“La suba del dólar impacta rápidamente en los precios y sobre todo en los alimentos no perecederos. Va a empezar a haber un acaparamiento, los comerciantes no van a vender. Y encima demora mucho el Gobierno en dar una respuesta con la política alimentaria. El riesgo social pasa por ahí”. El duro diagnóstico de la situación de estos días en el conurbano que le dio a elDiarioAR un influyente dirigente del Movimiento Evita explica en parte la foto de ayer de Sergio Massa justamente con los referentes de las organizaciones oficialistas y la CGT. 

El salto del blue tendrá consecuencia en el bolsillo de los asalariados, pero también en el estómago de quienes integran la llamada economía popular –unas diez millones de personas que trabajan en la informalidad–. A menos de cuatro meses de las PASO, no son pocos los que aventuran que cualquier chispa podría encender una pradera social por demás seca.

 Massa –que por estas horas se juega su lanzamiento presidencial– buscó poner de su lado a quienes actúan como dique de contención social. Luego de avisarle al FMI que iba a intervenir en el mercado financiero para intentar detener la corrida bancaria, el ministro de Economía llamó ayer por la mañana a los dirigentes con los que se mostró pasadas las 19 en el Palacio de Hacienda. 

De un lado se ubicaron referentes de la UTEP, el gremio de la economía social, como son Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro –jefes del Evita– y Daniel “Chucky” Menéndez –de Somos-Barrios de Pie–. No sorprendió la ausencia de Juan Grabois –del MTE–, quien calificó al tigrense de “cagador” días atrás. 

Del otro lado estuvieron dos de los tres jefes de la CGT, Héctor Daer –del gremio de la sanidad– y Carlos Acuña –hombre del riñón massista–. Además se sentaron sindicalistas de sectores claves, como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Jorge Sola (sindicato del Seguro y mano derecha de Hugo Moyano), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Armando Cavalieri empleados de Comercio). Pegó el faltazo el camionero Pablo Moyano, muy ligado al kirchnerismo pero con trato directo con Massa. 

El saldo público de la reunión fue que el ministro habilitó un periodo de 90 días para sentar en una mesa a sus interlocutores de ayer con los empresarios. Busca acordar precios para que el repentino salto del blue vuelva a pegar en la inflación, que ya se estima otra vez cerca de 7 puntos para este mes que termina el fin de semana. En Economía avisaron que las reuniones empezarían “el sábado”, es decir, pasado mañana, pero uno de los invitados desalentó esa posibilidad consultado por este medio. Tampoco se informó a qué hombres y mujeres de negocios se van a convocar. 

Los 90 días

Entre líneas, la cumbre buscó dar un mensaje político en medio de las peores horas del Frente de Todos. “Fuimos a acompañar ante el intento de desestabilizar”, dijo a elDiarioAR uno de los participantes. “Fue una reunión de apoyo al Gobierno”, explicó otro de los convidados. “La foto es por la crisis. Les están avisando a los que subieron el dólar y marcan los precios que ‘ojito’ con lo que hacen”, comentó un tercer dirigente conocedor del detalle de la reunión. 

“No vamos a ser simples espectadores de aquellos que especulan”, avisó Daer en la conferencia que se transmitió en vivo. “Cuente con nosotros para ir a marcar especuladores que subieron los precios y no los bajen a partir de ahora”, le dijo en la cara Pérsico a Massa. 

Una fuente consultada aseguró en off que los piqueteros no irán a controlar precios “porque no es una política que funcione”. Ya quedó atrás las postales del verano cuando los militantes de Barrios de Pie salieron a hacer campaña sobre Precios Justos y Moyano se sumó a los controles de la Secretaría de Comercio en los depósitos de las grandes cadenas de supermercados.

Lo cierto es que la ventana de tres meses terminaría el 25 de julio, un mes después del cierre de las listas de candidatos y menos de tres semanas antes que las primarias del 13 de agosto. Massa lograría así oxígeno en medio de la crisis para cualquier aventura electoral.

Además del llamado al acuerdo por los precios –que pulveriza los salarios–, el Gobierno prometió principalmente a los movimientos sociales acelerar el refuerzo de alimentos en los comedores de los barrios populares. Ese es el reclamo que sobrevuela la amenaza de un estallido social de abajo hacia arriba.

“Le planteamos al ministro buscar un mecanismo de decisión más rápida del Estado. Es muy lento todo y hay que acelerarlo y que funcione a otra velocidad. La crisis no puede esperar la burocracia y la lentitud e inoperancia del Estado. También hay funcionarios que son de carrera y políticos muy malos”, cuestionó una fuente oficialista al salir de la reunión. 

En las organizaciones de la UTEP hay un encono personal con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, pese a que el grifo de los fondos públicos lo maneja Massa. Pérsico, además, tiene en la cartera cierta preponderancia, siendo el titular de la secretaría de Economía Social, el área que administra los planes sociales. “Tenemos contacto con Massa y con Alberto, pero a Tolosa Paz le cuesta concretar en la gestión, no activa”, dijo al respecto una quinta fuente consultada.

Y al respecto de cómo la crisis golpea en La Matanza, su territorio de pertenencia y el distrito más populoso del conurbano, la voz autorizada de los movimientos sociales oficialistas alertó: “Al estar la situación tan difícil, cualquier problema puede terminar en cualquier cosa. Si no hay desde el Gobierno políticas de contención más fuertes, más allá de lo electoral, puede pasar cualquier cosa. Hay muchas más redes de atención comunitaria, pero eso no es ilimitado si la inflación te come todo y no podés dar ni siquiera respuesta alimentaria”.

MC

Si la sede del gobierno nacional está frente a la plaza de Mayo, gran parte del poder peronista real está en la plaza de San Justo. Y si la gran mesa del Frente de Todos del jueves por la noche tuvo la sorpresa de juntar a Alberto Fernández con Máximo Kirchner después de un año sin hablarse, la postal de la treintena de participantes dejó otra apostilla política significativa. A solo cinco sillas de distancia se sentaron Fernando Espinoza y Fernando “Chino” Navarro, dos de los protagonistas de una de las peleas más descarnadas que tendrá la temporada electoral oficialista.

Es que el Movimiento Evita está dispuesto a desafiar al intendente de La Matanza en su propio territorio, y ya se prepara para lanzar su propio partido político con el que buscará ir a las PASO locales: La Patria de los Comunes.

La jugada de la organización que conducen Navarro y Emilio Pérsico quedará cristalizada a mediados de marzo, con un acto en una cancha de fútbol porteña. El sello político del Evita tiene el apoyo de Somos-Barrios de Pie, la agrupación que conduce Daniel “Chucky” Menéndez que, al igual que sus aliados, tiene un pie en el territorio y otro en la función pública. Son las dos organizaciones piqueteras más importantes del oficialismo.

La intención declarada de Pérsico y compañía es pelear en diez distritos comandados por peronistas, aunque siempre dentro del variopinto FdT. También tienen ambición en ocho que responden a Juntos por el Cambio. Con nombres propios, en el WhatsApp de la agrupación ya circula un listado de los municipios de PBA a conquistar. 

En La Matanza, La Patria de los Comunes será la agrupación que lleve al frente la candidatura de Patricia “Colo” Cubría, diputada bonaerense y pareja de Pérsico. Es quizás la candidatura más firme, junto a la del legislador nacional Leo Grosso en San Martín, partido gobernado hoy por Fernando Moreira, en reemplazo del ministro Gabriel Katopodis. Otra prioridad es mantener la intendencia de Moreno –único bastión propio– con Mariel Fernández, la segunda cara del Evita que estuvo en la sede del PJ el jueves.

La Matanza, Máximo y Grabois

La interna matancera con Espinoza está al rojo vivo luego del desplante en las legislativas de 2021, cuando el PJ local –dominado por el intendente– bajó la lista del Evita por supuestas irregularidades legales. La disputa escaló a fines del año pasado, cuando una patota vinculada a la barra de Almirante Brown atacó a balazos a una cuadrilla que realizaba pintadas callejeras por la “Colo” Cubría.

Ese violento episodio involucró en la trama a Máximo Kirchner, quien se ofreció para mediar entre Espinoza y Pérsico. “No quiere que haya quilombo porque sabe que el apoyo de los vecinos al intendente está cayendo y que nosotros tenemos poder de daño”, aseguró a elDiarioAR una fuente evitera al tanto de la realidad en el territorio.

“Si el FdT está en 45 o 50 puntos en La Matanza, Espinoza solo llega al 30 por ciento”, pronosticó un dirigente territorial, que aseguró que aunque hay diferencias claras con el jefe comunal, el Evita no va a romper con el oficialismo: “Todos nos necesitamos, hay que construir”. 

Las conversaciones aceitadas entre Pérsico y Máximo fueron una consecuencia de la visita del líder piquetero a Cristina Kirchner en el Senado. Esa cumbre bajó la tensión que existía en el kirchnerismo por los planes sociales y parece haberse trasladado al plano electoral. “Hay un aval explícito de Máximo de nuestras candidaturas”, dijo una importante voz territorial, dando a entender que la boleta de Cubría tiene el apoyo de La Cámpora local. 

Cerca de Espinoza asumen que la pelea local está abierta y aseguran que la definición de que haya primarias locales estará atada a la estrategia nacional de todo el dispositivo del FdT. 

Otro nombre de peso que se metió en la pelea matancera fue Juan Grabois, quien se ofreció como abogado ad honorem de los militantes del Evita atacados. Aunque el dirigente cercano a la vice tiene su propio partido –el Frente Patria Grande–, también acompaña los intereses electorales de sus socios en la UTEP, el gremio de la economía popular. Ya elDiarioAR publicó la postal en San Martín entre Grosso y sus pares Federico Fagioli y Natalia Zaracho. 

El Evita también quiere pelearle Lomas de Zamora a Martín Insaurralde (el anotado ahí es Juan Francisco Navarro, hijo del “Chino), Tigre (a Julio Zamora), Marcos Paz (Ricardo Curuchet), Ituzaingó (Alberto Descalzo), Berazategui (Patricio Mussi), Presidente Perón (Blanca Cantero), Navarro (Facundo Diz, en reemplazo de Santiago Maggiotti) y Partido de La Costa (Cristian Cardozo). 

A la oposición –corriendo a priori desde atrás– le intentará arrebatar Vicente López (terruño de Jorge Macri), Lanús (del macrista Néstor Grindetti), Suipacha (del radical Alejandro Federico), Lobos (Jorge Echeverry), Rojas (Román Bouvier), San Nicolás (Ismael Passaglia), Tandil (Miguel Ángel Lunghi). También hay una pelea por Tres de Febrero, que comanda el larretista Diego Valenzuela, por parte de “Chucky” Menéndez. Ahí el FdT lo encabeza el camporista Juan Debandi, que ya perdió en las últimas elecciones.  

La ambición política del Evita parece circunscribirse a las intendencias bonaerense. Hay en principio un acuerdo interno para que Axel Kicillof sea reelecto, pese a que hubo coqueteos con Insaurralde que también sueña con La Plata. A su vez, tiene anotados dos dirigentes en otras provincias: el diputado Eduardo Toniolli es su candidato para gobernador en Santa Fe, donde seguramente hay internas; y en Río Negro ya tienen definida la postulación de Silvia Horne, pese a que el panorama político lo domina Alberto Weretilneck. 

¿Planes por votos?

La presentación formal de La Patria de los Comunes está agendada para el 17 de marzo, con un acto en un estadio de fútbol por ahora incierto. En un principio era la cancha de San Lorenzo, pero distintas fuentes eviteras confirmaron que será otro el espacio: entre las posibilidades está Ferro, en Caballito, o Deportivo Español, en el Bajo Flores. La decisión de la orga de lanzarse formalmente en política se votó ya el año pasado, en un congreso nacional en Argentinos Juniors.

Lo cierto es que el organigrama del partido ya está definido. Pérsico será el presidente y Menéndez su vice. Además de ellos y de Navarro, en el armado también participan otros referentes del Evita, como Alejandro Gramajo –subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social–, Gildo Onorato –quien se pidió licencia como secretario gremial de la UTEP– y el ex senador y jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

“Pensamos el lanzamiento como una instancia de participación política de los movimientos, que tiene como objetivo definir un programa productivo, económico y social, y tener claro desde dónde hablamos hacia el futuro”, planteó Onorato a elDiarioAR. El Evita busca sumar acciones propias en la mesa del FdT desde su base territorial, a partir de la extensión de su influencia que tiene en la llamada economía popular, que agrupa a unos diez millones de personas que trabajan en la informalidad. 

La organización tiene el desafío de administrar los planes sociales, una política hasta cuestionada por el propio Pérsico, que es el secretario de Economía Social de la Nación, la ventanilla en Desarrollo Social a cargo del programa Potenciar Trabajo. Los tironeos con la ministra Victoria Tolosa Paz son permanentes. De los casi 1,3 millones de beneficiarios, se estima que al Evite responden unos 120 mil planes. Esa masa no se traduciría automáticamente en votos, más en el clima anti-político reinante: ya no es novedad que en las barriadas se escuchen apoyos a Javier Milei, incluso en las filas de las agrupaciones piqueteras más duras, como es el Polo Obrero. 

“Es un desafío para los movimientos populares no solamente captar el voto, sino impulsar estrategias de desarrollo político-electoral. Existe un enorme vacío de nuestra democracia que está desprestigiada, con una ausencia de representatividad enorme”, admitió Onorato, y en un tiro por elevación a la propia estructura del PJ, que justamente tiene en Espinoza en La Matanza a su máxima expresión, agregó: “Tenemos que plantear una propuesta desde los sectores populares para aportar volumen electoral en aquellos lugares donde los sectores tradicionales del Frente de Todos han perdido prestigio, representación y territorialidad”.

MC

El asado comenzó pasadas las 22 del lunes y se extendió hasta las 4 de la madrugada del martes. En su casa de Tigre, Sergio Massa hizo de anfitrión de los principales referentes del Movimiento Evita, la organización social oficialista más grande, con al menos 130 mil planes en su haber e importantes resortes dentro del loteado Frente de Todos. Entre los comensales que se acercaron a su country de Tigre se anotaron Emilio Pérsico –a su vez secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, para varias voces el ministro ad hoc de la cartera que conduce Juan Zabaleta–, Fernando “Chino” Navarro –ahora secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, en la Jefatura de Gabinete– y Leo Grosso –diputado nacional y con diálogo propio con Máximo Kirchner–. 

Lejos de hablar de cuestiones sociales, la conversación fue sobre política. Massa y el Evita sellaron un pacto que ya se venía negociando desde que se supo que el tigrense desembarcaba en Economía, como publicó elDiarioAR. “Concluimos en que podemos transitar un camino juntos en el marco del Frente de Todos”, aseguró a este medio uno de los protagonistas del ágape. ¿Jugarán juntos en 2023?

Por ahora, el acuerdo Massa-Evita significa para el tigrense lograr cierta “contención” social y ganar tiempo para demorar medidas concretas frente a una coyuntura asfixiante: casi 40 por ciento de pobreza y una inflación proyectada para todo el año cercana a los tres dígitos. “Antes de que anuncie medidas, a Massa le falta ordenar algunas cosas. Igual no debería tardarse mucho. No hay tanto tiempo. Todo el tiempo que está ganando es porque se hace mucha contención”, consideró otra voz dentro del Evita que confirmó la cena.

La rosca de Massa con Pérsico y compañía también se replica en las otras agrupaciones nucleadas en la UTEP, el gremio de la llamada economía popular que integran además el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois, Somos-Barrios de Pie de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete, entre otras. El ministro tiene contacto directo con cada dirigente, con todos “está armando”, según recogió este medio en las distintas terminales territoriales. 

La estrategia de –por ahora–, esquivar anuncios de corte social no tiene como contrapartida voces disonantes. El miércoles, por caso, en la columna que la UTEP concentró en Av. de Mayo y 9 de Julio para la marcha de la CGT, cuatro referentes distintos le dijeron a elDiarioAR que Massa les había transmitido que post marcha iba a haber anuncios. Nada pasó, y eso no caldeó el ánimo popular en las agrupaciones oficialistas. 

Grabois –el más cercano a Cristina Kirchner– no volvió a alzar la voz desde que juró el ministro y tampoco se lo vio en la marcha de la CGT, aunque sí hubo una columna del MTE en la calle. “Lo conocemos desde hace tiempo, tenemos una buena relación”, confió por su lado una fuente cercana a Alderete, cuyo hilo rojo con Massa se explica por la histórica comisión interna que la CCC domina en la planta de la ex Terrabusi (hoy Mondelez) en Tigre.

La cercanía con Massa sí tiene como contracara una relación heterogénea de las organizaciones de la UTEP con Alberto Fernández, pese a que más de una vez el Presidente defendió los postulados de la economía popular. “Alberto ya fue, ahora es con Massa”, dijo con honestidad brutal un dirigente-funcionario de la UTEP entre los bombos que sonaban el miércoles en el microcentro porteño. “Con Alberto es difícil armar. Está en Marte”, fue más demoledor un vocero que conoce el paño. Curiosamente, un encumbrado  referente de la misma organización lo retrucó: “Para nosotros la política la organiza Alberto Fernández y su Gobierno. Obvio que seguimos creyendo en él”. 

¿Ansiedad por ganar una agenda social postergada?

La agenda social demorada por Massa contempla desde un muy publicitado DNU que busca “transformar planes en empleo”, hasta la –más publicitada aún– auditoría de las universidades al Potenciar Trabajo. En el medio, la UTEP reclama un salario universal para los más postergados y un monotributo social para los trabajadores de la economía popular. Dos medidas sin feedback aún en Economía.

Sí fue desde el Palacio de Hacienda que se motorizó un “borrador” sobre el programa “Puente Empleo”, una versión massista del remanido “empalme” que en su momento armó Mauricio Macri. La medida contemplaría que unos 200 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo –que en total suman 1,3 millones de personas– accedan a un empleo formal sin perder el plan de 22 mil pesos –la mitad del salario básico–. Durante un año, el Estado pagaría esa parte del sueldo, mientras que el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, haciéndose cargo solo de los componentes que corresponden a la obra social, la ART y el sindicato. 

El jueves por la mañana el propio Massa confirmó en el Council of the Americas que el decreto estaba a la firma, y por la tarde la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que salía al día siguiente. El viernes, brilló por su ausencia en el Boletín Oficial. “No tenemos fecha de eso”, dijeron a elDiarioAR en Economía. En la Rosada, a su vez, admitieron que aún no estaba ni escrito el DNU y hasta dejaron transmitir cierto malestar por las confirmaciones al aire. 

¿Fue cierta ansiedad de ganar la agenda ahora que parece que Massa “cambió el humor” político?  Algo similar pasó en el mismo evento en el Alvear ante empresarios norteamericanos con el embajador Jorge Argüello, que primero cometió el gaffe de llamar “presidente” al ministro y luego confirmó que la bilateral de Fernández con Biden se iba a hacer, aunque omitió el dato clave: la fecha. “Se apuró, no tendría que haber dicho nada, si la bilateral nunca se había caído y no sabemos cuándo se va a hacer”, cuestionó al diplomático un vocero en Cancillería. La interna oficialista y la falta de rumbo claro parece que aún están latentes.

Incluso en las organizaciones hay una mirada de que el “Puente Empleo” tiene más que ver con la necesidad de Massa de dar mensaje a la clase media, ya que reduciría los planes sociales, que otra cosa. Sin embargo, seguirían siendo arriba de un millón en el Potenciar Trabajo. “Hay una parte de eso que está operado. Algo de realidad tiene pero hay mucho humo, es más una presión cultural de la capa media. No nos oponemos al empleo formal, ¿pero cómo haces que el empresariado lo acepte y te garantice que una fábrica acepte diez del plan sin echar a diez fijos?”, cuestionó un dirigente de la CCC. “Massa lo que quiere es llegar a fin de año bajando el número de planes sociales, como para dar una señal a los que miran TN”, admitió otro referente de Somos-Barrios de Pie.

Además, creen que el impacto “real” del programa en la economía popular sería exiguo: teniendo en cuenta que ese universo abarca al menos unas 9,7 millones de personas –se toma como base los informales, desocupados y más vulnerables que recibieron el IFE durante la pandemia–, el número de 200 mil es apenas el dos por ciento. 

En la UTEP consideran que incluso más de esos 200 mil que están entre los 1,3 millones del Potenciar Trabajo tienen posibilidad de volcarse al empleo formal, pero no así el resto de los casi diez millones que están en la economía informal. De esa torta, estiman que hay alrededor de 1,7 millones de “indigentes” que –ante cualquier imposibilidad de siquiera hacer changas– deberían recibir un ingreso universal. Es el proyecto de ley que presentó Juliana Di Tullio en el Senado –y que conversó con Grabois: como si fuera la AUH de la Anses, pero para adultos y de unos 15 mil pesos mensuales. En estas dos semanas, la iniciativa ni siquiera se giró a comisiones en la Cámara alta que preside CFK.

Para las 6,7 millones de personas restantes –que viven de changas, son vendedores ambulantes, cartoneros, cuentapropistas, manejan un comedor, etc.– la UTEP espera que el Gobierno avance con un “monotributo social”, una regularización que de alguna manera les permita acceder tanto a una obra social o como a una jubilación futura. La iniciativa también está cajoneada en la Cámara de Diputados desde que Massa era su presidente.

La auditoría a los planes y los silbidos para Zabaleta

En ese complejo marco de no-medidas, Zabaleta se puso al hombro en la última semana la auditoría al Potenciar Trabajo, aunque no sin dificultades. Anunciada por Massa para este mes, ahora la fecha de arranque es septiembre. 

Tras mostrarse el martes con un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que serán capacitados para hacer la auditoría en el conurbano, “Juanchi” viajó el miércoles a San Juan también para avanzar con la parte de la auditoría a 20 mil planes que hará la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad nacional local. 

Allí se mostró con el peronista Sergio Uñac, con quien compartió un acto de entrega de 74 diplomas sobre “Cuidados de Adultos Mayores y de Género” a miembros de movimientos sociales oficialistas, que forman parte de la gestión pero que están enfrentados con el gobernador. Fue entonces cuando tanto el funcionario como el mandatario vivieron momentos incómodos: desde el auditorio de unas 500 personas los silbaron y los cuestionaron a viva voz –según supo elDiarioAR de testigos de la situación– cuando hablaron de la auditoría al Potenciar Trabajo. 

“No venimos a sacarle nada a nadie”, se apuró a contestar Zabaleta en un intercambio que no ganó los medios. Los titulares de su gira sanjuanina fueron las palabras más categóricas que le dijo a empresarios locales sobre los beneficiarios que serán auditados: “Si no quieren trabajar ni estudiar, se les da de baja el plan”.

“Hay mucha bronca. El circo de las auditorías es una estigmatización social”, justificó un dirigente los abucheos a Zabaleta. De hecho, referentes de la UTEP se sentaron con Zabaleta el jueves en una reunión de casi dos horas en Desarrollo Social para exigirle que el relevamiento no sea solo a las agrupaciones, sino también a todas las unidades de gestión que manejan parte del 1,3 millones de planes sociales: gobernaciones, intendencias, iglesias y ONGs. Además querían que la encuesta se realice en los lugares de trabajo, con grupos reducidos para evitar el “show mediático”, apuntó uno de los asistentes. 

“Se accedió a los dos pedidos. Juanchi reconoció que era la mejor manera”, agregó la fuente tras el cónclave, conclusión que confirmaron desde el ministerio, aunque negaron que haya habido una “presión” de las agrupaciones. Sentado al lado de Pérsico –que tiene pie en ambos lados del mostrador–, Zabaleta estuvo en esa reunión en minoría de condiciones: tenía en frente a 23 dirigentes sociales de todas las organizaciones de la UTEP, y que el día antes habían estado en la marcha de la CGT. Por la cartera, además del ministro y el jefe del Evita, solo estuvieron Gustavo Aguilera, virtual viceministro, y Pablo Pais, al frente del área que maneja el Potenciar Trabajo. 

“Nosotros nunca estuvimos en contra de la auditoría, pero sí en el enfoque de guerra contra los movimientos populares que empezó con el discurso de CFK el 20 de junio”, recordó un encumbrado dirigente de la UTEP y del Evita cuando Cristina Kirchner los cascoteó en el acto de Avellaneda que le armó la CTA de Hugo Yasky. Flamantes aliados de Massa, las agrupaciones con mayor peso –que son el Evita, la CCC y Barrios de Pie– tienen un encono particular con Zabaleta, puntualmente, y con CFK en general. 

“A Juanchi lo empuja más Cristina”, dijo otra voz con despacho y base territorial, memorioso de que, en plena crisis abierta del FdT, el ministro visitó a la vicepresidenta en su despacho. Creen que la auditoría es más un plan de ella que del titular de Economía. Y, con cizaña, remarcó la necesidad de Juanchi de recuperar la intendencia que dejó en manos del camporista Damián Selci: “Todo el mundo dice que se quiere volver a Hurlingham a fin de año. Y creo que ella puede ser determinante en su plan, porque ahí está ahora La Cámpora”.

MC

Corría 2017 cuando Sergio Massa forjó una alianza filo-progresista con Margarita Stolbizer para enfrentar a Esteban Bullrich, Cristina Kirchner y Florencio Randazzo en la batalla bonaerense por la banca para el Senado nacional. Con la líder del GEN adentro, al sello 1País se sumó Libres del Sur y su movimiento social, Barrios de Pie. El 10 de junio hubo un acto conjunto y multitudinario en el microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors el que se repartieron elogios de todo tipo, pero la alianza duró poco. Apenas diez días después, en el cierre de listas para diputados, se desató una crisis porque el tigrense ubicó undécimo a Jorge “Huevo” Ceballos, referente en La Matanza del partido de Victoria Donda y Humberto Tumini. La relación fue tan tensa, que incluso durante aquellos días Barrios de Pie protagonizó un piquete contra el gobierno de Mauricio Macri y Massa no les hizo eco.

Aquel zigzag con Barrios de Pie es un botón de muestra de cómo Massa ve a los movimientos sociales y a los territorios más castigados. Trata de buscar una salida a la crisis en clave productiva, pero no confía en los planes sociales. En la víspera al fin de semana trabajó con referentes de las organizaciones oficialistas para incluir en el paquete de medidas que anuncie el miércoles señales concretas para atender las demandas sociales, según supo elDiarioAR de tres fuentes del FdT. ¿Anuncios para la economía popular o un ingreso complementario inspirado en el Salario Básico Universal (SBU)? Los detalles aún se mantienen en estricta reserva. 

Por lo pronto, ya hubo señales de la calle y habrá cierta tregua. Casi al mismo momento en que se conoció su designación como “superministro” de Economía, el jueves por la tardecita Daniel Menéndez, hoy coordinador del oficialista Somos-Barrios de Pie y reconciliado con el líder del Frente Renovador, desactivó una protesta que tenía pensada contra el campo en La Rural. La mudó frente al Congreso, hasta ahora la casa de Massa. “Seguro iba a haber lío, y en este contexto íbamos a quedar como unos provocadores, cuando en realidad somos víctimas de los especuladores”, se lo escuchó explicar al referente social en las últimas horas. Juró a quien le preguntó que no lo llamaron del Gobierno para echar por tierra su piquete.

Tampoco se esperan fuertes movilizaciones durante la semana que comienza mañana, después de las recientes piquetes tanto oficialistas y opositores, incluso mezclados entre sí. Además de Somos-Barrios de Pie, el tigrense llega al Ejecutivo con el apoyo explícito del Movimiento Evita, la mayor de las organizaciones. Sin embargo, Massa tendrá sus escollos: el cristinista Juan Grabois y la izquierda trotskista ya avisaron que lo van a presionar para que abra la billetera.

La economía popular, el salario básico, Grabois y la izquierda 

La agenda de los movimientos sociales está concentrada para el próximo domingo 7 de agosto, día de San Cayetano. Para entonces la oficialista UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde pisa fuerte el Evita de Emilio Pérsico y Fernando Navarro) prepara una movilización de más de 500.000 personas. Caminarán desde el santuario en Liniers hasta la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, corazón del microcentro porteño.

Aunque la consigna formal será “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”, elDiarioAR supo que entre las demandas concretas estará la del Salario Básico Universal (SUB), una bandera que todas las agrupaciones populares ligadas al Frente de Todos comparten, pero que ya rechazó Martín Guzmán y la recientemente designada-despedida Silvina Batakis. 

El costo fiscal de 1,8 puntos del PBI para el beneficio que alcance a unas 7 millones de personas es el principal argumento que encontró Alberto Fernández para bajarle el pulgar al SBU. Massa no explicitó aún su postura –solo la tildó de “interesante”–, pero entre sus próximas medidas podría tenderles una mano a los movimientos sociales. “Estamos trabajando”, se limitó a responder una calificada voz en el Gobierno.

Hace tiempo que el Evita tiene un borrador sobre un posible “Ministerio de la Economía Popular”, que atienda específicamente las necesidades de los casi 8 millones de trabajadores informales. Es un nombre puesto ahí el de Pablo Chena, economista del riñón de Pérsico y actual director de Economía Social y Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social. Cualquier movimiento importante podría sellar la suerte de Juan Zabaleta al frente de la cartera.

En ese sentido, hubo señales. “Le tengo afecto a Massa: es capaz, tiene oficio y es valiente”, dijo en una radio Fernando “Chino” Navarro, otro jefe del Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias de la Rosada. Por la tarde, el mismo viernes, Massa tuvo el respaldo vía Twitter de Leo Grosso, legislador accionista en el Evita. “Vamos, crack”, le dedicó el diputado al tigrense, luego de que conversaran personalmente en las últimas jornadas. La foto donde ambos están con cascos de seguridad de obreros podría ser otra pista.

Grosso también firmó en su momento el proyecto de ley del SBU junto a Itai Hagman, del Frente Patria Grande, el espacio político de Grabois. El SUB es la principal causa del amigo de Cristina Kirchner y el Papa Francisco, quien el jueves le marcó la cancha al líder del Frente Renovador vía Twitter y desde Salta, donde visitó una comunidad wichi y hasta protagonizó un corte de ruta: “Igual que a Batakis y Guzman, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos”, escribió el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

El mensaje de Grabois tiene un frente y un reverso. El frente, que Massa no tiene un respaldo consensuado por parte de la UTEP. El reverso: Grabois juega para que Wado de Pedro se convierta en presidenciable, carrera en la que el tigrense ahora se subió más que nunca. elDiarioAR ya publicó la hipótesis que hay en el Frente Patria Grande de que una interna Massa-Wado haría muy atractiva la oferta electoral del FdT en 2023.

Otro factor que agrega complejidad ahí es Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora tiene íntima relación tanto con Massa, como con Hagman y Grosso. Sin embargo, Andrés Larroque ya se mostró más favorable al SBU que al concepto de la economía popular, y nunca ahorró críticas sobre Pérsico.

Con todo, el MTE mantiene latente la posibilidad de organizar una protesta por el SBU para la semana del 8 de agosto, según supo elDiarioAR cerca de Grabois. En su corte piquete en el puente Pueyrredón, hace diez días, habló de “dejar la sangre en la calle”. Luego de prender ese fuego amigo, dialogó con la vice y con la senadora Juliana Di Tullio para intentar conciliar su iniciativa de salario básico con la propuesta cristinista, que es más austera. El ingreso complementario podría alcanzar primero al universo de personas hoy sumidos en la indigencia –unas 4 millones–, por lo que se reduciría considerablemente el costo fiscal. 

Otra mina en la calle que tendrá que esquivar Massa será la opositora Unidad Piquetera, que nuclea al Polo Obrero, el Barrios de Pie que se escindió de Menéndez, y otras organizaciones enfrentadas al kirchnerismo. 

En los próximos días sus principales dirigentes le entregarán al nuevo jefe del Palacio de Hacienda un pedido formal de audiencia, como ya habían hecho sin suerte con Batakis. Por eso coparon la Plaza de Mayo el mismo jueves en que fue ungido el por ahora titular de Diputados. Volverán a movilizarse también la segunda semana de agosto, si no les responde a sus reclamos. Exigen la ampliación del programa Potenciar Trabajo –que hoy alcanza a 1,2 millón de beneficiarios, que manejan tanto oficialistas como opositores, y que tendrá un bono de refuerzo de $11 mil– un plan de obras públicas para crear 1 millón de puestos de trabajo y un salario mínimo de $ 105.000.

Pero el pacto sellado con el Evita, Somos-Barrios de Pie y el diálogo que pueda abrir con Grabois, le garantizará a Massa cierta paz social, y las protestas de la izquierda quedaría encapsuladas. “Massa no tendrá necesariamente un perfil que concuerde del todo con los movimientos sociales”, entendió en este contexto un dirigente muy importante que lo conoce, y concluyó: “Pero no deja de ser peronista”.

MC

Gildo Onorato elige con cuidado sus palabras para explicar la crisis actual, haciendo equilibrio como crítico del Gobierno, pero reconociéndose parte. “El Frente de Todos tiene que reconstruir su vínculo con los sectores populares”, asegura como referente Movimiento Evita –que conducen los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando Navarro– y como secretario gremial de la oficialista UTEP –la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que también integran dirigentes como Juan Grabois, Daniel Menéndez y Juan Carlos Alderete–. “El empoderamiento de los sectores populares es fundamental a la hora de pensar la gestión pública. Esa idea de que hay dos lados del mostrador es la idea de la tecnocracia liberal”, completa para echar por tierra la aparente contradicción de ser juez y parte.

En diálogo con elDiarioAR, Onorato evita confrontar con La Cámpora y Cristina Kirchner, que cuestionan al Evita y sus manejos de los planes sociales –ostenta unos 120 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo–, pero alude a que la vice es parte de “una estructura que expresa más el siglo XX que el siglo XXI”. Tras una semana de intensas movilizaciones y protestas callejeras, luego de los anuncios de corte ortodoxo de Silvina Batakis, confirma que la UTEP no va a participar de la protesta del 20 de julio de Grabois, pero sí en la movilización de la CGT del 17 de agosto. A su vez, adelanta que para la próxima marcha de la UTEP por San Cayetano estiman unas 500 mil personas. “Hay una gran crisis del sistema democrático y de la representación democrática en la Argentina que genera un enorme vacío. Los movimientos populares no tenemos que sumarnos a estrategias de desestabilización democrática”, dice sobre la realidad de las organizaciones sociales en medio de la crisis.

Fue una semana cargada de asambleas, protestas, actos y movilizaciones, tanto desde las organizaciones opositoras al Gobierno como desde las oficialistas. ¿Cómo ves la situación social luego de los anuncios de Batakis del lunes?

La situación social no ha cambiado. Me parece que omitir un juicio absoluto sobre los planteos de Batakis es un error. Por supuesto que estamos preocupados, pero no es una preocupación que aparece con Batakis, sino es una preocupación que está en el marco de un contexto generalizado. 

¿Esperaban desde la UTEP y el Evita más de los anuncios de Batakis?

Nosotros no esperamos ni más ni menos de ningún ministro. Creemos que el Frente de Todos tiene que reconstruir su vínculo con los sectores populares, que principalmente se ha roto por la incapacidad de construir acuerdos sólidos, estables y desde ahí desarrollar políticas con capacidad concreta de valorar el trabajo, insistir en la producción y el desarrollo nacional. Situar los problemas en un ministro nos parece un error, una simplificación y una reducción de situaciones mucho más problemáticas y más graves. Acá lo que hay que evaluar es el conjunto de las políticas que se han desarrollado. Y con respecto a la situación en particular, entendemos que hay que tomar medidas que no profundicen la política de los subsidios y las transferencias en más planes, sino hay que poner el eje en la producción, en el trabajo y en el desarrollo.

No ves que el diálogo que se retomó entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner esté recomponiendo la crisis.

El diálogo sirve y por supuesto que es importante. Pero no creo en los acuerdos de cúpulas de la dirigencia política tradicional, si no están también protagonizados por los verdaderos actores de la transformación, que en el siglo XX y en el siglo XXI siguen siendo los trabajadores y las trabajadoras. Si no hay protagonismo de la clase trabajadora y de los sectores populares, no hay crisis que se pueda saldar. Teniendo en cuenta la enorme distancia entre la agenda del palacio y la agenda de los argentinos y argentinas de a pie. Me parece que si el Frente de Todos, independientemente de cualquiera de sus figuras, no comprende que el conflicto social y la clase trabajadora son vertebradores de una nueva realidad, pensando en un nuevo 17 de octubre como punto fundacional, no hay forma. Porque la mayor parte de la dirigencia política de la Argentina, incluyendo a la del Frente de Todos, forma parte de ese ciclo que se está agotando, que está terminando y que no ha resuelto los grandes problemas estratégicos de nuestro país.

La mayor parte de la dirigencia política de la Argentina, incluyendo a la del Frente de Todos, forma parte de ese ciclo que se está agotando, que está terminando y que no ha resuelto los grandes problemas estratégicos de nuestro país

¿Cómo conviven con la contradicción de reclamar medidas al Gobierno, pero a la vez ser parte del Gobierno?  

No vivimos ninguna contradicción porque tenemos claro que el empoderamiento de los sectores populares es fundamental a la hora de pensar la gestión pública. Esa idea de que hay dos lados del mostrador es la idea de la tecnocracia liberal. Nosotros y nosotras, que somos peronistas, creemos en el empoderamiento de los sectores populares. El peronismo fue darle poder a los que no tenían poder. El peronismo es la clase trabajadora en su conjunto. Por lo tanto, entendemos que tenemos que insistir con una agenda de trabajo, de desarrollo y de producción. La agenda del Siglo XXI es una necesaria actualización doctrinaria, a partir de pensar que la estructura sociolaboral de nuestro continente y de nuestra región cambió profundamente conforme cambió la estructura del capitalismo a nivel global.

¿Cómo se inscribe en ese reclamo al Gobierno la manifestación que hicieron el jueves frente al Congreso, la feria de la economía popular?

En la Argentina no falta trabajo, hay mucho trabajo, lo que falta son derechos. Eso fue lo que dejamos claro en la feria de la economía popular del jueves pasado. Expresamos con total nitidez el trabajo de cientos de miles de hombres y mujeres a lo largo de nuestro país, que lo que demandan es derechos, y eso da cuenta de una nueva forma de organizar la comunidad a partir del trabajo autogestionado, del trabajo comunitario, el trabajo familiar, el trabajo en pequeñas cooperativas. Ese es el mundo que viene. Ese es el mundo que ha cambiado y que la dirigencia política no comprende. Hoy se puede crecer, se puede tener alta rentabilidad, alta productividad sin demandar mucha mano de obra. Por eso es fundamental que se construyan regulaciones, legislación y derechos laborales. 

Insisto con la idea: ¿No ves una contradicción que esa dirigencia sea la del mismo Frente de Todos?

No existe ninguna contradicción teniendo en cuenta a la vez, para ampliar la respuesta, que las nuevas oleadas de reformas en América Latina, a diferencia de la primera oleada de fin de siglo XX y principios de siglo XXI, donde estuvieron impulsadas las reformas desde arriba hacia abajo, hoy las reformas y los nuevos gobiernos populares se impulsan desde abajo. Pensemos en Chile, pensemos en Perú, pensemos en Ecuador, pensemos en cada una de las naciones que están planteando una nueva ola de transformaciones, de reformas impulsadas desde los pueblos. El justicialismo y el Frente de Todos tienen la posibilidad de insertarse a esta nueva oleada, integrando la nueva conflictividad social, integrando las nuevas peleas en el mundo del trabajo, del feminismo, del cuidado del medio ambiente. Sino, evidentemente los pueblos pasaremos por encima de las estructuras que expresan más el siglo XX que el siglo XXI.

¿Este Gobierno entiende a la economía popular o no del todo? 

El Presidente ha puesto la economía popular en un lugar importante en la agenda pública, y a la vez hemos tenido algunos logros que son muy relevantes. El RENATEP (Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), votado en la Ley de Emergencia Social, allá por el año 2016, recién se puso en marcha con este gobierno y con la gestión de Alberto Fernández y Emilio Pérsico. La resolución del Ministerio de Trabajo que nos dio personería social y que el último viernes pasado aprobó los libros, dando por inicio a la legitimidad de la asamblea constitutiva de la UTEP, es otro paso relevante. 

¿Alberto la entiende más que Cristina entonces? Porque ella fue muy dura contra el Evita y hasta cuestionó los planes sociales.

No es un problema de tal o cual dirigente o dirigenta comprender la realidad de la economía popular. Hay una incomprensión generalizada de las transformaciones en el mundo sociolaboral y en el capitalismo del siglo XXI. Desde el 2013, la composición del PBI global es mayoritariamente hegemónica dada por los servicios, principalmente por las finanzas. ¿Qué significa eso? Que se puede crecer sin demandar gran cantidad de mano de obra. El capitalismo principalmente demanda mano de obra altamente calificada, y el descarte social ha ido creciendo en todas las comunidades, en todos los pueblos, en todas las regiones. Lo que hay también es incomprensión y falta de estudio, por ejemplo, de las resoluciones de la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual la UTEP ha participado en los últimos años y hay una muy reciente del 9 de junio, donde se sugiere a los Estados dar el impulso a la economía social, comunitaria, popular como uno de los vertebrador en la generación de trabajo decente en la pospandemia. Trabajo decente según la traducción del español al inglés. Por lo tanto, lo que hay es falta de información, falta de conocimiento, falta de comprensión del siglo XXI, porque las medidas impulsadas mayoritariamente por los sectores de la política tradicional van en sintonía de profundizar políticas de subsidios y de transferencias que no han hecho más que estructuralizar la pobreza en la Argentina. 

Siendo un gobierno progresista, ¿por qué sigue habiendo casi la mitad de la población en la pobreza?

Con Cristina teníamos casi cinco puntos de PBI destinados a la inversión social. Con Macri, después de mucha lucha, llegó a ocho puntos. Y hoy con Alberto estamos en 13 puntos. La pobreza no se redujo, la desigualdad no se redujo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer eje en la inversión social a través del trabajo y de la producción, que es lo que la economía popular está planteando. Nos parece relevante, central y si queremos pensar una perspectiva productiva que desconcentre y nacionalice nuestro aparato productivo, tenemos que pensar alternativas de otro tipo.

Andrés Larroque cuestionó los planes sociales y dijo en una entrevista que se conoció esta semana que el verdadero ministro de Desarrollo Social es Pérsico.

No vi las declaraciones de Larroque y en general tratamos de no opinar de los comentarios de otras personas, otros dirigentes u otros sectores.

¿Se van a sumar a los cortes que propuso Grabois para el 20 de julio? Lo hizo desde su espacio, incluso en una asamblea donde estuvo el Polo Obrero, pero la UTEP tiene la movilización del 7 de agosto por San Cayetano. 

No, no nos vamos a sumar a los cortes que están planteando. Solamente nos sumamos a actividades definidas en la Comisión Directiva y en el Secretariado de la UTEP. Y hasta acá no se ha tratado la propuesta de Grabois. Nuestra gran prioridad es el 7 de agosto, donde pensamos movilizar más de medio millón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular desde el Santuario de San Cayetano hasta el centro de la ciudad. 

Si seguimos teniendo las recetas lógicas de los subsidios, vamos a seguir engordando la pobreza estructural

¿Y cuál es tu posición sobre el salario básico universal?

Por supuesto que estamos de acuerdo. Forma parte de una de las políticas planteadas el 1 de mayo. Pero somos conscientes que si esa política no está acompañado de una serie de incentivos al desarrollo productivo, con monotributo productivos para registrar el trabajo, con acceso al crédito para potenciar la escala de producción y dignificar ese trabajo, y con el fortalecimiento y la potenciación de circuitos de compra-venta, vamos a caer en tener un plan social más como hemos tenido en otras crisis y será una nueva expectativa desaprovechada, teniendo en cuenta que la inversión social hoy es central guiarla hacia la producción, hacia el trabajo y hacia el desarrollo. Si seguimos teniendo las recetas lógicas de los subsidios, vamos a seguir engordando la pobreza estructural.

O sea, en algún punto coinciden con la propuesta de eliminar los planes sociales, como plantea La Cámpora. 

El salario universal tiene que estar dirigido muy concretamente hacia el segmento social de la pobreza, que tiene dificultades para insertarse en actividades sociolaborales o en actividades productivas. Es decir, aquellas compañeras y compañeros que provienen de familias con tres o cuatro generaciones de desocupados. A ellos sí, un ingreso básico. Por supuesto que al resto, al núcleo productivo de la economía popular, las medidas que te mencionaba antes. Desde ahí podemos plantear una perspectiva de crecimiento económico de abajo hacia arriba, de las periferias al centro, sin esperar el derrame que nos ha planteado el liberalismo y mucho menos la explosión de consumo, que a los sectores populares nos ha dejado al margen y que solo vemos alguna gotita de ese derrame del consumo. Necesitamos crecer de otra manera, de abajo hacia arriba, porque las fórmulas expresadas por el liberalismo y por el progresismo no han hecho más que ahondar las desigualdades en nuestro país.

No comparten la movilización de Grabois. ¿Y la del 17 de agosto que lanzó la CGT?

Por supuesto que vamos a participar en la movilización con la CGT. Venimos trabajando de forma sostenida y sin tantos flashes en la articulación cotidiana. Estamos hermanados con la CGT, nos sentimos parte de la nueva conducción, tenemos un diálogo fluido, una planificación conjunta y entendemos que el peronismo está donde están los trabajadores y las trabajadoras. Por eso sentimos que la unidad entre los gremios confederados y los sectores de la economía popular son estratégicos para construir estabilidad en nuestro país y un sendero de crecimiento, como mencionaba recién, de abajo hacia arriba.

¿Esta serie de movilizaciones, en un clima de alta inflación y crisis política, no pueden perjudicar más al Gobierno? 

Los movimientos populares no tenemos que ser funcionales a las estrategias de desestabilización. Hay una gran crisis del sistema democrático y de la representación democrática en la Argentina que genera un enorme vacío. Los movimientos populares no tenemos que sumarnos a estrategias de desestabilización democrática. Sabemos que hay una crisis muy grande. Sabemos que hay enormes problemas. Sabemos que tenemos que poner al Estado, al mercado y a la economía popular en función de resolver los problemas. Pero lo peor que podemos hacer es alimentar la crisis por una cuestión muy simple: cada crisis nos ha dejado a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Y a la vez concentró el comercio interior, concentró el comercio exterior, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Reitero, no nos vamos a sumar a ninguna política de desestabilización democrática que algunos facinerosos y mesiánicos están intentando construir en nuestro país.

Frente a semejante crisis socioeconómica ¿estamos lejos o cerca de un 2001?

La crisis que vivimos es muy distinta a la del 2001, porque existe una gran organización comunitaria y popular que quiere paz social en la medida en que se resuelvan sus problemas. Tenemos claro que los emergentes políticos de la gran crisis del 2001 y 2003 están llegando a su fin de ciclo, porque no han tenido la capacidad de construir una propuesta de nación para los 47 millones de habitantes. Nos han sostenido de crisis en crisis, donde se han ahondado las desigualdades. Y es importante que comprendamos el fenómeno que está sucediendo en América Latina. 

Pero el kirchnerismo, como modelo de gobierno, emergió en 2003.

Los gobiernos reformistas de principios de siglo XXI impulsaron las transformaciones de arriba hacia abajo y fracasaron. Solo se sostuvieron hasta el día de hoy aquellas que impulsaron de abajo hacia arriba. El ejemplo más claro es el de Bolivia. Hoy hay una nueva oleada de reformas y esa oleada de reformas está impulsada de abajo hacia arriba. Hay una nueva democracia expresiva que se compone de las luchas populares y de los nuevos conflictos –los feminismos, las luchas ambientalistas, la lucha de la economía popular–, naciendo de esa forma una democracia expresiva que no tiene representación en el sistema democrático actual, que es representada parcialmente. Esa democracia expresiva está pugnando por una transformación. Está pugnando por el encuentro de una lógica nueva en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales. Creemos que los movimientos populares somos los protagonistas del tiempo que está amaneciendo. Y si la dirigencia política no comprende las transformaciones en la estructura social, económica y laboral de nuestro tiempo, esa dirigencia política va a ser dejada a un costado.

CC

En medio de la nueva crisis interna del Frente de Todos, en algo coincidieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner: no le enviaron regalo por su cumpleaños del domingo pasado a Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno y uno de los máximos dirigentes del Movimiento Evita, la organización social acusada por la vicepresidenta por el manejo de los planes sociales. “Algunos compañeros de La Cámpora me saludaron”, confiesa entre risas el dirigente a elDiarioAR, buscando bajar la tensión que creció en las últimas 24 horas.

“Las cuestiones que tenemos que dirimir para corregir y mejorar planteémoslas no en términos de demolición, sino de dominio constructivo”, dice Navarro en esta entrevista al caer la tarde del martes, un día después del encendido discurso de Cristina en el acto de la CTA. Desde su oficina en la Casa Rosada, evita personalizar una respuesta a los dichos de la vice. Se reconoce “parte y autocrítico” del Frente de Todos, no cree en la necesidad de una “institucionalización” del espacio –en línea con el jefe de Estado– pero sí está abierto a “discutir cuestiones de fondo”. Es escéptico sobre el futuro del oficialismo hacia el 2023 –aunque esquiva adelantar un posicionamiento electoral– y advierte que si la crisis interna se agrava, el mayor beneficiario es la oposición, con Mauricio Macri a la cabeza.

–¿Cuál es la postura del Evita frente a las críticas de Cristina Kirchner?

–Creemos que en los últimos tiempos ha habido toda una campaña de estigmatización de las organizaciones sociales, de sus dirigentes y sus militantes. Empezó en algunos medios muy opositores al Gobierno, que se extiende también a medios quizás afines al Gobierno, algunos periodistas o comunicadores y muchos políticos de la oposición, pero también dirigentes y funcionarios del propio Presidente. Y bueno, la frutilla del postre fueron las afirmaciones de Cristina en el encuentro de Avellaneda. Y a mí, la verdad, no me sorprende porque me la esperaba. 

–¿Se equivoca la vicepresidenta al acusar al Evitar de “tercerizar” los planes sociales?

–Yo no quiero personalizar porque sería minimizar o simplificar el problema.

–¿Pero cuál es el problema de fondo para ustedes?

–Hay una gran incomprensión del problema que tiene Argentina en términos económicos y sociales. Podés discutir si hay 1.200.000 planes del Potenciar Trabajo, pero no atinás a verificar que hay 10 millones de trabajadores informales en Argentina. Y que si tomas el 100% de la fuerza laboral de Argentina, las personas titulares de programas sociales apenas son el 5%. El tema no es preguntarse cuántos planes hay y quién los tiene, sino por qué hay planes. Porque no crecemos, porque no generamos trabajo hace muchísimos años… Hoy tenemos los mismos trabajadores que en el ‘75, con la diferencia que en el ‘75 teníamos la mitad de habitantes. 

–¿Por qué la vicepresidenta focalizaría el problema en los planes?

–Me parece que es más fácil hacerse cargo de señalar el problema de la consecuencia de la tragedia, o buscar responsables de la tragedia en los propios protagonistas, que es el dirigente del barrio. Pero la tragedia la construimos la clase dirigente argentina, empezando por la política de la dictadura para acá. Nos enojamos con los dirigentes del barrio de una organización social que organizan o coordinan programas sociales, que además trabajan en el barrio.

–Se incluye usted mismo, además de a Cristina y a Alberto Fernández en esa clase dirigente. 

–Yo asumí en mi primer cargo público, el 10 de diciembre del ‘83, como secretario del bloque de concejales en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. Siempre ocupé cargos políticos. Claro que lo tengo que reconocer. Yo siempre digo que “ojalá yo fuera un dirigente social”. Los dirigentes sociales, en los 90, se oponían a la política de achicamiento del Estado, de privatización del Estado, del 1 a 1. Y yo voté a Menem y voté a Duhalde. Pero hay compañeros que parece que no se acuerdan dónde estábamos en el 90, qué hacíamos. Nunca entendimos que había pobreza estructural. Subestimamos la pobreza y subestimamos el problema de estructura de la Argentina. Y todo eso generó un Macri presidente en el 2015.

–¿Y podría volver a generarlo ahora, con la falta de autocrítica y la interna que existe en el oficialismo?

–Sí, puede ser. Lo más grave es que para Macri la solución es la del mercado. Para nosotros la solución la da el Estado más el mercado y el derrame inducido. Fuimos mejores que Macri, o menos malos que Macri, pero no logramos resolver el problema de fondo, ni de pobreza estructural, ni el pleno empleo. No logramos alterar la concentración y la extranjerización de la economía que nace con la dictadura y se consolidó en los ‘90. Para poder hacerlo debemos tener un buen diagnóstico. Y eso es Estado, mercado y organización popular, con los sindicatos, las pymes, el comercio, la industria, pequeños y medianos productores del campo, etcétera. Una democracia viva y mucha comunidad organizada. Y para eso hay que ampliar y construir políticas con programas donde les vaya bien a todos.

–¿Hay que ampliar el Frente de Todos, que hoy está cruzado por las internas?

–Sería importante primero consolidar lo que tenemos, porque si nos seguimos peleando así no vamos a conseguir nada.

–¿Es un Frente de Todos con un gobierno de nadie?

–Esta unidad es rara, es una unidad donde la vivimos peleando. No sé si porque la etapa es excepcional o qué. Yo pienso más que es porque la etapa es excepcional en el mundo, se habla de la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, el Papa habla de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, quizás las discusiones hay que darlas de cara a la sociedad. Pero el debate y la discusión tienen que apuntar a buscar soluciones. Tenemos un presidente que fue elegido por el 49% de los argentinos, que fue propuesto en un tuit de las redes sociales cuando Cristina lo anunció. A mí me alegró porque yo dudaba de la unidad, pero yo reivindico este gobierno, aunque también soy muy crítico. Pero hoy me parece que la forma de ayudar no solamente Alberto, sino al Gobierno y a los argentinos, es que las cuestiones que tenemos que dirimir para corregir y mejorar las planteemos no en términos de demolición, sino de dominio constructivo. Porque si te demuele no te ayuda.

–¿Alberto Fernández es su candidato el año que viene?

–No, no se me ocurre hablar de candidatura. Yo no puedo pensar en modo electoral, te juro. Y sé que faltan meses, pero no puedo porque la situación de Argentina no da para eso. ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo primero en cosas básicas? Me enorgullece que ahora Martín Guzmán esté diseñando y ejecutando la política para acabar con el subsidio a las clases altas sobre las tarifas. 

–Hoy justo Andrés Larroque acusó al Evita de pactar con Guzmán un ajuste.

–Yo te estoy diciendo que el debate público no es lo ideal, pero no me asusta. El Cuervo es de San Lorenzo como yo y como sabemos que no gana, se enoja (risas). Y sé que él dice que nosotros estábamos a favor de que se elimine el IFE, y es así. Pero en el Movimiento Evita había compañeros que estábamos a favor de que continúe. Incluso en el entorno de Cristina había algunos que decían que debía continuar y otros que no. Fue un debate en el seno del Gobierno.

–¿Está en riesgo el Frente de Todos? ¿O creé que más allá de la interna no se va a romper?

–No lo sé. Lo que sí sé es que nosotros priorizamos, empezando por el Presidente, la unidad. Quizás pensamos que era importante la unidad, pero no todos pensamos con la misma intensidad y la misma claridad en la unidad de los argentinos. Quizá priorizamos la herramienta electoral demasiado y postergamos la mirada de la nación. Esto lo digo yo a título personal. 

–Con tantas diferencias estructurales, ¿cómo se imagina que se saldará el debate de acá al año que viene?

–Tenemos que dar los debates estructurales, así como el de la economía popular también hay que hablar de una política crediticia para todas las pymes de Argentina. Son cuestiones que tenemos que atender. Todos puteamos al régimen financiero que viene de Martínez de Hoz, pero no nos hacemos cargo. 

–¿Y por qué no lo cambia Alberto?

–Yo lo planteo como integrante de este gobierno, que tiene a personas. No hay que simplificar, ni en Alberto, Cristina o Juan Pérez. Pensemos en el todo de la Argentina. Mientras estamos hablando, hay millones de argentinos que están volviendo a su casa en Rosario, Santa Fe, en Comodoro Rivadavia… 

–Pero el Gobierno tiene problemas en pasar de las buenas intenciones a la política concreta.

–Hay cosas que estamos haciendo, porque sino pareciera que este gobierno no gobierna. Por eso yo te dije hace un rato que me enorgullece que hoy estemos hablando, después de tantos años, de la política de subsidios. Estamos discutiendo la eliminación de los subsidios a las tarifas de gas y de luz para los sectores pudientes, para los ricos. No es un dato menor. Y estamos creciendo económicamente y hay más trabajo y hay más changa. La economía se mueve, pero nosotros lo queremos más. ¿Por qué? Porque Argentina tiene que bajar los índices de pobreza, los índices de inflación, y subir el salario. 

–Pese a la crítica de Cristina, ¿en esa ecuación ustedes ven necesaria la participación de las organizaciones de la economía popular? 

–No creemos que el Estado le va a resolver el problema, sino las organizaciones sociales, de los pastores evangélicos, de los curitas, de la Iglesia católica, alguna ONG, algún sindicato. Muchas mujeres y hombres bancaron bajo la lluvia, con frío, a millones de argentinos que comían en los comedores populares durante la pandemia. Ahí no llegó el Estado. Da mucha bronca que se hable mal de un compañero porque no hay ni siquiera conocimiento de lo que pasó en el territorio. 

–¿Un Ministerio de Economía Popular sería una solución en ese debate?

–Nosotros lo planteamos hace mucho tiempo. Ya en el 2015 Daniel Scioli, candidato a presidente, lo anunció como parte de su propuesta. Hay que institucionalizar la economía popular, que no es la inversión social, sino que es inversión productiva. No estamos en contra de las políticas sociales porque la situación de emergencia son necesarias e incluso imprescindibles, como fue la que diseñó Cristina con la AUH, pero no se puede transformar en una política de Estado. El Estado tiene apuntalar el trabajo y la producción.

–¿Y el salario básico universal?

–Es una posibilidad. Todo está abierto a la discusión en la medida en que esté ligado al trabajo.

–En ese debate de políticas públicas y en medio de la crisis del Gobierno, ¿es necesaria una mesa de debate del Frente de Todos?

–A mí no me molesta. Pero ya están el Presidente, la vice, el presidente de la Cámara de Diputados, los ministros. Solo hay que ponernos las pilas y gestionar. Empezando por el Presidente y la vicepresidenta en ese orden, porque son la máxima autoridad. 

–Pero no hay tal mesa hoy y la crisis es palpable. Entonces, ¿habría que crearla?

–No sé, es un tema de forma. A mí me preocupa el fondo. Resolvamos el problema. Yo estoy orgulloso de que estemos implementando el fin del subsidio a los ricos con el gas y la luz. Quiero más crédito, no me alcanza con el crecimiento solamente. No alcanza con que anuncien la institucionalización de la economía popular, quiero que haya una institucionalización de verdad, más allá del Movimiento Evita, porque hay 10 millones de laburantes informales. Ahora ya estamos con el gasoducto, terminemoslo en vez de echarnos la culpa. No hagamos como el cangrejo, yendo para atrás. No se maneja por el retrovisor, se maneja por el parabrisas. El retrovisor solo se usa para hacer alguna maniobra.

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Cuando aún las palabras de Cristina Kirchner contra los planes sociales y el Movimiento Evita generaban ruido mediático, la organización que conduce Emilio Pérsico aprovechó su habitual reunión de los martes por la mañana para procesar internamente las críticas de la vice y acordar una respuesta unificada. 

En una misma mesa que compartieron sus principales referentes, varios de ellos con cargos públicos, como Pérsico –secretario de Economía Social en el ministerio de Desarrollo Social–, Fernando “Chino” Navarro –secretario de Relaciones Parlamentarias en la Casa Rosada–, Leo Grosso –diputado nacional– y Mariel Fernández –intendenta de Moreno y segunda de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense–, el consenso fue no personalizar el cruce en Cristina, e intentar llevar el debate hacia la economía popular. 

En el Evita entienden que esa es la discusión de fondo: qué hacer con el universo de casi 10 millones de personas que trabajan en la informalidad, que solo es atendido por las organizaciones sociales, debido a la ausencia e inoperancia del Estado, junto a la indiferencia del mercado.

“No quiero personalizar porque equivocamos el debate”, salió a plantarse Navarro durante la tarde en una radio, y trató de contestarle a Cristina elípticamente: “Hay dirigentes a los que les molesta la organización popular porque es más fácil ser patrón que dirigente”. 

En el mismo sentido se expresó Grosso, que en diálogo con elDiarioAR profundizó: “Sería falso personalizar en Cristina porque es parte de un problema más general. Nos dolieron sus críticas porque la queremos y somos parte del mismo espacio político, pero más allá de eso hay una cosa más estructural que tiene que ver con la falta de entendimiento y de mirada objetiva: que el capitalismo no genera trabajo formal, produce más bienes que antes, con menos gente por el salto tecnológico y el nivel de concentración”.

Nos dolieron sus críticas porque la queremos y somos parte del mismo espacio político, pero más allá de eso hay una cosa más estructural que tiene que ver con la falta de entendimiento y de mirada objetiva

Leonardo Grosso — Diputado FDT. Movimiento Evita

El Evita es uno de los motores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que desde el 2011 se organizó con otras agrupaciones peronistas –como Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez– para nuclear al mundo de la informalidad laboral. Pero ayer quedó en el centro de la polémica por los dichos de Cristina contra los planes sociales, que acusó a las organizaciones sociales de “tercerizarlos”. 

En su área dentro del ministerio de Desarrollo Social, Pérsico maneja el programa Potenciar Trabajo, que tiene 1,2 millones de beneficiarios que cobran 16.500 pesos (la mitad del salario básico) a cambio de cuatro horas de trabajo en cooperativas, muchas del Evita, pero otras también de organizaciones piqueteras de la izquierda –como el Polo Obrero–, los municipios y hasta los gobernadores en distintos puntos del país.

“Hablar de trabajo y economía popular no es a través de los planes. La economía popular es mucho más vasta”, apuntó Grosso, que entendió que es “una discusión larguísima”, incluso dentro del oficialismo. “Acá no es solo Cristina, Kulfas tampoco estaba de acuerdo con la economía popular. La mirada desarrollista del capitalismo clásico en el peronismo es muy fuerte. Y esa mirada no contempla la economía popular. No la ve, y eso es parte del problema que estamos atravesando ahora”, señaló el diputado nacional.

Pese al debate a cielo abierto, y con posturas que parecen irreconciliables, el Evita no se plantea romper el Frente de Todos, aunque ya está buscando instalar jugadores propios para dar la pelea en el 2023: además de instalar a Fernández en Moreno y a Grosso en San Martín, busca disputar La Matanza con la legisladora bonaerense Patricia Cubría, pareja de Pérsico y muy crítica de Cristina Kirchner.

“Queremos ser parte de la solución”, planteó Navarro en radio Con Vos. Y sostuvo que con estas “peleas” internas los que se benefician son el expresidente Mauricio Macri y el diputado libertario Javier Milei. “Macri en términos electorales y Javier Milei en términos del desprecio de gran parte de la sociedad con la política”, detalló.

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“Estamos con los quilombos propios de la gestión, y ahora también con los de la política”. La voz desde adentro del Ministerio de Desarrollo Social refleja la situación que se vive el día después de las críticas de Cristina Kirchner contra los planes y el Movimiento Evita, organización que conduce Emilio Pérsico, a su vez secretario de Economía Social y con peso propio en la cartera que encabeza Juan Zabaleta.

La vicepresidenta metió ayer el dedo en la llaga al exigir en el acto de la CTA que “el Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizados”. “Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja”, se despachó y apuntó contra la agrupación de Pérsico: “Si Evita los viera, mamita...”.

Sin mencionarlo, Cristina cuestionó el Potenciar Trabajo, programa por el que alrededor de 1,2 millones de personas cobran 16.500 pesos (la mitad del salario básico) a cambio de cuatro horas de trabajo, con tareas de limpieza, textilería, albañilería, pequeñas obras y agricultura, entre un sin fin de rubros. Para poder participar en él, las personas deben estar organizadas en cooperativas de unidades ejecutoras, que son manejadas por los movimientos sociales –tanto los oficialistas como los de izquierda–, pero también por los municipios y las gobernaciones.

En el Presupuesto 2021 el Potenciar Trabajo –otrora plan Jefas y Jefes de Hogar, y también Argentina Trabaja– tenía una asignación de $227 mil millones, un monto que la semana pasada el DNU de Martín Guzmán aumentó 34%, por debajo de la inflación: este año recibirá otros $77.617 millones. No hay estadísticas oficiales sobre el reparto de las unidades ejecutoras, pero en Desarrollo Social le aclararon a elDiarioAR que los 16.500 pesos se transfieren directamente desde el Estado a los beneficiarios. “Para la secretaría de Pérsico es un asiento contable, la guita va directo a la gente. Pero para estar ahí tenés que estar organizado”, explicaron. 

Sin embargo, la masa de dinero del Potenciar Trabajo es significativa y le da a Pérsico la posibilidad de ser “un ministro en los hechos”. El programa laboral de cooperativas y el programa Políticas Alimentarias –en 2021 con una partida de $244.789 millones y para este año un agregado de otros 47.021 millones–, concentran aproximadamente el 90 por ciento del presupuesto de Desarrollo Social, uno de los más abultados de todo el Gobierno y que el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones.

Los cruces internos

Desde ayer a la tarde-noche dirigentes de distintas organizaciones sociales salieron a cuestionar a la vicepresidenta. Hablaron desde una “estigmatización de la economía popular” hasta “una declaración de guerra”. Hubo críticas desde la izquierda –el Polo Obrero y la Unidad Piquetera–, pero también del oficialismo: Juan Grabois –que tiene relación personal con Cristina y Máximo Kirchner– lo hizo por Twitter, y Daniel Menéndez –líder de Somos-Barrios de Pie y aliado del Evita– salió al cruce en los medios. 

Aún se mantiene en silencio el Evita, que durante la mañana de este martes se abroquelaba en una reunión interna –sus figuras más públicas son Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Mariel Fernández (intendenta de Moreno y quien estuvo ayer en el acto de Cristina) o Leonardo Grosso (diputado nacional)– para unificar una respuesta. 

Como organización, en el Evita respaldan al presidente Alberto Fernández, pero también buscan lograr peso propio hacia el 2023 –además de Moreno, está construyendo candidaturas propias para disputar los municipios de La Matanza y San Martín–. 

Esta mañana, el mandatario salió en su respaldo: “Les pido que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas”, le dedicó a Cristina en el lanzamiento del Foro Mundial de Derechos Humanos que compartió con el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. “Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”, agregó. 

En la vereda de enfrente, fue Andrés Larroque, secretario de La Cámpora y par de Zabaleta en la provincia de Buenos Aires, el que hoy salió a profundizar los dichos de su jefa política. “Hubo un ajuste entre Guzmán y el Evita”, le dijo a Jorge Rial en Radio 10, y planteó que ese “pacto” se selló cuando se descontinuó el IFE a fines del 2020, momento en que aumentó el número de beneficiarios del Potenciar Trabajo.

“El programa es discrecional y arbitrario porque una persona de una organización X decide quién lo recibe y quién no”, abundó Larroque, y pidió “transformarlo en una política de ingreso”, como la propuesta de salario básico universal, iniciativa que él mismo conversó con Grabois y que ya tiene un proyecto parlamentario firmado por Itaí Hagman y Grosso en la Cámara baja. Quien está en desacuerdo con esa medida es Guzmán, por su costo fiscal.

Un ministerio loteado

En medio de la disputa kirchnerismo-Evita aparece Zabaleta, intendente de Hurlingham en uso de licencia. Llegó al ministerio de la mano de Fernández y en las últimas semanas mantuvo reuniones “de gestión” con la propia Cristina en su despacho del Senado. En un ministerio loteado –como todo el Frente de Todos– la función de Zabaleta está más en ser un administrador de las tensiones internas que jefe de la cartera. 

En Desarrollo Social defienden la línea de trabajo oficial de “transformar planes sociales en trabajo” y recuerdan que el 29 de diciembre salió una resolución por la que cualquier beneficiario del Potenciar Trabajo podía cambiar de unidad ejecutora, decisión a la que se acogieron –al 1 de junio– unas 170 mil personas, de las cuales el 30 por ciento efectivamente ya se cambió. 

Los argumentos para pasarse son distintos: por mudanza, por necesidad de hacer otra tarea y también por cuestiones políticas. Unas 7 mil personas denunciaron irregularidades, entre ellas el pedido de un porcentaje del salario para la agrupación, un hecho que la semana pasada despertó críticas hacia el Polo Obrero, que admitió cobrar 2% a sus integrantes para solventar distintos gastos propios de la organización, emulando a los sindicatos.

Y a la posibilidad del cambio se sumó la decisión en febrero de no otorgar más altas al Potenciar Trabajo y fortalecer el programa con recursos destinados a herramientas, así como la firma de convenios con empresas y sindicatos para que los beneficiarios se integren progresivamente en el trabajo informal. “En los últimos meses hubo 50 mil personas que salieron de los planes o están en una situación de ‘empleo protegido”, aseguraron en el ministerio, aunque admitieron que es una diferencia exigua respecto al 1,2 millón de beneficiarios.

El Potenciar Trabajo es la piedra en el zapato del ministro, que intenta evitar la polémica abierta entre el kirchnerismo y el Evita, y que a su vez tiene su propio frente abierto con los piqueteros. De hecho, luego de la reunión postergada de la semana pasada, mañana habrá una nueva cumbre entre Zabaleta y la Unidad Piquetera, que amenazan con un plan de lucha y cortes en el microcentro porteño si no atienden sus reclamos de ampliación del plan y aumento del monto que se cobra mensualmente. 

Además del Potenciar Trabajo, otra disputa interna en el oficialismo es la posibilidad de creación de un Ministerio de Economía Popular, bandera del Evita y de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular, dirigida por Esteban Castro y pareja de Mariel Fernández) para focalizar en el universo de los casi 5 millones de personas que no están en el empleo registrado. Sería una cartera nueva, integrando distintas áreas que hoy orbitan bajo Desarrollo Social –como la de Pérsico–, pero también de Agricultura –principalmente la secretaría de Agricultura Familiar– y de Producción –que ahora conduce Daniel Scioli. “Es una decisión que tiene que tomar el Presidente –se desligaron cerca de Zabaleta al respecto–. Por ahora son especulaciones, no hay ningún papel”.

CC

Si bien es una de las tribus oficialistas que más respalda al Presidente, el Movimiento Evita empieza a dar señales de autonomía política. Y también, de independencia electoral. La “orga” frentetodista protagonizará una campaña para que lo recaudado por el impuesto a la renta inesperada, si es que finalmente se aprueba el proyecto (algo bastante improbable), sea destinado a los sectores populares. Lo reclamará a partir de esta semana, con un acto, movilizaciones callejeras y un banderazo. El despliegue del Evita se titulará “Primero, los últimos. Argentina, desde abajo”.

El planteo del colectivo conducido por Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico es casi una formalidad. La jugada encierra un mensaje político. Es un primer paso rumbo a un objetivo más ambicioso. ¿Cuál? Armar un partido propio, desde el cual competir en las PASO del 2023. Porque los militantes del Evita se sienten subrepresentados, tanto en el Congreso, como en las intendencias y las gobernaciones. La “orga” más albertista, que arrastra una pica histórica con La Cámpora, incluso pretende articular un frente que convoque a otros actores y exceda la endogamia de los movimientos sociales. 

En La Matanza, ya hay una dirigente anotada para pulsear por la intendencia. Se trata de la legisladora Patricia Cubria, quien además es pareja de Pérsico. Cubria apunta a desbancar al histórico Fernando Espinoza. En Lanús, el elegido para competir es el concejal del Evita Agustín Balladares. Y en San Martín, el diputado Leonardo Grosso.

“Tenemos la decisión de jugar en los principales distritos del país”, comenta el Secretario General del Evita en la Capital Jonathan Thea. “Vamos a jugar en una PASO contra el que sea. Falta definir cómo armamos el partido y el frente, pero ya está resuelto. La idea es que el espacio esté abierto a otros actores”, afirma Thea, quien a su vez es Director de Coordinación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Respecto al título de la fuerza política, hay varios nombres en danza. Pero todavía no se alcanzó un consenso. El salto a la arena electoral incluye a la agrupación Somos Barrios de Pie, coordinada por el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social Daniel “Chucky” Menéndez. Somos Barrios del Pie es aliada táctica del Evita. 

“El esquema político subvalora la representación de los movimientos sociales. No refleja la representatividad real que tenemos. Vamos a conformar un espacio que exprese a los movimientos. Sostenemos al Gobierno, pero con una agenda que lo trasciende”, se ilusiona Menéndez ante elDiarioAR.

Chucky Menéndez fue candidato a diputado nacional en las últimas legislativas. El sociólogo ocupó el puesto número 16 en la boleta bonaerense encabezada por Victoria Tolosa Paz. Pero quedó afuera, tras la derrota del gobierno en la Provincia. 

Sin despegarse del Gobierno, pero con un ojo puesto en el internismo y en una inflación que no cede, El Evita quiere salir de la mera contención social. Busca expresar una agenda propositiva. Y algo más: la conducción se cansó de que hablen en su nombre. 

En la última legislativa, sus dirigentes quedaron relegados al puesto 21 de la boleta bonaerense. Además les bajaron listas en varios municipios bonaerenses para preservar la unidad del Frente de Todos. En las elecciones de 2019, también los habían raleado. Los únicos diputados alineados en esa organización social son Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli. El Evita tiene 13 diputados bonaerenses y decenas de concejales. Y cuenta con representación formal e informal en las villas y asentamientos de la Capital y el conurbano. Según se jacta el dirigente del Evita y la UTEP, Gildo Onorato, “hoy podemos movilizar más de 300 mil personas a nivel nacional”.

El paisaje económico y político actual, sin embargo, no los favorece. Al Evita lo corren por derecha y por izquierda. Los precandidatos macristas y libertarios predican el evangelio del ajuste, con programas de shock y quita masiva de planes sociales. “Me dicen que es imposible sacar los planes en seis meses. Yo digo que es más imposible no sacarlos porque se van a quedar para siempre. Si no lo hacemos con convicción, nos comen el cambio”, aseguró Patricia Bullrich días atrás. La exministra de Seguridad realizó una suerte de pre-lanzamiento de campaña. 

Por izquierda, la agrupación oficialista se siente jaqueada por el Frente Unidad Piquetera. Ese colectivo se opone sin disimulo ni atenuantes a las políticas oficiales. El viernes pasado mostró su poder de juego callejero. El frente nuclea a unas 35 agrupaciones, vinculadas mayoritariamente al Frente de Izquierda. Su cara más visible es la de Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. La adhesión a la unidad piquetera crece al calor del derrumbe de los ingresos. El costo de la canasta básica ya duplica el salario mínimo vital y móvil. El escepticismo social se expande como una mancha de aceite y regala reflexiones inesperadas. “Yo voto a Milei. Es más sincero que muchos y dice verdades”, sorprendió un piquetero de 69 años a la movilera de Crónica TV. Ocurrió en la marcha federal piquetera del 12 de mayo pasado. 

En la Argentina, alrededor de 1,2 millones de personas cobran 16.500 pesos del programa Potenciar Trabajo. A cambio trabajan medio día, haciendo tareas de limpieza, textilería, albañilería, pequeñas obras y agricultura, entre un sin fin de rubros. Los beneficiarios agregan changas, cuando el ciclo macroeconómico lo permite, para superar el umbral de la subsistencia. 

El sueño eterno (y trunco) de un Ministerio para la Economía Popular

Los jefes del Evita tienen cargo en el frente oficialista. Son Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, y Fernando Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete. El sociólogo Alexandre Roig, también referente de esa agrupación, es el presidente del INAES.

“En general no se entiende la dimensión política que tiene lo social. Por eso es clave contar con una herramienta electoral”, opina Alexandre Roig. Para el director del INAES, “existe una lógica que sólo habilita a los llamados políticos profesionales a presentarse a elecciones. Después uno escucha hablar a Milei sobre la casta, y algo de razón tiene”.

El Evita cuenta con una agenda propia dentro de la coalición oficialista. El principal reclamo del movimiento es que el Estado reconozca y formalice al batallón de trabajadores de la economía popular. Se trata de un universo de 5, 6 ó 7 millones de personas (no existen registros fiables) que viven adentro y también a pesar de ese sistema. Son mutualistas, cooperativistas, trabajadores de empresas recuperadas, recicladores de residuos, vendedores ambulantes, feriantes, artesanos, agricultores familiares, plomeros, carpinteros y demás cuentapropistas subempleados. 

“Es hora de reconocer, visualizar y registrar las actividades de la economía popular. Debemos avanzar en su productividad y crecimiento construyendo nuevas generaciones de derechos. Necesitamos dotarla de créditos para que la producción impulse hacia arriba a los sectores más postergados”, prometió Alberto Fernández. Lo planteó en el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias, el 1ª de marzo. 

El speech presidencial entusiasmó a los jefes del Evita. Fernández parecía haber escuchado su reclamo de máxima. ¿Cuál? Que la llamada Economía Popular cuente con un ministerio específico. Pero la crisis permanente en la que vive el Frente de Todos archivó nuevamente esa posibilidad. Tal decepción potencia el salto de los movimientos a la pelea electoral. 

AF

La orga del albertismo decidió jugarse un pleno. Bancar al Gobierno en la calle, en los barrios, en los medios y en el Congreso. El Movimiento Evita resolvió hacerlo en un momento especialmente sensible para la suerte del maltrecho Frente de Todos: cuando el FMI se encuentra a punto de sentarse nuevamente, por vez número 22 en la historia argentina, en la mesa de toma de decisiones del poder local. El acuerdo con el Fondo cuenta con dos apoyos garantizados en Diputados. ¿Cuáles? Los votos de Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, los dos legisladores nacionales que militan en esa organización social. 

El martes 1ª de marzo, el Evita ya escenificó sobre avenida Rivadavia su respaldo al Presidente. Con Máximo Kirchner y La Cámpora ausentísimos en el acto, el Evita fue por lejos la agrupación más convocante en la manifestación de aval a Fernández. A Alberto Fernández. El resto de las tribus presentes en las afueras del Congreso, tanto políticas, como sociales y sindicales, aportó pelotones aislados y menos nutridos. 

Una de las más visibles fue Somos Barrios de Pie, coordinada por el funcionario Daniel “Chucky” Menéndez y aliada táctica del Evita. La orga albertista cuenta con dos directores de peso. Ambos tienen cargo en el frente oficialista. Son Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete.

Pérsico y el Chino Navarro no son los únicos jefes del movimiento con un puesto en el Estado. En febrero del 2021, Alberto Fernández premió al Evita con la designación del sociólogo Alexandre Roig en la presidencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Además de Grosso y Toniolli, el Evita tiene 13 diputados bonaerenses propios y decenas de concejales. Y cuenta con representación formal e informal en las villas y asentamientos de la Capital y el conurbano. En las elecciones recientes del barrio Mugica (ex Villa 31), el ME salió segundo. Fue la fuerza que obtuvo más delegados por manzana detrás del PRO. Cada semana, las 17 personas que integran la mesa ejecutiva del movimiento se reúnen en su local de avenida Entre Ríos. Según se jacta el dirigente del Evita y la UTEP, Gildo Onorato, “hoy podemos movilizar más de 300 mil personas a nivel nacional”.

El apoyo del Evita al Presidente, en el contexto de arreglo inminente con el FMI, es la contracara perfecta de la postura que ensaya La Cámpora. El colectivo que lidera Máximo Kirchner rechaza el acuerdo con el Fondo por dos motivos encadenados. Considera que implica un ajuste inaceptable y, por lo tanto, está destinado al fracaso. Para el espacio conducido por Pérsico y Navarro, en cambio, representa el mal menor. “Es muerte o agonía. Así al menos tenemos una chance”, dramatiza una dirigente social. 

El contraste entre LC y el ME potencia la pica histórica que existe, desde hace unos 15 años, entre ambas agrupaciones. El choque de miradas excede largamente la polémica sobre la conveniencia de pactar o no con el FMI. Las diferencias son estratégicas y hasta de perfiles socio-económicos. Mientras La Cámpora se hizo fuerte en los centros urbanos, entre los jóvenes de clase media, el Evita exhibe un despliegue más territorial y basista. 

“Estamos en una etapa de salto de calidad, desde lo social a lo productivo. Nos vimos obligados a enfrentar lo social por la crisis, porque administramos comedores y merenderos. La asistencia la vamos a seguir haciendo. Ayudamos a las familias en los barrios, contenemos a pibes y viejos, a jóvenes adictos, a chicas golpeadas cuando el Estado llega tarde. Pero buscamos ir por la política productiva del trabajo. No queremos que siga habiendo planes”, asegura ante elDiarioAr Fernando “Chino” Navarro. 

En su speech de apertura de sesiones ordinarias, Alberto Fernández se puso un objetivo parecido. “Mientras alguien la necesite, la asistencia del Estado seguirá presente. Pero es hora de que los argentinos que puedan hacerlo vuelvan paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales”, planteó el Presidente. Una frase que, por demasiado voluntarista, no cayó del todo bien entre algunos dirigentes sociales del oficialismo.

En la Argentina, alrededor de 1,2 millones de personas cobran 16.500 pesos del programa Potenciar Trabajo. A cambio trabajan medio día, haciendo tareas de limpieza, textilería, albañilería, pequeñas obras y agricultura, entre un sin fin de rubros. Los beneficiarios agregan changas, cuando el ciclo macroeconómico lo permite, para superar el umbral de la subsistencia. 

“Es hora de reconocer, visualizar y registrar las actividades de la economía popular. Debemos avanzar en su productividad y crecimiento construyendo nuevas generaciones de derechos. Necesitamos dotarla de créditos para que la producción impulse hacia arriba a los sectores más postergados. Debemos facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipes a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas, que el Estado realiza. Es necesario impulsar su inclusión a través de un monotributo productivo que simplifique su formalización”, prometió Fernández el martes pasado. El párrafo se traducirá en una serie de proyectos de ley, según revelan en la Casa Rosada. El del monotributo productivo sería el primero.

¿La pretensión de que los adjudicatarios del medio salario básico que ofrece el Potenciar Trabajo sean absorbidos por el mercado laboral es algo más que una expresión de deseos por parte del Presidente? “Primero es importante que Alberto haya reconocido a la economía popular. No es menor. El crecimiento no resuelve per se la crisis, porque con la teoría del derrame no alcanza. Tenemos que apostar a crecer de abajo para arriba, a partir de medidas como el monotributo productivo y muchas otras políticas”, se ilusiona Navarro. 

El jefe del Evita hace esa afirmación desde San Juan, donde un grupo de militantes armó una cooperativa para producir salsa de tomate. Los compañeros del Chino realizan desde el cultivo del tomate sobre 20 hectáreas hasta el embotellado. En esa provincia además se realizó este fin de semana un Congreso regional del movimiento. El encuentro sanjuanino es la antesala del Congreso Nacional que el Evita concretará en mayo, posiblemente en Córdoba, para definir una estrategia política rumbo al 2023. Los representantes del ME fueron recibidos el sábado por el gobernador peronista Sergio Uñac.

Sobre las fricciones con La Cámpora, Navarro opina con cautela pero sin ocultar las internas: “Bancamos al Gobierno que integramos y votamos en el el 2019, con el que tenemos diferencias y matices. No somos obsecuentes, pero una cosa es ser parte de la solución en la crítica y otra es atentar contra la unidad”.

Desde el camporismo evitan polemizar con sus adversarios internos. Pero a la vez le achacan su condición de oficialistas permanentes, ya sea bajo la presidencia de Cristina Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández. Esa chicana encierra el riesgo de la apuesta que realiza la organización social preferida del presidente. Un riesgo del que Navarro y Pérsico son perfectamente conscientes. ¿Cuál? Que la crisis económica se lleve puesto al gobierno de Fernández en 2023, junto a los planes que tiene el Evita de tallar más en el Frente de Todos. 

Por eso el respaldo blindado del Evita cuenta con un pliego de condiciones no escrito. El ME tiene una agenda propia dentro de la coalición oficialista. El principal reclamo del movimiento es que el Estado reconozca y formalice al batallón de trabajadores de la economía popular. Se trata de un universo de 4, 5 ó 6 millones de personas (no existen registros fiables) que viven adentro y también a pesar de ese sistema. Son mutualistas, cooperativistas, trabajadores de empresas recuperadas, recicladores de residuos, vendedores ambulantes, feriantes, artesanos, agricultores familiares, plomeros, carpinteros y demás cuentapropistas subempleados. Se trata del sector destacado por Fernández en su discurso del 1ª de marzo. 

“Nuestro planteo no es sólo en favor de los que tienen planes, sino de los que realizan trabajos no valorizado”, opina ante elDiarioAr Alex Roig, titular del INAES y referente del ME. Y agrega: “No se va a lograr que esos millones de personas entren al empleo formal. Pero hay que valorizar ese trabajo. Ese requiere herramientas, crédito productivo, circuitos comerciales y mejorar el compre estatal. Defender la economía en pesos no es en contra de la economía exportadora”, analiza Roig.

La lista de planteos del Evita incluyen un pedido de máxima: que la llamada Economía Popular cuente con un ministerio específico. El ME fogonea esa posibilidad desde hace al menos ocho años. La jefatura de la agrupación espera que Fernández finalmente ordene la creación de esa cartera, una vez que se cierre el acuerdo con el FMI.

AF

La avenida de Mayo se convirtió en una alfombra roja para la marcha del Movimiento Evita, la “orga” preferida y base de sustentación callejera del Presidente. Ocurrió a las 11.45 de este martes 1º de marzo. Minutos antes, el auto de Alberto Fernández había recorrido ese trecho, desde La Casa Rosada rumbo al Congreso. Hasta ese momento, la policía mantenía la avenida estrictamente vallada. Nadie la podía transitar, entre la 9 de Julio y Callao. Pero una vez que pasó Fernández, los militantes del Evita disuadieron a los agentes federales. Lo hicieron en base al lenguaje de los empujones, del “dale dale” y de la inercia imparable que genera una marea popular con una causa. Cuando la policía dejó de resistir, la histórica avenida de Mayo se volvió un carril exclusivo para los agrupados en ese movimiento social. 

“¿Y ahora qué hacemos?”, le preguntó un referente del Evita a su compañero. La consulta encerraba cierto asombro por haber alterado el ordenamiento de la circulación dispuesto por la organización del acto. Ambos, de unos 30 años, iban lookeados con remera negra y gorra identificatoria. Los dos pertenecen a una segunda línea del colectivo. “Vamos hasta Callao, nos quedamos ahí y escuchamos el discurso. Si acá no hay nadie más, somos la única fuerza”, se jactó el mini-jefe territorial. Y así lo hicieron. 

La afirmación resultó más descriptiva que pedante. Con Máximo Kirchner y La Cámpora ausentes, el Evita fue por lejos la organización más convocante en la manifestación de apoyo al presidente. La “orga” albertista cuenta con dos directores: Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete.

El resto de las agrupaciones presentes en las afueras del Congreso, tanto políticas, como sociales y sindicales, aportó pelotones aislados y menos nutridos. Los más visibles fueron los del Movimiento de Unidad Popular (MUP); un grupo de los metalúrgicos de la UOM; los trabajadores de UTEDYC; los sanitarios conducidos por José Luis Lingeri; Somos Barrios de Pie, coordinado por el funcionario Daniel “Chucky” Menéndez; un sector apadrinado por el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, y otro matancero liderado por Fernando Espinoza. 

La CTA optó por faltar, en un posible anticipo de cómo votarán el acuerdo con el FMI los dos diputados de esa central sindical. ¿Quiénes? Hugo Yasky y el cordobés Pablo Carro. Si bien van a esperar por el Plenario Nacional de la CTA, ambos dirigentes con banca en Diputados se muestran reacios a acompañar el proyecto de arreglo con el Fondo Monetario Internacional. De la CGT y el PJ bonaerense, algunas tribus sueltas.

La clase media “progre”, un bastión de apoyo muy activo y visible durante el ciclo kirchnerista, tampoco estuvo en la Plaza del Congreso. Luis y su hija Mora, de 13 años, representan una excepción sociológica a esa tendencia. “Vengo siempre desde la época de Cristina. Al menos hoy hay más gente que el año pasado”, se conforma Luis. Mora trajo una remera blanca con Cristina Kirchner estampada. Ante la consulta sobre si prefiere a Alberto o a Cristina, la adolescente responde con humor: “Quiero a mamá y también a papá”.

Daniela González, de 50 años, con calza gris y remera celeste del Evita, llegó al Congreso desde General Rodríguez. Ella y sus compañeros vinieron en cuatro micros “repletos”, según saca chapa. Daniela administra uno de los 14 merenderos y comedores que regentea su agrupación en Rodríguez, municipio ubicado al oeste del conurbano. “Le damos asistencia a unas 400 personas”, calcula.

Sobre el repunte de la economía y la industria, la militante del Movimiento Evita se muestra escéptica. “La verdad es que no se siente. Desde Macri y la pandemia sigue todo terrible, hay demasiada necesidad”, se lamenta. Pese a eso, Daniela González confía en Alberto Fernández. ¿Y en Cristina? “También en Cristina”, afirma ella. La puja ideológica y palaciega entre el Presidente y el cristinismo no encuentra un eco perfecto por abajo, en la base social de un Frente de Todos en carne viva. 

Guillermo Salas viajó desde La Matanza. Tiene 52 años, integra una cooperativa y cobra 16.500 pesos del programa Potenciar Trabajo. A cambio hace tareas de limpieza en una escuela matancera. Guillermo alquila un departamento y la plata no le alcanza. Gracias a un flujo irregular de changas, llega a fin de mes con lo justo. Militante de Barrios de Pie, Guillermo admite que hay pica entre La Cámpora y el Evita. 

Dentro de unos minutos, Alberto Fernández hará una promesa dedicada indirectamente a Guillermo. Tanto a él, como a miles de sus compañeros presentes en el acto. “Es hora de que los argentinos y argentinas que puedan hacerlo, vuelvan paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales”, plantea Fernández, con una enorme dosis de voluntarismo. Más de un millón de personas cobran los 16.500 pesos del Potenciar Trabajo.

Unas 50 mil personas rodearon el Congreso. Y ahí se mantuvieron, durante la hora y media de speech presidencial. Máximo Kirchner decidió no escucharlo desde el hemiciclo. Y la organización conducida por el diputado, en espejo, tampoco se movilizó al acto de apertura de sesiones ordinarias. El faltazo resultó especialmente notorio en la Plaza del Congreso. Frente a esa ausencia, la tribu liderada por Pérsico y Navarro copó la marcha de respaldo al Frente de (casi) Todos.

AF