En la ciudad de Mar del Plata, el plan de desarrollo inmobiliario que promueve el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, tiene un objetivo muy claro: “Que el privado invierta” y que “el Estado acompañe”, según argumenta en distintas notas periodísticas.

En un twit de hace unos meses, el mandatario decía: “Más del 90% del empleo en nuestra región corresponde al sector privado, por eso nuestro trabajo es acompañarlos, dar facilidades y quitar trabas para que puedan crecer y apostar por Mar del Plata: los permisos exprés para las obras, la ordenanza para recibir los fondos de los créditos de Banco Nación para la construcción y el incentivo a nuevas inversiones son ejemplos claros de esto”.

Un selecto grupo de desarrolladores privados junto a representantes de la UOCRA –el gremio de los construcción– y funcionarios públicos afines al oficialismo enfatizan en que los proyectos inmobiliarios traerán progreso y más trabajo a la ciudad. Por otro lado, una gran porción de la comunidad marplatense realiza críticas y denuncias al advertir graves faltas legales y técnicas al momento de otorgar permisos que “no miden las consecuencias ambientales y sociales”.

El caso de La Reserva Explanada, un megaproyecto inmobiliario que busca construir 9 edificios de 12 metros de altura con cocheras subterráneas sobre una de las playas sur de la ciudad (sobre la ruta 11 KM 530, barrio Alfar), llegó a la Justicia con la denuncia de diversas instituciones, expertos y vecinos de la ciudad de Mar del Plata que se oponen por el impacto ambiental, habitacional, arqueológico y turístico que implicaría su desarrollo.

Para comenzar las obras, el fideicomiso espera la Declaración de Impacto Ambiental, entre otros permisos que tiene pendientes. Sin esto, la empresa constructora CROMAR SA, la cual participa del proyecto, no puede avanzar. Sin embargo, distintas inmobiliarias de la zona filtraron a este medio que desde fines de 2023 se están vendiendo lotes con departamentos divididos en 9 módulos –con y sin cocheras incluidas, frente al mar o en zona de bosque–, a un valor promedio de US$5.000 dólares el metro cuadrado. 

La ubicación elegida es uno de los grandes puntos de tensión: el predio donde se proyectan las viviendas está ubicado en la primera línea de médanos lindero con la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, un extenso sector de la costa marplatense que abarca desde el Faro hasta Los Acantilados y que está bajo los dominios privados de la sociedad anónima Playas del Faro, firma que responde a los herederos de la familia fundadora Peralta Ramos. 

Playas del Faro SA administra desde 1991 el espacio para uso comercial y, desde entonces, entrega a emprendedores privados diferentes porciones (donde hay médanos, reserva forestal y arroyos que terminan en el mar), bajo la figura municipal de “Complejo Turístico”, el cual responde a la ordenanza (8.434), la cual tiene la última prórroga vencida en 2015.  

“Nosotros no estamos en contra del progreso inmobiliario en la ciudad, pero nos oponemos al lugar elegido para su desarrollo por el fuerte impacto ambiental y habitacional que provocará en la zona”, explican a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR desde la Asamblea Playas del Sur, conformada por vecinos, investigadores y profesionales de diversas áreas de la ciudad.

Desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires distrito 9, en un extenso y detallado informe, advirtieron sobre múltiples consecuencias negativas: la fragilidad ambiental, el desmonte de especies implantadas, el impacto en la remoción de médanos, el peligro de las construcciones que impermeabilizan el terreno y pueden provocar inundaciones mayores tanto en el terreno del proyecto como en los barrios aledaños, el valor paleontológico y arqueológico que no está siendo tenido en cuenta y el acceso a las playas públicas, entre otros puntos en conflicto.

En un intento por conocer la posición del oficialismo y conversar con referentes del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y con el área de Gestión Ambiental de la Municipalidad, la UDI de elDiarioAR pidió una entrevista hace más de una semana, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

Una ordenanza cuestionada desde el inicio

Todo comenzó a fines de 2022, cuando el Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó la ordenanza 25.848/222 en un tratamiento legislativo “exprés”, que permitió ampliar las posibilidades de edificación de viviendas multifamiliares en zonas de fragilidad de médanos y reserva forestal.

Unos meses antes, el empresario Esteban Alberto Materia había ingresado una nota particular donde solicitaba “la reinstalación de indicadores urbanísticos y normas territoriales para el predio y/o sector conocido comercialmente como balneario La Reserva”, persiguiendo el objetivo que más tarde se haría público: el emplazamiento de un complejo de edificios de uso residencial uni o multifamiliar con una densidad de 100 habitantes por hectárea.

“La ordenanza 25.848 tiene restricciones provinciales que se imponen a toda propiedad privada en el frente costero, con la particularidad de encontrarse circundada por el arroyo Corrientes y la Reserva Fiscal. Por eso, la provincia de Buenos Aires es la encargada de dar intervención a la Autoridad del Agua (ADA), al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de infraestructura para velar por los principios de legalidad y los recursos naturales, para que la modificación que suceda en un municipio no altere el patrimonio provincial”, puntualiza a la UDI de elDiarioAR Kanki Alonso, asambleísta diplomado en el Ordenamiento Ambiental Territorial y coordinador del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur.

Según explica a este medio Soledad Arenaza, abogada y coordinadora de la Organización MAR, “la ordenanza 25.848/222 (firmada el 28 de diciembre de 2022), que modificó los indicadores urbanísticos, nunca fue convalidada como corresponde por decreto de la provincia de Buenos Aires, de la que depende el Municipio de General Pueyrredón. Se trata de una modalidad que se viene replicando en varios proyectos de la zona”.  

Paula Suero, arquitecta especializada en transformaciones territoriales y derecho a la ciudad y miembro de la Organización MAR, analiza para la UDI de elDiarioAR: “Mar del Plata viene sufriendo una transformación urbanística muy preocupante que responde a una matriz basada en un modelo de lote privado que no tiene en cuenta el espacio público, el ambiente, el espacio costero, las personas que habitan el barrio, los bienes comunes, el patrimonio construido y natural”.

“La lógica especulativa en la que se basa la iniciativa inmobiliaria en la ciudad solo busca acumular riqueza en lugar de responder a una necesidad habitacional particular, algo que viene acompañado necesariamente de la entrega de lugares públicos y espacios verdes. Mirar al territorio únicamente como un negocio es la mercantilización absoluta del espacio donde para acceder hay que pagar”, se lamenta.

Los espacios que se oponen al megaproyecto coinciden en que esta ordenanza podría ser la “primera de muchas más” que intenten modificar los indicadores urbanísticos para avanzar sobre terrenos frágiles a lo largo de todo el Paseo Costanero Sur. Especialmente, ahora que el Concejo Deliberante cuenta con mayoría automática.

Lo que dejó la audiencia pública del 26 de noviembre

Cuando la Constructora CROMAR SA presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) preliminar firmado por la arquitecta María Müller, recibió fuertes críticas sobre incongruencias técnicas, legales y ambientales que quedaron expuestas en la audiencia pública del 26 de noviembre. 

En esa instancia, vecinos y vecinas de la zona sur de la ciudad costera tomaron el micrófono para contar cómo serían perjudicados de manera directa: explicaron que en los barrios aledaños aumentaría el riesgo de inundaciones como consecuencia de la destrucción de médanos en conjunto con las crecidas del arroyo Corrientes; que se agravaría la situación de contaminación de ese mismo arroyo, que tiene por destino los desechos cloacales de los 9 edificios (y a dónde ya llegan los desechos que reciben por parte del balneario privado de mismo nombre). También mencionaron el cono de sombra que las edificaciones proyectarán sobre la playa pública, quitando horas de sol tanto a vecinos del barrio como a los turistas que se acerquen.

El abogado y asesor del fideicomiso Julián Vespa, presente en la audiencia, se encargó de defender que “el desarrollo se asienta sobre una propiedad privada, esto no es tierra del municipio y tenemos la escritura en regla”, y aseguró que “no afectará al mar ni a los médanos, y no afectará el acceso a las playas públicas”.

Para Marcia Mojica, geóloga magister en gestión integrada de áreas litorales y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), “la fragilidad de dunas de la zona” es una de las razones suficientes para oponerse al proyecto y así lo detalló: “En esta área se encuentra la única barrera medanosa que presenta el partido General Pueyrredón y que se orienta hacia el Sudeste, por lo que es susceptible a las tormentas del sur. Por esta razón, la arena juega un rol muy importante como amortiguador frente a las sudestadas”.

El conflicto continuó escalando y en diciembre la Defensoría del Pueblo de la Nación pidió acceso al expediente para conocer la situación actual. ¿Con qué se encontraron? En diálogo con este medio, explicaron que se encuentran “en etapa preliminar de análisis”, y que con el correr de las semanas analizarán “si el proyecto respeta lo previsto por la Ley General de Ambiente”, al mismo tiempo que evaluarán si “el derecho a la participación ciudadana se cumplió con debido proceso”, es decir, si la ciudadanía tuvo acceso a la información sobre el EIA preliminar en tiempo y forma y si se otorgó una respuesta acorde a las inquietudes presentadas en aquella audiencia pública. 

Por último, adelantaron que “será tenido muy en cuenta el temor que la ciudadanía denuncia respecto a la ordenanza 25.848”, en relación a que podría ser el primer paso para que luego se multipliquen iniciativas similares a lo largo de toda la franja costera.

Nosotros no estamos en contra del progreso inmobiliario en la ciudad, pero nos oponemos al lugar elegido para su desarrollo por el fuerte impacto ambiental y habitacional que provocará en la zona

Asamblea Playas del Sur.

El límite entre lo público y lo privado: la línea de ribera denunciada

Otro de los puntos de conflicto que aparecen en el EIA preliminar responde al otorgamiento de la prefactibilidad hidráulica por parte de la Autoridad del Agua (ADA).

Según revisa el coordinador del Observatorio Ciudadano Costanero Sur, desde 1998, la Ley 12.257 con la que se creó el Código de Aguas –que rige hasta la actualidad para toda la provincia de Buenos Aires– aumentó en el artículo 143 la franja de protección de desagües naturales a 50 metros, modificando lo establecido en un decreto de 1961 que indicaba 15 metros. En el Estudio de Impacto Ambiental cuestionado, se tomó el parámetro antiguo como distancia necesaria al arroyo Corrientes para iniciar las construcciones. Un error que no parece inocente.

Asimismo, Alonso explica que “la línea de ribera utilizada para medir la distancia que divide lo público de lo privado, que sería el límite desde donde se podría comenzar a edificar, también está desactualizada”. En el artículo 142 de la misma ley dice que se prohíbe “el loteo y la edificación en una franja de 150 metros aledaña al océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia”. Sin embargo, la línea de ribera que fue tomada en cuenta es de 100 metros, de acuerdo a la ordenanza municipal (8434/11), que “no solo está vencida, sino que está maliciosamente modificada”.  

¿Por qué? “La norma municipal 8434 fue sancionada en 1991 y no en 2011”, explica Alonso, hecho que también fue denunciado y que ahora se encuentra en la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio número 6 de La Plata, en el marco de la actuación de Andrea Cumba, directora provincial de Gestión Hídrica del ADA, responsable de la firma que otorga el aval de prefactibilidad hidráulica que daría luz verde al proyecto. 

A favor de quienes se oponen aparece un nuevo argumento: el último estudio del ADA publicado en 2022, en el que se sugiere que las tierras involucradas en el área donde se proyectan los edificios quedarían en zona de restricción. “La mensura que toma el proyecto es de 2014, donde el límite de la línea de ribera está totalmente desactualizado: actualmente es una línea que cae dentro del mar”, cuentan a este medio desde la comisión de arquitectos y arquitectas de la Asamblea Playas del Sur.

“La línea de ribera que debe ser tomada en cuenta es la que está publicada en el último informe realizado por el ADA, en el que se sugiere un trazado actualizado de línea de ribera de acuerdo a la topografía mixta del lugar”, aclaran, y anticipa: “Desde la comisión, estamos realizando un informe en el que superponemos la mensura de 2014 con la de 2021 y la ubicación en terreno donde quedan implantados los 9 edificios. A partir de la línea de ribera actualizada, que es la que se debe tener en cuenta para el avance del desarrollo, planteamos la restricción de los 150 metros que dictamina el Código de Aguas demostrando que no cuentan con terreno disponible ni habilitado para el desarrollo del proyecto”.

Una marcha por las playas públicas del sur

Entre las últimas acciones que visibilizan el conflicto, la Asamblea Playas del Sur organizó una marcha el pasado domingo 12 en “defensa de las playas públicas del sur”, que partió por la costa desde el arroyo Corrientes y se desplazó hasta la Reserva Educativa Verde Mundo.

En el comunicado que convocó a marchar decía: “El límite costero donde termina lo público y comienza lo privado también está en riesgo. Turistas y vecinos que disfrutamos de las playas públicas del sur tendremos cada vez menos espacio disponible para habitar un espacio natural que nos pertenece a todos y todas. Queremos que nuestra ciudad prospere, pero que los negocios se realicen en sitios adecuados, donde no exista riesgo ambiental y social. Donde no se necesite destruir para prosperar”.

La lógica especulativa en la que se basa la iniciativa inmobiliaria en la ciudad solo busca acumular riqueza en lugar de responder a una necesidad habitacional particular

Paula Suero — Arquitecta especializada en transformaciones territoriales y derecho a la ciudad y miembro de la Organización MAR.

En un recorrido de más de dos kilómetros sobre la orilla del mar, entre cantos a favor del cuidado de las playas y en contra de la especulación inmobiliaria, desde la asamblea contaron a elDarioAR que están “preocupados y dispuestos a defender los pocos médanos que quedan al sur de la ciudad sin intervención inmobiliaria”, y advirtieron que “el avance de los privados sobre las playas públicas es cada vez más evidente”, que lo hacen “sin respetar las normativas que rigen en la provincia de Buenos Aires”.

Más exigencias legales

Actualmente, continúa en debate el proceso de aprobación definitiva de las obras de La Reserva Explanada. la UDI de elDiarioAR tuvo acceso al expediente y pudo corroborar que, entre los últimos movimientos publicados, desde el área de Gestión Ambiental que dirige Marcelo Ragonese y que depende de EMSUR, se publicaron nuevas exigencias. 

Julián Vespa, el asesor del fideicomiso, fue consultado por elDiarioAR sobre distintos puntos cuestionados en el expediente, pero debido a la “falta de tiempo” para expresar su opinión, ya que “se encuentra de vacaciones”, no brindó una respuesta.

Entre los nuevos requisitos, el fideicomiso deberá presentar “un proyecto para la demarcación de manera física y tangible de los límites del Paseo Costanero Sur que se encuentra entre esta propiedad privada y la ruta 11; especificar exhaustivamente la cantidad de ejemplares (de árboles) a extraer, la superficie de excavación y la cantidad de metros cúbicos a ser removidos; deberá presentar los permisos emitidos por la Autoridad de Agua de la Provincia de Buenos Aires y la correspondiente Factibilidad de Servicio Eléctrico; agregar un estudio con sus correspondientes especificaciones del impacto del cono de sombra y especificar cómo será el acceso al predio de viviendas multifamiliares con un croquis de intervenciones respecto al acceso desde la ruta y el desarrollo vial en el interior del predio.

En esta área se encuentra la única barrera medanosa que presenta el partido General Pueyrredón y que se orienta hacia el Sudeste, por lo que es susceptible a las tormentas del sur. Por esta razón, la arena juega un rol muy importante como amortiguador frente a las sudestadas

Marcia Mojica — Geóloga magister en gestión integrada de áreas litorales y becaria doctoral del Conicet.

“Se piden requerimientos con los que acordamos, pero todavía omiten otros que son relevantes”, se queja Alonso, y enseguida brinda un ejemplo: “Por un decreto de 1985, se prohíbe la tala y el desmonte en esa propiedad, es decir no se puede talar ni uno ni 700 árboles”. 

“Tampoco mencionan la restricción a otros dos artículos del Código de Aguas ni hacen el debido pedido de estudio de impacto arqueológico y paleontológico que requiere la zona”, repasa. 

Carlos Quintana, miembro del laboratorio de Arqueología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), adhiere al reclamo del Observatorio Ciudadano Costanero Sur y sostiene ante la consulta de este medio que “el área específica del emprendimiento La Reserva Explanada se sitúa en un sitio arqueológico (denominado Arroyo Corrientes) fechado en más de siete milenios siendo muy relevante por diversos motivos, en tanto da cuenta de los modos de vida de sociedades cazadoras recolectoras costeras. Por otro lado, se trata de un caso raro de un sitio arqueológico dispuesto en pleno tejido urbano, otra razón por la cual se deberían extremar los recaudos para su protección”.

A su vez, explica que “el patrimonio arqueológico y paleontológico de este sector bonaerense comprende bienes y yacimientos que están protegidos por legislación nacional, provincial y municipal, como ser por la Ley Nacional 25743/2003 y, más precisamente por la ordenanza 9417/94”.

Junto con el Estudio de Impacto Ambiental, se debe realizar un estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico, el cual se tramita de manera provincial a través del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (CRePAP). Pero, al momento, este requerimiento no fue solicitado por la municipalidad.

ED

“Sabemos lo que les pasa a los salares cuando se les saca el agua: disminuye su biodiversidad al disminuir las lagunas y pueden secarse completamente. Es un daño impresionante”, afirma Cristina Dorador, bióloga chilena y una de las científicas que más ha estudiado los salares. Es también doctora en Ciencias Naturales e integró la Convención Constitucional de Chile en representación de la Región de Antofagasta. Dorador sabe que la experiencia chilena es otro escenario que Argentina podría repetir en el futuro. 

En una entrevista con elDiarioAR y Mongabay, la científica se remonta a los inicios para explicar la importancia de estos sistemas de vida llamados salares. “Los salares son ecosistemas acuáticos, que en el pasado fueron grandes lagos, grandes paleolagos, que con el tiempo se fueron evaporando, secando y también separando entre sí”, explica Dorador.

“Estos legados de antiguos lagos son fundamentales para el lugar donde están porque estamos hablando de una zona que es bastante árida”, dice Dorador. “Son los reservorios de agua de los Andes”, agrega. “Además, concentran la mayor biodiversidad de la zona, tanto del Altiplano como de la Puna. Por lo tanto, son fundamentales para el funcionamiento del ecosistema, pero también para los ciclos biogeoquímicos: estos salares están produciendo gases, pero también están concentrando otro tipo de elementos en reservorios, como CO2, metano y otro tipo de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”, sostiene la bióloga. 

Con promesas de trabajo y provisión de servicios básicos, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró ingresar a la zona más conflictiva para la minería de litio: la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la Puna jujeña, como informa elDiarioAR junto a Mongabay en esta investigación conjunta. 

Allí, la compañía logró el acuerdo parcial de la comunidad indígena de Rinconadillas, dividida por la posibilidad de que la petrolera explore y encuentre litio en la porción de la laguna que forma parte de su territorio. La preocupación con respecto al uso del agua y a las consecuencias en el medio ambiente divide a la comunidad jujeña.

Tecpetrol sostiene que de encontrar litio en la laguna aplicará un sistema más moderno de extracción de litio, que evita las cuestionadas piletas de evaporación, principal método de extracción de este mineral en la zona, que implica el uso de mayor cantidad de agua. 

Los salares tienen implicancias en el clima local y en la vida de las personas que habitan en la zona, asegura Dorador. La científica precisa que a diferencia de otros lugares del mundo donde el litio se encuentra en roca, en el norte de Chile, el sur de Bolivia y el norte de Argentina, zona conocida como “el Triángulo del litio”, este mineral se encuentra en los salares. “Se trata de un mineral que está concentrado en un ecosistema acuático. Por ello se habla de una minería del agua”, asegura. 

Básicamente, para obtener este mineral, hay que sacarlo del agua. “El litio se encuentra contenido en salmueras: agua con alta concentración de sal, que están generalmente en las partes más profundas de los salares. Por lo tanto, hay que bombearla hacia la superficie”, detalla Dorador. La forma más común de extracción es a través de pozas o piletas de evaporación, que muchas veces se hace en la superficie de los salares mismos. Estas piletas llegan a ser tan grandes que se alcanzan a ver desde el espacio, explica la experta. “Luego, se saca esa costra salina, se deposita una cubierta de un plástico de alta densidad y se pone esta salmuera que ha sido bombeada a la espera de que empiece a precipitar la sal”. Eso hace que al evaporar el agua aparezca la sal y se cosechen distintas sales. Así, hasta obtener una salmuera concentrada en litio. 

Este proceso, explica Dorador, altera el paisaje y genera un impacto significativo en las fuentes hídricas. “Hay un uso del agua que puede ser muy disruptivo y ocasionar cambios importantes en el ecosistema”, asegura la bióloga, que ha seguido de cerca el impacto ambiental de la minería de litio en algunos de los salares más importantes de Chile.

“Lamentablemente, nosotros tenemos experiencia sobre destrucción y extinción de salares”, dice Dorador desde Chile. “Hay casos emblemáticos de desecación de salares para esta industria como es el Salar de Punta Negra, el Salar de Lagunillas, la afectación en el Salar de Llamarada y otros. De hecho han habido juicios ambientales al respecto de parte del Consejo de Defensa del Estado, que ha denominado que estos sistemas han sido afectados de forma irreversible, irreparable”.

Las consecuencias de los nuevos sistemas, como los que Tecpetrol dice que aplicará, aún están por verse.

ED

La comunidades costeras de Río Negro y Chubut están en alerta. La petrolera YPF anunció en los últimos días que comenzará la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra destinada a transportar petróleo desde la Cuenca Neuquina hasta el Golfo San Matías, un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto.

YPF anunció que construirá el primer tramo de la obra, que va desde su planta en Loma Campana, Vaca Muerta, hasta Allen, Río Negro. Se trata de los primeros 128 kilómetros de caños. El oleoducto tiene como objetivo el transporte para la exportación a partir de 2026. Este primer tramo también conectará Loma Campana con el sistema de Oldelval, hacia el norte, que conduce hacia las principales tres refinerías de Buenos Aires y el puerto de Bahía Blanca. Pero su principal objetivo es llegar, hacia el sureste, a la costa atlántica de Río Negro, en la localidad de Sierra Grande y Punta Colorada, en el Golfo San Matías. 

Para poder comenzar con la obra, las autoridades ambientales de Neuquén debían aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo, una decisión que aún no fue comunidad oficialmente y cuyos fundamentos a favor de la obra permanecen en las sombras, explicó a elDiarioAR el abogado Gonzalo Vergez, de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA). Todo indica que el caso terminará judicializado. 

El primer tramo de la obra, que tiene autonomía de los dos restantes, tendría todos los permisos ambientales aprobados, aseguró YPF ante la consulta de elDiarioAR.

Existe otro contexto que afectará el futuro de esta obra: la sanción o el rechazo a la “ley Bases” que impulsa el gobierno de Javier Milei. La normativa contiene el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más criticados por la oposición e incluso por sectores económicos por los desmesurados beneficios a las corporaciones. Busca incentivar la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio, entre otras pocas actividades. Unas 50 organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre el efecto ambiental de esta iniciativa de Milei. 

El oleoducto entraría dentro de las inversiones que plantea incentivar el RIGI y engloba varias polémicas: una de ellas es que el primer tramo, que se aprobó sólo en Neuquén, se extiende en territorio de Río Negro y sin embargo la comunidad de esa provincia no pudo participar de las oposiciones al proyecto. 

Lo mismo sucede con Chubut: Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia, es lindera con el Golfo San Matías, donde se construirá la terminal petrolera del oleoducto y cuya comunidad no tuvo posibilidad de oponerse durante el proceso de audiencia pública de los tramos II y III: sólo se habilitó a manifestarse a habitantes de Río Negro. Luego, incluso las autoridades terminaron bloqueando la participación de quienes se oponían a la obra en la provincia.

El Bloque Acción Chubut se reunió este viernes por la tarde. Participaron ONGs como AAdAA y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ambientalistas, vecinos y referentes locales. Decidieron comenzar a armar los equipos legal y científico para analizar la documentación que el gobierno de Neuquén debe hacer públicos: la Declaración de Impacto Ambiental, en donde autoriza la obra en el marco de la ley y reglamentaciones ambientales.

A principios de esta semana, los abogados se reunirán también con las organizaciones y expertos nucleados en la Multisectorial Golfo San Matías, en Río Negro, la otra pata del conflicto. Este sector también se opone a que el oleoducto desemboque en el golfo, un área de alto valor en biodiversidad, para el turismo local y la pesca artesanal.

Una megaobra

La compañía sostuvo en un comunicado que en el primer tramo la inversión rondará los US$190 millones y que se generarán 500 puestos de empleo durante el pico de las tareas, otro punto de conflicto para quienes sostienen que el costo ambiental es demasiado alto comparado con la creación de empleo que ofrecerá la obra. 

El oleoducto es la gran apuesta de la petrolera argentina. Se trata de un proyecto monumental: se demandarán más de 10.000 caños de 20 y 30 pulgadas y su capacidad operativa máxima permitirá transportar 390 mil barriles diarios de petróleo, incrementando en un 70% la posibilidad de evacuación de la Cuenca Neuquina. Eso significa que se duplicará la capacidad actual de la zona núcleo de Vaca Muerta, informó YPF.

¿De dónde saldrán los fondos para esta megaobra? Es otro de los puntos que los ambientalistas y abogados estarán mirando con lupa Por ahora, las flechas apuntan a empresas de Estados Unidos. “La segunda etapa y terminal de exportación, que completarán el proyecto, están en etapa de desarrollo y con alto grado de avance. Implicarán una inversión de más de US$2.000 millones, que YPF afrontará en conjunto con otras compañías que ya mostraron interés en el proyecto”, afirmó la petrolera.

El oleoducto Vaca Muerta Sur permitirá exportar 135 millones de barriles de petróleo por año. YPF sostiene que convertirá a la Argentina “en uno de los principales exportadores de la región” y aportará “divisas y trabajo al país”.

Impacto ambiental

Aún están también pendientes las Declaraciones de Impacto Ambiental del tramo 2 y tramo 3 de la obra, que debe aprobar el área de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Además del oleoducto, el proyecto contempla la construcción de la playa de tanques más grande de Argentina y dos monoboyas flotantes que se ubicarán a 6 kilómetros de la costa en el Golfo San Matías, pegado a Península Valdés.

La funcionaria que estuvo a cargo de todo el proceso de control de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en Río Negro hasta hace pocos meses es Dina Migani, cuya familia tiene una empresa junto a los Macri que provee químicos a las petroleras de Vaca Muerta, entre ellas, a YPF.

En el Golfo San Matías, la obra estará rodeada por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. Ese mes YPF logró que barrieran con una ley ambiental en la provincia e impusieran otra normativa hecha a medida de su proyecto de exportación de crudo, como revelaron elDiarioAR y Climate Tracker en octubre último.

Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías y de Península Valdés alertaron sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar.

Las principales organizaciones ambientalistas y conservacionistas del país, nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, se pronunciaron contra el proyecto.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF y cada una de ellas se enfocó en uno de los tres tramos de la obra. El tramo que genera el mayor conflicto socioambiental es el tercer tramo: la terminal de carga en el Golfo San Matías.

La consultora a cargo del Estudio de Impacto Ambiental del tramo III es ERM Consultora. Francisco Pinilla, su representante, expuso en la audiencia pública del 17 de agosto último en nombre de la compañía y sostuvo: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. También dijo que su equipo estuvo tres semanas evaluando la zona, entre febrero y marzo de 2023.

“No existen impactos ni significativos ni críticos”, dijo Pinilla en la audiencia pública. El consultor de YPF aseguró que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional. Sin embargo, Pinilla admitió que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

“Esta biorregión (del Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas.

Nota: este artículo se corrigió el 27 de mayo de 2024 a las 9:13 para modificar el apellido de Gonzalo Vergez.

ED/DTC

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lanzaron en las últimas horas un documento que analiza las consecuencias en materia ambiental y social en caso de aprobarse en el Senado el proyecto de ley que este martes obtuvo media sanción en Diputados.

En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica que a diferencia del primer y fallido proyecto de ley “Bases”, presentado en diciembre del 2023 -que impulsaba un serio retroceso para leyes de presupuestos mínimos que protegen ecosistemas claves como bosques (Ley 26.331) y glaciares (Ley 26.639)- este nuevo proyecto no hace modificación alguna a estas leyes y no contiene un capítulo específico de desregulación en materia ambiental. 

Sin embargo, FARN advierte que la ley Bases impulsada por el gobierno nacional cuenta con distintos puntos que tienen implicancias negativas en materia de derechos socioambientales, entre los que se encuentran: la posible sustitución de las audiencias públicas, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera como es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego.

“Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”, enfatizan desde FARN. 

¿Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente?

Audiencias públicas optativas: un riesgo para la participación ciudadana robusta e integral 

El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, el proyecto sostiene que este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.

“Las audiencias públicas constituyen instancias de participación ciudadana en relación a proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas. Esta modificación que propone el gobierno nacional brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN. 

Además, agregan que esto implicaría un grave retroceso para la participación ciudadana en procedimientos administrativos vinculados con la preservación y protección del ambiente.

Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos

El nuevo proyecto de la ley contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.  

Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270).

De esta forma, “el propósito fijado de la explotación hidrocarburífera es la promoción de ganancias, estableciendo a la energía como una mercancía y no como un derecho”, enfatiza FARN. 

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: nuevos privilegios para los sectores extractivos

El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.

En el último documento publicado por FARN explican: “ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.

“La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo de los últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

La posible cancelación de fondos fiduciarios: más facultades para el Poder Ejecutivo en detrimento del ambiente

El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuída de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país. 

“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.

El pago de la deuda y los subsidios a las empresas hidrocarburíferas limitan las partidas ambientales

Días atrás, la FARN denunció en un comunicado que la falta de sanción de una ley de Presupuesto para este año y la prórroga del anterior “implicó, en un contexto de alta inflación, una caída en términos reales del 53,01%. Las partidas destinadas a la Subsecretaría de Ambiente, a la Administración de Parques Nacionales, a los Sistema de Áreas Marinas Protegidas y las referidas al Manejo del Fuego se encuentran entre las más afectadas”.

De acuerdo a los ambientalistas, “a lo largo de los primeros tres meses del 2024, el presupuesto destinado para la Subsecretaría de Ambiente y para la Administración de Parques Nacionales representan apenas el 3,07% de lo que se ejecutó para el pago de los servicios de deuda”. 

Según el Monitor ambiental de Presupuesto, una publicación de carácter trimestral que analizará las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas ambientales durante el año, “la falta de Presupuesto o la existencia de una prórroga del anterior oficia como un mecanismo de ajuste sobre la población y una reducción de derechos por la vía explícita del achicamiento del Estado”. 

Esta primera entrega del Monitor ambiental del Presupuesto está centrada en el análisis de las partidas presupuestarias establecidas y ejecutadas durante los primeros tres meses del año, con particular foco en lo destinado al pago de los servicios de deuda y los subsidios a la oferta de hidrocarburos, que son recibidos de forma directa por las empresas de este sector. 

De acuerdo al informe, el pago de servicios de deuda ganó preponderancia dentro del Presupuesto Nacional vigente, alcanzando el 13,2 por ciento del total. Este mayor volumen de ejecución presupuestaria destinado al pago de la deuda se realizó, durante enero, febrero y marzo del 2024, en desmedro de las partidas destinadas a políticas y programas vinculados al ambiente. 

Entre los principales datos que se desprenden del Monitor, se destacan:

Subsidios a los fósiles: se sostienen los beneficios a las empresas hidrocarburíferas

A contramano de lo que planteó durante la campaña del 2023, el Presidente de la Nación Javier Milei, a través de la prórroga del Presupuesto, mantiene $150.112 millones para subsidios a la oferta de hidrocarburos. En los primeros dos meses del año se ejecutaron $11.757 millones en subsidios para las empresas hidrocarburíferas. En cambio, no se ejecutó ni un solo peso para los subsidios a la demanda, que reciben las y los consumidores.

Mientras se mantiene este subsidio, que tiene como objetivo fomentar las exportaciones y ganancias de las empresas hidrocarburíferas, sin disminuir el precio de la energía para las y los consumidores, se achican los presupuestos destinados a la promoción de las energías renovables. El Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables tiene un presupuesto de $310 millones, es decir, 484 veces menos de lo que se destina a subsidiar fósiles. 

Por su parte, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) tiene asignados, luego de sufrir un recorte de $387 millones en marzo, un total de $5.595 millones. Este programa tiene como objetivo instalar 10.000 paneles solares en zonas rurales, contemplados como instalaciones eléctricas en casas, escuelas, hospitales, entre otros. Solo con lo destinado a los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, se podrían ejecutar 26 veces el PERMER.

“El acceso a un ambiente sano, junto con otros derechos culturales, sociales, ambientales y económicos, se ven comprometidos por un fuerte achicamiento del presupuesto destinado a las áreas involucradas en su promoción y cumplimiento. A través de contrastar los montos vigentes y ejecutados entre las diferentes partidas presupuestarias, se reconoce que plata hay, pero sólo se destina a las petroleras y al pago de servicios de deuda”, concluye el Monitor ambiental del Presupuesto.

Con información de FARN.

IG

Saber el tiempo de mañana para programar un picnic, bien, pero comprender por qué se recrudecen los huracanes, qué hay detrás del incremento de las olas de calor o la falta de lluvias es parte de una conspiración. Matar al mensajero que explica que, en muchas ocasiones, lo que hay detrás de esto es la crisis climática es una nueva oleada del negacionismo. Los meteorólogos que aportan ese conocimiento, el último objetivo.

Este mes, el meteorólogo estadounidense Chris Gloringer dejó –tras 18 años en los medios de comunicación– la cadena de televisión en la que explicaba las consecuencias del cambio climático en la meteorología diaria del estado de Iowa. Había recibido amenazas de muerte. Padeció un cuadro de estrés postraumático después de sufrir una campaña de acoso. “Vete al este y ahógate en el casquete polar derretido”. “Los conservadores de Iowa queremos darte una bienvenida que nunca olvidarás”, fueron algunos de los mensajes que inundaron su bandeja de entrada.

“Fue terrorífico”, cuenta Gloringer a elDiario.es ya desde su nuevo destino. “Cuando empezaron a llegar los correos electrónicos temí no solo por mi seguridad sino también por la de mi esposa”. Sobre todo al detectarse que uno de los acosadores estaba detrás de diez correos amenazantes en pocos días. El meteorólogo relata: “Mi empresa hizo todo lo que puede pedirse. Incluso me puso un servicio de seguridad, pero finalmente lo dejé”. Ahora vive, efectivamente, en la costa este de EEUU, donde se fue a trabajar para una consultora climática. Un traslado forzoso de más de 2.000 kilómetros.

Cuando empezaron a llegar los correos electrónicos temí no solo por mi seguridad sino también por la de mi esposa

Chris Gloringer — Meteorólogo

Este fenómeno de acoso es planetario. Unos meses antes del caso de Gloringer –en abril–, en España la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tuvo que salir al paso de una campaña de odio contra sus profesionales. La cosa no ha cesado. “Se siguen recibiendo mensajes a través de las redes sociales y por correo electrónico”, cuenta a elDiario.es Estrella Gutiérrez-Marco, portavoz de la AEMET. “Te cito uno de los últimos recibidos: 'Sois basura humana'”.

Este año los informadores meteorológicos en Francia también han recibido ataques por sus previsiones sobre la sequía y el calor en el país, pero ya el año pasado, los meteorólogos británicos debieron soportar “ofensas sin precedentes” al informar sobre la ola de calor que padecieron durante el verano de 2022. Era la primera vez que Reino Unido debía lanzar una alerta roja por las altas temperaturas.

Los ataques llegaron a decir que el Servicio Meteorológico británico había cambiado la paleta de colores en sus mapas para que parecieran más graves de lo que era la realidad. La campaña online incluía acusaciones de que los meteorólogos mentían y creaban miedo al ligar la ola de calor, sin precedentes en el país, con el cambio climático.

“Desde luego que es una tendencia preocupante y un ejemplo de lo que llamamos terrorismo estocástico”, cuenta a elDiario.es el director del Centro para la Ciencia, la Sostenibilidad y los Medios de la Universidad de Pennsylvania, Michael E. Mann.

Es una tendencia preocupante y un ejemplo de lo que llamamos terrorismo estocástico. Se está extendiendo a cualquiera que informe sobre la realidad y la amenaza que implica el cambio climático causado por los seres humanos

Michael E. Mann — Director del Centro para la Ciencia, la Sostenibilidad y los Medios de la Universidad de Pennsylvania

El terrorismo estocástico consiste en el “uso de los medios de comunicación para provocar actos aleatorios de violencia basados en la ideología”, según explica el Instituto Max Planck para el estudio de la Criminalidad, Seguridad y las Leyes.

El doctor Mann abunda en que “tanto los contaminadores como los políticos y los grupos de presión a favor de la industria de los combustibles fósiles llevan mucho tiempo metidos en una campaña de vilipendio hacia los científicos”. “Y parte de esta estrategia es provocar a los individuos para que cometan actos de intimidación y violencia contra los científicos”.

“En ocasiones no es agradable recibir una información de sequía, de niveles de alerta por precipitaciones torrenciales o por temperaturas extremas, y algunas personas buscan un culpable, eligen matar al mensajero”, analiza Gutiérrez-Marco.

Gloringer tiene claro cuándo situar el punto el de inflexión en este estrategia: “Al ganar las elecciones Donald Trump, en 2016, muchos se sintieron legitimados para liberar y expandir odio”. Y “no solo a los científicos, también hacia, por ejemplo, los periodistas que informan sobre el cambio climático”, cuenta.

“Lo que vemos ahora es que esa estrategia se está extendiendo a cualquiera –incluidos los meteorólogos– que informe al público sobre la realidad y la amenaza que implica el cambio climático causado por los seres humanos”, remata el investigador de la Universidad de Pennsylvania.

Estrella Gutiérrez-Marco incide en que “un elevado número de los múltiples mensajes que se reciben son negacionistas del cambio climático”. E ilustra con otro ejemplo: “Un carajo para AEMET, el cambio climático es un engañabobos. ¡Déjense de monsergas! Desinformación sois vosotros”.

Un elevado número de lo múltiples mensajes que se reciben son negacionistas del cambio climático

Estrella Gutiérrez-Marco — Portavoz de la AEMET

Y ahí reside buena parte del discurso más actual del negacionismo climático: el concepto de “causado por los humanos”. Casi nadie sostiene que no haya en 2023 una alteración en el clima, pero ahora se apunta a que ese cambio es natural. Este es uno de los correos electrónicos que recibió el meteorólogo Gloringer durante la campaña de acoso: “Me estoy cansando de tu teoría de la conspiración liberal sobre el tiempo. El clima cambia cada día, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Solo estás promocionando un bulo de [Joe] Biden [presidente de EEUU]. Vuélvete de donde viniste”.

Y esta es una declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el parlamento regional en noviembre de 2022: “Desde que la Tierra existe, ha habido siempre cambio climático. Ha habido ciclos”. Así se expresaba el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, al presentar el programa electoral económico del partido de ultraderecha: “El clima cambia, eso no lo cuestionamos. Lo que cuestionamos es que sea por causa humana”. Lo mismo sostuvo su portavoz de ciencia, Julio Utrilla, en un debate electoral.

En abril pasado, cuando estalló la campaña de acoso contra los profesionales de la AEMET, los meteorólogos recibieron una oleada de ataques de este cariz: “Sicarios de la información al servicio del mal”, “manipuladores”, “os estamos vigilando”, “asesinos”, “miserables”.

El acoso no se ha frenado ni contenido, más bien al contrario, escala y se ha convertido en tema de preocupación generalizado, como revela Estrella Gutiérrez-Marco al contar que “otros servicios meteorológicos nacionales reciben similares acusaciones infundadas, como nos indican tanto países de nuestro entorno como los de Iberoamérica con los que hemos celebrado recientemente una reunión anual y se ha tratado específicamente este asunto”.

¿Puede silenciarse la ciencia? Chris Glroringer piensa que “se trata de los que más gritan más que de los más numerosos. Yo creo que la gente todavía quiere saber, pero sí es preocupante que una minoría pueda silenciar algunos temas”.  

Una delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza llegó al país para analizar impactos ambientales y posibles violaciones a los derechos humanos en Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina, el mayor potencial de hidrocarburos no convencionales de Argentina. 

Este tribunal fue creado en 2014 por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, una red internacional de organizaciones y personas que buscan promover sistemas legales que reconozcan, respeten y hagan cumplir los “Derechos de la Naturaleza”, la cual no existen más que como “recursos naturales” y una forma de propiedad humana para ser explotada en las legislaciones de los países. Es decir, no está reconocida como sujeto de derechos. 

Se trata de un tribunal ético y civil, sin efectos penales, pero que apuesta a crear jurisprudencia que modifique las leyes o sus interpretaciones por parte de los Estados. Está basado en las experiencias del Tribunal Internacional por los Crímenes de Guerra, el Tribunal Permanente de los Pueblos y otros. 

“En Argentina se lo puede comparar a los Juicios por la verdad, en el sentido de que ambos son procedimientos sin efectos civiles y penales y surgen como iniciativas de la sociedad civil ante situaciones de denegación de justicia por los canales formales habituales”, explicó a elDiarioAR la investigadora Maristella Svampa, en referencia a los juicios realizados en Argentina a finales de la década de 1990, cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impedían juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Svampa presidió recientemente el tribunal que juzgó la construcción del Tren Maya en México.

Vaca Muerta

La delegación llegó a Argentina el 29 de marzo y extenderá su labor hasta el 5 de abril en las provincias de Neuquén y Río Negro. La visita se centrará en registrar impactos ambientales y de derechos humanos de la expansión de la industria del fracking extractivo, informó el tribunal en un comunicado.

El presidente del tribunal que se concentrará en el caso Vaca Muerta es el economista ecuatoriano Alberto Acosta, quien fue ministro de Energía y Minas de Ecuador (2007), presidente de la Asamblea Constituyente de su país (2007-2008) y candidato presidencial (2012-2013).

Lo acompañan como jueces Yuvelis Natalia Morales, de 22 años, premiada lideresa socioambiental colombiana; la ecuatoriana Patricia Gualinga, defensora de los derechos de los pueblos originarios, de la Naturaleza y ex líder de asuntos exteriores del Pueblo Nativo Kichwa de Sarayaku, una comunidad ubicada en la Amazonía ecuatoriana; Francesco Martone, fundador y portavoz de In Difesa Di per I diritti umani e chi li difende (red italiana de ONG de apoyo a los defensores de los derechos humanos) y asociado del Transnational Institute de Ámsterdam, además de ex senador italiano por los Verdes y la Izquierda Europea. El tribunal también tiene una jueza argentina, la escritora Gabriela Cabezón Cámara.

“Durante la visita, la delegación se reunirá con representantes del gobierno, empresas petroleras, organizaciones sociales y comunidades afectadas por la actividad”, informó el tribunal. Los jueces visitarán los vertederos petroleros de Neuquén Capital y Añelo, “donde se ha reportado contaminación y almacenamiento ilegal de residuos tóxicos provenientes del fracking”; también la Ruca Mapuche, “para evaluar los impactos sobre el territorio y los derechos de los Pueblos Indígenas”; y la localidad de Sauzal Bonito, “donde se han registrado movimientos sísmicos y se ha cuestionado la relación entre el fracking y los sismos”. Este último caso llegó recientemente a la Corte Suprema de Justicia, tras una demanda de la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo.

Luego de la visita, la delegación debe realizar un informe de los hallazgos, que será presentado ante la Cámara de Diputados.

Vaca Muerta no es el único caso relacionado con la explotación de petróleo y gas en el ha intervenido el tribunal. Tiene antecedentes en otros seis casos relacionados con combustibles fósiles como el fracking en Estados Unidos, el derrame de British Petroleum en el Golfo de México, la decisión de Ecuador de explorar petróleo en el Parque Nacional Yasuni, el caso Cuatro Cuencas en la Amazonía peruana y un caso en Bolivia. 

Vaca Muerta incluye 31 proyectos y cinco de ellos están en etapa de producción, liderados por la petrolera estatal YPF y Tecpetrol (Grupo Techint), además de otras compañías transnacionales.

“Uno de los principales problemas en la región es el uso del agua, ya que la zona tiene escasos recursos hídricos. Se estima que para 2023 la demanda de agua en Vaca Muerta se duplicará y alcanzará los 30 millones de metros cúbicos anuales”, informó el tribunal. “El almacenamiento de los residuos tóxicos generados por la actividad extractiva es otro problema importante”, agregó en un comunicado, en el que se explicó que la delegación visitará “los basurales petroleros” instalados tanto en Neuquén Capital como en la localidad de Añelo.

La filosofía del tribunal es que el derecho ambiental tradiciones es insuficiente y que sus veredictos pretenden demostrar cómo pueden aplicarse los Derechos de la Naturaleza, “presentando una serie de casos urgentes del mundo real ante un panel de distinguidos jueces, que examinan y dictaminan los casos”.

El tribunal también investigará “la intensiva ocupación del territorio por parte de la industria extractiva” que “genera impactos en las comunidades locales, especialmente en las comunidades mapuches”. “El avance de las locaciones petroleras ha llevado a la criminalización de estas comunidades y ha afectado su forma de vida, así como también ha causado la pérdida de superficie cultivada en zonas como Allen”.

La delegación también “evaluará la gestión de los impactos ambientales por parte de las empresas extractivas y las autoridades gubernamentales” y mantendrá reuniones con autoridades gubernamentales, organizaciones sociales, comunidades indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. 

¿Por qué Vaca Muerta?

El tribunal recibe denuncias y presentaciones de casos de todo el mundo. La visita a Argentina fue convocada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Cultural Ecofeminista MIRÁ. La delegación es recibida por la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. 

Vaca Muerta “es considerada por la Administración de Información Energética de Estados Unidos la mayor reserva de gas de lutitas fuera de Norteamérica” y actualmente “es la región de Latinoamérica donde se ha aplicado con mayor intensidad la técnica de fracturación hidráulica o fracking”.

ED

La crisis climática, producto de los efectos de la contaminación y el calentamiento de la Tierra, le está costando caro a América latina y el Caribe pero los países más ricos reducen e incumplen sus compromisos de financiamiento a los países en desarrollo, según un informe la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd) publicado en enero último.

La causa, de acuerdo al análisis de la organización, es que en 2020, el 81% del financiamiento climático que llegó a la región para proyectos relacionados con la crisis climática se canalizó a través de préstamos de fuentes públicas internacionales que incrementaron el nivel de deuda de los países más vulnerables.

El fenómeno es global, pero acentuado en América latina y el Caribe, sostiene Latindadd. A nivel mundial, los préstamos también fueron el principal mecanismo para canalizar el financiamiento climático pero un porcentaje menor: 72%. Las donaciones a nivel global sólo representaron el 25%, explica el informe. 

Además, en 2020 el dinero financiado se destinó en mayor medida a proyectos de mitigación (67%) y no a la adaptación (24%) que los expertos plantean que se requieren con urgencia en la región. ¿Por qué? Los proyectos de mitigación atacan lo urgente mientras que los de adaptación buscan soluciones de fondo para evitar el impacto.

Al mismo tiempo, “las inversiones realizadas por los países fueron principalmente dirigidas hacia sectores altamente extractivos y contaminantes, como los hidrocarburos, la minería y la agroindustria”, de acuerdo a las cifras del Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC) que resaltó el estudio. “Dinero existe, lo que falta es voluntad política del norte global para priorizar temas urgentes como la agenda climática”, aseguró la organización.

El informe se basó en un estudio propio sobre cómo fueron estructurados los paquetes de recuperación económica de seis países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador) y cómo las economías más vulnerables debieron emitir bonos o tomar préstamos con organismos internacionales para cumplir con las metas impuestas en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

Entre los bancos multilaterales de desarrollo, el informe menciona al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Qué tipo de préstamos son los que toman los países más pobres? El 75% de los créditos que otorgaron los bancos mundiales de desarrollo corresponde a la categoría “no-concesional”, según datos de la OCDE en 2022, “es decir con condiciones menos favorables”, sostiene Latindadd. “

“Desde una mirada de justicia climática, es bastante injusto que sean los países menos responsables los que en realidad están pagando por la histórica deuda climática del norte global”, agregó la organización.

“A pesar de ser responsable sólo del 11% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que generan el cambio climático, es una región altamente vulnerable a los impactos negativos de la crisis climática (inundaciones, olas de calor que agudizan los efectos de la sequía, catástrofes naturales, pérdida de biodiversidad, falta de acceso al agua), que ya están cobrando vidas y enormes costos económicos a los países de la región que, en muchos casos, deben ser cubiertos con más deuda”, afirmaron los expertos de la organización, encabezados por la consultora climática Carola Mejía.

El financiamiento climático puede provenir de fuentes públicas, privadas, nacionales o internacionales y busca reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (lo que se llama “mitigación”) y amortiguar la vulnerabilidad que genera el calentamiento de la Tierra. También tiene el objetivo de mantener e incrementar la adaptación de la forma de vida, la economía y la infraestructura frente a los efectos negativos del cambio climático, de acuerdo al Comité Permanente de Financiamiento (2014).

En el marco del Acuerdo de París y la Cumbre de Glasgow, la comunidad internacional se comprometió a reducir las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 45% para 2030 y limitar así el aumento de la temperatura global a 1.5°C, pero las investigaciones de los equipos técnicos del IPCC, que se darán a conocer el 20 de marzo próximo demuestran que las metas no se cumplieron y que la temperatura del planeta superó con creces ese límite, de acuerdo a una exposición de un grupo de expertos organizado por el Instituto Reuters, de la Universidad de Oxford, y del que participó elDiarioAR.

En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se reconoció que “los países del norte global (principalmente Estados Unidos, Rusia, los países de la Unión Europea, China y Japón) y las grandes corporaciones petroleras son los principales responsables de la crisis climática y, por tanto, los que deben realizar los principales esfuerzos para frenar sus inversiones en combustibles fósiles, cambiar sus matrices productivas y energéticas, y reducir su consumo de recursos y energía”, reflexionó el informe de Latindadd.

Además, esos mismos países se habían comprometido en 2009 a aportar financiamiento por US$100.000 millones anuales desde 2020 a los países más vulnerables, incluyendo a América latina y el Caribe. 

Sin embargo, el informe sostiene que el análisis de las estadísticas de los bancos multilaterales y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) demuestran “incumplimiento, insuficiencia y problemas en el acceso” a esos US$100.000 millones, “así como en la distribución entre mitigación y adaptación” y “la generación de más deuda para los países menos responsables de la crisis climática”.

Pero además, el informe resalta que “es bastante cuestionable la forma en la que se ha estado canalizando dicho financiamiento”: en 2020, pandemia mediante, los “países desarrollados” movilizaron aproximadamente US$83.300 millones a nivel global, una cifra por debajo de la meta establecida. 

América latina y el Caribe recibió el 17% del financiamiento climático movilizado entre 2016 y 2020 mientras que Asia obtuvo el 42%, de acuerdo al informe. 

ED

“Solanas Mar Azul: el proyecto inmobiliario vacacional más importante de la Costa Atlántica”. Así describe el holding, famoso por sus complejos de lujo en Punta del Este, el megaproyecto hotelero que busca ensamblar tres edificios denominados “Playa”, “Dunas” y Bosque“, sobre un lote de 14.000m2 con 100 metros de frente sobre las playas de esa localidad balnearia del partido de Villa Gesell.

Según indica su página web oficial, donde se pueden visualizar los planos y fotomontajes de la propuesta arquitectónica, son 116 unidades de 2, 3 y 4 ambientes con balcones, terrazas y jardines propios, además de piscinas, solarium, cocheras subterráneas, gimnasio y spa, entre otros amenities. En el apartado con los detalles del proyecto indican que la “obra está en desarrollo” y que se estima su entrega “para noviembre de 2024”.

Pero los vecinos de Mar Azul están “haciendo guardia” para impedirlo. El último sábado de abril convocaron a una asamblea para definir medidas de reclamo y evidenciar “irregularidades e incumplimientos en materia ambiental” con respecto al proyecto inmobiliario. Plantean que el mismo “viola la ley provincial de Aguas de la provincia de Buenos Aires N° 12.257 artículo 142, la cual prohíbe construir a menos de 150 metros de la línea de ribera hacia el continente, ya que eso es espacio público”, apunta Pablo Domínguez, de la Asamblea En Defensa del Médano Costero, a elDiarioAR.

La petición “No al ecocidio de Solanas en Mar Azul”, contra la constructora Portland y el grupo Solanas, lleva casi 5.000 firmas y argumentan que, a través de la construcción de estos inmuebles, “conseguirán contaminar las napas, ya que no tenemos agua corriente ni cloacas y, al tocar el medano, lograrán que el agua salada entre a las napas y luego nos salga agua salada de las canillas. Porque debajo de los médanos, está la reserva de agua dulce”.

“Además de la destrucción y usurpación del médano costero, no pueden explicarle a la población cómo van a proteger las napas de agua y cómo van a abastecer de energía eléctrica este proyecto de modo tal que no afecte a la zona que, dicho sea de paso, apenas empieza la temporada sufrimos cortes de luz o baja tensión constante”, agregan.

Según pudo saber elDiarioAR, “todavía no hay un permiso de construcción de obra” por parte del municipio de Villa Gesell. Mientras que, en esa misma ubicación, “hubo una demolición de un edificio abandonado a causa de dos motivos: por reclamo de los vecinos y porque se hizo una inspección y la construcción corría peligro de derrumbe”. Con respecto al Proyecto Solanas Mar Azul “actualmente se están realizando inspecciones y estudiando si se le va a otorgar el permiso” desde las autoridades municipales.

El viernes pasado se dispuso que se analizarán en la Comisión de Obras, Servicios y Transporte público, los pedidos de informes presentados por los bloques de Juntos por el Cambio referidos a esta obra. Con la firma de los concejales Grinspun, Montenegro, Piacentini y Diez, el proyecto se fundamenta en que “(..)existe evidente falta de información pública sobre aspectos vinculados a la tutela del interés colectivo por el ambiente, a los procesos de ley relativos a la autorización del desarrollo inmobiliario propuesto, como así también a aspectos vinculados a la delimitación de la línea de ribera, y los cumplimientos efectivos de lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Urbano vigente(...)”.

“A partir de una petición de firmas que nos hicieron llegar los vecinos, presentamos un Proyecto de Resolución pidiendo información al Ejecutivo en relación a este desarrollo inmobiliario que está planteado en la manzana 298 de Mar Azul”, apunta Eugenia Grinspun en diálogo con este diario. “Solicitamos cuál es la fecha de presentación de la carpeta de obra indicando número de expediente y si el proyecto se ajusta a lo que está dispuesto en la ordenanza 2051, que es el actual código de ordenamiento urbano vigente en Villa Gesell y, además, si están las correspondientes autorizaciones desde la provincia donde interviene la autoridad del agua”.

En tanto, en su página oficial de Instagram informan que las unidades se pueden reservar a través de “financiación propia” desde USD 135.000. “La idea con este proyecto es poder trabajar a través de Solanas con la administración para generar una renta a los propietarios, como hacemos en Punta del Este, tanto en temporada alta como baja”, contó Daniel Mochón, dueño de Solanas a LA NACION.

AB

María Castillo fue cartonera durante 20 años, desde que salió por primera vez a acompañar a su marido, en el año 2000, hasta que fue nombrada directora nacional de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo Social, con la llegada del Frente de Todos al Gobierno. Conocedora de la actividad, puede reconocer cuando se cruza en la calle a una persona que recién ingresa en el mundo del cartoneo: esa mirada de desconcierto frente a la bolsa de basura. Es una escena que ve con frecuencia y que atribuye, en parte, a la crisis generada por la pandemia.

Castillo tiene 45 años, es madre de tres hijos y abuela de dos nietos. Fue parte de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros –la más grande de Latinoamérica–, miembro fundador de la cooperativa Jóvenes en Progreso y, como militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la primera secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en Lomas de Zamora. Desde ese barrio, donde vive, habla con elDiarioAR. 

Asegura que, si bien desde el punto de vista de la organización la situación de los cartoneros cambió rotundamente en las últimas dos décadas, existen dos grandes deudas con el sector: la mejora de sus condiciones materiales de trabajo y el reconocimiento de su aporte a la sociedad. 

Al recorrer la calle da la impresión de que hay más gente revisando los contenedores de basura, que tal vez encontró en el último tiempo un medio de vida ahí. ¿Compartís el diagnóstico? 

Sí, y creo que fue a partir de la pandemia. Yo salgo a comprar acá en Lomas de Zamora y de golpe veo caras nuevas; me doy cuenta cuando hay un compañero nuevo cartoneando. De todos modos hay diferentes modalidades. Porque se entiende que un compañero que está adentro de un contenedor está cartoneando y no es siempre así. Hay compañeros que buscan cosas para vender (juguetes, frasquitos de perfume, ropa), después hay otros que buscan otras cosas, pero cartoneros sí se ven un poco más que antes de la pandemia. 

Vi hace poco una familia que no tenía uniforme y que incluso por la forma de moverse parecía no tener experiencia en la actividad, recién llegados. 

Sí, a eso me refiero. Yo por ahí camino y veo a alguien y me doy cuenta que es nuevo porque veo lo que me pasó a mí cuando empecé a cartonear. La mirada como diciendo qué hago. Me hace recordarme, a veces me veo reflejada en ellos. 

Hay 150.000 cartoneros que recuperan 45.000 toneladas de residuos por día

¿Cuándo empezaste a cartonear? 

Fue a fines del 2000. Por problemas económicos, como muchos otros. Es más, los cartoneros decimos que surgimos del 2001. Había que acompañar a la familia en sostener el día a día, con hijos chiquititos. Al principio cartoneaba solamente mi compañero, que se había quedado sin trabajo, y después decidí acompañarlo yo porque no alcanzaba. En ese momento valía centavos el cartón, el papel blanco. Así empecé a cartonear y hoy todo esto es mi vida: ver cómo se lucha por la organización del sector, cómo se buscan los recursos, cómo se gestiona. Están esos compañeros que vos ves, que no tienen uniformes y son los nuevos que buscan a través del reciclado el sostén económico, y también están los compañeros que ya están organizados buscan la manera de integrar a ese nuevo. 

¿Incorporarse a la actividad implica disponer de ciertas herramientas, integrarse a una estructura, encontrar un circuito de calles que recorrer? 

Uno cuando empieza a cartonear camina. También tenés que tener una movilidad, un carro, un bolsón, necesitás diferentes elementos. Después empezás a caminar y vas llenando el bolsón y vas preguntando, de a poquito vas entendiendo cómo es el trabajo. Al principio uno tiene vergüenza de preguntar si tiene cartón o si tiene botellas. Es un proceso, como todo trabajo, aunque no sé si es como todo trabajo porque nunca tuve un trabajo formal hasta que ingresé en el Estado. A mí me transmitieron otros compañeros cómo se cartoneaba: tenés que ir, abrir la bolsa de basura porque no hay separación, meter la mano. Y te ensuciás, sacás el material que te sirve, atás la bolsa y seguís por la misma calle. Vas caminando, caminando y tenés que acordarte dónde volver. No es sencillo, es ponerle muchas ganas desde el propio lugar de uno y si tenés la suerte que haya compañeros que te quieran integrar se hace mucho más liviano.

A veces pareciera que el que te da cartones te está haciendo un favor, pero no es un favor. Si los compañeros no hicieran ese trabajo, el CEAMSE estaría colapsado

Me decía que algunas escenas que ves hoy te remiten a esos inicios tuyos. ¿Ves un paralelismo entre hoy y la crisis del 2001? 

Yo creo que hay una diferencia tremenda, que es que cuando yo arranqué había discriminación, exclusión de derechos, persecución. Hasta que los compañeros se organizaron y se creó el primer movimiento cartonero, en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestro país cartonear era un delito. Esa organización fue creciendo y fue una referencia para muchos que nos organizamos en nuestros municipios, creamos cooperativas, empezamos a coordinar con oficinas del Estado. 

En ese entonces podía pasar que la policía te retuviera el material que habías juntado durante toda la jornada. 

Sí, era algo normal, continuo. Había una ley que prohibía nuestro trabajo y si estabas caminando con un carro venían, te sacaban el carro y si discutías ibas preso. Los viernes había una masividad de secuestros de vehículos. A mí me retuvieron mi camioneta un mes y yo iba todos los días a decirles “necesito trabajar, necesito trabajar”. Hasta que un día le dije al juez que me quedaban $2 en el bolsillo, con los que tenía que ver cómo cartonear y llevar el pan a mi casa porque si no mis hijos no comían. Ahí me entregó la camioneta, que era de mi pareja, pero sabía que era algo que iba a volver a pasar; uno salía con miedo a trabajar.  

Por fuera de la situación legal, ¿las condiciones materiales en las que trabajan ahora los cartoneros son mejores que entonces?  

No, no se trabaja mejor. Sí hay más conocimiento del cartoneo, de reciclado, pero de ahí a que se modifique la situación y que veamos que los más de 150.000 cartoneros tengan herramientas de trabajo, un galpón, para mí va a llevar un tiempo más. Los compañeros siguen estando en basurales. El otro día estuve con una familia que lleva cinco generaciones trabajando de la misma forma en un basural. Cinco generaciones. Yo como funcionaria pienso mucho en eso ¿cómo logramos más inversión para que ese trabajo tenga las condiciones que corresponde? Creo que el avance de la organización del reciclado va lenta, porque además cuando vas a las cooperativas no podés creer el trabajo que hacen; son toneladas de residuos que no se entierran, que vuelven al mercado, son miles de puestos de trabajo. Porque es trabajo lo que hacen nuestros compañeros: de concientización, de erradicación de trabajo infantil, de cuidado, de asistencia social, de contención de violencia de género, de integración de personas con adicciones.

Cuando vas a las cooperativas no podés creer el trabajo que hacen; son toneladas de residuos que no se entierran, que vuelven al mercado, miles de puestos de trabajo

Los cartoneros y las cartoneras forman parte del paisaje urbano, sabemos que existen, pero ¿crees que la sociedad en su conjunto conoce realmente su trabajo y el aporte que hacen a la economía?  

Realmente no sé si se sabe la dimensión que tiene el trabajo del sector. Hoy calculamos que hay más de 150.000 cartoneros, que recuperan 45.000 toneladas de residuos por día. Y si no se entiende de lo que estamos hablando hay que googlear o acercarse a la gente y decirle “contame cómo se hace esto, de qué manera”. Hoy muchos compañeros venden directamente a la industria, sin intermediarios, están registrados, tienen su cuenta bancaria, cobran a través de una tarjeta. Eso estoy segura que muy pocos lo saben. Mi objetivo en parte es contar de este mundo que es tan hermoso, que todos los días hace tanto y que tiene tan poco reconocimiento. A veces pareciera que el que te da cartones te está haciendo un favor, pero no es un favor. Si nosotros no separamos seguimos llevando esos residuos a entierros, esos residuos no se recuperan, no se insertan al mercado y se usa recursos naturales no renovables para volver a producir ese material que volvemos a descartar. Si los compañeros no hicieran ese trabajo, el CEAMSE estaría colapsado. 

¿Hoy alcanza lo que genera una familia o una persona cuando sale a cartonear para sostener un hogar?

No, no alcanza. Esa fue la lucha de todas las organizaciones sociales de conseguir el salario social complementario, que hoy es el Potenciar Trabajo, que es el complemento a la productividad que uno desarrolla. Miralo del otro lado: si a veces las empresas, que están más organizadas y tienen una estructura completamente distinta a la de la cooperativa, necesitan ayuda del Estado, nosotros más. Llegar a esa etapa en la que no se dependa del Potenciar lleva tiempo, mucho más cuando ves las condiciones en las que todavía se trabaja, sin herramientas para poder industrializar el material. 

DT

“Construir confianza”. Ese es el desafío que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se plantea como instancia fundamental para poder avanzar con su plan de impulsar los sectores de la economía que, considera, podrían mejorar las cuentas del país. Especialmente aquellos que en los últimos meses generaron fuertes reacciones ciudadanas en distintos puntos del país. 

En diciembre la movilización popular obligó a dar marcha atrás con la habilitación de la explotación minera en una zona de Chubut –lo que Kulfas atribuye en gran parte a la impericia del gobierno provincial para liderar la iniciativa– y la semana pasada la Justicia de Mar del Plata suspendió un proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino, medida que el propio Ministerio de Ambiente apeló. 

En diálogo con elDiarioAR, Kulfas apunta contra las organizaciones que “son efectistas en generar terror en base a información falsa”. Según su punto de vista, todas las actividades tienen un margen de riesgo y no por eso se descartan. “En el turismo todos los años se quema un bosque por algún turista que deja mal apagado el fuego en un bosque y nadie propone prohibir el turismo”, ilustra.  

Frente a las críticas, el ministro asegura que el gobierno de Alberto Fernández es “el primero en involucrarse en serio con la problemática ambiental” y propone un debate dónde se amplíen los matices entre el “vale todo” productivista y el “prohibicionismo”. “Si pensamos que ambientalismo es sinónimo de prohibir cosas, estamos en el horno. Ambientalismo es producir, generar oportunidades de desarrollo cuidando el ambiente”, apunta. 

Es evidente que en los últimos años la agenda ambiental ha incrementado su relevancia en la agenda mediática y en las preocupaciones de la gente. ¿Con qué cree que tiene que ver y cómo lo evalúa?

Nosotros vemos con muy buenos ojos que este tema haya tomado un lugar central; la problemática del calentamiento global y otros flagelos ambientales requiere un lugar en la agenda política y un conjunto de políticas públicas. Después, están los diferentes enfoques. Nuestra mirada es la de un esquema de desarrollo productivo verde, de hecho, hemos sido el primer gobierno en poner en la agenda un plan en ese sentido, que lo que busca es salir del vale todo productivo que fue preponderante durante mucho tiempo. Pensamos que todos los sectores, y no solamente en la minería o el petróleo que por ahí son los que tienen más peso en la discusión pública, tienen que hacer una reconversión productiva, tecnológica. Lo que uno ve es que no existen los sectores contaminantes, sino las tecnologías contaminantes o los malos empresarios.

Con el modelo extractivista llegamos hasta este escenario: más 40% de pobreza y sin poder sortear la restricción externa. ¿Por qué esta misma senda podría llevarnos a otro lado?

Primero me parece que hay que discutir el concepto del modelo extractivista, que ahora lo retomo. Segundo, nuestra posición no es que hay que trabajar determinados sectores en desmedro de otros; Argentina necesita que todo su potencial se ponga en marcha, se desarrolle, porque tenemos un problema serio de creación de empleo y de pobreza que viene desde hace mucho tiempo. Después, respecto de la discusión de las actividades primarias, nuestra visión está lejos del extractivismo. El extractivismo uno lo podría definir como la explotación, sin ninguna consideración ambiental y sin ningún engranaje en el sistema productivo local. Es decir, te puedo conceder que una actividad minera o petrolera es extractivista si lo que hace es extraer el recurso, descuidando completamente el ambiente y sin dejar nada en la comunidad, ningún desarrollo de proveedores, ningún desarrollo comunitario. Nuestro modelo no tiene nada que ver con eso: es el desarrollo de proveedores locales, o sea pymes que crecen mientras se desarrolla la minería, el petróleo, el gas. En segundo lugar, nuestro modelo es mejora de las comunidades, que tienen que ver con claridad que hay una mejora en infraestructura, en los hospitales, en los caminos, etc. Y luego, obviamente un cuidado ambiental. 

El extractivismo es la explotación, sin ninguna consideración ambiental y sin ningún engranaje en el sistema productivo local. Nuestro modelo no tiene nada que ver.

¿Eso es lo que se ve, efectivamente, en las comunidades con desarrollos de este tipo?

No es teoría, es la realidad. La semana pasada estuve en Cerro Vanguardia y es innegable el impacto positivo que ha tenido para Santa Cruz, no solamente en términos de empleo. Por ejemplo Puerto San Julián, una localidad de muy poca relevancia, creció muchísimo gracias a la minería. En el caso de San Juan, antes de la aparición de la explotación minera era una provincia que estaba, en términos de pobreza, diez puntos arriba el promedio nacional y hoy está cinco puntos por debajo. Y así podemos seguir con muchos ejemplos. En el caso de la minería hay toda una red de proveedores que explica aproximadamente el 50% de lo que factura una empresa minera. En el sector petróleo y gas hay 10.000 empresas, casi todas pymes, que trabajan en todo el país. No hay ninguna provincia que no tenga al menos algún proveedor que le venda servicios o bienes industriales al sector petróleo, gas. Esto no es extractivismo, eso es el desarrollo.

¿Cuál es la garantía de que eso suceda? En muchos casos son proyectos con un tiempo de vida útil acotado, explotado por empresas extranjeras y existe el riesgo o al menos el temor de que una vez usufructuado el recurso levanten campamento y dejen a las comunidades peor que antes. 

Eso ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Hoy lo que vemos es mayor compromiso en el sector empresario, justamente por los cambios que se han introducido. Tenemos un programa para desarrollar y calificar proveedores, para darle financiamiento, apoyo técnico y para generar mayores controles ambientales. Creo que se ha mejorado muchísimo en este aspecto. El caso de San Juan, por ejemplo, después de lo que fue el accidente Veladero, que sin duda fue un accidente importante, aunque en impacto mucho menor de lo que todos dicen..

¿No se contaminaron cinco ríos con solución cianurada?

No hay cinco ríos contaminados, como se dice. Eso es falso. Esto es una información incorrecta. Sí es cierto que el momento generó un impacto que pudo ser morigerado y que no genera un impacto permanente, como se dice.

Consta en el expediente que por la rotura de una válvula del circuito se contaminaron ríos. 

No, eso es falso, pueden verificarlo. El problema es que hay una confusión y que algunos sectores con mala información refuerzan esa mala comunicación. En las zonas mineras es muy habitual que existan ríos que tienen un alto contenido de metales, pero no es de ahora y no pasa por la minería. Uno ve los registros de algunos ríos de 1940 y tenían la misma composición; tiene que ver con las cualidades del suelo, del lecho del río. De hecho, hay lugares de San Juan donde el agua potable llegó gracias a perforaciones que se hicieron justamente con inversiones de la minería, pero no tenían agua potable antes. Después ha habido información que realmente ha sido absolutamente falsa y que ha circulado. He leído en algún medio que en (la ciudad catamarqueña) Andalgalá la mitad de la gente tiene cáncer. Eso es totalmente falso. No hay ningún informe que diga eso. El único reporte que hay respecto a incidencia de cáncer en esa zona es del año 2012 y dice que la incidencia de cáncer ahí es igual al promedio nacional. Por eso nosotros estamos saliendo en los próximos días con una iniciativa muy fuerte para poner toda esta información de manera pública, poder discutir. 

Por más que se intenten minimizar los riesgos con controles, no se pueden anular…

En cualquier actividad económica. En el turismo todos los años se quema un bosque por algún turista mochilero que deja mal apagado el fuego en un bosque. Nadie propone prohibir el turismo.

Aún así, ¿qué le diría a una persona que vive en esos pueblos en los que se propone iniciar ciertos desarrollos y tiene el miedo de que algo malo suceda?

Que tiene razón en preocuparse. Lo que hay que hacer es involucrarse en exigir buenos mecanismos de control y que también participe la ciudadanía. Yo creo que esa es la respuesta. Entre el vale todo productivista, que nosotros lo rechazamos, y el prohibicionismo, hay una amplia gama de matices que tenemos que trabajar. Nosotros queremos construir confianza en torno a estas actividades económicas y obviamente sacarle todo el jugo posible. Lo que queremos es que generen la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles, que efectivamente eso permita desarrollo en las comunidades. Creo que ahí tiene que haber un involucramiento. A mí me parece me parece válida esa preocupación.

En el turismo todos los años se quema un bosque por algún turista mochilero que deja mal apagado el fuego en un bosque. Nadie propone prohibir el turismo.

¿Cómo evalúa lo que sucedió en Chubut, donde se aprobó la zonificación minera en la Legislatura y luego se debió derogar por la presión de la ciudadanía? 

El caso de Chubut para mí tiene dos aspectos. Uno es esto: mucha gente decía pero cómo, si estamos en una provincia donde durante mucho tiempo no hubo clases, no se aseguraban el pago de los salarios de los maestros, y ¿ese mismo Estado es el que va a controlar a las mineras? Me parece una pregunta válida, pero la respuesta no debería ser prohibámoslo, sino hagamos que los controles sean realmente efectivos, que participe la comunidad. La segunda cuestión que me genera empatía es, obviamente, si me pongo en la piel de un chubutenses al que le dijeron que si se desarrolla la minería se va a quedar sin agua, es lógico que reaccione.

Más cuando la provincia está atravesando una situación de crisis hídrica.

Si te dicen que te vas a quedar sin agua, es lógico que reacciones mal, pero la información es falsa. El proyecto Navidad, que se está discutiendo en la meseta, a cien kilómetros del Río Chubut, no tiene nada que ver con el río. El agua que iba a utilizar es un agua que viene de un acuífero subterráneo endorreico, que lo descubrió la propia minería, con lo cual la información que se dio es falsa y generó un miedo totalmente injustificado, que es un poco lo que hace Greenpeace cuando pone una foto de la playa de Mar del Plata con dos actores empetrolados, cuando sabemos que eso es imposible que ocurra porque las plataformas offshore que se están programando, por ahora en fase de exploración, están a 300 kilómetros de la costa, con lo cual es como es como pensar que algo que ocurra en Buenos Aires o Chascomús va a tener incidencia en Mar del Plata.

Las organizaciones como Greenpeace pueden ser efectistas en meter miedo, en generar terror, pero hacerlo en base a información falsa me parece una actitud complicada en una sociedad democrática.

De todos modos, son efectivos comunicando. ¿Hay un mea culpa o una crítica a los gobiernos que, en todo caso, no saben hacer llegar esta mirada o involucrar a los ciudadanos en proyectos que consideran virtuosos?

Permíteme un comentario sobre lo que dijiste de que son efectivas comunicando. Yo creo que la mentira es algo delicado. Sí, pueden ser efectistas en meter miedo, en generar terror, pero hacerlo en base a información falsa me parece una actitud complicada en una sociedad democrática. Una sociedad democrática tiene que discutir, debatir públicamente, pero hacerlo con datos y con verdades, no generando miedo a la gente para obtener un resultado en ese sentido. Respecto al otro. Sí, yo soy crítico de las empresas mineras y se los he dicho más de una vez, que deberían comunicar mucho más, deberían explicar mucho más cómo son sus métodos productivos. Hay mucha gente que piensa de verdad que una empresa minera está pegada a un río y tiene un caño que vuelca cianuro; eso es falso. La semana pasada estuve en Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, y la verdad es que estaba lleno de guanacos merodeando la mina, zorritos, patos.. ¿dónde toman agua? Ahí, en las lagunas y los arroyos que están en torno a la mina. Si estuviera contaminada, obviamente esos animales no podrían tomar agua, no vivirían ahí o estaría lleno de animales muertos en torno a la mina.

No me refiero solo a la comunicación de las mineras, sino sobre todo a la de los gobiernos. En Chubut, por ejemplo, ¿le parece que fue atinada la manera en la que intentó llevar el proyecto adelante el gobernador Mariano Arcioni?

Evidentemente en Chubut hay un fracaso muy grande de la política, porque lo que no se hizo fue un buen trabajo en las comunidades explicando. En la meseta sí. Justamente una de las grandes paradojas que tenemos hoy en la Argentina es que en los lugares donde se desarrolla la minería, la sociedad la recibe muy bien. ¿Cuántos conflictos tuvimos en Santa Cruz? Hace 25 años que hay minería y no hubo ninguno. Porque la gente lo ve como algo positivo que le ha generado desarrollo, que pagan muy buenos salarios, que hay una red de proveedores. En San Juan pasa algo parecido. En los lugares donde hay asambleas en contra de la minería son lugares donde históricamente se ha impuesto Sergio Uñac en las elecciones, lo mismo pasa con Catamarca. Ahí hay una discusión donde, insisto, falta más información. Yo creo que hay mucha gente muy bien intencionada que está por ahí con un grado de información parcial. Por eso en los próximos días vamos a poner en marcha una mesa de trabajo abierta a la comunidad para que se debata con la única consigna del respeto y la no violencia. Porque la violencia que vimos en Chubut me pareció terrible y creo que se ha banalizado un poco eso. Haber destruido, destrozado, incendiado tres edificios públicos, quemado un diario, me parece de una gravedad que por algún motivo no tuvo el repudio suficiente.

Estuve en Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, y la estaba lleno de guanacos merodeando la mina, zorritos, patos.. ¿dónde toman agua? Ahí, en las lagunas y los arroyos que están en torno a la mina. Si estuviera contaminada, no podrían.

¿Qué opina de la suspensión, por parte de la Justicia, de la exploración para offshore en Mar del Plata? ¿Ya se hizo la apelación?

Sí, ya se hizo la apelación. Es una medida suspensiva, no es una medida de fondo. Vamos a insistir porque estamos convencidos de los beneficios que tiene esto. Si se confirmara la existencia de esa riqueza petrolera, se podrían generar cerca de 200.000 puestos de trabajo y, luego de un tiempo explotación, exportaciones por US$25.000 millones de dólares, con lo cual cambiaría por completo el problema de Argentina en términos de restricción externa, con una balanza comercial mucho más superavitaria que haría que probablemente no sea necesario tener un cepo tan fuerte como el que tenemos ahora. También desarrolla una red de proveedores que es enorme y es el sector con los salarios más altos de la economía.  Por otro lado, pensamos que los resguardos ambientales están muy bien tomados. Estamos hablando en este caso de una empresa, Equinor, con los mejores estándares productivos, tecnológicos y ambientales del mundo. Es una empresa noruega líder mundial en producción offshore y en compromiso ambiental productivo. En tercer lugar, quiero destacar que este tipo de explotación no es nueva; Argentina ya tiene 20% del gas producido offshore, y esta vez el ministro de Ambiente se involucró, participó en la discusión e impuso condiciones adicionales.

Al suspender la exploración, la Justicia entendió que la discusión previa para habilitarla no fue suficiente.

Se hizo la audiencia pública. Me llamó la atención un argumento planteado por el intendente Mar del Plata diciendo que no habían participado en la discusión. Hubo una audiencia pública de dos días, si el intendente no participó fue porque no quiso o no estaba atento a algo que es relevante. Y por otro lado, esto no es un proyecto de Mar del Plata. Sí va a generar un impacto enorme en toda la economía marplatense, en lo que significa el desarrollo de la industria naval, el desarrollo de proveedores. Y está, insisto, a 300/400 kilómetros de la costa; esto no es Mar del Plata.

Evidentemente en Chubut hay un fracaso muy grande de la política, porque lo que no se hizo fue un buen trabajo en las comunidades explicando el proyecto de zonificación.

Está justo en el límite con las aguas de Uruguay. ¿Se discutió también con el gobierno vecino, porque en caso de que hubiera algún problema también los involucraría? 

No, no ha habido ningún tipo de inconveniente. Creo que lo que hubo fue una reacción. Se basan en muchos casos en prejuicios o preocupaciones que están infundadas. Vi alguna persona que decía “Mira este paisaje hermoso, acá nomás vas a tener una plataforma offshore”. No la vas a ver, hay una distancia enorme. Además hay un montón de ciudades turísticas, como Río de Janeiro, que tienen plataformas offshore.

El argumento más fuerte no es el tema paisajístico sino del impacto en la fauna marina.

Yo no escuché eso. Fijate que la foto (de Greenpeace) no es esa; la foto son dos chicos empetrolados en la playa, lo cual es falso y es propagandismo. Es solamente un objetivo que no es decir la verdad.

¿Ha tenido reuniones con Greenpeace, con las organizaciones que enarbolan estas banderas?

Con Greenpeace, no. Con otras organizaciones sí, muchísimas, como Jóvenes por el Clima, Eco House. Hicimos una reunión el año pasado, les presentamos el Plan de Desarrollo Productivo Verde y fue un diálogo súper interesante. Yo lo digo con todas las letras: somos probablemente el primer gobierno que se involucre en serio en la problemática ambiental. Lo que pasa es que si pensamos que ambientalismo es sinónimo de prohibir cosas, estamos en el horno. Ambientalismo es producir, generar oportunidades de desarrollo cuidando el ambiente. Eso para mí es un ambientalismo real, efectivo. Ya tenemos en el mundo un montón de experiencias fallidas, fruto de visiones extremas. Hace poco se conoció el problema de Sri Lanka, que prohibió la producción con agroquímicos, se fue una producción orgánica y significó la quiebra de los productores. Y además eso agrava el problema del cambio climático porque requiere una mayor explotación del recurso, pérdidas económicas.

Si siguiéramos con producción orgánica no exportaríamos nada y tendríamos que estar importando maíz, trigo, lo básico.

¿Considera una idea romántica esto de buscar volver a las bases, a la pequeña escala, a lo agroecológico?

Lo considero algo inviable. Tenemos una población de 7.500 millones de habitantes en el mundo. En el año 1900, cuando la Argentina era el granero del mundo, producíamos 8 millones de toneladas de granos, obviamente orgánicos porque no existían los agroquímicos. Hoy producimos 140 millones de toneladas. Si siguiéramos con producción orgánica no exportaríamos nada y tendríamos que estar importando maíz, trigo, lo básico. Hay que trabajar con seriedad, con verdades científicas. Yo me peleo mucho cuando escucho el término agrotóxicos, ese término es falaz. Lo que hay son agroquímicos que bien implementados no generan ningún riesgo para la salud humana. Mal implementados, sí, igual que un producto farmacéutico. El desarrollo que hizo Raquel Chan me parece un orgullo para Argentina: desarrolló el trigo HB4, que es resistente a la sequía. Le está ofreciendo a la humanidad una solución frente a problemas climáticos y en lugar de ser la persona más aplaudida del país, recibe agresiones y críticas de un montón de gente. 

¿Qué pasos está dando Argentina en transición energética? Esta semana supimos de la baja de 33 proyectos de energía renovable que se licitaron bajo el programa RenovAr.

Nosotros tenemos una apuesta muy fuerte por las energías renovables. Hemos lanzado un cluster productivo para producir equipamiento, darle sostenibilidad a esa medida. Hemos generado la mayor inversión en la historia del siglo XXI, que es la del hidrógeno verde, que está en marcha en la provincia de Río Negro, y apuntamos a que Argentina sea uno de los referentes mundiales en hidrógeno verde en las próximas décadas. En litio hay nuevas inversiones todas las semanas, que estamos trabajando estimulando. El caso RenovAr es otra cosa. Lo que pasó fue que el plan RenovAr del gobierno de Macri desvirtuó la Ley de Energías Renovables del 2015, en la que se basó, porque lo terminó transformando en un negocio financiero basado en dos pilares: financiamiento externo y la adquisición de paquetes tecnológicos completamente importados. Entonces, mientras Argentina tuvo financiamiento externo arrancó bien. Cuando en abril de 2018 Argentina entró en esta crisis de deuda y empezó la gran fuga de capitales el plan se quedó sin combustible. Entonces, esta presentación de baja son proyectos que ni siquiera se iniciaron. Nuestro plan es un plan de energías renovables con fabricación nacional, con financiamiento en moneda local a largo plazo. Pensado justamente para el desarrollo de la industria y desarrollo de energías renovables y no en un negocio financiero de corto plazo.

¿Para el financiamiento va a ayudar que el Gobierno cierre con el FMI?

El acuerdo con el FMI para nosotros no es un parteaguas ni lo vemos como una solución a los problemas de Argentina. Pensamos que es la manera de disipar incertidumbre y de generar un poquito más de certezas para adelante, pero después depende de nosotros. Nosotros nunca apostamos a que el Fondo Monetario Internacional o el financiamiento internacional nos saque la crisis. De la crisis salimos con nuestras políticas, que son políticas de desarrollo productivo. 

En conjunto con la transición energética, ¿se está trabajando desde el Estado para hacer cambios en las pautas de consumo, para eficientizar el consumo de los argentinos?

Estamos trabajando mucho en lo que es economía circular. Me parece un tema importantísimo porque sin duda vivimos en una economía muy consumista que a veces derrocha demasiados recursos, que no reutiliza los residuos. Tenemos también un debate pendiente con la Ley de Envases, que me parece un tema nodal.

A las empresas no les gusta mucho la idea de esa ley. 

Yo creo que le faltó debate, porque yo recibí a las empresas y algunas de las críticas que hacían me parecen que eran fruto de una mala interpretación de la ley y otras eran temas que se podían discutir. Yo hoy veo un compromiso importante y que también hay un prejuicio respecto de “las empresas de que no quieren saber nada con esto”. Muchas ven o negocios para hacer con esto, y bienvenido sea que hagan negocios mejorando el ambiente, y otras por ahí no ven un negocio, pero si que necesitan hacer acciones ambientales por una cuestión de políticas corporativas.

Nosotros nunca apostamos a que el Fondo Monetario Internacional o el financiamiento internacional nos saque la crisis.

¿Cree que el aumento de tarifas y la segmentación va a contribuir a reducir el consumo de energía o incluso a promover la autogeneración en los sectores de mayores ingresos?

La segmentación tiene por objetivo central la justicia social. Tenemos un sistema que ya lleva mucho tiempo, que lamentablemente está generando subsidios a hogares que no lo necesitan. Eso hay que corregirlo y por eso la segmentación es la herramienta. Pero esto de penalizar por precio me parece una práctica que no nos gusta, fue lo que ocurrió en el período Macri. Yo lo que quiero es que la gente consuma menos energía porque tenga conciencia de que es un bien escaso, que hay que cuidarlo, que el país no le sobran recursos para andar dilapidando y porque aparte es necesario realizar algunos cambios de equipamiento y eso también son oportunidades para que la industria nacional tenga un espacio preponderante en esta estrategia. 

Los servicios del conocimiento son otro sector con potencial que depende de su cartera, pero tiene el problema de la brecha cambiaria, que genera que muchas personas que ofrecen servicios para el exterior no liquiden las divisas en el país. ¿Hay una solución pensada para eso?

Sabemos que hay un problema, estamos discutiendo alternativas morigerarlo. Es un programa macroeconómico. Está claro que lamentablemente nos tocó iniciar el gobierno con un problema externo importante. Entendemos que esto se va a ir mejorando y aparte estamos viviendo una etapa de crecimiento de exportaciones, crecimiento de ingreso de dólares por inversión extranjera directa, así que todo esto va a ser parte de la solución. En el mientras tanto, vamos a generar un mecanismo que estamos discutiendo con el sector, con el Banco Central, con Economía. 

¿Qué podría ser?

No lo puedo anticipar. Estamos viendo alternativas. 

¿Existe la posibilidad de un desdoblamiento del tipo de cambio para el sector? 

No, desdoblamiento no, pero estamos viendo alternativas que cuando las tengamos listas y consensuadas, las vamos a comunicar. 

¿Van a estar los dólares para que las empresas importen y para acompañar el crecimiento? 

Sí, está totalmente garantizado por varios motivos. Primero, porque vamos a tener un superávit comercial importante, con lo cual ahí ya tenés la primera fuente de superávit de divisas para el país. En segundo lugar porque si efectivamente avanzamos en la firma del acuerdo con el FMI vamos a tener más certidumbre financiera, otro cronograma de pagos, con lo cual muchos factores que el año pasado debilitaron las reservas este año no van a estar; vamos a tener un mayor nivel de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Así que no va a haber ningún faltante de divisas, eso tiene que quedar claro. Está totalmente coordinada la proyección de demanda de dólares para importaciones con el Banco Central, con lo cual no habrá ninguna dificultad.

¿Se cierra la letra chica con el FMI la semana que viene?

Se cierra pero no puedo decir cuándo, eso lo maneja el ministro de Economía.

DT