El fiscal federal Eduardo Taiano respondió a los cuestionamientos surgidos en la comisión investigadora del Congreso y aseguró que no ocultó informes periciales, al tiempo que brindó detalles sobre el estado de la causa $LIBRA.

A través de un comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, el funcionario explicó el recorrido de los informes técnicos vinculados al análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la investigación. Según precisó, el 17 de noviembre de 2025 se emitió un informe preliminar elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en el que se dejaba constancia de que el trabajo se encontraba “en curso”.

Taiano remarcó que ese documento tenía carácter “orientador” y no incluía conclusiones definitivas. En ese sentido, indicó que el informe final fue remitido a la fiscalía el 13 de enero de 2026 y que se incorporó al sistema judicial el 24 de febrero, quedando a disposición de las partes antes de que se produjera la filtración pública de documentación, el 6 de marzo.

Las aclaraciones del fiscal se producen luego de que desde el ámbito legislativo se lo acusara de haber demorado o retenido información clave para la causa. Frente a esas críticas, sostuvo que el proceso siguió los tiempos técnicos correspondientes y que no hubo ocultamiento de pruebas.

El comunicado también abordó la citación de la periodista Natalia Volosin, que había generado controversia. Según explicó la fiscalía, esa medida respondió a un pedido de una de las partes querellantes ante la filtración de documentación privada de los imputados. Sin embargo, la citación fue posteriormente dejada sin efecto.

La decisión se tomó luego de que el procurador general Eduardo Casal iniciara un sumario administrativo y promoviera una investigación penal por esa presunta filtración, que quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10.

Finalmente, Taiano reafirmó su “compromiso con el avance de la investigación”, así como con el respeto de las garantías procesales y la preservación de información sensible, en un intento por llevar claridad frente a las críticas y sostener la legitimidad del proceso judicial.

CRM

La abogada y periodista Natalia Volosin informó este lunes que el fiscal federal Eduardo Taiano dejó sin efecto su citación a declarar como testigo en la causa $LIBRA, la investigación judicial que analiza el presunto vínculo entre la promoción de una criptomoneda y el entorno del presidente Javier Milei.

“Me notifican que Taiano dejó sin efecto mi declaración de mañana en $LIBRA”, escribió Volosin en su cuenta de X. En el mismo mensaje, agregó: “Espero que la misma suerte corra la infame denuncia penal que hizo Casal para apretar a mis ex colaboradores de dicha institución. Dedíquense a perseguir la corrupción. Gracias”.

La declaración de la periodista estaba prevista para este martes en los tribunales de Comodoro Py y había generado preocupación en organizaciones periodísticas, que advirtieron sobre el riesgo de que la citación derivara en presiones para revelar fuentes de información.

La controversia se desató luego de que Volosin publicara en su medio digital La Justa documentos que, según afirmó, forman parte de una prueba oficial dentro de la causa y que el fiscal había recibido meses atrás sin incorporarlos al expediente.

En declaraciones radiales y televisivas, Volosin sostuvo que Taiano contaba desde noviembre con un informe pericial clave elaborado por la Dirección de Asistencia Técnica en Investigaciones Penales (DATIP), el organismo de pericias tecnológicas de la Procuración General de la Nación.

Según explicó, el documento habría llegado al despacho del fiscal el 17 de noviembre, pero no fue incorporado al expediente durante cuatro meses. “Es como si en una causa por homicidio aparece el arma y el fiscal la guarda en un cajón”, graficó la abogada.

De acuerdo con su relato, el informe incluiría elementos relevantes para la investigación, entre ellos un borrador de contrato que mencionaría un supuesto acuerdo entre el empresario estadounidense Hayden Davis -vinculado a la criptomoneda $LIBRA- y el presidente Milei para la promoción del activo digital.

También habría registros de comunicaciones, fotografías de reuniones empresariales y una factura por 250.000 dólares vinculada a operaciones relacionadas con el lanzamiento del proyecto. Volosin sostuvo que la difusión de ese material obligó a que finalmente la Justicia incorporara la documentación al expediente y la pusiera a disposición de las partes.

El foco de la investigación

La causa $LIBRA analiza posibles vínculos financieros entre la administración nacional y empresas vinculadas a activos digitales. En particular, investiga si existió algún tipo de compromiso de promoción estatal para la criptomoneda impulsada por el empresario Hayden Davis.

Según la información difundida por la periodista, parte del material analizado incluiría un supuesto borrador de acuerdo firmado por Milei, así como comunicaciones y documentos recuperados de dispositivos electrónicos vinculados a empresarios que habrían intermediado en el negocio. El caso cobró nueva visibilidad pública luego de que esos documentos comenzaran a circular en medios y redes sociales.

Reacciones del periodismo

La citación judicial a Volosin generó rápidamente reacciones en el ámbito periodístico. La Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación y advirtió sobre un posible intento de vulnerar el secreto profesional.

La entidad sostuvo que la información difundida por la periodista “expuso un supuesto acuerdo entre el empresario Hayden Davis y el presidente Javier Milei para la promoción de la criptomoneda $LIBRA” y remarcó que de esa investigación “se desprende que el fiscal Eduardo Taiano retuvo durante meses el informe que daba cuenta del supuesto contrato”.

El documento, firmado por el presidente de la Academia, Joaquín Morales Solá, y la secretaria académica Silvia Naishtat, señaló además que el accionar judicial podría interpretarse como un intento de presionar a la periodista para revelar sus fuentes.

En la misma línea se pronunció el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que cuestionó la citación y recordó que el secreto de las fuentes periodísticas está protegido por la Constitución Nacional.

“La intención de que Volosin revele su fuente de información resulta un grave atentado a la libertad de obtener y difundir datos de interés público protegiendo a las fuentes”, advirtió la organización.

Tanto la Academia Nacional de Periodismo como FOPEA recordaron que el artículo 43 de la Constitución Nacional -incorporado en la reforma de 1994- garantiza la protección de las fuentes de información periodística. Ese principio impide que jueces o fiscales obliguen a periodistas a revelar quién les proporcionó datos obtenidos en investigaciones de interés público.

Para las organizaciones firmantes, la investigación realizada por Volosin constituye un aporte relevante para el esclarecimiento de hechos que involucran posibles irregularidades en la relación entre el Estado y actores privados.

En ese marco, reclamaron que el Poder Judicial actúe como garante de la libertad de prensa y evite medidas que puedan interpretarse como represalias contra quienes investigan casos de interés público.

CRM

En medio de las sucesión de agresiones por parte de fuerzas de seguridad en las marchas en las que cada miércoles los jubilados encabezan en las cercanías del Congreso en reclamo de mejoras en sus haberes, acompañados por diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, que este mismo 22 de octubre tuvo a Ramón (un adulto mayor que participaba de la protesta) como víctima de la violencia represiva del protocolo antipiquetes que ordena ante cada manifestación la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó en las últimas horas que se eleve a juicio la causa que tiene como acusado al efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, quien durante la manifestación del 11 de septiembre de 2024 roció con gas irritante a Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años, y a su madre, Carla Pegoraro.

La carátula de la causa lleva el nombre de Patricia Bullrich y Rivaldi está acusado de abuso de autoridad y lesiones leves.

La causa

La Justicia federal resolvió a fines de mayo procesar al agente Cristian Rivaldi, integrante de la Policía Federal, por haber rociado con gas a una niña de 10 años durante la represión de una protesta de jubilados frente al Congreso, el pasado 11 de septiembre de 2024. El fallo lo imputa por abuso de autoridad y lesiones leves, en el marco de una causa que investiga el accionar de las fuerzas de seguridad durante esa jornada. En julio, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento.

Según el juez Sebastián Ramos, Rivaldi utilizó gas contra dos personas —una de ellas una menor de edad— que estaban caídas en el suelo y no representaban ninguna amenaza. “Actuó contrariando la normativa vigente, sin justificación ni necesidad de intervenir de ese modo”, señala la resolución judicial.

La víctima fue alcanzada por el gas junto a su madre mientras ambas se encontraban en el piso, sin ofrecer resistencia. “El agente se encontraba en pie, en una posición de dominio, y aun así eligió apuntar directamente al rostro de las mujeres”, agregó el magistrado.

En su defensa, el uniformado presentó un extenso descargo de 60 páginas en el que aseguró haber cumplido con los protocolos y actuado siguiendo las instrucciones de sus superiores. Además, sostuvo que ningún superior le llamó la atención por su proceder y que nunca vio a una niña en la escena. “Si la hubiera visto, la habría retirado del lugar”, dijo.

El policía sostiene que en esa jornada había “violencia” en “forma constante” y que, a través de la radio policial, recibieron órdenes “con disposiciones tales como 'avance, disperse a los revoltosos y liberen la calzada'”. El operativo estuvo conducido políticamente por Patricia Bullrich, que en aquellos días negó la actuación policial y llegó a decir “nadie gaseó a la nena”.

Rivaldi aseguró que actuó “siempre de acuerdo con lo ordenado por la Superioridad” y bajo las órdenes de la sala de “Comando Unificado de las Fuerzas Federales”. Dijo que sus desplazamientos de esa jornada fueron “por disposiciones emanadas de tales mandos, concordantes con el servicio, y siempre con las precauciones del caso”, y remarcó que no recibió “en ningún momento alguna orden manifiestamente ilícita, ni mucho menos”.

“Nunca vi a una menor en el lugar”, remarcó y añadió que su atención estaba centrada “lógicamente en los sitios donde se producían los desmanes”. Sobre la nena remarcó que “jamás” imaginó que una menor estaría “solapada en esos grupos violentos”: “En toda mi carrera, nunca hubo menores en las variadas manifestaciones de la que me tocó participar como grupo de operaciones”, señaló.

Asimismo, expresó que, si hubiese visto a una menor, “lo primero que hubiera hecho era sacarla del lugar” u ordenar que alguien “urgentemente” así lo hiciera, agregó. Por otro lado, en relación a la presencia de la niña, el policía hizo referencia a que “es la madre a quien le incumbe sus deberes de protección y cuidado derivados de la responsabilidad parental”.

El juez desestimó esa versión y valoró como veraz el testimonio de la querella. “Las imágenes son contundentes y respaldan plenamente lo relatado por la denunciante. Por el contrario, los argumentos del imputado resultan poco creíbles. Es evidente en los registros fílmicos que apuntó de manera directa e intencional”, concluye el fallo.

Qué había dicho Bullrich

Pese a la contundencia de las imágenes registradas por las cámaras, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó al día siguiente del hecho, el 12 de septiembre de 2024, que la Policía Federal Argentina haya rociado con gas pimienta a una nena de 10 años y a su madre durante la manifestación de este miércoles en los alrededores del Congreso nacional en contra del veto a la ley.

En el video, se ve como un cordón policial avanza sobre un grupo de manifestantes y empieza a arrojar gas pimienta, e inclusive uno de los agentes hace lo propia contra una la niña y su madre que estaba tirada en la calle intentando cubrir a su hija. 

“Nosotros ayer estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento que explotó. Nadie gaseó a una nena”, dijo la funcionaria de Javier Milei. 

“Nadie le tiró intencionalmente a una nena”, insistió Bullrich durante un tenso intercambio con el periodista Eduardo Feinmann, que le adjudicó responsabilidad política a la ministra por la represión presuntamente indiscriminada.

“No es gasear a una nena. La policía esta avanzando. La señora está en el piso, la policía avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena”, relató Bullrich. 

El conductor de LN+ en todo momento intentó contrastar la versión de la funcionaria con las imágenes registradas. “Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá”, afirmó Feinmann.

“No señor, nadie le apunta a la nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está. La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. El otro día tiraron agua caliente. Ayer estaban con gases y con pimienta los manifestantes. Hay un grupo de gente con uniformes naranjas que están todo el día dando instrucciones para plantear como se cubren y como tiran gases. Eso grupo está armando desde la provincia de Buenos Aires”, indicó, en referencia al Gobierno de Axel Kicillof.

“Pero eso es otra cosa, Patricia”, contestó el periodista.

“No es otra cosa porque nadie le tiró intencionalmente a una nena”, retrucó Bullrich.

“La imagen es clara. ¿Quiere que se la muestre en cámara lenta? ¿Qué le frene la imagen? ¿Qué mas quiere?”, ironizó Feinmann, tratando de dejar en ridículo a la ministra.

“Muéstremela como quiera, pero de ninguna manera la intención...ni siquiera se ve la nena. Se ve al policía que saca el gas, empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor les habían tirado”, explicó Bullrich.

“Pero apunta para bajo. La nena estaba con la mamá sentada en el piso…”, insistió el comunicador.

“No. Los policías están con los cascos, no escuchan. Hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos ni dijimos en ningún tuit. Voy a hablar con el jefe de Policía si él fue el que mandó”, señaló la jefa de la cartera de Seguridad.

Segundos antes, Feinmann le había revelado a la ministra que quien le había hecho llegar el video a la producción del canal era Luis Alejandro Rolle, el jefe de la Policía Federal.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros tres investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

“Requiérase a las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen las titularidades que registren o hayan registrado” desde enero de 2024 al presente todos los investigados pidió la Fiscalía, informaron fuentes judiciales.

Taiano envió un oficio a las compañías telefónicas para en principio obtener esa información que habilitaría en un futuro un eventual entrecruzamiento de llamadas.

El pedido de esta prueba partió de Martín Romeo, uno de los inversores que se presentaron como querellantes por haber sido damnificados con el aumento de precio y posterior caída en la cotización de la criptomoneda promocionada por Milei.

En la causa, la Cámara Federal de Casación dejó firme ayer el rol de querellantes para los inversores víctimas de la estafa. El máximo tribunal penal federal del país denegó recursos extraordinarios para ir en revisión a la Corte contra esa decisión, en una resolución firmada por los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci.

Dos de los imputados, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, intentaban impedir que sigan como querellantes los damnificados en la pesquisa que llevan adelante la jueza federal María Servini y el fiscal Taiano.

Novelli y Terrones Godoy son dos empresarios vinculados al proyecto de criptomoneda $LIBRA y el primero conoció a Milei en 2020, cuando este último comenzó a dar clases en su academia financiera NW Professional Traders.

Ambos empresarios organizaron el Tech Forum, un evento sobre tecnología y criptomonedas realizado en octubre de 2024, al que asistió Milei como orador principal. En este evento, Novelli y Terrones Godoy habrían facilitado las reuniones entre Milei y figuras del mundo cripto, como Hayden Davis, creador de $LIBRA.

El escándalo de la fallida criptomoneda $LIBRA comenzó la tarde del 14 de febrero último con un posteo en la red social X del presidente Milei promocionando su aparición. El valor se incrementó y muchos compraron, pero con el correr de las horas se desvalorizó y luego Milei posteó aclarando no estar al tanto del negocio.

Con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei, se encuentra bajo investigación judicial tras la promoción y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA, lo que ha generado denuncias por presunta estafa y tráfico de influencias. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una serie de medidas para esclarecer los hechos y determinar la participación de Milei y otros empresarios en el caso. 

El fiscal solicitó informes al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia para obtener detalles sobre las empresas involucradas en la comercialización de $LIBRA. Asimismo, dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para colaborar en la preservación y recuperación de evidencia digital relacionada con el caso.

La justicia federal investiga la creación y promoción de la criptomoneda $LIBRA, tras una denuncia presentada por Claudio Lozano el 17 de febrero de 2025 ante la Cámara Federal de Apelaciones. La causa, registrada como expediente 574/25, involucra al presidente Javier Milei y otras figuras del ámbito financiero y tecnológico.

La denuncia interpuesta por Lozano, economista y líder del partido Unidad Popular fue presentada junto con Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya, un especialista en nuevas tecnologías y María Eva Koutsovitis, ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. 

El texto presentado argumenta que el Presidente participó en “la megaestafa más grande de la historia de este rubro”, la cual se ejecutó mediante un esquema conocido como rugpull, en el que los desarrolladores de un proyecto lanzan un token, atraen a inversores para aumentar su valor, y luego retiran abruptamente el dinero. Los denunciantes explicaron que “cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero”.

Entre los denunciados también figuran Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc. y KIP Protocol; Daniel Parisini, conocido en redes sociales como Gordo Dan; el pensador libertario Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures.

La denuncia de Lozano menciona 3 delitos. Primero, el de asociación ilícita, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.

Los denunciantes sostienen que los empresarios Peh y Davis habrían contactado a Milei en octubre de 2024, durante el Tech Forum, evento organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. En dicho encuentro también habría participado Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, se señala que Milei y Davis mantuvieron una nueva reunión el 30 de enero de 2025, según publicaciones en redes sociales.

La denuncia también sugiere que empresarios extranjeros habrían efectuado pagos al Presidente o a su entorno para facilitar estos encuentros en lugares como la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y el Hotel Libertador.

La investigación busca esclarecer el rol de Milei y los demás implicados en los hechos, que podrían constituir delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La jueza Servini delegó la causa en la Fiscalía Federal 3 y ordenó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para preservar y recuperar evidencia. Además, se solicitaron informes a organismos públicos y privados, y se evalúan nuevas medidas para avanzar en la investigación.

A pocos días de cumplirse una década de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el Gobierno desclasificó información de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el caso y la remitió a la Justicia, según confirmaron a elDiarioAR fuentes oficiales. La novedad se conoce en la misma jornada en que un informe redactado por el fiscal Eduardo Taiano afirma que Nisman fue asesinado a partir de su trabajo en la investigación por el atentado a la AMIA y tras la firma de Memorándum con Irán que negoció la gestión de Cristina Kirchner.

Concretamente en la Casa Rosada notificaron que ya se envió a la fiscalía de Taiano el material de inteligencia que el Ejecutivo tenía en su poder sobre Nisman. No hay precisiones sobre ese contenido, pero se trataría de todos los archivos que registró la SIDE sobre las direcciones de Inteligencia del Ejército y las fuerzas de seguridad federal. El requerimiento judicial había llegado al Gobierno en diciembre pasado. A ocho días de cumplirse el décimo aniversario de la muerte de Nisman, Javier Milei hizo un gesto político al respecto.

La causa por la muerte de Nisman la lleva adelante el juez Julián Ercolini. Y en la actualidad la investigación sigue abierta a partir de la toma de declaración como testigos de espías que mantuvieron “comunicaciones relevantes” el fin de semana de la muerte del fiscal de la UFI-AMIA, mientras se continúa el entrecruzamiento de la información.

Pese a que la investigación sigue abierta, este viernes desde la web de Fiscales, Taiano publicó un largo informe en el que afirma que la muerte de Nisman en su departamento del edificio LeParc el 18 de enero de 2015 se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”, concluye Taiano. Las investigaciones actuales apuntan entre otros aspectos al rol de los servicios de inteligencia en el gobierno de Cristina además del desarrollo de medidas de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen.

“Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa”, asegura la fiscalía.

Ante ello, hubo una “negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole”. En ese período ubicó la fiscalía la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y “la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad”.

El cuerpo de Nisman sin vida se halló dos días antes de asistir a la Cámara de Diputados, donde iba a presentar sus conclusiones sobre el supuesto encubrimiento del atentado por parte del gobierno kirchnerista a partir del pacto con Irán. Ese memorándum en particular motivó una causa aparte contra la exmandataria y funcionarios de su gobierno que está a las puertas de un juicio oral, aún sin fecha.

En su denuncia, Nisman acusaba a varios altos funcionarios del gobierno del Frente para la Victoria-PJ de intentar encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA, perpetrado en el 18 de julio de 1994 y como consecuencia del cual murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Según el fiscal, el gobierno de Fernández de Kirchner, con Héctor Timerman como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, había llegado a un pacto para desviar la investigación a cambio de beneficios comerciales entre la Argentina e Irán. La muerte de Nisman ha sido objeto de controversia: inicialmente se declaró suicidio por disparo, pero en 2017, un informe de la Gendarmería Nacional concluyó que fue asesinado.

El próximo 20 de enero, en la sede de la AMIA habrá un acto homenaje por la muerte de Nisman. Participarán la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, expareja y madre de la hijas del fiscal.

MC

La fiscalía que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman ratificó que se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum con Irán, en un informe sobre el estado de la causa penal publicado a ocho días del décimo aniversario del hecho.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”, concluye el informe de 56 carillas en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano.

Los investigadores remarcan que a la fecha “se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.

La investigación está delegada en la fiscalía de Taiano por decisión del juez del caso, Julián Ercolini y según el informe difundido hoy se apunta entre otros aspectos al rol de los servicios de inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner además del desarrollo de medidas de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen.

“La vinculación de los servicios de inteligencia con la investigación del atentado a la sede de la AMIA fue algo que se verificó desde sus albores. Esta relación tomó mayor relevancia luego de la creación de la UFI-AMIA por orden del Presidente Kirchner y el mandato de colaboración de la entonces SIDE al fiscal Nisman”, recordó el documento.

Pero, la fiscalía advierte que, en relación a esa colaboración, “se incorporaron constancias indicando que con posterioridad al fallecimiento del Presidente Kirchner la situación cambió”, explica en el informe difundido por el sitio web de la Procuración General de la Nación.

“Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa”, asegura la fiscalía.

Ante ello, hubo una “negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole”. En ese período ubicó la fiscalía la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y “la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad”.

Taiano y su equipo de investigación ubican en ese lapso medidas del Poder Ejecutivo para “favorecer y fomentar” la labor de inteligencia del Ejército Argentino, uno de los aspectos que se investiga en la causa por la muerte de Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en las torres Le Parc el 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por encubrimiento agravado a raíz de la firma del Memorándum.

En la investigación se “han solicitado nuevas medidas de prueba a distintas dependencias. Se libraron nuevas órdenes de presentación a empresas telefónicas a los efectos de obtener los registros entrantes y salientes de abonados que siguen surgiendo en la trama descripta, que se traducen en cerca de 100 nuevas líneas telefónicas que serán incorporadas a las actividades de entrecruzamiento y análisis de comunicaciones que se encuentran en trámite”.

“Se imputó a Luis Alberto Heiler -prefecto general de la Prefectura Nacional Argentina-, Román Di Santo -jefe de la Policía Federal Argentina-, Sergio Berni -secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación- y Darío Ruiz -secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación-, quienes intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su accionar”, recordó además la fiscalía.

En la actualidad sigue la declaración como testigos de agentes de inteligencia que mantuvieron “comunicaciones relevantes” el fin de semana de la muerte de Nisman y continúa el entrecruzamiento de la información.

El informe completo

Con información de agencia NA

IG/MC

La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), aliada de Elisa Carrió, sumó un escrito a la denuncia penal contra Cristian Ritondo por el entramado de sociedades offshore y de Florida, Estados Unidos, vinculadas a la esposa del diputado, Romina Diago. Es a partir de una reciente revelación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), de acuerdo a fuentes judiciales. 

Frade adjuntó una denuncia que ella misma ya había presentado este martes ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, donde Carrió también denunció a Ritondo el 12 de diciembre último. 

La legisladora analizó en el escrito presentado movimientos del patrimonio declarado por Ritondo ante la Oficina Anticorrupción (OA) y enumeró una serie de supuestas inconsistencias. Solicitó investigarlas.

Frade afirmó que Ritondo tiene participación en seis empresas. Una de ellas es una constructora que fundó junto a su padre, ya fallecido. Se trata de Emprendimientos Rivadavia SA, que, sostiene la diputada, habría sido investigada en 2013 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La empresa habría sido blanco del fisco por supuestos “inmuebles subvaluados, adecuación de declaraciones juradas de ganancias, no poseer ingresos bancarizados y tener sólo una empleada registrada, que habría sido la secretaria” de Ritondo en la Legislatura porteña, cuando se desempeñaba como vicepresidente del cuerpo (entre 2011 y 2015), denunció la diputada de la Coalición Cívica.

En el documento que ahora está en poder del fiscal, Frade sostuvo que “el cruce informativo de inmuebles a nombre del Diputado, su cónyuge, su hermana (Livia Ritondo) y su cuñado, Martín Diago, balances y declaraciones presentadas en la Oficina Anticorrupción (OA) y la (ex)AFIP, así como informes a IGJ podrían ser esclarecedores del verdadero e íntegro patrimonio del Diputado y sus interpósitos, así como la legalidad del origen” de los fondos. 

Tras la investigación periodística, el jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja fue denunciado el 9 de diciembre ante los tribunales federales de Retiro. El expediente quedó a cargo del fiscal federal Taiano, quien deberá decidir si desestima la denuncia del abogado Jeremías Rodríguez o si impulsa la investigación con medidas de prueba.

Ritondo y su esposa fueron denunciados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los presuntos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso del diputado.

El patrimonio de Ritondo

Al entramado de sociedades offshore y propiedades en Florida, Frade sumó 72 inmuebles y 10 vehículos presuntamente vinculados a la constructora de Ritondo y le adjudicó a la empresa la construcción de numerosas torres en la Ciudad de Buenos Aires y un complejo de lujo en Pinamar. Además, aseguró que la firma Solares de Donato pertenecería a Emprendimientos Rivadavia SA.

La diputada mencionó que en 2022 Ritondo fue coautor con Sergio Massa de un proyecto de ley que proponía la “prórroga de la Ley 27.623 Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda y blanqueo”. “El diputado tuvo aquí una participación estelar en la defensa de sus propios intereses”, aseguró Frade.

La legisladora pidió que se investigue una chacra en San Antonio de Areco, denominada La Alameda, y supuestamente vinculada al diputado.

elDiarioAR se comunicó con voceros de Ritondo, quienes afirmaron que el diputado se presentará a dar las explicaciones pertinentes ante la Justicia, si es que es citado. En diálogo con La Nación, el jefe de la bancada del PRO dijo este miércoles: “Todas mis empresas están todas declaradas en la declaración jurada, hay algunas que tienen movimiento, otras que no tienen movimiento, pero son todas viejas, salvo una que no tiene movimiento de hace dos años, pero están todas declaradas, no sé de qué hablan”.

ED/MC

Luego de que la denuncia contra el diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Aldana Diago, quedara a cargo del juez federal Sebastián Ramos y de la fiscalía de Eduardo Taiano, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica)  advirtió en la red social X que un hijo del fiscal trabajó con el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Federico Nicolás Taiano fue nombrado por Ritondo en abril de 2016 como responsable ejecutivo del Programa Integral de Protección Ciudadana, con rango y remuneración equivalente a un director, de acuerdo con el escrito que lleva las firmas de Ritondo y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.  

Federico Taiano renunció al puesto tras la salida de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2019. Fue concejal de Escobar por el mismo partido, entonces liderado por Mauricio Macri. En agosto de 2024, asumió como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Bienes Decomisados”, en el Ejecutivo de Javier Milei. Depende de Jefatura de Gabinete.

elDiarioAR intentó contactarse con el fiscal Taiano para conocer su posición sobre un eventual conflicto de interés pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

El caso

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo. Los datos surgen de la investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico sacó a luz documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers que revelan un entramado de sociedades offshore y otras compañías radicadas en Florida, Estados Unidos, para adquirir propiedades en Miami y Hallandale, en el sur del estado de las palmeras.

La presentación judicial, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez.

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

CC/JJD

Luego de “haber tomado conocimiento” de “diversas cuestiones” que no abordó en presentaciones anteriores ante la Justicia, el exagente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Antonio “Jaime” Stiuso pidió declarar nuevamente en la causa que investiga la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.

El pedido fue hecho por escrito el lunes pasado ante el fiscal federal Eduardo Taiano, quien lleva a cabo la investigación por la muerte de quien era el titular de la UFI AMIA, según fuentes judiciales. El 18 de enero de 2015, el fiscal Nisman apareció con un balazo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en el barrio de Puerto Madero en Buenos Aires.

En un escrito de apenas dos párrafos, firmado por él mismo y por su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, exjefe del área de Contrainteligencia de la exSIDE pidió volver a prestar testimonial después de haberlo hecho por última vez hace tres años y medio.

“Luego de haber prestado declaración ante Ud. en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer, a cuyo fin ofrezco prestar nueva declaración testimonial”, sostuvo Stiuso en su presentación.

En la carilla, ex espía identificó al expediente como la causa en la que “se investiga el homicidio de Natalio Alberto Nisman”. Si bien fue presentada ante el juzgado, está dirigida al “Sr. Fiscal”, refiriéndose a Taiano, quien ahora tiene la decisión de aceptar o rechazar su nuevo testimonio bajo juramento.

En la causa, están procesados el técnico informático Diego Lagomarsino, acusado de haber entregado a Nisman el arma usada en el hecho, así como un grupo de sus custodios, por el presunto incumplimiento de sus funciones.

La investigación, radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini, fue delegada en la fiscalía de Taiano, cuya última actividad relevante fue tomarle declaración a unos 50 testigos que pertenecían a los organismos de inteligencia en los últimos meses.

Para el Poder Judicial, Alberto Nisman fue asesinado, partiendo de la base de un peritaje de la Gendarmería Nacional, el cual fue cuestionado por supuestas inconsistencias.

LC con información de agencia Télam

La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo no descartan aún ninguna hipótesis sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien resultó ilesa, e intentan determinar si Fernando André Sabag Montiel actuó solo o contó con cómplices en la planificación, confirmaron a elDiarioAR dos fuentes directas de la investigación. 

Los magistrados se trasladaron desde los tribunales federales de Retiro hacia el predio de la Policía Federal en el barrio porteño de Palermo, donde desde anoche se encuentra detenido el agresor.

Sabag Montiel, nacido en Brasil hace 35 años, es hasta ahora el único imputado en el expediente caratulado “homicidio en grado de tentativa” y que avanza con hermetismo. Una de las medidas en trámite es el análisis del teléfono celular secuestrado al detenido. El contenido ya fue extraído, pero debe ser analizado, confirmó una fuente del expediente. Podría ser clave para determinar si Sabag Montiel actuó solo o no. Además, la investigación podría explicar cuál fue la razón por la que el proyectil no fue disparado (una falla del arma; una impericia del acusado por desconocer su funcionamiento; no tenía intención de concretar el atentado).

Fue un viernes desierto en los tribunales federales de Comodoro Py. El caso concentró gran parte del escaso movimiento en el edificio, debido al feriado decretado por el presidente Alberto Fernández, y en el que primaron custodios y policías de civil entrando y saliendo del tercer piso, donde debían declarar como testigos.

El hombre, de 35 años, permanece en una dependencia porteña de la Policía Federal Argentina (PFA) desde el jueves por la noche y fue revisado por un médico legista, pero aún la Justicia no confirmó si se dispusieron pericias psicológicas.

Durante la noche y a lo largo de la mañana, se tomaron alrededor de una veintena de declaraciones testimoniales a policías, custodios y militantes que estuvieron en el momento y el lugar del hecho. Dos fuentes directas de la investigación no descartaron que se profundice sobre la responsabilidad de la custodia durante el hecho y el posible incumplimiento de los deberes de los oficiales a cargo de proteger a la Vicepresidenta.

En la causa, se conformó un equipo interdisciplinario entre el juzgado federal número 5 y la fiscalía federal número 2, y se sumó el fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Cibercrimen, ya que una de las medidas centrales, por el momento, es definir el perfil de Sabag Montiel a través de las redes sociales, testimoniales, su teléfono y su situación económica, entre otros factores que analizan los investigadores. También participó el fiscal Eduardo Taiano, quien el jueves subrogaba a su colega Rívolo.

Minutos antes de las 11, la jueza y el fiscal Rívolo se trasladaron hacia el domicilio de Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, para tomar declaración testimonial a la funcionaria, quien se mostró tranquila, contó una fuente del encuentro a este medio. Fue una declaración corta y hasta el momento no solicitó ser querellante.

La jueza ya había estado en las inmediaciones del domicilio durante la mañana del viernes para el reconocimiento del lugar, una medida que la magistrada quiso realizar para comprender mejor el contexto de las filmaciones de las cámaras de seguridad del barrio y alrededores, que ya están en poder del juzgado. Uno de los puntos que se investiga es el recorrido que hizo el acusado antes de apuntar a la cara de la vicepresidenta y gatillar.

El arma

Los resultados preliminares de las pericias del arma utilizada por Sabag Montiel determinaron que la pistola secuestrada es una Bersa 765, calibre 32, automática, que está registrada a nombre de un tercero. El último trámite realizado por el arma fue en 2002 para la transferencia. “Es apta para disparo”, informó un parte de la Policía Federal Argentina (PFA).

Sabag Montiel designó a un defensor oficial. Juan Martín Hermida será su abogado. El acusado nació en Brasil en 1987 pero vive en el país hace años y ni siquiera tiene acento extranjero. Está registrado en Argentina con un Documento Nacional de Identidad (DNI). No tiene antecedentes criminales en las bases de Interpol, pero había sido detenido en marzo de 2021 por portación de un cuchillo. Entonces se movilizaba en un automóvil Chevrolet Prisma de color negro sin patente, según un parte de la policía porteña.

El arma de fuego secuestrada contenía cinco proyectiles en el cargador pero ninguno en la recámara, según informó el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández. Por esa razón, se estima que no se disparó ningún proyectil. El arma tiene una numeración parcial 250 en la base y es apta para el disparo, afirmó una fuente de Seguridad.

¿Por qué no tendría bala en la récamara? “Muchos civiles, por un temor a un disparo involuntario, no llevan balas en la recámara. En el caso del revolver, si está cargado siempre está listo para disparar, pero si usas una pistola para lograr el disparo tenés que ejercer una acción con la otra mano, tirando la corredera para introducir una bala en la recamara y recien ahí poder disparar”, explicó una fuente policial a elDiarioAR.

Perfil preliminar

El sospechoso, que fue detenido en el lugar por militantes y custodios, está registrado ante la AFIP con un CUIT como proveedor de “servicios de transporte y almacenamiento” desde mayo de 2019, de acuerdo a los registros a los que accedió elDiarioAR.

No registra pago de impuestos en Argentina ni obra social o cobertura médica. Tampoco una situación financiera negativa. Sólo tiene una deuda de $3.000. Registra domicilio en un PH en Paternal, Ciudad de Buenos Aires, que fue allanado el jueves por la noche, pero no vive en el lugar, sino en la localidad bonaerense de Villa Zagala, San Martín, donde alquila un monoambiente. Allí, la PFA secuestró en un ropero dos cajas de bala marca Magtech, calibre 9 mm, con 50 proyectiles cada una, entre otras pertenencias personales, como una laptop y documentos, que incluyen un certificado de discapacidad a nombre del detenido, expedido por una Junta Evaluadora de Quilmes. 

Este artículo fue actualizado a las 16.30 y corregido a las 21:57 para modificar la carátula de la causa. Viernes 2 de septiembre.

CC

La Justicia argentina fue señalada este martes en un tribunal de Milán, Italia, por no haber colaborado eficazmente con los fiscales que investigaron a Techint y a sus accionistas Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti por presunta corrupción internacional, según sostuvo la fiscal Donata Costa ante tres jueces de la séptima seccional penal de dicha ciudad en el norte italiano.

Los empresarios son juzgados por el supuesto pago de sobornos al exgerente de Servicio de Petrobras Renato Duque, quien admitió haber recibido pagos ilegales para favorecer a la multinacional ítalo-argentina en Brasil con contratos directos de tubos de acero sin costura.  

Durante su alegato del martes, la fiscal Costa repasó las pruebas obtenidas gracias a la colaboración de varios países (Suiza, Brasil, Estados Unidos, Luxemburgo y Panamá) pero sostuvo: “En Argentina no se adquirieron documentos útiles: según trascendió durante el juicio, de hecho, la cooperación no fue efectiva y los allanamientos realizados fueron anunciados a la parte -es decir a Techint-, lo que resultó en la inutilidad de la investigación”, según pudo reconstruir elDiarioAR.

En los pagos han intervenido, según sostuvo este martes la fiscal Costa, hombres de extrema confianza de los Rocca y Bonatti que ni siquiera actuaban físicamente en Brasil sino en distintos puntos neurálgicos del grupo -Buenos Aires, Montevideo y Lugano, Suiza-, lo que demostraría la responsabilidad de los directivos y accionistas acusados y no un plan de ejecutivos brasileños que “se cortaron solos”.

Son varias las evidencias que conducían a la fiscal italiana hacia Argentina. En 2017, casi cuatro años antes del juicio oral y público que se lleva adelante en Milán contra los hermanos Rocca, Bonatti y la sociedad holding del grupo Techint, San Faustin, Costa y sus colegas Fabio De Pasquale e Isidoro Palma acudieron a las autoridades argentinas para solicitar que allanaran las oficinas centrales de Techint en Buenos Aires, interrogaran a los sospechosos y en particular al argentino Héctor Zabaleta, exgerente de Administración de la multinacional.

Sin embargo, en Comodoro Py rechazaron en un principio ejecutar las medidas solicitadas por los italianos en septiembre de 2017 y pidieron más detalles sobre las pruebas. Realizaron los allanamientos nueve meses más tarde, en junio de 2018. Para entonces los abogados de Techint ya estaban al tanto del pedido de Milán y había trascendido una discusión entre el fiscal italiano De Pasquale y su par argentino Eduardo Taiano por la supuesta reticencia local para ir en busca de las pruebas solicitadas por los fiscales milaneses. Zabaleta, por ejemplo, nunca fue citado ni interrogado por el fiscal Taiano, según resaltó Costa en su alegato.

Zabaleta es uno de los hombres que controlaba las cuentas de las offshore utilizadas para transferir los pagos ilegales a Duque y es sindicado en la investigación italiana como el responsable de la “caja 2” de Techint. Por ejemplo, el primer pago a Duque fue por US$500.000, el 26 de septiembre de 2009, y fue realizado a través de la offshore Sociedad de Emprendimiento Siderúrgico y la orden fue firmada por Zabaleta, que tenía sus oficinas muy cerca de las de Paolo Rocca, en el edificio de Techint en Retiro. También la firmó Umberto Bocchini, histórico ejecutivo italiano del grupo. 

En Argentina no se adquirieron documentos útiles: según trascendió durante el juicio, de hecho, la cooperación no fue efectiva y los allanamientos realizados fueron anunciados a la parte.

Donata Costa — Fiscal de Milán.

“Las autoridades argentinas se negaron a interrogarlo -a Zabaleta- mediante comisión rogatoria -pedido de colaboración-, alegando un posible ne bis in idem -cosa juzgada- ya que Zabaleta está siendo investigado por los mismos hechos también en Argentina. Hasta la fecha no se ha iniciado ningún juicio en su contra en Argentina, y las autoridades argentinas no han colaborado para que sea juzgado en Brasil o en Italia donde se le acusa”, dijo Costa. 

Más de un año después del pedido de colaboración de los fiscales italianos, “el 18 de diciembre de 2018, la Autoridad Judicial Argentina dictó auto de archivo del procedimiento rogatorio internacional iniciado por el Ministerio Público de Milán con solicitud de auxilio judicial en septiembre de 2017”, dijo Costa ante el tribunal. Por esta razón, Zabaleta no está en la lista de imputados del juicio que llegará a su fin el 26 de abril próximo, ya que las autoridades de Italia no pudieron interrogarlo ni notificarlo de la acusación en su contra. “El fiscal a cargo de ejecutar la rogatoria, doctor Taiano, devolvió el expediente al Juzgado con dictamen remitiéndolo a la autoridad requirente con ejecución parcial”, aseguró Costa. 

En la fiscalía de Taiano sostienen que la decisión se debió a que mantienen una causa abierta por los mismos hechos contra el contador de Techint y que este no puede ser juzgado por el mismo caso dos veces. Sobre los allanamientos, respondieron: “Es una locura (el planteo de la fiscal Costa), se hizo todo bien, con orden de presentación en presencia de las autoridades del juzgado (federal número 9, de Luis Rodríguez) y de la fiscalía. Taiano estuvo en el allanamiento con su secretaria y el secretario del juzgado, y se obtuvo toda la documentación que se buscó. Inclusive nos llevamos discos rígidos de la empresa e incluso el de Paolo Rocca. Se hizo en varios edificios y está faltando a la verdad”.

Esos documentos solicitados en septiembre de 2017 y obtenidos en junio de 2018 “no fueron útiles”, según resaltó la fiscal Costa en su alegato, porque la empresa ya sabía que iba a ser allanada, afirmó. La Nación y Perfil habían publicado incluso la discusión entre los fiscales de ambos países por la demora en ejecutar los allanamientos. Cuando las autoridades argentinas llegaron al edificio de Techint en Retiro solicitaron acceso a la computadora y correos electrónicos de Zabaleta y la respuesta de la empresa fue que habían borrado todo -el ejecutivo ya estaba retirado- y que sus e-mails eran “irrecuperables”. También habían desmantelado su oficina y reformado el piso que ocupaba el entonces director de Administración, según informaron fuentes directas del allanamiento.

Desde hace un año y medio, la Justicia de Brasil intenta citar al mismo exdirector de Administración de Techint por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero en Comodoro Py aún no lo notifican ya que su defensa sostuvo que no puede ser juzgado en Curitiba y Buenos Aires por los mismos hecho. Zabaleta es argentino y pidió ser juzgado en su país, algo con lo que concuerda la fiscalía de Taiano. 

La dilación de la Justicia argentina para notificar a Zabaleta obligó al juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, a desmembrar la causa contra la multinacional y uno de los fiscales del equipo Lava Jato planteó que las autoridades argentinas estarían poniendo una “excusa” para evitar la citación del exejecutivo del grupo que lidera Paolo Rocca, según los documentos que consta en el expediente de Brasil y la transcripción de una audiencia del 25 de agosto último.

El contador

Luego de ordenar con nombre y apellido la primera transferencia para Duque, los otros 19 pagos fueron ordenados por dos empleadas de Techint en las oficinas de San Faustin en Lugano, Suiza. Ambas, Anna Giorgetti y Zeljka Brasnjic, declararon durante el juicio que recibían órdenes directamente de Zabaleta, quien las realizaba desde Buenos Aires y que también solía viajar a Suiza. Lo definieron como un boss della Techint Argentina o “un jefe de Techint en Argentina”.

Durante el juicio, Duque reveló que los pagos de Techint habían comenzado antes de 2009 y que había recibido “sobornos” en otra cuenta suiza a nombre de otra sociedad: Blue Note. “En 2008 eran pagos esporádicos, puntuales. En 2009, se convirtió en algo sistemático”, dijo el exgerente de Petrobras. Los fiscales de Milán habían sospechado esto durante la investigación en base a información obtenida en Panamá sobre esta offshore, según dijo la fiscal en su alegato. 

“La constitución de este tipo de fondos negros es posible gracias a que el grupo Techint, a pesar de ser un grupo multinacional con una facturación increíble y formado por empresas que cotizan en las bolsas de valores más importantes del mundo, sigue siendo un grupo con una pequeña base accionarial, tanto que puede considerarse un grupo familiar”, afirmó la fiscal en su alegato.

Hasta la fecha no se ha iniciado ningún juicio en su contra en Argentina, y las autoridades argentinas no han colaborado para que sea juzgado en Brasil o en Italia donde se le acusa.

Donata Costa — Fiscal de Milán.

Zabaleta no es el único hombre de Techint involucrado en el caso. Quienes aparecen en los documentos bancarios y como apoderados de las sociedades y cuentas utilizadas para manejar la “caja negra” son hombres de extrema confianza de la familia Rocca y Bonatti. Uno de ellos es abogado del grupo y representante legal de algunos de los accionistas en cuestiones personales: Fernando Mantilla, quien incluso actuó como protector de un fideicomiso de Elena Francisca Bonatti Rocca, hija de Roberto y accionista del grupo, como publicó elDiarioAR en el marco de Pandora Papers.

La fiscal Costa también identificó a Fernando Segundo Prado, otro colaborador de confianza de los Rocca, quien aparece como apoderado en los formularios bancarios suizos. Y Enrico Fabián Repetto Marino, uruguayo, cabeza de su estudio contable y jurídico en Montevideo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint. 

En una comunicación interna de la Banca Svizzera Italiana (BSI), el testigo Francisco Iranzo identificaba a Repetto Mariño como “cliente muy conocido en el banco” y “uno de los contadores de confianza del grupo multinacional Techint”. “Además de su trabajo diario, participa activamente en la búsqueda de contactos para el Grupo, y por tanto actúa como nexo entre vendedores y compradores de grandes volúmenes de material metalúrgico”, dice la carta interna del banco.

Zabaleta, Bocchini, Mantilla y Prado figuran en los directorios de unas 30 empresas que no forman parte del conglomerado Techint sino que fueron constituidas en Argentina por la familia Rocca-Bonatti como negocios personales, según surge de los datos públicos de las sociedades anónimas. Comparten incluso directorios con Paolo Rocca y Roberto Bonatti en estas compañías. Marman Financiera e Inmobiliaria; Quaterna SA; Steamline SRL; Inversora Perdriel; Rabarbaro SA; SA de Mandatos y Administración; Cocovi SA; Amandarion SA; Inversora Santa Catalina de Siena; FINMA SA; Inversiones Urbanas Nuevo Milenio; Inversora Villa María SA; La Laguna Rocha SA; Armege Agrícola Ganadera SA;  Naudistar SA, son algunas de ellas.

Ante la consulta de elDiarioAR, ni Techint ni sus accionistas, directivos y ejecutivos han querido comentar sobre las acusaciones en su contra. 

ED

Las testimoniales de los ex espías duraron unas cinco horas. Fueron realizadas el último año en lugares no revelados, por fuera de la fiscalía de Eduardo Taiano. La trascripción de lo relatado se volcó en 400 hojas. El trámite de la citación también estuvo condicionado por el secretismo al que obliga la Ley de inteligencia. Los ex agentes fueron autorizados previamente para declarar en la causa por la muerte de Alberto Nisman. La pandemia le agregó trabas a la burocracia legal. Algunas testimoniales se suspendieron recientemente por casos de Covid-19, contactos estrechos y aislamientos. 

A principios del 2021, la lista de espías a ser convocados por Taiano (en su mayoría, ya retirados de la Agencia Federal de Inteligencia) superaba las 80 personas. Pero a lo largo del último año se fueron descartando algunos. La sucesión de citaciones, sin embargo, todavía no terminó. 

En adelante, el equipo de Taiano se dedicará a completar ese trámite: interrogar y escuchar a los agentes que trabajaban en la ex SIDE cuando Nisman apareció muerto en el baño del edificio Le Parc en Puerto Madero. Nisman era titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA. Y había presentado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, por el presunto encubrimiento de los acusados iraníes por la voladura de la AMIA en 1994.

La fiscalía de Tiano cuenta con dos tareas más en agenda para los próximos meses. Una es establecer si el incendio que sufrió La Casa Rosada el 17 de enero de 2015, un día antes de la muerte de Nisman, encierra algún interés para la investigación. Y la otra es avanzar con el análisis de las computadoras y celulares que se les secuestraron a los cinco imputados. Especialmente, a las del informático Diego Lagomarsino. 

La causa acumula cinco personas imputadas. Los cinco varones son: Lagomarsino, como partícipe necesario del presunto homicidio de Nisman por haberle entregado el arma; y los cuatro policías que eran custodios del ex fiscal. Están sospechados por “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La investigación todavía no fue elevada a juicio. Y en la instrucción del expediente, que ya lleva casi seis años, todavía no se determinó quiénes fueron los autores materiales del supuesto crimen.

En abril de 2016, la investigación pegó un giro radical. En mayo de 2015, la junta médica que analizó el caso, conformada por 10 peritos del Cuerpo Médico Forense, dos de la Policía Federal, uno de la defensa de Lagomarsino y dos por la querella, concluyó que no había indicios para sostener la hipótesis del homicidio.

Pero en 2016 la causa fue mudada a Comodoro Py. Y el sorteo le cayó al juez federal Julián Ercolini y al fiscal federal Eduardo Taiano, quien se hizo cargo de la investigación. Ahí se tercerizó la realización de un nuevo peritaje en la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional. El nuevo estudio contradijo el anterior y concluyó que Nisman fue asesinado. Los presuntos responsables, sin embargo, no están identificados.

En el último año, la fiscalía de Taiano se dedicó a profundizar unos 450 entrecruzamientos telefónicos de espías y personas vinculadas a la causa. El lapso analizado fue de unos cuatro meses, dos antes y dos después de la muerte de Nisman. Eso dejó bajo la lupa unas 40 mil comunicaciones. Según un funcionario que sigue al detalle la investigación, las conversaciones fueron sistematizadas y categorizadas para dar con nuevas pistas. 

La otra punta que el team de Taiano buscará desplegar es la falla, causada por un pequeño incendio, en el sistema que controlaba los accesos y egresos a la Casa Rosada y a la quinta de Olivos. Según afirma una fuente de la causa, ya existieron contactos con la empresa internacional que proveía ese servicio. La compañía se llama Nec. El incendio se produjo el 17 de enero de 2015. La fiscalía concretó un pedido de informes y citó a los empleados que pertenecían a Casa Militar. 

Sobre los plazos para que la instrucción llegue a juicio, no existen certezas. Ni siquiera, proyecciones someras. Este martes 18 de enero se cumplirán siete años de la muerte de Nisman. Se trató de un hecho impactante que influyó decisivamente sobre el curso de la política argentina.   

AF