El 24 de marzo de 1976, Carlos León Arslanian llegó temprano a su juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en la calle Viamonte, como todos los días. Pero en la puerta lo frenaron: ningún magistrado podía pasar. Le avisaron que si necesitaba sacar algo, que se lo pidiera al policía. “Fue desazonante”, recuerda. Minutos después se juntó con otros colegas en la Asociación de Magistrados, a una cuadra. Y ahí llegó la noticia que los dejó helados: durante la madrugada, un grupo armado había derribado la puerta del departamento de Carmen Argibay –entonces secretaria de la Cámara Criminal, posteriormente miembro de la Corte Suprema durante el kirchnerismo– y se la había llevado. Nadie sabía adónde. Recién al caer la tarde confirmaron que estaba presa en Devoto.

Así recuerda Arslanian aquel día de hace cincuenta años el hombre que después presidió el tribunal que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar, un caso único en la historia del mundo en el que la justicia civil condenó a los máximos responsables del terrorismo de Estado sin amnistías previas ni fueros especiales. Arslanian recibe a elDiarioAR en una enorme sala del estudio jurídico que comparte con su hija en un edificio sobre la calle Pellegrini, con vista a la avenida 9 de Julio y desde donde aún trabaja como abogado particular: ha defendido a firmas como Chevron o la Barrick Gold. Pero en esta entrevista se da el tiempo para revisitar el proceso de la última dictadura y su rol central en el juicio a las Juntas Militares, defiende el legado de Alfonsín como refundador de la democracia, cuestiona los indultos de Carlos Menem –pese a que fue ministro de Justicia entre 1989 y 1992–, advierte sobre la prescindencia del gobierno de Javier Milei frente a los juicios en curso y afirma, con convicción, que en la Argentina de hoy ya no hay lugar para derrocar un gobierno.

–¿Cómo transitó aquellos años de dictadura?

–Con temor. Hubo una especie de purga en la justicia, muy selectiva: buscaban por identidad política a quienes tenían vinculación con el peronismo. Esa purga produjo vacíos significativos, fundamentalmente por la calidad de las personas: magistrados dignos, gente inteligente, laboriosa, con opinión. Así empezó un proceso que fue teniendo las vicisitudes que todos conocemos.

–Con el retorno a la democracia, Alfonsín inicia el proceso pero primero intenta que sean los propios militares quienes juzguen.

–Alfonsín electoralmente ya había hecho pública su idea de enjuiciar a los militares y revisar el pasado. Había estallado el tema de la desaparición de personas, eran muchas las denuncias. Alfonsín fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Fue un hombre sumamente valiente que corrió todos los riesgos en el ejercicio profesional, defendiendo a personas con hábeas corpus, con una actividad política manifiestamente opositora y cuestionadora del golpe. Cuando llega al poder, una de las primeras cosas que hizo fue firmar el Decreto 158, por el cual le asignó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la misión de juzgar a los máximos responsables: los que habían sido comandantes en jefe de cada una de las fuerzas y de todas las juntas.

Acá no hay quien esté conspirando contra la democracia. En alguna época se había puesto de moda derrocar al gobierno por teléfono o de cualquier manera. Pero eso se acabó. Ya no hay lugar

–¿Por qué no llevarlo directamente a la justicia civil?

–La decisión de él era política. Quería, en principio, que los militares limpiaran su propia casa. Pero al propio tiempo, y como señalás, crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, un organismo de naturaleza administrativa pero compuesto por gente excepcional: independiente, de mente clara, democráticos. Magdalena Ruiz Guiñazú, Fernández Meijide, Ernésto Sábato… Personalidades muy respetadas de la vida pública argentina.

–La CONADEP fue base luego para el juicio a las Juntas pero el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no avanzó en su investigación interna.

–Alfonsín no tenía nada de ingenuo. Tengo la convicción de que cuando le asignó esa tarea al Consejo Supremo, lo que quería era fundamentalmente cumplir una formalidad o generar la oportunidad, si es que las nuevas Fuerzas Armadas, los nuevos mandos, querían investigar. Pero todos sabíamos que no estaban en condiciones de investigar absolutamente nada por el grado de compromiso que tenían. No solamente los mandos superiores, sino los intermedios, en la desaparición, en la tortura y los vejámenes que habían sufrido miles de personas.

–¿Y cómo la responsabilidad del juicio recae en la Cámara Federal?

–Se crea el proyecto de ley que torna apelable las decisiones del Consejo Supremo ante la Cámara Federal. Fueron echados los magistrados que estaban de facto y fuimos designados los seis nuevos. Ese proyecto fue muy enriquecido por el Congreso Nacional, en particular la Cámara de Diputados, porque se previó que si –como era evidente– el Consejo Supremo no avanzaba, desviaba el objeto de la investigación o lo que fuere, la Cámara Federal –ya no como tribunal de apelación sino como una suerte de custodio– tenía facultades de abocamiento. Y nosotros ejercimos esa facultad cuando verificamos que estaban haciendo cualquier cosa menos investigar. Incluso empezaron a investigar la subversión. Entonces nos abocamos y empezamos la investigación nosotros, con el Código Penal del año 21, respetando a rajatabla el principio de legalidad.

–¿Pensó alguna vez que el juicio podría haber fracasado?

–Sin duda. Teníamos la sensación de que teníamos una amenaza. Pero era nuestro deber, nuestra obligación legal. Todos éramos magistrados, así que asumimos ese compromiso y sacamos el pecho y fuimos para adelante, como se asumen las grandes responsabilidades de la vida. Los resultados fueron realmente extraordinarios. Estamos orgullosos de haber podido esclarecer, hacer justicia, respetar el principio de impunidad para crímenes de lesa humanidad, crímenes de un Estado terrorista.

–La apertura y el cierre del juicio los tuvo usted. ¿Era consciente del momento histórico?

–Es como estar en una batalla: uno no piensa qué le va a pasar. Hay un fuego, un calor encendido que te empuja hacia adelante por la convicción íntima de la necesidad de hacer justicia, de esclarecer los hechos, de averiguar qué había pasado con tantas personas que habían desaparecido y dar a sus familias una mínima satisfacción. Ese compromiso nos obligaba a poner de nuestra parte lo mejor y asumir los sacrificios que fueran necesarios.

–La sentencia incluía el punto 30, que marcaba que debía investigarse hacia adelante, a los mandos intermedios.

–El Código Procesal Penal determina la obligación de investigar todos los delitos de acción pública que lleguen a manos de funcionarios públicos. Todos ellos eran crímenes de lesa humanidad, sujetos a convenciones internacionales. Nosotros teníamos esa misión y la llevamos adelante. Porque los miembros de la Junta no tocaron a nadie con sus propias manos: eran los autores mediatos, quienes integraban y manejaban el aparato de poder. Pero era insoslayable no juzgar también a quienes cometían los homicidios, torturaban, tiraban los cadáveres desde aviones. La respuesta de un Estado democrático de derecho es justicia.

–El juicio a la Junta condenó a Videla, Massera, Viola, entre otros, aunque también hubo algunas absoluciones. ¿Cómo vivió usted los posteriores indultos de Menem? Usted formó parte de ese gobierno.

–Formé parte del gobierno de Menem porque él me llamó y me dijo que quería un código de procedimientos nuevo, porque el que regía era del año 1868. Yo tenía una gran experiencia judicial, era profesor de Derecho Procesal Penal y dije: voy a ir con ese objetivo, que era muy importante. Lamenté profundamente la decisión de los indultos. Sabía que iba a terminar en una pérdida muy grande de tiempo, que era imposible que eso se consolidara.

–¿Tuvo oportunidad de discutirlo con él?

–Todo fue anterior. Le dije de antemano, y lo dije públicamente, que estaba totalmente en contra, que era una medida totalmente desafortunada, que no se podía dejar impune crímenes de esa magnitud, que en Argentina no lo iba a querer nadie. Él argumentaba: “Yo busco la paz, tomo una medida pareja para todos”. Indultaba a los montoneros también. El argumento de buscar la pacificación, de que la sociedad pudiese reencauzarse y dejar atrás el dolor, era muy plausible. Pero no cuajaba de ninguna manera.

–Con el tiempo llegó el kirchnerismo y los juicios por la memoria fueron reabiertos y actualmente continúan. ¿Qué opina de los procesos vigentes, que son clave para la reparación histórica pero tienen mucho menos difusión mediática?

–Los más pesados ya han sido condenados. Hay un fenómeno: hubo gente que tuvo diversos cargos durante el período, en distintos lugares del país. Entonces a lo mejor en un caso se lo juzgó por lo que había pasado en La Perla, y después aparece el mismo hombre con una función en otra zona donde también hubo muertos y desaparecidos. Eso dio lugar a varios juzgamientos distintos y demoró todo. Hoy se juzgan responsabilidades remanentes o cosas que recién ahora se descubren.

–Sin embargo, hay un gobierno que empieza a poner en tela de juicio estos procesos, o al menos a no alentarlos. ¿Cómo lo ve?

–Hay un Poder Judicial debidamente empoderado haciendo su trabajo. El Poder Ejecutivo no alienta estos juicios, pero no levanta un dedo para desalentarlos en absoluto. Hay una prescindencia muy fuerte de parte del Gobierno. La vicepresidenta, que tiene un compromiso personal con el tema, da una opinión, pero no hay el más mínimo movimiento institucional. El Gobierno no quiere recibir una herencia donde las cuentas están cerradas.

–¿Ve posibilidad de que se indulte a alguno de los genocidas condenados?

–No lo sé. Honestamente, lo desconozco. No creo que vaya a haber un indulto presidencial, aunque pueda tener relación con legisladores que participen de la idea de celebrar lo que hicieron los condenados por crímenes de lesa humanidad.

–Pero que estemos discutiendo esa posibilidad, 50 años después... ¿qué reflexión le cabe?

–No estamos hablando de hechos que significaron una persona: estamos hablando de hechos que conmovieron los cimientos de la institucionalidad argentina, que instalaron terrorismo de Estado, que utilizaron las prácticas más genocidas para sofocar un fenómeno. La respuesta posible de un Estado de Derecho no era esa.

–50 años después del golpe, ¿el balance como sociedad ha sido positivo?

–No hay duda. Por fortuna. El mérito de Alfonsín es indiscutible: es un refundador de la democracia, quien tomó medidas que hoy consolidan la estabilidad de un gobierno democrático. Los sucesivos gobiernos continuaron con un enorme compromiso. Acá no hay quien esté conspirando contra la democracia. En alguna época se había puesto de moda derrocar al gobierno por teléfono o de cualquier manera. Pero eso se acabó. Ya no hay lugar. Se avanzó en términos de democracia, respeto por la legalidad, observancia de las garantías constitucionales, aplicación de las reglas del Estado de Derecho. Argentina es un país que supera cualquier test en materia de apego a un marco institucional propio del Estado de Derecho. Eso, sin duda.

MC

Federico Morgenstern (43) ocupa uno de los cargos más importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, detrás de los jueces supremos. Es uno de los secretarios letrados del máximo tribunal, en la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz. Fue, además, uno de los integrantes del equipo encargado –entre tantos otros proyectos– del proyecto del voto del magistrado en el fallo conocido como el 2x1, que reconoció como válido aplicar el beneficio a un condenado por delitos de lesa humanidad. Aquel fallo de la Corte hizo estallar una crisis política durante el gobierno de Mauricio Macri, manifestaciones y protestas de organismos de derechos humanos ante el tribunal y la vuelta atrás de la mayoría de los jueces que lo habían votado. Menos, de Rosenkrantz, quien se mantuvo firme en su posición original.

En 2024, Morgenstern publicó su segundo libro, Contra la corriente (Planeta), un ensayo –también homenaje–, sobre Jaime Malamud Goti, uno de los cerebros del Juicio a las Juntas Militares, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. También fue ideólogo de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Al igual que como su protagonista, el libro de Morgenstern es incómodo y complejo, pero se zambulle de lleno en una herida abierta de Argentina, una cuestión pendiente que no se salda más: los ecos de la violencia de los años 70. El libro analiza el rol de Malamud Goti durante aquel proceso histórico, sus oposiciones a la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad durante el kirchnerismo y su apoyo al fallo de la Corte que permitió aplicar el beneficio del 2x1 a un represor de la dictadura cívico-militar. Es la historia de un hombre que dice no estar orgulloso de lo que hizo por los derechos humanos pero que marcó un antes y un después en la historia del país.

–¿Por qué Malamud Goti? ¿Por qué no otro? ¿Qué lo impactó o atravesó? 

–Ahora soy amigo de él y me interesa su elegancia humana, pero además siempre me interesó su fineza como escritor y sobre todo, su consistencia y su profundidad como jurista. Y su amplitud. Jaime no es sólo un jurista jurídico, es un tipo que apela a la antropología, a la sociología, al psicoanálisis, a la literatura. Tal vez después terminó siendo poco jurídico. Me interesó mucho rescatar a Jaime porque me parece que es un tipo súper importante para lo que fue el proceso de los 80 y la transición a la democracia y me parece que fue injustamente ignorado, olvidado. Tal vez en la comunidad jurídica se rescata demasiado a Carlos Nino porque tenía muchos discípulos, porque era un tipo más taquillero y porque murió joven. Como dijo (Carlos) Pagni en la presentación del libro: si yo fuera Jaime Malamud Goti le pasaría lustre a todo lo que hice. Y Jaime es un tipo que ni siquiera terminó el libro porque le da pudor ser el protagonista. Además, como jurista fue muy inspirador, sus textos rompieron con ciertos dogmas, por ejemplo, en el caso Simón, con la reapertura de los casos de lesa humanidad; el juicio a Pinochet, con la extradición de Garzón. Él se opuso a todo eso.

–¿Cómo fueron los diálogos con él para el libro? 

–Jaime es un tipo permeable a la crítica, incluso a la crítica retrospectiva. Yo preguntaba por qué. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no abarcaron más hechos en la Conadep? ¿Por qué no incriminaron a más gente? Me dice: sí, me equivoqué. Me equivoqué en traer a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos). Me equivoqué con muchas cosas. Era caminante y no hay camino, se hace camino al andar. Como explico en el libro, tenían muchísima resistencia, poca ayuda. Tenían a los intelectuales del exterior que los tironeaban para un lado; a los intelectuales de acá, que los tironeaban para el otro; a sus amigos que tampoco eran muy receptivos a sus problemas; y ellos eran intelectuales del derecho sin experiencia en la función pública, con un líder que les dio muchísimo lugar, que era muy receptivo a sus reclamos y a sus argumentos, pero al que también le costaba decidir y que tenía al partido radical casi totalmente en contra. Esto fue una corazonada de Alfonsín y de sus intelectuales.

–Al principio parece un libro sobre un hecho histórico pero es un libro sobre una discusión presente que Argentina no ha podido superar: la violencia de los 70, el terrorismo de Estado, la respuesta de la Justicia. ¿Cree que es justo juzgar lo que decidieron Malamud Goti y Alfonsín, entre otros, con el diario del día después?

–Sobre el final del libro, yo lo llamo a Jaime un héroe imperfecto, un héroe que metió las manos en el barro, al igual que mi juez preferido de la historia del derecho, que es Félix Frankfurter. Un tipo que también tuvo que tomar decisiones duras. Cuando se retiró Philip Roth hizo una entrevista final para un diario sueco y le preguntaron si estaba contento con su carrera. Él citó a Joe Louis, al boxeador, y dijo: “Hice lo que pude con lo que tenía”. Jaime hizo lo que pudo con lo que tenía, con los recursos humanos, con la situación de poder en ese momento, con un peronismo en contra, con los movimientos de derechos humanos con posiciones maximalistas que no colaboraban mucho, con la prensa mayoritaria en contra. Eran ellos, sus cerebros y el apoyo de Alfonsín y de algunos jóvenes valiosos del radicalismo, tanto del plano político como del plano intelectual, como Carlos Rosenkrantz, Agustín Zbar, Hernán Gullco. Eran un poco la armada Brancaleone.

La historia que juzga

–Entre los muchos hechos históricos de la transición entre dictadura y democracia que detalla el libro, se destacan algunos como la autoamnistía de los militares en 1982. ¿Cuál fue el rol de Malamud Goti ante esa autoamnistía?

–La dictadura emite una ley de Amnistía. Luder dice: “Esto es válido, yo no me voy a meter con esto. Está el principio de ley más benigna involucrado”. En cambio, Alfonsín les encomienda a (Martín) Farrell, Jaime y Genaro Carrió, el padre de Alejandro: “¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto?” Y rápidamente le dan argumentos jurídicos y sacan un comunicado durante la campaña diciendo: esta no es la palabra final. Y después dictan la anulación de la autoamnistía porque “no reúne los requisitos básicos para ser considerada una ley”. Eso hizo posible el Juicio a las Juntas.

–¿Cree que a Alfonsín la historia también lo juzgó mal?

–Yo a Alfonsín lo consideraba un cobarde y un traidor. Y hoy es un héroe trágico para mí, un héroe imperfecto, uno de los pocos héroes imperfectos y un tipo que no fue reconocido suficientemente durante su vida. Por todo lo que hizo y por cómo lideró la transición a partir de ciertos principios morales. No hay otro político, me parece, de ese tiempo que podría haberle dado lugar a una persona como Jaime. De hecho, el radicalismo no homenajea a esta gente en vida, a Martin Farrell, a Jaime. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son muy defendibles, por más feas que sean desde el punto de vista moral. Esto está desarrollado en el libro. Igualmente, estoy de acuerdo con la decisión de la Corte en que la ley de Punto Final fue inconstitucional porque viola la división de poderes, le impone un criterio a los jueces respecto de hechos ya pasados. Pero la ley de Obediencia Debida… yo creo que Alfonsín hizo lo máximo que pudo. Lo elaboro mejor en el libro. Es muy fácil criticar desde afuera.

–Cómo se le explica a una ex detenida de un Centro Clandestino de Detención de la dictadura que fue torturada y violada sistemáticamente por militares o policías que la Ley de Obediencia Debida y Punto Final son leyes defendibles? ¿O a los hombres y mujeres apropiados de bebés o niños?

–De la misma manera en que se paró un juez como Rosenkrantz ante un caso como el 2x1, o como me paré yo como asesor letrado de Rosenkrantz ante ese mismo caso. O como nos paramos ante el caso de un político corrupto o de un cura pedófilo. De la manera más neutral posible. Aplicando el derecho. Las emociones y la compasión no están para los jueces. Un jurista no tiene que tomar partido en base a las emociones, sino en base a las normas y los principios.

–Malamud Goti, sin embargo, como usted cita en el libro, años después dice que no está orgulloso de lo que hicieron por los derechos humanos. ¿Por qué cree que no está orgulloso?

–Creo que habla de lo evolucionado emocionalmente y de lo sabio que es Jaime. Y de que no necesita honores. Y de que es un tipo que es muy consciente de que no hay héroes perfectos. Hay héroes imperfectos. Ni siquiera los patriarcas de la Torá, del Antiguo Testamento. Jacobo era un tipo que había mentido. Abraham era un tipo que había sido violento con su padre. No dejan de ser héroes, aunque sean imperfectos. Tanto Jaime como Alfonsín.

–Usted también cita a Malamud Goti explicando que Nino quería juzgar a cientos de militares en el Juicio a las Juntas. ¿Cree que hubiese sido distinto eso para la discusión presente?

–No estamos en ese momento. Pero todo indica que el balance de poder en ese momento hubiese hecho que cayera la democracia. Pero me parece que la mirada debería estar puesta en cómo era el tema al final del gobierno de Alfonsín. El indulto de Menem abarcó a entre 350 y 400 tipos, entre militares, guerrilleros, etcétera, y durante el gobierno de Alfonsín estuvieron presos (José) López Rega, estuvieron presos miembros de las Juntas, (el ex líder montoneros Mario) Firmenich. Y muchos más. Fue bastante amplia y corajuda la acción jurídica del Poder Judicial durante el gobierno de Alfonsín, empujados por la decisión política de Alfonsín. Lo que yo sí le critico al proceso que lideraron es que, por ejemplo, la Conadep debería haber sido más amplia. La revisión extrajurídica debería haber abarcado los crímenes de la guerrilla, para que hoy no tengamos a familiares de estos más de mil muertos de la guerrilla que dicen: “Che, a mí también me hicieron algo en ese proceso y eran organizaciones guerrilleras y eran paraestatales”, según reclaman ellos. También está todo lo que hizo la Triple A durante un gobierno peronista. Y tal vez si no se hubiesen generado condiciones tan punitivas, hubiesen generado incentivos para que los militares acerquen datos sobre el destino de los cuerpos de los desaparecidos. Pero bueno, es lo que se hizo y es lo que pasó. Y fue un proceso único a nivel mundial.

–En el libro se resalta una crítica muy fuerte de Malamud Goti a la sociedad argentina y su relación con el golpe de 1976 y el terrorismo de Estado. Él habla de la vergüenza por haber permitido lo que sucedió, de exculparse a sí misma condenando a los militares. Habla de una sociedad cómplice, de una sociedad que se quiere lavar las culpas…

–Que expía todo centrando la responsabilidad en los militares. Exacto.

–¿Cuál es su posición sobre estas ideas de Malamud Goti?

–Las comparto totalmente y creo que esto sigue pasando con el 2x1 y con las resonancias de ese caso. Suponer que un juez como Rosenkrantz o Rosatti en ese momento, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y que es un tipo con una carrera democrática en los derechos humanos; que el propio Rosenkrantz, que participó en sus tempranos 20 años en el juicio a las Juntas, cuando no era fácil, suponer que dos jueces como Rosenkrantz o Rosatti estaban de acuerdo con los hechos que cometieron los criminales porque los beneficiaron en una decisión procesal es tomar una postura infantil. Es lo que Jaime criticaba respecto de lo que pasó en el país a partir de la reapertura de los juicios (de lesa humanidad, a partir de 2004). Se busca expiar todos los males a partir de la focalización en algunos militares que cometieron hechos aberrantes y a los cuales no se les respetó determinadas garantías constitucionales, procesales y de fondo. Pero la sociedad pedía la violencia en ese momento y la gente no aguantaba más. Nací en 1981. No tengo ningún vínculo con ningún militar, ni familiar, ni amistoso, ni social, nada. Simplemente analizo la historia y las secuencias jurídicas. La Cámara Federal Penal, conocida como El Camarón, que había creado (Agustín) Lanusse, con sus imperfecciones, había juzgado y había metido presos a muchísimos guerrilleros. Y después llegó (Héctor) Cámpora. Y de un día para el otro liberaron a todos y pasaron a ser héroes. Y los jueces del Camarón pasaron a ser exiliados o asesinados. Entonces, ¿qué respuesta institucional podían dar las fuerzas de seguridad? ¿Esto justifica después el robo de bebés, la violencia? No, de ningún modo. Ahora tratemos de entender de un modo más adulto en este momento. Y esa es una de las características de Jaime que a mí más me atrajo desde el principio. Fijémonos quién empezó. Cuáles son las consecuencias. No nos dejemos llevar por ímpetus adolescentes y repartamos un poco la culpa. 

–Es una encerronada en la que volvemos a caer… las dictaduras, las guerrilla, la violencia… Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

–Aprendí de Jaime a mantener cierta humildad. No quiero incurrir en lo que yo llamo el dogma Verbitsky, de pontificar permanentemente acerca de las responsabilidades del pasado. Alfonsín, al hacer esto, no sólo no violó el contrato electoral que había asumido con los argentinos, sino que lo cumplió. Alfonsín nunca prometió justicia total. A diferencia del candidato peronista que estaba a favor de la autoamnistía. Alfonsín dijo: “No podemos recrear un sistema y un ambiente democrático sin juzgar, sin castigar a los máximos responsables. Pero no podemos castigar a todo el sistema militar”. Jaime era un jurista de 40 y pocos años que tenía que ir armado, al que secuestraron, que se metía en líos. Era un tipo muy valiente. Tenía un coraje enorme.

El intermediario

–En el libro cuenta que era el nexo de Alfonsín con la Corte Suprema y con los militares…

–Y con la Cámara Federal -que llevó adelante el juicio a las Juntas-, que él creó y al  que él le daba letra. Jaime fue el productor en las sombras de todo el proceso del juicio a las Juntas. Él y Nino inspiraron a Alfonsín. Seleccionaron a los jueces de la Cámara, les dieron letra. Seleccionaron a los jueces de la Corte. Contenían a los militares. Hablaban con la prensa. Hablaban con el resto de la política. Fue impresionante el rol.

–El libro hace un recorrido de las decisiones centrales en materia de derechos humanos del Poder Judicial hasta el 2x1. ¿Qué tiene que ver Malamud Goti con el 2x1?

–Creo que la decisión del 2x1 se liga con las posiciones históricas de Jaime. Jaime nunca animalizó a los militares. En muchos sectores del Poder Judicial, en algunos sectores de la propia Corte, se los consideró, se los considera cucarachas. Ratas humanas. Jaime hizo un ejercicio antropológico, quiso entender humanamente a estos tipos, por qué llegaron a hacer lo que hicieron. Incluso se hace amigo de Seineldín. Nunca dejó de considerarlos seres humanos y la decisión del 2x1 no deja de considerar a los militares, por más cosas aberrantes que hayan hecho, en seres humanos con garantías constitucionales, y que sí tienen que tener razón con determinadas decisiones, tienen la razón. La decisión del 2x1 en ningún momento atenta contra las políticas de memoria, verdad, justicia. No apunta contra las bases de la reapertura de los juicios. Simplemente se refirió a la violación de la garantía de la ley más benigna en el cómputo final de la pena a partir del tiempo transcurrido en prisión preventiva. Punto.

–¿Existe una manzana podrida, un fruto envenenado del derecho, de la Justicia que haya originado que no podamos superar toda esta violencia, que todavía arrastramos con nosotros?

–No sé si señalar un solo punto de origen. Uno puede ser la decisión de lo que hizo la política en el 73 con los presos del Camarón. Otro, los indultos de Menem, que dejaron en la sociedad una sensación, y sobre todo para mi generación, de que acá no pasó nada, no hay nadie preso. Y eso hizo que cuando llegó el gobierno de Kirchner en 2003… Alberto Fernández cuenta que los jueces que nombró Néstor Kirchner llegaron con el compromiso de dos temas: corralito y derechos humanos. Y ahí se dicta esa decisión con la disidencia de Fayt –que se opuso a la reapertura de los juicios–. 

Fue bastante amplia y corajuda la acción jurídica del Poder Judicial durante el gobierno de Alfonsín, empujados por la decisión política de Alfonsín

–En el libro hacé hincapié en el juez de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, también como el cerebro de los fallos contra Obediencia Debida y Punto Final…

–Petracchi dictó decisiones súper valiosas desde el punto de vista del derecho penal liberal en los 80. Consumo de drogas, discriminación, divorcio, etcétera. Incluso algunos temas de garantías, allanamientos, autoincriminación, etcétera. Ahora, en materia de lesa humanidad, Petracchi zigzagueó como nadie. Y fue más un político que un juez. La judicatura y el ejercicio mental del jurista no puede ser solamente una cuestión de prudencia y de pragmatismo. Tiene que haber normas y principios neutrales, sostenibles en el tiempo y eso no se verifica en la jurisprudencia de Petracchi en esta materia.

–El libro trata temas muy complejos, da para la polémica, el debate, la contradicción. ¿Qué ideas le gustaría que le queden a los lectores después de leer Contra la corriente? 

–Que vale la pena valorar y tener héroes imperfectos. Y sostener conversaciones intertemporales, basadas en argumentos. Como las que yo sostengo en el libro con Jaime, con (el penalista Marcelo) Sancinetti y con otros juristas. Y que tanto Alfonsín como Jaime fueron la mayor expresión del coraje civil de las últimas décadas en el poder político.

Nota: se corrigió el apellido de Agustín Zbar el 12 de enero de 2025 a las 08:58.

ED/MG

El 9 de diciembre de 1985, en la incipiente recuperación democrática argentina, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal dictó la sentencia en el histórico juicio contra el genocida Jorge Rafael Videla y otros cuatro ex comandantes, acusados de perpetrar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, tras 900 horas de audiencias entre el 22 de abril y el 14 de agosto de ese año.

El juicio se instruyó sobre los datos relevados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el entonces presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, y con un informe bajo fue entregado el 20 de septiembre del año siguiente.

La investigación de la Conadep constató en 1984-85 la desaparición de “cerca de nueve mil” personas, precisó entonces su presidente, Ernesto Sábato, en el prólogo del libro que divulgó el informe final bajo el título de “Nunca Más”.

Además de recibir e investigar las denuncias de secuestros y otros crímenes de la dictadura, la Conadep aportó un modo de ordenar la acusación y las responsabilidades de la represión terrorista de Estado por centro clandestino de detención.

Este criterio de agrupamiento fue asumido por la Cámara Federal que juzgó a las Juntas y también por la Fiscalía, integrada por Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, que concluyó su alegato final con la exhortación al “Nunca más”.

Integraban la Cámara Federal los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D`Alessio.

Años más tarde, en diciembre de 1990, los represores que fueron condenados en este juicio se vieron beneficiados por los indultos que dictó el ex presidente Carlos Menem y quedaron en libertad.

Sin embargo, la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararlas inconstitucionales los volvió a sentar en el banquillo de los acusados.

En 1985, tras el juicio, motorizado por el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del entonces presidente Alfonsín, condenaron a los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola; los almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini; y el brigadier Orlando Ramón Agosti, los tres integrantes de la primera de las juntas y dos de la segunda.

Durante el juicio exhibieron numerosos testimonios y se consideraron las presentaciones de los gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza sobre ciudadanos de esas naciones desaparecidos en la Argentina.

Si bien algunas detenciones, como la de Videla, fueron a cadena perpetua, la detención efectiva de todos ellos fue desde el 5 de marzo de 1985 hasta que se los incluyó en el indulto dado por Carlos Menem el 29 de diciembre de 1990 a 216 militares condenados por diferentes causas.

MB

La joven e incipiente democracia nacida el 10 de diciembre de 1983, amenazada por los fantasmas de un autoritarismo que buscaba consagrar la impunidad, necesitaba un hecho fundacional para consolidar un pacto de convivencia entre todos los argentinos. El juicio a las Juntas de Comandantes militares por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura cívico militar fue un hito fundamental para afianzar la institucionalidad en los tiempos de la difícil transición que encabezaba el gobierno de Raúl Alfonsín. 

Tras la derrota sufrida en la Guerra de Malvinas en 1982, la dictadura inició su retirada con un llamado a elecciones generales para que el país retorne a la constitucionalidad que ese régimen genocida había interrumpido seis años antes.

En la opinión pública y entre las fuerzas democráticas comenzó un debate sobre “cómo resolver” la cuestión de los detenidos desaparecidos y los crímenes del terrorismo de Estado que habían sido denunciados por Madres de Plaza de Mayo y los organismos de Derechos Humanos.

En ese contexto de denuncia y revelamiento de las atrocidades que se habían cometido durante la represión ilegal, los medios de comunicación difundían testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y cubrían la exhumación de cuerpos NN en las fosas comunes de los cementerios. La prensa daba a conocer así lo que había preferido ignorar durante años.

Los desaparecidos y los crímenes de la dictadura se instalaron en la campaña electoral de 1983. En retirada, los militares dictaron una autoamnistía a través de la ley 22924 y los candidatos de los dos principales partidos sentaron postura. Mientras Ítalo Argentino Luder, postulante del peronismo, se manifestaba en favor de convalidar esa norma y no revisar las violaciones a los derechos humanos, Raúl Alfonsín, al frente de la UCR, se pronunciaba por desconocer esa ley promulgada por la dictadura.

En las filas del candidato radical se conformó un grupo de juristas para analizar la legalidad de los actos cometidos por la dictadura militar. Genaro Carrió, Carlos Nino, Martín Farrell, y Eugenio Bulygin, Osvaldo Guariglia y Eduardo Rabossi fueron algunos de los intelectuales que conformaron ese grupo. 

Tras imponerse en las elecciones de ese año, Alfonsín asumió el gobierno el 10 de diciembre de 1983, y tres días después dictó, como jefe de los fiscales, dos decretos que signarían la política de derechos humanos de su gestión y daría lugar a la definición de la denominada “Teoría de los demonios” con la cual se intentó procesar y saldar las heridas que había dejado la violencia política que asoló al país de los años ’70. 

Con el Decreto 157/83, se ordenaba la persecución penal a las conducciones de las organizaciones armadas de Montoneros y ERP, y con el 158/83, se disponía al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas someter a juicio sumario a los integrantes de las juntas militares que habían usurpado en el poder el 24 de marzo de 1976 y se ordenada distinguir en la responsabilidad de los mandos subalternos en las violaciones a los derechos humanos. Además, el 22 de diciembre, el Congreso derogó la ley de autoamnistía de la dictadura.

Con el fin de apoyar las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, el gobierno dispuso por otro decreto, el 187/83, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Alfonsín eligió a diez de sus integrantes y los otros seis (tres diputados y tres senadores) deberían ser designados por el Congreso. La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el obispo Jaime De Nevares, el Rabino Marshall Meyer y el escritor Ernesto Sábato fueron algunas de las personalidades que integraron esta entidad. 

Durante nueve meses, la Conadep elaboró un informe de más de 50 mil páginas que se presentó a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 en Casa Rosada. Una multitud de 70 mil personas acompañaron la oficialización de esa investigación en Plaza de Mayo. La comisión documentó más de 9 mil violaciones a los derechos humanos que condensó en un libro: “El Nunca Más”.

De esta forma, El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas comenzó a instruir la causa 13, pero ante la renuncia a investigar, la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal decidió hacerse cargo del expediente en octubre de 1984, pese a las presiones de sectores del Poder Judicial y del propio gobierno que pretendían que la investigación siguiera en manos de los militares.

“Veníamos de 50 años de promiscuidad entre el poder militar y los sectores civiles que habían propiciado los golpes de Estado que se produjeron en el siglo XX. Lo cierto es que ese juicio no era deseado por los factores de poder”, señaló en diálogo con elDiarioAR, el jurista Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que integró la Cámara que tuvo la responsabilidad de conducir ese proceso oral y público a las Juntas de Comandantes.

Además de Gil Lavedra, el tribunal que enjuició a los comandantes estuvo compuesto por los magistrados Andrés J. D’Alessio, León Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Araoz y Guillermo Ledesma. En tanto, la acusación quedó a cargo de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes contaron con la colaboración de un grupo de jóvenes estudiantes que recopilaron datos e información sobre los crímenes de la dictadura. El trabajo de ese grupo quedó reflejado en la película 1985, de Santiago Mitre, estrenada el año pasado y que cuenta las alternativas de ese proceso.

El 22 de abril de 1985, la Cámara federal dio comienzo al juicio a las Juntas. La defensa de los comandantes quedó a cargo de estudios privados, a excepción de la representación del dictador Jorge Rafael Videla, que resultó defendido por Carlos Tavares, un letrado del ministerio público.  

Alfonsín y el gobierno ofrecieron incluso que los integrantes de las Juntas en el juicio se declaran culpables a fin de suspender la declaración de los testigos, algo que los militares acusados rechazaron de plano. El argumento de los imputados se basó en el Decreto de aniquilamiento de la subversión que había sido promulgado en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón.

Las presiones sobre fiscales y testigos fueron constantes y las audiencias no pudieron ser televisadas y se transmitieron por radio. No obstante, las declaraciones quedaron registradas y tres años después de la realización del juicio, y por temor a los levantamientos militares que había sufrido el gobierno de Alfonsín, se dispuso que una copia de todos esos materiales se trasladara al Parlamento de Noruega.

“Los testigos no teníamos protección de ningún tipo y después de declarar no teníamos que ir a nuestras casas sin que nadie nos custodiara y en un tiempo en el cual el aparato represivo estaba intacto. Así y todo, nuestros testimonios sirvieron para que los argentinos supieran qué era lo que había pasado durante el terrorismo de Estado”, señaló en declaraciones a elDiarioAR Carlos Muñoz, sobreviviente los centros clandestinos que funcionaron en Coordinación Federal y la ESMA.

Un año antes del juicio, Muñoz participó junto a los integrantes de la Conadep de una inspección visual a la ESMA. Allí reconoció a unos de sus captores, apodado como “Morrón”, que seguía en funciones en la unidad militar. Su regreso al infierno quedó retratado en una foto que le tomaron en el altillo de la ESMA, donde funcionó un sector nombrado como “Capuchita”. Carlos aparece en esa imagen sentado frente a una ventana, por la cual se cuela un haz de luz sobre esa parte del centro clandestino de detención.

“Declaré en junio de 1985. Estuve más de cuatro horas ante los jueces y me fumé dos atados y medio de cigarrillos, porque en esa época todavía se podía fumar en espacios cerrados”, evoca Muñoz.

Una de las declaraciones que conmovieron a quienes presenciaron ese juicio fue la de Adriana Calvo, quien fue secuestrada cuando estaba embarazada y narró cómo debió parir en cautiverio y obligar a limpiar la placenta sin recibir atención alguna, mientras el médico Jorge Antonio Bergés supervisaba esa intervención.

Más de 800 testigos dieron cuenta de la maquinaria empleada por el terrorismo de Estado y ratificaron la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas. Entre el 11 y el 18 de septiembre Strassera pronunció un alegato que quedó en la historia y que concluyó con un cerrado aplauso de los presentes.

“Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca Más’”, remarcó el acusador en alusión al título de la obra que había confeccionado por la Conadep.

El 9 de diciembre, el tribunal dictó la sentencia. Videla y el exjefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera recibieron penas de prisión perpetua. El expresidente de facto Roberto Viola recibió una pena de 17 años; el almirante Armando Lambruschini recibió 8 años y el brigadier Orlando Ramón Agosti tuvo una sentencia de 4 años y seis meses. Los brigadieres Omar Grafiña y Arturo Basilio Lami Dozo, junto con el general Leopoldo Fortunato Galtieri y el almirante Jorge Isaac Anaya, resultaron absueltos.

“La penas no nos conformaron, e incluso algunas nos parecieron irrisorias. Pero a partir de allí se supo la verdad y se reconoció que había habido un genocidio”, apuntó Muñoz.

Gil Lavedra no puede dejar de recordar el dificultoso contexto en el cual debió realizarse ese juicio y las presiones que existieron por parte del poder castrense para que no se realizara. “Hubo en esos años, tres alzamientos militares, pero se pudo condenar la impunidad. El legado de ese juicio es que las empresas más difíciles se pueden llevar a cabo si hay voluntad de justicia y decisión de evitar el olvido”, subraya el exmagistrado.

LC/MG

Javier Milei no quería que la temática de los Derechos Humanos fuera parte del debate presidencial. Fue uno de los pedidos que le hizo a la Cámara Nacional Electoral a través de su hermana Karina, su apoderada en la mesa de negociación ante los demás candidatos sobre las reglas del evento de antenoche, y que tendrá un segundo round el domingo próximo. Finalmente fue el voto de la ciudadanía el que lo puso en el menú. En la rosca pre-debate el libertario también había exigido que se quite del menú el tema educativo, pero ahí fue la Justicia electoral la que se lo rechazó de plano –según supo elDiarioAR, su hermana no protestó y aceptó la decisión “respetuosamente”–.

Sin poder esquivar el tema, Milei avanzó en la noche de Santiago del Estero con los pies hacia adelante. En el capítulo que llevó el título “Derechos Humanos y Convivencia Democrática”, en sus dos minutos desplegó los mismos argumentos que desarrollaron los militares condenados en el histórico Juicio a las Juntas de 1985: que hubo “excesos”, que “fue una guerra” y que no hubo “30.000 desaparecidos”. Incluso reveló su cierta cercanía ideológica con Mauricio Macri, al utilizar el mismo mote del “curro de derechos humanos” que usaba el ex mandatario para criticar la política de Estado que desplegó el kirchnerismo.

Los dichos de Milei suponen un paso más allá en el argumento negacionista que encabeza en La Libertad Avanza su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, quien llegó a organizar luego de las PASO “un homenaje a las víctimas del terrorismo” bajo el amparo de la Legislatura porteña, dominada por el macrismo. Lo del presidenciable libertario fue una retrógrada reivindicación de la última dictadura cívico-militar. 

Discurso que atrasa

Ayer se hizo viral en X un recorte que deja en evidencia lo parecido de las palabras de Milei con la intervención en el Juicio a las Juntas de Emilio Massera, entonces jefe de la Armada. “Lo único que yo sé, es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales”, se lo escucha al dictador, en un video publicado en la cuenta @rquiroga777, del bioquímico e investigador del CONICET Rodrigo Quiroga, que hasta fue reposteado por el artista español Ismael Serrano.

“El discurso de Milei fue la reproducción de lo que decían los ex comandantes, de que se trató de una guerra o que fueron excesos. Si se quiere hablar de la verdad, como dijo él, eso es de una falsedad absoluta y revela su desinformación. Porque no se trató de un exceso, sino de un plan criminal sistemático orquestado desde el Estado, ordenado para cada comandante y con centros de detención y tortura específicos”, afirmó Ricardo Gil Lavedra, actual presidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y ex integrante de la Cámara Federal porteña que juzgó y condenó a las Juntas Militares, en diálogo con elDiarioAR.

La ofensiva narrativa de Milei tuvo apenas la resistencia de Myriam Bregman, la candidata del Frente de Izquierda-Unidad, de reconocida trayectoria como abogada de víctimas de la represión, entre ellos Jorge Julio López, quien permanece desaparecido con una macabra conexión con el mileísmo: en un cuaderno del represor Miguel Etchecolatz aparece como contacto el nombre de Villarruel. Ni Sergio Massa ni Patricia Bullrich –que hizo alusión a la “teoría de los dos demonios”– cruzaron al libertario con vehemencia: ya había usado sus derechos a réplica antes, lo que podría revelar su cierto desapego con la materia.

“Milei deja de ser un negacionista y pasa a ser un reivindicador. Ya sabemos que es una persona que no respeta los límites, pero tiene a favor de que en este país hay una falta de memoria, porque él puede traer a discusión libremente temas superados, acá y a nivel mundial”, entendió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez ante elDiarioAR. “Me llama la atención la aparición del discurso negacionista porque es un tema superado, ya antiguo, de la década del ‘80, y que no tiene nada que ver con las preocupaciones de la sociedad argentina actual. Es una cosa atrasada e ignorante”, completó Gil Lavedra.

Son 30 mil

También generó repudio el rechazo de Milei de que la dictadura dejó como saldo la emblemática cifra de 30 mil detenidos-desaparecidos. “Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753”, precisó el libertario en su intervención. Ayer en declaraciones periodísticas al volver de Santiago del Estero, ratificó su argumento: “Hay cuatro estimaciones de cifras y yo tomé la más alta de todas para que no haya cuestionamiento de ningún tipo”, dijo, a partir de los casos registrados oficialmente, gran parte documentados por la CONADEP. 

Más que abrir una polémica, Milei busca dar por cerrada la discusión sobre la memoria histórica. Gil Lavedra defendió el significado de la bandera simbólica levantada por las organizaciones de derechos humanos: “No se sabe cuál es el número exacto de víctimas, precisamente porque el método de represión fue clandestino. El número de 30 mil tiene la connotación de la gravedad del tema. Los que quieren negarlo quieren deslegitimarlo”, subrayó.

El número de 30 mil tiene la connotación de la gravedad del tema. Los que quieren negarlo quieren deslegitimarlo

Ricardo Gil Lavedra

La provocación buscada por Milei está alimentada por otro dato: este domingo, 1 de octubre, comenzó el ya conocido “Mes de la Identidad”, a partir de que el 22 –el mismo día de la primera vuelta presidencial– es el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que conmemora la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. “El que mancha la historia de nuestro país no tiene que ser presidente”, cuestionó justamente ayer Estela de Carlotto en declaraciones a Radio Provincia. “No se puede negar ni desvirtuar lo que ya está escrito y aceptado por el mundo entero. Dicen 'no son 30 mil'. Ha dado una cifra numérica exacta como si supiera los nombres de los que son, una mentira permanente”, agregó sobre la postura reaccionaria de Milei.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, anunció en la red social X que “en breve” el organismo que encabeza “demostrará que fueron más de 30.000 las víctimas del terrorismo de Estado”. “Por lo que significó la dictadura militar, no sólo en la Argentina sino en toda Latinoamérica, preocupa que un candidato a presidente como Milei niegue delitos tan aberrantes”, expresó.

El funcionario recordó además que el 19 de septiembre último el Museo Sitio de Memoria ESMA, ubicado donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del país, ingresó en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco al ser declarado como un lugar con un “valor universal excepcional”. Esa nominación permitiría ser un paraguas que evite que Milei, en caso de llegar al gobierno, busque “cerrar” el museo o “devolverlo” a sus dueños originales, como planteó Villarruel, quien sería la potencial ministra de Defensa y Seguridad. “Eso (el predio) era para instituciones de la Armada, no era un museo de la memoria. Por la donación con cargo, ese bien debiera volver a la familia Raggio”, dijo la segunda de Milei apenas un día después de ganar las PASO. “Lo que sucede cuando un bien entra a la lista de la Unesco es que el Estado se compromete ante la comunidad internacional a sostener el bien, a darle presupuesto y sostener los valores que ese bien representa”, recogió este medio en la secretaría de Derechos Humanos. 

Milei deja de ser un negacionista y pasa a ser un reivindicador

Andrés Gil Domínguez

¿Milei podría indultar?

Otra grave polémica abrió Milei con su discurso: en caso de llegar a la presidencia, ¿podría avanzar con un indulto a los militares condenados? La respuesta escalofriante es que sí, a través de la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, hay resortes legales que podrían ponerle un coto a su avanzada negacionista: principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

“Podría indultar o conmutar penas, es una facultad del Presidente”, advirtió Gil Domínguez. “Milei podría indultar pero solo lo podría hacer en el orden interno, ya que haría incumplir a la Argentina ante el derecho internacional”, reconoció también Gil Lavedra. 

¿Se animaría un Milei presidente a asumir ese costo político? El corset legal es la vigencia del “fallo Mazzeo”, por el cual la Corte Suprema de Justicia declaró en 2007 la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad” del indulto a crímenes de lesa humanidad, a partir de que la Argentina adoptó la obligación internacional de perseguir, investigar y castigar este tipo de delitos. El indulto, entonces, queda reservado solo para delitos menores. 

El “Documento Final de la Junta Militar”, un discurso de hace 40 añoserrorismo“

Cerca de las 10 de la noche del 28 de abril de 1983, una voz en off interrumpió la transmisión en vivo de la radio y televisión para pasar un extenso mensaje de 45 minutos por cadena nacional. “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, fue el título que eligieron los comandante de las fuerzas armadas de una dictadura ya en retirada. Allí, empezaban a delinear cuál sería su estrategia para evitar la justicia una vez instalada la democracia. Sus argumentos, son los mismos que, 40 años después, utilizó Milei en la noche del domingo: Fue una guerra, y en la guerra hay excesos.

Bajo las órdenes del presidente de facto Reynaldo Benito Bignone, los militares hablaron de una “peculiar guerra que los argentinos debemos superar” y que ello “solo será posible con humildad y sin espíritu de revancha”. Afirmaron que a diferencia de una “guerra clásica”, en esta “guerra peculiar”, “el enemigo no usa uniforme y sus documentos de identificación eran apócrifos”, por esa razón “el número de muertos se incrementa significativamente”. De esa manera, intentaban justificar las desapariciones.

Más adelante, insisten en que los militares no hicieron más que cumplir con una orden del gobierno nacional y que si hubo errores en el cumplimiento de ese deber, en todo caso será la historia la que deba juzgarlos: “En este marco de referencia no deseado por las Fuerzas Armadas y al que fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional únicamente el juicio de vida histórico podrá determinar a quien corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertos inocentes”.

“El accionar de las fuerzas armadas constituyeron actos de servicio”, enfatiza el documento en el que los militares invocan el “dolor de cristianos” y reconocen “los errores que pudieron haberse cometidos cumplimiento de la misión asignada”.

Ese documento se convirtió en la antesala de lo que luego fue la llamada “Ley de Pacificación Nacional”, más conocida como “ley de autoamnistía”, que quedó en la nada con el Juicio a las Juntas Militares de 1985.

MC/MG

Como podría pasar tranquilamente en la serie Succession de HBO, la corporación Clarín invitó a pasar un fin de semana en la estancia de Joe Lewis en lago Escondido a un grupo de jueces federales, al fiscal general y al ministro de Seguridad de la CABA, a un publicista y a un operador judicial del entorno cercano del exjefe operativo de la SIDE. Fueron en avión privado. En el aeropuerto, se encontraron con los ejecutivos de Clarín y con el administrador de las empresas del terrateniente extranjero, quien los llevó a la estancia en camionetas de alta gama. Para volver a Buenos Aires, los vehículos entraron directo a la pista por un portón que no tiene cámaras, aunque dicen que cumplieron con los controles de seguridad. En el aeropuerto había una comitiva con la que no se quisieron cruzar: un grupo de defensores de derechos humanos y diputados que había ido a visitar a las mujeres mapuches detenidas en una causa por usurpación en la zona del lago Mascardi.

En la serie quedan retratados los vínculos entre los integrantes de una familia multimillonaria dueña de medios de comunicación, los gerentes encargados de cuidar los negocios –y de hacer negocios propios– y la red de relaciones con la que digitan y protegen sus intereses. En esa red, hay de todo: políticos, periodistas, lobbystas, policías, investigadores, jueces, fiscales. A puro dinero, amistad y traición, así parece funcionar el mundo. No se trata ya de El Padrino o Los Soprano, de grupos ilegales identificados con la mafia. Es el modo de funcionamiento del poder, de los más ricos y de sus empleades, que mueren por pertenecer.

El viaje al sur ocurrió en octubre de 2022 y lo conocimos a través de filtraciones. Cuando estos jueces, políticos y empresarios fueron descubiertos, tuvieron el reflejo de armar un grupo de Telegram para planificar cómo zafar de la noticia y de la denuncia penal. En ese chat salta a la vista cuán naturalizados están los vínculos de los jueces federales y funcionarios políticos con los ejecutivos del multimedio y los operadores judiciales y mediáticos. Deliberan sobre cómo blindar la noticia y neutralizar la denuncia. En su caja de herramientas está todo el catálogo de prácticas para incidir en la realidad: operar con medios, llegarles a la fiscal y a la jueza de la causa, falsear testimonios, antedatar facturas para simular que pagaron por los servicios turísticos. Además, deciden victimizarse y contraatacar con una denuncia por espionaje ilegal, pero quedan preocupados por que se sepa que los llevaron gratis en helicóptero a tomar whis- ky a un centro de esquí. También pretenden evitar que circulen fotos de la llegada al aeropuerto de Bariloche y del encuentro con los directivos de Clarín. Son un grupo de amigos que hace chistes en confianza y fantasean con represalias violentas contra quienes difundieron la información. En especial contra el jefe civil de la PSA, al que consideran responsable de la filtración y a quien los jueces federales dicen que le sacarán las investigaciones que tienen en común. También hacen chistes con “limpiar mapuches”. Afirman que esperan la llegada de otro gobierno para vengarse en serio.

Cuando la noticia se viralizó, el gobierno de la CABA salió en defensa del ministro de Seguridad acusando al kirchnerismo de haberle hecho una operación. Los jueces no hicieron declaraciones. Pero uno de ellos cumplió con el plan e hizo una denuncia para que se investigue el espionaje ilegal. No son cualesquiera jueces. Estos magistrados tienen puestos estratégicos en la Cámara Federal de Casación Penal y en la justicia penal federal de Comodoro Py y en los fueros penal económico y contencioso administrativo federales. Resolvieron varias causas judiciales relevantes que involucran al Grupo Clarín, a las empresas de Joe Lewis y algunas de las principales causas por corrupción contra funcionaries kirchneristas de alto rango. Uno de ellos tuvo a su cargo la instrucción de la causa Vialidad, por la que fue condenada la vicepresidenta.

Lo que nos deja este episodio es la pregunta por la legitimidad del Poder Judicial, por las condiciones éticas y de integridad de les jueces y por su capacidad para decidir con imparcialidad en conflictos sociales o institucionales determinantes para las reglas de funcionamiento del Estado, la competencia electoral, la protección de derechos y la puja distributiva. Hace ya mucho tiempo se consolidó un modelo de intervención judicial a nivel federal en el que los operadores políticos y judiciales están entrelazados con el aparato de inteligencia para proteger a funcionaries y los hechos de corrupción. Con los años, este modus operandi llevó a usar, cada vez más, la justicia federal para hacer operaciones mediáticas y perseguir opositores. El viaje a lago Escondido, con todas sus derivaciones, mostró ahora la inserción directa de jueces en un bloque de poder que está disputando día a día quién llega a tener las riendas del Estado.

La dinámica de dirimir internas políticas a través de causas judiciales no es nueva, se viene expandiendo en los últimos años, en los que se perfeccionaron argumentos para el encarcelamiento preventivo de exfuncionaries y personas dedicadas a la política. Esto sucede, por lo menos, desde la muerte del fiscal Alberto Nisman y de la causa judicial por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, después de que se rompiera la relación con Antonio H. Stiuso, quien estaba al mando del aparato de inteligencia nacional.

El Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad que tiene su origen, en parte, en este tipo de situaciones. Pero esta crisis no está asociada solo a cómo referentes judiciales y gubernamentales fueron consolidando este método de incidencia política. Ver el funcionamiento de la red de relaciones nos acerca también a otras razones que hacen a la pérdida de credibilidad y a la distancia que estas peleas de cúpulas tienen con los problemas sociales. Esta crisis deriva también del comportamiento del sistema judicial que, mientras está encerrado en disputas políticas, o bien está ausente, o bien es directamente reproductor de violencias en el momento en el que se dirimen los conflictos sociales.

Podemos discernir, al menos, cuatro cuestiones para pensar la degradación de la función judicial: la creciente dificultad para contribuir a la construcción de verdades colectivas; la falta de respuesta a lo que se llama “captura corporativa del Estado” y a la participación estatal (algunas veces judicial) en armados criminales; la promoción o convalidación de la lógica estatal represiva y securitaria, y la respuesta conservadora, desigual y racista a la conflictividad social y las demandas de igualdad.

La verdad colectiva

A fines de septiembre de 2022, el estreno de la película Argentina, 1985, sobre el Juicio a las Juntas militares, revivió la convicción en la importancia de que un tribunal establezca una verdad jurídica, con apoyo y legitimidad colectiva. El juicio, con su teatralidad, bajo ciertas reglas de procedimiento, puede funcionar como un espacio colectivo en el que se reconstruye el horror, el sometimiento o la injusticia. Allí se puede llegar a decir lo que no se pudo decir antes, se lo puede decir incluso frente a los verdugos. En el juicio hay reglas comunes que habilitan la expectativa de que lo que se resuelva será compartido. La potencia del Juicio a las Juntas generó una épica que hoy, casi cuarenta años después, volvió a emocionar: revivimos con cierta melancolía aquel momento colectivo. No todo el sistema judicial estuvo encolumnado detrás del enjuiciamiento a los altos mandos militares, más bien todo lo contrario. Pero las condiciones sociales y políticas permitieron que ocurriera. ¿Tenemos acaso hoy tribunales que puedan producir investigaciones creíbles socialmente y legítimas jurídicamente?

Podríamos hacer una lista de casos graves ocurridos durante el período democrático de los que pareciera que nunca vamos a saber la verdad.

Los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA quedaron atrapados en la maraña judicial. En el primero, ocurrido el 17 de marzo de 1992, la Corte Suprema, a cargo de la investigación, no pudo dar respuestas creíbles. En el caso de la AMIA, fue aún peor. El juzgado conspiró con el Poder Ejecutivo para encubrir la verdad. Estos dos hitos marcaron el comienzo de una época: la participación de los organismos de inteligencia en las investigaciones judiciales, como colaboradores directos de jueces y fiscales, nunca se detuvo. En el caso AMIA, el resultado de esta colaboración fue que todavía no sabemos quiénes son los responsables de la muerte de 85 personas aquel 18 de julio de 1994.

Alberto Nisman murió mientras estaba a cargo de la unidad fiscal que debía investigar el atentado, un día antes de presentarse a declarar en el Congreso por la denuncia que había hecho contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. La investigación por la muerte del fiscal quedó también enredada en la maraña judicial y las operaciones de inteligencia que instalaron la idea de que se trató de un homicidio ordenado por la expresidenta. Hace casi seis años que la justicia federal tiene abierta la investigación sin que realmente haya pruebas de esa hipótesis. Stiuso declaró a fines de noviembre de 2022 por cuarta vez. Esa declaración no se hizo pública por el secreto en el que se amparan les agentes de inteligencia, funcional al juego de las especulaciones. En los papeles, el caso no tiene respuesta.

Estas causas judiciales no estuvieron atadas al objetivo de averiguar la verdad y se usaron para las disputas políticas una y otra vez. Ya son parte de la mitología judicial. Algo parecido ocurre con las causas por hechos de corrupción. Los tribunales federales mostraron serias limitaciones, y altos niveles de cooptación de distintos grupos políticos y corporaciones, para encarar investigaciones que determinen la verdad sobre denuncias de delitos económicos cometidos por funcionarios y empresaries. Algunos de ellos, con perjuicios menores para el Estado y la economía nacional. Acostumbrados al tiempismo, estos casos sirvieron para fortalecer el Poder Judicial o dirimir internas. Según cuáles sean los espacios políticos involucrados, las investigaciones avanzan, se demoran o directamente se cierran. En los últimos años, la lucha contra la corrupción se convirtió en un motor de la disputa política de alto nivel, a veces, convalidando un deterioro importante del debido proceso con el objetivo de ganar apoyo político y social.

A partir de 2019, el espionaje ilegal para resolver internas o debilitar contrincantes quedó a la vista en denuncias judiciales que mostraron la sistematicidad con que la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la AFI habilitó esas prácticas. Lo hicieron contra referentes de la política, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos, militantes, familiares de víctimas organizades. Ese material sirvió para alimentar el mercado de la información ilegal, que es usado en operaciones mediáticas y extorsiones privadas y, en algunos casos, para abrirles causas judiciales. La mayoría de las investigaciones sobre ese espionaje están empantanadas. En algunos casos, las responsabilidades fueron acotadas a los puestos más bajos o fungibles de las estructuras de inteligencia, con la idea de que eran “cuentapropistas” que no habían recibido órdenes de las autoridades políticas; en otros, las investigaciones fueron promovidas por fiscales o jueces, pero se toparon con trabas en los tribunales superiores. En vez de una estrategia para investigar de manera coordinada, hay causas fragmentadas y compartimentadas. De nuevo, a pesar de lo que trascendió públicamente, será difícil que estos procesos judiciales reconstruyan los hechos y lleguen a una versión creíble y socialmente aceptada que reafirme que se trata de acciones prohibidas e inadmisibles.

La investigación del atentado contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre de 2022, corre el riesgo de entrar en esta misma lógica. Fueron detenides les principales autores y cómplices, integrantes de un grupo de ultraderecha muy precario y aparentemente sin una estructura detrás. La querella de la vicepresidenta criticó a la jueza federal, quien carga con la sospecha de ser parte de la familia judicial de Comodoro Py; hubo irregularidades en la apertura de los teléfonos de los acusados; disputas entre la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad que intervienen; recusaciones y medidas de prueba rechazadas y acusaciones contra un diputado de la oposición. Nuevamente, las tiendas políticas atraviesan una investigación judicial que no puede ser encauzada con la diligencia extrema que requiere el caso.

A pesar de que sus roles son decisivos, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal perdieron la capacidad de hacer un aporte significativo a la construcción de verdad cuando se judicializan hechos socialmente relevantes de la vida nacional o violaciones de los derechos humanos. El juicio por la represión del 20 de diciembre de 2001 en la CABA se realizó quince años después de los hechos y la sentencia aún no está firme porque la Corte Suprema no resuelve los recursos de los imputados. La investigación de la represión en el Parque Indoamericano, la de la muerte de Santiago Maldonado, el intento de soborno con participación judicial para frenar la investigación del homicidio de Mariano Ferreyra muestran el mismo patrón. Ya podía advertirse esta incapacidad en hechos muy anteriores, como las desapariciones y ejecuciones luego del intento de copamiento del regimiento de La Tablada. Hay excepciones, sin duda, casi siempre resultado del impulso de las víctimas, del activismo y de funcionaries comprometides personalmente.

La criminalidad insertada en el Estado

La violencia asociada a las redes criminales creció y afecta la vida cotidiana en distintos lugares del país, en especial la de los sectores populares. Y al mismo tiempo vuelve a ser evidente que lo ilegal está imbricado con lo estatal, que le brinda formas de protección o, directamente, participa en los negocios.

La intervención judicial en este problema es muy deficiente y parece pasar desapercibida. Después de que el gobierno macrista forzara la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, el sistema político no logró un acuerdo para nombrar al procurador o procuradora, que es quien debe definir, como jefe de les fiscales, las grandes líneas de la política de persecución penal en coordinación, articulación (o confrontación) con el Poder Ejecutivo. Hace ya cinco años que el Ministerio Público Fiscal está dirigido por un procurador interino identificado con la oposición al kirchnerismo. Como consecuencia de estas disputas, la reforma del sistema de enjuiciamiento federal que se aprobó en 2015, que daría condiciones para trabajar en una política de persecución penal más eficaz y ordenar la intervención de les fiscales, jueces y policías de investigación, no se implementó. El poder de les jueces federales, sobre todo les de la capital y el Conurbano bonaerense, bloquea también cualquier intento de que una reforma de este tipo cambie las lógicas amañadas de ese fue- ro, que prefiere mantener la tradición jerárquica del sistema escrito, los juzgados y las fiscalías como feudos, el poder de las cámaras de apelaciones y el peso determinante de les opera- dores judiciales que aprovechan el secreto con que se pueden manejar.

A esto se suma que los debates sobre la necesidad de armar una agencia federal de investigaciones naufragan entre la incapacidad y el posibilismo. Gana peso la decisión de dejar todo como está, para pactar gobernabilidad con las policías, como se hizo históricamente, y no tocar sus estructuras, ni su organización interna mientras regulen el delito y no jueguen a la desestabilización. Tampoco los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación tienen una estrategia para intervenir en fenómenos que afectan la calidad de vida de las personas y ponen en juego la capacidad (o la voluntad) del Estado de enfrentar dinámicas de violencia y redes criminales que se insertan en las burocracias y lugares de decisión.

En mayo de 2022, la Corte Suprema, reunida en la ciudad de Rosario, dijo que el narcotráfico era uno de los problemas más graves. Lo hizo en clara disputa con el Poder Ejecutivo nacional y para poner al Poder Judicial y al Ministerio Público como la llave de la solución. Desde entonces no hubo más anuncios.

El fracaso de las políticas para bajar la violencia en Rosario es un ejemplo de este estado de cosas. ¿Por qué no se logra imponer una estrategia que reduzca el nivel de violencia letal y desarme la imbricación de redes ilegales en el Estado? No hay respuesta seria por parte de los ministerios públicos fiscales federal y provinciales. Tampoco el Poder Ejecutivo nacional logró armar una intervención eficaz y que no esté cruzada por internas políticas.

Los vínculos entre funcionaries judiciales y capos narcos que lideran grandes bandas también suceden en el norte del Conurbano bonaerense.2 En los últimos años, hemos visto asesinatos cometidos por sicarios, redes de apoyo de esas bandas que incluyen abogados que fueron funcionarios de gobierno íntimamente relacionados con políticos de primera línea, o camaristas federales que dejan a este tipo de personajes ligados a redes ilegales de peso fuera de las investigaciones. En la provincia de Buenos Aires, mientras la persecución penal está orientada a detener a les vendedores del narcomenudeo y a les consumidores, las tramas que permiten que el narcotráfico funcione como negocio están intactas: en muy pocos casos se investiga a las fuerzas de seguridad y a les funcionaries judiciales que brindan protección.

Estas tramas criminales público-privadas tienen consecuencias en la calidad de la democracia. Son dinámicas de violencia que están asociadas a formas de ilegalidad estatal, insertadas capilarmente. Algunas de ellas producen altos niveles de afectación de derechos y desestabilización institucional. Importan formas de hacer de las redes criminales que, en ciertos casos, pasan a ser formas de hacer del propio Estado. Llega un momento en que esta inserción está tan extendida que es difícil o imposible de controlar. La despreocupación por estas lógicas que afectan la cotidianidad de grandes sectores urbanos populares, y en algunos casos de la clase media, es significativa. El deterioro de la función judicial y su falta de legitimidad también están asociadas a la ausencia de estrategias políticas y judiciales coordinadas para frenar este avance.

La expansión punitiva y securitaria

Las investigaciones por hechos de violencia estatal tramitan en los sistemas judiciales con distinta suerte. Con frecuencia, las víctimas, les familiares y las organizaciones sociales se encuentran con una burocracia resistente e indiferente, que muchas veces produce más violencia o sufrimiento.

Los conflictos sociales, sobre todo los vinculados al acceso a la tierra y los reclamos al Estado que derivan en protestas, son encarados, la mayoría de las veces, con respuestas criminalizantes que limitan derechos y sostienen el statu quo. La función judicial, en vez de abrir procesos de acuerdo y debate público, reproduce desigualdad. Un ejemplo es la detención y el traslado de las mujeres mapuches que junto con su comunidad reclamaban por el reconocimiento de tierra ancestral. El desalojo y las detenciones sucedieron al fracaso de un intento de acuerdo en el marco de un largo proceso judicial. Las mujeres fueron trasladadas a una cárcel federal en Buenos Aires y requisadas de manera vejatoria. Luego de varios días y frente a la intensa denuncia y movilización social, fueron nuevamente llevadas a Bariloche. La presión de los grupos antimapuche y de los dueños de la tierra terminó en este episodio de escarmiento y disciplinamiento sobre esas mujeres y la comunidad.

Al mismo tiempo, las políticas de endurecimiento penal de las últimas décadas fueron dando mensajes a los operadores judiciales para restringir derechos y, salvo en momentos particulares, todo aportó a que haya un crecimiento muy pronunciado de la cantidad de personas presas en nuestro país. Las cárceles están sobrepobladas, en condiciones inhumanas; las personas detenidas sufren tortura o violaciones de derechos que en general no se investigan, ni se previenen. Con los años, se consolidaron la criminalización y el uso abusivo de la prisión preventiva, de forma intensiva contra les más pobres. El avance de las tecnologías de vigilancia amplía las estrategias de control y aumenta las formas en que el Estado detiene o criminaliza a las personas. Son cada vez menos les jueces, fiscales y defensores que intentan hacer las cosas de un modo distinto, de agruparse para generar un polo de pensamiento que ponga en discusión el propio funcionamiento. Esto es parte del desgaste y de la falta de apoyo para impulsar políticas de cambio. El gobierno judicial es conservador. En los términos del papa Francisco, desparrama y legitima una “concepción tecnócrata deshumanizada” de la función judicial.

Quién equilibra la balanza

La Corte Suprema pos-83, hasta la ampliación de la cantidad de sus integrantes en la década del noventa, es recordada por haber acompañado la recuperación democrática y el desmantelamiento del Estado autoritario y haber tomado decisiones muy importantes sobre derechos civiles y garantías judiciales. Luego hay que trasladarse hasta el período 2004-2014 para encontrar otro ciclo en el que haya tenido un rol de ampliación de derechos.

A partir de la discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), se agudizó la contienda por cuál debe ser el rol del Poder Judicial. Algunos sectores consideraron que se había alineado con los poderes fácticos para limitar el alcance del proyecto político del kirchnerismo y de allí surgió el intento de reforma judicial. Ciertos aspectos de esa reforma eran necesarios y otros quedaron truncos, como los referidos al Consejo de la Magistratura, que se convirtió en una de las prendas de disputa más importantes y quedó paralizado. Esa reforma también incluyó una cuestión que fue regresiva para la vigencia de los derechos: la reforma de la ley que regula las medidas cautelares. Se argumentó que permitía acotar las acciones de los poderosos –como el Grupo Clarín, que con una cautelar inició su litigio contra la LSCA–, pero aplicó, lógicamente, a todas las demandas contra el Estado, incluso a las que buscaban litigar decisiones que tienden al desigualitarismo o la discriminación.

Al mismo tiempo, fue ganando lugar en los tribunales de mayor jerarquía una posición restrictiva de la intervención judicial: el argumento de que no hay que judicializar la política. Esta posición es ciertamente contradictoria, porque fue simultánea al inicio de numerosas causas contra decisiones de gobierno; en verdad, la idea de la no judicialización se limitó en particular a los litigios que buscaban que el Estado garantizara derechos sociales y económicos. En general, entonces, el Poder Judicial falla en contra de leyes o regulaciones que

intervienen en distintos mercados como el inmobiliario, el financiero o el de los medios de comunicación. De alguna manera, la estructura judicial parece estar operando en la disputa de modelos para sostener posiciones conservadoras o, directamente, de las grandes corporaciones en relación con el rol del Estado y las políticas públicas.

Hoy la Corte Suprema está integrada por cuatro miembros varones y el sistema político está trabado para nombrar más jueces o discutir una ampliación del número de integrantes. Es una Corte conservadora que, si bien tuvo algunas decisiones relevantes que reconocieron derechos –como la prevalencia de la libertad de expresión o la consulta previa de comunidades indígenas–, no tiene un perfil asociado al activismo judicial proderechos. Más bien todo lo contrario. Focaliza su intervención como máxima autoridad del Poder Judicial en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de ese poder, como si su misión fuera salvar la institucionalidad perdida y ser contrapeso del Poder Ejecutivo. En estos casos, acepta intervenir incluso saltando instancias judiciales a través del per saltum o impulsando interpretaciones maximalistas contra el oficialismo cuando el gobierno estaba a cargo del kirchnerismo o el Frente de Todos. Así sucedió, por ejemplo, con las reglas de subrogancia o con la integración del Consejo de la Magistratura. También al convalidar una condena de la justicia de Jujuy por asociación ilícita contra Milagro Sala, sin analizar las violaciones a las garantías judiciales denunciadas.

Es decir que, salvo algunas excepciones, en el seno del Poder Judicial perdieron espacio los debates sobre la desigualdad. La pregunta, entonces, es cuánto queda realmente de la función judicial como garante y promotora de derechos.

Una sociedad más igualitaria no se juega solo en el Poder Judicial, pero sí es evidente que las decisiones judiciales impactan en cuestiones más que relevantes. En los conflictos por la tierra y por la vivienda: cuando las comunidades indígenas y campesinas reclaman y la violencia estatal y privada protege la lógica y los intereses del mercado. En los conflictos laborales: cuando se niegan derechos a les trabajadores y se limita la intervención de los sindicatos. En la casi imposibilidad de reclamar para limitar al Estado y a las empresas por razones ambientales. En las decisiones que restringieron la regulación de los servicios públicos o del derecho a la comunicación. Cuando las autoridades deciden reprimir la protesta y la acción directa y se criminaliza a las organizaciones sociales y políticas. En este sentido, la movilización feminista dejó en claro que la protección estatal es esencial ante la violencia machista y que hay desprotección cuando es muy difícil encontrar una respuesta en la maraña judicial. La desaparición del joven trans Tehuel de la Torre, persistente debido a la falta de un dispositivo serio de búsqueda, también pone los reflectores en la desprotección e ineficacia de los procesos judiciales que requieren algo más que acumular papeles en un trámite. En suma, el desamparo social y el desamparo judicial van de la mano.

Esta distancia, esta forma de intervenir en los conflictos concretos de la vida social, explica en gran medida la bajísima consideración social que tiene el sistema judicial. Hay contraejemplos, hay jurisdicciones provinciales que funcionan mejor, pero el deterioro es generalizado y reluce en momentos de crisis. Sus intervenciones políticas pretenden ganar en reconocimiento social, pero esto no alcanza para relegitimar su función democrática, más bien todo lo contrario.

Para el activismo en derechos humanos, la degradación de la palabra y de la función judicial es un problema serio, porque mientras crece el descreimiento y su subordinación a las disputas políticas de cúpulas, el litigio sigue siendo una de las estrategias centrales para visibilizar y reparar violaciones de derechos humanos, aunque más no sea en la teoría.

Un padre que recuerda día y hora exactos, que no puede olvidar la ropa que tenía su hija adolescente esa última vez que la vio con vida. Una mujer que cuenta las vejaciones que padecieron ella y sus compañeras de cautiverio clandestino en la Escuela de Mecánica de la Armada. Otra que reconstruye el día que debió parir en un auto, rodeada de militares que se burlaban de ella. Un par de abogados inquietos, que discuten por tecnicismos. Una mujer que revela que la patota del Ejército que dio vuelta su casa se llevó todo, hasta el célebre libro de recetas de comida de Doña Petrona C. de Gandulfo. Un dictador que mientras se oyen las acusaciones en su contra lee Las siete palabras de Cristo. Otro integrante de la Junta Militar que hace ejercicios de matemática en un cuaderno.

El impactante documental El juicio, de Ulises de la Orden, que tendrá su estreno en la Argentina por estos días, fue armado exclusivamente a partir de las 530 horas de registros que se tienen del Juicio a las Juntas, el proceso judicial que en 1985 se llevó adelante en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal e investigó las responsabilidades de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares por los crímenes cometidos durante la última dictadura. 

El cineasta logró, a partir de un riguroso trabajo de archivo y de la selección de un material extremadamente duro, condensar una atmósfera, volver a traer voces y caras, recuperar escenas pocas veces vistas o apenas recordadas de aquellas audiencias judiciales históricas que fueron grabadas pero no transmitidas por televisión en su totalidad. 

Sin un relato lineal ni cronológico, sin siquiera poner los nombres de quienes relatan los horrores de la dictadura ni de quienes estuvieron al mando, El juicio exhibe en cambio una sucesión. De espantos que permanecen en la memoria, de relatos desgarradores, de gestos insólitos. De víctimas, de familiares, de sobrevivientes, de genocidas, de ex presidentes, de personalidades célebres –algunas tristemente– de la historia reciente.

La película, que dura 180 minutos y está dividida en dos tramos, está separada por intertítulos que tematizan el relato para organizarlo. Feroz, clandestina y cobarde, Ni siquiera en la guerra, Un ejército de ocupación, Nos iremos al infierno, Estrictamente patrimonial, Detener la información, Ni siquiera ciudadanos, Naciones Unidas, A merced, La promesa, Los cuerpos y Nunca más.

El largometraje, que tuvo su lanzamiento mundial en la última edición del Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero, llegará a partir del 7 de abril a la sala del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y, según su realizador, también empezará un recorrido federal por distintas provincias argentinas. A la vez, en breve se anunciará la fecha de su desembarco en la plataforma de streaming Kinoa TV.

“Creo que el Juicio a las Juntas es la razón por la cual nuestra democracia, a pesar de los enormes problemas que tenemos en la Argentina, es sólida. Y significó un parteaguas en nuestra historia moderna”, dijo De la Orden cuando se lanzó su película en Alemania.

Un camino largo

Para su décimo largometraje, De la Orden, reconocido por una obra donde destacan Río arriba (2006), Tierra adentro (2011) y Desierto verde (2013), entre otras, comenzó a trabajar en 2013 en la investigación y en los primeros guiones.

Pero tuvo que pasar mucho tiempo hasta que pudo conseguir, a través una alianza con las organizaciones de derechos humanos argentinas nucleadas en Memoria Abierta, la totalidad de los registros audiovisuales del juicio contra Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri, Roberto Viola, Emilio Massera, Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.

“Queremos recrear el espíritu que se vivió en aquella época a través del juicio, donde en paz se logró juzgar al más violento de los gobiernos de la historia argentina”, dijo el realizador en un comunicado distribuido a la prensa y agregó: “El archivo da cuenta del clima político y social de la época, muestra la tensión que se vivía en esos primeros años de la recién recuperada democracia, la violencia latente, el temor de los testigos a las represalias; todo esto aparece en los gestos, las miradas y las formas de hablar de todos los involucrados en el juicio”.

“Las 90 jornadas que duró el juicio fueron enteramente registradas por el canal público de televisión, en aquel entonces ATC, a dos cámaras en cassettes U-matic. El registro original se encuentra en su totalidad digitalizado, gracias a los esfuerzos del equipo de trabajo de Memoria Abierta, organización que custodia los originales y cuya participación es clave para la producción de esta película”, apuntó De la Orden.

“La búsqueda y obtención del acceso al archivo del juicio, esas 530 horas, se inició en 2013. Soñando con hacer una película que narre lo que allí aconteció, que a la vez cuenta la historia del horror argentino y su proceso de justicia”, agregó.

La tarea de rastrear materiales históricos, en un país como la Argentina donde la conservación y el acceso a distintos archivos suelen ser tareas titánicas, no fue nada fácil para el realizador y su equipo.

“En el canal público de televisión, que fue el encargado del registro, me negaron todo tipo de colaboración por temores a castigos políticos. En el AGN (Archivo General de la Nación Argentina) que tiene el material en custodia, me sugirieron que para evitar inconvenientes buscara el material en la Universidad de Salamanca (España) que también tiene copia del material en custodia. Parecía increíble. Más de tres décadas después del juicio, todavía generaba temores y reparos en pequeños funcionarios incapaces de tomar una decisión y correr con los riesgos”, aseguró De la Orden.

“En 2019, luego de mucho caminar, supe, a través de mis amigos de la Fundación Luisa Hairebedian que el material de archivo, las 530 horas digitalizadas, están en custodia de Memoria Abierta. Nos encontramos con el equipo de Memoria Abierta, llegamos a acordar los lineamientos para poder trabajar en conjunto y entonces sí, estuvimos listos para empezar a visualizar el archivo”.

Sobre la etapa de visualización y acondicionamiento del material para su uso, el cineasta recordó que duró unos 9 meses y estuvo a cargo de él mismo, de la productora Gisela Peláez y del montajista Alberto Ponce, un veterano del rubro con una carrera destacada en el cine argentino. 

“El material que fuimos recorriendo tenía algunos faltantes importantes y algunas cintas muy deterioradas por el tiempo. Por este motivo nos aventuramos a tratar de dar con la mítica copia en VHS alojada en el Parlamento Noruego. La historia de esa copia merece un relato aparte, pero para sintetizar, en 1988 por el temor que despertaron los distintos alzamientos militares posteriores al juicio, los jueces decidieron hacer una copia en casetes VHS hogareños y sacarla del país. De todas las instituciones consultadas fue la International Penal and Penitentiary Foundation, con sede en Dinamarca, quien ofició de nexo con el Parlamento Noruego, en cuyo archivo descansan actualmente los VHS. Con paciencia y perseverancia logramos entrar en contacto con las autoridades de ese archivo y gestionar en envío de una copia digital. Allí encontramos muchos fragmentos que no están disponibles en la copia original en Argentina. La película utiliza fragmentos de ambas copias”, recordó De la Orden.

Un proceso histórico

El Juicio a las Juntas tuvo lugar en Buenos Aires. Comenzó el 22 de abril y las audiencias se extendieron hasta agosto de ese año. El tribunal finalmente dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985: fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; Roberto Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión. Fueron absueltos Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Anaya. 

Tal como recordaron desde la producción de la película, todas audiencias fueron registradas por el canal argentino de bandera, entonces llamado Argentina Televisora Color (ATC). Los medios nacionales e internacionales cubrieron el juicio y el canal público ponía al aire tres minutos diarios de imágenes, pero sin audio. Únicamente la lectura de la sentencia fue transmitida de manera completa con imagen y sonido.

El recorrido de El juicio, que también pasó en los últimos meses por los Estados Unidos, Italia, Francia y Noruega, coincidió con el reciente suceso de la película Argentina, 1985, de Santiago Mitre, que puso desde su estreno en 2022 en el centro de la escena aquel proceso judicial.

El propio De la Orden, entrevistado en una conferencia de prensa, celebró la película de Mitre y la coincidencia en la salida de los dos largometrajes.

“Argentina, 1985 es una gran película, que cumplió la función de abrir este tema para la sociedad. Hoy todo el mundo sabe en la Argentina que el Juicio a las Juntas existió, también gran parte de la prensa internacional. El juicio viene a profundizar sobre el tema y creo que allí hay una complementación muy interesante”, afirmó.

AL

El largometraje documental El juicio se estrena en la Argentina el 7 de abril y podrá verse en el auditorio del Malba (Avenida Figueroa Alcorta 3415, CABA) los viernes, a partir de las 20. Más información, por aquí.

En su rostro se intuye determinación y a la vez cierta timidez. Si no supiéramos su historia podríamos hablar de inocencia, pero eso es algo que a la Alejandra Naftal de 1985 ya le habían arrebatado. Tenía 24 años cuando la cámara se detuvo unos instantes en ella: estaba a punto de contar en el histórico juicio a las Juntas Militares cómo la habían secuestrado, torturado y violado siendo menor de edad.

El fotograma de esa joven de pelo ensortijado y mirada firme aparece en Argentina, 1985, galardonada en los Globos de Oro como Mejor película de habla no inglesa. El largometraje, que también está nominado a los Premios Goya y fue preseleccionado para los Oscar, relata aquel proceso que terminó condenando a los máximos responsables de la dictadura por crímenes de lesa humanidad. 

Alejandra volvió a ver su rostro de ese día casi cuatro décadas después, en el preestreno de la película. “Siempre me había visto de espaldas, porque algunas imágenes del juicio no se difundieron para proteger a las víctimas. En esa época todavía había mucho miedo”, explica a elDiario.es desde su casa en Buenos Aires. 

Habla de ese reencuentro con asombro reposado. Se nota que le ha dado muchas vueltas al asunto desde el momento en que, en la sala a oscuras, se topó con su propio pasado en pantalla gigante: “Es la imagen de cuando me llaman al estrado a declarar, y fue fuerte: vi una nena”.  

“Pasaron muchos años y siento que trabajé con esa experiencia lo mejor que pude”, asegura esta histórica militante por los derechos humanos. Porque aquella joven Naftal se convirtió con el tiempo en museóloga, y fue la artífice de la resignificación del centro clandestino de detención más siniestro del país: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde ejerció como directora del Museo Sitio de Memoria hasta hace muy poco. “Siento que ese trabajo fue un regalo, y es como si me hubiera preparado toda la vida para él”, explica con un poco de nostalgia en medio del “duelo” tras su reciente jubilación.   

Premios, taquilla y debate

El largometraje de Santiago Mitre fue éxito de público en Argentina y también en España. Y en ambos países reabrió el debate sobre los procesos de memoria, justicia y reparación. “Es una película necesaria, que encontró un canal, un lenguaje para que los jóvenes pongan de nuevo el tema en la mesa familiar”, analiza Naftal. 

Para ella, el fenómeno de la película demuestra que, ante el avance de la derecha, de las viejas grietas y los discursos de odio, Argentina todavía tiene en su ADN la semilla que plantó la política de derechos humanos. “Acá algunos dicen que hay negacionismo. Pero yo no creo que haya ningún argentino, incluso en sectores de derecha, que defiendan que los militares no tienen que estar presos. Piden en todo caso arresto domiciliario”.

Pero el largometraje también fue objeto de cuestionamientos, precisamente por algunos defensores de los derechos humanos y protagonistas de aquel proceso. Las críticas se centraron en su factura hollywoodense, con una historia que pone un héroe en el lugar del esfuerzo colectivo que posibilitó ese juicio histórico. “Es una película con actores de primer nivel, y que tiene todos los ingredientes de un relato complejo, en el buen sentido. Y sí, es una historia que busca un héroe. Está centrada en la figura de un hombre gris del Poder Judicial al que la Historia pone en un lugar crucial”. 

Se refiere al fiscal Julio Strassera –interpretado por Ricardo Darín– quien se encargó de sentar en el banquillo a la cúpula militar que acababa de dejar el poder. Raúl Alfonsín, primer presidente democrático tras la dictadura, asume el cargo en diciembre de 1983 e impulsa una investigación que lleva a cabo la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), en la que se basa la acusación judicial de dos años después, y a cuyo informe Strassera dedica las dos últimas palabras de su alegato final: Nunca más.  

“La película nos muestra cómo ese juicio, que fue completamente artesanal, también es el resultado de una épica. Y obvio que tiene un montón de silencios, que quizá no muestra suficientemente el trabajo de los organismos de derechos humanos, pero es una ficción, una creación artística, que aunque esté basada en hechos reales, necesariamente siempre deja algo fuera”, zanja Naftal. 

“Declaré en contra del criterio de mi familia”

Alejandra toma una foto en sus manos, la acerca a la cámara para que se vean mejor los rostros de una adolescente muy menuda y sonriente junto a un hombre. “Somos mi padre y yo, el día que volví a mi casa”, explica. Porque Alejandra fue una desaparecida. Pero volvió. 

El 9 de mayo de 1978, a la madrugada, unos hombres tocaron la puerta de su casa. Preguntaron por ella, revisaron toda su habitación. Eran unos 15, estaban armados. Se la llevaron delante de su hermana y de sus padres, sin una explicación, sin acusarla de nada. Ella tenía 17 años. Había participado en 1975, cuando tenía 14 años, en el centro de estudiantes del colegio, que se disolvió dos años después, tras el golpe militar. La llevaron al centro ilegal de detención llamado El Vesubio, donde la torturaron y la violaron. Le preguntaron mil veces por cosas que no sabía hasta que alguien decidió que, tras casi un año de infierno, podía ser dejada en libertad. 

Pero si el fotograma de Argentina, 1985 no cuenta todo lo que Alejandra vivió en el juicio, la sonrisa de la foto oculta mucho de lo que pasó tras regresar del horror. “Yo no hablaba de lo que me había pasado. Ni siquiera con mi familia. Ellos tenían miedo y sentían que era algo que había que enterrar”, recuerda. “Pero yo tenía la convicción de que debía contarlo, por mí y sobre todos por los que no estaban. Vi mucha gente detenida que no apareció más, entre ellos dos compañeros de la escuela. Por eso me acerqué a la Conadep a declarar sin que mis padres lo supieran”. 

Un tiempo después llegó el telegrama que la convocaba al juicio. Sus padres, aunque reticentes, se ofrecieron a llevarla. “Pero ya en el auto me doy cuenta de que vamos en dirección contraria. Y les digo ‘me están volviendo a secuestrar’. Incluso abrí la puerta y amenacé con tirarme en marcha. Llegué a los Tribunales temblando. Por suerte ahí me esperaba una amiga y ella me acompañó, porque era un momento muy difícil”. 

En la película no se ve, pero en la transcripción de su testimonio queda claro que la empatía no formaba parte del cuestionario. “Nunca la volví a leer, pero sí tengo el recuerdo de unas respuestas mías un poco inocentes, y la sensación de que entonces no había una escucha preparada para las narraciones de los que pasamos por esa barbarie”, reflexiona Naftal.

“En ese momento no tuve una conciencia intelectual de lo que estaba haciendo”, explica. Sin embargo, sí estaban claras las motivaciones: “Yo tenía una misión: ayudar a la búsqueda de la verdad, pero no lo pensaba en términos políticos. No buscaba nada más que tener un espacio para contar lo que había visto”, recuerda.

Unos segundos, una vida, un libro

Esos escasos segundos de Argentina, 1985 generaron ecos en la vida de Naftal. “No sé por qué habrán elegido mi testimonio entre los 850. Quizá porque fui de los menores secuestrados, o porque hablo de las violaciones, que era algo que entonces no se mencionaba. Ya como responsable del museo, trabajé mucho con el tema de los delitos sexuales”. De hecho, fue uno de los delitos que más tardaron en abordarse en los sucesivos procesos judiciales que se llevaron a cabo. Los torturadores y violadores de Naftal fueron condenados años después de aquel primer juicio, en una causa que sigue abierta. 

“Después del estreno de la película mucha gente se acercó, conmovida. Una conocida me confesó que no había sabido qué responder cuando sus nietos le preguntaron qué estaba haciendo ella en el momento del juicio. Me dijo: ‘Yo no sabía nada de lo que estaba pasando, y ahora lo veo como una falta de compromiso’”. 

La película, además de un descubrimiento para las generaciones más jóvenes, supuso para muchos un cuestionamiento personal, un regreso a sus propias vivencias. Pero aunque hubo algún tímido intento, no abrió el diálogo en la familia de Alejandra, como si tras la muerte de su padre la herida hubiera sido demasiado dolorosa como para ser desenterrada. “Sí lo hablé mucho con mi hija y sus amigas”, concede. Una hija que precisamente estudia cine. 

De momento, la película y el cambio vital despertaron las ganas de Alejandra Naftal de revisitar el pasado, quizá escribir un libro de su historia pero vista con otros ojos, los de la que sobrevivió al horror siendo una adolescente, la que tuvo que exiliarse para poder recomenzar, la que volvió y encontró el camino a través de la cultura y la maternidad. La que con su saber hacer y su experiencia transformó el rincón en el que asesinaron a cientos de personas en un museo que es un ejemplo para el mundo de cómo reivindicar la memoria y la justicia. La Alejandra del fotograma, la que se asomó a la sala del Tribunal con un propósito y, casi cuatro décadas después, puede considerar que lo cumplió con creces.

NC

Miembro de la Cámara Federal que condenó a los ex comandantes de la última dictadura militar, ex ministro de Justicia y legislador por la UCR, hoy titular del Colegio de Abogados de la Ciudad, Ricardo Gil Lavedra publicó en estos días La Hermandad de los Astronautas (Editorial Sudamericana) un libro en el que vuelca su experiencia en el histórico Juicio a las Juntas.

“La hermandad de los astronautas” es una ocurrencia de Jorge Torlasco, uno de los seis miembros de aquella Cámara, ya fallecido, que, como cuenta Gil Lavedra, aludía a la convivencia de los jueces en una “cápsula espacial”, la Sala de Audiencias, con un destino fijado: hacer justicia. “No importa cuán fuertes fueran nuestras individualidades, nuestros disensos: dependíamos uno del otro y lo único que importaba era que la nave funcionara”, dice ahora.

El libro de Gil Lavedra viene a poner luz, casi sin proponérselo, sobre el contexto en el que se produjo el juicio a los ex comandantes, episodios (y protagonistas) que fueron relativizados o ignorados en la película Argentina 1985 de Santiago Mitre y que abrieron una discusión pública de la que el propio ex camarista participó. Entre otras cuestiones, el papel decisivo del ex presidente Raúl Alfonsín, el rol de la Conadep, la participación del Congreso en la construcción del marco legal y el propio lugar de los jueces en todo el proceso.

El trabajo de Gil Lavedra es relato de un hombre que asumió una responsabilidad fuera de lo común, la más importante que le tocó enfrentar en su vida, como confiesa. Es una anatomía del juicio que iluminó los horrores de la represión ilegal de la dictadura militar. Es también un relato apasionante, sin pretensión académica, destinado a que se recuerde qué fue lo que pasó y cómo la naciente democracia argentina asumió, en el breve plazo de 14 meses, en medio de un contexto político extremadamente difícil y todavía en llagas, la tarea de juzgar a los responsables de la represión ilegal.

Por el libro pasan aquel horror y las figuras siniestras de Videla, Massera, Viola y Galtieri, entre otros. Pero también hay lugar para un anecdotario de aquellas jornadas, en el que no falta la dimensión humana, e incluso, el humor.

Los otros integrantes de aquella Cámara fueron Carlos Arslanian, que la presidió, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz y Andrés D'Alessio, también fallecido.

-Hay dos dimensiones en el juicio, o varias. Una es la dimensión ética, su significación en el restablecimiento de la democracia y cómo cimentó de alguna forma el estado de derecho en la Argentina. Democracia y derechos humanos en la Argentina es prácticamente un sintagma, son lo mismo y el juicio a la juntas tuvo un rol significativo para que esto ocurra. Pero también hay otra dimensión, que es sobre la que pone luz el libro y es cómo fue posible que el juicio se hiciera. Desde el punto de vista político, por un lado, por el contexto que todos conocemos, por otro lado la cuestión fáctica, lo técnico. Era extremadamente difícil llevar a la práctica el juzgamiento de miles de casos, la conexidad entre ellos, establecer los distintos niveles de responsabilidad. ¿Cómo fue posible, cómo lo hicieron?

-A esta altura mirando a lo lejos, mirando para atrás, yo digo que era imposible, sinceramente. Mirando esto para atrás veo que fue una proeza. Porque los planetas se alinearon, sinceramente, cuando decidimos avocarnos (N de la R: asumir la responsabilidad del juicio) . En realidad fue una decisión muy difícil porque pudimos no hacerlo, y si no lo hacíamos no había juicio. Y no iba a haber juicio. Y que no hubiera juicio, si el juicio fracasaba en los inicios de la recuperación democrática, iba a ser un golpe durísimo para esa democracia incipiente. Entonces, nosotros pensamos que tenía que haber juicio y en cuanto decidimos tomarlo, asumirlo, nos encontramos con esa montaña de papeles. Bueno, entonces, cómo hacemos. Cómo lo armamos. Primera cuestión, se discutía qué regla debíamos aplicar. Porque se decía que un tribunal civil no puede aplicar las reglas del Código de Justicia Militar. Por lo cual la Cámara, se  avoca tiene que aplicar las reglas civiles, como decían muchos autores en ese momento, muchos académicos. Y nosotros lo discutimos muchísimo y tomamos ahí una primera decisión que fue clave, como fue no aplicar las reglas del procedimiento escrito de la justicia federal corriente en ese momento sino las del Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Porque en el Código de Justicia Militar, por más que fueran toscas -rigen en el campo de batalla, casos de horas, minutos- esas normas tenían la estructura de un juicio oral. Y nosotros pensábamos: el juicio oral nos va a dar rapidez y nos va a dar transparencia para que la prueba que se reciba la vea todo el mundo. Y no nos acusen. Hay que tener la puesta vista en ese momento: que no nos acusen de que inventamos las cosas, que todo eso no ocurrió. En aquel momento se hablaba de una campaña contra las Fuerzas Armadas, que el juicio era un invento, etcétera.

-Sobre la cuestión de la oralidad, hoy estamos acostumbrados a eso y nos parece natural que un juicio sea oral y público. Usted menciona en el libro que fue una cuestión estratégica la determinación de hacer el juicio en su formato oral. ¿Cómo fue que tomaron esa decisión, cómo fue que decidieron adaptar esa característica del Código de Justicia Militar al Código Penal? No había antecedentes de una cuestión así en la Argentina.

-No había antecedentes en nada. El juicio fue un juicio hecho a medida. Es decir, sin moldes previos. Lo fuimos hilvanando nosotros. Por las dos razones que mencioné. Una, la rapidez. Porque nosotros sabíamos que -y esto lo discutimos mucho- que si no lo hacíamos rápido no había juicio. Y es más, si no lo hacíamos rápido nos hubiéramos encontrado con la Semana Santa antes. Y en segundo lugar, la transparencia. La posibilidad de que, como dije, las pruebas sean ventiladas frente a todo el mundo. Y lo hicimos sin tener experiencia en juicio oral. Nunca habíamos hecho ninguno, yo tenía cero experiencia. Con lo cual nos zambullimos en la experiencia un juicio descomunal. Por suerte los defensores tampoco tenían mucha experiencia en juicio oral. El fiscal tampoco la tenía.

-El juicio está antecedido por ciertas vacilaciones del presidente Alfonsín, incluso de su parte de su equipo, de qué era lo más conveniente. Incluso siguió ocurriendo mientras el juicio transcurría. Alfonsín había trazado una estrategia por la que originalmente los ex comandantes serían juzgados por tribunales civiles y después se inclinó por un juicio en el ámbito militar. Se me ocurre pensar en que los melones se fueron acomodando solos, finalmente. Usted destaca el rol del presidente, el de la CONADEP, el del Congreso Nacional y el de la propia Cámara Federal para que esto fuera posible. ¿Cómo fue ese proceso?

-Una sucesión de circunstancias positivas. Alfonsín es el motor. Es el que toma la decisión de que haya juicio. Ahora, la estrategia inicial de Alfonsín la modificó el Congreso y para bien. Otra circunstancia afortunada. El Congreso le cambia a Alfonsín que en lugar de ser un recurso que tenía el Consejo Supremo a la Cámara, la Cámara podía controlar lo que hacía el Consejo y le podía sacar el expediente si cometía dilaciones indebidas. Y también el Congreso le cambió lo de la obediencia debida y dijo que esto no era procedente si los hechos eran atroces y aberrantes. Y todos lo eran. Con lo cual le rompió esa estrategia al Presidente. Es decir, el Congreso pone la base para que la estrategia de Alfonsín se pusiera en serio riesgo. Después lo hizo el propio tribunal militar, que no tuvo ninguna voluntad de juzgar, al contrario, es decir, el tribunal militar la última vez que nos mandó un informe dijo: “Mire, yo no sé cuánto dura esto, no les puedo dar plazos. Y aparte tenemos que establecer si cada una de las detenciones fueron correctas”. Es decir, querían investigar a los detenidos. Es decir que si el Congreso no hubiera dado esa facultad, sonábamos.

-En el Congreso se produce un giro, el giro del peronismo precisamente. Veníamos de un candidato como Italo Luder que convalidaba la autoamnistía, de la decisión del peronismo de no participar de la Conadep, por ejemplo. A la distancia ¿cómo ve esa secuencia en el peronismo, que va de la negación hasta incluso condicionar la estrategia de Alfonsín?

— Sí. Yo veo que lo que hizo el peronismo en la campaña electoral era lo normal. Era lo que era normal en el mundo y en la Argentina: “No hagamos nada”. Se dictó una norma, qué mal, pero reconciliémonos. Empezamos la democracia. Dejamos atrás esta etapa terrible y empecemos de vuelta. Eso es lo que hizo Luder. El peronismo estaba en esa corriente, no hay que revisar nada, sigamos adelante. Luego de las elecciones el peronismo gira, ojo, la anulación de la ley de autoamnistía se vota por unanimidad. O sea que ahí el peronismo acompañó. Lo que quería el peronismo era ir a recuperar protagonismo en el Congreso y entonces empujaba lo de una comisión bicameral. Alfonsín se lo da vuelta con la creación de la Conadep. Y yo creo que el peronismo comete un error histórico, histórico, cuando se niega a integrar la Conadep. Es como que le desconfían a Alfonsín. Es decir, ellos querían la bicameral y no la Conadep. Error grosero, la Conadep tuvo un resultado extraordinario e inauguró algo universal como son las comisiones de la verdad en el mundo. Y durante la discusión de las leyes, a diferencia del comienzo, el peronismo comenzó a correr por izquierda al gobierno y dijo “Justicia militar no, justicia civil”. Y todo lo que fuera a oponerse a la estrategia del gobierno.

-¿Ahí empezaron a tomar conciencia de que se les venía el juicio? Usted cuenta un almuerzo con los integrantes del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas que parece bastante risueño pero ya mostraba qué iba a pasar...

-Yo creo que después de ese almuerzo, cuando hablamos entre los camaristas dijimos: “Estos tipos no van ni para atrás ni para adelante”. Y pese a que el gobierno  -porque el gobierno insistió denodadamente en mantener la estrategia y yo esto desde la política lo entiendo-  aun luego de la sanción del Congreso insistió en que el Consejo Supremo lo podía hacer. Entonces los pobres mártires que estaban en Defensa, Horacio (Jaunarena), (Raúl) Borras, (Roque) Carranza, insistieron en tratar de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas funcionara. Y eso no iba a ocurrir nunca.

-Déjeme entrar en el juicio. Una imagen muy ilustrativa de la primera audiencia es cuando describe que cuando ustedes los jueces entraron a la sala y se ubicaron en el estrado, las piernas les quedaban colgando de los sillones, no llegaban al piso..

-Eran muy altos los sillones (risas).

-Claro. Es casi una manifestación de que estaban frente a una inmensidad. ¿Cómo fue ese entrar en “el túnel”, en esa cápsula de astronautas que hace referencia el título del libro?

-Bueno, cuando fijamos la fecha de la audiencia, el 22 de abril, yo no recuerdo días en mi vida que haya tenido tanta zozobra, tanta incertidumbre. Ese fin de semana yo creo que no dormí. Y cuando arrancamos… Ese día fuimos a almorzar todos juntos a La Emiliana, donde está ahora el Colegio Público (de abogados), en la calle Corrientes. Yo no paraba de moverme. Soy muy obsesivo. El Negro Ledesma dijo “yo me clavé un rivotril”. Tribunales tenía un aspecto terrible, estaba todo cortado. Carros de asalto de la policía por todos lados. Después de almorzar volvimos a la sala y con toda la tensión de que arrancamos no sabíamos qué iba a pasar. Es decir, no sabíamos si íbamos a poder manejarlo. Era una sensación abrumadora frente a una montaña en las que nos metíamos y bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Y en cuanto arrancamos nos encontramos el episodio de Hebe de Bonafini.

-Su rechazo a quitarse el pañuelo…

-Claro. Media hora estuvimos en la sala. Yo sentí un sudor frío por la espalda. Dije: “Cagamos. ¿Qué vamos a hacer? Entró el secretario y dijo: ”Fue el comisario y lo re puteó“. Obvio. Entonces bueno, entró Julio (Strassera) diciendo: ”Esta mujer no entiende razones“. Y entonces le dijimos: ”Mirá Julio, que no vaya la policía. Andá vos con Luis (Moreno Ocampo. El fiscal adjunto) y díganle que no vamos a empezar si ella no se lo saca“. Estaba en juego nuestra autoridad. Estaba desconociendo una norma que habíamos hecho también para evitar que se nos llenara la sala de uniformados. La verdad fue una media hora terrible. Incluso decíamos: ”¿Qué vamos a hacer si no quiere?. Tenemos que empezar el juicio“. Alguien dijo: ”Bueno, habrá que sacarla por la fuerza pública“. Un escándalo. Sacar a Hebe de Bonafini por la fuerza pública. Y Dios quiso que Hebe, una mujer dura,  difícil, nos diera una mano porque se sacó el pañuelo. Gracias, Hebe. Cuando vino el secretario y dijo: ”¡Se lo sacó!, ah….

-¿En qué momento sintieron que bajaban al Infierno?

-Con los “testigos del cautiverio”. Cuando empezaron. Porque ahí ya fue la realidad. Durante toda la primera semana eran testigos, aun el antropólogo  Clyde Snow,  que mostró la diapositiva del cráneo baleado, que terminó por dar origen a ese equipo fantástico que es el de Antropólogos Forenses, que ha ayudado tanto en la identificación. Tenemos que rendirle todos un gran tributo a esos chicos y chicas por esa tarea. Bueno, eso fue en la primera semana. Pero en la segunda semana, ahí fue cuando empezaron los testigos “en cautiverio”, y yo creo que fue el segundo día de la segunda semana. Ahí entramos directamente en el horror.

-Usted en el libro recorre casos desgarradores relatados por los testigos en cautiverio en los centros clandestinos de detención. En el momento de hablar de la ESMA, los describe como los “relatos de terror en el reino de Massera”, donde hubo niveles de perversión…

- Sí, porque la ESMA tenía una estructura similar a los otros, los secuestros, las torturas, y obviamente luego los asesinatos. Pero la particularidad que tenía era la recolección de colaboradores. La ESMA estaba inserta en el plan político de (Emilio) Massera. Entonces los detenidos iban siendo reclutados, manteniendo su condición de secuestrados, para ejercer tareas para Massera. Tareas políticas, escribían discursos, documentos. Hacían análisis de prensa. Y después toda esa cuestión de la perversión de las salidas. Eso que salían con las mujeres secuestradas a cenar, una cosa por el estilo. Eso era la impronta diferente, muy diferente que tuvo la ESMA.

-Sobre el comportamiento de los ex comandantes, es muy interesante volver a leer sobre cómo estaban ahí frente a los jueces, qué hacían. Hay cosas curiosas, como por ejemplo el cruce con alguno de ellos yendo al baño... Hay una cosa que me llamó mucho la atención y tiene que ver con el libro que leía Videla en una de las sesiones. Que usted cuenta, le llegó por medio de un familiar político suyo.

-Bueno, eso también revela –para cuando nos preguntan- en qué contexto se desarrollaba el juicio. El miércoles en la presentación del libro le preguntaron a Jorge Valerga por las presiones. Nosotros también vivíamos, teníamos nuestros amigos, nuestras relaciones sociales. Y en nuestros entornos familiares había muchos que estaban en contra del juicio a las juntas, muchísimos. En el caso del libro de Videla bueno, se trataba -no voy a revelar quién- pero se trataba de alguien muy, muy, muy cercano a mi esposa de entonces, muy católica. Y le hizo llegar un libro que se llama Las siete palabras de Cristo, que es lo último que dijo Jesús en la cruz.

-Hay fotos de Videla concentrado en ese libro, recuerdo.

-Sí, sí.. Ese libro dice por ejemplo “pobres aquellos que te juzgan”… Los juzgadores, que éramos nosotros. Pero bueno, eso en realidad no importa, es una anécdota. Pero revela también el medio en el que nos movíamos. Por supuesto, tanto en nuestras relaciones sociales como también en las familiares había mucha gente qué decía que bien lo que están haciendo y otras que no.

-¿Qué transmitían los ex comandantes sentados en el banquillo de los acusados? ¿Qué sensación recuerda haber tenido en el estrado?

-La sensación de ellos ahí sentados, nada. Yo los miraba y pensaba qué les pasaría por la cabeza a esos tipos tuvieron que soportar presentes toda la acusación. Estuvieron ahí diez días, una semana, lo que duró la acusación. En algunos momentos se incomodaron, en otros estaban impertérritos. Y eran distintos, algunos eran más respetuosos y otros eran más provocadores. Yo recuerdo que los más desafiantes eran (Roberto) Viola y sobre todo Massera. Massera se reía, hacía cosas. Después muchos de ellos estaban circunspectos. Todos por supuesto con respeto al tribunal. Y recuerdo las palabras de Massera, que nos increpa directamente. Dice: “¿Dónde estaban los que son ahora mis juzgadores? ¿Estaban con los terroristas? ¿Eran indiferentes? ¿Quién quería que ganara, nosotros o los terroristas?” 

-Recuerdo una frase del libro: “Habíamos decidido no tener miedo”…

-El miedo era no poder hacer. Tomamos la decisión y nos embarcamos y ahí sabíamos que teníamos que hacerlo. Que no teníamos margen. Por eso me gustó a mí tanto recordar la metáfora de Jorge Torlasco sobre la hermandad de los astronautas. Porque eso limó las diferencias entre nosotros. Éramos dos salas diferentes. Es decir, éramos personas diferentes. Digo dos salas diferentes porque la primera, que yo integraba era una sala muy armoniosa, todos paz y amor, y la segunda, la que integraban Ledesma, Valerga y Andrés, se peleaban todo el tiempo, era la disidencia. Y nosotros teníamos que armonizar entre todos. Los astronautas están encapsulados para poder llegar a su destino. Y eso fue, me parece, el espíritu de la Cámara. Teníamos miedo de aflojar y aflojar era fracasar. Teníamos que hacerlo y rápido. Y bien.

-Hubo otro tipo de presiones, fuera de las sociales y la de la sala de audiencias. Hay un encuentro de Alfonsín con la Cámara en el transcurso del juicio que es bastante revelador. Cómo Alfonsín menciona como al pasar su preocupación sobre si iban a continuar los juicios, contra oficiales y suboficiales involucrados en la represión ilegal. ¿Cómo evalúa a la distancia la manera como Alfonsín intentó saldar esa cuestión con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ya después de los alzamientos militares?

-A mí siempre me llamó la atención cuando el Congreso le cambia la estrategia a Alfonsín. Sobre todo lo que hace a la habilitación de nuevos juicios. Alfonsín no veta esa ley. Y tengo a través de Andrés D’Alessio un diálogo, me lo ha contado (Carlos) Nino, que Nino llamó por teléfono al Presidente desde el Congreso y le dijo: “Doctor, esto termina en un desastre”, cuando le meten la cuestión de la obediencia debida. Y Alfonsín dijo: “Bueno. Vamos a ver..”.

-Vamos viendo...

-Vamos viendo. Después viene el revocamiento, que yo creo que en el gobierno daba posiciones encontradas. Por un lado decían: “Se rompió la estrategia inicial, ¿qué va a pasar ahora?”. Y por otro lado, decían: “Bueno, a lo mejor con la Cámara…”. Pero siempre con la idea de que el juicio a los comandantes fuera el único juicio. Después, la expectativa del gobierno era que nosotros dijéramos algo sobre la obediencia debida. Y en esa cena hubo un comentario muy suave de Alfonsín en ese sentido.

-En la sentencia dicen todo lo contrario de lo que les insinuó Alfonsín. Lo que dicen es: “Señores, hay que empezar a juzgar…”

-Sí claro. Era el régimen legal. Y yo creo que eso fue un golpe para el gobierno. Alfonsín empezó a ver al año siguiente de qué manera retomaba. Mientras tanto seguía el malestar militar. Y probablemente ya las medidas que tomó al final, bueno… Tuvo que dictar después la obediencia debida. Dictarla él. Yo siempre señalo una cosa que es notable. La posición de Alfonsín, las medidas de Alfonsín de diciembre del 83 son revolucionarias. Pero esos mismos instrumentos cuando él quiere retomar esos instrumentos en el 87 ya son insuficientes.

-Él precisamente es el responsable de que eso fuera insuficiente, por la expectativa que había generado y por el giro que había provocado en la sociedad…

-Claro, él fue quien incorporó a la agenda pública la cuestión de los derechos humanos. Y se da cuenta. Tres alzamientos militares tuvo Alfonsín. Tres. Y los fue surfeando sin tratar de arriar demasiadas banderas y terminó entregando el gobierno con 40 oficiales superiores bajo proceso.

-Déjeme preguntarle por el fiscal Julio Strassera, sobre quien hace foco la película Argentina 1985 sobre el juicio. Usted lo recuerda casi amorosamente a Strassera. Cuenta su transformación y habla de él finalmente como “el paradigma del fiscal”. Háblenos un poco de Strassera.

-Bueno, la acusación era una parte central. No la única. La acusación está inserta dentro de toda la cuestión del juicio y del diseño del juicio. Porque en definitiva fue la Cámara la que posibilitó que el fiscal tuviera esas facultades. Julio era un funcionario bien, bien de tribunales. Un tipo de carrera judicial. Los fiscales de Cámara trabajaban con la Cámara casi de común, de consulta. Él venía a nuestros acuerdos, etcétera. Y cuando establecimos un papel distinto le dijimos: “Julio no podés venir más a nuestros acuerdos, acá no podés venir más. Nos vamos a separar. Nosotros vamos a tener esta función y vos esta”. El trabajo que hicieron afuera de la audiencia los chicos de la fiscalía fue bárbaro, un gran trabajo. Y Luis fue un gran coordinador. Pero en la audiencia Julio se comió la cancha. El tipo tenía enfrente a veinte defensores que hacían quilombo, nos hacían planteos. El tipo los enfrentaba, los arrinconaba. Por supuesto con tanta vehemencia que a Julio lo tuvimos que frenar en más de una oportunidad durante la audiencia. Yo creo que el alegato era una pieza extraordinaria. Él con la colaboración de Carlos Somigliana, que era un dramaturgo. Es un gran texto y lo dijo de una manera impresionante. Las inflexiones, el tono de la voz... Un maestro.

- En una entrevista que dieron en conjunto en TV les preguntaron a cada uno de ustedes por las penas. Y recuerdo que Ledesma dijo: “Yo hago un mea culpa por las penas”. Las penas, curiosamente, no son mencionadas en su libro, con excepción de las perpetuas a Videla y Massera. ¿Fue un olvido, fue una omisión deliberada?

-La sentencia fue un documento y sinceramente no me fijaba en eso. Quizás por la reflexión de que carece de importancia. Y explico en dos palabras por qué. No había dudas de las absoluciones y no las tengo hoy con las absoluciones. No había ningún hecho que imputarle a la última junta militar. Y además porque también juzgamos el caso como se juzgaba entonces en  Tribunales cualquier caso corriente, aplicamos los mismos criterios. Con lo cual no tengo dudas de eso. Respecto de los que sí fueron condenados pasamos toda una mañana discutiendo. Y debo decir que el Negro (Ledesma) y yo fuimos los que luchamos para que la punición fuera mayor. Pero, a ver: en el caso de Viola creo que la sentencia fue 17 años, 18 años, una cosa por el estilo. Yo no recuerdo ahora pero nosotros habíamos pedido que le pusieran 12. A (Armando) Lambruschini creo que eran 9 años; habíamos luchado para que fueran 12. Agosti fueron 4 años y medio y luchamos para que fueran 6, una cosa por el estilo. No recuerdo los números. Lo que sí recuerdo es que queríamos más y discutimos. Y finalmente cuando llegamos a ese consenso fue sobre la base de que no tenía mucha importancia, estábamos dentro de la escala. Y fíjese una cosa, la Corte las bajó más todavía. Es decir, quien ganó en la Corte no fue la fiscalía, fueron las defensas que bajaron un poquitito más las sentencias. La verdad ahora a mí no me importa que hubieran sido 9 o 12. Qué importancia tiene.

-Usted menciona que no había pruebas suficientes, es decir no podían condenar a Viola a cadena perpetua porque había alguna inconsistencia en la acusación de la fiscalía, ¿no?

-Bueno, esa es otra de las limitaciones del tema de los juicios de los hechos paradigmáticos. Los hechos paradigmáticos son un puñado de hechos que tratan de representar la responsabilidad de cientos. Y en el caso por ejemplo de Viola, le había quedado un homicidio imputado. Por supuesto que bajo la comandancia de Viola se deben haber cometido muchísimos más pero estas son las consecuencias, los precios que hay que pagar para hacer posible el juicio. Si uno escogía un puñado, nos quedó uno. Y yo me acuerdo que lo discutimos mucho el fin de semana o los días previos a la sentencia. Porque dependía de ahí que lo mandábamos a perpetua o no. Y la verdad la prueba no era buena. No era buena. Y bueno, y discutimos qué hacemos, qué hacemos, y dijimos: “Bueno, no podemos”. Era un hecho.

-Sobre estas cuestiones, recuerdo el caso del represor Luis Muiña, que está en uno de los testimonios del juicio. En 2017 la Corte Suprema, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión de Muiña en una causa de delitos de lesa humanidad. Generó una enorme polémica e incluso una movilización  obligó al Congreso a hacer un cambio en la legislación. ¿Cuál es su posición respecto de estas cuestiones?

-Es un tema por supuesto polémico. Pero yo creo que es inexplicable el beneficio del 2x1. Por muchas razones. Obviamente que no se puede aplicar retroactivamente una ley más gravosa. Pero hay muchas cuestiones distintas. Una el propio derecho internacional, el derecho humano respecto de los delitos de lesa humanidad en los cuales hay dos reglas: una, los juicios tienen que hacerse. es decir, no tiene que haber ni amnistía ni indulto ni prescripción. Y la otra es que las condenas deben cumplirse integralmente. No puede haber indultos. Y obviamente el 2x1 es una exención que la propia Corte ha asimilado al indulto en otros pronunciamientos. Y por otra parte en el momento que se sanciona la ley del 2x1 los juicios habían terminado. Es decir había concluido la persecución penal. Es una consecuencia ulterior cuando ya no estaba en vigencia la ley del 2x1 que los juicios se reinicien. Es decir, no estaba vigente la persecución penal cuando se sanciona la ley del 2x1.

-¿Considera entonces que fue un tropiezo de la Corte?

-Es una cuestión de derecho. Yo creo que los que votaron en aquel momento entendieron -y son jueces buenos y correctos- que es un punto polémico. Yo estoy en ese caso con los que votaron la minoría y obviamente luego de la sanción de la ley no cabe ninguna duda, con lo que sancionó el Congreso. 

-Otra cuestión tiene que ver con las prisiones preventivas de los militares y responsables de delitos que están siendo juzgados por delitos aberrantes. Hay una controversia también en relación a si deberían estar en libertad o no. ¿Cuál es su posición?

-Esto tiene que ver sobre qué garantías se da a los acusados de crímenes tan terribles. Y como yo dije lo que distingue los delitos de lesa humanidad de otros delitos es que tienen que hacerse los juicios y que las condenas tienen que cumplirse. ¿Gozan de las mismas garantías que el resto de los imputados? Bueno, yo creo que sí. ¿Tienen garantía de defensa? Por supuesto que sí. Derecho a producir prueba. Demostrar su inocencia, etcétera. ¿Y tienen a derecho que los juicios se terminen en un plazo razonable? Yo creo que también sí. En consecuencia yo creo que mantener en prisión preventiva encarcelada a una persona sin juicio no está bien. Porque yo también creo que los derechos humanos y las garantías individuales son para todos.  Los autores de crímenes aberrantes son seres humanos que tienen que gozar de las mismas garantías procesales que otros.

- Esta semana ha sido condenada la vicepresidenta Kirchner por defraudación al Estado ¿Cómo evalúa el veredicto en el juicio contra la expresidenta?

 -Es una pregunta cuya respuesta depende mucho de qué lado estás. A tanto ha llegado esto en la Argentina que o es un juicio arbitrario, injusto, que tiende a proscribir o la persecución política o por fin se hizo justicia contra la corrupción, etcétera. Yo creo que hay que tener una mirada más equilibrada en este sentido, bueno, no quiero hablar tanto del juicio a Cristina Kirchner, sino del tema de la credibilidad. En ese sentido creo que es una respuesta que tiene que tener matices. Es muy bueno que se haya hecho un juicio a alguien con poder. Todavía no tenemos los fundamentos con lo cual no sabemos cuál es la sostenibilidad o no del fallo.

-Como el juicio a las juntas, también es un caso sin precedentes en la Argentina...

-Sin dudas. Sin lugar a dudas. Y yo también creo que hay que perseguir la corrupción y a la vez con juicios que sean inobjetables. Y si un juicio tiene algún tipo de deficiencia tiene que corregirse por el propio sistema. Pero bueno, yo creo que hay que tratar de restablecer esta confianza y acá hay una tarea común entre todos. Que esto le cabe al poder político y le cabe también a los jueces. Los jueces tienen que ser conscientes de esto y tratar de legitimarse también a sí mismos.

-Han aparecido chats y audios comprometedores de un grupo de jueces con funcionarios y personas de influencia denunciados por “dádivas”. Está claro que esas son conversaciones del ámbito privado y fueron obtenidas de manera irregular. De cualquier manera muestran un grado de promiscuidad en gente sobre la que el ciudadano espera imparcialidad. ¿Cómo recibió eso? 

-Participo de su comentario. Hay un proceso abierto porque hay un tribunal que está investigando el viaje (de los jueces por invitación a Lago Escondido). Hay dos denuncias en el Consejo de la Magistratura. Por lo cual vamos a ver cómo se desenvuelve. Desde ya ha habido una violación ostensible a la intimidad e incluso hay negaciones sobre la autenticidad de los chats. Es decir, he visto o he leído declaraciones que dicen que los chats no son auténticos, que están editados. Toda hay una sombra de duda. Y respecto de la cuestión esta del viaje hay un tribunal abierto que está verificando.

-¿Y sobre el comportamiento de los jueces? Hay que esperar otra cosa en realidad de los jueces, ¿verdad?

-Sin referirme al caso concreto sin dudas los jueces tienen limitaciones en su comportamiento social. Hay unas reglas de ética judicial que son los Principios de Bangalore que dicen que el juez no es una persona cualquiera, es decir que voluntariamente tiene que aceptar limitaciones y restricciones para salvaguardar su integridad porque esta depende de la confianza pública. 

La nueva película de Santiago Mitre reabrió una polémica frecuente: ¿Cuánto se le puede exigir a una ficción? ¿Mucho, poquito, nada?

Es cierto que existe una diferencia entre una producción cultural o una obra de arte abstracta y una película que se inspira en un momento histórico determinado. Ante esta segunda opción se corren dos riesgos: pretender que la obra resuelva paradojas que ni la historia ni la política han resuelto o liberarla de toda crítica bajo la panfletaria consigna de ¡Aguante la ficción!

Porque también es verdad que muchos realizadores escriben como “partido político” y se defienden como guionistas. Es lo que sucedió —para tomar a un ejemplo lejano a nuestra “grieta”— con el Trotsky de Netflix: una versión muy distorsionada del pasado a la medida de los intereses políticos del presente. Sobre todo del presente de Vladimir Putin. Cuando el recorte adopta ribetes grotescos, falsea los hechos o hace propias interpretaciones desmentidas por la historia, merece que le caiga todo el peso de la crítica.

Además, el arte o la literatura tienen una especificidad que es de un orden diferente a la mera literalidad: existieron películas basadas en hechos reales que fracasaron estrepitosamente en la tarea de retratar una época mientras que otras que no partieron de ningún acontecimiento en particular lograron captar el espíritu de su tiempo.

Como sea, Argentina, 1985 es un recorte determinado tanto por la mirada de sus guionistas y realizadores como por sus condiciones de producción (por las formas que la industria impone al contenido). Un recorte ambivalente, como ambivalente es el acontecimiento al que se refiere: el Juicio a las Juntas.

Su mérito en la disputa por la memoria histórica es el necesario rescate de testimonios cruelmente memorables y un acontecimiento que, objetivamente, contrasta con una ofensiva negacionista muy activa en la actualidad.

Podemos pensarlo de esta manera: supongamos que Santiago Mitre y Mariano Llinás hubieran contratado a Los simuladores con el objetivo de que el testimonio de Adriana Calvo de Laborde llegase a un público amplio y que a los conducidos por Mario Santos cranearan la realización de una película semicomercial y hollywoodense, diseñada en la tradición cinematográfica estadounidense de los años ’40 y ’50 con un héroe antihéroe como protagonista porque configuraba una buena estructura para contar. Con ese material lograran convencer a algunos tanques de la industria cultural para que la financien y la película finalmente termina transformada en un éxito de taquilla. El plan muy probablemente nos hubiera parecido genial. Esa difusión despiadadamente didáctica para las nuevas generaciones que desconocen los hechos aberrantes justificaría todo lo demás.

Sobre la calidad de Argentina, 1985 ya se dijo y se escribió demasiado: los muy logrados momentos de tensión narrativa, el humor tan dosificado como necesario, la exitosa reconstrucción de una época o las célebres actuaciones.

Mucho más interesante que discutir la película (para algunos le sobra Strassera y “Strasserita” y le falta Alfonsín, para otros le falta política y le sobra “Juicio a las Juntas para gente común”) es debatir el acontecimiento histórico que repone. Tomarla como punto de partida y no como punto de llegada, intervenir sobre los efectos político-ideológicos que la película genera.

Cuando el poder perdió el juicio

El título ganchero del libro de Luis Moreno Ocampo que acaba de reeditar Capital Intelectual puede tener varias lecturas. La más literal es la que interpreta que el poder recibió un fallo contrario en los tribunales. Sin embargo, otra definición posible es que el poder perdió el criterio, la razón, que derrapó. Y algo de las dos cosas sucedió con el poder militar.

Porque la pregunta obligatoria que surge ante ese título es: ¿Qué poder perdió el juicio? ¿El poder de los comandantes de las tres Juntas?, indiscutiblemente; ¿el poder en general?, no tanto.

En su biografía no autorizada sobre Massera (Almirante Cero, Planeta, 2011), el periodista Claudio Uriarte fijó los límites estructurales del régimen surgido después del genocidio examinando el Juicio a las Juntas: “La paradoja del Juicio consistía en que se juzgaba a los ejecutores del Proceso pero no a los procesistas, a los jefes militares, pero no a los beneficiarios económicos y políticos directos o indirectos. Un Nüremberg en regla habría requerido el triunfo del bando enemigo, pero en la Argentina el único triunfo contra los militares lo había obtenido Gran Bretaña. Por eso el único juicio posible era el que las clases dominantes podían permitir: el que se hacía a una corporación que había permanecido en el poder mucho más tiempo de aquel por el cual había sido bienvenida, y cuyo independentismo y pretensión de protagonismo habían puesto a la Argentina al borde de ‘saltar del mapa’ con respecto a la pertenencia geopolítica a Occidente. No se juzgaba a la dictadura, sino al independentismo militar.”

Hacia principios de la década del ‘80 la tarea represiva estaba esencialmente terminada. Al quedarse sin objetivos —y cuando el gran saqueo nacional se combinaba con el “pequeño saqueo” de los Grupos de Tareas—, los militares se lanzaron a la aventura de Malvinas. La vergonzosa derrota fue su último acto.

Más importante que el trillado “el fin justifica los medios” es el interrogante en torno a qué justifica el fin. Cuando se alcanzaron los objetivos originales del proyecto político-económico de la dictadura, cambiaron los fines y los medios se tornaron obsoletos: del enfrentamiento a una insurgencia obrera-popular y el reformateo regresivo de las relaciones sociales del país a la consolidación de un nuevo orden sobre la base de otra configuración de fuerzas.

Uriarte con un ensayismo elegante, Alejandro Horowicz con mayores referencias teóricas o Rodolfo Fogwill con una imprudencia provocadora indagaron alrededor de un tabú fundacional del orden posdictatorial: la victoria económico-social del “Proceso” en medio la derrota personal de los comandantes. Contrariamente a lo que afirmó Emilio Eduardo Massera en su alegato de defensa, la dictadura había triunfado infligiendo una derrota al cuestionamiento revolucionario de la sociedad y el régimen democrático había condenado al brazo ejecutor sin inculpar a los beneficiarios económicos. Que los ciudadanos hayan reemplazado a las clases en los discursos políticos hegemónicos era el símbolo de esa derrota cultural.

Porque la tan mentada “banalidad del mal” puede ocultar su reverso: la banalidad del bien. Aquella que borra las especificidades y los matices y ubica a todos en lugar de víctimas. Pareciera que en 1983 se hizo borrón y cuenta nueva y todos, con excepción de un núcleo de militares, pasaron instantáneamente al campo de los demócratas de la primera y la última hora. Incluida, por ejemplo, la larga lista de intendentes civiles que la dictadura conservó en sus cargos o convocó después del 24 de marzo de 1976 y que gobernaron 1.697 municipios: 301 (35%) aportados por la Unión Cívica Radical; 169 por el Partido Justicialista (19,3%); 109 por los Demócratas Progresistas (12.4%); 94 por el Movimiento de Integración y Desarrollo (10.7%); 23 por neoperonistas (2.7%) y 78 por fuerzas federalistas provinciales (8.9%). O el aparato judicial que juró prácticamente en su totalidad bajo el estatuto del “Proceso” —algo de esto sugiere la película cuando Darín-Strassera busca colaboradores y se encuentra con que muchos, sino la mayoría, son “fachos”— o la cúpula eclesiástica que bendijo en el infierno. Y por supuesto, los beneficiarios más importantes: las clases dominantes.

El Juicio fue el producto del embate popular —continuidad de una resistencia heroica y una reacción ante el desastre de Malvinas— contra un régimen en descomposición, pero a la vez tuvo un límite temporal y uno físico. El límite temporal fue un “punto final” hacia atrás: el 24 de marzo de 1976, todo lo acontecido anteriormente (y había muchos muertos en ese placard de la historia) no era materia juzgable. El límite físico fueron las puertas de las fábricas y empresas: fuera de la propiedad privada todo, dentro de la propiedad privada nada.

El argumento principal de la defensa de los integrantes de las primeras tres Juntas fue que los militares se habían limitado a cumplir las órdenes de guerra dictadas por el gobierno constitucional que ordenaban aniquilar el accionar subversivo (decretos 2770, 2771 y 2772). Argentina, 1985 muestra esto cuando Ítalo Luder explica ante el tribunal que “aniquilar ”(una palabra con una carga demasiado específica, distinta por ejemplo a “derrotar” o “vencer”) quería decir algo muy distinto a… aniquilar. Los jueces aceptaron la versión.

Sobre el límite físico, el guionista y director de cine Jonathan Perel estrenó en 2021 el documental Responsabilidad empresarial en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Se basa en un informe de dos tomos (publicado por el propio Estado argentino), pero que, según la definición del mismo Perel, se difundió de manera muy limitada. Difícil que llegue al Oscar y no sólo por razones estéticas o de financiación. Allí muestra una extensa lista de casos en los que se comprobó la participación empresaria en los secuestros, torturas y desapariciones en lugares tan disímiles como los ingenios La Fronterita y Ledesma en Jujuy; la empresa de transporte La Veloz del Norte (Salta); Acindar en Villa Constitución (Santa Fe); Dálmine Siderca en Campana (Buenos Aires); Astilleros Astarsa en la zona norte del Gran Buenos Aires; las cerámicas Lozadur y Cattáneo; las autopartistas Ford, Mercedes Benz, Fiat y Grandes Motores Diesel (Buenos Aires y Córdoba); Bunge&Born y Grafa en Capital Federal; Astilleros Río Santiago en Ensenada, Petroquímica Sudamericana y Swift en La Plata; Alpargatas (en Capital, Buenos Aires y Tucumán); Molinos Río de la Plata y Loma Negra (en Olavarría y Barker) y hasta en el diario La Nueva Provincia (Bahía Blanca). El documental define la insuficiencia del concepto de “complicidad” y la pertinencia de la definición de responsabilidad directa. Los mecanismos fueron similares: trabajo conjunto, facilitación de información personal de los empleados, detenciones en los lugares de trabajo, uso de los predios para la represión, aporte de materiales, equipamiento, personal, logística y fondos en dinero.

Esto no fue (no podía ser) materia juzgable en el Juicio: el empresariado, la famosa y nunca bien reputada burguesía argentina fijó los límites de lo juzgable. Cualquiera puede afirmar lícitamente que “lo burgués no quita lo valiente” —puede observarse en Argentina, 1985 con las amenazas que recibieron diariamente fiscales y jueces—, y la sentencia es tan cierta como que lo valiente no niega los estrictos límites de clase.

En ese marco, la reconstrucción histórica en términos políticos fue sustituida por la crítica a los métodos, la instauración de un terror aleccionador que buscaba un disciplinamiento social, por la condena a una “respuesta desproporcionada y brutal” de origen.

El 2001 rompió el “techo de cristal” de esa forma de democracia de la derrota y abrió un horizonte a nuevas posibilidades que fueron desde la reapertura de los juicios, la derogación de las leyes de impunidad y algunas condenas emblemáticas que reconocían el plan sistemático y el genocidio. Pero esa es otra película.

El juicio al pasado

Hace algunos años, el historiador italiano Enzo Traverso exploró la operación político-ideológica que transformó a los vencidos en meras víctimas que, en esencia, son pasivas. Se basó en el libro La memoria del Holocausto en la edad global de Daniel Lévy y Natan Sznaider. Allí destacaban la dimensión cosmopolita en la memoria del Holocausto y el rol jugado en el proceso de construcción de una memoria global del siglo XX, caracterizada como una época de víctimas. Una operación similar tuvo lugar en aquellos años en nuestro país y el primer prólogo al Nunca más en la acentuada prosa del Ernesto Sábato, así como el alegato de Strassera formaron parte de esa narrativa. No se trata de negar la condición de víctimas, sino de reducirlas sólo a esa condición mediante un ejercicio de “angelización”. La veneración de la memoria —dice Traverso— terminó superpuesta a la historia o, incluso, absorbiéndola. La “memoria de las víctimas” reemplazó a la “memoria de las luchas” y el testimonio a las conclusiones políticas. Muchos sujetos quedaron escindidos de sus compromisos, de sus apuestas y de sus objetivos. Es decir, despojados de una politicidad que era parte esencial de su vida misma. El ensayista Eduardo Grüner escribió —desde esta perspectiva— que los adverbios “nunca más” (carentes de objeto y sujeto) podían significar tanto una plegaria como una amenaza.

La memoria en el sentido profundo del término es el derecho a la verdad histórica y tiene que batallar no sólo contra las mentiras, sino también contras esas “memorias” que son una forma de olvido. Porque en definitiva, toda memoria es política.

CC

Aquel hombre llamado Julio César Strassera era ojeroso, de mostachos negros, a veces con el pelo como de estatua por la gomina, otras con el jopo derrotando fijadores y cayéndole sobre el ojo derecho. Parecía estar siempre en guardia, erizado, salvo cuando el cansancio le iniciaba querellas densas. Una vez llegué a la Fiscalía después de la hora del almuerzo, no había nadie en la antesala, seguí viaje hacia su oficina y lo encontré dormido en el sillón de cuero de un cuerpo que en esos momentos le funcionaba como un recurso de amparo. Había reunido méritos suficientes como para ser la persona más amenazada del país pero estaba solo y durmiendo cual bebé a merced de cualquier cosa. Hasta de un periodista. No sé si soñaba. Tal vez era al revés: sus sueños y sus pesadillas en esos días transcurrían cuando estaba despierto. 

Después supe que los brotes de cansancio provenían no solo de todo lo que estaba haciendo y deshaciendo durante el juicio, sino también de un enemigo interno que enfrentaba con terquedad e insulina: la diabetes.

Estaba siempre de traje, pero creo que lo que más le gustaba era andar de blazer azul, camisa blanca, alguna corbata que no desafinara, pantalón gris, zapatos negros y trajinados. Cada día al saludar, alargaba el “hola” como si estuviese sorprendido de que la otra persona anduviese por allí, lo que podía traducirse como un gesto de afecto. Cuando estaba en vena, después de unos segundos para encender un cigarrillo y mirar alrededor, largaba la charla: ¿vio lo que pasó con Fulano? ¿y lo que dijo Mengano?

Más o menos así comenzaba unos monólogos sobre la actualidad en los que se iba retroalimentando de broncas, abría los brazos, sacudía la cabeza negando que la gente (políticos, periodistas, abogados & afines) pudiera hacer o decir semejantes barbaridades, burradas o cosas peores. Gesticulaba como un actor de película italiana, y podía terminar despotricando con resonancias desde metafísicas hasta sexuales, antecedente de lo que Roberto Fontanarrosa definiría en el Congreso de la Lengua de 2004 como “función terapéutica de las malas palabras”, para las que solicitó formalmente una amnistía: “Las vamos a necesitar”, dijo aquel sabio. Siempre me pareció que para Strassera eran una terapia doble: contra cosas que lo fastidiaban, y contra cierta melancolía. Cuando le bajaba esa espuma una de sus muletillas era decir, mirando el piso: Qué se le va a hacer.

Con el tiempo supe que varios de sus amigos temían que en el propio juicio el temperamento y el diccionario le hirvieran como cuando estaba en confianza, pero eso no ocurrió. La película de Santiago Mitre le adjudica gestos un tanto procaces hacia los abogados como forma de sacarlos de quicio (algunos no necesitaban mucha ayuda), cosa que no alcancé a ver pero que no puede descartarse según cierto anecdotario que me contaron sus entonces (aún) jóvenes colaboradores: algunas veces llamaba a personas conocidas haciéndose pasar por un militar hasta que le preguntaban quién era y contestaba cosas como “el capitán Poronga”, antes de colgar, cual versión jurídica del doctor Tangalanga. Alguna vez se agenció un revólver de juguete, de cebita, con el cual recibió en su despacho, apuntó y le disparó a un periodista que andaba por allí.  

Por esas cosas, así como al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo lo llamaban secretamente “Oso” por su aspecto, el elenco joven de la Fiscalía bautizó a Strassera –según la jurisprudencia quinielera– “22”  o directamente “Loco”. Por supuesto que no se lo decían en la cara, pero el propio fiscal relató su encuentro con Raúl Alfonsín en el cual el entonces presidente le recomendó, frente a todo lo que implicaba el juicio: “No se vuelva loco, doctor”. A lo que él contestó: “Demasiado tarde, señor presidente”.      

La contracara del histrionismo le afloraba al hablar del juicio. Lo hacía con una pasión fría, enorme conocimiento y buscaba la exactitud en cada argumento como preparándose para la Sala de Audiencias. No existían los juicios orales en el país, pero Strassera desde el primer día se mostró en la Causa 13 dueño de una asombrosa soltura y claridad y de una aplastante potencia de ideas. El alegato que hoy sigue impactando a través del cine fue una muestra.

En el día a día era frecuente verlo oscilar en el doble juego de atender a la otra persona, escucharla y a la vez estar con la cabeza en otra parte: no le faltaban situaciones a las que volaban sus pensamientos. Pero apenas volvía de esas escapadas mentales le gustaba conversar, preguntar y compartir. Con el grupo de la Fiscalía eso significaba terminar las jornadas de trabajo yendo a alguna pizzería de la zona de Tribunales a comentar todo lo que estaban viviendo. Strassera estaba construyendo así confianza, grupo de trabajo, tal vez compañía y por eso compañerismo con chiquilines 20 o 30 años menores.

En el afán de conversar, una vez llamó a mi casa en esas eras geológica de teléfonos fijos regenteados por Entel. Había pasado la medianoche, yo estaba de viaje. Claudia Acuña (periodista, que ya ejercía la curiosa actitud de soportarme) lo atendió y estuvieron charlando durante un par de horas sobre artículos periodísticos que consideraba injustos, maniobras políticas insondables, conspiraciones reales y cuestiones que él parecía navegar, como nos pasa a tantos, entre algunas certezas y demasiadas incertidumbres.      

Tenía la mirada siempre inquieta y los dedos de la mano derecha color nicotina en esos tiempos de tabaco a mansalva. En la Sala de Audiencias estaba prohibido fumar, salvo para los fiscales, los jueces y los acusados que presenciaron el alegato sin mirar a Strassera. Videla vestía traje gris con el libro Las siete palabras de Cristo, de Charles Journet. El lente de un reportero gráfico nos permitió detectar que leía los capítulos “En el Paraíso” y “Reflexiones del Apocalipsis”. En los pasillos Strassera dijo después, como espantando con la mano un mal augurio: “Que lea lo que quiera”.

En una de esas jornadas, al entrar los militares, Videla pasó junto a Strassera que estaba de espaldas y le dio un empujón con el hombro, como corriéndolo del paso. Strassera no entró en la provocación, ni mencionó nada públicamente al respecto. Unos días después, tras la intervención de la defensa de Massera (que luego diría “mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia, y es allí donde se escuchará el veredicto final”), el fiscal salió apurado: “La audiencia terminó puntualmente así que llego justo, me está esperando mi señora para ver una ópera muy adecuada para estos tiempos”. Cruzando Plaza Lavalle, en el Teatro Colón, se presentaba una obra de su amado Richard Wagner: El ocaso de los dioses.

Las amenazas fueron un tema recurrente desde comienzos del juicio. Buscaban crear un clima de miedo dirigido principalmente a las personas que iban a testimoniar, y a quienes trabajaban en la Fiscalía. Strassera simulaba no prestarles atención. “Tenemos demasiado trabajo como para estar pensando en eso”. Una vez, sin embargo, lo planteó públicamente durante la audiencia: “Los vencedores de la guerra contra la subversión llamaron para proferir amenazas contra la Fiscalía” dijo ante los jueces.

La llamada había sido atendida por una de sus colaboradoras. “Dígale a Strassera que en el plazo de 48 horas va a ser ejecutado” dijo un hombre que intentaba distorsionar su voz. Mecánicamente, entre el miedo y la inocencia, ella preguntó: “¿De parte de quién?”. Respuesta: “Del comando tricolor”. A partir de entonces resolvieron responder a esos llamados informando que  las amenazas se recibían solo de 8 a 9. El fiscal intensificaba su terapia de las malas palabras. La policía les había dicho a los jueces que no creían que pasara nada, pero que era prudente no subirse al auto con él.    

Para Strassera lo peor fue cuando una mujer increpó a su hija Carolina (16 años) que había ido a Sanidad Escolar a buscar un certificado de salud. La mujer oyó el apellido de la niña, la esperó a la salida, la insultó y le dijo que a su padre tendrían que matarlo. “Esa es la mentalidad cobarde que sustenta las atrocidades que ocurrieron en el país” me dijo él días después.

El 18 de septiembre de 1985 fue el cierre y explosión de la presión de seis jornadas de alegatos y cinco meses de testimonios para los que no alcanzan los adjetivos, en lo que el fiscal definió como “el mayor genocidio de la joven historia de nuestro país”. Meses palabras que mucha gente no había querido creer: secuestro, picana, desaparición, fusilamiento, robo, fosas comunes, clandestinidad, vuelos de la muerte, robo de bebés. Los cinco canales de televisión que había entonces solo podían transmitir imágenes. Lo que ocurría en las audiencias se conocía principalmente por las crónicas de los diarios y de las radios.

Ese mediodía, antes del cierre del alegato, Moreno Ocampo estaba en el despacho ajustando su intervención. Strassera había hecho correcciones y agregados durante la mañana. Una de sus colaboradoras, Judith König (21 años) las pasaba en limpio, incluyendo la frase final. Moreno Ocampo mandó pedir un sándwich de jamón, tomate y huevo, aderezado con humor negro: “¿Y si está envenenado?”. Strassera llegó de su almuerzo con una teoría: “Mi popularidad decrece, recién una señora me dijo algo feo, pero no voy a pedir condena contra ella”. Le propinó una frase del Quijote a Moreno Ocampo, que seguía escribiendo: “A quien has de castigar con obras, no maltrates con palabras”. Llegaron su esposa Marisa Tobar y su hijo Julián, y a las tres de la tarde todos se dirigieron a la Sala de Audiencias.

El trueno que estalló con forma de ovación cuando Strassera dijo “nunca más”, dejó a ambos fiscales clavados en sus asientos, mirando y escuchando ese momento que incluyó el cruce de insultos entre algunas personas en las gradas y Viola. Videla, de pie, miraba estático, provocativo, al público que ovacionaba. La sala se desalojó pacíficamente.

En el hall llegaron los abrazos y las lágrimas. El fiscal dijo, pañuelo en mano: “Me estoy poniendo viejo”. Allí estaba también empapada mi supuesta objetividad periodística tras haber aprendido en esos días mucho sobre la subjetividad en este oficio, y en esta vida. Quienes se emocionan con la excelente película de Santiago Mitre sabrán entender cómo impactó eso en quienes pudimos presenciar todo a cuatro metros de distancia. La potencia de lo ocurrido en 1985, sus alcances prácticos, políticos, éticos, vitales, es la que Mitre nos pone delante de las narices y en colores para discutir en tiempo presente; intuyo que es una de las causas del modo en que ha sido recibida.

Unos minutos más tarde la Fiscalía fue sede de un primer festejo privado del cumpleaños número 52 de su titular, con sándwiches y champán.

Al día siguiente volví a Tribunales y allí andaba Strassera solo, de saco azul y pantalones grises, las manos en los bolsillos, un cigarrillo asomando sin fuerza bajo el bigote, la mirada barriendo el piso. Alargó el “hola” y me contó: “No tenía que venir, pero después de todo lo que ha pasado esto es como un imán. Qué se le va a hacer”. Anduvimos por el hall, me mostró luego en su escritorio un libro que le habían regalado sobre otros laberintos: El nombre de la rosa, de Umberto Eco. “Lo que más me preocupa ahora son los chicos. La mayoría de la gente que ha colaborado con nosotros no es de la Fiscalía, y no sé qué van a hacer”. Me contó que la noche anterior todo el equipo había ido a su casa a continuar el festejo: “Se quedaron hasta las 4 de la mañana. Fue muy lindo”. Levantó los hombros con media sonrisa: “Qué se le va a hacer”.

Es una frase llamativa. Quienes la pronuncian lo hacen con un tono de resignación, o como una pregunta que insinúa que en realidad no hay nada que hacer. Para él era una muletilla que desobedeció en ese 1985: demostró mucho de lo que sí se podía hacer con respecto a algo que parecía imposible y que fue inédito en el mundo.

Después, fue crítico de la sentencia por las absoluciones y penas bajas (salvo Videla y Massera, condenados a perpetua y quizá Viola, a 17 años). Escuchó el fallo leído por Carlos Arslanián sin dejar de fumar, inclinándose poco a poco sobre su escritorio cuando empezó a escuchar las absoluciones. Adriana Calvo y Hebe de Bonafini se pararon y se fueron de la sala. Adriana dijo con una sonrisa nerviosa. “Es una vergüenza”. Lo que Strassera rescató luego fue el Punto 30 del fallo que ordenaba seguir investigando a los autores materiales de los crímenes. Años después no estuvo de acuerdo con las leyes de Obediencia Debida y Punto final, y mucho menos con los indultos menemistas que lo llevaron a renunciar del cargo diplomático en Ginebra que le había asignado el gobierno radical. Abrió un estudio de abogados en la calle Callao con algunos de sus ex colaboradores.

Voy hasta allí con los recuerdos, casi como la película. Nos cruzamos algunas veces pero cada uno siguió con su vida. No hablé con él en momentos en que cayó o se metió en la grieta haciéndole aflorar un tipo de actitud que hubiera querido no ver ni escucharle.  Elijo recordar que lo impensable puede ocurrir. Que personas que ecualizan corazón y cerebro pueden generar hechos inesperados. Y justos. Que las voces que nunca habían sido escuchadas y sí perseguidas, reprimidas, censuradas, invisibilizadas, clasificadas como “locas” en plena dictadura, eran las únicas que habían tenido razón desde siempre. Que esa fuerza social, sumada al Nunca Más y al propio juicio, generó también todo lo posterior que llevó a que en el país haya 1.088 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en 286 causas, 14 juicios orales en desarrollo,63 casos elevados a juicio y 274 en etapa de instrucción. 

No sé si Strassera fue un héroe, pero al menos en 1985 hizo lo suyo para ganarse ese protagonismo que no usó para hacer carrera, fama, ni panelismo televisivo. Algunos colegas lo han descripto como un santo, posible efecto de los consumos problemáticos también en este oficio.

Los héroes –creo que Julio estaría de acuerdo– fueron los testigos, los familiares, las madres y abuelas, padres (como Emilio Mignone entre otros), la gente que desde siempre denunció en soledad, marchó en soledad, y hasta desapareció en soledad. Personas que nunca se resignaron. Eso me despertó desde entonces una pregunta: ¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos actuales? La violencia estatal, sus víctimas, las desapariciones y tormentos, los femicidios que en muchos casos son también responsabilidad del Estado, los crímenes ambientales, los sistemas de control social. Las nuevas tecnologías de la miseria planificada, en términos de Rodolfo Walsh. Las lógicas que aniquilan, empobrecen, contaminan, someten, violan y amenazan demasiadas formas de vida. Otras personas locas –ignoradas o silenciadas metódicamente– son las que hoy reflejan la cordura, las que simbolizan lo que antes simbolizó el juicio: nada más que la verdad. ¿Sabemos escucharlas? ¿Vemos quiénes son? ¿Percibimos dónde está hoy germinando la resistencia y la potencia social que no se resigna a la muerte?

Me quedo con esas preguntas y con la imagen de aquel hombre que sin proponérselo quedó ubicado en un lugar crucial y logró la hazaña de hacer lo que correspondía. Nada menos: escuchar, pensar, sentir y actuar rebelándose contra la resignación del “qué se le va a hacer” que a veces murmuraba con las manos en los bolsillos, la mirada barriendo el piso y el cigarrillo humeando bajo el mostacho.

SG

“Qué suerte tenerlo de vuelta en su país”. Raúl Alfonsín acertó al saludar con esas palabras a Robert Cox el 8 de diciembre de 1983. El invitado especial a la asunción del presidente radical había sido un niño protegido en un refugio de Londres bajo los bombardeos de la Luftwaffe y un joven que combatió con bandera británica en la Guerra de Corea. Con Estados Unidos, su lugar de residencia entonces, tenía un lazo inquebrantable forjado durante los años de terror. Pero para Cox, el exdirector del Buenos Aires Herald, el esposo de Maud, el padre de cinco hijos porteños, el hombre que había desembarcado en Buenos Aires a sus 25 años sin hablar castellano, su país, el verdadero país de su mente y su corazón, era la Argentina.

El Cox de 50 años que asomaba por pocos días a la primavera alfonsinista tenía una mirada sobre la dictadura diferente de la de aquél que había partido cuatro años antes junto a su familia, acosado por los represores y la insidia de la mayoría de sus colegas editores.

Hasta la escalerilla del avión que lo transportó al exilio, el 17 de diciembre de 1979, Cox creía que el Proceso había derivado en un bando portador de intenciones civilizatorias y democráticas, encabezado por Jorge Rafael Videla, que soportaba los embates de los represores despiadados (Emilio Eduardo Massera, Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Guillermo Suárez Mason, Ramón Camps). Los cuatro años de exilio habían llevado a Cox a construir una mirada cabal, más realista, sobre la dimensión del terrorismo de Estado.

No bien se fueron, los Cox giraron por casas de su familia y amigos, congresos y becas, hasta que se asentaron en Charleston, Carolina del Sur, donde dirigía su imperio económico Peter Manigault, el accionista mayoritario del Herald. En Estados Unidos, Cox se acercó todavía más a la experiencia de otros exiliados, como el exdirector de La Opinión Jacobo Timerman, y reforzó su vínculo con organismos de derechos humanos argentinos e internacionales. Le provocó repulsión el antisemitismo y el macartismo para desmerecer las denuncias de Timerman, proferidos, entre otros, por varios afiliados a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). No se dejó tentar por los cantos de sirena de quienes jugaban a dos bandas, como los jefes de La Prensa Jesús Iglesias Rouco y Manfred Schönfeld.

“Querido Walter”

Hacia fines de 1983, la figura de Videla estaba desmoronada para Cox, y con igual dureza juzgaba la política económica del régimen. Bajo una mirada desprovista de autoindulgencia había caído Guillermo Walter Klein, su ex íntimo amigo y segundo de José Alfredo Martínez de Hoz. Los juicios severos de Cox, expresados en cartas y diálogos, no eximieron a familiares y allegados que lo habían dejado solo cuando los militares lo acusaban, y hasta periodistas del Buenos Aires Herald.

“Mi gran temor, querido Walter, es que un día seas cuestionado (quizás por uno de tus propios hijos) sobre si sabías que miles de personas fueron asesinadas y sus cuerpos desaparecidos de varias maneras por el Gobierno para el que vos trabajabas”, le había escrito el periodista exiliado a Klein un tiempo antes.

Si Argentina era el país de Cox, el Herald era su casa. El primer año de exilio, 1980, sintió que su sucesor interino, James Neilson, había desdibujado la política editorial de defensa de los derechos humanos, sin abandonarla. A fines de 1981, creyó que los responsables del diario en Buenos Aires directamente lo habían traicionado. Le indignó que borraran su nombre de la página ocho, que hasta entonces había permanecido acompañado del paréntesis “(de licencia)”.

Mi gran temor, querido Walter (Klein), es que un día seas cuestionado (quizás por uno de tus propios hijos) sobre si sabías que miles de personas fueron asesinadas y sus cuerpos desaparecidos de varias maneras por el gobierno para el que vos trabajabas

En los meses de Malvinas, Cox llegó a pensar que los editores a cargo (Daniel Newland, Andrew Mc Leod y Ronald Hansen) estaban haciendo “el diario de Massera”. El juicio —injusto, a la luz del contenido del periódico— fue compartido grosso modo por Andrew Graham-Yooll, exiliado en 1976 y enviado especial de The Guardian a Buenos Aires desde el 3 de abril de 1982, y Neilson, quien vivió en Uruguay durante la guerra.

Los días de diciembre de 1983 fueron ocasión para que la distancia de Cox con el Herald y con Neilson en particular se tornara abismal.

Neilson se definía como un conservador, por lo tanto —en sus términos—, contrario a secuestros nocturnos y picanas, y favorable a los procesos judiciales. Contra viento y marea, defendía a Martínez de Hoz en las páginas del Herald de la democracia y apuntaba ironías contra Alfonsín. Y también reclamaba el juzgamiento de las Juntas Militares, sin dilaciones ni atajos de impunidad.

Así llegó el Herald a 1985. Con problemas económicos que amenazaban su continuidad —como casi toda su vida de 141 años—, manejo autónomo del accionista local Kenneth Rugeroni y vaivenes editoriales entre enarbolar la gesta de haber denunciado a un régimen cuyo surgimiento había auspiciado, el retorno a un diario conservador y antiperonista clásico, o el apego a las bases comunitarias. Por lo pronto, de los integrantes de la redacción bajo la dictadura, quedaban pocos.

Cita en tribunales

Para Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, conseguir el testimonio de Cox era crucial. La meta de los fiscales del Juicio a las Juntas era probar el vínculo entre los jerarcas militares y los miles de desaparecidos y torturados, de modo de echar por tierra la excusa de que la masacre había sido obra de subordinados descarriados. Por ello era de gran valor la palabra de un testigo que había recorrido despachos oficiales para reclamar por desaparecidos entre 1976 y 1979, al que algunos represores, primero, consideraron propio, y luego intentaron utilizar para difundir la idea de los “excesos”.

Cox era una prueba caminante. Había salvado vidas denunciando desapariciones en coincidencia con visitas internacionales a Buenos Aires; otras veces había optado por gestiones discretas y confidenciales en despachos oficiales. Un ejemplo: el abogado uruguayo Juan Pablo Schroeder, abuelo paterno de Máximo, Victoria y Gabriela, de 3 meses, uno y cuatro años, recuperó a sus nietos porque Cox puso la foto de los niños en tapa, en mayo de 1976. El periodista cosechaba cartas y diálogos con decenas, cientos de familiares de víctimas que habían acudido a pedirle auxilio. Había grabado su reclamo por los desaparecidos en una conversación desquiciante con el general Albano Harguindeguy, ministro del Interior del régimen. Tejió una red con embajadas, la CIDH y organizaciones como Amnesty que le sirvieron para documentar, denunciar y, al mismo tiempo, salvar su propia vida. Cox tuvo amables conversaciones con Videla y escuchó de boca de Massera una amenaza de muerte directa en 1979.

El abogado uruguayo Juan Pablo Schroeder, abuelo paterno de Máximo, Victoria y Gabriela, de 3 meses, uno y cuatro años, recuperó a sus nietos porque Cox puso la foto de los niños en tapa, en mayo de 1976

El periodista fue citado a declarar en el Palacio de Tribunales el viernes 26 de abril de 1985. Llegó a Buenos Aires a comienzos de esa semana y se alojó en el domicilio de William Montalbano, amigo cercano, corresponsal de Los Angeles Times.

En esos días, Cox se encontró con Moreno Ocampo, pero una reunión sobresalió sobre otras. Lo buscó Patricia Berninsone, hija de Juan Berninsone, un técnico químico que trabajaba en una subsidiaria de Monsanto y fue asesinado por la dictadura en abril de 1976. La desaparición seguida de muerte de Berninsone fue la primera que Cox conoció de manera directa y es citada, hasta hoy, como el caso que disparó su sospecha de que la dictadura había iniciado un plan de exterminio.

Videla llevaba días como presidente de facto y la suegra escocesa de Berninsone llamó al Herald para corregir el aviso fúnebre. La atendió Andrew Graham-Yooll. Una voz aterrorizada esbozó lo que había ocurrido. Graham-Yooll y Cox se trasladaron a Zárate para escuchar el relato en primera persona. Se llevaron el compromiso asumido ante el matrimonio de escoceses y la viuda, Edith Martin, de que nunca revelarían la identidad de la víctima.

Transcurridos nueve años, Patricia y Juan, el segundo hijo, querían saber qué había pasado con su padre. El nombre de Juan Berninsone no formaba parte del informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, ni del Juicio a las Juntas, ni de ningún otro expediente. Por motivos personales, la viuda y los suegros habían decidido mantener el caso soterrado, y Cox y Graham-Yooll cumplieron el compromiso a rajatabla, para siempre.

Pipí cucú

El juez Carlos Arslanián encabezó la audiencia del 26 de abril de 1985. A metros de la silla de Cox se encontraban jerarcas militares con los que había tenido contacto como pocos testigos que pasarían por la sala. El exdirector del Herald comenzó a contar sobre Berninsone, sin nombrarlo. El castellano se tornó evasivo para un inglés que llevaba seis años de exilio; Cox transpiraba en esa noche otoñal. A los veinte minutos, se descompensó.

Hubo revuelo en la sala y preocupación de los fiscales de que se les cayera un testimonio clave en un juicio que recién empezaba. Se acercó Moreno Ocampo. “¿Este hombre podrá volver el lunes a declarar?”. “Quédese tranquilo que se lo traigo pipí cucú”, respondió Harry Ingham, amigo íntimo de Cox.

Ingham, judío alemán exiliado en Inglaterra, niño migrante junto a su familia hacia la Argentina, vecino de Perón pared de por medio en la calle Gaspar Campos de Vicente López, empresario, militante de cuanto partido conservador creara Álvaro Alsogaray (excepto la UCD), fue quien llevó a los Cox a Ezeiza el 17 de diciembre de 1979. No sobraron personas que acudieran a la despedida de la familia. Ingham y Cox tenían una relación de tipo fraternal.

Años antes, en 1976, Ingham había transmitido la acusación de que Andrew Graham-Yooll y su esposa, Micaela Meyer, mantenían lazos con “terroristas”, versión diseminada por Francisco Siracusano, un allegado a Alsogaray y correveidile de los servicios de Inteligencia de la dictadura. Andrew, Micaela y sus tres hijos partieron de la Argentina con riesgo de muerte inminente en septiembre de 1976, en medio de un silencio ensordecedor, incluso de parte del Herald.

Hacia 1985, Ingham estaba tan convencido como Cox de que debía llevarse a cabo el juicio a las Juntas. Tras la fallida declaración del viernes, el empresario alojó al periodista en su casa de Martínez y el sábado organizó un asado de distensión. El lunes 29 de abril, Cox se sentó pipi cucú ante la Cámara Federal de la causa 13.

El testigo inglés expuso un mar de recuerdos durante cinco horas. Dio cuenta de la contradicción y el dolor vividos al verse compelido a denunciar las atrocidades de la dictadura. Contó encuentros, por ejemplo, con Videla. “Sentíamos que era un amigo, y por eso me desconcertó la primera pregunta que me hizo [el viernes previo, ante la fórmula de rigor de si tenía amistad con las partes]. La imagen que tenía de él era la de un amigo, no solamente mío, sino un amigo de todo el pueblo argentino”, explicó el exdirector del Herald entre 1969 y 1979.

Cox repasó la Masacre de los Palotinos, una congregación irlandesa-alemana, cometida el 4 de julio de 1976. Contó que, al salir de la misa de homenaje a los cinco religiosos en Belgrano, acudió al cóctel por el Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos, y allí increpó a Videla. El testigo les atribuyó a su examigo Klein y a Martínez de Hoz haber “presionado constantemente” a los comandantes para “salvar vidas”.

Los defensores de los represores Carlos Tavares, de Videla; Jaime Prats Cardona, de Massera; José María Orgeira, de Roberto Viola, y Fernando Goldaracena, de Armando Lambruschini, se lanzaron a desbaratar el testimonio del cronista. Le pidieron que probara que había habido un plan masivo de asesinatos. Se la dejaron servida y Cox tomó carrera. Citó casos concretos y abordó un tema por entonces bastante tabú, como el robo de hijos de desaparecidos. Se enfrentó incluso con el juez Guillermo Ledesma, quien presidía la audiencia. El magistrado le preguntó sobre “datos fehacientes” de hijos robados por los represores.

—No tengo datos concretos. Para eso debería llamar a las Abuelas. En aquel tiempo, ningún juez quería aceptar una denuncia de ese tipo.

—¿Qué quiere expresar con eso, que no había jueces que receptaran denuncias?

—No he querido ser agresivo. En ese tiempo, todo el mundo sentía miedo.

—(Dirigiéndose a la traductora) Dígale que, como juez de ese tiempo, no me hace feliz esa apreciación.

Si algo no amilanaba a Cox, ni entonces ni nunca, era una reprimenda de ese tipo.

En 1979, Massera había publicado el libro Camino a la democracia como parte de su proyecto presidencial. Cox tradujo ese volumen al inglés. El abogado del exjefe de la Armada, el excamarista Prats Cardona, preguntó a Cox si había trabajado para su representado. El periodista respondió que había aceptado llevar a cabo la traducción en persona y en forma gratuita, para evitar que el represor matara a un miembro de la redacción del Herald.

—¿De qué fecha está hablando?

—No recuerdo la fecha porque era para mí completamente sin importancia y lo había olvidado completamente hasta que, en una entrevista radial, el capitán Zariátegui lo mencionó.

—¿Pero no puede ubicarnos temporalmente en períodos?

—Realmente, es un episodio para mí completamente sin importancia y no puedo recordar la fecha…, recuerdo otros episodios, como las amenazas de muerte que recibí personalmente, las amenazas de muerte a mis hijos, las amenazas contra la escuela de mis hijos.

La evasiva volvió a irritar al juez.

La declaración de Cox se extendió hasta pasadas las 11 de la noche. El 30 de abril de 1985, el Herald llevó el testimonio del exdirector a tapa con la cita de la amenaza de Massera como título.

Fueron días en que recrudecieron las intimidaciones telefónicas a la familia Berninsone, que se había mudado en 1979 a un departamento de la avenida Santa Fe de Buenos Aires. La democracia se respiraba en las calles, pero los terroristas de Estado se ensañaban con sus víctimas. La desaparición y muerte de Juan Berninsone no fue juzgada hasta la reapertura de los juicios en 2003, uno de los tantos ejemplos que deberían tener en cuenta los contadores de víctimas con ínfulas negacionistas.

Cox regresó a Estados Unidos a los pocos días de su declaración y no volvería a escribir en el Herald hasta 25 años después, cuando se jubiló en Charleston y comenzó a pasar algunos meses del año en su departamento de la Avenida Alvear, en Buenos Aires, junto a Maud. Todo este tiempo, “su país”, el verdadero país de su corazón y su mente, siguió siendo la Argentina.

La película Argentina, 1985 no incluye el testimonio de Cox en el Juicio a las Juntas. Razones más que comprensibles llevaron a Santiago Mitre y Mariano Llinás a seleccionar el contenido de un relato cinematográfico de 140 minutos. La figura de Cox, acaso, habría tendido un puente para dar cuenta de la complicidad del periodismo con el terrorismo de Estado. De hecho, está avanzado un proyecto de un film sobre la figura del editor-in-chief del Herald a cargo del director Armando Bo, que se detiene, en principio, en la partida al exilio en diciembre de 1979. El guion tiene la anuencia del propio Cox. La polémica ya comenzó. 

SL

Sebastián Lacunza dirigió el Buenos Aires Herald entre 2013 y 2017. Los textuales citados forman parte de testimonios y documentos incluidos en el libro El testigo inglés — Luces y sombras del Buenos Aires Herald (1876-2017) (Paidós, 2021). .

Hay una escena clave en Argentina 1985 que entra por el oído y le permite al actor que encarna a Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) detectar cómo la sociedad se posiciona de manera favorable frente al juicio a los excomandantes. Escucha que su madre ha escuchado por radio la naturaleza del terror y, de esta manera, pudo comprender lo que había ocurrido durante la última dictadura militar. La licencia que se toma la película es tan efectiva a los efectos narrativos como inquietante.

Pero antes de volver a la metonímica mamá Ocampo pasemos por otras orejas. Una, verdadera. La de Rodolfo Walsh, quien en Operación masacre cuenta que la primera noticia que tiene sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 le llegó en forma casual en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez. Ahí lo había sorprendido una medianoche “el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la segunda división y al departamento de policía, en la fracasada revolución de Valle”. Lo que Walsh no puede olvidar es que “pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo: ´Viva la patria` sino que dijo: ´No me dejen solo, hijos de puta`”. El escritor quisiera librarse de esas inscripciones sonoras, no tolera “ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que dieciocho civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle”.  Pero su vida da un vuelco: un hombre le dice que hay un fusilado que vive. Es Juan Carlos Livraga. Su cara ha sido destrozada. “Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana”. Y Walsh cree en lo que cuenta el sobreviviente porque esta vez puede escuchar, más que oír. 

La historia oficial, de Luis Puenzo, se estrenó en aquel 85, mientras se sustanciaba el juicio y proliferaba todavía con fuerza la teoría de los “dos demonios”. Alicia (Norma Leandro) es una profesora secundaria que atravesó despreocupadamente la dictadura. Pero tiene una conversación con una amiga que ha venido del exilio durante el primer año de Gobierno de Raúl Alfonsín. Ella le cuenta su calvario y el de su pareja. Para Alicia, esa conversación, esa posibilidad de escuchar, la comienza a transformar. Y así llegamos al filme de Santiago Mitre. Moreno Ocampo conversa telefónicamente con su madre, Mercedes Pérez Amuchástegui, una persona que admiraba al dictador Jorge Videla y que cambia su opinión sobre el juicio cuando le llega desde la radio la voz de Adriana Calvo de Laborde, una sobreviviente que había atravesado situaciones límites en un campo de concentración bonaerense. La película nos sugiere que la materialidad del dolor que salía de la garganta de Calvo de Laborde alteró la percepción de Pérez Amuchástegui. Eso nunca pudo haber sucedido, y lo reconoce el propio hijo. La madre leía La Nación. Su conocimiento de lo que se ventilaba en tribunales vino de la letra impresa, no cualquiera. Y ese fue uno de los nudos problemáticos de la transición que todavía ensordece el presente.

El juicio se transmitió como pura imagen televisiva, sin sonido. Un sector de la sociedad seguía a los mejores cronistas del juicio: la palabra escrita provocó una ilusión de escucha reforzada por aquello que tempranamente advierte Claudia Feld en Del estrado a la pantalla: las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina. Los testigos eran vistos en la TV y las fotografías siempre de espaldas. Solo los jueces estaban a punto de mira de espectadores y lectores. Se los veía escuchar atentamente lo que no se podía ni siquiera oír.

El carácter silente de aquel juicio excepcional no puede ser desligado de las condiciones de posibilidad de la transición ni del mismo modo en que fue escuchada socialmente la dictadura. El 4 de julio de 1984, la televisión había transmitido el programa “Nunca Más”. La CONADEP encontraba aire en la pantalla de Canal 13, no sin presiones y amenazas, incluso de bomba. Esas tensiones e incertezas quedaron reflejadas en el resultado final de la emisión. El sonido, o sus metáforas, arrojan algunas pistas. Ubicado en un estudio diferente al de las víctimas que, por primera vez, iban a tener tiempo para relatar sus experiencias del horror, Antonio Troccoli, intentó balancear el relato colectivo y pidió a la sociedad que no cayera en errores recientes. Dijo Troccoli que, así como durante la dictadura al joven se lo veía con recelo y suspicacia permanente por su condición generacional, no había que aplicar ahora “la lupa de la sospecha a todos los hombres que están cumpliendo con el elevado cometido de brindar seguridad y de defender la soberanía del país”. Y añadió: “Ni lo uno ni lo otro”. 

Antes de que empezaran los testimonios, una escena ficcional de parto hospitalario ilustraba esas disputas internas en el Gobierno sobre qué imágenes, sonidos y verdades mostrar, soslayar o moderar. Lo que se vio fue a una mujer a punto de dar luz en un entorno ascético, rodeada de un obstetra, sus asistentes. La sensorialidad del paradigma concentracionario había sido sustraída. Esa dramaturgia del aseo reescribía su soundtrack con pudor. “Ahhhh”, expresa de manera poco convincente una parturienta. “Respirá hondo, guardá el aire”, le dicen. Una voz en off comenta entonces lo que supone ocurre. “Ciento setenta y dos niños desaparecidos con sus madres o nacidos en cautiverio, ignorándose su suerte desde entonces”. Se escucha de inmediato lo que debería ser una expresión de dolor intenso. Pero la actriz falla, y cuando le toca decir “no aguanto más”, es como si, en rigor, estuviera ensayando. “Respirá, gorda”, la asisten y es ahí que la vida irrumpe. “Te felicito, ¿eh?”, le dice uno de los médicos y termina el simulacro. La criatura es llevada (¿hacia la protohistoria de La historia oficial?). Corte. La escena siguiente es de una acción parapolicial.  “La tergiversación tergiversada”, dijo Fogwill sobre esos segundos parturientos y “atenuados hasta la inocuidad”.  En la columna que publicaba en El Porteño, Fogwill constataba que “poquísimos espectadores repararon en la escena inicial del falso testimonio”. Sin embargo, la audición traicionó al escritor: esos gritos de tamaña intensidad no existieron: fueron sugeridos, asordinados por la interpretación. El parto representado con una dramaturgia de la medicina prepaga encontraría su refutación minutos después en el relato verdadero Calvo de Laborde sobre cómo parió con los ojos vendados en la ruta que la llevaba a Pozo de Banfield, a la altura del cruce de Alpargatas. A pesar de las deficiencias señaladas, el programa “Nunca Más” ayudó a crear condiciones para leer mejor el juicio a los excomandantes. La TV se animó a hablar de la existencia de 280 campos de concentración. El peso de los relatos de las víctimas fue mayor al de las opacidades del ministro.

Feld, quien escribió junto con Marina Franco otro de los libros capitales sobre la transición, Democracia hora cero, y compiló con Valentina Salvi Las voces de la represión, declaraciones de los perpetradores de la dictadura argentina, ha reconstruido al detalle hace 20 años las mediaciones de las audiencias en tribunales. Los camaristas prohibieron la entrada de la prensa con cámaras de video o grabadores. Uno de los jueces que dictó sentencia, Andrés D’Alessio, adujo a la distancia un carácter preventivo. En la era analógica también se podían manipular las cintas: “usted puede, en las grabaciones, sostener que un testigo dijo cualquier cosa, digamos usted le suprime un no, o le suprime un sí... (...) Se trataba de que no saliera gente aduciendo que era material auténtico y pudiera editarlo. Eso tiene un efecto exactamente contrario al de la publicidad, porque distorsiona; en lugar de difundir, distorsiona”.

Las imágenes sin sonido en los noticieros traían de arrastre otros lastres. La escucha deviene un problema político desde fines de 1973, cuando, iniciado el tercer Gobierno de Juan Domingo Perón, la intendencia de la ciudad de Buenos Aires promueve el programa “El silencio es salud”. El propósito municipal era reducir los decibeles de la ciudad. No tardó en convertirse el lema en un llamado a cerrar la boca (el ruido como metáfora de la figura del subversivo tan mentada por la derecha peronista). El Informe final sobre los desaparecidos que la dictadura agonizante transmite pocos meses antes de las elecciones es el eslabón siguiente de una cadena que conduce a 1984. Me dice Feld por teléfono algo en lo que coincido: el “pacto de silencio” de los represores (un silencio lleno de ruidos y voces) y el “silencio pactado” entre los camaristas en relación a los sonidos del juicio no son equivalentes: se miran en el mismo espejo de una época muy compleja. “Había algo en ese silencio que protegía al juicio y a los testigos”. El propio Alfonsín dijo que “para rodear al juicio de todas las garantías posibles” había que evitar “que se presentara ante la opinión pública como un espectáculo”. Se temía, en rigor, a las presiones de las Fuerzas Armadas. 

Por lo tanto, la mamá de Moreno Ocampo, o cualquier argentino, a lo sumo vio un noticiero con extractos mudos de hasta tres minutos. Los comentarios eran de los periodistas. “Llama la atención el silencio que hubo alrededor de esa decisión en 1985, y la poca claridad que hay ahora. Tal vez en el momento de iniciar las audiencias, tanto los jueces como el Gobierno tenían la idea de que la emisión sin sonido no iba a ser muy bien recibida por la opinión pública. Sin embargo, se produjo un apoyo general a las medidas tomadas con relación al juicio y, al menos durante los primeros meses, no se registran quejas desde ningún sector por la transmisión sin sonido”, escribió Feld en 2002. Ella marca también a mediados de los noventa la ruptura del “pacto de silencio” de los represores con el nuevo alud de testimonios en la televisión y la apertura de los juicios por la memoria. El peso de la palabra en esa Argentina de la impunidad es brutal. Se constituye HIJOS, y la sigla lo dice todo: “Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio”. Se estrena, además, en 1993, Un muro de silencio. La película de Lita Stantic cuenta la qué sucede cuando una directora de cine inglesa, Kate Benson (Vanesa Redgrave), aterriza en Argentina para filmar su Historia de Ana que es, en rigor, la misma historia de Stantic, cuya pareja y padre de su hija fue visto por última vez en el centro clandestino conocido como “Sheraton” junto a Roberto Carri y Ana María Caruso, los padres de la directora de cine Albertina Carri.

La escucha imaginaria de Argentina, 1985 no puede separarse de todos estos problemas, mucho menos en momentos que los juicios que aún se sustancian contra represores son inaudibles y se ha reactivado la puja interpretativa del pasado atroz. Enzo Traverso nos recuerda que la historia se escribe siempre en presente. Y es un campo de fuerzas. Ceferino Reato, en las conclusiones de su libro de entrevistas con Jorge Videla, cuestionó abiertamente en 2012 el valor de la escucha de las víctimas como elemento probatorio. “Tal vez debamos preguntarnos con sinceridad si los actuales juicios por delitos de lesa humanidad buscan la verdad de lo que pasó, que incluye la localización de los restos de los desaparecidos, o privilegian la condena en bloque y con argumento más bien polémico (por ejemplo, testigos que reconocen a sus presuntos captores y torturadores por el tono de la voz)”. Todavía no había cobrado fuerza una versión 2.0 de la “teoría de los dos demonios” ni se expandía sin pausa el detritus que en las redes sociales que, silenciosamente, pero sin interrupciones, glorifica a los excomandantes. El copo es una porción de la tormenta que nos amenaza.

AG

¿Cuáles fueron las circunstancias que posibilitaron la realización del juicio a las juntas militares en el contexto político de la época? ¿Qué rol desempeñaron los distintos actores institucionales? Estos interrogantes se han suscitado a raíz de la presentación de la película “Argentina, 1985” y de algunos reparos que ha recibido. Me propongo en estas líneas dar brevemente mi punto de vista.

La película ha provocado una verdadera conmoción que supera las expectativas previas y causa asombro. Desde su estreno ocupa un lugar en las conversaciones cotidianas de todos. Muchas familias han concurrido con sus hijos, y ha sido usual que los espectadores lloren,  se emocionen y aplaudan de pie al finalizar la exhibición. Se trata de una muy buena película, con notables interpretaciones de actores consagrados y de gran popularidad, una ambientación de época muy lograda, excelente fotografía, y una historia bien contada. Pero la repercusión parece exceder esos méritos. Todo indica que la película ha tocado una fibra muy íntima de la sociedad; como si fuera necesario, en estos momentos de la Argentina, recrear los antecedentes épicos de nuestra joven democracia, episodios que marcaron unos pocos puntos de consenso entre los argentinos. Un gran mérito de los realizadores fue haber percibido esta demanda y haber contribuido a la memoria colectiva a través de la difusión de un hecho fundacional de nuestra democracia, como fue el juicio a las juntas militares, a pesar de los recortes que tiene el relato de los hechos.

Justamente por ese recorte, y más allá de las bondades artísticas de la obra, es que se le han formulado algunos reproches y críticas. Entre muchas notas y comentarios, destaco las buenas y fundadas observaciones que han efectuado Roberto Gargarella y Agustín Campero, respecto de las omisiones, algunas probablemente deliberadas, que ha hecho la película con relación al contexto histórico, a la importancia de la figura de Alfonsín o de la CONADEP. Así como también, respecto de la decisión de centrar el juicio exclusivamente en la figura de los fiscales,  o de silenciar algunos episodios fundamentales.

El desdibujamiento de la figura de Alfonsín, de la importancia de la CONADEP y la no mención del partido del gobierno, hacen presumir que se quiso edulcorar políticamente al film para evitar cuestionamientos ulteriores

Al revés de la conocida saga “Una serie de eventos desafortunados” de Daniel Handler, el juicio a las juntas militares fue una serie de acontecimientos “afortunados”. Como ocurre en cualquier hecho histórico, éstos siempre encuentran explicación en una serie de causas que se interrelacionan entre sí. Por supuesto que no todas tienen la misma relevancia. La decisión del presidente Raúl Alfonsín de enjuiciar a los máximos responsables de los crímenes de la dictadura fue enorme. Rompió una tradición universal de impunidad, sentó las bases para que la democracia argentina se edificara sobre el respeto a la ley y los derechos humanos, y tuvo una influencia notoria en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Además, era necesario remover los obstáculos jurídicos que en ese momento impedían cualquier juicio, como la ley de autoamnistía que habían sancionado los militares. La anulación inmediata de esa ley por el Congreso, sobre la base del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, abrió las puertas al enjuiciamiento. Este aspecto, que hoy parece menor, tenía en aquel momento una gran importancia, al punto que el propio candidato del partido justicialista en las elecciones había propiciado la aplicación de la amnistía, en virtud del principio de la ley penal más benigna.

No obstante, el juicio a las juntas no se efectuó como había pensado Alfonsín. Su histórica decisión fue la condición necesaria, pero no la suficiente para la realización del juicio. La estrategia inicial del presidente consistió en que el juicio fuera llevado a cabo por los tribunales militares, con un control posterior de un tribunal civil para evitar que se incurriera en arbitrariedades. De esta manera, se pensaba, los militares se autojuzgarían.  Otro actor institucional relevante, el Congreso, corrigió de manera decisiva esta cuestión. Le dio un plazo al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para hacer su tarea y le otorgó a la Cámara Federal que correspondiera el control del trámite del expediente y la posibilidad de avocarse al conocimiento de la causa en caso de demoras injustificadas. Sin este cambio introducido por los legisladores no hubiera habido juicio, tampoco si Alfonsín hubiera vetado la modificación a su estrategia, pero no lo hizo.

Otra condición fue que la Cámara Federal decidiera efectivamente avocarse a la causa, en medio de un contexto sumamente complejo y difícil. Y que resolviera no aplicar las normas del enjuiciamiento procesal penal corriente, como muchos sostenían que correspondía, sino las toscas reglas del Código de Justicia Militar para los juicios sumarios en tiempo de guerra, que posibilitaban un juicio oral y público con una fuerte intervención del fiscal. Sin esta decisión de la Cámara, nunca habríamos “visto” un juicio a las juntas, ya que habría tramitado por escrito. Y hay que sumar otra condición: la labor de la CONADEP, cuya creación obedeció a otra iniciativa monumental de Alfonsín, con la oposición de los organismos de derechos humanos y del peronismo, que permitió que la fiscalía pudiera seleccionar los casos “paradigmáticos” concretos para imputarles a los excomandantes. Finalmente, la organización y planificación del juicio por parte de la Cámara y la gran labor que desarrolló la Fiscalía, permitieron que el proceso pudiera culminar en tiempo útil.

A esta prieta síntesis de condiciones que fueron necesarias para el juicio le faltan muchísimas más de distinto orden. La película centra su relato exclusivamente en el capítulo relativo a la actuación de los fiscales, relativizando u omitiendo toda otra circunstancia. Una obra artística y de finalidad comercial tiene el legítimo derecho de contar las cosas como entienda más conveniente a sus propósitos. ¿Le es reprochable una ausencia de rigor histórico? Creo que no, pero tratándose de una obra que pretende reflejar un acontecimiento trascendental para nuestra democracia, es saludable señalar las omisiones, ausencias y errores históricos en la presentación de los temas. El desdibujamiento de la figura de Alfonsín, de la importancia de la CONADEP y la no mención del partido del gobierno, hacen presumir que se quiso edulcorar políticamente al film para evitar cuestionamientos ulteriores. Más aún, la omisión de los indultos en las placas finales, que pretenden narrar objetivamente hechos, resulta sencillamente inexplicable y permite sospechar una intención deliberada.

En suma, bienvenida 1985 como hecho artístico y por su ayuda a recordar algo tan importante para el país, aunque no dejemos de tener en claro que las cosas no fueron tan así como cuenta  la película.

 CC

Hace mucho que el estreno de la película Argentina,1985 genera expectativas. Por un lado, su director, Santiago Mitre, viene pintando con sus películas los dilemas y preguntas sobre el poder y la política en distintos ámbitos. Por otro lado, si bien el Juicio a las Juntas tuvo algunas representaciones documentales –la última fue “oficial”, producida por Canal Encuentro–, esta parte de la dictadura, es decir su tramitación bajo las reglas democráticas, no había sido abordada por la ficción. 

Pero Argentina, 1985, co-guionada por Mitre y Mariano Llinás y co-producida entre Amazon Prime, Kenya Films (del Chino y Ricardo Darín) y La Unión de los Ríos (fundada por el propio Mitre y otros/as) e Infinity Hill (Axel Kuschevatzky y socios) no es una película burocrática, es decir, que se dedica a ficcionalizar los dilemas técnicos y técnico-políticos del juicio que en buena medida aunque no solamente diseñaron los especialistas en Derecho Carlos Nino y Jaime Malamud Goti para juzgar a una cantidad de militares en los tribunales civiles por los crímenes que habían cometido cuando estaban en el poder. En cambio, la película establece una reconstrucción histórica rigurosa –en la que participaron además de los guionistas Martín Rodríguez y Federico Scigliano– sobre cómo, a pesar de la resistencia de muchos de los funcionarios de Alfonsín y del desinterés de buena parte de la sociedad, un fiscal no demasiado conectado, Julio César Strassera, lideró la investigación y la acusación más importante de la historia argentina reciente. Para hacerlo, se valió de un grupo de jóvenes inexpertos y sin vínculos con el gobierno que se investigaba y un fiscal adjunto, también joven e inexperto, llamado Luis Moreno Ocampo. 

La película no ahorra en impacto emocional de alto voltaje: la recreación de testimonios de víctimas que se presentan ante el tribunal vuelve a estrujar la garganta, como también los hits del alegato. Y Strassera, interpretado por Ricardo Darín, es presentado como un héroe improbable, con pocos claroscuros tratados con sutileza. En ese sentido, Argentina, 1985 elige prácticamente no dedicarse a cómo la dinámica social y política de la última década erosionó el recuerdo de su figura y decisiva acción al menos para una parte de las personas involucradas en la agenda de derechos humanos: baste recordar como ejemplo que en 2010 un funcionario del entonces gobierno y también del actual, Aníbal Fernández, llegó a tratarlo de “impresentable” y que cuando murió en 2015 miembros de la entonces oposición y también de la actual, como Patricia Bullrich, le exigían a la presidenta mayores homenajes a sabiendas de lo que ya sabían todos: Strassera era un nombre fagocitado por la grieta.

La decisión de la película de volver a 1985 sin una mirada sobre el devenir posterior del juicio y sus figuras puede ser leída como una elección por un relato más cronológico y con destellos épicos. Pero también puede verse en esa aparente ingenuidad una apuesta ideológica osada: volver al llamado Consenso del Nunca Más. No por nada, uno de los personajes constantes y centrales es la mamá de Moreno Ocampo (interpretado por Peter Lanzani): una mujer, personificada por Susana Pampin, que no solamente era de familia militar como el fiscal adjunto sino que iba los domingos a misa con Videla: el juicio, dice su hijo en la película, tenía que convencer a todos de que Videla tenía que estar preso. También a su mamá. Así, la película busca volver a poner las cosas en su lugar, volver a recordar los horrores de la dictadura sin la relectura partidizada que se popularizó en la última década y los convirtió en municiones de la batalla cultural hasta anestesiar su sentido primario: tal vez era necesario volver a escuchar que la dictadura hizo parir a una mujer esposada en la parte de atrás de un auto, le prohibió abrazar a su hija recién nacida y recién parida la hizo limpiar una sala; que secuestró a una mujer delante de sus hijos chicos, torturó a un hombre en un centro clandestino durante horas y por diversión, para lograr que dijera que se la comía doblada.   

Argentina, 1985 cuenta una historia en la que las víctimas de la dictadura son víctimas y Strassera y su equipo, pero también Alfonsín –aunque su empuje aparece en la película matizado por alfiles del gobierno que presionaban en contra–, llevaron a cabo una odisea por la que merecen ser recordados y celebrados. 

La película establece también un diálogo delicado con cómo el juicio se mostró y no se mostró en esa época: las imágenes de los militares en el banquillo, como estudió la investigadora Claudia Feld, pero también la exposición de las víctimas convirtieron al juicio en una discusión abierta sobre cómo se muestra el poder cuando es juzgado. Y también el dolor. Mitre cuenta que como parte de su investigación trabajó con el material de archivo que hoy conserva Memoria Abierta –hay un trabajo de montaje con el archivo documental en algunos momentos puntuales de la película, que es enteramente una ficción– pero también con una serie televisiva que realizó Carlos Somigliana, uno de los personajes más entrañables del film: el dramaturgo y abogado había logrado realizar una serie de capítulos a partir de las cintas de ATC durante 1986, pero su estreno se pospuso hasta nunca por las presiones y luego los levantamientos militares. 

¿Cómo fue la decisión de hacer una película sobre el juicio?

Yo tenía una admiración enorme por el juicio del 85, me parece un hecho del cual todos los argentinos deberíamos sentirnos orgullosos. Por el contexto en que se hizo, a un año de haber recuperado la democracia, con un partido militar fuerte y amenazante, con una región gobernada por dictaduras militares… La decisión de Alfonsín de hacer este juicio fue muy valiente, y eso me parecía que era algo potencialmente filmable sobre lo cual tenía ganas de trabajar. Luego, cuando empezó la investigación, me empecé a enterar de un montón de cosas que lo hicieron cada vez más interesante y cada vez más filmable. Creo que mi momento de quiebre fue entender cómo funcionaba esa justicia de la post dictadura que era una justicia con mucha gente que había sido parte de la justicia que funcionó durante la dictadura, entonces había muchas suspicacias y mucho recelo con el juicio, como si no quisieran que se hiciera o temieran que se hiciera, la verdad es que no lo termino de entender. Strassera tuvo que recurrir a Moreno Ocampo, que era un abogado inexperto, y luego convocó a un equipo de funcionarios muy menores, muy jóvenes, sin ningún tipo de experiencia, algunos ni siquiera habían terminado los estudios universitarios. Esa imagen del viejo abogado que le toca esa tarea y no se siente del todo cómodo y tiene que apoyarse en un equipo de jóvenes para llevarla adelante me parecía una imagen potente en términos cinematográficos para poder encauzar una película que se enraizaba en una tradición del cine clásico. Me parecía que la película tenía que ser muy cristalina y muy clásica en la manera en la que narraba el hecho. 

Sos un cineasta al que le interesan las instituciones políticas, no sólo la política en sí, pero es la primera vez que que haces algo basado en un hecho real que además es híper conocido…

No tan conocidos, eh. Lo primero que hicimos con Llinás, mi co-guionista, fue entender cuánto la gente recordaba el juicio del 85. Hablamos con mucha gente y Mariano les hacía una especie de cuestionario que grababa en video. Entrevistamos a gente de la cultura importante y, en general, se mezclaba todo con todo. Nosotros teníamos que entender cuando había que contar el Juicio a las Juntas cuánto había que contar: había que contar todo. Había que contar todo de vuelta porque ya los 35 años casi 40 produjeron una especie de mezcla de información en gente que lo vivió, y ni hablar en la gente joven, que no saben mucho. Entonces tuvimos que arrancar y contar la película reponiendo información, mucha de ella nosotros tampoco la conocíamos.

Bueno, pero por más de que la gente no recordara o conociera los detalles, es un hecho histórico y complejo ¿cuáles son los desafíos de contar una historia basada en algo que sucedió?

Sí, es una vaca sagrada. En eso sabíamos que lo teníamos que tratar con mucho respeto y mucha precisión. En cualquier caso te voy a decir, y vuelvo a la imagen de la investigación porque fue lo que nos nutrió y lo que le dio identidad a la película, nosotros íbamos, hablábamos con gente, con periodistas que habían cubierto el juicio, con amigos que entendían del tema, luego empezamos a hablar con los protagonistas y cada persona con la que hablábamos nos daba una palabra de aliento e interés tipo “qué bueno que van a hacer una película sobre esto”. Era como despertar un poco a un gigante dormido y está bueno porque además de los hechos históricos poder hablar con las personas que fueron parte de todo el gran proceso que fue Juicio a las Juntas que por supuesto no es solo el Juicio a las Juntas sino por ejemplo toda la investigación de la CONADEP nos hizo conocerlas, entonces después cuando nos poníamos a escribir no era escribir sobre un personaje de ficción, era escribir sobre un tipo que posiblemente iba a estar en el cine viendo ser representado. Necesitábamos ser más respetuosos y tener conciencia de lo que significa basarse en hechos reales.

Hay algo de la película que implica retomar lo que se llama como el “consenso del Nunca Más” que surge después del juicio y que muchos postulan que se rompió durante la grieta y en el presente. ¿Eso es un tema con el que te encontraste en el proceso o era una idea previa ir a retomar en este momento tan polarizado un momento de cierta comunión?

Es difícil la respuesta porque si te tengo que ser sincero te tengo que decir que no, que a mi el Juicio a las Juntas me parecía que tenía una cantidad de elementos tan interesantes como para hacer una película y no pensaba en el valor simbólico o el mensaje que le podía estar dando en esta sociedad. Porque no puedo pensar así, es demasiada responsabilidad para un director de cine pensar cómo vas a interpelar al público, hay problemas que son muchos más inmediatos cuando uno se sienta a trabajar en algo: la reproducción ficcional, el cuento cinematográfico, que es muy difícil. Porque si uno no se propone hacer una película buena esa película nunca va a hablar con la gente de una manera buena entonces no puedo estar pensando en eso. Ahora, son cosas en las que pienso a posteriori. Pero no es que me propuse hacer la película. Por supuesto que el juicio es un símbolo de unidad, cómo se reconstruyó un país luego de un episodio atroz de la historia, posiblemente el más atroz de la historia argentina, y se reconstruyó por medio de algo que estaba bien y eso logró por un momento reunir a una sociedad muy lastimada. En eso sí me parece un emblema, y me parece importante que exista esta recreación ficcional que hicimos nosotros como un hecho cinematográfico.

Sí, pero vos sabes que, por dar un ejemplo, Strassera murió como “enemigo” del kirchnerismo y tomaste una decisión de no ir por un lado que también hubiera sido hablar sobre el juicio pero con una relación con el presente mucho más conflictiva o hincándole al problema de la polarización actual…

Bueno, puede ser que haya querido hacer una película un poco más optimista y me parecía que el Juicio a las Juntas reunía todas estas características como para poder hacerla. Una gesta de la democracia, un hecho heroico de la democracia: algo que salió bien o durante un tiempo salió bien. Y había algo también… porque Alfonsín armó el contexto, hizo campaña por enjuiciar, pero luego la sociedad no sé si lo quería. El juicio fue el que terminó de consolidar esta cosa de juzgar a los crímenes de la dictadura para siempre. Algo que me preguntaba mucho es: si no hubiera habido reapertura de causas, no sé si hubiera podido haber una película sobre el juicio de 1985 como la que hice yo. No sé. Yo siento que este hecho del 85 inicia algo que a pesar de su interrupción terrible durante el menemismo se continuó, se pudo reabrir y continuar. Hay algo que todavía sigue funcionando.

Durante la función en Cine Club Núcleo la gente cuando el personaje de Strassera termina el alegato aplaudió. Es un momento en el que mucha gente está volviendo a actividades colectivas después de la pandemia, ¿fantaseás con la reacción que puede generar en el cine? 

Me gusta el cine como hecho colectivo, estar en una sala oscura compartiendo con gente el hecho de ver una película, soy un fanático de eso y era el momento que más esperaba con esta película, ver cómo la gente iba a ver a la sala una película con un caudal histórico y emocional tan grande. Por suerte pudimos hacerlo en una dimensión, te voy a decir, histórica para las limitaciones que hubo con esta pelea que hubo entre las plataformas y algunos exhibidores de capitales internacionales [N. de la R.: Amazon Prime estrena en su plataforma la película el 20 de octubre, dejándole una exclusividad a los cines 21 días. Esto motivó que las principales cadenas de cines del país, Cinemark, Hoyts, Showcase y Cinépolis, no la estrenen]. Me hubiese gustado que se viera en más salas pero se va a ver un montón, y se va a ver en espacios que no son tan concurridos, a los que creo que esta pelea va a ayudar, porque se está generando una expectativa enorme con funciones agotadas ya para el fin de semana en algunas ciudades como Capital Federal, Córdoba o Mendoza. 

¿Creés que van a rever su decisión los gigantes de las salas?

No con esta película. Me parece que la van a rever a futuro; es una decisión absurda porque son dos hechos distintos y deberían retroalimentarse. Me parece que las plataformas también deberían rever su manera de dialogar con los exhibidores, porque si no te pasa una situación un poco rara como esta. En algún momento, el año que viene quizás, se van a poder potenciar mutuamente. Hay pueblos o ciudades que no tienen cines y ahí podría llegar la plataforma y eso también está bueno. Estás en todos lados en Argentina y en todo el mundo. Está bueno que existan las dos cosas y que puedan encontrar una manera lógica y no peleándose como nos pasó a nosotros. Pero estoy seguro de que va a pasar porque venimos hablando con gente de la distribución de cine y nadie quiere que pase esto. Es más parte de una coyuntura de la transición cinematográfica que un desprecio real por la película.

¿Qué implicó hacer una película sobre un hecho histórico argentino para un público internacional?

El Juicio a las Juntas es un hecho con un respeto internacional enorme. La película interpela directamente a muchas personas de otros países sobre cómo se manejó la transición democrática o cómo se investigaron los crímenes de sus dictaduras. Hablamos con gente de Brasil a los que les interpela de manera directa, o gente de España: los crímenes del franquismo no se investigaron, las desapariciones del franquismo no se investigaron y ven esta película y los interpela y todas las notas que salen hablan de esto, lo cual está bueno, porque una película tan argentina moviliza un pedido de la sociedad española o una parte de la sociedad española que quiere que se investigue. 

Tu ópera prima, El estudiante, fue una película independiente sobre política universitaria en una universidad pública argentina. Esta última es una coproducción con Amazon sobre un hecho político que busca interpelar a públicos de distintos países: ¿hay algo te perdés en ese cambio de escala?

Yo no la siento tan distinta. Supongo que porque fueron muy difíciles de hacer las dos: es hablar con mucha precisión sobre algo que existe en tu país. El universo de la política universitaria es un universo argentino y es un universo marciano. Es hablar con precisión y universalidad. Y el juicio también. Voy a decir una frase hecha: pinta tu aldea y pintarás el mundo. En los dos casos había algo de eso. Después el cambio de escala es enorme porque El estudiante se hizo con 35 mil dólares y esta película costó mucho más. Pero yo sigo trabajando con la misma gente: mi productora es la misma, el montajista, el sonidista, la directora de arte. Son mis amigos con los que hice siempre películas y bueno nos vamos volviendo más profesionales y podemos manejar presupuestos más grandes, pero me mantengo con mis amigos para hacer las películas. 

NS

“Argentina, 1985” es uno de los estrenos nacionales más esperados de este año. Sin embargo, su llegada al streaming, de la mano de la plataforma Prime Video, generó controversia e impulsó a importantes cadenas de cine a no proyectar el film de Santiago Mitre en sus salas.

En medio de la polémica y las especulaciones, Axel Kuschevatzky -uno de los productores del proyecto- aclaró cómo podrá verse en la pantalla grande.

“No vamos a negar que las reglas están cambiando, pero de todas maneras se va estrenar en mas de 200 salas en todo el país, va a llegar a todas las regiones, porque queremos que todo el mundo acceda a la posibilidad de disfrutarla”, comentó en conferencia de prensa. .

Y desmintió que el estreno en streaming obligue a las salas a levantar la programación de la película. “No va a estar solamente tres semanas en cartel, va a estar todo el tiempo que sea necesario. Luego se va a poder ver en la plataforma, pero va a seguir en los cines”, aseguró.

Y de cara al lanzamiento del jueves 29 de septiembre, el distribuidor local Digicine anunció que la película de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas Militares, que tiene a Ricardo Darín, Peter Lanzani y Alejandra Flechner como protagonistas, se podrá ver en 223 salas de todo el país.

Los cines confirmados:

CABA:

Multiplex Belgrano (BELGRANO), Atlas Caballito (CABALLITO), Lorca (CENTRO), Rivera Indarte (FLORES), Multiplex Lavalle (LAVALLE), Atlas Liniers (LINIERS), Paseo Alcorta (PALERMO), Patio Bullrich (RECOLETA), Cinema Devoto (VILLA DEVOTO).

Gran Buenos Aires

Atlas Nordelta (NORDELTA, TIGRE), Multiplex Palmas del Pilar (PILAR), Cine Escobar (ESCOBAR), Helios Palomar (EL PALOMAR), Cine Teatro Auditorio Universidad Nacional de La Matanza (LA MATANZA), Víctor Show Cinemas (VILLA BOSCH), Canning Multiplex (CANNING), Cinema Adrogué (ADROGUÉ), CPM Shopping Adrogué (ADROGUÉ), CPM Shopping González Catán (GONZÁLEZ CATÁN), Cinemacenter Varela (FLORENCIO VARELA), Cinema Paradiso (LA PLATA), Cinema City (LA PLATA), Cine Teatro Municipal Quilmes - Espacio INCAA (QUILMES), Shopping Los Nogales (TRISTAN SUAREZ).

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Español 25 De Mayo (25 DE MAYO), Tu Cine 9 De Julio (9 DE JULIO), Cinema Flix Azul (AZUL), Visión Bahía Blanca (BAHÍA BLANCA), Visual Bahía Blanca (BAHÍA BLANCA), Cinemacenter Bahía Blanca (BAHÍA BLANCA), París Balcarce (BALCARCE), Atilio Marinelli Benito Juárez (BENITO JUÁREZ), Cine Centro Cultural Bragado (BRAGADO), Complejo Campana (CAMPANA), Cine Avenida Castelli (CASTELLI), Español Chacabuco (CHACABUCO), Tu Cine Chivilcoy (CHIVILCOY), Español Chivilcoy (CHIVILCOY), Metropol Chivilcoy (CHIVILCOY), Cine Teatro Colón (COLÓN), Cine Italia, Coronel Suárez (CORONEL SUÁREZ), Español General Belgrano (GENERAL BELGRANO), Tu Cine Junín (JUNÍN), San Martín De Las Flores (LAS FLORES), Club Jorge Newbery Lincoln (LINCOLN), Cine Italiano De Lobos (LOBOS), Leonardo Favio - Los Toldos (LOS TOLDOS), Cinema Rosso Lujan (LUJAN), California Mar De Ajo (MAR DE AJO), Cines Paseo Aldrey (MAR DEL PLATA), Cinema (MAR DEL PLATA), Paseo Diagonal (MAR DEL PLATA), Ambassador (MAR DEL PLATA), Mercedes (MERCEDES), Ocean Necochea (NECOCHEA), Flix Olavarría (OLAVARRÍA), París Olavarría (OLAVARRÍA), Cinema Pergamino (PERGAMINO), Cine Teatro Municipal Pila (PILA), Oasis Pinamar (PINAMAR), Frances Rojas (ROJAS), Cine Teatro Español Saladillo (SALADILLO), Sociedad Italiana Salliquelo (SALLIQUELO), Cervantes Salto (SALTO), Arenas San Bernardo (SAN BERNARDO), Tuyú San Clemente (SAN CLEMENTE), Palma San Pedro (SAN PEDRO), Municipalidad Santa Rosa de Lima (SANTA ROSA DE LIMA), Yanel Santa Teresita (SANTA TERESITA), Cinemacenter Tandil (TANDIL), Centro Cultural Tapalqué (TAPALQUÉ), Cine Club Barrio Alegre Trenque Lauquen (TRENQUE LAUQUEN), Tortoni Tres Arroyos (TRES ARROYOS), Cine Teatro Coliseo Zárate (ZÁRATE).

CATAMARCA

Cinemacenter Alto del Solar (CATAMARCA), Cinemacenter Catamarca (CATAMARCA).

CHACO

Cinemacenter Av Avalos (RESISTENCIA), Cinemacenter Resistencia 3 (RESISTENCIA), Cines De La Costa Resistencia (RESISTENCIA).

CHUBUT

Auditorium Puerto Madryn (PUERTO MADRYN), Cine Coliseo Español (COMODORO RIVADAVIA), Cine Auditorio Municipal (ESQUEL ESQUEL), José Hernández De Rawson (RAWSON), Rex Viedma (VIEDMA), Cine Coliseo Trelew (TRELEW).

CÓRDOBA

Dinosaurio Mall (CÓRDOBA), Cinemacenter Alta Gracia (ALTA GRACIA), Cinema 2000 Arroyito (ARROYITO), Sud Cinemas Bell Ville (BELL VILLE), Coop Canals (CANALS), Enrique Muiño Capilla Del Monte (CAPILLA DEL MONTE), Dino Ruta 20 (CÓRDOBA), Cinerama (CÓRDOBA), Gran Rex (CÓRDOBA), Sunstar Córdoba (CÓRDOBA), Atlas Cosquín (COSQUÍN), Aida Cruz del Eje (CRUZ DEL EJE), Cooperativo de Elena (ELENA), Las Tipas Jesús María (JESÚS MARÍA), Moderno La Francia (LA FRANCIA), Cines del Paseo (RÍO CUARTO), Cinema Strike Río Tercero (RÍO TERCERO), Ceyal Vicuña Mackenna (VICUÑA MACKENA), Holiday Carlos Paz (VILLA CARLOS PAZ), Gral Paz Villa Del Rosario (VILLA DEL ROSARIO), Cine Eter Villa Dolores (VILLA DOLORES), Sud Cinemas Villa María (VILLA MARÍA), Las Tipas San Francisco (SAN FRANCISCO), Las Tipas San Jorge (SAN JORGE).

CORRIENTES

Sociedad Rural Curuzú Cuatiá (CURUZU CUATIA), Cine Fantasio - Bella Vista (BELLA VISTA), Cinemacenter Corrientes (CORRIENTES), Cines De La Costa Centenario (CORRIENTES), Cines De La Costa Costanera (CORRIENTES), Cines De La Costa Goya (GOYA).

ENTRE RÍOS

Círculo Obrero Paraná (PARANÁ), Cine Gran Libertad (CHAJARÍ), Starlight Cinema Digital (COLÓN), Cinema San Martín (CONCEPCION DEL URUGUAY), Gran Odeón Concordia (CONCORDIA), Marconi Diamante (DIAMANTE), Cine Boulevard (GUALEGUAY) Cinema Concept (GUALEGUAYCHU), Urquiza San José (SAN JOSÉ), Cine Teatro Victoria (VICTORIA), Berisso Villaguay (VILLAGUAY).

JUJUY

Alfa Jujuy (JUJUY), Annuar Jujuy (JUJUY), Néstor Kichner Palpala (PALPALA).

LA PAMPA

Milenium Santa Rosa (SANTA ROSA), Cine Gran Pampa General Pico (GENERAL PICO), Cine Teatro General Pico (GENERAL PICO).

LA RIOJA

Cinemacenter La Rioja (LA RIOJA), Cinema 3D La Rioja (LA RIOJA), Cinema 3D La Rioja (LA RIOJA), Cinema 3D Chilecito (CHILECITO).

MISIONES

Casino Oberá (OBERÁ), Sunstar Posadas (POSADAS).

NEUQUÉN

Español (NEUQUÉN), Rex Cutral Co (CUTRAL CO), Rincón de Los Sauces (LOS SAUCES), Cine Amankay (SAN MARTÍN DE LOS ANDES), Municipal Zapala (ZAPALA).

SALTA

Ópera Salta (SALTA), Open Plaza Tartagal (TARTAGAL), Cine Club Metan (METAN), Casa De La Cultura Oran (ORAN).

SAN JUAN

CPM San Juan (SAN JUAN), Play Cinema San Juan (SAN JUAN), Cinemacenter San Juan (SAN JUAN).

SAN LUIS

Cinemacenter San Luis (SAN LUIS), Cinestar Merlo San Luis (MERLO). Cine Fénix Villa (MERCEDES).

SANTA CRUZ

Cine Municipal - El Calafate (EL CALAFATE), Mechenien (CALETA OLIVIA), Sala José Fernández - Espacio INCAA (CALETA OLIVIA), Cine Madres de Plaza de Mayo (GOBERNADOR GREGORES), Cine Auditorio Deseado - Puerto Deseado (PUERTO DESEADO), Cine Teatro Talia Puerto San Julián (PUERTO SAN JULIÁN), Cine Río Gallegos (RÍO GALLEGOS), Multiespacio Select (SANTA CRUZ).

SANTA FE

Libertador Casilda (CASILDA), Esperanza Santa Fe (ESPERANZA), Las Tipas Rafaela (RAFAELA), Recite Reconquista (RECONQUISTA), Cines del Centro (ROSARIO), Nuevo Monumental (ROSARIO), Municipal Hispano Rufino (RUFINO), Cine Club Alte Brown San Vicente (SAN VICENTE), Patio Casey Venado Tuerto (VENADO TUERTO), Alavera Vera (SANTA FE).

SANTIAGO DEL ESTERO

Sunstar Santiago (SANTIAGO DEL ESTERO).

TUCUMÁN

Solar del Cerro (TUCUMÁN), Atlas (TUCUMÁN), Atlas Vía (TUCUMÁN), Atlas Terminal (TUCUMÁN), Cinemacenter Tucumán (TUCUMÁN), Sunstar Tucumán (TUCUMÁN).

TIERRA DEL FUEGO

Sunstar Ushuaia (USHUAIA) y El Cine Rio Grande (RIO GRANDE).

Con información de NA.

IG

La película Argentina, 1985 fue seleccionada como parte de la Competencia Internacional de este año del Festival Internacional de Cine de Venecia y este sábado, su director y los protagonistas coparon la alfombra roja del prestigioso concurso italiano.

Con su director, Santiago Mitre a la cabeza, Ricardo Darín, Peter Lanzani y Alejandra Flechner posaron para los flashes previo a la exhibición del film que competirá frente a otros 21 títulos por el León de Oro. 

Además, en las últimas horas se confirmó que es la película argentina que estará presente en la 37ma. edición de los Premios Goya, que se celebrarán el 11 de febrero de 2023 en Sevilla, España.

Elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina para participar de estos galardones antes de su estreno, la película de Mitre está centrada en la historia de los fiscales Julio César Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani), que en 1985 fueron los responsables de investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

Coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill y Amazon Studios, “Argentina, 1985 tiene un guion del propio Mitre junto a Mariano Llinás (”La flor“) y tendrá su estreno en salas locales próximo 29 de septiembre para luego pasar a la plataforma de Amazon Prime Video.

Los Premios Goya, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, premió en ediciones anteriores con el galardón de Mejor Película Iberoamericana a filmes argentinos como “El secreto de sus ojos” (2009), “Un cuento chino” (2011), “Relatos salvajes” (2014), “El clan” (2015), “El ciudadano ilustre” (2016) y “La odisea de los giles” (2019).

Antes, será uno de los siete títulos seleccionados para las funciones de gala del 17° entrega del Festival de Zurich a realizarse entre los próximos 22 de septiembre y el 2 de octubre, y participará en la Competencia Oficial del 66ta. edición del BFI London Film Festival, que se llevará a cabo en la capital británica entre el 5 y el 16 de octubre.

¿De qué trata Argentina, 1985?

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

Los productores de Argentina, 1985 son Axel Kuscheatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín y Victoria Alonso. A cargo de la producción ejecutiva se encuentran Cindy Teperman y Phin Glynn.

El trailer

Con información de agencias.

IG

La película “Argentina, 1985", que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, llegará a las salas de cine de Argentina el 29 de septiembre y el 21 de octubre ya se podrá ver en la plataforma de streaming de Amazon.

Entonces los exhibidores locales dispondrán de una ventana de exclusividad de sólo tres semanas cuando las grandes cadenas hoy están exigiendo un mínimo de 45 días. ¿Habrá polémica entre los dueños de las salas y los productores y distribuidores de uno de los films nacionales más esperados del año?

Argentina, 1985 está dirigida por el galardonado Santiago Mitre (Paulina, La cordillera), quien también ha estado a cargo del guión junto a Mariano Llinás (La flor, Historias extraordinarias), y cuenta con un reparto estelar encabezado por Ricardo Darín (El secreto de sus ojos, Relatos salvajes) como Julio Strassera y Peter Lanzani (El clan, El ángel) como Luis Moreno Ocampo.

La película está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y llevar a juicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

DA

A pesar de su peso pluma, Judith König dejó huellas profundas. Nació en Buenos Aires, en abril de 1964, y se despidió de este mundo a los 57, el último sábado de enero. Contadora y licenciada en Economía (UBA), de bajo perfil -también era magister en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona-, cumplió un rol central en un sinnúmero de investigaciones que marcaron la historia judicial de las últimas décadas. 

Trabajó en el Juicio a las Juntas Militares en 1985; asesoró a fiscales de todo el país; intervino en causas icónicas, desde el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray hasta el juicio de la Tragedia de Once y Hotesur. Además, realizó el cálculo que demostró que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y Correo Argentina SA le costaría $4.000 millones al Estado Nacional en intereses no percibidos; y desentrañó secretos contables del poder económico, como cuando analizó los libros contables de Loma Negra y descubrió la correlación entre la desaparición de uno de los abogados laboralistas en 1977 y la reducción en la previsión de gastos en indemnizaciones laborales en el 72%. 

En los tribunales, es toda una proeza ser persona entrañable. Entre grietas, conflictos de intereses, competencias y recelos, a veces el afecto es cosa de pocos o entre pocos. Pero König tiene un doble mérito: no sólo se ganó el respeto de los tribunales, también se robó el corazón de muchos en el Ministerio Público Fiscal. Su trabajo consistía en asistir a los fiscales para encontrar las pruebas contables, financieras y económicas en delitos complejos y crimen organizado. 

Su último cargo fue el de directora de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, una división clave en la asistencia a las fiscalías de todo el país que ella misma creó. Pero su trayectoría en la Procuración General de la Nación comenzó en 1982, en el edificio de la calle Guido. 

Su primera gran colaboración llegaría tres años después al participar de los preparativos del Juicio a las Juntas Militares. Tenía apenas 20 años, cuando Luis Moreno Ocampo le preguntó si quería integrar el equipo de la fiscalía de Julio Strassera, ad honorem y después de horario. König aceptó de inmediato. 

Le asignaron la producción y logística de todos los testimonios del megajuicio, recuerda Carlos “Maco” Somigliana, quien la conoció como parte del equipo, en diciembre de 1984, y fue desde entonces su amigo entrañable. “Judith era una persona muy práctica, así que le asignaron contactar a cada uno de los testigos, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje. Era mucho trabajo -la tarea continuó durante toda la etapa de audiencias- y los testigos venían con mucho miedo, pero con su vitalidad y calidez, ella lo hacía muy bien”, afirmó Somigliana en diálogo con elDiarioAR.

Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Comercial.

Al estar pegada al teléfono, König era también la receptora de las amenazas para el fiscal Strassera, casi siempre, amenazas de bomba. Somigliana recuerda lo que su amiga les contestaba: “Para amenazas tiene que llamar en otro horario”. Llevaba siempre puestos el buen humor y la sonrisa. 

Cálida y humilde, son otras dos palabras que surgen instantáneamente ante la pregunta: ¿cómo era más allá de lo profesional? Lo resaltaron cada uno de los entrevistados. También su valentía, afirmó la fiscal general Gabriela Boquin.

En base al cálculo de König, a finales de 2016, Boquin estableció que el acuerdo entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia -Correo- era “abusivo” y “en detrimento para el Estado”; y la fiscal frenó así lo planificado desde el Ejecutivo. “La conocí cuando la convocamos a la fiscalía para pedirle colaboración. La DAFI era la más preparada para hacer las pericias en materia comercial y siempre estuvo solícita, no sólo a brindar la colaboración, sino a explicarle a los integrantes de mi fiscalía y a mí cuestiones que exceden el conocimiento de un abogado”, contó Boquin a elDiarioAR. 

Le asignaron contactar a cada uno de los testigos del Juicio a las Juntas, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje.

Carlos "Maco" Somigliana — Equipo Argentino de Antropología Forense, amigo y excompañero del equipo.

“Me pareció siempre una persona sumamente íntegra y honesta, que aún ante casos hipersensibles para la opinión pública, trabajó con convicción y brindando lo mejor de su conocimiento. Era una mujer muy sana, muy humilde, a pesar de sus conocimientos y experiencia”, aseguró Boquin.

Otra característica de König que resaltó la fiscal general y repitieron algunos de sus colegas consultados para esta nota es que “siempre estaba dispuesta a considerar la opinión del otro y a reconsiderar lo que ella pensaba”. “Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar”, dijo Boquin.

El fiscal Carlos Rívolo resaltó otras cualidades de König ante la consulta de elDiarioAR: “Después de que se recibió de contadora, a medida que desarrollaba un expertise en investigaciones patrimoniales, contables y financieras se fue haciendo su lugar. Judith fue perito oficial -por el Ministerio Público Fiscal- en causas relevantes de corrupción de todos los gobiernos democráticos”. 

“Era clara y contundente”, agregó Rívolo y destacó cómo fue gestando las distintas oficinas especializadas en criminalidad económica hasta lograr la creación de la DAFI. ¿Cómo era como asesora de los fiscales? “Proponía lo razonablemente probable y no se iba por las ramas”, afirmó el fiscal y titular de la Asociación de Fiscales, organización en la que König fue tesorera hasta que enfermó de cáncer y donde ayudó a que los fiscales tuvieran su propio edificio como sede de la asociación. “Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente”, afirmó Rívolo.

Una historia de amor

En 1994, el ahora fiscal Pablo Parenti era un joven meritorio de la fiscalía de Gabriel Cavallo. En un encuentro de empleados judiciales en la casa de Manuel Garrido vio por primera vez a Judith König y fue amor a primera vista. Ella ni lo registró. Era unos años mayor que Parenti, estaba en pareja y tenía un hijo, Juan. Pasaron unos tres años hasta que volvieron a reencontrarse en los tribunales. Almuerzos de por medio, con amigos en común, terminaron concretando una historia de amor de 25 años. Tuvieron dos hijas, Morena y Julieta.

“Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora. Yo le reclamaba que no trabajara los domingos -recuerda Parenti ante la consulta de elDiarioAR-. En diciembre de 2020, le diagnosticaron cáncer de ovario. Pasó por una cirugía y un tratamiento que duró hasta julio de 2021. Entonces se reintegró al trabajo pero con otro equilibrio, más consciente de que la vida es mucho más. Fueron unos meses super felices, hermosos, salíamos a caminar, se juntaba más con sus amigos, viajamos a Villa La Angostura y a Ushuaia. Judith se sentía bien, yo la vi más luminosa, más serena”, contó Parenti.

Pero en diciembre último, volvió a sentirse mal. 

En diálogo con este medio, un funcionario de un organismo de control contó que hace casi un año, König le dijo que estaba “con energía para dar pelea” al cáncer. “La vida te sorprende, ahora me tocó esto”, le dijo por chat. Meses más tarde, en junio de 2021, le respondió: “El tratamiento se hace largo”.

“Palabra santa”

Tras el Juicio a las Juntas Militares, Moreno Ocampo montó un equipo para colaborar en causas de criminalidad económica y sumó a König. También fue la primera contadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Fue docente y autora de publicaciones.

Cuando llegó el menemismo hacía años que trabajaba en la Justicia federal realizando investigaciones de delitos económicos y su trabajo no era sólo hallar las pruebas contables, económicas y financieras sino presentarlas de forma tal que los jueces y fiscales las comprendieran.

Entre otros tantos cargos, trabajó como secretaria del juzgado de Martín Irurzun. En 1993, descubrió una serie de supuestas irregularidades en la contabilidad de la empresa Torno, que realizaba las obras de limpieza del río Matanza y que fueron clave para que el juez procesara al entonces embajador en Brasil, Alieto Guadagni, publicó Clarín el 7 de agosto de ese año. 

Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente.

Carlos Rívolo — Fiscal federal y titular de la Asociación de Fiscales.

Ante el avance del caso, en el gobierno de Carlos Menem redactaron un decreto para desplazarla del cargo y nombrarla como defensora oficial en otro juzgado, pero König tenía una amiga que era empleada en la Casa Rosada, quien vio el borrador del decreto y avisó a sus superiores a tiempo: era contadora, no abogada. No le encontraron otro cargo y el decreto nunca se firmó.

“Sufrió situaciones de maltrato, de injusticia, de chocarse con la incompetencia de otros, de ver cómo se intentaron muchas veces forzar pruebas, y eso la amargaba mucho”, contó a elDiarioAR una persona de su máxima confianza. “Pero tenía sus estrategias para protegerse a ella misma y a su equipo. Siempre dejaban un dictamen escrito con su posición”, agregó.

El influyente Alberto Binder, abogado especializado en derecho procesal y proceso penal, recuerda que König “fue siempre una de las personas que estaba presente en la ardua tarea de construir herramientas más eficaces contra la corrupción y la criminalidad financiera. Cumplió un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los delitos economicos. No tenemos mucha gente así”, afirmó Binder ante la consulta de este medio.

Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora.

Fiscal Pablo Parenti — Esposo.

“Una de sus innovaciones fue que los fiscales pudieran tener sus propios peritos contables”, resaltó Parenti, quien actualmente lidera la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dijo a elDiarioAR: “Tengo una tristeza enorme porque la pérdida de Judith es una pérdida tremenda. Todos los que la conocíamos realmente estamos muy tristes y todavía estamos buscando explicaciones. Son las injusticias de la vida”. 

“Creo que Judith conoce el Ministerio Público Fiscal como pocos y sin dudas que la institución ha perdido una gran baluarte. Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces. El rigor con el que conjugaba su lado contable, su lado económico y su lado del derecho”, añadió Rodríguez. “Maravillosa, cálida y con mucho carácter, con firmeza. Si tenía que decirte algo que le parecía mal, no dudaba en hacerlo”. Rodríguez también la va a extrañar, aseguró. 

Generaciones

La vida de König tiene otro costado más: los y las más jóvenes del ámbito de fiscalías, ONGs, centros de estudios y universidades la valoran como referente y recuerdan su generosidad y capacidad docente. Los periodistas también conocimos esa faceta suya, cuando nos ahogábamos en informes contables y financieros y recurríamos a la pitonisa de la DAFI para desentrañar la historia detrás del tecnicismo. 

La fiscal federal Alejandra Mángano también trabajó con König en varios casos de corrupción económica. “Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera. Su importante trayectoria la hizo también una gran docente y formadora profesional para muchos fiscales, entre quienes me incluyo. La vamos a extrañar mucho”, dijo a este medio la fiscal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces.

Sergio Rodríguez — Fiscal general y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

“Brillante e inteligente, siempre se anticipaba a los acontecimientos”, afirmó la economista y contadora Magdalena Rúa. “Sabía más de derecho procesal penal que cualquier abogado. Ella era la directora de la DAFI pero nos presentaba siempre como compañeros de trabajo”, agregó.

Martina Cirimele, exdirectora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), también resaltó la generosidad de König y su predisposición a compartir sus conocimientos y su tiempo. “Es una referenta en investigación financiera y patrimonial -contó la joven la especialista-. Cuando inauguramos el grupo de género en el CIPCE, ella se reunió con el equipo para aportar todas sus ideas y sus ganas para la incorporación de esta perspectiva al estudio de la criminalidad económica. Siempre con mucho entusiasmo”. 

“No sé si Judith se consideraba feminista, pero lo era”, contó a elDiarioAR una de sus colaboradoras en la DAFI.

“Una pionera en la investigación financiera que dejó una huella en sus colaboradores, siempre luchando por los intereses de los que menos tienen y pueden”, afirmó Magalí Bausset, una de sus colaboradoras en la DAFI. En marzo de 2021, König dejó uno de sus puntos de vista en Twitter, algo que no solía hacer con frecuencia. “No importa qué tributos progresivos quieran imponer los legisladores, siempre va a haber un juez conservador dispuesto a salir en defensa de los ricos que no quieran pagar impuestos. Así se mantiene la regresividad tributaria y los pobres siguen pagando el IVA”, escribió.

Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera.

Alejandra Mángano — Fiscal federal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un funcionario de un organismo de control que compartió con König diversos casos de investigación en los años ‘90 y 2000, recuerda a la experta pronunciando reiteradamente el nombre “Morena”, su primera hija con Parenti. “La tenía siempre presente”. Más tarde, nació Julieta, su segunda niña. 

Sebastián Narvaja, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Santa Fe, recalcó que en su provincia, König “fue incondicional colaboradora para capacitar investigadores”. El abogado Pedro Biscay recordó el aporte de la experta en “el cómputo del perjuicio del caso Greco”.

“Habíamos conseguido la detención de un prófugo y eso le costó una apuesta. La llamé contento y me dijo: ‘Prisión preventiva consigue cualquiera. El tema es que esté preso con condena’ -contó a este medio otro investigador del Ministerio Público Fiscal-. Igualmente pagó el almuerzo por la apuesta en un prestigioso club de la Ciudad de Buenos Aires. ‘Acá están todos los que investigás, te traje sólo para que veas que el trabajo termina cuando tengamos condena’. La condena del prófugo llegó en 2019 y me replicó: ‘Aún falta, tiene que estar firme’. Incansable motivadora”, concluyó.

Su esposo, Parenti, recordó una de sus últimas huellas: “Cuando se enfermó y después, en los últimos días, me dijo que ella estaba tranquila, serena. Estaba conforme con su vida y sonreía mucho. La vi con mucha paz, tenía ganas de vivir pero estaba tranquila. Me dijo: ‘Hice todo, tuve una vida hermosa’”.

Este artículo se corrigió a las 15:08. Donde decía Juana debía decir Julieta. König falleció el sábado 29 de enero de 2022 debido a un cáncer de ovario. También se debió quitar un testimonio en on the record a pedido de la autora del testimonio posterior a la publicación.

ED