “detiene al presidente”, como lo hizo el pasado sábado en Caracas con Maduro y Flores tras un bombardeo en varios puntos de Venezuela, enfrentará la reacción popular.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE.UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, agregó.

EFE

Un portaaviones se acerca a Colombia y Venezuela. La presencia militar en la zona no deja de aumentar desde hace semanas. Y este viernes se conoció el décimo ataque contra una embarcación en aguas internacionales, lo que eleva a 43 personas asesinadas en estas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de Estados Unidos.

El envío del portaaviones más avanzado de la Armada de EE.UU. al Caribe supone un paso más en la escalada de la campaña militar de la Administración Trump que amenaza a los gobiernos de Latinoamérica, fundamentalmente a los de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, en Venezuela y Colombia, con la excusa de combatir al narcotráfico sin aportar una sola prueba de ello.

Así, el secretario de Defensa (ahora de Guerra), Pete Hegseth, ordenó el envío al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, hasta ahora desplegado en el Mediterráneo, con docenas de aviones de combate y buques de guerra de la Armada que acompañan al portaaviones.

El portaaviones se suma a una unidad de helicópteros de élite estadounidense desplegados en las últimas semanas, los Night Stalkers, que participaron en intervenciones estadounidenses en el pasado, desde Granada y Panamá hasta Irak, Afganistán y Somalia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmaba este jueves que no tiene previsto acudir al Congreso a pedir una declaración de guerra, si bien él mismo está tratando como un Ejército enemigo a los supuestos integrantes de bandas venezolanas como el Tren de Aragua, catalogadas como organizaciones terroristas internacionales. Su coartada es que con cada ataque se salvan “25.000 vidas estadounidenses” porque se trata de “narcoterroristas que envenenan a los ciudadanos”, por lo que sus ataques preventivos supondrían un acto de autodefensa.

Sin embargo, EE.UU. no está aportando una sola prueba de lo que dice: ni de la carga de las supuestas narcolanchas, ni de la identidad de los supuestos narcoterroristas, ni la ruta de las embarcaciones... Nada de nada que apoye sus ataques y su versión de la historia.

Es más, en estos días se evidenciaron las fisuras de la operación estadounidense con la puesta en libertad en Ecuador, un país afín políticamente gobernado por el derechista Daniel Noboa, del superviviente entregado por EE.UU. tras uno de sus ataques. Es decir, que las víctimas que no son asesinadas bajo sospecha de ser “como Al Qaeda”, en palabras del secretario de Guerra, Pete Hegseth, o “como el ISIS”, en términos de Donald Trump, quedan en libertad sin cargos.

En una entrevista con la CNN, Noboa declaró que Ecuador pidió al Gobierno estadounidense más información sobre el ataque de la semana pasada, en el que sobrevivió un ciudadano ecuatoriano, Andrés Fernando Tufiño, quien fue repatriado y liberado por la fiscalía ecuatoriana tras no tener ninguna prueba de que hubiera cometido ningún delito. “No hay suficientes pruebas”, dijo el presidente ecuatoriano, “de acuerdo con la Constitución ecuatoriana, sobre si cometió o no un delito. Estamos pidiendo a EEUU que nos proporcione la información, la acusación y los detalles para que podamos procesarlo conforme a la legislación ecuatoriana”.

“Una nueva etapa de hostilidad en el sur”

“Estamos en una nueva etapa de hostilidad estadounidense en el sur”, afirma Alexander Main, director de Política Internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR): “La dinámica no es desconocida, pero representa una nueva y peligrosa escalada con un abierto desprecio por el derecho y los acuerdos internacionales, así como por las normas diplomáticas y de derechos humanos. Como señaló el académico Greg Grandin, América Latina suele ser un laboratorio para los experimentos políticos, militares y de inteligencia de Estados Unidos, por lo que la escalada actual podría tener profundas implicaciones más allá de la región”.

El presidente brasileño, Lula da Silva, antes de su viaje a Malasia en el que coincidirá con Trump, afirmó este viernes: “No se puede decir que se va a matar gente. Hay que arrestar a las personas, juzgarlas, determinar si traficaban o no y luego castigarlas conforme a la ley. Eso es lo mínimo que se espera de un jefe de Estado”.

En efecto, este jueves en la Casa Blanca, Trump abrió la puerta a que la Administración informara al Congreso sobre los ataques en el Caribe y el Pacífico, pero descartó que fueran a buscar una declaración de guerra. “No voy a pedir necesariamente una declaración de guerra”, dijo Trump: “Solo estamos tratando de matar a la gente que trae drogas a nuestro país. Los vamos a matar, van a estar prácticamente muertos”.

“Vamos a ir al Congreso”, dijo el presidente de EEUU: “Les contaremos lo que hacemos y creo que probablemente les parecerá bien, excepto a los lunáticos de la izquierda radical”.

A principios de este mes, una resolución que exigía a Trump reclamar poderes de guerra para seguir con su guerra en aguas internacionales de América Latina, cayó en el Senado por 51 votos a favor y 48 en contra, con solo dos republicanos, Rand Paul y Lisa Murkowski, votando a favor. Está previsto que haya otro intento en las próximas semanas.

Para hacer frente político a la escalada de Trump en la región, la Internacional Progresista impulsó una alianza de parlamentarios de más de una docena de países de América Latina y el Caribe para defender la región como una “Zona de Paz”.

“El pretexto es conocido”, escriben, “el presidente Trump justificó la intervención estadounidense en Venezuela como un medio para combatir los 'cárteles', celebrando los ataques letales contra pescadores acusados de transportar drogas. Ya vivimos esta catástrofe. En Colombia, México y en toda nuestra región, la primera 'Guerra contra las Drogas' de Estados Unidos solo trajo derramamiento de sangre, despojo y desestabilización. Ahora, el gobierno de Trump planea liderar una nueva 'Guerra contra las Drogas'. Esa guerra puede comenzar con un cambio de régimen en Venezuela, pero ya sabemos que no terminará allí. Estados Unidos ya está amenazando con ataques ilegales con drones en suelo mexicano en nombre de su 'seguridad nacional'. Si no defendemos la paz ahora, corremos el riesgo de una nueva ola de intervenciones armadas en toda la región, desatando una crisis humanitaria de escala inimaginable en todos nuestros países”.

El historial de acciones encubiertas de EE.UU. en América Latina y el Caribe, como las que acaba de aprobar Trump, es elocuente. En 1954, la CIA orquestó un golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Árbenz de Guatemala, lo que dio inicio a décadas de inestabilidad. La invasión de Bahía de Cochinos a Cuba en 1961, respaldada por la CIA, terminó en desastre, y la agencia intentó repetidamente asesinar a Fidel Castro. Ese mismo año, sin embargo, la CIA suministró armas a los disidentes que asesinaron a Rafael Leónidas Trujillo Molina, el líder autoritario de la República Dominicana.

La CIA también participó en un golpe de Estado en Brasil en 1964, la muerte del Che Guevara y otras maquinaciones en Bolivia, un golpe de estado en Chile en 1973 y la lucha de la Contra frente al gobierno sandinista de Nicaragua en los años 80.

“Sigue siendo un asesinato”, tuiteó el presidente colombiano, Gustavo Petro tras el primer ataque esta semana en el Pacífico, “ya sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del gobierno estadounidense infringe las normas del derecho internacional”.

Las palabras de Petro llegan después de varias declaraciones incendiarias del presidente de EE.UU., en las que amenazaba: “Más le vale que se cuide o tomaremos medidas muy severas contra él y su país. Es un narcotraficante, se dedican a fabricar droga”.

Las amenazas de Trump se producen en pleno proceso preelectoral en Colombia, “buscando una vez más el triunfo de la extrema derecha, que está fuerte y comprobadamente vincula al narcotráfico, pero es obediente en la concesión de invasiones”, decía Petro.

En este sentido, el presidente colombiano afirmó la semana que pasada que Estados Unidos violó la soberanía de Colombia y asesinó a un pescador en los ataques en el Caribe: “EE.UU. ha cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EE.UU. La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los EE.UU”.

Mientras tanto, un tribunal de apelaciones colombiano anuló la sentencia del expresidente Álvaro Uribe, quien había sido acusado de soborno y manipulación de testigos en relación con acusaciones de conspiración con grupos paramilitares. Y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se apresuró a celebrarlo al afirmar que Uribe había sido víctima de una “caza de brujas”, mostrando su implicación en la política interna del país de la misma manera que hizo Trump imponiendo aranceles desorbitados del 50% a Brasil por el proceso contra el ex presidente Jair Bolsonaro por golpista.

Rescate a Milei

Mientras Trump presiona políticamente y militarmente a Petro y Maduro, el presidente Javier Milei se llevó de su reciente paso por Washington DC un rescate de 40.000 millones de dólares en plena recta final de la campaña de las elecciones legislativas de este domingo –20.000 para reforzar el peso y otros tantos en futuras inversiones–. Un rescate vinculado a que el Gobierno siga en sus manos, eso sí.

Pero, además de ese oxígeno en efectivo, Donald Trump anunció que abre las fronteras a la carne argentina para bajar los precios de la carne para los consumidores estadounidenses, en lo que viene a ser un reconocimiento de que el cierre de fronteras y los aranceles hacen daño al bolsillo de sus ciudadanos.

“Argentina está luchando por su vida”, le dijo a la periodista que le preguntaba por las repercusiones para los ganaderos estadounidenses, que expresaron su contrariedad por la decisión. “Están luchando por su vida, no es que beneficie a Argentina, es que están luchando por su vida. ¿Entendés lo que eso significa? No tienen dinero. No tienen nada. Luchan con todas sus fuerzas por sobrevivir. Si puedo, les ayudo a sobrevivir en un mundo libre. Me cae bien el presidente de Argentina, creo que está intentando hacer lo mejor que puede. Pero se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo”.

“Si ahora compramos carne, ayudaría a Argentina, que consideramos un muy buen país, un muy buen aliado en un lugar. Si echan un vistazo”, dijo Trump en un claro signo de las intenciones políticas de sus decisiones comerciales, “Sudamérica está girando, están empezando a girar mucho hacia nosotros, alejándose del socialismo, es bastante asombroso”.

Si bien es verdad que hay países como Bolivia, que viró a la derecha, lo que también transmite Trump es el temor a que el pueblo argentino arrebate la exigua mayoría legislativa con la que cuenta Milei –después de la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires– como paso previo para un cambio hacia el progresismo en la presidencia de Argentina. Y Milei, junto con Netanyahu, son los dos trumpistas incondicionales en el panorama internacional.

“Una intervención del gobierno estadounidense en un país extranjero con fines abiertamente políticos”, decía estos días un artículo de Foreign Policy, como el rescate financiero a Argentina que supera el presupuesto total de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que fue desmantelada con la excusa del ahorro, “es sin duda una forma extraña de priorizar Estados Unidos o de abrazar el libre mercado. Muchos republicanos lo creen, pero no está claro que sea un mensaje que esté calando en el Washington del cierre del gobierno [que ya suma 24 días]”.

El Gobierno de EE.UU. aprobó este viernes sanciones contra Gustavo Petro, “por vínculos con el narcotráfico”, en lo que supone un paso más en su escalada contra el presidente colombiano.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se disparó a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, afirma el secretario del Tesoro, Scott Bessent: “El presidente Petro permitió el florecimiento de los cárteles de la droga y se negó a detener esta actividad. Y el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.

La medida se toma en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, explica el Departamento del Tesoro, y llega después de varios ataques personales de Trump a Petro y de que EE.UU. le retirara el visado al ex presidente colombiano por participar en una manifestación en Nueva York contra el genocidio israelí en Gaza en la semana de la Asamblea de Naciones Unidas.

Según la Administración Trump, Gustavo Petro “otorgó beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de 'paz total', entre otras políticas, lo que llevó a niveles récord de cultivo y producción de cocaína. El 15 de septiembre de 2025, debido a las acciones de Gustavo Petro y sus secuaces, el presidente Trump determinó que Colombia es un importante país de tránsito o de producción de drogas ilícitas y que está 'incumpliendo manifiestamente' sus responsabilidades en materia de control de drogas”.

Petro fue sancionado “por haber participado, o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

El Tesoro también sanciona al hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos (Nicolás Petro); la primera dama, Verónica del Socorro Alcocer García; y Armando Alberto Benedetti Villaneda (Armando Benedetti) “por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”.

La consecuencia de las sanciones es que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50% o más, de una o más personas sancionadas también quedará bloqueada. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas sancionadas”.

Gustavo Petro aseguró que “EEUU ya no cumple con el derecho internacional” y ha pedido que la sede de Naciones Unidas deje de estar en Nueva York, después de que el Departamento de Estado de EEUU anunciase que le revocaba la visa por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visa a EEUU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito Visa. Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, aseguró en su cuenta de Twitter.

“Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU. El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”, señaló.

El Departamento de Estado de EEUU anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X. “Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, añade el escueto mensaje.

Se refieren a una manifestación que tuvo lugar el mismo viernes en Nueva York a favor de Palestina y contra la presencia de Netanyahu en la Asamblea de las Naciones Unidas, que pronunció su discurso con una sala casi vacía después de que la mayoría de delegaciones la abandonase a modo de protesta.

Según Petro, la revocatoria de su visado estadounidense no le importa porque no lo necesita, ya que tiene también ciudadanía italiana y puede viajar con el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por su sigla en inglés), que exime de la visa.

“No necesito visa, sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo”, agregó el presidente.

La concesión de la ESTA, sin embargo, no es automática para los ciudadanos de los países eximidos de la obligatoriedad del visado y está sujeta igualmente a la aprobación de las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Estado de EEUU anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York contra el genocidio en Gaza a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X. “Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, añade el escueto mensaje.

Petro, en un acto convocado en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro “ejército de salvación” multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación, dijo, propondría a la Asamblea de Naciones Unidas, que se reunía estos días en Nueva York, con la presencia de Netanyahu este viernes, a quien la mayoría de delegaciones dejaron hablando solo. “(Ese ejército) tiene que ser más grande que el de los EE.UU. Por eso desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de EEUU que desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, clamó Petro durante la manifestación.

El mandatario colombiano aseguró que ese futuro ejército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento solo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como 'Uniting for Peace', debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

“Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional”, añadió el presidente colombiano, que según indicaron fuentes diplomáticas a EFE ya abandonó EE.UU. “como estaba previsto” de regreso a Bogotá.

Petro: “El gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional”

Gustavo Petro no tardó en responder a la medida en redes sociales: “Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visa a EEUU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito Visa”, señala. “Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU”, dijo.

“El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio , que es un crímen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional”, añade, y acaba el mensaje asegurando que “la sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York.”

Una manifestación contra Netanyahu

Sus palabras coincidían con la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en la que este viernes intervino Benjamin Netanyahu para asegurar que seguiría con el genocidio en Gaza - “No hemos terminado”, dijo-. El primer ministro israelí pronunció estas palabras ante unos pocos delegados de la ONU, ya que la mayoría de países abandonaron la sala entre abucheos a modo de protesta cuando iba a tomar la palabra.

Mientras esta protesta ocurría dentro de la Asamblea, miles de personas marchaban desde Times Square hasta la sede de Naciones Unidas para protestar contra el genocidio en Gaza y mostrar su apoyo al pueblo palestino. Fue a esta manifestación a la que acudió Petro y donde pronunció las palabras por las que ahora Trump ha decidido revocarle el visado.

El discurso más visto

A todo esto se suma que la última intervención de Gustavo Petro en la Asamblea de Naciones Unidas esta semana ha sido muy sonado y compartido en diferentes redes sociales. “No hay raza superior, no hay pueblo elegido de dios, no lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido por dios es la humanidad toda”, aseveró. “La ONU tiene que cambiar ya, una ONU diferente, humana, que debe antes que nada detener el genocidio en Gaza”, añadió.

Colombia sufrió el jueves dos atentados dirigidos, respectivamente, contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 20 muertos. El probable responsable fue, según declaró tras los sucesos el presidente del país, Gustavo Petro, el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC y hay al menos dos detenidos.

El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país, donde 12 policías antidroga murieron al ser atacado el helicóptero en que se desplazaban para participar en una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Otro agente, el capitán Francisco Merchán, falleció por la mañana de este viernes elevando los fallecidos en este atentado a trece, según informó el presidente colombiano en su cuenta de la red social 'X'.

Horas después, en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, al suroeste, un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana. Murieron en la explosión siete personas, una de ellas menor de edad, y más de 70 resultaron heridas, todas civiles que pasaban por el lugar, según el último balance hecho público por el alcalde Alejandro Éder.

La explosión dejó además una enorme destrucción en un tramo de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la base golpeada. Las autoridades confirmaron la detención en el lugar de un hombre que al parecer forma parte de los grupos disidentes de las FARC y más tarde el presidente del país ha confirmado la detención de dos sospechosos de cometer el atentado.

El propio Gustavo Petro publicó en su cuenta de la red X una imagen del primero de los arrestados, al que identificó por el apodo de “Sebastián”. “Pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias 'Marlon', subordinado a la Junta del Narcotráfico”, escribió el mandatario.

Petro se refirió a esa junta en una comparecencia televisada durante un acto de entrega de tierras en la ciudad de Valledupar, en el norte del país. Se trata, según dijo, de una “confederación de mafias internacionales” a las que las bandas locales cuidan la mercancía, aprovechándose de la “falta de justicia social en el campesinado colombiano”. “El mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias 'Iván Mordisco' (el EMC) son la Junta del Narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta”, añadió.

El presidente insistió en que estos grupos también pueden estar detrás del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“Colombia merece vivir en paz. Lo ocurrido hoy en Cali frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez es un acto cobarde y criminal que rechazamos de manera absoluta”, manifestó, por su parte, la vicepresidenta, Francia Márquez.

El presidente se trasladó por la noche a Cali junto con la cúpula militar y policial y, según versiones de prensa, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

“Este ataque constituye una afrenta directa a la vida y la dignidad humana y una infracción clara al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe de manera absoluta los ataques contra civiles”, manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Con respecto al ataque contra el helicóptero policial, la Defensoría señaló que Amalfi está entre los municipios de Antioquia incluidos desde 2022 en una de sus alertas tempranas “por la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos armados organizados vinculados a economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando”.

Ante el deterioro de la seguridad en el país, distintos sectores políticos exigieron al Gobierno acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) señaló en su cuenta de X que “Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino”. “Hoy, más que nunca, se necesita la presencia de la autoridad y de un Gobierno que no sea permisivo con los violentos”, agregó.

Su antecesor Juan Manuel Santos (2010-2018) señaló que “es urgente implementar una política de seguridad efectiva” y añadió que las Fuerzas Armadas “necesitan liderazgo, presupuesto y apoyo”.

“El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos”, expresó por su parte la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también se pronunció para condenar el “ataque indiscriminado” en Cali: “Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, agregó.

Los países vecinos condenan el ataque

Venezuela condenó enérgicamente los hechos, que el Gobierno calificó de “atentado terrorista”. A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano se solidarizó con el presidente del país andino, Gustavo Petro, su Gobierno y con el “hermano pueblo colombiano”, y expresó “sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas y su acompañamiento a los heridos y afectados”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó a su vez en un breve mensaje en X los “hechos violentos” en Colombia y trasladó sus condolencias a “los familiares afectados y al pueblo colombiano en general”.

Hoy más que nunca la democracia en el mundo está en riesgo y, por lo tanto, en principio nadie podría oponerse al encuentro que reunió a un selecto grupo de presidentes progresistas de Iberoamérica, esta semana en Santiago. La democracia es uno de los principales pilares del sistema político y de la sociedad moderna. Se da por sentada y muchas veces se olvida su importancia hasta cuando se pone en riesgo. Y vaya que ha estado en riesgo en el último tiempo. En Chile hace estuvo en riesgo el 12 de noviembre de 2019, el día que estuvimos al borde de un quiebre institucional, en pleno estallido social. Pero que se evitó, en gran medida, gracias a un acuerdo constitucional que, tres días después, unió a la mayoría de las fuerzas políticas –derecha e izquierda–, con la excepción del Partido Comunista y el Frente Amplio, que dejó sólo al entonces diputado Gabriel Boric.

Por lo mismo no tengo dudas sobre el compromiso democrático del presidente Boric, quien a diferencia de su sector pensó en los chilenos y se atrevió firmar el acuerdo constituyente. Tampoco dudo de la transformación que ha mostrado el mandatario chileno hacia el socialismo democrático, pues la dura realidad terminó imponiéndose a la ideología trasnochada con la que llegó a La Moneda.

Sin embargo, al igual que muchos chilenos, tengo dudas sobre el compromiso democrático de los sectores más radicales que lo apoyan. Los mismos, que no solo se abstuvieron de respaldar la salida democrática a la crisis social de 2019, sino que, en su momento, se embriagaron con la posibilidad de hacer caer a un Presidente (Piñera) en democracia, a través de una acusación constitucional. Y que luego, intentaron refundar el sistema político, económico y social de Chile con una propuesta constitucional refundacional e indigenista, que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía. Tengo dudas del nuevo discurso populista que usa instrumentalmente las palabras seguridad y crecimiento, y que, al mismo tiempo, impulsa o frena proyectos que van en contra de estos conceptos.

Por estas razones –a las que se suma la candidatura presidencial de Jeannette Jara, quien pertenece a un partido internacionalista y refundacional que no ha dado precisamente ejemplos de democracia plena, con un historial de apoyo a regímenes autoritarios en la región–, llama poderosamente la atención que el presidente Boric haya decidido impulsar este encuentro que busca que el progresismo internacional se apropie de la defensa de la democracia, desde una altura moral que les queda grande y como si fuera un bien exclusivo que solo puede ofrecer la izquierda.

La cumbre “Democracia Siempre” culminó con una declaración conjunta que relevó la defensa de la democracia y el multilateralismo, la desinformación y las tecnologías digitales, y los extremismos vinculados a la desigualdad. El documento final –firmado por los mandatarios de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro), Uruguay (Yamandú Orsi) y el presidente del Gobierno español (Pedro Sánchez)– propone, entre otras medidas, reformar el sistema de gobernanza internacional, fortalecer la diplomacia democrática, promover la transparencia algorítmica y crear un observatorio de juventudes frente al extremismo.

La declaración también hace un llamado a un alto el fuego en Gaza y a facilitar el acceso humanitario sin restricciones, lo cual es un punto loable. Sin embargo, el documento evita referirse a situaciones internas de los países participantes, como las investigaciones por corrupción que afectan a algunos de sus líderes, o las crecientes tensiones sociales y económicas que atraviesan sus gobiernos. Tampoco se mencionan los regímenes autoritarios de Nicaragua, Venezuela o Cuba, omisiones que fueron cuestionadas con vehemencia desde sectores de la oposición chilena y de la centroderecha regional, quienes acusaron una evidente doble moral en la defensa de la democracia.

Desde el histórico Patio de Los Cañones de La Moneda, el presidente Sánchez, fue el más frontal y denunció la existencia de una “internacional del odio y de la mentira” que, a su juicio, avanza peligrosamente por nuestros continentes. Sus criticas apuntaron a la “ultraderecha” y la “derecha tradicional” que, según él, ha “desertado de esa labor histórica” y “ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha”.

Petro invitó a reflexionar sobre los riesgos que acechan al multilateralismo, Orsi llamó a evitar el crecimiento de los extremismos con acciones concretas contra la desinformación y una defensa férrea de nuestras instituciones y Boric, afirmó que “la democracia está bajo ataque en diferentes partes, desde diferentes sectores políticos”, cuestionando a los críticos de la oportunidad del encuentro.

Entendiendo que Gabriel Boric, a meses que termine su gobierno, esté tratando de perfilarse internacionalmente, como lo hizo Michelle Bachelet en sus dos gobiernos, esta cumbre de líderes progresistas puede terminar teniendo efecto sobre la vida de todos las chilenas y chilenos. Partiendo por la profundización de la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, que ya impuso un arancel del 50% al cobre, el principal producto de exportación chileno. Aunque el gobierno de Boric ha intentado desvincular esta medida de la cumbre, argumentando que responde a intereses industriales de EEUU, la óptica desde Washington podría ser otra. Un encuentro de líderes que critican abiertamente la “ultraderecha” y el “reaccionarismo” podría ser interpretado como una señal política, potencialmente influyendo en futuras decisiones comerciales o diplomáticas de una administración estadounidense que prioriza el “America First” y que no duda en usar la presión económica como herramienta. Por lo tanto, esta cumbre no es simple encuentro de líderes progresistas preocupados por la democracia, es también una declaración geopolítica que podría tener repercusiones en un momento de alta sensibilidad económica en los países que participaron.

En un mundo donde la democracia es vulnerable, la verdadera fortaleza de la democracia no reside en la autoafirmación de un solo sector, reside en la capacidad de todos los actores políticos, de izquierda a derecha, de reconocer sus propios límites, de practicar la autocrítica y de comprometerse con la defensa irrestricta de las instituciones y los valores democráticos, sin excepciones ni dobles estándares. La verdadera defensa no admite exclusiones ni dobles discursos y nos exige a todos, sin importar la trinchera política, reconocer que la amenaza no solo viene de un flanco, y que la fortaleza de nuestras instituciones se construye con la coherencia y la convicción de cada actor. Solo así seremos capaces de construir una defensa genuina y creíble de la democracia, que no sea percibida como una táctica política que al final termina debilitándola aún más.

ERM/MG

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó este miércoles su solidaridad con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue sentenciada a seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta, y advirtió que “la primavera democrática de América Latina está en peligro”.

El mandatario colombiano afirmó en su cuenta de X que habló con Fernández y expresó su “solidaridad con ella que va en camino a la prisión”.

“Después de 30 años, cuando se abandonó el camino de las dictaduras y guerras revolucionarias, la primavera democrática de América Latina está en peligro”, agregó Petro, tras opinar que los políticos progresistas de la región enfrentan “indudablemente tiempos difíciles”.

“Presidentes como (Luiz Inácio) Lula (Brasil), Pedro Castillo (Perú), Cristina Kichner (Argentina), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), (Manuel) Zelaya (Honduras), Manuel López Obrador (México), Evo Morales (Bolivia), todos progresistas, el progresismo es diverso, han pasado por golpes de Estado, procesos injustos y cárcel por años”, expresó.

Petro aseguró que los “cambios de política donde ascienden las extremas derechas (...) incentivan las rupturas democráticas” y criticó que “el electorado de esos países haya preferido en vez de la imperativa construcción de la economía para la vida, descarbonizada, perseguir migrantes y dejar ascender la irracionalidad y el fascismo”.

“Puede más el confort ilusorio y la ganancia del petróleo que la vida de sus propios hijos”, dijo el mandatario, quien volvió a afirmar, sin pruebas, que “en Colombia están ya pregonando un golpe de Estado y no es un discurso”.

MM con información de la agencia EFE.

En una entrevista con El País, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre el desgaste del poder, las traiciones políticas y su momento personal. Criticó a sus opositores, defendió su gestión y advirtió sobre el peligro de que en su país emergiera un liderazgo como el de Javier Milei en Argentina.

“Vicky (Dávila, periodista y ahora precandidata) quiere ser Milei”, dijo desde el Salón de los Gobelinos de la Casa de Nariño, la residencia presidencial colombiana. Y advirtió: “Un Milei en Colombia traería muchísima sangre encima”.

Según Petro, lo que sucedió en Argentina fue que “la sociedad se cansó y votó lo peor que podría existir”. “No me puedo meter en cómo el peronismo manejó la política económica y social”, afirmó el mandatario colombiano aunque consideró que se “votó lo peor que podría existir”

A dos años y medio de haber asumido, Petro también admitió haber cometido errores. “Creí demasiado en la gente que me rodea”, y aseguró que la verdadera transformación del país no depende solo de su gobierno: “La revolución la hace el pueblo”.

Fragmento de la entrevista de Petro a El País hablando sobre Milei:

Pregunta. ¿Qué ha aprendido en estos dos años y medio como presidente?

Respuesta. Esto es de una infelicidad absoluta. Es un sacrificio. Lo primero que trataron de destruir fue a mi familia. Quisieron destruir los lazos sentimentales porque un hombre sin lazos sentimentales se vuelve duro, malo, y yerra. Me aislé. Este Palacio, una mala imitación francesa, no me gusta ni cinco. Debe estar lleno de fantasmas. Tengo ganas de traer a un experto en estas materias. De todos modos, cuando la gente me abraza, me siento recargado.

P. ¿Y en qué cree que ha fallado durante este tiempo?

R. En creer mucho en la gente que me rodea. En creer que puedo hacer una revolución gobernando, cuando eso lo hace el pueblo.

P. ¿Es más escéptico que cuando entró?

R. No, hay que hacer una revolución en Colombia.

P. Lo deja para los que vengan…

R. Los pueblos deciden cuándo.

P. En campaña, un contrabandista trató de meter dinero en su campaña política. Ese dinero lo recibió el político catalán Xavier Vendrell, que participaba en su campaña. Eso podría haber destruido su presidencia.

R. Un extranjero recién venido no sabe cómo es esto. Hay que vivir Colombia para lo bueno y lo malo. Vendrell tuvo la honestidad de contarnos. Ese contrabandista lleva 38 años infiltrando campañas. Pedí devolver el dinero y se hizo. No sé si alguien se quedó con algo por el camino. Pedí grabar un video devolviendo el dinero y ese video existe. Lo he visto. En su día, advertí en Twitter de que el narcotráfico trataba de infiltrar mi campaña y de que nadie que no fuera el gerente de la campaña podía recibir un peso. Tratan de destruirme, como a mi hijo.

P. Su hijo está encausado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por quedarse dinero de la campaña.

R. Es fruto de un problema familiar profundo. Él cometió un error, indudable. Pero lo han castigado más allá de lo que él cometió para ver si se viene contra su padre. Dije que nunca en mi Gobierno hablaría de mi hijo, pero ya casi está pasando el Gobierno, y sí hablaré.

P. Usted es jefe de Estado y es padre. Hay ahí un conflicto.

R. Lula me dijo que, cuando fuese presidente, lo primero que tenía que hacer es reunir a la familia. Ese fue un buen consejo al que no presté mucha atención. Y es lo primero que intentan. Mi hijo fue débil y por ahí lo destruyeron. Yo no me puedo meter. Porque haría lo mismo que otros presidentes que sí han delinquido, y con pruebas. Tiene que actuar el derecho y no hiperdimensionar el delito. Lo hacen para que se enfrente a su padre por puro instinto de conservación. En eso es cómplice Vicky (Dávila, exdirectora de la revista Semana y ahora precandidata presidencial). Ella tenía un acuerdo con la Fiscalía para sacar todo esto, porque pensaban que me iba a destruir.

P. Ya que habla de Vicky Dávila, ¿cree que ella está en disposición de ganar las elecciones en 2026?

R. Vicky quiere ser Milei. No me puedo meter en cómo el peronismo manejó la política económica y social, pero la sociedad argentina se cansó de ellos y votó lo peor que podría existir. Cuando se repite la historia se construye una comedia. Vicky quiere ser Milei, pero para eso necesita que mi Gobierno sea un desastre. Y yo no lo veo. Lo que no quisiera es un Milei en Colombia. A diferencia de Argentina, un Milei colombiano traería muchísima sangre encima.

P. ¿Y confía en encontrar un candidato progresista para 2026?

R. No un candidato, sino un frente. No hay ninguna fuerza que tenga mayoría. Se necesita un frente amplio. Tengo nombres en mente, pero dejo correr el tiempo.

P. Hablemos del famoso Consejo de Ministros televisado…

R. Salió bueno.

P. Hay a quien le pareció caótico. Usted dio una reprimenda a sus ministros; ellos discutieron entre sí, uno le declaró su amor…

R. La idea de retransmitirlo fue mía. La tomé una hora antes. Creía que el pueblo colombiano merecía saber cómo es eso. Lo hice para que se viera, pero no pensé que iba a tener tanta audiencia; barrimos a los canales y un partido de fútbol. Se demostró que hay un déficit de información. Y lo que ocurrió allí toca con lo psicológico. Entendí que hay gente que se quiere ir a la campaña [presidencial de 2026] y esa gente no va a trabajar a fondo en lo que yo quiero. No necesito gente con agendas dobles.

P. Durante el Consejo dijo que usted era revolucionario, pero no su Gobierno. ¿Se puede ser revolucionario siendo jefe de Estado? ¿Fue elegido como candidato revolucionario?

R. No estoy seguro de que mi papel sea administrar el capitalismo de los capitalistas. Porque eso ya fracasó. Ese sistema está moribundo y se lleva consigo la humanidad, que es el problema mayor. Desde el Gobierno hay que hacer transformaciones que democraticen las instituciones. Si un funcionario no lo tiene en la cabeza, no lo va a hacer. Ahí es donde viene la diferencia. Son personas que no vivieron mi vida, ni tienen por qué haberla vivido, pero el objetivo tiene que ser transformar Colombia. Venimos de un marasmo de sangre. Si no lo logramos, haremos de Colombia un territorio de cementerios.

P. Parece insatisfecho con muchos miembros de su Gabinete.

R. No hemos conquistado el poder, hemos conquistado un gobierno administrador acorralado por los otros poderes y por intereses económicos, entre ellos los de la prensa. La única manera de liberarse es con un pueblo movilizado. Si llega a ganar la derecha, que en Colombia es extrema derecha, sabe qué hacer: matar. Y no mata a uno, mata a decenas de miles de personas. No tienen barrera moral.

P. Sus ministros critican que tenga a su lado como jefe de Despacho a Armando Benedetti, que ha estado implicado en escándalos (un caso de violencia de género que su esposa ahora niega) y tiene investigaciones judiciales pendientes. ¿Por qué lo defiende? ¿Qué cualidades ve en él?

R. Eso es lawfare. Benedetti viene de la política tradicional y hay cuestionamientos en su política tradicional, acusaciones desde el lado feminista. Su esposa lo defiende. Ya sé que puede haber subordinación, pero un presidente no puede tomar decisiones por un “puede”, sino por hechos. Su hijo estuvo a punto de suicidarse con aquella andanada de la prensa. Su propia esposa me pide que no lo destruya. Una mujer conoce a un hombre; ¿puede una mujer destruirlo? Claro que puede. También un hombre puede destruir a una mujer. Pero no destruir a las personas es dar una segunda oportunidad. El único proceso judicial en firme en su contra es por tráfico de influencias. Si me pongo a ver todo lo que me rodea, todos hacen tráfico de influencias. Todos intentan influenciarme.

P. En ese mismo consejo, la vicepresidenta, Francia Márquez, fue crítica también con Benedetti y con Laura Sarabia.

R. La verdadera pelea no es Benedetti, esa es la excusa para no hablar de otras cosas. Puse sobre la mesa el nivel de lo cumplido y todo terminó en Benedetti. ¿Por qué?

P. ¿Cuál es su relación con Francia Márquez?

R. Hemos estado hablando y fue bien, digamos. Ya veremos cómo marcha la relación. Ella es vicepresidenta por voto popular. Y a mí me parece que ella, fortaleciéndose en la vicepresidencia, puede volver a recobrar liderazgos que necesitamos.

P. Las reformas de salud y laboral tienen que pasar por el Congreso. ¿Está tratando de encontrar nuevas mayorías parlamentarias con Benedetti?

R. Lo intentaremos, pero esta vez no sobre el engaño. Me he sentido engañado.

P. ¿Por quién?

R. Se hace un acuerdo con un partido político, y después ese partido vota en contra. Eso me ha pasado con Claudia López [exalcaldesa de Bogotá, exdirectiva del Partido Verde y posible candidata presidencial]. Me ha engañado como siete veces. Soy un hombre engañado.

P. Ha tenido en este tiempo como número dos a Laura Sarabia, y ahora la ha nombrado canciller, ¿qué nota le pone a su trabajo?

R. Es una buena organizadora y una mujer joven. Cuando se es joven hay que madurar y hay que saber por cuál mal camino no se madura. Ahora en la Cancillería tiene que saber cuál es la voz de Colombia en el mundo.

P. Hay quien en su entorno le insiste mucho en que se controle en la red X [antes Twitter].

R. Por eso soy presidente. ¿Usted se cree que en tiempos de RCN o El Tiempo lo habría sido? ¿Pero quién dice eso?

MM

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparó este jueves al líder opositor Alberto Núñez Feijoó con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei. En el Congreso español, dijo: “Después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei: un colosal engaño”.

Sánchez, que tuvo varios desencuentros con el mandatario argentino desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, también posteó ese fragmento de su discurso en el Parlamento en sus redes sociales. Sus palabras fueron fuertemente aplaudidas por los presentes.

“Usted vino aquí, se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado”, agregó dirigiéndose a Feijóo. “Lo que trae ha sido bulos y crispación”.

El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también hizo referencia al criptogate y calificó como “sumamente grave” la presunta estafa con criptomonedas del presidente. “De confirmarse, sí es sumamente grave. Sobre todo hasta donde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, aparte del fraude, pero el asunto es cómo como presidente de un país promueves algo para beneficio privado, pues ahí hay un conflicto de interés evidente”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Al respecto, Sheinbaum remarcó que se debe separar el poder económico del político. “Los gobiernos están para servir al pueblo, la iniciativa privada está para hacer negocios con contenido social”, zanjó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tampoco tuvo nunca una buena relación con Milei, fue uno de los que primero reaccionó al escándalo. Pocas horas después de que el argentino bajara el tuit de la polémica, la recomendó invertir en café colombiano. En su cuenta de X (ex Twitter), escribió: “Invierta presidente en café colombiano: está creciendo de precio internacional como nunca antes y se vende también por Libras”, jugando con el nombre $LIBRA de la criptomoneda argentina. Y añadió con ironía: “No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia”.